"Alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina" era el grito común de decenas de miles de nicaragüenses y de ecuatorianos, entusiasmados y esperanzados durante las ceremonias de juramentación y actos de masas de toma de posesión de los Presidentes Daniel Ortega en Managua y Rafael Correa, en Quito. Fue realmente extraordinario compartir esos momentos y abrazarlos, hermanando las esperanzas y los anhelos de justicia social, soberanía y progreso de los pueblos latinoamericanos.

Ortega recuperó el gobierno después de 16 anos de la derrota electoral de la Revolución Sandinista, comprometiendo un gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que ponga fin a las privatizaciones, recupere derechos sociales conculcados, entregue tierra a los campesinos y resuelva las carencias de electricidad con el apoyo de plantas termoeléctricas de Venezuela y Cuba. Recibirá $900 millones de dólares para crédito de vivienda (más de 200,000 viviendas), y beneficiará de un oleoducto venezolano a Centroamérica que pagará peaje de 20 centavos de dólar por barril. Adicionalmente, Venezuela comprara unos $500 millones de bonos de la deuda interna.

Correa anunció la renegociación de la deuda externa, con auditoria para detectar la ilegal, de la que Noruega reconoció un importante monto el mismo día de la juramentación. Rechazó cualquier TLC con los EEUU en las inaceptables condiciones que pretenden, reafirmó su posición de no renovar el acuerdo de la base militar norteamericana en Mantas, su repudio al Plan Colombia y su firme disposición a la unidad sudamericana con un Banco de Desarrollo común, apoyado en nuestras propias reservas, y una moneda común que facilite nuestra integración.

Ambos reafirmaron su visión de un Socialismo del Siglo XXI, como lo hizo Chávez. Importantes cambios, junto a los de la Bolivia de Evo Morales, pues a fines de los 80 e inicios de los 90, los ideólogos del neoliberalismo anunciaron el "fin de la historia" y del socialismo, el eterno reinado del modelo económico del capitalismo neoliberal y la hegemonía univoca del imperio norteamericano. Entonces, con excepción de la siempre soberana Cuba, América Latina sufrió gobiernos del "Consenso de Washington", dedicados a rematar -a precio de huevo- nuestros recursos naturales y empresas públicas a las transnacionales, a colmarlas de privilegios tributarios para que "alguito chorree", a minimizar y desarmar los Estados Nacionales como reguladores de nuestras economías y garantes de los derechos de la gente, y a destruir los derechos sociales, laborales y de los campesinos, trabajadores, capas medias y pequeños propietarios en aras de los intereses del gran capital. Al final, no llegó el paraíso prometido, sino que creció la pobreza y el desempleo. Y con ellos, el rebrote de una conciencia de derechos y de demanda de soberanía y justicia.

De allí Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales, reivindicando soberanía sobre sus recursos petroleros y gasiferos, decidido a trasladar parte importante de la renta que generan para la educación, la salud y el bienestar de la gente, comprometidos con la causa de la unidad sudamericana y bolivariana. Y Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil, Tavaré Vásquez y el Frente Amplio en Uruguay, Krischner en Argentina. En México, le robaron fraudulentamente la victoria a Andrés Manuel López Obrador y el PRD, y en Colombia y Perú crecieron las fuerzas que levantaban las banderas del cambio.

El común denominador: la lucha por la soberanía nacional y la independencia frente al imperio del norte, la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos, el poner la economía al servicio de la gente y forjar la unidad de la América morena. Es la espada de Bolívar que camina por la América Latina.

Desde el 2001 planteamos declarar la nulidad de la Constitución de Fujimori y Montesinos por fraudulenta, centralista, antipopular y neoliberal, y dar curso a restituir la Constitución de 1979, de otro contenido social y político, para reformarla y adecuarla a las esperanzas de nueva Patria que las mayorías reclaman. No lo logramos. El APRA se sumó, hipócrita y tardíamente, al reclamo y se opusieron Unidad Nacional y el toledismo. Desde entonces reclamamos una Asamblea Constituyente, como las que exigieron y lograron los pueblos de Bolivia y Venezuela, y ahora busca conquistar Ecuador, con el gobierno de Correa.

El Presidente Garci-mori se opone a convocarla, aunque ofreció al país "un cambio responsable" y profundo que ha dejado de lado. Dice que "no hay que desordenar al país y se desordena demasiado con una propuesta como la Asamblea Constituyente, que lo único que traería es cerrar el Parlamento, elegir otros legisladores y abrir un espacio en el cual no se sabe si habrá Presidente, si habrá Congreso ni como seria el Poder Judicial, pues todo lo discutimos desde el comienzo". Dice que el país necesita "dejarse de estar desordenando todo el tiempo el escenario". Es decir, según García el país no necesita cambios profundos sino mantenernos en el rumbo en que estamos, con el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la economía y la política social y laboral funcionando como ahora. ¿Será asi? El hermanísimo Santiago Fujimori coincide con él, aunque su hermano gobernó con un golpe: la Asamblea Constituyente "está fuera de toda legalidad", el Congreso puede reformar la Constitución "parcialmente". Ni García ni los Fujimori quieren tocar los capítulos de economía y sociales de la espuria Constitución del 93. Ni quieren una profunda transformación del Estado que le permita a la gente controlar a las autoridades, exigirles rendición de cuentas y poder intervenir en la toma de decisiones y en la ejecución de obras públicas. Quieren mantener los privilegios de los más poderosos, sus padrinos, y evitar la participación y el control ciudadano.

¿Por qué una Constituyente? Las razones son muchas, pero centralmente podemos señalar tres, que son probablemente las mismas que alentaron la demanda y la lucha en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Primero, porque el Perú necesita cambios profundos, económicos, políticos y sociales que deben expresarse en una nueva Carta Magna. Hay que recuperar el control nacional sobre nuestros recursos naturales y obtener la participación que nos corresponde de ellos para conquistar una educación y una salud universales y de calidad, para invertir en infraestructura y desarrollo del agro. Hay que terminar con los privilegios tributarios y "contratos de estabilidad" de las grandes transnacionales a efectos de que paguen los impuestos y regalías justos, que hoy no pagan. Hay que recuperar el papel del Estado como regulador de la economía en defensa de los consumidores y los trabajadores, para evitar los abusos, así como reconstruir los derechos sociales y laborales que la constitución fujimorista destruyó. Finalmente, porque hay que devolver el Estado Peruano a los peruanos, terminar con su uso como un botín y un instrumento de los grupos de poder, y devolverle a la gente el derecho de controlar y fiscalizar a los que gobiernan para que sirvan al pueblo y no se sirvan de él.

Segunda razón, porque ese cambio debe tener canales políticos, institucionales y confiables, que permitan la libre expresión del pueblo, alejándolo lo más posible de brotes de violencia, para garantizar un cambio al menor costo social. Tercero porque los peruanos y peruanas tenemos el derecho a elegir, con nuestro voto directo, universal y secreto, a quienes han de discutir y aprobar el sentido de estos cambios, sabiendo que los elegimos para llevar adelante los cambios que nosotros queremos. Y eso no ha ocurrido con el Congreso actual que sigue expresando los mismos vicios del pasado.

Así, porque necesitamos un cambio y lo queremos llevar adelante, es que necesitamos una Constituyente, que García y sus acólitos de la derecha y el Fujimorismo pretenden bloquear a punta de malabares y jugarretas, pero que tarde o temprano –tenemos la seguridad- se impondrá, porque la impulsan la razón, la justicia y la voluntad popular.

Un día antes de que termine el VII Foro Social Mundial -realizado en Kenya, entre el 20 y el 25 de Enero pasados- unos 250 jóvenes de la barriada más miserable de Nairobi, Kibira, asaltaron uno de los comedores que rodeaban el campo del complejo deportivo en el que realizaba el evento, propiedad nada menos que del Ministro de Seguridad Social de Kenya. Días antes, bajo las banderas de "Otro Mundo es Posible", miles de pobladores de esa misma barriada constituyeron el principal contingente del acto inaugural del FSM, realizado por primera vez en el África con más de 25,000 asistentes. Entonces, su consigna era clara expresión de su esperanza: son cerca de 700,000 los que viven en Kibira sin agua, desagüe, electricidad ni servicios elementales, entre aguas servidas empozadas y la miseria mas absoluta, siendo 60% VIH-SIDA positivos. El 24, los centenares de jóvenes que asaltaron el negocio de comida, gritaban "tenemos derecho de comer, tenemos hambre". Era evidente porque el gobierno de Kenya no tenía interés alguno de darle apertura y cobertura al FSM, que trasladó fuera de Nairobi y acalló en medios.

Pero, el FSM en un país africano abrió un nuevo frente a este espacio fundamental de los movimientos sociales y sus esfuerzos de articular alternativas en un mundo de una globalización excluyente. Entre las amenazas de la "Guerra contra el Terror" de Bush y el imperio norteamericano (a pesar del rechazo de la mayoría de los ciudadanos de ese país), las inequidades sociales que impone el modelo imperante y las demandas de los movimientos sociales para `que los gobiernos actúen con transparencia, legitimidad y rindiendo cuenta a sus electores, el FSM enfrenta el reto de revisar sus relaciones con gobiernos y movimientos políticos progresistas que han abierto nuevos cauces en el mundo y abren espacios de dialogo y articulación. En América Latina nos referimos a Brasil, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que junto a Cuba, por ejemplo, que expresan nuevos fenómenos a considerar en las campanas emprendidas por el FSM contra la Guerra, contra la pobreza, contra la privatización del agua, los recursos y servicios fundamentales, y contra la exclusión.

Evo Morales lo expresó así: "Los foros, los eventos internacionales, mundiales, siempre nos orientan a los líderes sindicales, y ahora -porqué no decir- a los presidentes. Espero que de este Foro salgan propuestas que permitan cambiar y aseverar cómo terminar con el modelo neoliberal que ha hecho mucho daño en mi país, Bolivia, como también en América latina y con seguridad en otros países del mundo. Yo creo que en el mundo hay dos líneas: gobiernos, presidentes, que apuestan por la vida y hay presidentes y gobiernos que, con sus políticas, apuestan para acabar con vidas. En menos de un año de Presidente, yo he encontrado (que)…unos gobiernos mandan tropas para salvar vidas y otros gobiernos mandan tropas para acabar con vidas. Esa es la profunda diferencia, unos están para buscar cierta hegemonía, otros para salvar vidas en el marco de la solidaridad, de la reciprocidad. Entonces, ¿a cual nos sumamos? Yo digo a los gobiernos de presidentes, comandantes, que salvan vidas, solidaria, incondicionalmente. Otros, en una cuestión de hegemonía, siguen pensado en cómo dominar el mundo con costos de vidas, irrespetando a los derechos humanos."

Este es el reto del FSM y de los movimientos sociales: relacionarse con organizaciones políticas y gobiernos progresistas en la búsqueda del cambio y la transformación social. Ello implica definiciones no solo para los movimientos sociales, sino para los sistemas políticos y los mismos partidos políticos que requieren renovación y refundación urgente para recuperar nexos con la sociedad y recuperar legitimidad y representatividad autentica, de la que muchos carecen. En esta relación está la capacidad de conducir efectivos procesos de cambio que se reclaman en el mundo entero. Ni la pretensión de los partidos de monopolizar la representación de la sociedad civil, y menos de negarse a rendir cuentas y abrir canales de participación; ni negarse a trabajar con partidos renovados para articular un sistema político legitimo y eficaz que permita un mundo distinto, equitativo, justo y respetuoso de la pluralidad y derechos de los pueblos.

Da vergüenza la forma como está usted conduciendo el tema del TLC con los EEUU, así como el TLC que ya ha suscrito con Chile (sin siquiera haber pasado por el Congreso Nacional). Hoy, cuando sólo se habla a media voz, creo indispensable llamar la atención del país ante su desacertada y errática conducción de un asunto trascendente para la soberanía y el progreso del Perú.

Su actuación respecto al TLC lo pinta como un tránsfuga. ¿Olvidó usted su compromiso electoral de retirar la firma de Toledo si firmaba el TLC? ¿Y la revisión párrafo por párrafo? Se ha convertido usted en un desinhibido lobbista de un TLC que criticó duramente. ¿Cuándo mintió, antes o ahora? ¿O lo hace siempre en aras del poder y el placer? No sólo ha cambiado usted de camiseta, para ponerse la de los ricos después de haber demolido a Lourdes Flores por representarlos. Ha evidenciado ser un improvisado, un Jefe de Estado desinformado al extremo de la realidad norteamericana. Ávido de la bendición imperial, se arrodilló ante Bush en la Casa Blanca, se allanó a todo lo suscrito en el TLC –que antes llamaba mal negociado- y atacó a Evo Morales. Pero obvió que Bush iba a una derrota en las elecciones congresales ante un Partido Demócrata que ganó mayoría en ambas Cámaras con una firme oposición a los TLC.

Ahora que el triunfante Partido Demócrata reitera que no aprobará el TLC y exige renegociarlo, en defensa de sus trabajadores y del mercado laboral del norte, usted y sus ayayeros andan sin brújula. Nos cuentan el cuento de que hay posibilidades de sacarlo adelante con una carta adjunta al TLC y con la demagógica e inviable propuesta de Bush de mantener un procedimiento parlamentario excepcional ("fase track") que este Congreso no renovará. Ya los congresistas Rangel y Levin, cargo de la influyente Comisión de Procedimientos Parlamentarios, han trasmitido a la funcionaria de Bush, Susan Schawb, que no ven viable una addenda sino una renegociación, y han anunciado que iban a extender el ATPDEA por cerca de 2 años.

Usted, Presidente García no tuvo la entereza de poner por delante el interés del Perú. Los demócratas le han dado una lección al poner por delante los intereses de sus electores, los trabajadores y sindicatos, y los de industrias que no aceptan que empresas en el Perú reduzcan sus costos operativos invirtiendo miserias en la preservación del medioambiente (aunque EEUU, que ni ha firmado el Tratado de Kyoto, no sea ejemplo de nada). Usted, paralizado, no atina a nada, no enfrenta el problema ni plantea una extensión del ATPDEA por no menos de 5 años, redefiniéndolo, ni asume una propuesta de renegociar poniendo por delante la defensa de nuestros agricultores amenazados por la competencia desleal de los agricultores norteamericanos millonariamente subsidiados por su gobierno, o la defensa de nuestra salud oponiéndose a un manejo de patentes y medicamentos que encarecerá la atención de salud de nuestra gente, o la soberanía del Estado para establecer exigencias a la inversión extranjera que promueva el empleo de peruanos, la transferencia de tecnología o el uso de materias primas nacionales que este TLC prohíbe establecer.

Da vergüenza que estos temas, incluyendo los derechos sindicales y laborales, no los plantee el Estado peruano, sino los sindicatos americanos de la AFL-CIO en una carta del 17 de Enero a Rangel, evidenciando que usted es la cabeza de un Estado privatizado al servicio de las transnacionales y no de los intereses de los peruanos. Despierte Presidente, no está en las suites de la Sociedad de Minería o del Banco del Sr. Romero, está en Palacio de Gobierno del Perú, no en Paris sino en Lima. Asuma sus responsabilidades o la historia se lo exigirá.

Como quien coloca un tema trascendente, a los seis meses de gestión, el presidente Alan García ha puesto sobre la mesa el tema de la reforma del Estado.

Hubiéramos querido que anunciara el emprendimiento de una auténtica reforma tributaria o el replanteo del manejo actual de nuestros recursos naturales que priva al país de los beneficios que le corresponden y permite que nuestras riquezas se vayan al extranjero dejándole migajas al país. Hubiéramos querido que nos plantee cómo propone recuperar el Perú para los peruanos, que nos informe cómo propone el Estado aprovechar este período de "vacas gordas" para reorientar al país y permitir una sociedad más justa y equitativa. Pero claro, ello implicaría colocar objetivos para la reforma del Estado que García no ha asumido o que retome compromisos electorales ya abandonados: el impuesto a las sobreganancias que están obteniendo las grandes empresas mineras (y que podría dejarle al país unos 1,600 millones de dólares anuales); la revisión del contrato del gas de Camisea; del contrato con Telefónica para eliminar la renta básica; o la reforma tributaria que prometió durante la campaña.

Reconocido actor político, hábil en aprovechar al máximo los medios de comunicación social –hoy incondicionales al manejo gubernamental de su alianza con el fujimorismo y la derecha política y empresarial–, García quiere obviar el balance de sus compromisos electorales a seis meses de gobierno. Y, para ello, lanza y aprovecha un tema trascendente como es el de la reforma del Estado. Pero pretende minimizarlo al colocar al debate alrededor de dos asuntos bastante limitados: la reducción del número de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y el recorte y centralización de los programas sociales del Estado, dirigidos a enfrentar el tema de la pobreza en el país.

En el clásico estilo neoliberal, su mensaje central ha sido el recortar el gasto público, la burocracia y la duplicación de esfuerzos. En síntesis, reducir el tamaño del Estado como el eje de la reforma. No se trata pues de recuperar el papel del Estado como expresión de la soberanía nacional, como planificador y concertador del desarrollo del país, ni de que el Estado sea un efectivo redistribuidor del ingreso nacional para construir una sociedad más justa y con menos pobreza, ni de que el Estado garantice los derechos básicos de las mayorías excluidas y les abra –en coordinación con la actividad privada– oportunidades de desarrollo y bienestar. No. Se trata de otra cosa.

García ha graficado la reforma en cifras: ahorrar entre 200 y 400 millones de soles al año mediante la reducción de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y programas sociales (Vaso de Leche, Pronaa, Pronamach, etc.) que se duplicarían.

Ojo que esa cifra es menos del 10% de lo que generaría el impuesto a las sobreganancias mineras, de las que García no quiere hablar y las que –ciertamente– no pretende aplicar, incumpliendo su compromiso electoral. Ojo que esa cifra implica no sólo despedir trabajadores, sino eliminar determinados programas sociales, lo que no ha sido expuesto ni abierta ni claramente al país. Ojo que hay organismos estatales, como el Conadis –que debe ocuparse de las políticas y programas para las personas con discapacidad y que son cerca al 13% de los hombres y mujeres del Perú– que, a seis meses de gobierno, no tiene ni siquiera un presidente nombrado por el gobierno. ¿Capaz será Conadis parte de las OPD a desaparecer para "ahorrar"?

El Perú, sin duda, necesita un profundo cambio en el Estado. Un cambio para recuperar el Perú para los peruanos. Necesitamos desprivatizar el Estado, a efectos de que deje de ser una agencia al servicio de las grandes trasnacionales y sea un instrumento al servicio de los peruanos. Requerimos para recuperar el control sobre nuestros recursos naturales y garantizar que su aprovechamiento deje los beneficios que le corresponden al país. Urgimos de un Estado con autoridades que rindan cuentas a sus electores, que se someta a su fiscalización y que abran canales para la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas que nos afectan a todos. El Perú no puede plantearse reformar el Estado para ahorrarse 200 millones de soles sino para contar con un instrumento público y soberano que garantice nuestros derechos, nos devuelva nuestros recursos naturales como elementos de nuestro desarrollo, promueva nuestro bienestar y progreso, y responda a todos los peruanos por sus acciones y omisiones. Ésa es la reforma que necesitamos.

Algunos días antes del mensaje-balance que el presidente García presentara al país en relación a sus primeros seis meses de gestión, la Ministra de Trabajo anunció al país que el gobierno contemplaba un alza general de sueldos y salarios. Dijo que estaban estudiando los mecanismos para hacerlo y adelantó una fórmula extraordinariamente creativa.

El asunto resultaba muy concreto y simple. El aumento de sueldos y salarios podría provenir de los fondos de los mismos trabajadores. Podríamos aumentar sueldos y salarios con las gratificaciones de Fiestas Patrias y de Navidad, así como de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores. Así, tan simple cómo lo lee: los trabajadores podrían aumentar sus propios sueldos y salarios dividiendo, en doce partes, sus dos gratificaciones anuales y el monto anual de su CTS para agregarlo a sus ingresos mensuales. ¿No les parece genial?

Nadie puede entender como no se le había ocurrido algo tan simple e ingenioso a otro Ministro de Trabajo antes. Ciertamente había que esperar a Alan García, a su extraordinario manejo escénico, y al gobierno de la alianza del aprismo, el fujimorismo y la derecha política y empresarial del país, para resolver un asunto que resulta tan sencillo y evidente. Queda claro pues es que un aumento de los sueldos y salarios está alcance de cualquier trabajador. Sólo necesitamos tomar la decisión de dividir todos los ingresos y derechos anuales que le corresponden a cada trabajador, entre doce partes, y agregarlo a su ingreso mensual. Claro, el pequeño detalle, es que ya no habrá las gratificaciones anuales a mitad y final de año, ni tampoco la CTS. Al final, el ingreso mensual del trabajador sería mayor, pero su ingreso anual sería el mismo. Pequeño detalle que no interesa a nadie, con excepción del trabajador, a quien someten a un insultante juego de números para dejarlo en lo mismo.

¿Por qué hace una propuesta de este tipo el gobierno a través de la Ministra Pinilla? ¿Nos considera tarados, imbéciles, incapaces de sumar y restar? ¿O quizás han calculado que la urgencia económica y los miserables ingresos de la mayoría de los asalariados harían que la gente busque comerse este mes lo que debe recibir en Julio, en Diciembre y por su CTS, haciéndose los sonsos frente a la propaganda de que ello sería un aumento de salarios?

Garci-mori y su Ministra Pinilla tienen razones para su ingeniosa propuesta que cambiar algo para que nada cambie. Primero, dar la imagen, crear la sensación, de que hay alguna redistribución del ingreso en un país donde la economía crece pero la pobreza casi no disminuye. El 2006 exportamos más de 300% -más que el triple- de lo que exportábamos hace seis años, y las ganancias de las empresas se multiplicaron varias veces en ese plazo, generando gigantescas sobre utilidades en las mineras, petroleras, explotadoras del gas, y de agroindustrias. Algunas grandes mineras han alcanzado –cada una- utilidades netas (después de pagar todas sus obligaciones e impuestos) de hasta 3,000 millones de soles en un año. Pero la pobreza apenas disminuyó en un 2 o 3% y seguimos con la mitad de la población entre la miseria y la pobreza, ganando entre $2 y $1 dólar al día. Los sueldos y salarios andan por el piso, semicongelados, mientras altos funcionarios públicos y privados ganan millonadas. En ese período, la parte del Ingreso Nacional que se llevan las empresas, el capital, ha subido por ascensor, mientras los ingresos de los trabajadores no suben ni por escalera. Así lo reconocen las mismas cifras oficiales del INEI, que señalan que si en 1991 los sueldos y salarios de los trabajadores absorbían el 30% del PBI, para el año 2005 apenas equivalen al 22.9% del PBI. Más claro, ni el agua. En 15 años de neoliberalismo a rajatabla, la participación de los trabajadores en la riqueza se redujo en casi un tercio, mientras la parte de los poderosos se incrementaba del 52 al 60% del PBI. En el Perú de Fujimori y García, la riqueza se crea y se acapara. La torta crece, pero a los trabajadores les toca cada vez una tajada más pequeña. Los ricos se hacen más ricos, y los pobres, más pobres.

Pero además, el régimen de Garci-mori quiere presentar otra cara laboral del Perú para lograr que se apruebe el TLC con los EEUU, hoy detenido en el Congreso norteamericano. ¿Por qué? Porque los demócratas se oponen a que los trabajadores norteamericanos compitan con empresas radicadas en Perú que pagan migajas a sus trabajadores y les reconocen míseros derechos. Los electores-trabajadores gringos no quieren que disminuyan sus derechos y los demócratas deben cuidar sus votos frente a las elecciones del 2008. El Presidente García, hoy lobbista del TLC tan mal negociado por Toledo, quiere empujar su aprobación para beneficiar a las transnacionales que garantizarían así sus enormes privilegios. Para ello debe aparentar derechos y garantías laborales y sindicales que en el Perú son minúsculas o casi inexistentes. Estas son las verdaderas razones de la burla del régimen a los trabajadores del país con esta "propuesta de aumento salarial" que hace escarnio de los más necesitados.

El Mercurio, diario conservador chileno, ha dado cuenta de un pacto de García con Fujimori, a efectos de incidir sobre el gobierno y la justicia del país del sur para evitar la extradición de éste. La reacción del oficialismo, en todas sus variantes (aprismo, fujimorismo, grupos empresariales, etc.), y de toda prensa ayayera ha sido ¡Mentira! "Es una infamia". Es una "campaña antiperuana" por la "firme posición de nuestra Cancillería" ante los problemas con Chile. Es una "maniobra derechista". Todos dicen que entre el fujimorismo y el alanismo sólo hay coincidencias, pero ningún pacto.

¿Se endosa el voto fujimorista a Alan García, para que gane la presidencia, desde Keiko Fujimori hasta Martha Chávez, por pacto o coincidencia? ¿Y los Ministros fujimoristas, desde Rey hasta Verónica Zavala, o los viceministros, directores, asesores y tecnócratas que inundan puestos claves del Estado, también pura coincidencia? ¿Y los amoríos con Kouri, renombrado fujimorista hoy engreído de Palacio y con Vicepresidente propio? ¿El mensaje a Chile, respecto a la extradición de Fujimori, que significa que su abogado -de Souza- sea Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional y su hija, Keiko, la Presidenta de la Liga de Amistad Parlamentaria Peruano Chilena, son también puras coincidencias, como lo serían la desarticulación de las cabezas de la Procuraduría anticorrupción que llevaba la extradición o que el locuaz García sea un mudo respecto al tema Fujimori en todos sus discursos al país?

¿Vieja coincidencia el amarre Mantilla (SG del APRA, ex Ministro y ex secretario personal de García)-Montesinos (co-gobernante y siamés de Fujimori) en la salita del SIN, el billete recibido y el compromiso pro re-reelección? Y claro, también son coincidencias puras -en un país cuyo poder judicial acusa fuerte influencia política y una tradición marcada de sometimiento a los gobiernos de turno- el que en los últimos meses los juicios por corrupción y violación a los derechos humanos que tienen sentados en el banquillo de los acusados a connotados fujimoristas terminen con exculpaciones y "penas" vergonzosas. Por casualidad salen libres de polvo y paja los jefes del SIN y del SIE que tuvieron a su cargo el espionaje telefónico, sancionándose sólo al personal subalterno. Coincidencias que las mujeres y familia de Montesinos, copartícipes del latrocinio –con sendas tarjetas de crédito- no reciban penas efectivas de cárcel o que nadie capture al socio de Klaus Corpancho en la venta de armas a las FFAA y el juicio ande abandonado, cuando en el proceso estaría involucrado el Vicepresidente de García (Vicealmirante r Giampietri) que era, con Fujimori, responsable de compras de la Marina.

Coincidencia es que Valle Riestra, aprista y ex Primer Ministro de Fujimori, sea el abogado ante el Tribunal Constitucional del "otoronguismo", demandando inmunidad irrestricta para varios fujimoristas procesados al pedir la inconstitucionalidad de las normas aprobadas en el anterior Congreso para que ningún parlamentario pueda amparar hechos de corrupción anteriores a su elección en una inmunidad indebida. Nada es Pacto, todo coincidencia.

Además, es una infamia. ¿Cómo puede Chile tratar así un gobierno que ha firmado ya un TLC con ellos dándole gollerías que afectan nuestra soberanía? ¿Un gobierno que garantiza su inmensa influencia y propiedades en el Perú, y que ha evadido -en su cortesana relación- todos los diferendos, comenzando por los fronterizos, a costa del interés nacional? Aquí, ni pacto ni coincidencia: vergüenza.

"Tontos útiles del senderismo" dijo el siempre ponderado Jorge del Castillo, a quienes demandan esclarecer y sancionar las responsabilidades materiales, intelectuales y políticas de la matanza de cerca de 250 presos (en su mayoría no sentenciados) en los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, ocurrida hace 21 años, el 18 y 19 de Junio de 1986, bajo el primer gobierno de Alan García.

Tontos los organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales que piden un juicio justo y transparente. Idiotas los familiares que piden justicia. Estúpidos los juristas o periodistas que cuestionan que el tema se resuelve con una sentencia –años atrás- a un puñado de guardias republicanos por matar (a balazos en la nuca) a 124 presos desarmados y rendidos en Lurigancho, o con el proceso que ahora conduce -contra 11 marinos- la Dra. María León, por la muerte en el Frontón de cerca de 120 presos muertos al cañonear y demoler el edificio en el que se amotinaron con tres armas de fuego, o al ejecutar a los sobrevivientes desarmados.

Tontos. Claro, ¿quién puede dudar que 250 presos, en su absoluta mayoría no sentenciados, además de desarmados y rendidos, fueron victimados por la decisión de 11 marinos y un puñado de guardias republicanos? ¿Acaso alguien dio una orden en Palacio o en los Ministerios respectivos? ¡No intervienen comandos políticos o militares en circunstancias de este estilo: un incidente minúsculo en que ningún Presidente o Ministro ocupa su tiempo cuando hay un encuentro mundial de la Internacional Social Demócrata en Lima! ¿Compromete al Presidente García en el desenlace del Frontón el detalle de que estuvo allí –por orden expresa suya- su Viceministro del Interior, Agustín Mantilla, comunicado por radio y enlace telefónico con Palacio y con la casa operativa del grupo paramilitar –luego conocido como "Rodrigo Franco"- en San Isidro, según confirman varios testigos? ¿A quien, sino a un grupo de "tontos útiles al senderismo", puede ocurrírsele que Mantilla o el jefe militar del operativo, el hoy Vicepresidente Giampietri, sean inculpados e investigados, y no simples testigos en el proceso, como ahora, que ni siquiera van al acto de reconstrucción realizado el pasado 16?

¿No fue una tontería el dictamen de la Comisión Investigadora del Congreso de entonces, presidida por el Dr. Rolando Ames Cobian, que sostuvo que "el Presidente de la Republica y el Consejo de Ministros tienen responsabilidad directa"? ¡Por eso la pura objetividad de la mayoría parlamentaria aprista la mando al archivo? ¿Y cuando el 2005, del fiscal superior Edgar Chirinos incluyó como acusados a García, Mantilla y Giampietri? Otra tontería, por la que se le retiró del cargo, ¡como corresponde! ¿Presiones políticas? A quien se le ocurre…

En la misma categoría de tontos útiles están los elementos de la Marina y de ex comando Rodrigo Franco que ha presentado testimonio de su intervención en los hechos y han acreditado la intervención de Mantilla, Giampietri y las conexiones directas con García durante los hechos. Y también el testimonio del viejo guardián de un cementerio de las playas del Sur de Lima donde la Marina sepultó a los muertos, que identifico al oficial jefe del operativo, hoy testigo.

Sólo los tontos recordamos que –a raíz de este hecho- surgió el "Día de la Heroicidad" senderista, "celebrado" con sanguinarios atentados cada año, se levantó una aureola que le facilitó la captación de cuadros y se alimentó de argumentos para su accionar terrorista. Sólo los tontos pensamos que el Estado debe tener una actuación moral y legal superior al terrorismo, porque la batalla no solo militar sino política y ética. Para los "vivos" la solución está en resolver con el personal subalterno. Nadie dio órdenes, ni tiene la hombría de asumirlas. Lo ocurrido fue la reacción instintiva e indisciplinada del personal subalterno. Y así, colorín colorado, para bien del Perú, los tontos se habrán acabado….

Pomposamente, llamaron a este año, el de los "Deberes Ciudadanos". El primer ciudadano es el Jefe de Estado y le siguen, las principales autoridades. Ellos debieran predicar al país con el ejemplo, asumiendo plenamente sus deberes y responsabilidades, ¿no? Así, veríamos que se practica –arriba- lo que se predica para abajo.

Puntualidad ha sido el tema de la primera campaña. ¡Excelente!, ser respetuoso del tiempo de los demás y cumplir con los horarios pactados es muy importante. Pero, ¿no será tan o más importante que las autoridades asuman sus responsabilidades en las buenas y en las malas; que la pita no se corte por el más débil sino por el responsable?

¿Será ejemplar que la Ministra del Interior, envuelta en el reciente escándalo de una licitación -escandalosamente sobrevaluada- de 469 patrulleros policiales, primero la defienda a capa y espada, y avale a sus funcionarios, para después -cuando se hace evidente lo obvio y la critica arrecia- destituir a los funcionarios, pero se quede en el puesto? Si había algo irregular debió asumirlo desde el inicio y sancionar. Si no lo hizo y avaló la irregularidad, debió renunciar y asumir su responsabilidad política, junto a sus funcionarios, por ineficiente. Por el contrario, si no había tal irregularidad, ¿puede sancionar inocentes para permanecer en el cargo, o me equivoco? La responsabilidad parece existir sólo en el punto más débil.

Hace unos días, un diario denunció que el Dr. Francisco Peixoto, Jefe de Asesores de la Ministra de Justicia, había sido abogado de alrededor de narcotraficantes, en casos como el de "Mosquita Loca" o la pareja de Julio Tijero Guzmán, de poderosos carteles de drogas. Mismo caso del asesor Montesinos en la época de Fujimori, ¿recuerdan? Conocido el tema, salió del Ministerio. ¡Muy bien! Pero, ¿y si el Presidente García hubiera sido asesor legal o abogado de narcos en algún momento, qué pasaría? ¿No es verdad que cuando trabajó como abogado con César Vega, ellos defendieron a los Tupiño García, reconocidos narcotraficantes de la época? ¿Cómo se aplica el principio válido para Peixoto en este caso?

O el caso del juicio por la matanza de cerca de 250 presos -la absoluta mayoría no condenados, desarmados y rendidos- asesinados con tiros en la nuca y en ejecuciones extrajudiciales, el 18 y 19 de Junio de 1986. Se sentenció, hace unos años, a un puñado de policías por lo ocurrido en Lurigancho, manejado por mandos militares, y ahora se juzga a 11 elementos de rangos inferiores de la Marina por lo ocurrido en el Frontón. Ni el Presidente García, "el joven", que dio las órdenes, ni Mantilla, entonces Viceministro del Interior y presente durante los hechos con comunicación a Palacio vía radio-teléfono, ni el hoy Vicepresidente Giampietri, entonces uno de los 2 jefes de la Marina a cargo de la acción, están siquiera procesados. Son testigos en un proceso en el que, si alguien paga el pato, será personal subalterno. ¿Eso es asumir responsabilidades?

¿Y el fiasco del TLC con EEUU, en el que el Presidente y la Ministra abandonaron la demanda de renovar el ATPDEA y ni sabían que los demócratas estaban contra aspectos del tratado e iban a ganar las elecciones parlamentarias, como efectivamente ocurrió? ¿Se puede gobernar con tal ignorancia de las cosas y seguir en el cargo?

Tal parece que en el "Año de los Deberes Ciudadanos" seguimos con la máxima de Leguía, a quien Garci-mori admira tanto: "A mis amigos todo, a mis enemigos la ley".

Hace unos meses, el gobierno declaró la Década de las Personas con Discapacidad y dispuso reformular el Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad (PIO). Señales positivas para más de 3 millones de peruanos con discapacidad. Pero, a su vez, tiene siete meses sin presidente al Conadis, organismo que dirige y fiscaliza las políticas para personas con discapacidad, no mejoró su presupuesto ni ha incorporado –como la propia norma establece– a personas con discapacidad en el comité multisectorial responsable de modificar, actualizar y garantizar el financiamiento del PIO.

Este zigzag ha llegado a un punto crítico: el gobierno ha resuelto incorporar al Conadis como una dirección del Ministerio de la Mujer (Mimdes), quitándole autonomía orgánica y presupuestal, disminuyendo su nivel (era OPD), eliminando –en la práctica– un Consejo Directivo en el que votan representantes de las personas con discapacidad, y anulando el derecho de su presidente (convertido ahora en un empleado público de segunda) a asistir (con voz pero sin voto) en el Consejo de Ministros, para poder promover las políticas que millones de peruanos con discapacidad requieren urgentemente.

Pasando por encima de normas, recomendaciones y convenios internacionales, entre ellos de Naciones Unidas, los espacios conquistados para representar y promover derechos y políticas a favor de millones de excluidos con discapacidad se diluyen o debilitan. ¡En un país en el que apenas 5% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en edad escolar, accede a la escuela; en que 81% de las personas con discapacidad nunca ha recibido rehabilitación ni apoyo de aparatos ortéticos y ortopédicos; y en el que 80% de peruanos y peruanas con discapacidad, en edad de trabajar, están en situación de inactividad y/o excluidos del trabajo (y los que trabajan ganan –en general– miserias); el organismo que debe defender y promover sus derechos se diluye en el Minsa para "ahorrar" plata al Estado!

En el papel (leyes y normas, el PIO inclusive) tenemos toda suerte de derechos y medidas promocionales. Pero el grueso de éstas son letra muerta, por falta de presupuesto y, sobre todo, de voluntad política para implementarlas: educación inclusiva, salud para todos, derechos a la seguridad social, promoción y capacitación para el empleo y acceso al crédito, atención a la niñez con discapacidad, investigación y prevención, integración y participación de las mismas personas con discapacidad en los espacios de decisión y fiscalización respecto a las políticas públicas en esta materia.

Hace muy poco, la ONU aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el voto del Perú. Y a la vez se diluye y –prácticamente– desaparece Conadis, acéfalo hace siete meses. Justamente cuando el país requiere que el tema discapacidad se incluya en el Censo Nacional, en las encuestas sectoriales y las diferentes estadísticas. Que la Radio y Televisión Peruana (RTP) cumpla una función en la sensibilización e información pertinente con programas e inclusión del tema en el manejo informativo. Que el Estado cumpla, en todos sus niveles, con la reserva del 3% de puestos de trabajo en el sector público, Que se dé créditos para las iniciativas laborales y empresariales de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones. Que se presupueste lo necesario para cumplir con lo señalado en la Ley 27050 y el Plan de Igualdad de Oportunidades, con la participación de personas y organizaciones de personas con discapacidad para formular una estrategia de desarrollo inclusivo. Que, en Salud, se descentralice los servicios de rehabilitación y de salud mental, y Educación lance una Cruzada Nacional por una Educación para Todos sin Exclusión, con matrícula para los niños con discapacidad dentro de los lineamientos de la Década de la Educación Inclusiva 2003-2012, incluyendo programas de intervención temprana urbanos y rurales. Que se elimine las barreras arquitectónicas en las ciudades y edificios públicos, en los programas de vivienda que el Estado promueve y en el transporte público para hacerlos accesibles y amigables a personas con discapacidad y de tercera edad… ¡tantas cosas!

Pero nada será viable sin la participación de los interesados: las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones. Y el disminuir, desaparecer o subsumir el Conadis en el Mimdes sólo le quita poder y espacio político en el Estado a este sector de peruanos ya bastante marginados. No debe insistirse en minimizar o manipular a este sector de peruanos. Menos aún en el absurdo cometido. El gobierno debe rectificarse.

Somos más de 3 millones de peruanos -niños, niñas, adultos o de tercera edad- con discapacidad, la absoluta mayoría muy pobres, sin derechos fundamentales.

Según el Ministerio de Educación, sólo 5 de cada 100 niños, niñas y jóvenes con discapacidad, en edad escolar, van al colegio: flagrante violación de un derecho humano fundamental y evidencia de la exclusión desde la infancia. Tampoco hay material educativo para niños especiales ni los colegios regulares están preparados arquitectónica o pedagógicamente para recibirlos. En Salud: 81 de cada 100 personas con discapacidad nunca han recibido rehabilitación médica, menos aún social, laboral y psicológica. No hay un Banco de sillas de ruedas, muletas, audífonos, lentes, etc. que personas con discapacidad requieren. El nuevo local del Instituto Nacional de Rehabilitación –con una donación de millones de dólares- no se construye. La Salud Mental en el país está enferma. Y en el terreno laboral losa no es mejor: un 80% de peruanos y peruanas con discapacidad, en edad de trabajar, están inactivos y/o excluidos del trabajo. Los pocos que acceden al trabajo ganan miserias. El colmo: las familias de personas con discapacidad severa no tienen ni una pizca de los incentivos tributarios que reciben los poderosos y deben pagar grandes impuestos a un Estado que les quita, pero casi no les da nada para atender a sus familiares.

Hace meses, el Gobierno declaro la "Década de las Personas con Discapacidad" y ofreció reformular el Plan de Igualdad de Oportunidades que se formuló con Toledo, pero casi no se aplicó ni financió, señalando que nos convocaría al grupo de trabajo multisectiorial. Hasta ahora esperamos.

Semanas atrás, el Presidente anunció una Reforma del Estado. Algunos pensaron, en un país de excluidos y marginados con 52% en pobreza, ¡será para incluirnos, para abrirnos oportunidades, para sentarnos en la mesa a quienes siempre estuvimos fuera del banquete y de los centros de decisión! Se nos dijo que la reforma ahorraría plata al país para atender necesidades urgentes, reduciendo Organismos Públicos Descentralizados (OPD) inútiles o Programas Sociales de Lucha contra la pobreza duplicados.

Ahora nos enteramos que en lugar de darnos un mejor lugar y más capacidad de incidir en las políticas públicas, pretenden desaparecer el Consejo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) como OPD y convertirlo en una oficina más del Ministerio de Mujer y el Desarrollo Social. Si en 7 meses ni han nombrado a su Presidente, encima quieren quitarle financiamiento, desaparecer su Consejo Directivo –en el que participan delegados de organizaciones de personas con discapacidad, y hasta el derecho –fijado por ley pero inaplicado- del Presidente de CONADIS de asistir al Consejo de Ministros para tratar e intervenir en la discusión de todas las políticas sectoriales (Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Transporte, Seguridad, Deporte, etc.) en defensa de los millones de peruanos con discapacidad: que las veredas, los edificios públicos y programas de vivienda sean accesibles, los Colegios también y que matriculen a los que hoy dejan fuera del sistema educativo. Que la salud sea para todos, que prevenga discapacidades, cure y rehabilite. Que haya trabajo adaptado a los que tenemos alguna discapacidad y crédito para nuestras Pymes. Que el transporte público nos recoja y atienda…En fin, tener los derechos que deben tener todos.

La "Reforma Estatal" nos regresará a que otros, como la "mamá" Ministra, opine y decida sobre nuestros intereses y las soluciones a nuestros problemas, sin nosotros, justo cuando nos abinamos creído que "discapacidad no es incapacidad". Grave error del Ejecutivo.

Hace siete meses, el presidente García anunció –con bombos y platillos– un "shock de inversiones", herramienta del gran "cambio responsable" que lidera. Pero, a siete meses, lo que los peruanos sentimos es un shock de "coimisiones" con el manejo del gasto público en las compras estatales y la sobrevaluación de éstas: desde los 469 patrulleros sobrevaluados en más de 7 mil dólares cada uno que vendió la empresa chilena Gildemeister, hasta el escándalo de las ambulancias repletas de fallas a semanas de adquiridas –que vendió la misma empresa chilena durante el gobierno de Toledo– y a la que le estaban comprando más, nuevamente.

Desde el sobreprecio del material educativo que compraba el Ministerio de Educación o los 50 portatropas para la Policía –que no eran blindados como lo exigían las bases de la licitación– y costaban encima de S/. 100,000 sobre su precio cada uno, pasando por el tráfico de combustible en las FF.AA. Mas que un huaico de inversiones para servir al país parece un aluvión de "coimisiones" para llenar los bolsillos de amigos, allegados, y hasta de empresas de un país que –como Chile– no reconoce ni siquiera nuestra frontera marítima, nos amenaza y encima se llena los bolsillos con nuestro dinero, mal habido y el gobierno se limita a "renegociar" y ¿tamos parches?

Una vez más, como cuando Fujimori, sale a flote la puntitita de una gran masa de hielo (o de podredumbre) que muestra la podredumbre del viejo Estado, al servicio de los más poderosos y de sus negocios. Un Estado que, aunque García hable de reforma, no cambia. La gente no tiene cómo controlar el manejo del Presupuesto Público, de los impuestos y tasas que pagamos, y que manejan a su antojo los gobiernos locales, regionales y el nacional. Salvo muy contadas excepciones, no se abren canales para ser consultados. Ni siquiera se nos informa en qué se gasta el dinero; y, por supuesto, no tenemos cómo intervenir en la ejecución de compras e inversiones para que no nos den gato por liebre. Falta una democracia participativa que permita el control sobre las autoridades, como falta transparencia informativa y oportuna de los organismos públicos y resultan escandalosas la ineficacia de los organismos de fiscalización del mismo Estado y las minúsculas sanciones que reciben muchos de los que roban al Estado. ¿No están libres gente como Venero o ministros como Camet y Boloña? ¿No estamos viendo las ridículas penas que reciben ministros y jefes del fujimorismo por los miles de millones que robaron en ese período? ¿No han exculpado a los ministros que pagaron 15 millones de dólares –en efectivo– a Montesinos por su "CTS" cuando fugó por primera vez, y uno de ellos es hasta presidente de la región Huancavelica hoy? Con razon dicen que somos cortos de memoria.

Pero lo peor es que estos malos manejos no son producto de un verdadero aluvión de inversiones. Y es que no ha habido tal aluvión, según las cifras del propio Estado, a través del informe emitido por el Instituto de Informática y Estadística (INEI) hace unos días. Y es que, entre agosto de 2006, en que García anunció el "shock", y enero de 2007, la inversión estatal fue de S/. 2, 532.9 millones de soles.

Pero ocurre que durante el gobierno de Toledo, un año antes y sin "shock de inversiones" –entre agosto de 2005 y enero de 2006, el Estado invirtió S/. 2,755 millones de soles. Es decir, comparando los siete meses de Toledo y los siete meses de García, García invirtió S/. 221.1 millones de soles menos que Toledo. Así que el huaico no fue de inversiones sino de ratería y de demagogia, según el mismo INEI manejado por el APRA.

El 11 de Julio de 1971, el Presidente socialista Salvador Allende culminó una larga batalla por lo que llamó "el Sueldo de Chile", logrando que el Congreso chileno apruebe por unanimidad la Nacionalización del Cobre, en un marco de enorme presión popular. Luego del sangriento golpe militar que perpetró al servicio de las transnacionales y los poderosos de Chile, Pinochet -como lo haría luego su discípulo Fujimori con la minería y el petróleo peruanos- desnacionalizó el principal recurso natural de Chile: el cobre. Hace poco, 2 prestigiosos economistas chilenos –Orlando Caputo y Graciela Galarce- analizaron las tremendas consecuencias de la desnacionalización que debemos analizar.

El cobre es la principal riqueza natural de Chile. Ocupando sólo 0.5% del territorio del planeta, tiene el 35% de las reservas mundiales de cobre. Este representa más del 50% de todas las exportaciones chilenas. Si los países de la OPEP representan el 37.5% de la producción mundial de petróleo (siendo Arabia Saudita, el 11.2%), Chile genera el 36% del cobre mundial y sus exportaciones, el 2005, eran el 47.5% del total mundial. Sus exportaciones de cobre y subproductos, el 2006, llegaron a $36,481 millones de dólares (un 71% del valor de las enormes exportaciones venezolanas de petróleo).

Allende planteó que la Constitución chilena recoja la decisión que "las riquezas chilenas sean de los chilenos y para los chilenos, que basados en ella construirán una nueva vida y una nueva sociedad". Resaltó "la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta decisión". Definió el cobre como el "Sueldo de Chile", sosteniendo que con la riqueza que generaba podía financiar el gasto social fundamental para la gente: educación y salud pública, vivienda y seguridad social. Advirtió además que a Chile le interesaba transformar el cobre para industrializar el país, generar más empleo, mas salarios, mas tributación y mas compras de insumos, maquinarias y tecnología producida nacionalmente, mientras "a los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su elaboración –que significa inmensa actividad industrial y comercial, y altos salarios- quede en la metrópoli." "A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible." Sin duda, tenía claro el interés nacional y recuperó el cobre para Chile.

En 1981, la dictadura de Pinochet –con respaldo del Tribunal Constitucional que nombró a dedo- impuso una ley de Concesiones Mineras que establece "Concesiones Plenas" con los mismos derechos de la propiedad privada, eliminando –de facto- el principio constitucional de que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas". Así, aunque el Estado mantenía CODELCO –que hoy financia las FF.AA.- entregaron yacimientos mineros a transnacionales que los manejan a su antojo y con enormes privilegios, como en el Perú.

La Concertación chilena (la DC, el PS y el PPD) plantearon, en el programa para vencer a Pinochet, "obtener mayores recursos fiscales preservando la autonomía y soberanía nacional en el manejo de los recursos". Pero, al igual que García incumplió con su compromiso del impuesto a las sobreganancias (que generaría $1,600 millones de dólares al año al Perú), incumplieron con derogar el inconstitucional concepto de "Concesión Plena" y, más bien, lo consolidaron en el TLC con EE.UU. En vez de preservar la soberanía nacional sobre el cobre, abrieron las puertas a la inversión extranjera que con $16,755 millones de inversiones controla hoy 70% del cobre chileno; y les permitió un incremento productivo desregulado que –de 1995 al 2003- hizo caer el precio del cobre por sobreoferta chilena, perjudicando al país en lugar de ayudar a estabilizar un buen precio en su beneficio. Tampoco impuso la elaboración de los productos mineros. Si bien hoy CODELCO (estatal) exporta 90% de cobre refinado, las empresas extranjeras –que han aumentado sus exportaciones de 413,000 ton. anuales (1990) a 3'637,000 (2004), siguen exportando 52.4% como simples concentrados. Y claro ni se exige industrialización y tecnología generada nacionalmente, ni se fortalece CODELCO que ha pasado a producir un tercio del total, cuando en 1977 representaba el 95% y se quedaba con esos beneficios que hoy van a manos extranjeras. Sólo el 2006, las utilidades operacionales de las transnacionales mineras representaron $20,000 millones de dólares, más de los $16,755 que invirtieron de 1990 al 2004.

¿Qué les parece? A esto Caputo y Galarce llamaron "El Robo del Siglo XX y XXI en Chile". Veremos mas adelante el del Perú y entenderemos las razones por las que en América latina los pueblos (Venezuela, Bolivia, Ecuador) reivindican la soberanía nacional sobre nuestros recursos para generar nuestro progreso y bienestar.

Fidel Castro, revolucionario audaz, tenaz y hábil, marcó la impronta latinoamericana en el escenario mundial del siglo XX.

Desde una pequeña isla caribeña —de las últimas en romper el yugo colonial español y sometida al imperio estadounidense— condujo, con el Che y Camilo (de una fuerza moral extraordinaria), una irrepetible gesta política, social, cultural y ética, de extraordinarias dimensiones. Pocos imaginaron el proceso que se abría con el asalto al Cuartel Moncada en 1953, su célebre alegato " Lla Historia me absolverá" y el valiente desembarco del Granma.

Sus convicciones y decisiones, su voluntarismo y su impactante personalidad, marcaron la historia. Se trata, en realidad, del último prócer de la independencia que culmina la gesta de Martí y funda una nueva Cuba, en la batalla por una nueva América Latina. Un George Washington de los Estados Unidos, un Ho Chi Min de Vietnam. Ideólogo, jefe militar y eximio diplomático, fue capaz de convertir reveses en victorias y de construir las alianzas necesarias. Extraordinario comunicador y organizador, predicador —practicante e incansable—

de valores centrales que ha buscado sembrar en el sentido común de los dirigentes cubanos y la población, enarboló el valor de la unidad nacional, la necesidad de una soberanía no negociable, el afán de justicia e igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, la ética de la responsabilidad y del ejemplo, la coherencia política, la necesidad de estar abierto al aprendizaje… Ese es el Fidel que conozco, como lo resaltó Felipe Pérez Roque en los actos realizados para celebrar sus 80 años.

Un 70 por ciento de los cubanos de hoy nacieron en la Cuba socialista. Vivieron la experiencia de ser el primer territorio americano sin analfabetos, con una educación para todos y de calidad envidiable que alberga —solidariamente— a miles de becarios del tercer mundo. Tienen —austeramente— extraordinarios estándares de salud pública y esperanza de vida, comparables con los de los Estados Unidos. Son el país con más médicos por habitante, cuentan con miles de profesionales repartidos por el mundo (de Bolivia al África), y se han propuesto operar de la vista gratis —con Venezuela— a 6 millones de latinoamericanos pobres. Han vibrado con la excelencia deportiva y con los lauros del ballet de Alicia Alonso. Otros compartieron la firmeza con que encaró la invasión de Bahía Cochinos y la crisis de los misiles, o fueron actores de muchas intervenciones internacionales solidarias, como la que llevó a 300 mil cubanos a luchar en Angola por su unidad e independencia, o las de médicos y maestros frente a los huracanes en Centroamérica o el Asia. Millones cantamos y bailamos con la música que rompió el bloqueo imperial: Beni Moré, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés...

Sin duda, Cuba está marcada por sus opciones políticas y los condicionantes impuestos por el monstruo del Norte: rigores y austeridad, un sistema de partido único y de prensa regulada, fuerte organización social y sistemas de control, que consideran condiciones fundamentales de la viabilidad del proceso ante un enemigo tan colosal. Y, claro, problemas sociales derivados de ello: corruptelas, informalidad y otros, que el mismo Fidel ha señalado.

David vecino de los Estados Unidos, Fidel es el único gobernante que ha sobrevivido a la Guerra Fría y que en un mundo unipolar, enhiesto y sin la URSS, enfrenta el endurecimiento del implacable bloqueo estadounidense —más de cuarenta años— mientras impulsa exitosamente sus relaciones políticas y comerciales con la América morena por la que siempre batalló, y su economía tiene la mayor tasa de crecimiento del 2006 en América.

En ese contexto, Fidel enfrenta el trance inevitable entre la vida y la muerte, tanto en el terreno personal como en el que ha sido su pasión: el destino de la Revolución Cubana.

Su grave crisis de salud, previos incidentes en el 2001 y el 2004, tuvo —otra vez— un desenlace, médico y político, imprevisible para ciertos futurólogos. Frustró a Bush y al inverosímil Caleb McCarry, ostentoso "coordinador de la transición en Cuba" con 59 millones de dólares de presupuesto para "acelerarla" y asegurar el derrumbe del régimen. Ambos —y otros— esperaban de la naturaleza lo que no pudieron lograr los más de 640 atentados que propiciaron contra Fidel, y, claro, el desplome estatal.

Ni lo uno ni lo otro. De puño y letra, Fidel, como lo había ya anunciado en el 2001 ante las especulaciones desatadas por un desmayo que sufriera ("El más calificado es Raúl. Pero no solo está él, sino una pléyade de jóvenes nuevos y con talento en nuestro país"), encomendó sus funciones a Raúl Castro —segundo en la jerarquía— junto al ex ministro de Economía y jefe del Plan Energético, Carlos Lage, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, con el apoyo del presidente de la Asamblea, Ricardo Alarcón. No hubo atisbo alguno de maremoto social, ni movimientos cismáticos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No porque Cuba sea un paraíso sin problemas, sino porque hay ejes firmes, y está lejos de ser la URSS y de repetir su ciclo.

Fidel Castro y la dirección cubana —con realismo— están reflexionando y preparando su alejamiento del poder hace tiempo. Sin duda, cuentan con un aparato partidario y estatal fuertes, con mecanismos de control —estatales y sociales— que manejan la situación y fuerzas de seguridad comprometidas con el proceso, más allá de Fidel. Se vive una nueva situación política latinoamericana (Chávez, Lula, Evo, Kirchner…), que da otro escenario al intervencionismo y abre espacio económico a Cuba, lo que se refleja en una paulatina mejora del abastecimiento y en cierta reactivación económica. Pero, además, es indudable que para los cubanos en la isla la posibilidad de una agresión estadounidense, y sus reclamos subsiguientes, constituyen amenazas tangibles a sus derechos, propiedades y perspectivas. En Cuba se combina el aprecio a un padre de la Nación, Fidel y la demanda de estabilidad de los logros alcanzados, con la búsqueda de cambios en la calidad de vida y otros aspectos de la situación política.

Fidel mismo, en una entrevista concedida a Ramonet en el 2005, dice sobre Cuba y su futuro: "¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? ¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? Yo me he hecho a menudo estas preguntas. Y mire lo que le digo: los yanquis no pueden destruir este proceso revolucionario, porque tenemos todo un pueblo que ha aprendido a manejar las armas; todo un pueblo que, a pesar de nuestros errores, posee tal nivel de cultura, conocimiento y conciencia que jamás permitiría que este país vuelva a ser una colonia de ellos. Pero este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Nosotros sí, nosotros podemos destruirla, y sería culpa nuestra. Si no somos capaces de corregir nuestros errores. Si no conseguimos poner fin a muchos vicios: mucho robo, muchos desvíos y muchas fuentes de suministro de dinero de los nuevos ricos".

"Por eso" —continúa Fidel— "estamos actuando, estamos marchando hacia un cambio total de nuestra sociedad. Hay que volver a cambiar, porque tuvimos tiempos muy difíciles, se crearon desigualdades, injusticias. Y vamos a cambiar sin cometer el más mínimo abuso. Habrá una participación cada vez mayor y seremos el pueblo que tendrá una cultura general integral. Martí dijo: 'Ser cultos es el único modo de ser libres', y sin cultura no hay responsabilidad política."

Cuba, su dirección política y las juventudes que se forjan al calor de la "Batalla de Ideas" que se libra en la isla, están dando cara a estos retos y curso a una renovación dirigencial. Probablemente Fidel no retome el protagonismo que tuvo. Habrá cambios, propios del alejamiento de un fundador. Raúl, que gobierna más desde el partido que desde la escena pública, abre campo a nuevas figuras, generaciones y procesos. Cambiarán ciertas políticas en un proceso de rectificación y atención a la Batalla de Ideas (se sostiene que Raúl impulsó la apertura del mercado campesino y promovió —desde empresas de las Fuerzas Armadas— las primeras experiencias comerciales cubanas). Pero nadie se confunda: la Revolución Cubana no es un castillo de naipes y tomará en cuenta procesos como el chino o el vietnamita antes que el desastre de la URSS que entregó el poder a verdaderas mafias. Batallará infatigablemente por mantener la unidad y la soberanía nacionales, por defender y profundizar sus logros en materia de justicia social y desarrollo humano, y por desarrollar los canales de participación y protagonismo popular que requiere una sociedad libre y culta como la que sueñan.
Con los cambios que vengan, Cuba seguirá en la senda de Martí, el Che y Fidel.

La energía, el agua y los recursos naturales son hoy, temas fundamentales para el imperio norteamericano y los países desarrollados del norte. Ello hace de la América Latina y el Caribe un área estratégica y de disputa entre quienes buscan su control, y quienes batallamos por nuestra soberanía y desarrollo. Hace poco, Víctor Hugo Jijón, del Movimiento Pachacutik del Ecuador, hizo una extraordinaria presentación de esta problemática, en la que apoyaré esta nota.

En materia energética, es clara la brecha existente entre las reservas petroleras de los EE.UU. y los países desarrollados del norte, y sus requerimientos y niveles de consumo. Según British Petroleum, el 2001 las Reservas Probadas de crudos estaba claramente concentrada en el Medio Oriente, con 686,000 millones de barriles. Siguen, a distancia, Sur y Centroamérica con 96,000 millones de barriles, el África con 77,000 millones, la ex Unión Soviética con 65,000, los EE.UU. con 64,000, el Pacífico Asiático con 44,000, y, a la cola, Europa con 19,000.

OPEP controla 78% de las reservas mundiales de petróleo, a 80 años. Arabia Saudita va primera con 262,000 millones de barriles; Irak, con 112,000 millones; los Emiratos Árabes y Kuwait con 98 y 96,000 millones respectivamente; y Venezuela con 78,000 millones. Contrastando ello con la demanda de los EE.UU. y otras potencias, y constatando la lucha por actuar soberanamente de varios gobiernos del "tercer mundo", encontraremos razones más que evidentes a la invasión norteamericana en Irak, y a las tensiones con Irán, Venezuela, Bolivia y en el Medio Oriente.

Y es que EE.UU. tiene apenas el 2% de las reservas petroleras del mundo y produce sólo el 9% del petróleo mundial. Pero consume el 26% del total que se produce en el planeta, a pesar de tener sólo el 4% de la población mundial. El imperio consume también el 45% de las gasolinas y el 26% del gas mundial. Europa, con 13% de la población del planeta, consume el 21% del petróleo, 25% las gasolinas y 20% de gas del mundo, siendo el continente con menor reservas probadas de crudos convencionales.

EE.UU. consume 21 millones de barriles de petróleo al día e importa más del 50%. Importa 35% de Arabia Saudita y Canadá, 33% de América Latina y 32% del resto de la OPEP y otros países. Pero tiene petróleo propio sólo para 11 años de producción, pero si tuviera que consumir lo que requiere sólo de sus propias reservas, éstas durarían sólo 4 años. Para, incluyendo su campaña pro etanol, para el 2020 deberá importar el 77% de lo que consume. Europa y Japón importarán el 100%. La importancia de controlar el acceso a las reservas petroleras y la significación geopolítica de los países productores, para los EE.UU. y las grandes potencias, está más clara que el agua, que también les urge, así como los minerales estratégicos.

Jijón nos recuerda que 40% de los ríos y lagos norteamericanos y 75% de sus acuíferos están contaminados, y el 30% de la tubería de agua de la superpotencia, está deteriorada. Encarar estos problemas exige una inversión de 840,000 millones de dólares. Cifra astronómica y situación que hace apetecible a América Latina por sus reservas de agua. Y es que América del Sur tiene cerca del 47% de los recursos hídricos mundiales y la Amazonia recicla de 6 a 7,000 millones de toneladas de agua dulce al año, aparte de su invalorable biodiversidad. Pero algo similar ocurre en lo que refiere a minerales estratégicos. Pues los EE.UU. importan entre el 100 y el 90% del manganeso, cromo y cobalto, 75% del estaño, y 61% del cobre, níquel y zinc que consumen, 35% de hierro y entre 16 y 12% de la bauxita y plomo que requieren. Europa depende en un 99 a 85% de la importación de estos minerales, con excepción del zinc, del que depende en un 74% de importaciones del extranjero.

América Latina y el Caribe provén 66% del aluminio, 40% del cobre y 50% del níquel que los EE.UU. consumen. Y, esta parte el continente posee el 11% las reservas mundiales de petróleo y produce el 15% del total mundial. Difícil, a la luz estas cifras, tener duda de que somos un territorio en disputa y que hay poderosos intereses contrarios a gobiernos que defiendan nuestra soberanía y nuestros intereses en el manejo nuestros recursos naturales, para propender a nuestro desarrollo y no estar sometidos al ritmo y los intereses de los EE.UU. y las grandes potencias en el norte. Por ello, los EE.UU. tienen 34 bases militares en Asia Central y 7 en América Latina, con un presupuesto militar federal de más de 500,000 millones de dólares anuales el 2006 y un arsenal militar de armas de precisión del 80%.

Entendamos pues porqué EE.UU. reacciona no solo frente al histórico proceso revolucionario cubano, sino frente a las posiciones transformadoras y nacionalistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en su afán de recuperar control sobre sus recursos naturales Por qué ve con preocupación la ampliación del accionar soberano y de las políticas internacionales latinoamericanistas de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Nicaragua, o el crecimiento de tendencias nacionalistas, progresistas y de izquierda en México (donde se impuso un escandaloso fraude), en Colombia y en el Perú, a pesar de las maniobras que impusieron un gobierno neoliberal y servil con Alan García a la cabeza.

Pero, su preocupación y sus afanes, difícilmente harán que la figura integradora y antiimperialista de Simón Bolívar deje de crecer en la América morena.

Seis meses, y –probablemente- un importante dotación de pañales descartables para adultos, requirió el Fiscal Penal Superior, Edgar Chirinos, para volver a convencerlos que el Ministerio Público y el Poder Judicial no se caracterizan por su independencia del poder político de turno y por su disposición a hacer justicia. Chirinos, encargado investigar la matanza de el Frontón, emitió su resolución archivando definitivamente la investigación contra Alan García Pérez, su actual Vicepresidente Luís Giampietri y su fiel escudero Agustín Mantilla, eximiéndolos de responsabilidad intelectual y material por la matanza de cerca de 120 presos –muchísimos muertos al derruirse el edificio penal en que estaban atrincherados y otros tantos ejecutados extrajudicialmente con "tiros en la nuca"- en la isla penal de El Frontón (1986), mientras formuló cargos contra 24 marinos. La prensay buena parte de las fuerzas políticas, casi ha ignorado –convenientemente- el tema, aunque una Comisión Investigadora del Congreso de la época formulo serias acusaciones.

Ciertamente, la chiri-actuación no cierra la posibilidad de un juicio. Se trata de un delito de lesa humanidad, imprescriptible, y otro fiscal puede opinar distinto. Además, sigue abierto camino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ve el caso desde el año 2000, por denuncia de los familiares de algunos de los muertos y que, como bien ha señalado el abogado Carlos Rivera -del IDL- que lleva el caso, ha sido factor fundamental para que desde hace poco más de dos años exista un proceso penal, por este caso, contra diez oficiales de la Marina.

El razonamiento "jurídico" que perpetra el Fiscal Chirinos pretende que aceptemos que los casi 120 presos ejecutados extrajudicialmente –y enterrados clandestinamente- fueron resultado de la combinación de dos factores: la actuación temeraria, rompiendo la cadena de mando, de un oficial de la marina –Vega Llona- hoy convenientemente muerto, asesinado por Sendero Luminoso en Bolivia años atrás; y la actuación individual de algunos elementos de la Marina en "actos propios de la voluntad de cada persona que ha efectuado una acción de modo propio".

Chirinos oculta, olímpicamente, lo que está probado: durante las operaciones, estuvieron en la isla, el Comandante General de la Marina, su Jefe de Estado Mayor y otros jefes operativos, con mando sobre Vega Llona. Oculta que el entonces Jefe del Comando Conjunto ha declarado que el Presidente Alan García fue continuamente informado, entre el 18 y el 19 de junio sobre las operaciones militares en que se llevaban a cabo en la isla, por medio de teléfonos especiales. Oculta que García tuvo en la isla a su Viceministro del Interior y ex secretario privado, Agustín Mantilla, estuvo en permanente comunicación con él, y los exculpa de toda responsabilidad diciendo que Mantilla va a la isla por voluntad personal o –como si fuera equivalente- porque fue enviado por el Presidente, acompañando a la Comisión de Paz. ¿Total?

Exculpa al hoy Vicepresidente Giampietri, entonces capitán de navío operativo en la isla de El Frontón, cargándole toda la responsabilidad es a Vega Llona. ¿No sabe que fue Giampietri quien dirigió dos de los tres operativos que terminaron demoliendo el penal y aplastando a una importante cantidad de presos que-según revela la pericia médica- no participaban del alzamiento en curso?

Para colmo, Chirinos se vale de la mentira: dice que la isla estaba declarada como zona militar restringida, cuando ello ocurrió ya terminados los acontecimientos. Considera legales los entierros clandestinos ordenados por el Consejo de Ministros y pretende "probar" que el gobierno no quiso dar impunidad alguna los responsables de los crímenes porque sometió el caso al Fuero Militar, como si no supiéramos que éste era el mecanismo predilecto para garantizar la impunidad por crímenes del lesa humanidad.

Ahora 24 marinos cargaran con la culpa, mientras quienes dieron las órdenes y dirigieron la acción ocultan su responsabilidad. ¿No se parece al argumento de Chinochet Fujimori en Chile para evitar la extradición: fueron los militares? ¿No resulta tan antagónico y distinto a la hombría que practicó Miguel Grau?

Otra triste página judicial escrita por quienes se someten al poder y la mentira. Pero la verdad y la justicia puede que tarden, pero –al final- llegan.

Enviado por Partido Socialista

Vuelven con su gente –otra vez, como en los viejos tiempos– en la conducción de la Sociedad Nacional de Industrias y otros gremios empresariales, en ministerios, viceministerios y direcciones claves del Estado, o en el control de importantes espacios de comunicación social, inmaculados todos por el oportuno e intencionado olvido.

Vuelven con la bendición del Purpurado, con la garantía de las indulgencias que llevan su firma, auténtica y pura, envalentonados por su prédica desde el púlpito en contra de la "persecución judicial" a los responsables de las matanzas en los penales, y confiados en su sistemática "depuración" de la Iglesia de quienes guardan algún compromiso con la Iglesia de los pobres y la causa del cambio.

Vuelven con esperanza: si en el Perú un fiscal supremo excluye a García, Giampietri y a Mantilla del juicio por la matanza en El Frontón y sostiene que lo ocurrido allí fue producto de decisiones individuales de los marinos que operaron y de la quiebra de la cadena de mando por un oficial ya fallecido, pues no será imposible que en Chile se acepte la misma historia en boca de Fujimori para desembarazarse de sus responsabilidades en similares crímenes en Lurigancho, La Cantuta o Barrios Altos.

Vuelven desinhibidos, seguros de restaurar la Santa Inquisición y controlar el conocimiento "oficial". Vuelven para que catedráticos e investigadores universitarios profesen y enseñen sólo la Verdad, la que a ellos les fue revelada y confiada, para que la preserven por los siglos de los siglos y no permitan más que otros Galileos pretendan cuestionar que el Sol gira alrededor de la Tierra. Vuelven para demoler los cimientos del adoratorio pagano que –imitando a la sacrílega Universidad de San Cristóbal de Huamanga– han construido en la Universidad Católica para imponer la prédica y las falsas verdades de los infieles, para asilar filosenderistas caviar, o para servir de sucio escondrijo a los apóstatas de la CVR o de la Teología de la Liberación.

Vuelven con la espada desenvainada y los estandartes de sus sicarios del Grupo Colina desplegados al viento, desafiantes, reivindicando la valentía de quien dispara tiros en la nuca a sus adversarios desarmados o desaparece a sus opositores, valiéndose de los múltiples callejones oscuros de los sótanos del poder. Vuelven para decirles que no los abandonarán nunca más, que los reconocen como sus héroes de mil combates, que reivindicarán a los Santiago Martin Rivas y no permitirán más el abuso de quienes demandan justicia y verdad en el Poder Judicial.

Vuelven para que ni jueces ni fiscales se atrevan a demandar siquiera la presencia de quienes son investigados por delitos de lesa humanidad o de corrupción. Vuelven apelando a las lágrimas de una reina de belleza en el hemiciclo del Congreso o a la amenazante solidaridad de un comandante general con un vicepresidente citado apenas como testigo, y que se niega a comparecer ante un tribunal. Vuelven para tomar el Tribunal Constitucional con sus "asesores constitucionales y legales", los Aníbal Quiroga y abogados de los corruptos procesados, en la función de contralores de la constitucionalidad.

Vuelven –con su díscolo ex primer ministro a la cabeza y hoy tribuno-congresista oficialista, cual émulo del Cid Campeador– resueltos a demoler instituciones y personas de un sistema anticorrupción ya debilitado y desarticulado al que quieren darle un golpe de gracia y esparcir sus cenizas al viento. Vuelven para acabar con los procesos pendientes, semiparalizados hace tiempo por sucesivas maniobras de sus abogados y la complicidad de los poderes del Estado para impedir las sentencias y sanciones que corresponden por el golpe de Estado del 5 de abril, los salvatajes fraudulentos del Banco Latino y del Wiese (que costaron la friolera de US$ 900 millones de dólares al Estado), las privatizaciones amañadas que transfirieron a manos privadas y extranjeras los principales recursos naturales y activos del país, los privilegios tributarios que dejaron sin fondos necesarios a la educación, la salud o el saneamiento que los peruanos requieren.

Resulta difícil negar que lo ocurrido ratifica la firmeza y el nivel de la relación entre el alanismo y el fujimorismo. Decimos "ratifica" porque vuelve a evidenciar lo obvio desde julio del 2006: tanto los puestos de gobierno que comparten bajo la batuta de García como la paulatina recuperación de presencia pública de quienes, como Mantilla, jugaron de bisagra con el fujimontecinismo y ahora reclaman su espacio. Están Giampietri y Rey, ubicados en puestos claves, así como el ex abogado de Alberto Fujimori en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, la hija del prófugo en la presidencia de la Liga Parlamentaria de amistad Peruano-Chilena, y el hermanísimo del extraditable en la importante comisión parlamentaria de Minería. Ahora, el caso Pandolfi parece anunciar –por boca de Mercedes Cabanillas y Mauricio Mulder– que se trata tan sólo de la punta de un iceberg: hay muchísimos más.

Pero así como algunos ponen el parche y hablan de un "grave error político" imputándoselo al buen Jorge del Castillo, otros están interesados en hacer evidente que hay una alianza, sin temor de hacerla explícita. Los encargados de poner las cosas en su lugar han sido algunos de los principales aliados: Rafael Rey, vocero del Opus Dei y ministro de la Producción, y Luis Giampietri, vicepresidente de la República procedente del movimiento político fujimorista de Alex Kouri e involucrado –junto con Alan García y Agustín Mantilla– en el caso El Frontón (amén de sus antiguas relaciones con los trabajos y aparatos de inteligencia).

Rey transparentó su lógica ética y política: "Si se trata de consultarle a alguien que tiene experiencia, yo le consulto a cualquiera". Ni a Rey ni a García les interesa la inhabilitación a Pandolfi por el Congreso ni que fuera acusado por asociación ilícita para delinquir, peculado, apropiación ilícita, tenga diversos juicios en curso o que se le hubiera imputado –por la comisión investigadora pluripartidaria del Congreso– el gravísimo cargo de traición a la patria por la adquisición de armamento inefectivo, en pleno conflicto fronterizo, valiéndose de decretos de urgencia secretos, con grandes coimisiones a varios jefes militares y funcionarios del Estado. Tampoco les interesa el fracaso y la corruptela de Pandolfi en la operación El Niño, que provocó paros en Piura, ni sus vínculos con Montesinos. Sin desparpajo, reafirma su concepción política de que todo vale y sostiene: "Si yo tuviera una amenaza terrorista muy grave y estuviera en la necesidad de combatirla de inmediato, y encuentro que otros no tienen experiencia..., yo no tendría ningún inconveniente en consultarle incluso a un señor Montesinos preso... el consejo hasta de un conejo". No podíamos esperar menos de un aplicado alumno de Alberto Fujimori. Este, consultado como ponía a Vladimiro Montesinos a cargo de la lucha antidrogas habiendo sido abogado de narcotraficantes, señaló que precisamente el haber sido defensor de estos le daba el conocimiento y la calificación para encarar el tema. Quizás, hemos perdido la oportunidad de consultarle al jefe de Los Injertos sobre una adecuada política antisecuestros. De taquito, nos quedó claro a todos que es un hombre leal a sus amigos y que volvería votar, como lo hizo en el llamado Congreso Constituyente Democrático, por la amnistía a los miembros del grupo Colina.

Algunos se preguntan por qué Alan García compromete a su presidente del Consejo de Ministros en el nombramiento de un importante operador político fujimontecinista inhabilitado, haciéndolo pasible de una acusación constitucional e inhabilitación. ¿Soberbia de poder?

También podría pensarse que es parte del juego del poder en el seno del APRA: ponerle una cáscara de plátano a Del Castillo en la pugna partidaria con Luis Alva, Mercedes Cabanillas y Mauricio Mulder.

O quizás, una combinación de ambas: soberbia y maquiavelismo. Pero, a la vez, va abriendo cancha –en el sentido común de un sector de la gente– sobre la legitimidad de incorporar, abiertamente, a los operadores del fujimontecinismo a la maquinaria del poder: como quien se prepara ante la eventualidad de una nueva ubicación y circunstancia de Alberto Fujimori en la escena política nacional, como resultado del proceso de extradición pendiente en Chile.
Lo cierto es que el caso Pandolfi parece ser parte de un juego de ajedrez político más complicado.

En una reciente presentación en Lima, el senador chileno Jaime Gazmuri se preocupaba por el creciente alejamiento de los chilenos –especialmente los jóvenes– de la política partidaria y electoral, mientras daba cuenta de la movilización juvenil y de nuevos sectores sociales en masivas protestas y brotes de violencia en un país que muchos, como el Apra, consideran un modelo a imitar. Los viejos partidos peruanos y los fujimontesinistas envidiaban el sistema de los partidos chilenos, pero Gazmuri se preocupaba. Parece que la crisis del sistema de representación política que recorre América Latina toca las puertas al vecino del sur y que allí la gente también se va cansando con la forma cómo se maneja el Estado, la economía –siempre al servicio de los poderosos– y con las enormes desigualdades entre ricos y pobres que hay en Chile.

Curiosamente, era el día siguiente de la llamada "interpelación" al premier Jorge del Castillo. Esta había constituido un penoso espec- táculo de la inoperatividad del sistema político para ejercer un elemental control frente a la impunidad de quienes han saqueado las arcas del Estado, lucrado de la función pública y aprovechado del poder. Del Castillo quedó impune, blindado en la escena parlamentaria, a pesar de la evidencia de que no solo había nombrado a Pandolfi –ex primer ministro fujimontesinista procesado y prohibido por 10 años de ejercer función publica– sino que éste había ejercido función por varios meses a propuesta del propio presidente García y hasta negoció créditos con el Banco Mundial, aunque –como Montesinos– lo hiciera "ad honórem". Paralelamente, un masivo paro regional –que dejó dos muertos– sacudió Áncash y nos recordó la existencia del país real y sus cansancios ante el abuso del centralismo o de la evidencia de cómo la riqueza minera solo deja migajas al país y las regiones, fuera de la teatral escena parlamentaria. Como vemos, el gobierno ha cambiado para que nada cambie. Se quiere seguir manejando el Perú con los viejos estilos de siempre: los amarres a trastienda, como lo revela el caso Del Castillo-Pandolfi y la alianza Apra-fujimontesinismo. Con razón se dice que somos un país de oportunidades perdidas.

Sin embargo, contrasta cómo otros pueblos vecinos –Bolivia o Ecuador, por ejemplo– viven hoy procesos de cambios profundos basados en la decisión de la gente de asumir un protagonismo político y romper con sistemas que los excluyen del espacio político, convirtiendo a los ciudadanos y los movimientos sociales en invitados de piedra de una política manejada por argollas que sirven a los intereses de poderosas minorías y excluyen la voz, los derechos y la participación de las mayorías.

En Ecuador, hace varios años, los pueblos indígenas y los movimientos sociales vienen batallando por recuperar sus recursos naturales y el timón del manejo económico y del Estado para el progreso y el desarrollo del país. La batalla por una Constituyente que reforme integralmente el Estado y el manejo económico refleja la decisión de cambio de un pueblo que, mientras escribo esta nota, vota masivamente por el cambio contra los viejos argolleros de siempre, y trabajosamente busca darse formas de organización para conducir el cambio y abrir canales de participación y control bajo el gobierno de Correa.

En Bolivia, hace casi 12 años, un conjunto de organizaciones populares (Confederación Campesina de Bolivia-CSUTCB, Confederación de Colonizadores-CSTSC, Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa y los cocaleros), cansados de ser manipulados y engañados, decidieron construir un Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos para contar con su propia representación política. Se prestaron el nombre de MAS y se lanzaron a decidir sus políticas y elegir a sus propios candidatos para los cargos públicos. Ganaron presencia municipal y parlamentaria, fueron incorporando a nuevas organizaciones sociales y construyendo con la lucha política social, organización y liderazgos alternativos, hasta llevar a la victoria a Evo Morales e incluir a los excluidos de siempre al manejo de los destinos del país y del Estado, por primera vez en su historia. Y, claro, junto a la recuperación de sus recursos naturales y de la renta que generan, se lanzan a construir nuevas formas de representación política –en la que se rinde cuenta a las organizaciones sociales y al pueblo, y estos controlan el poder– impulsando una Constituyente que institucionalice una nueva política.

Este es el resultado de la desregulación laboral neoliberal y de la desarticulación de la organización sindical brutalmente impuestas por el fujimorismo y mantenidas por el toledismo y el alanismo. No crearon ni formalizaron nuevos empleos en pequeñas y micro empresas, sino que precarizaron y pauperizaron los existentes en la mediana y gran empresa. Resultado de ello es que las ganancias empresariales han subido por ascensor y los sueldos y salarios se mantienen –en lo fundamental– en el sótano.

Por ello, ahora –directamente y sin tapujos– los trabajadores mineros levantan su pliego y lanzan su huelga nacional enrostrando a Alan García su programa electoral. Cansada del incumplimiento de su compromiso de restituir los derechos laborales y de acabar con las "service" y la tercerización del empleo sin derechos sociales, la Federación Minera pone el dedo en la llaga: quieren trabajo con derechos. Sus demandas son casi subversivas, si estuviéramos a inicios del siglo pasado: jornada de 8 horas diarias, dación de la Ley General de Trabajo, participación de los trabajadores en el 10% de la riqueza que generan (sin topes), derecho a libre desafiliación de las AFP y restitución del aporte de las mineras –con un 0.5%– al fondo de jubilación del sector, así como el pase a planillas de miles de miles de trabajadores en service y contratas que los sobreexplotan.

El caso de más de 800 trabajadores de service en Shougang, Marcona, es ilustrativo: tienen años laborando en lo que se supone es trabajo no permanente, ganan menos de la tercera parte de los que están en planilla, no reciben reparto de utilidades y hasta tienen que alquilar vivienda y pagar agua en el campamento minero, mientras muchísimos trabajan 12 horas diarias. O Casapalca, donde la empresa de Gubbins puede reprimir –con la policía del gobierno alanista y matones– a los trabajadores por el "delito" de sindicalizarse y reclamar sus derechos, despide 70 trabajadores, escamotea su participación en la utilidades e impone 12 horas diarias de trabajo con sueldos que –denuncian ellos– bordean los 350 soles.

García –en campaña– se presentó como el campeón de los derechos laborales. A nueve meses de gestión sólo vemos un aborto sus promesas. Explicable porque es el engreído de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y de las transnacionales que manejan a su antojo nuestros recursos naturales. Un Cid campeador del libre mercado y de la desregulación laboral, el candidato del "cambio responsable" se ha convertido en el responsable de congelar la injusta situación de millones de trabajadores peruanos y de olvidar su compromiso de establecer un impuesto a las sobreganancias mineras. ¿Pueden imaginar que un sector productivo que ha tenido utilidades declaradas de casi 14,000 millones de soles el 2006, tenga sectores mayoritarios de sus trabajadores en regímenes como los denunciados? ¿Puede ser justo que mezquinen derechos a los trabajadores y a las regiones empresas que pueden reinvertir–sin pagar impuesto a la renta o canon–utilidades por cientos de millones de dólares (más de $500 millones de impuestos no pagados sólo entre Southern, Shougang, Yanacocha, Cerro Verde y, recientemente Volcan)? ¿Manejará bien las cosas el Ministerio de Energía y Minas teniendo de viceministros a abogados de mineras contaminadoras como Doe Run y de empresas eléctricas que no pagaron cientos de millones en impuesto a la renta amparándose en el DS 120-94 de Camet y Fujimori? ¿Con el gato de despensero?

Ya en el gobierno –en alianza con el fujimorismo, UN y la derecha empresarial más poderosa– se convirtió en un Toledo II, un ayayero del TLC Sí o Sí. Ante el planteo de los demócratas, mayoría en el Congreso de EEUU, para renegociarlo extendiendo la vigencia del ATPDEA por unos 2 años para que nuestros productos sigan ingresando al mercado norteamericano libres del pago de aranceles, se quedó mudo.

García sabe que este TLC afecta severamente a la mayoría de productores agropecuarios que serán sometidos a una competencia desleal e insostenible con los subsidios norteamericanos. Está claro que no puede compensar esos subsidios y perjuicios porque no tiene la plata ni la voluntad política. ¿Acaso no vemos las continuas huelgas de los algodoneros para que el gobierno cumpla con devolverles una parte del IGV generado por la venta y que el gobierno no cumple? ¿Cómo compensaría al resto? Sabe que el TLC fija una política sobre patentes que encarecen nuevos medicamentos y agroquímicos para los peruanos al alargar plazos para la comercialización de genéricos más baratos. No hizo nada y fueron los Demócratas allá los que pugnaron por flexibilizar en algo las leoninas condiciones establecidas. ¿Alguien cree que compensará las alzas con subsidios si no puede ni resolver las demandas de las enfermeras? Él sabe que el TLC cercena el derecho y la soberanía del Estado para establecer una reforma tributaria que haga que pague quien gana más y recupere recursos para dedicarlos a salud, educación o agricultura, en lugar de que se vayan al extranjero. Sabe que el TLC nos prohíbe siquiera establecer condiciones al inversionista extranjero que venga para obligarlo a usar mano de obra y materias primas nacionales, a transformar progresivamente los recursos naturales que extrae, a transferir tecnología, etc. Nos impide prohibir determinadas inversiones extranjeras en sectores estratégicos, como ahora lo exigen los demócratas, pero solo para los EEUU y sus puertos, lo que él aceptaría, en desiguales condiciones para el Perú.

Los voceros parlamentarios de los demócratas y los republicanos han llegado a un acuerdo para introducir cambios en el TLC con Perú. Lo han anunciado con la limitante de no haber consultado con sus propias bancadas, ni con las centrales sindicales. No conocemos el texto, porque lo que hay es un acuerdo conceptual sujeto a redacción, pero sabemos que no tratan el tema agrario. Tocan temas laborales, medioambientales, de acceso a medicamentos, protección a inversiones norteamericanas y derechos soberanos respecto a sus puertos. Algunas cosas pueden ser positivas como la obligación a garantizar libre sindicalización y efectiva negociación colectiva (cuando en el Perú más del 80% están fuera de esos derechos y tienen jornadas laborales y salarios miserables), la obligación a no reducir los estándares laborales (mientras aquí se traba la Ley General del Trabajo para no establecer estándares razonables y más justos) o la abolición del trabajo infantil (cuando tenemos miles de niños trabajando inhumanamente en minas de oro y condiciones inaceptables). Y que habría algunos pequeños cambios en el tema de medicamentos. Pero también se dice que hasta se pretendería que los norteamericanos inspeccionen y den visto bueno sobre nuestra política de protección a los bosques y prohibición de la tala ilegal de ciertas maderas, renunciando a elemental soberanía, sin contrapartida gringa.

García casi ha decretado fiesta nacional por los acuerdos entre los partidos norteamericanos y anunciado que aceptaremos lo que nos pongan por delante a firmar –de ser posible eludiendo hasta el debate en el Congreso Nacional– en lugar de intervenir en buscar cambios sobre los temas sustantivos que nos afectan: el agrario y los multimillonarios subsidios norteamericanos; la inaceptable protección a inversiones extranjeras recortando la soberanía, la función tributaria y la capacidad de planeamiento del Estado; el manejo de patentes para medicamentos y agroquímicos que nos encarecen; la protección a nuestra biodiversidad, ante el compromiso de que el Perú tome medidas para pretender patentar nuestras plantas; etc.

Georgina fue detenida, inicialmente junto a su madre y su hermano de ocho meses, cuando las autoridades de las comunidades de su localidad les pidieron ir a Vilcashuamán a declarar sobre un terrible crimen cometido por los senderistas en la hacienda Ayzarca. Al presentarse, las encarcelaron para que se presente su padre a la dependencia policial. Éste se apersonó unos días después y quedó preso junto a la madre. Ella retornó a ver a sus hermanos, en la lejana comunidad, pero una incursión de los sinchis en su casa comunal desbarató el lugar y la regresó al puesto policial. Esta vez, los padres ya no estaban. Interrogada y encerrada en una estrecha celda –que visité meses después por una investigación congresal– sufrió múltiples violaciones y fue brutalmente golpeada esa noche. Aunque los primeros "exámenes médicos" de un teniente coronel de la Policía certificaron que no había lesiones externas, quedó embarazada. Pensaba, presa en un penal para adultos siendo menor de edad, que la criatura sería un monstruo con siete cabezas. Quería sacárselo del vientre, saltaba, se golpeaba con desesperación en las noches, rumiaba su miedo, su humillación su dolor. Luego de más de 4 meses, logramos que salga libre y finalmente nació la criatura –a la que el ministro del Interior le propuso lo llamara Sinchi o Sincha– y Georgina, que había decidido entregarla en adopción, se quedó con ella. Tiene 25 años hoy.

Pero en el juicio en el que se veía su violación, dentro del proceso del crimen de la hacienda Ayzarca, los ilustres vocales del Sétimo Tribunal Correccional del Lima –Carlos Hermoza Moya (luego ministro de Justicia de Fujimori), el célebre A. Rodríguez Medrano y el Dr. Bernal Matallana– absolvieron a los acusados de la violación sexual. Los argumentos fueron dos: Georgina habría declarado en una oportunidad que la violaron tres personas y en otra que fueron seis (incongruencia inaceptable en una niña campesina y quechuahablante), no existiendo "prueba alguna (¿y el embarazo?) que determine la autoría de los procesados, quienes han ofrecido versiones lógicas sobre los actos practicados en la fecha de la detención(¡¡!!), y porque las imputaciones a los miembros policiales en este caso de la violación sexual y maltratos físicos no son sino la ya conocida reacción de la violencia contra la ley, del delito contra la ley..."

A 26 años de lo ocurrido, gracias a la investigación de la CVR, se está reabriendo el caso y, por primera vez, he sido citado a testimoniar lo que conozco. Nunca se ha practicado siquiera un examen de ADN. Como Georgina hay cientos de casos, de mujeres violadas y sometidas a violencia sexual por elementos de las FF.AA. y Policiales, y por elementos de Sendero Luminoso. Numerosos instrumentos internacionales–suscritos por el Perú– consideran la violencia sexual como un delito de lesa humanidad y crimen de guerra. Y ello los convierte en legislación nacional y obliga a prevenirlos, investigarlos y sancionarlos.

Pero no pasa nada. Los Ministerio de Defensa e Interior no colaboran en identificar a los imputados o presuntos responsables y ponerlos a disposición de los juzgados (como en muchos casos de violación de DD.HH.). Tampoco se cumple con las reparaciones debidas, aunque ellas nunca restituirán a las mujeres el grave daño generado.

No se adapta la legislación nacional como lo planteó la Comisión Especial Revisora del Código Penal al proponer un Libro Tercero para regular el delito de genocidio, los delitos de lesa humanidad y los delitos contra el derecho internacional humanitario. La Comisión de Justicia y DD.HH. del Congreso tiene congelado este proyecto de ley. Y el Poder Judicial sigue operando como si la mujer debiera probar ser inocente, tener conducta intachable y "propia" para sancionar con energía los casos de violencia sexual.

Alentado por el contraste entre el discurso oficialista de que "la economía crece como nunca" y la triste realidad de las mayorías hambrientas -que siguen en la miseria y la marginación de siempre- sordamente, el malestar social cobra forma y voz propia. Lo alimentan el abuso y la arrogancia, el exceso de riqueza y la indiferencia de los nuevos 12 apóstoles –en su mayoría mineros y banqueros extranjeros o sus testaferros- que otra vez copan la mesa de Garci-mori y su gobierno. Y claro, echan leña al fuego, la escandalosa evidencia de un "shock de inversiones" convertido en un "shock de coimisiones" y un Congreso en que los escándalos de peseteros y aprovechadores se multiplican.

Desde abajo, se entrelazan movimientos y autoridades regionales con movimientos sectoriales de trabajadores y productores. Toman la forma de marchas y protestas, de huelgas y gente que ocupa plazas y carreteras en diversos puntos del país. Ancash y Loreto en pie de lucha, frente al centralismo gubernamental del candidato del "cambio responsable" convertido en garante de que no habrá cambio. Huánuco, que estuvo junto a los cocaleros que reclamaron atención a su problemática, económica y social, no simplemente policial. Las demandas de Arequipa, Tacna, Piura y Cajamarca frente a la insaciable sed de ganancias y la prepotencia minera. Y los agricultores de Piura movilizados en las carreteras ante el incumplimiento gubernamental de pagar el reintegro a los algodoneros o exigiendo que los proyectos de irrigación otorguen tierras a quienes no las tienen y no a nuevos y crecientes latifundios; o los trabajadores mineros, recordándole al Presidente que ofreció eliminar los "servis" y restituir derechos laborales, pero que no lo ha hecho y que ya no están dispuestos a seguir esperando. No olvidemos a las enfermeras y trabajadores de salud. Es cansancio que se va convirtiendo en acción, ante el exceso de verborrea incumplida desde Palacio. Desencanto ante actas y compromisos que no se implementan como ocurre con las enfermeras o la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú que ha acordado reanudar su huelga nacional el 3 de julio, al concluir el plazo dado al gobierno.

Pero es desde el campo, donde se concentran los más altos índices de pobreza, que viene ahora el grito de los excluidos. Sin la atención de los grandes medios ni los reflectores de la televisión sometida al régimen y sus socios, en la simbólica Ayacucho, se realizó el 9 de mayo pasado el II Tupanakuy. o Encuentro de comunidades. Participaron la CCP, la CNA y CONACAMI, y estuvieron invitados el Presidente de CONVEAGRO y parlamentarios de zonas agrarias. Su debate llevó a la exigencia de un cambio de rumbo del país: una Asamblea Constituyente que abra paso a un nuevo régimen politico, descentralista y con una verdadera democracia participativa que dé curso a un efectivo control de la gente sobre las autoridades, y que le permita al Perú recuperar el control sobre sus recursos naturales y beneficiar, con justicia, de la extraordinaria renta que generan para invertir en su desarrollo y progreso, sin agredir el medio ambiente ni maltratar al agro. Demandaron –como medida inicial- se cumpla con el compromiso presidencial de aplicar un impuesto a las sobre ganancias mineras para invertir en educación, salud, saneamiento e infraestructura, y que se enfrente la aguda crisis que sufre el agro nacional. Ciertamente, los campesinos y productores agrarios no pasaron por alto el tema del TLC con los EE.UU. y exigieron que se proceda –como los demócratas lo han hecho en el país del norte- a la revisión integral del mismo por ser lesivo para los intereses de la mayoría absoluta de productores del campo y a los intereses del país.

El Tupanakuy acordó llamar a un Paro Nacional Campesino y Agrario para el 11 y el 12 de julio próximos.

Y la reciente Asamblea Nacional de delegados de la CGTP, realizada con más de 400 delegados una semana atrás, acordó convocar a una Jornada Nacional de Lucha este 11 de julio, sumando fuerzas de movilización en las zonas urbanas al Paro Campesino y Agrario, y a la lucha que anuncian reanudar los mineros, junto con otros sectores sociales.

El Gobierno usa la escopeta de dos cañones. Por un lado, con su negociador estrella de Primer Ministro ofrece –en actas vagas e imprecisas- formulas insulsas e inconsistentes frente a demandas concretas que, en ocasiones, un movimiento social incipiente y desarticulado, acepta hasta que constata el fraude. Entonces, altanero al quedar descubierto, cree que criminalizando la protesta social y política, o militarizando su trato, podrá acallarla. Piensa, por ejemplo, que acallará la denuncia contra un TLC lesivo a los intereses del país procesando judicialmente –y desaforando- a los parlamentarios electos que protestaron en el mismo hemiciclo del Congreso contra la pantomima de sesión (que programó 120 minutos para un debate de 120 parlamentarios) en la que se impuso el TLC. Cree que así echará una cortina de humo a la traición del compromiso electoral de García, ya coronado Garci-mori en la segunda vuelta con los votos del fujimorismo y UN, que había ofrecido retirar la firma de Toledo si firmaba y revisarlo línea por línea.

Alan sabe lo que es estar perseguido. Así se lo ha hecho saber a Alberto Kenya Fujimori. No ha manifestado satisfacción ni alegría al pronunciarse sobre el dictamen de la Fiscal Suprema de Chile, Mónica Maldonado, que opina por la extradición del prófugo para que responda por 10 casos de grave violación de DDHH y de corrupción. No ha resaltado que la Fiscal haya encontrado indicios más que suficientes –en prácticamente todos casos presentados– para que el más corrupto gobernante del siglo XX responda a proceso en el Perú. No ha saludado como una garantía para el proceso y para evitar una nueva fuga del extraditable la disposición del juez Urbano Marín de ordenar su arresto domiciliario.

El Presidente parece más bien deprimido por este paso importante para que el reo contumaz responda por los graves cargos que se le imputan. Con una "austeridad verbal" que le es genéticamente ajena, pide serenidad, habla contra el encono, y dice que no hay que "politizar" el caso. ¿No le satisface que se abra la puerta para que se juzgue a Fujimori por las cobardes y crueles matanzas de Barrios Altos y La Cantuta? ¿Le parece que el país no hace bien en exigir juicio a sanción por los crímenes cometidos o por la compra de armamento "bamba" en pleno conflicto con Ecuador, por la "indemnización a Montesinos por US$15 millones o por el espionaje telefónico? ¿No comparte la sed de justicia y de que se castigue el abuso y la ladronería en un gobernante y su entorno, o son otras sus preocupaciones? ¿Por qué no le enmienda la plana a su vicepresidenta cuando declara "no sé si se tenga que extraditar a Fujimori o no… hasta donde yo he visto… no han existido las suficientes pruebas", como si no fuera el Estado peruano –del que ella es vicepresidenta– quien está reclamando la extradición de Fujimori? ¿Por qué calla frente a su congresista y ex premier fujimorista Javier Valle Riestra, que insiste con el psicosocial de que "la extradición está perdida" cuando el Estado peruano es el titular de la acción? ¿Autogoles por la huacha?

Claro, Alan tiene empatía con los perseguidos. Él la ha sufrido en carne propia. ¿Acaso no tuvo que exiliarse con Fujimori? Anduvo recluido, casi preso, entre ese horrible barrio exclusivo de París y las zonas residenciales de Bogotá, alejado de sus compañeros, pero contando siempre con el apoyo de su familia y de todo el sostén afectivo y psicológico necesario para mantenerse enhiesto. Ahora comprende a Fujimori, sufriendo el "arresto" domiciliario en Hacienda Chicureo, en Santiago, solo en esa exclusiva residencia con campos de golf, lagunas y centros de equitación. Pero, ¿será sólo empatía en el dolor o habrá algo de esa extraordinaria grandeza de perdonar y aliarse con su perseguidor?

¿Quizás le preocupa que La Cantuta y Barrios Altos traigan recuerdos de que siguen abiertos graves casos de violación de DDHH durante su primer gobierno: la matanza de penales (que compromete también a su vicepresidente Giampietri y a su compañero Agustín Mantilla), la de Cayara –donde mataron a todos los testigos que declararon, perdieron el expediente y echaron al fiscal fuera de Ayacucho– o que se recuerde que los asesinos de Accomarca están esperando en fila la posibilidad de ser extraditados al Perú desde los EEUU? Se le puede mover el avispero. ¿Podría ser que los casos de corrupción exacerben el malestar frente a la que hoy se da o que pongan en evidencia tecnócratas y cuadros fujimoristas, o empresarios del entorno de entonces, que hoy están entre los favoritos de Palacio y del poder? ¿Será que algunos de los que hoy manejan el aparato de inteligencia paralelo y privado, del entorno de Giampietri, podrían aparecer vinculados a los casos materia del juicio? ¿Y si aparecen nuevos videos? ¿Alguito más de las conversaciones de Mantilla y Montesinos negociando el apoyo a la re-reelección de AFF a cambio del retorno de AGP? Pero, quizás lo que más angustia a García es la estabilidad y el costo de su alianza con el fujimorismo. Ya se lo advirtió Keiko y, aunque su concentración el día de la decisión fiscal fue raleadísima, le recordó que podrían movilizarse. Esto le mueve el piso, aunque –hasta el momento– todo había ido tan bien con la serenidad, el silencio, el "apoliticismo" y la ausencia de compromiso con la extradición que el país reclama. ¡Si hasta le dieron la presidencia de la Comisión de REEE al abogado de Fujimori y la liga parlamentaria de Amistad Peruano-Chilena a su hija!

Pero no todo está perdido, Alan. Quizás logran un arreglo en Chile y no lo traen, aunque tendrá un costo en el prestigio jurídico de los magistrados que asumen un voto contra la extradición. Finalmente, podrían esforzarse para que el gobierno de Bachelet no lo entregue, aunque con los antecedentes familiares de lo ocurrido con su padre, ¿sería tremendo, no? Pero lo último que se pierde es la esperanza. Y, claro, está el frente interno. El peso del fujimontecinismo, la derecha conservadora y del aprismo en el PJ –combinados con la corrupción– han resultado muy eficaz en juicios tan notorios como el Latino y el Wiese, los ministros de Economía, y en gran parte de aquellos por DDHH. A lo que ha ayudado mucho la actitud de los ministerios de Defensa e Interior, negándose a identificar acusados o a ponerlos a disposición, y los psicosociales distractivos en la prensa mayoritariamente adicta al régimen de la superconvivencia.

Los perseguidos están deprimidos, pero no perdidos. La batalla es larga e intensa para impedir que se escriba una nueva página de impunidad en la historia del Perú, y si el país está alerta, dispuesto y movilizado, la podremos ganar.

Piense en Oscar Fernández o Julio Raymundo, obreros mineros de Casapalca, entre los 30 y 40 años. Suponga que, como a ellos, lo despiden abruptamente de su trabajo. Su único ingreso es su salario, entre 19 y 26 soles por trabajar 12 horas diarias. No ahorra mucho, ¿no es cierto? porque tiene que pagar el menú diario y mantener a su familia. Imagínese en Casapalca, a 4,200 metros sobre el nivel del mar, trabajando en tareas permanentes, pero en una de esas "contratistas" o "servis" que abundan en el rico sector minero y que "son y no son" de los dueños de las minas (en este caso, los Gubbins). Usted es uno de esos cientos de despedidos en masa, como si fueran ganado, semanas atrás. Todos piensan, ¿y las familias? Acaso usted ha olvidado que está en un país moderno, en el que rigen las leyes de mercado, desde Fujimori. ¿Se confundió? ¿Creyó que estaba hablando con una beneficencia? ¡Esta es una empresa de la poderosa Sociedad Nacional de Minería! Claro, sus dirigentes acudieron al Ministerio de Trabajo para que cautele sus derechos… y usted esperó, allá, en ese frío terrible, con la olla común. Pero, no pasa nada, ni negociación, ni solución. La empresa los planta en 8 citaciones del Ministerio. ¿No era que no se podía tener en "servis" o contratas a los que desarrollan trabajo permanente? Pero el gobierno "no puede" hacer valer sus derechos, ni dar una salida. Ni a usted ni a los demás.

Usted piensa: "Ocupemos la Carretera Central", junto al campamento, "para que se enteren de lo que nos pasa y nos atiendan. Para los medios no existimos, no importamos". ¿Acaso en La Oroya, cruzando Ticlio nomás, no respiran aire con plomo y más del 98% de los niños se envenenan con hasta 6 veces más plomo en la sangre que lo permitido? ¿Y no sigue la empresa sin aplicar las medidas medioambientales y el Ministerio alargándole los plazos a pesar del daño a la salud y al desarrollo de los niños? Tener chamba cuesta, a veces la salud. Pero "ahora, exige llamar la atención para que nos vean y entiendan que tenemos razón. Por eso, ocupamos la carretera y exigimos a los ingenieros".

Y entonces usted ve llegar a la policía, enviada por el gobierno, a "imponer el orden". ¿A restituir sus derechos frente a un despido brutal y abusivo? ¿A sentar a la empresa y los trabajadores a negociar como debieron hacerlo en el Ministerio de Trabajo? ¡No! A desalojarlo a usted y sus compañeros de las pistas. Y en los medios de comunicación nadie se ocupa. Las pantallas y los titulares están ocupados con el menú del restaurante Fiesta y la comilona de los Mantilla, el fujimontesinista López Meneses, dos militares con antecedentes de corrupción y el Dr. Ríos, candidato "sin padrino" pero seguro al TC, en una lista amarrada por los negociadores del APRA, el fujimorismo, UPP y el PNP. Sí, seguimos en lo de siempre: la mermelada, el arreglo bajo la mesa, las cuotas para protegerse las espaldas… Pero nadie se ocupa de usted, del trabajo perdido por centenares como usted. Y está harto. Entonces decide que no permitirá que lo arrinconen como a un perro sarnoso en una esquina, a terminar de morirse de hambre con sus cachorros. Resiste, porque el futuro es el hambre y usted necesita pan. Le echan plomo, a usted y sus compañeros. Y siente caliente, ve sangre y la cara de su mujer y sus hijos, y se van difuminando, poco a poco, entre las sombras y los gritos y la gente... hasta que todo oscurece.

Ya partió. También se fue otro compañero. Y un viejito, en la carretera, porque no pudo pasar para un centro médico de esos que solo hay en Lima, no en La Oroya ni en Huancayo o Pasco de donde seguro venía. Entre los trabajadores, agitados, los hay dolidos y asustados; otros más decididos a no retroceder. Unos discuten lo ocurrido y lo que podría pasar mañana, otros rumian la necesidad de estar más organizados, de agruparse, de tener más fuerza para detener el abuso. Y los niños graban en sus retinas su cuerpo tendido en el lodo, con el casco aún puesto y la casaca cubriéndole el rostro. Y, por la TV, aunque usted ya no lo ve, el Premier –siempre tan ponderado– expresa su solidaridad con los mineros y su posición principista contra la explotación de los trabajadores. Hasta ofrece una "nueva" reunión con la empresa.

Su mujer lo escucha en la radio. No entiende un carajo. Se quedó sin marido y sus hijos sin padre, por luchar por un trabajo de una veintena de soles diarios. ¿De qué solidaridad habla Del Castillo? ¿No es su Ministra la que no llevó a la empresa a ninguna reunión y su Ministro del Interior quien ordenó la brutal operación policial? ¿Donará el ataúd? ¿Y quién le devuelve a su esposo? Se siente confusa, con miedo, herida. Y en su dolor, escarba en su pasado y se pregunta qué ha hecho mal para que esto le pase. ¿Dónde pecó, dónde le faltó a Dios? Y el vacío que usted le deja se llena de sed de justicia, de ira santa, como miles de peruanos y peruanas.

A menos de un año de gobierno, la popularidad de Alan García parece haber iniciado una suerte de caída libre: de 63% de aprobación (agosto 2006) cae a 42% en junio 2007. El 49% lo desaprueba, y a su alfil, Del Castillo –el rey de la mecedora–, lo desaprueba 50% y solo 36% lo aprueba. En el macrosur y el oriente del país la desaprobación al gobierno oscila entre 80 y 70%. El Congreso corre peor suerte: lo desaprueba el 75% nacional y 81% de la gente no se siente representada por él. Y claro, 64% de los encuestados apoyan las protestas expresadas en la oleada de reclamos y huelgas de trabajadores y campesinos, movimientos regionales y locales que recorren el país.

¿Qué pasa? Se preguntará García. "La economía crece a 7% anual, lo digo a diario, en cada discurso, y generamos más riqueza. Presido un gobierno con un boyante presupuesto. Anuncié un shock de inversiones (no es mi culpa que terminara en un "shock de coimisiones"). Logré un Parlamento sumiso en base a la firme alianza con el fujimorismo y la derecha política. Soy el engreído de las transnacionales mineras y financieras. Analizo sistemáticamente la situación con empresarios-directores de las agencias de seguridad e inteligencia que trabajan para ellos y presido cuando quiero la mesa de los 12 apóstoles. Me apoyan el BM, el FMI, la Embajada. Y cuento con el apoyo de buena parte de los grandes medios de comunicación. ¿Entonces?".

Lo que pasa es simple, Alan. Se resume en frustración y hartazgo. Es el resultado del continuismo de la corruptela y el abuso de poder, de la política económica neoliberal, inhumana e inmisericorde con la gente y sometida a los intereses de los más poderosos. Es el resultado de adoptar el programa de UN y el fujimorismo, y de cooptar a sus tecnócratas, a sus ministros y sus parlamentarios. Es el precio de haber abandonado los compromisos electorales de "cambio responsable" para convertirte en el responsable de que no haya cambio.

Sí, la economía crece, pero el pueblo no progresa. ¿Acaso no trabajamos fuerte? ¿No tenemos recursos naturales, exportaciones crecientes y alto precio de nuestros minerales que generan mucha plata? ¿A dónde se va, quién se la lleva? La podredumbre política en las compras gubernamentales y en el Congreso es creciente. Y, encima, cuando la gente pide pan y trabajo, nos responden con plomo y despidos, como en Casapalca y Marcona.

La gente quiere una Nueva Política Económica que genere crecimiento con progreso para todos y priorice a los trabajadores de la economía popular, especialmente en el agro y los micro y pequeños empresarios, que no esté sometida a los intereses de la gran minería, los bancos y las transnacionales. La gente exige más presupuesto para Salud, Educación, Agua y Desagüe, infraestructura, políticas sociales. Y para ello se requiere una profunda reforma tributaria, en la que pague más el que gana más, evitar nuevas privatizaciones de empresas públicas, así como recuperar los recursos naturales de la Nación y ponerlos al servicio de su desarrollo y no de un grupo de transnacionales. Ello exige de inmediato el impuesto a las sobreganancias, incumplido, y recursos para financiar un verdadero Seguro Universal de Salud y financiar el Proyecto Educativo Nacional orientado a la formación integral del educando, con apoyo de alimentación, atención de salud, jornada escolar completa y una Ley de Carrera Pública Magisterial renovada.

Una Nueva Política Económica debe incluir un aumento de salarios, trabajo digno, con jornada de 8 horas, derechos sindicales y de negociación colectiva: una Ley General de Trabajo justa ahora. Darles solución a los despedidos, cesar la represión a los dirigentes perseguidos y acabar con la criminalización de la demanda social y laboral, así como el incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno y sus ministros. Igualmente hay que poner fin a los aparatos de inteligencia privada al servicio de los grandes empresarios dirigidos contra el pueblo y sus organizaciones. En el agro, que anuncia un paro para el 11 y 12 dejulio, las demandas son claras: No a la privatización del Agua y por el respeto al derecho a la tierra, el agua y la salud de las comunidades campesinas amenazadas por las transnacionales mineras. Y, ciertamente, la necesidad de impedir se nos imponga un TLC con EEUU lesivo al país, a su soberanía nacional y a la mayoría de los agricultores.

Pero el país también sabe que se necesita una profunda transformación del Estado: devolvérselo a la gente, inyectarle moral y dotarlo de transparencia, descentralizarlo. La gente quiere autoridades sin privilegios y corruptelas. Quiere que respondan por sus delitos y acciones dolosas, como debe hacerlo Fujimori, repatriándolo, a pesar de la inacción de García. Demanda gobiernos regionales y locales fuertes, con recursos; pero también la forja de una democracia participativa e inclusiva que permita el control ciudadano sobre las autoridades, la obligación de rendición de cuentas y la revocatoria del mandato de aquellas que incumplan o se corrompan. Ello debe permitir una real participación de la gente y los beneficiarios en la administración de servicios y en el diseño de políticas sociales de salud, educación, alimentación y vivienda, dirigiéndolas al desarrollo de la persona y sus capacidades.

A muchos peruanos y peruanas les queda cada vez más clara la necesidad de una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución que ponga fin a la fujimorista y recupere derechos sociales y funciones del Estado, para acabar con un régimen político ajeno a la gente.

Una vez más, el "chino" Fujimori corre. Intenta evadir sus responsabilidades y evitar riesgos, corriéndose. Es en las circunstancias difíciles y complicadas que se le caen las caretas de "estadista" y "líder" para que veamos su verdadera cara: la de un cobarde.
¿Lo recuerdan corriendo a la Embajada japonesa cuando el General Salinas Sedó intentó dar un golpe institucionalista para sacarlo del poder, con apernas un puñado de militares y civiles?

¿Recuerdan su voz temblorosa y vacilante en la conversación telefónica –grabada y difundida- camino a su Embajada?
¿Acaso fue a Palacio a resistir y defender su gobierno y su gente? No, se fue a su covacha japonesa.
¿Y no corrió del país, siendo presidente de la república, haciendo abandono del cargo pero no de sus riquezas, porque se las terminó de llevar en decenas de maletas (ya bastante habían sacado su hermana y su cuñado, embajador "peruano" en Japón), fingiendo un viaje de Estado?

¿Acaso no lo planificó cuando vio la Marcha de los Cuatros Suyos, cuando vio el hartazgo de la gente -de los jóvenes, los movimientos populares y regionales- con la corruptela y del abuso generalizado de su gobierno?
¿No se acuerdan que arrancó vuelo después de pagarle $15 millones de dólares de CTS (compensación por tiempo de servicios) a su siamés Montesinos, luego de que apareció la puntita de la inmundicia de su gobierno en el primer vladivideo, con el tránsfuga Kouri?
¿No dejó "tirando cintura" a sus ministros y militares, socios en el latrocinio, para vivir en uno de los barrios más pitucos de la capital japonesa? Él, que decía ganar menos de S/.3,000 soles mensuales…

Ese Fujimori, el de verdad, el que viste el quimono de geisha cuando hay peligro, es el que acaba de anunciar –en la televisión japonesa (no en el Perú, para desconcierto de sus geishas locales), que quiere ser candidato de un micro partido japones al Senado. Y no duden que esta operación ha costado mucho dinero montarla. ¿Puede alguien, con dos dedos de frente, suponer que es espontáneo lo ocurrido?

¿Qué no tiene relación con un Fujimori mojándose los pantalones al conocer la sólida opinión de la Fiscal Suprema chilena a favor de su extradición por la casi totalidad de los hechos delictivos que se le imputan? ¿Qué todo esto no es parte de un plan, que nos cuesta a todos los peruanos del dinero robado que este individuo tiene en exterior, y que hace que un mini partido lo lleve de candidato aunque es un acusado de robos mayores y de crímenes de lesa humanidad?

¿Piensa alguien que Fujimori es algo más que un prófugo, alguna suerte de estrella que arrastrará masivos votos en Japón? No, esta es otra de las maniobras de este geniecillo del escondite y del "sálvese quien pueda".
Estamos ante un cobarde pragmático, leal sólo consigo mismo. Un miserable sin patria, un ciudadano de guaridas y escondrijos. Un tipejo que no pestañea en jugar la carta que sea necesaria para salir del apuro. Alguien que no cree ni en el país que gobernó, y en el que dice que nació, ni en la gente que votó por él. Un delincuente que vive dejando en la estacada hasta a quienes se arrastran tras suyo.

Allí está anunciando que quiere aprovechar sus diez años de experiencia para servir al Japón y al mundo: él, un perseguido de INTERPOL. Diciendo que resolverá secuestros de Japoneses en Corea, vendiendo cebo de culebra en el Parque Universitario de Hong Kong.
Y aquí, el infeliz de su abogado de Sousa –hoy congresista y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del congreso por el pacto con el APRA y UN- diciendo que no le quedaba otra salida ante la politización del proceso. Y su vergonzoso publicista Raffo, diciendo que se trata de un simple ejercicio de su "doble" nacionalidad.

Su gobierno –una alianza con los grandes grupos económicos, el fujimorismo y Unidad Nacional– es responsable de que el Perú pierda una oportunidad histórica, debilite su soberanía y vaya a contracorriente de los cambios en América Latina. La economía crece, gracias a altos precios internacionales de nuestros recursos naturales. Ello genera una enorme renta –principalmente minera– que debería servir para fortalecer y modernizar la educación y la salud públicas (universales y gratuitas), para construir infraestructura y promover el agro y la pequeña y micro empresa. Pero no se hace. No se busca la justicia social. Usted y el Gabinete Del Castillo mantienen la desvergonzada concentración de riqueza en manos de unos pocos mientras las mayorías pobres sufren el alza del costo de vida, el desempleo, el autoempleo y el trabajo sin derechos. Uds. garantizan escandalosos privilegios tributarios a las transnacionales que se apropian de nuestros recursos naturales o nos exprimen desde los servicios públicos, las AFP y la gran banca, en lugar de aplicarles una Reforma Tributaria que haga pagar más quien gana más, y hacer que paguen regalías e impuestos a las sobreganancias mineras. No regulan ni reducen –a favor de la gente y los productores– las tarifas de servicios fundamentales. Recortan y manipulan los programas sociales, desprotegen a la Amazonía, maltratan a los trabajadores y congelan sus sueldos y salarios, mientras propagandizan una supuesta bonanza económica. Encima, debemos soportar su impune "shock de coimisiones" y corruptelas, y seguir bajo la fraudulenta Constitución fujimorista, pues ni restituyen la del 79 ni convocan una Asamblea Constituyente para forjar un Estado descentralista, transparente, participativo y con autoridades sujetas al control y fiscalización ciudadana. Para colmo, su gobierno, en pacto infame, no hace nada por extraditar, juzgar y castigar al prófugo Fujimori en el país por sus graves delitos.

Usted reclama terminar con la demagogia, pero sus promesas incumplidas y la necesidad desatendida de la gente han provocado, hace 4 meses, justas protestas y movilizaciones en 11 Regiones. Decenas de miles de hombres y mujeres del campo y las ciudades reclaman contra el alza del costo de vida y los sueldos y salarios congelados, exigen desarrollo y progreso regional, mientras las transnacionales tienen multimillonarias ganancias y enormes privilegios. Exigen 8 horas de trabajo, derecho a vacaciones, a la sindicalización y negociación colectiva. Fin de "servis", contratas, despidos arbitrarios y servicios no personales. Seguro Social universal. Educación y Salud públicas universales, con presupuesto, gratuitas y de calidad. Ronderos y comunidades campesinas y nativas enfrentan a mineras y petroleras que les quitan o contaminan el agua y las tierras, sin pagar regalías ni impuestos a las sobreganancias. Los gremios del campo reclaman una política agraria coherente, crédito accesible y apoyo técnico, amenazados –como los micro y pequeños empresarios– por la competencia desleal impuesta por un TLC, pactado a espaldas de la gente, mientras se les impone un Ministro banquero que sabotea el Banco Agrario y se desentiende de los cocaleros.

Usted y el Gabinete Del Castillo, el del garrote y la mecedora, responden con plomo y prepotencia a quienes reclaman pan y justicia. Firman papeles mojados en tinta a quienes buscan compromisos que se cumplan. Allí están Chimbote, Casapalca, Marcona, Camposol o los cocaleros. Un Ministerio del Interior que criminaliza la protesta social es inaceptable, como lo es un Premier que amenaza y mece a la gente. La protesta crece con razones. No la acallarán la represión, el miedo o la persecución a los dirigentes sociales y a Presidentes Regionales que luchan junto a sus pueblos. No la apagarán migajas ni demagogia. Es sed de cambio verdadero.

Por lo expuesto, Señor Presidente, las fuerzas políticas abajo firmantes, le exigimos un cambio de rumbo y de políticas para salir del atraso y la pobreza, construir una sociedad justa, que haga respetar su soberanía e integridad, que dé oportunidad de progreso para todos. Lo instamos a cumplir sus compromisos, a abandonar la soberbia y la amenaza, y a licenciar a este gabinete como un gesto de una posible rectificación de una gestión de gobierno continuista y apoyada en una alianza política espuria e ilegítima.

El país exige cambios. Por ello, junto a numerosos movimientos sociales y descentralistas, impulsamos y apoyamos la Jornada Nacional de Lucha Cívica y Popular del 11 de julio convocada por la CGTP, la CUT, la CCP, la CNA, CONACAMI, el SUTEP, Construcción Civil, los jubilados y despedidos, los mineros y numerosos gremios de trabajadores del Estado y frentes regionales. Respaldamos el Paro Agrario convocado para el 11 y 12 de julio por los principales gremios del agro y la lucha convocada en el Macro Sur. Escuche su voz. Atienda sus demandas. Cambie de rumbo. Los pueblos del Perú así lo exigen, seguros de que, unidos y conscientes de ser la fuente final del poder legítimo, construirán un Nuevo Perú.
P.S. Este documento ha sido firmado por los siguientes partidos y agrupaciones: Partido Nacionalista Peruano; Movimiento Nueva Izquierda; Partido Comunista Peruano; Partido Socialista; Comité Malpica; Partido Socialista Revolucionario

El 19 de julio de 1977, un contundente Paro Nacional marcó el punto de inflexión: el repliegue del gobierno militar del Gral. Morales Bermúdez. Una sucesión de huelgas sindicales, en la que fue clave una combativa huelga magisterial, y una oleada de paros regionales que remecieron al país, crearon las condiciones de aquel histórico Paro Nacional. Nadie duda de que cambió el rumbo del país al abrir paso a la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1978 y llevar a las FFAA de retorno a sus cuarteles, cuya cabeza terminó pactando con los mismos partidos tradicionales contra los que insurgió Velasco en octubre de 1968.

El cuadro era dramático: alzas continuas del costo de vida, una penosa combinación de recesión con inflación y sucesivos "paquetazos" de medidas económicas impuestas por el gobierno, que recomponía relaciones con sectores de los grandes grupos empresariales después de las nacionalizaciones de Velasco. El deterioro de las condiciones de vida de la gente alentó las protestas y la creciente represión del movimiento social hizo crecer su combatividad, sobre todo en el interior del país. La prepotencia del poder alimentó la indignación nacional. Se hizo famosa la burlona declaración de Barúa, ministro de Economía, al lanzar uno de los paquetazos de alzas de precios y tarifas acompañadas de una mísera compensación salarial: "les alcanzará hasta para tomarse una cervecita…". Cómo no evocar ahora el efecto de García llamando a los maestros ociosos comechados.

La década de los 80 restituyó el protagonismo de los viejos partidos y liderazgos que provocaron la crisis política del 68; Apra, AP, PPC. Aunque surgieron nuevos actores políticos que darían nacimiento a la Izquierda Unida y al protagonismo de nuevos sectores sociales, estos no lograron renovar la política, a lo que contribuyeron decisivamente el terror senderista y el acelerado desarrollo de la militarización del país con Comandos Político-Militares como poder paralelo al de la Constitución del 79. Al final del decenio, gracias a la hiperinflación galopante del gobierno de García, la corrupción generalizada, el flagelo del terrorismo senderista y de Estado, y el desprestigio total del sistema político, se instauró un gobierno cívico-militar basado en el trío Fujimori-Montesinos-Hermoza Ríos. La historia posterior la conocemos: minimización del Estado, privatización y extranjerización de la propiedad y control de nuestros recursos naturales y servicios públicos, desarticulación y destrucción de derechos laborales y sociales. En síntesis, la imposición de un capitalismo salvaje e inhumano y de una escandalosa y cruel desigualdad, con eliminación de derechos básicos.

Hoy, a 30 años del Paro Nacional que replegó al régimen militar, el país vuelve a ponerse de pie reclamando un cambio de rumbo. Pero no se trata de una situación de escasez y parálisis económica la que alienta la protesta social, pues vivimos épocas de crecimiento y abundancia. Se trata del hartazgo frente a la injusta concentración de la riqueza en pocas manos. Del cansancio de ser un mendigo sentado en un banco de oro. De la conciencia, que revelan las mismas encuestas, de sufrir un gobierno que no solo falta a sus compromisos electorales, sino que impone una política económica a favor de la clase alta y deja migajas al resto.

Es un grito de dignidad maltratada el que ha sacudido al país en los últimos tres meses, con paros en 11 regiones y numerosos sectores de trabajadores, estatales y privados en huelga, mientras se reactivan las organizaciones sindicales y los frentes regionales a lo largo y ancho del país, y aparecen los primeros esfuerzos por reagrupar las fuerzas políticas progresistas, nacionalistas, socialistas y de izquierda, que retoman vínculos abiertos con el movimiento social. De allí la jornada nacional de lucha del 11 pasado, el paro agrario y la vigorosa lucha de los maestros con enorme respaldo social y de autoridades regionales en provincias.

La Jornada Nacional y la huelga del magisterio nacional han sido respondidas con una vieja receta: militarizar el manejo de la protesta, perseguir, detener y enjuiciar dirigentes, infundir miedo. Quieren "mano dura" para los que viven diariamente con la mano dura del hambre, la inestabilidad, los salarios y sueldos de miseria, los servicios básicos negados y los derechos de negociación colectiva abolidos. ¡Qué absurdo pensar que así lograrán algún resultado!

Si García tuviera palabra

Si el Presidente tuviera palabra, el Perú estaría en el camino del cambio y no en medio de una la ola de protestas y exigencias de un nuevo rumbo. Si Alan García tuviera palabra, el país –con precios de sus productos de exportación en permanente alza– estaría usufructuando de un impuesto a las sobreganancias mineras que hubiera dado al erario nacional entre S/. 5,000 y 7,000 millones adicionales, este año.

Sólo con ese dinero, como lo ha señalado Pedro Francke, García podría dar cuenta, este 28 de julio, que todas las atenciones en el sistema de Salud se realizan gratuitamente, que todas las familias pobres del país gozan del bono de S/. 100 mensuales del programa Juntos, que todos los mayores de 65 años en el campo reciben S/. 200 de pensión de jubilación no contributiva, que todos los colegios del Perú recibirían S/. 1,000 por aula para mejorar infraestructura o comprar material pedagógico, y que las mujeres organizadas en los Comités del Vaso de Leche o Comedores Populares podrían acceder a microcrédito con un fondo de S/. 400 millones para generar autoempleo.

Pero, si calculara bien y cumpliera con el impuesto a las sobreganancias que prometió en campaña podría triplicar el capital del Banco Agrario (hoy tiene la miseria de S/. 260 millones, que no es ni el 4% del crédito que requiere el agro) y podría aumentar el presupuesto en Educación para dar apoyo alimenticio escolar en un país con 35% de niños malnutridos, dar atención preventiva de salud en las escuelas, y financiar el Plan Nacional de Educación, en vez de haber reducido los presupuestos de Educación y Salud del 2006 al 2007 o de insultar y reprimir a los maestros del Perú.

Claro, hay quienes dicen que no es posible por los contratos de estabilidad tributaria... Pero, si cumpliera su palabra, estaríamos bajo la Constitución de 1979 –pues aunque nunca prometió una Constituyente que recoja el sentir popular y los cambios que el país reclama– sí ofreció regresar a la del 79 –la de Haya de la Torre– y en ella no hay contratos de estabilidad ni límites a la soberanía tributaria del Estado. Eso lo introdujo la espuria Constitución fujimorista del 93 y ahora quiere reafirmarlo el TLC con los EEUU que mal negoció Toledo y apoya, cual fiel escudero, Alan García. Y claro, si su palabra valiese, estaríamos en plena renegociación del TLC, revisado línea por línea, y no lloriqueando y rogando se apruebe lo que sea.

Si la palabra fuese compromiso –no recurso teatral y malabarismo del momento en su boca– los muertos de Casapalca estarían vivos y celebrando con sus familias estas Fiestas Patrias el estar en las planillas de la minera para la que trabajan más de 12 horas diarias sin derechos, porque no habría "servis" ni contratas abusivas. Y los mineros de Shougang en Marcona tendrían a su dirigente libre y no preso como ahora, mientras cerca de dos tercios de los trabajadores de la minería habrían dejado de estar sometidos a ese infame sistema.

Si en su boca la palabra tuviese algún valor, y no fuera instrumento de una quiromancia farandulesca, decenas de miles de jornaleros agrícolas de los fundos agroexportadores no serían recogidos, a las 4 ó 5 de la madrugada, para trabajar de sol a sol por 14 ó 16 soles diarios, sin seguro social, salario mínimo, jubilación o vacaciones, pues se habrían restituido los derechos laborales que sus socios fujimoristas conculcaron y que el engreído de los grandes mineros y terratenientes no restituye como ofreció.

Si su palabra fuese algo más que sonido al viento estaríamos, el 28 de julio, celebrando la cercana extradición de Alberto Fujimori, para que responda por sus crímenes de lesa humanidad y por haber asaltado al país, pues habríamos contado con la acción decidida de un Estado dispuesto a ejercer su soberanía jurídica sobre el reo prófugo y no un cómplice –parapléjico, sordo y mudo– para que eluda la justicia con la complicidad del Japón y los pinochetistas chilenos. Y claro, no toleraríamos que se nos maltrate arrebatándonos territorio y soberanía marítima mientras nosotros les regalamos un generoso TLC y les permitimos hacer y deshacer con sus inversiones en el país.

Si tuviéramos un Presidente y no un malabarista verbal, esperaríamos este 28 de julio un balance autocrítico de su frustrante primer año de gestión, que termina con apenas 24% de aceptación y 70% de rechazo. Esperaríamos un cambio de gabinete. Y sobre todo un cambio de rumbo por la equidad y justicia social, luego de que los últimos tres meses ese fuera el grito –ahogado a varazos y balazos– de mineros y maestros, de docentes universitarios y trabajadores de salud, de obreros de construcción y campesinos, de cocaleros y mujeres del vaso de leche, de enormes huelgas y movimientos en más de 12 regiones del país, de la Jornada del pasado 11 de julio. Pero no pidamos peras al olmo. Vendrá más de lo mismo: exitismo, aquello de que los peruanos no entendemos el paraíso en que vivimos, algún anuncio populista y superficial, y continuidad de la santa alianza que lo sostiene. ¡Feliz 28 para los dueños del Perú!.

Metas para el 2011, algunas grandilocuentes y otras magras. Obras realizadas, entre las que parece no dejó de mencionar casi ninguna (realizada o por realizar) en un largo discurso –por ratos agobiante– que nadaba en un mar de cifras, reiteradas una y otra vez. ¡Vivimos un momento extraordinario, casi paradisíaco, pero muchos de ustedes no se dan cuenta, no lo aprecian! Así fue el Mensaje del 28 de julio. Y una advertencia política central: los gobiernos regionales y locales tienen el grueso del presupuesto nacional así que "diríjanse a ellos" al formular sus reclamos. No me miren a mí, reclámenles a ellos, dijo García.

Después de escucharlo dos horas, me pregunto: ¿se habrá creído aquello de que le faltó comunicación, como le dice la derecha? ¿No basta verlo, oírlo o leerlo a diario, por unos medios de comunicación cada vez más oficialistas? ¿Ahora escucharemos ministro por ministro en el Congreso, además de pintas y avisos de "El Perú avanza" por todos lados? ¿No se le ocurrió pensar en las razones del malestar de la gente, de las huelgas y de su masiva desaprobación? ¿Nada más original que pedir paciencia a los pobres por no tocar el bolsillo de los ricos?

El discurso no debe leerse sólo en función de lo dicho, sino de cómo se dijo, y de sus silencios y omisiones. Por ejemplo, ha de haberle costado a García pedir perdón a los maestros: "Si alguno se ha sentido maltratado por mis palabras, les pido perdón y les ofrezco mis disculpas". No fue un "retiro mis palabras", ni un "pido perdón por lo desafortunadas que fueron". Apenas una frase dirigida a "alguno que se ha sentido" afectado por haber calificado a los maestros de ociosos, comechados y aterrorizados de que les pongan un libro delante. Aquí la forma dice más que las palabras.

Pero lo más saltante fueron los silencios y omisiones. Habló de la reforma del Estado, pero calló sobre su compromiso de restituir la Constitución del 79, la que firmó Haya de la Torre y que otorga más derechos económicos y sociales a la gente, y más funciones al Estado para regular el manejo económico en función de las mayorías y del país. En síntesis, nos quedamos con la Constitución fujimorista impuesta fraudulentamente el 93.

Habló de redistribución, pero en la vieja forma del chorreo y del "paciencia, tregua, que ya llega". Omitió cumplir con su compromiso de establecer el impuesto a las sobreganancias mineras que nos hubiera podido dar entre 5,000 y 7,000 millones de soles adicionales de ingresos tributarios este año. Se le escapó mencionar esta cifra, entre las cientos que repitió, y que hubieran permitido financiar el Seguro Universal Gratuito de Salud que ha vuelto a prometer para el futuro y que ha identificado con el Seguro Integral de Salud (SIS) que vive penosamente en quiebra. Él, el mago de la palabra y artista del verbo, nos hubiera entretenido y pasmado con todo lo que podría hacer si se atreviera a meterles la mano a las cuentas de los más ricos que aprovechan de nuestros recursos naturales. Y, claro, se le olvidó la reforma tributaria para que los que ganan más paguen más, para que el Perú no tenga una presión tributaria de 14% del PBI sino del 20 o 22% por menos, como gran parte de América Latina. Inglaterra, Francia o Suecia tienen entre 40 y 50%, garantizando educación, salud y saneamiento públicos de calidad.

Se le olvidó el agro, el Banco Agropecuario y su magro capital, la asistencia técnica y científica, el mercado interno, la pobreza rural y su famosa y fracasada "Sierra Exportadora". Y reincidió en el "TLC si o sí" en lugar propiciar renegociarlo en función de los intereses del país.

Y se le olvidaron los Derechos Humanos y la corrupción, nada menos. Se le pasó explicar por qué no ponen a disposición de la justicia a los elementos de las FFAA acusados de graves violaciones de los DDHH, anunciar un corte de procesos a los dirigentes sindicales y sociales encausados por ejercer su derecho a la demanda social, y derogar los infames DL que como el 982 y 989 dan impunidad al uso de armas de fuego por elementos de las fuerzas del orden y amenizan con inhabilitar a alcaldes y presidentes regionales que respalden las luchas y demandas de sus pueblos. Y, claro, ni una frase sobre el "shock de coimisiones" en el que terminó el "shock de inversiones" anunciado el año pasado. Se limitó a volvernos a anunciar la compra de ambulancias y material pedagógico.

Para coronar la torta, ni una palabra sobre el derecho soberano del Perú de procesar al reo Fujimori, a quien los japoneses tampoco quieren de senador, por sus delitos de lesa humanidad y por la enorme corrupción que impuso al país. No demandó la extradición, ni criticó el vergonzoso fallo plagiado del juez Álvarez o rechazó la afrenta que significa para el Perú y su derecho a hacer justicia con el actual socio de García. Sin embargo, seamos comprensivos: después de ser recibido en el Congreso por una Mesa Directiva de tránsfugas y comerciantes de la política, como la que engalanan Torres Caro, Estrada, Moyano y Gonzales Posada, ¿qué le quedaba? Tragado el sapo, provecho, Alan.

A inicios de 1989, el primer gobierno de Alan García encaraba una aguda crisis. Su aprobación estaba en caída libre. Su impopularidad creciente era alimentada por una desastrosa política económica que desembocaría en un récord mundial hiperinflacionario; por el crecimiento del terror senderista (acicateado desde la matanza de los penales, que dio lugar al "día de la heroicidad" senderista) y la mano libre que se dio al terror de Estado (fue el gobierno con más detenidos desaparecidos del período de la violencia); así como por la corrupción desembozada en la administración pública.

Las luchas sociales y regionales se multiplicaban. A mediados del 88, una huelga minera había remecido al país en demanda de mejores salarios y de conquistar el Pliego Nacional Minero para poder llevar adelante una negociación colectiva por rama de producción. A pesar de su fuerza y convicción, la lucha no triunfó. Pero en el afán de derrotarla, el gobierno usó todos los mecanismos posibles, incluyendo un criminal amedrentamiento a sus dirigentes. Así, en agosto de 1988, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, Saúl Cantoral, fue secuestrado y torturado por varias horas, conminándolo a levantar la huelga. Pero el dirigente, de la base de Hierro Perú (hoy Shougan) en Marcona, era trejo y no abandonó su responsabilidad sindical. Liberado horas después, golpeado y maltrecho, siguió a la cabeza de su gente. Lo pagaría con su vida.

El 13 de febrero de 1989, 7 meses después, el ya conocido grupo paramilitar "Rodrigo Franco" –integrado por elementos de las fuerzas del orden y al que se ha vinculado en muchas y ocasiones a Agustín Mantilla, entonces el factotum del Ministerio del Interior– intervino, secuestró y asesinó a Saúl Cantoral y a Consuelo García, quien trabajaba en la organización de las mujeres mineras, vinculada a la misma Federación Minera. Sus cuerpos fueron abandonados en Canto Grande tres horas después del secuestro. Cantoral tenía 5 disparos de bala y a Consuelo le habían destrozado el cráneo, desfigurándola. La amenaza de agosto del 88 se cumplía. Debían estar advertidos todos los que pretendieran retarlos.

Un elemento de la policía nacional que intervino en el secuestro lo contó, con lujo de detalles, ante la Comisión Investigadora del Congreso que presidió Ernesto Herrera entre el 2002 y el 2003. Precisó que luego de secuestrarlos y someterlos, los entregaron a manos de Marco Puente, un oficial de la PNP que tenía responsabilidades en estas operaciones y que murió un tiempo después en una emboscada senderista en el sur del país. Los asesinatos de Cantoral y de Consuelo García eran evidentes crímenes de Estado cometidos, como muchísimos otros, bajo el gobierno de Alan García y su ministro del Interior Agustín Mantilla. Ya la Comisión Herrera había recogido testimonios de las características organizativas y operativas del comando "Rodrigo Franco", con el conocido "Chito" Ríos (hoy otra vez en las andanzas en el norte del país) y referencias al vínculo dirigencial de Mantilla en el entrenamiento, capacitación y organización de estos elementos, que incluían a civiles (fotografiados con armas de guerra junto a Mantilla y hoy trabajando impunemente en el aparato de Estado) y a elementos de las fuerzas del orden. Hasta lo que había sido uno de los locales de campaña presidencial de Alan García, en San Isidro, aparecía involucrado como sede operativa, de comunicaciones e inteligencia del grupo paramilitar, ya terminada la jornada electoral. Esto narrado por elementos que intervinieron en los hechos, ante la Comisión.

Hace pocos días, la Corte Interamericana ha sentenciado al Estado peruano como responsable del asesinato de Saúl Cantoral y Consuelo García. Ha tomado 18 años que se haga justicia, aunque no en el Perú, sino en el extranjero. No por un tribunal peruano sino por uno internacional, precisamente aquel del que García quería forzar que nos retiremos. ¿Por qué será?

Los abogados del Estado quisieron acusar a Sendero del crimen y hasta alegaron que podrían haber sido los empresarios mineros quienes habrían promovido el crimen. Una protesta del gremio empresarial generó un repliegue del argumento del abogado del gobierno, engreído de la Sociedad de Minería y Petróleo. Ciertamente un argumento falso entonces, pero un peligro real hoy cuando algunas de las famosas empresas de seguridad privadas, vinculadas a ciertas empresas mineras, cuentan con hombres provistos de armas de guerra y han comenzado a formar una suerte de "rondas" armadas con campesinos asalariados para enfrentar demandas de comunidades y ronderos frente a la contaminación y la amenaza al agro de ciertos proyectos en Cajamarca y Piura.

La última encuesta de la Universidad Católica reafirma, más allá de si a García lo desaprueba 45 o 52%, que la absoluta mayoría de los encuestados desconfían profundamente del sistema político. El 76% cree poco o nada en el gobierno, el 81% siente lo propio frente al Congreso y la cifra sube a 84% respecto al Poder Judicial.

El 57% de los entrevistados ni oyó el discurso. Un 12% lo escuchó todo y 31% en parte. Del 43% que puso alguna atención –el resto ni se enteró ni quiso enterarse– cerca de dos terceras partes no creen que García reducirá la pobreza de 50 a 30%, ni que aumentará en un millón y medio los empleos formales. La mitad o más no creen que cumplirá con bajar la desnutrición crónica de 25 a 16%, ni con terminar con el analfabetismo de 2.5 millones de personas.

El sistema político hace agua, hace rato. ¿Por qué desconfía la gente de a pie tanto en el sistema? ¿Será que no escucha, no se informa? ¿Necesitamos más García todavía en la tele o en RPP? ¿Faltan más avisos de que "El Perú avanza" en los medios y más pintas en las paredes? ¿O es que la gente vive en carne propia algo muy diferente a lo que escucha, a los discursos, los papeles, las leyes o la prensa? Cuando García pide tregua social a los más pobres, a un año de gobierno, el 53% le demanda trabajo efectivo a favor de los más pobres. El porcentaje es más alto entre los más pobres y los más informados.

Claro, ¿cómo le cree uno a un Presidente que van a darse grandes inversiones sociales si no se toman medidas para que el Estado cuente con recursos suficientes y estables para el efecto? ¿Se ha dado una Reforma Tributaria para que paguen más los que ganan más? ¿Se ha revisado el manejo, la política, los contratos y la tributación (impuestos bajo el mafioso régimen fujimorista) que comprometen nuestros recursos mineros, gasíferos o petroleros –en esta época de altísimos precios– para que el Perú se quede con una mayor parte de la torta? ¿No ocurre, a la inversa, que García, aliado del fujimorismo, de la derecha y del nuevo transfuguismo, se ha negado a implementar una Reforma Tributaria y a cumplir con el impuesto a las sobreganancias mineras que hubiera generado este año entre 5,000 y 7,000 millones de soles? Peor aún, ¿no nos enteramos hace días que ha firmado un nuevo contrato de estabilidad tributaria y jurídica con los dueños chinos de Minera Majaz –un proyecto muy conflictivo para los agricultores y ronderos de Piura y Cajamarca– anunciando así que se implementará la minería allá sin el más mínimo estudio de impacto ambiental ni licencia social alguna? ¿No se han dado muertes en la zona ya? Y, para colmo, ¿no nos hemos enterado de que la misma empresa maneja, adicionalmente a las 6,000 hectáreas de Majaz otras 15,000 a nombre de Mayarí SAC, con S/. 1,000 de capital? ¿Es el "hueveo" una política de Estado?

Y lo del millón y medio de empleos formales nuevos, ¿como funciona con un Presidente que –cual Cantinflas improvisado– dice que no dice que dijo lo que dicen que dijo cuando lo dijo de "terminar con los ‘servis’" pero en realidad era "terminar con los abusos de los ‘servis’", en un país donde la informalidad y el abuso laboral es generalizado?

¿Cómo creer si cuando se abre la olla de la compra de uniformes camuflados para el Ejército vuelve a salir el clásico olor del guiso de ratas, y cuando se destapa la segunda olla de la compra de cientos de patrulleros o miles de bombas lacrimógenas para la PNP, lloramos de asco porque las compran sobrevaluadas en US$ 1.5 millones de dólares –cotizadas en 24 horas– o son carros chinos "desechables" sin talleres suficientes ni historia en el país? ¡Qué triste! Hasta en lo que usan para reprimirnos se hacen "alguito". Para colmo, descubierto un general PNP usando carros oficiales para toda su familia, lo sancionan... trasladándolo a otro cargo, no suspendiéndolo ni echándolo. ¡Si eso es forjar ética, cómo piensan evitar el malestar del personal y sus anuncios de paro policial!

Corona la torta, Keiko Sofía Fujimori que anuncia: con el fujimorismo en control de la Comisión de RREE del Congreso mantendrán la política de no intervenir en el proceso de extradición del papito prófugo. ¡Si precisamente de lo que se trata es de que el Perú haga valer su derecho soberano a juzgar en el Perú y bajo nuestras leyes a un acusado de delitos de lesa humanidad y de haberse levantado en peso al país, y no guarde silencio cómplice! ¡No pueden con su genio! Creen que pueden seguir, impunemente, tonteándonos y que seguiremos soportando. No apuntan a ningún cambio profundo del Estado, no quieren que deje de ser un instrumento de los grandes grupos de poder económico ni permitir que la gente controle a los que gobiernan. No buscan credibilidad, sobre la base de una conducta ética comprobable. Sigue el chamullo y la farra, sigue la fiesta...

Mientras tanto, 17 cuencas cocaleras preparan una huelga por incumplimiento de actas firmadas con este gobierno y políticas que no les solucionan nada. La Junta Nacional de Regantes anuncia que se moviliza en setiembre contra la antipolítica agraria del régimen y su ministro banquero. Y se consulta una nueva Jornada Nacional de Lucha por la CGTP, la CUT, las centrales agrarias y movimientos regionales. La gente se está convenciendo de que sólo organizada y puesta de pie cambiará el rumbo del Perú.

El terremoto que ha golpeado tan duramente diversas localidades de Ica, con fuertes repercusiones en pueblos de Huancavelica y Ayacucho, ha producido centenares de muertos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados que son y deben ser el centro de nuestra atención. La solidaridad con ellos es un imperativo.

Pero un acontecimiento doloroso como este también remece al país, pues evidencia, "descubre", una serie de cosas sobre nosotros, sobre el Estado y la sociedad, que no debemos obviar. Así, el desastre ha convocado a la solidaridad, y los peruanos –dentro y fuera del país– han montado muchas cadenas solidarias con las víctimas y damnificados. La otra cara de la medalla la ponen el vandalismo, los saqueos, los asaltos en las pistas, así como el afán de algunos especuladores de hacer de la calamidad una oportunidad de obtener una ganancia fácil, lo que nos recuerda la profunda crisis de valores que vivimos. En ella se combinan los resultados de la exclusión y marginación social y económica de millones y la desesperación de la pobreza, con la difusión enfermiza de una cultura del individualismo exacerbado, en la que cada uno resuelve su sobrevivencia como sea: la ley de la selva.

A su vez, volvemos a descubrir –contra la prédica de los fundamentalistas neoliberales– que no tenemos Estado suficiente: ni en recursos materiales, ni en recursos humanos, ni en planeamiento, organización y capacidad de incluir y atender al país real. Pero tampoco tenemos empresas privadas eficientes: los teléfonos colapsaron y el Estado "regulador" dejó en claro que nunca había controlado a dicha empresa.

¿Prevención? Como ocurre con los fenómenos El Niño y el caso de Telefónica, generalmente llegamos tarde. Dicen ahora que sólo tenemos 20 sismógrafos en el país porque "no hay presupuesto" asignado en un territorio de alto movimiento sísmico. ¿Y Defensa Civil? Ineficaz, no simplemente por carencia de ayuda material en una serie de planos (que ahora parece existir) sino porque no llega: ineficiencia, inoperatividad de un Estado que no planifica, no prevé y no está preparado. La institución ha sido arrumada muchas veces y dejada a la responsabilidad de gobiernos locales que no cuentan con presupuestos ni organización para ello.

¿Planeamiento urbano y políticas públicas respecto a las viviendas populares, precarias y carentes de asistencia para que sean antisísmicas? Inexistente. El financiamiento en los últimos años se centró en las capas medias y los programas de edificación solo muy marginalmente tocaron a los más pobres, en un país de pobres.

¿Auxilio, seguridad? Pero si estamos en el mejor de los mundos, con un crecimiento anual de casi 8%, la estrella latinoamericana, en Ica, un departamento de pleno empleo y bonanza económica. Entonces aparece –como en el caso de Casapalca y los mineros– lo que siempre se obvió, la verdadera película: un crecimiento sin desarrollo, sin redistribución de la riqueza, con condiciones laborales precarias y misérrimas, sin una efectiva mejora de las condiciones de vida de las mayorías. Un Estado que no redistribuye, que no obtiene los recursos que debería de nuestros recursos naturales y que hasta renuncia a establecer el impuesto a las sobreganancias mineras que prometió en campaña. Un Estado ahogado que tiene paralizadas y en cuestión hace más de un año la compra de patrulleros o ambulancias por evidencias de sobreprecios y corrupción. Un Estado sin autoridad real ante un pueblo que no le cree, no confía en él y lo ve como una agencia de poderosos intereses privados en lugar de ser un agente al servicio de la gente. Un Estado centralista que ha ahogado –con especial fuerza desde el fujimorismo– a las autoridades regionales y locales y que ha hecho poco por desarrollar sus capacidades y aptitudes.

¿Ocasión para privatizadores?

La constitución de Forsur, organismo encargado de asumir la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto (salvo Huancavelica y Ayacucho), deja claras varias cosas.

1) Quieren sujetar el proceso y las medidas que se adopten al control absoluto del gobierno de García y sus socios, los talibanes neoliberales o fujimoristas de la gran empresa privada (como PPK y Chlimper). Para ello se han asegurado que la suma de los ministros y los empresarios sea mayoría absoluta en la dirección de Forsur, para someter a las autoridades regionales y locales, dejando de lado a las fuerzas sociales. Han colocado en la presidencia a Julio Favre, un personaje autoritario, intolerante y vertical. No sólo encabezó la campaña contra la CVR y defendió la amnistía a los criminales del grupo Colina, sino que parece haberlo hecho por razones hasta personales, pues se le imputa –durante el período de la violencia– haber puesto Atahuampa, su granja avícola en el norte chico, como sede operativa de grupos militares involucrados en la detención-desaparición de varias personas, incluidos el periodista Pedro Yauri y el alcalde de Huaura. Hoy es parte de un grupo de "consejeros" presidenciales que se reúnen con García periódicamente, vinculados al directorio de FORZA, la tenebrosa empresa de seguridad privada –vinculada a marinos retirados y a servicios de inteligencia– que sirve a Yanacocha, la rica empresa minera de oro de Cajamarca, involucrada en el seguimiento y las amenazas al Padre Arana y a los ronderos que se enfrentan a la contaminación y los abusos del poder minero.

2) Quieren absoluta libertad de acción y ausencia de controles efectivos o responsabilidades penales ante irregularidades o ilícitos que se cometieran. Por ello, todo el cuento de que los empresarios que integren Forsur no son funcionarios públicos. ¿Este no fue el mismo cuento de Santiago Fujimori y de Montesinos durante el gobierno de la mafia fujimorista, que no eran funcionarios, que trabajaban ad honorem, pero lo decidían y manejaban todo sin marcos regulatorios legales y controles? Y sabemos a dónde nos lleva este asunto. A la falta de controles y de transparencia en los procedimientos. ¿No acabamos de ver lo que pasó con el "shock de inversiones" convertido en "shock de coimisiones"? ¿No estamos viviendo los escándalos en las compras de patrulleros, paralizadas hace más de un año? ¿No aparece García avalando la compra –haciendo gala de cuán buena es la comida china– y después avalando la anulación del compra, siempre y cuando su actitud omnipotente le cubra las espaldas a su ministro Alva? ¿No basta lo vivido para saber a dónde vamos?

3) Como un buldózer, el gobierno aprofujimorista y sus socios de la gran empresa pretenden convertir el terremoto del 15 de agosto en una oportunidad para imponer políticas que el país ha rechazado en las urnas, en las encuestas y en las luchas sociales. Es decir, imponer un modelo de reconstrucción de Pisco, Chincha, Ica y Cañete que apunta a privatizarlo todo, a convertir la reconstrucción en un espacio de negocios para determinados grupos: concesión de carretera, privatización de aeropuerto, privatización del puerto, construcción de viviendas subsidiadas por el Estado en mano de grandes constructoras, y hasta la instalación de la petroquímica –que habían prometido desarrollar en Moquegua o en Arequipa– en esta zona, pero con nuevos incentivos que les permitirán a los empresarios fijar sus precios y manejar su negocio con mayores prebendas, menores regulaciones del Estado y absoluta libertad en el manejo del recurso y sus destinos.
4) Ica, el departamento "modelo" de pleno empleo, con 42% de población en pobreza, y largamente más en desempleo y subempleo sin derechos elementales, con viviendas y servicios precarios hoy devastados, seguirá siendo un laboratorio neoliberal. Para ello, hay que marginar a la gente del planeamiento y la decisión sobre el modelo y los planes de reconstrucción, hay que anularle su capacidad de control y decisión, hay que convertirla en mera receptora de ayuda, recepcionista pasiva, pero no en actor del proceso que definirá las sociedades locales y regionales en que han de vivir. Cuando el presidente regional reclamó sobre las responsabilidades que le competen por ley y los canales que le corresponden fue brutalmente arrinconado y Favre hasta se dio la parte de decir que gracias a él se incluyeron autoridades regionales y locales en Forsur. O sea que la cosa era más burda y centralista todavía. Numerosas organizaciones sociales, eclesiásticas, y populares de Ica han reaccionado frente al tema, pero son silenciadas por los medios frente al remedio oficial.

Forsur en realidad trata de FORZA…R. Es una reedición de viejos estilos tradicionales y autoritarios que, en los lamentables casos de Áncash o Arequipa ante desastres naturales, fueron un fracaso y centro de corruptelas que hoy se lamentan. Una expresión más del mimetismo de García y los estilos verticales y autoritarios de Fujimori (quien, dicho sea de paso, parece esperar –ante la pasividad cómplice de las autoridades peruanas que cogobiernan con él– un ansiado fallo que le permita evadir responder ante la justicia). ¡Qué triste ver que la desgracia de muchos se use como la oportunidad y la capacidad de decidir de unos pocos!

A 6 años de los atentados terroristas del 11 de Setiembre, EEUU atraviesa una grave crisis. "La guerra de Irak está perdida. Por supuesto, ni el Presidente (Bush) ni los arquitectos intelectuales de la guerra están preparados para admitirlo. (...) El tema de la guerra no está ya definido por los beneficios del triunfo –un Irak estable, democracia en desarrollo en el Oriente Medio, el colapso de los demoníacos regímenes de Irán y Siria– sino por las consecuencias de la derrota". Lo dice Peter Galbraith, analista y ex embajador de EEUU en Croacia, autor de "El Fin de Irak: cómo la incompetencia americana creó una guerra sin final". Una mayoría de intelectuales, políticos y ciudadanos de a pie piensan como él. De allí el triunfo demócrata en las pasadas elecciones al Congreso, más allá de sus escasas consecuencias en el tema.

La invasión de Irak, decidida unilateralmente por Bush, sin aval de la ONU, se basó en mentiras: la supuesta intervención de Hussein en los atentados del 11-S que ejecutaron Al Qaeda y Bin Laden, y la existencia de armas químicas y de destrucción masiva amenazantes para los EEUU. El interés real: controlar una potencia petrolera por intereses geopolíticos. Impusieron su aventura con la impunidad de que gozan en un mundo unipolar, autonombrándose comisarios mundiales de la democracia y la justicia, con la misión celestial de imponer lo "correcto". Hoy, EEUU tiene más de 168,000 soldados –un tercio de sus FFAA– en Irak, miles de muertos y heridos, un gasto multimillonario, un gobierno iraquí títere en crisis, una insurgencia creciente, y honda división social, en Irak y en EEUU, con creciente oposición a la guerra. El tema tiene acorralado a Bush y es central en las elecciones presidenciales próximas.

EEUU pierde aliados: España retiró sus tropas, los ingleses comienzan a hacerlo (caso de Basora) y hasta el abastecimiento de combustible –a barcos de EEUU y Paquistan– por buques tanque japoneses en el Mar Índico (127 millones de galones en 6 años), es hoy ampliamente rechazado por la gente y el Partido Demócrata del Japón –ganador de la última elección parlamentaria–, anunciando que otro alfil del tablero de EEUU va a caer.

Irak está hoy dividido en tres, con el gobierno de Maliki, impuesto por los EEUU, en honda crisis. El norte lo manejan los kurdos, con amplia autonomía y enfrentados a cualquier intento de cambios constitucionales por recortársela. Los musulmanes suníes, que fueron base social de Hussein, controlan un 20% del país y se acercan a un entendimiento con EEUU pero a cambio de armarse y defenderse de los shiítas, que hoy controlan el gobierno Maliki. Y los chiítas, que son mayoría amplia en Bagdad, controlan el sur el país. Ya se habla en Washington de la partición de Irak –preocupados por los apetitos que ello abriría en Turquía, Irán, Arabia Saudita y Siria– y quieren siquiera asegurarse una presencia estable en la zona kurda, con bases militares.

Pero al desastre en Irak, que muchos consideran más grave que el de Vietnam, se suman los problemas internos que genera en EEUU y una economía en serias dificultades. Si bien la invasión abrió las puertas a ciertas grandes empresas que controlan los negocios de la seguridad, el petróleo y la reconstrucción en Irak, EEUU atraviesa el debacle del crédito de vivienda y caen la construcción y la bolsa, mientras el empleo ha disminuido –por primera vez– desde agosto del 2003, generando malestar.

Las medidas de Bush ante el 11-S cambiaron la vida de los norteamericanos en lo que a sus derechos se refiere: se impuso una legislación draconiana para permitir que los servicios de inteligencia intervengan teléfonos, internet, correos, cuentas bancarias y hasta registros de libros leídos en bibliotecas. En función de las Leyes de Seguridad Nacional, el FBI ha elevado sus solicitudes de intervención –no autorizadas por un juez– de 9,000 el año 2000, a más de 50,000 el 2005. Un juez federal de Nueva York –Víctor Marrero– ha declarado inconstitucional esta legislación y este manejo del FBI, hace unos días, respondiendo a una demanda de la Asociación Americana pro Libertades Civiles.

Pues hay quienes no gustan de que la gente opine. Quieren vender anticuchos –o minerales– frente a tu casa o en tu patio, sin siquiera pedir permiso ni asegurar tus derechos. En reciente evento minero en Arequipa, José Miguel Morales (ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo) se opuso a cualquier pretensión de ordenar el territorio e identificar zonas ecológicas donde no deben realizarse actividades mineras, como ya lo evalúa una comisión del Consejo Nacional del Ambiente. Quieren minería donde sea, como sea y cuando sea. Y García, ¿por qué atropella las leyes que debe aplicar? ¿Será otro Leguía, con aquello de "a mis amigos todo, a mis enemigos la ley"?

Ahora, conquistada esta extraordinaria posibilidad: hacer que un autócrata –responsable de graves violaciones de los derechos humanos y apropiación ilícita de fondos estatales– responda ante la justicia y pague por sus crímenes, el Perú tiene una oportunidad inédita de recuperar credibilidad y confianza en la justicia y en el Estado, haciendo que los políticos sean responsables de sus actos y paguen sus tropelías. Esa es la disyuntiva: una dinastía de sucio origen o juicio transparente que abra paso a una renovación de la política y la justicia en el país. De nosotros dependerá.

Así, "Blackwater" (BW), se llama la poderosa empresa privada de seguridad de EEUU que protagoniza el último escándalo en la guerra de Irak. BW y otras empresas son parte del negocio de "privatización" de la guerra y la seguridad. Aunque no lo crea, guardias privados dan seguridad a instalaciones y jefes militares (cerca de 7,300 a militares, aunque no de BW) y a los diplomáticos de EEUU.

Blackwater fue fundada –como nuestra FORZA, vinculada a las mineras– por un ex marino: Erick Price, vinculado al Partido Republicano de Bush. Recluta elementos de las llamadas fuerzas especiales: Fuerza Delta, Boinas Verdes y SEAL. ¿Su negocio? Un contrato multimillonario para dar seguridad al servicio diplomático norteamericano en Irak, donde hay 30,000 guardias privados desplegados.

El 16 de setiembre, los guardias de BW mataron a 11 civiles iraquíes e hirieron a otros 12 cuando ametrallaron un auto de civiles desarmados por no detenerse lo suficientemente rápido, ante un inesperado bloqueo de seguridad impuesto por BW para el pase de un vehículo de funcionarios EEUU en Bagdad. Ni un tiro hostil, pero desataron una masacre.

Ya en mayo del 2005, los de Blackwater mataron a un iraquí cuando escoltaban a dos empleados de la embajada EEUU en Bagdad, a lo que se sumarían muchas denuncias. La más sonada: en Navidad del 2006, un elemento de BW, borracho, mató a balazos nada menos que a la seguridad del vicepresidente iraquí Abul Mahdi. ¿Su sanción?: lo devolvieron a casa. Y es que los contratistas de seguridad norteamericanos tienen inmunidad otorgada por el ex administrador provisional de Irak Paul Bremen III, en junio 2004, y no pueden ser procesados en Irak. Pero tampoco en EEUU, porque el Acta de Jurisdicción Militar Extraterritorial del 2000, que lo permitiría, sólo se refiere a contratistas del Ministerio de Defensa, y estos trabajan para el Ministerio de RREE. Así, son totalmente inmunes e impunes.

Al Maliki, el primer ministro, anunció que sacaría del país a los "contratistas de seguridad" privados. Pero Condoleezza Rice le hizo saber que eso los afectaría y también a su sostén militar. Al Maliki reculó y arrancaron las interminables comisiones investigadoras y discusiones para "reglamentar el caso". El malestar en Irak frente a la presencia de EEUU es evidente. La escalada de violencia crece y los norteamericanos se tropiezan con sus propios pies. Los abusos del ejército de ocupación son intolerables: torturas y violaciones Abu Graib, cárceles clandestinas en el mundo y Guantánamo (ignorando las Convenciones de Ginebra, sin procesar a los acusados por años), asesinato impune de civiles por jóvenes soldados, a veces realmente desquiciados (lo refiere extraordinariamente la película "En el Valle de Eliah"). Además, un verdadero saqueo de recursos naturales y negocios privados de todo tipo a la sombra del conflicto (empresas del vicepresidente Cheney –como Halliburton– o la empresa del amigo de PPK y Bush –Ray Hunt, de Hunt Oil en Camisea– que ha aprovechado de hacer inversiones petroleras en la zona kurda de Irán, poniendo en riesgo un reparto equitativo de la renta petrolera y la propia unidad del país.

El debate en EEUU gira alrededor del retiro del pantano iraquí. Pero, ni los candidatos demócratas, opuestos a la guerra, se comprometen a fijar fecha, siquiera el fin del próximo gobierno a elegirse bajo su dirección. Y pensar que se ha publicado en España que –en febrero 2003, antes de la invasión– Aznar y Bush conversaron que Hussein quería exiliarse de Irak si le dejaban irse con US$ 1,000 millones. Es decir, tenían una salida distinta a la intervención militar que costará a EEUU más de 800 veces más que US$ 1,000 millones. Pero Bush y sus halcones empujaron la guerra y sus negocios.

El presupuesto militar para el 2008 crecerá. El ministro de Defensa de Bush ha pedido US$ 42,300 millones de dólares adicionales. Es el presupuesto militar más alto de la historia: US$ 190,000 millones de dólares en un año. Así, se habrá gastado más de US$ 800,000 millones desde el 11 de setiembre del 2001. Se aumentaría otros 72,000 soldados al ejército EEUU el 2008, y planean dejar no menos de 40,000 (de los 168,000 actuales) hombres permanentes sólo en Irak, como en Corea del Sur. No planean irse y el Capitolio acaba de aprobar una moción proponiendo la división de Irak. Increíble: parece que el dolor enseña poco. Hoy hay cerca de 4,300 soldados y civiles norteamericanos y británicos muertos, y no menos de 13,350 soldados y policías, y 81,000 civiles iraquíes muertos, aparte de un país destrozado.

Pensar que Bush quiere vetar una ley, aprobada por el Congreso, por US$ 5,000 millones de dólares anuales, para proveer salud a 3.5 millones de niños –de los 9 millones sin seguro de salud– en los mismos EEUU, por falta de plata. Y que, según reciente discurso en la ONU del Canciller cubano, con US$ 150,000 millones se cumplirían las Metas del Milenio acordadas por la ONU, avanzando en atender a cerca de 850 millones de hambrientos, a 2,000 y 2,600 millones sin agua potable ni desagüe, respectivamente; a 1,100 sin electricidad; a 800 millones de analfabetos o 115 millones de niños que no van a la escuela primaria. No hay duda, las aguas están negras.

Los mercenarios –de la llamada "industria militar privada"- serian 30,000 en Irak (unos 7,300 pagados por el Ministerio de Defensa de EEUU). Su brutal accionar capta hoy la atención mundial. Empresas como BW, propiedad de un financista del Partido de Bush, hacen tremendas ganancias: en este caso un jugoso contrato anual de más de $1,000 millones de dólares. Sólo BW (con 800 efectivos en Irak) ha estado involucrada en casi 200 balaceras reportadas (muchas, ya se sabe, no se informan) y ellos dispararon primero en el 80% de los casos. Pero recién, aunque operan desde el 2003, el Congreso de los EEUU ha visto de sujetarlos a la legislación norteamericana.

Así, mientras un contratista tenia como sanción máxima el despido, los soldados tienen códigos y pueden ser sufrir un proceso penal militar. Claro, no son procesados en Irak, sino en EEUU, con sus propios jueces. Y los procesos abiertos a soldados responsables de la muerte de civiles iraquíes (como el del asesinato de 24 civiles en Haditha, el 19 de Noviembre del 2005, en que solo se procesó al jefe de escuadra) terminan con penas disminuidas –si las hay- por "homicidio involuntario" (baja de cadena perpetua a 3 años de prisión). A este cuadro se suma el descubrimiento de un memorando (2003) del propio Ministerio de Justicia norteamericano -cuyo titular ha renunciado y que una Comisión del Senado reclama se le remita para evaluar- que haría evidente el uso de la tortura en los interrogatorios. Cierto, ya las torturas en la cárcel de Abu Graib y el brutal trato en Guantánamo, así como la existencia de prisiones secretas norteamericanas en diversas partes del mundo, han mostrado que EEUU no respeta las Convenciones de Ginebra, detienen y secuestran sin proceso ni plazo a quien desean. Pero esto lo hace más evidente.

Hay otro elemento de las "empresas de seguridad privadas" como BW: una gran parte de sus trabajadores son latinoamericanos. Kristina Mani, de Oberlin College, ha publicado hace poco que de los 30,000 mercenarios en Irak, unos 10,000 no son norteamericanos ni ingleses. Cerca a 1,200 son chilenos, unos 1,000 peruanos y unos 700 salvadoreños, además de colombianos, nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos. Si bien entre el 2003 y el 2004 BW solo contrataba pocos elementos de Chile y Colombia, la empresa "Triple Canopy" y otras -desde el 2005, al empeorar la situación de seguridad- contratan casi exclusivamente personal latinoamericano para trabajar en la "zona verde" de Bagdad, bajo control americano.

La reducción de gastos militares, el licenciamiento de personal entrenado y los bajos sueldos, han hecho atractivo tomar personal latinoamericano, especialmente de El Salvador, Honduras y Perú, dice Mani. Un mercenario latino costaría entre $1,500 y $3,200 al mes, bastante más barato que uno de EEUU o Inglaterra. Facilita la oferta, el florecimiento de empresas privadas de seguridad en Latinoamérica ante la creciente ola de delincuencia y el enfrentamiento a ciertos problemas sociales por grandes empresas (como las mineras en el Perú con FORZA y otras, para enfrentar los reclamos de comunidades campesinas y ecologistas). Y, claro, hay más de medio siglo de estrecha relación militar con los EEUU lo que hace fluidos los vínculos entre militares y ex militares de ambas partes para subcontratar con EEUU. No han faltado, en Perú y en Honduras, las denuncias de corruptelas, que incluirían pago por lo bajo a ciertos oficiales, y el uso de instalaciones militares estatales para entrenar a los mercenarios antes de enviarlos a sus contratistas en Irak. No son pocos quienes, como Mani, resaltan la doble moral norteamericana de demandarles a los países latinoamericanos estándares de derechos humanos, mientras su "industria militar privada" contrata mercenarios que violan derechos humanos y abusan del poder con impunidad total.

Encuestas, malestar y cambio

Alan se cayó en las encuestas de Lima y Callao, plaza fuerte del fujimorismo y la derecha que le permitió ganar raspando en el 2006. Quedó mudo. Apenas balbuceó "hace una semanas me daban 13% de crecimiento en aceptación…". En abril 2007, seis meses atrás, la U. de Lima (UL) le daba 61.4% de aprobación y 30% de desaprobación en Lima y Callao. La U. Católica (PUC) le daba 56% y 30%, respectivamente, en Lima. Hoy, su aprobación oscila entre 37.7% (UL) y 30% (PUC). Lo desaprueban entre 55.5% y 63% en Lima. Alan está taciturno. Son días de alto consumo de antidepresivos: estaría por debajo de Del Castillo y Toledo. Eso duele.

Hay creciente malestar. La inflación carcome al gobierno: los precios de bienes de la mesa popular suben, una pesadilla que evoca su anterior gobierno. Y él aplica una política económica que crea poco empleo, esencialmente informal, con salarios de hambre, criminalizando la lucha sindical y social, en lugar de promover la justicia social. Su gobierno no aplica una reforma tributaria para redistribuir la riqueza (recuperando parte de la renta de nuestros recursos naturales, hoy en manos de transnacionales), ni mejora la calidad de vida de la gente. Se ahoga entre la corruptela (que hace meses paraliza las compras estatales para la policía, salud, educación y las FFAA), la ineficiencia (transfusiones de sangre trasmiten sida a niños y gente muere por vacunas del Minsa) y su pacto con la política neoliberal (fujimorista, toledista y ahora aprista). Ni regula o incide en precios, ni genera empleo, ni redistribuye.

Y la gente, ¿qué quiere? Según la UL el 79% siente que su economía está igual o peor que hace un año, y según PUC, la mayoría –46% de los encuestados– considera vital que el Estado intervenga más en la economía. Es decir que regule ciertos precios, tarifas, salarios o tasas de interés bancarias, que recupere renta de nuestros recursos naturales para invertir en educación, salud, infraestructura, en crédito y apoyo al agro y a los pequeños productores. Pero Alan está paralizado por su pacto con los ricos. No quiere tocarles un pelo. Demagogo, quiere repartir parte del dinero del canon directamente a la gente, olvidando la inversión productiva, proyectos colectivos o inversión en educación y salud. Quiere achicar aun más el Estado, haciendo que la ultra neoliberal Verónica Zavala lo "reforme". Quiere entregar 200,000 hectáreas de reservas en la Amazonía a las petroleras y priorizar la explotación minera como sea, atropellando comunidades y agricultores, para seguir como exportador de recursos naturales, sujetos a los vaivenes internacionales, sin industria ni líneas de punta. Y quiere concentrar todo el poder, quitando atribuciones a alcaldes y presidentes regionales, en estas materias.

Por ello, las víctimas del terremoto sufren la inoperancia de Forsur y su amigo Favre, quien, a pesar del malestar de la gente y la renuncia de sus amigos empresarios (Chlimper, Day y PPK), sigue promoviendo privatizarlo todo, sin consultar con nadie, aunque no resuelve nada. Prepotente como cuando su fundo habría servido de base operativa del grupo Colina. Mientras tanto, los alcaldes y la gente se organizan y luchan por solucionar sus problemas desde una perspectiva más social y participativa.

La gente reclama cambio, como el 2006, pero García no oye. No cumple sus promesas de cobrar un impuesto a las sobreganancias mineras para tener más presupuesto social, no apoya al agro (su "Plan Sierra" es un fracaso) ni restituye los derechos laborales como prometió. Tampoco limpia la casa, más bien defiende a sus ministros acusados de corruptelas. Encima, quiere más privilegios para los más ricos: reducir los impuestos que se cobran a las ganancias –no el IGV que pagamos todos– para los que reinviertan en grandes proyectos. Ya Cerro Verde, con Toledo, fue autorizada a reinvertir US$ 800 millones de dólares de utilidades en CV II, dejando de pagar US$ 240 millones al Estado y Arequipa. Mineras que casi no generan empleo tienen enormes privilegios sin generar industria ni consumo nacional. ¿Queremos más de eso?

Las encuestas son claras, pero revelan también que falta construir una alternativa y un liderazgo que la exprese. La gente no ve opciones alternativas consistentes. Eso da margen a los manejos de García y sus aliados. Ciertamente, el malestar crece. Entre abril y julio se dieron 12 huelgas o paros regionales, el Paro Agrario y la Jornada Nacional de Lucha el 11 de julio que sacudieron al país. El fatal terremoto del sur generó una tregua. Pero viene una nueva jornada este 8 de noviembre, convocada por el mismo bloque de fuerzas sociales y políticas progresistas. Sin embargo, ello no es suficiente para dar curso a las transformaciones. Las fuerzas a favor del cambio por la justicia social y el progreso deben apuntar a constituir una alternativa de gobierno, desde abajo, construyendo una red amplia y descentralizada, basada en la unidad de acción. Hay que iniciar una auténtica marcha nacional –por calles y plazas, por campos y pueblos– articulando una propuesta de cambio popular discutida con las fuerzas sociales y políticas, regionales y locales, que recoja sus planteamientos y alternativas. En ese proceso, hay que renovar liderazgos y representaciones que permitan sumar fuerzas de gremios y movimientos sociales con autoridades locales y regionales en la forja de un bloque político viable y legítimamente alternativo. Solo así seremos parte de la ola de cambio que recorre América Latina y que un amplio sector de peruanos reclama.

Alberto Fujimori, el "Chinochet" peruano que aspiró a fundar una dinastía, hoy encara –preso– dos procesos. Por un lado, el proceso judicial –ante una Sala de la Corte Suprema– tanto por graves violaciones a los DDHH (el secuestro y asesinato de estudiantes de La Cantuta, la matanza de Barrios Altos, y los secuestros en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejercito, que la Corte chilena votó unánimemente), como por la corrupción de su gobierno (pago de US$ 15 millones a Montesinos antes de partir a Panamá, pagos a los dueños de los canales de TV y a congresistas tránsfugas, espionaje telefónico, etc.).

Pero, Fujimori debe responder a un juicio mayor –político, ético y social– sobre el legado que su gestión le deja a la nación. Ciertamente, en ambos procesos, se juegan toda clase de presiones –políticas, militares y económicas– de sus aliados políticos, de los implicados en los videos que se llevó de casa de Montesinos, y de aquellos que hicieron fortuna a su sombra y se mantienen en las altas esferas del poder. Por ello es necesario abrir el debate sobre la herencia de Fujimori.

Si bien el gobierno de Fujimori controló la hiperinflación que dejó la desastrosa administración de García, su política económica hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entre otras cosas, porque Fujimori traspasó la propiedad de los principal –con minoritarios socios nacionales– disminuyendo el porcentaje de la renta que le dejan al país, y promovió la concentración de la propiedad de los principales negocios y servicios en manos extranjeras. Minimizó al Estado, desatendió a las MYPES y a millones de trabajadores independientes, que son la mayoría, marginando al grueso del país de los beneficios del crecimiento.

Si al inicio de los 90, de las principales 500 empresas del Perú, 149 eran extranjeras (30%) ,el año 2000 eran 231 (más del 46%), mientras las empresas del Estado (de todos los peruanos) habían bajado de 87 a 38 (apenas 7% de las 500 más importantes del país). Peor aun, para el 2000, las empresas extranjeras representaban –solas– casi el 42% del total de ventas de las principales 500 empresas del país. Esta extranjerización del manejo económico es una herencia de Fujimori: la concentración de la propiedad y de las ventas en transnacionales.

Ello va de la mano con el crecimiento de la economía informal –los abandonados a su suerte– que representa hasta el 60% de lo que el país produce. 7 de cada 10 trabajadores son informales y carecen de derechos sociales, seguridad social, etc. De los asalariados el 2006, poco más de 8% tiene contrato indefinido, 23% tiene contratos a plazo fijo y –ojo– 64% no tiene contrato. Peor aún, menos de 9 de cada 100 trabajadores están sindicalizados y pueden negociar sus salarios y condiciones laborales. El efecto es claro: entre 1996 y el 2006, los salarios (en Lima) prácticamente no crecieron, pero los sueldos de los ejecutivos aumentaron entre 40 y 48%. ¿Qué decir de las utilidades de las empresas? Las que cotizan en la Bolsa aumentaron sus utilidades 9 veces (de S/. 680 millones a S/. 6,316 millones) mientras los salarios quedaron estancados. Segunda herencia: legislación antilaboral e injusticia social.

Y no se resuelve repartiendo ropa usada sino recuperando control sobre nuestros recursos naturales, implementando una reforma tributaria que haga pagar más al que gana más, restituyendo derechos laborales y redistribuyendo la riqueza social: invirtiendo en servicios fundamentales como salud, educación, infraestructura, apoyo crediticio y técnico al agro, las MYPES, el turismo, etc.

La desigualdad, con sus efectos de violencia e inestabilidad social, es una tercera herencia del reo. Acentuó las brechas sociales. Fujimori dejó al país con cerca al 54% de pobres y 18% en extrema pobreza. El Perú de hoy es el país de A. Latina con la mayor desigualdad interna en la distribución de ingresos, con el mayor abismo entre ricos y pobres. Esta es otra herencia que la transición democrática fue incapaz de resolver al mantener –Toledo y García– intocada la estructura y la política económica fujimorista. Ni siquiera podemos obtener lo que nos debería corresponder de nuestros recursos mineros y naturales para invertir en las prioridades que ya hemos señalado porque todo se privatizó en medio de irregularidades y de extraordinarios privilegios tributarios que ni Toledo ni García han revisado.

Pero el fujimorismo no sólo concentró la riqueza en pocas manos, fomentó la desigualdad, desarticuló al Estado como ente redistribuidor del ingreso, eliminó numerosos derechos laborales, destruyó la banca de fomento agrario e industrial y extranjerizó la economía. Su cuarta y principal herencia es la corrupción del país, los mandos de las FFAA y de las principales instituciones, la prostitución de la TV y muchos medios de comunicación, el Congreso y el PJ, la impunidad a la acción de los paramilitares. Estas herencias marcaron su gestión, por encima del control de la inflación o captura de Guzmán, y es ante esa herencia que el 8 de noviembre volverá a desarrollarse una Jornada Nacional de Lucha de todos los peruanos.

Bush ha decidido imponer sanciones unilaterales, es decir fuera de los mecanismos de la ONU, sobre Irán. Esto se suma a una masiva venta de armas a Israel y aliados anti-Irán en el Golfo Pérsico, interceptación de barcos iraníes, detenciones, así como acciones para aislar a Irán en el mundo.

Ahora, argumentando, como lo hizo antes con Irak, que Irán es una amenaza a su seguridad, que pretende tener una bomba nuclear –de las que EEUU tiene cientos– y por oponerse a la invasión norteamericana a Irak o respaldar la lucha del pueblo palestino, busca crear las condiciones para una confrontación creciente. Ha tipificado a la Guardia Revolucionaria (el principal cuerpo militar), al Ministerio de Defensa y al aparato logístico militar iraní como responsables de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que implica severas sanciones económicas. EEUU hará pública una lista de civiles y militares iraníes, así como de empresas que considere vinculadas a estos o a las mencionadas entidades que serían objeto del congelamiento de sus cuentas bancarias y recursos donde los EEUU pueda hacerlo, afectando así la capacidad de funcionamiento, comercial y económica de numerosas empresas públicas y otras de Irán. Asimismo, el gobierno de Bush tipifica a las unidades de fuerzas especiales, llamadas "Fuerza Jesusalem", como fuerzas que sostienen el terrorismo, con las medidas punitivas correspondientes. Es decir, escala el camino hacia un conflicto más agudo.

Contradictoriamente, mientras en EEUU se discute en la campaña electoral la necesidad de retirar las tropas de Irak, los escenarios de conflicto aumentan. Así, ante nuestros ojos se van creando condiciones para otro Irak, país donde se ha desatado un conflicto que no tiene cuándo terminar y que ha cobrado ya decenas de miles de víctimas y comprometido cerca de 800,000 millones de dólares en gastos militares a los EEUU. A ello, se suman el reciente discurso de Bush contra Cuba, y sus llamados a generar un conflicto en la isla, así como los recientes bombardeos aéreos israelíes sobre Siria, generando un escenario de creciente tensión.

El efecto inmediato: la escalada de los precios del petróleo, que ha pasado los 90 dólares el barril, con el consiguiente efecto inflacionario y el impacto negativo en el costo de vida de la gente en todo el planeta y, ciertamente, en el Perú. Solo el riesgo de un conflicto armado ha conducido a algunos comerciantes y especuladores a ofrecer precios con incrementos de entre US$ 3 y US$ 15 por barril. Y es que Irán es un importantísimo productor de petróleo y un conflicto en esa zona generaría un impacto impredecible en el abastecimiento de combustible y –claro– en los precios, como lo revela lo ocurrido ante esta sola medida. Irán produce alrededor de 2.5 millones de barriles diarios. Si ello se detuviese, difícilmente se podría cubrir con la oferta de los países de la OPEC, pues algunos países árabes y Venezuela, por ejemplo, no lo harían y otros, como Arabia Saudita –llegando al máximo de su producción– apenas rasparía esa cantidad adicional. Y, ciertamente, un conflicto con Irán generaría un escalamiento en el conflicto interno con Irak, lo que a su vez afectaría el millón 700 mil barriles diarios que el invadido país produce. En síntesis, se daría un verdadero caos energético en el planeta.

La política exterior estadounidense y los escenarios de conflicto que ha abierto constituyen pues un serio problema internacional, con efectos que rebasan las numerosas vidas humanas que cobran en diferentes lugares, impactando las condiciones de vida de millones de personas.

El Perú no puede ignorar este cuadro y malbaratar o desperdiciar sus recursos energéticos, como se estaría haciendo con el gas de Camisea y la venta de estos recursos a precios ínfimos a México en un negocio privado del Consorcio de Camisea, en el que los peruanos aparecemos como invitados de piedra cuando se trata de nuestros recursos. El Perú no puede repetir el camino de México que desperdició sus recursos, exportando a precios 'huevo' para terminar de importador de energía, dejando de garantizar el abastecimiento interno al país. Es un tema de seguridad y de desarrollo nacional que no puede ser decidido por una empresa particular con un Estado mudo, como pretende presentarse ahora el gobierno de Alan García.

Los recursos petroleros y energéticos del Perú deben servir a nuestro desarrollo y garantizar nuestra estabilidad económica y social. Es función del gobierno y del Estado garantizarlo, y es obligación de los peruanos recordárselo sin vacilación cuando sirve a otros intereses. Es también interés del país frenar la escalada armamentista y guerrerista que nos amenaza a todos, y al planeta entero, con una diplomacia capaz de intervenir en el escenario internacional con posiciones firmes y decididas para evitar la carrera al precipicio al que empujan Bush y sus halcones al mundo entero.

Y es que el Banco del Sur es un Banco de Desarrollo, de crédito para proyectos de desarrollo regional e integración de los países de América del Sur. Una iniciativa que propuso Hugo Chávez –hace cerca de un año- y que se convierte en realidad con la participación de de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y…hasta el gobierno colombiano del mismo Uribe, el hombre confianza de los norteamericanos ha hecho saber su interés de participar hace dos semanas. El Perú y el líder de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que nos gobierno está mudo y, otra vez, corremos el riesgo de quedar fuera de un instrumento fundamental para desarrollar nuestro proyectos viales y energéticos, así como aquellos que impliquen inversiones en educación y en salud, en programas sociales de desarrollo por la incondicionalidad del nuevo García que nos gobierna.

El Banco del Sur es una alternativa al Banco Mundial y al BID, bancos multilaterales que funcionan con fondos que aportamos todos los países socios pero bajo el manejo central de los norteamericanos y de algunos de sus socios europeos que colocan numerosas condiciones y obligaciones de aplicar las políticas que a ellos les convienen para otorgar los prestamos solicitados. Ellos, y el FMI, fueron los principales promotores de la imposición del llamado Consenso de Washington que impuso en América Latina las privatizaciones indiscriminadas y –muchas veces a precio de huevo- de nuestros recursos naturales y empresas publicas estratégicas para pasarlas a manos extranjeras, la desregulación laboral, los despidos masivos y la perdida de derechos laborales elementales, la privatización del sistema de pensiones y la creación de la AFP, la entrega a manejo privado de los servicios públicos para terminar pagando las tarifas mas altas de electricidad o telefonía. Lo que llamamos los créditos condicionados: o haces esto o no te presto para la carretera, para el puente o para la reforma educativa.

El nuevo Banco, pronto a nacer, con más de $7,000 millones de dólares de capital inicial suscrito por los países con la sola condición de mantener las proporcionalidades de los aportes hechos a los bancos multilaterales existentes, tendrá importantes rasgos novedosos: cada país tendrá un voto en la directiva, al margen de su tamaño o aporte. Muy diferente, por ejemplo, al FMI que tiene 185 miembros pero es EEUU quien hace deshace como quiere. Será un instrumento integracionista dedicado a promover proyectos de desarrollo e integración priorizando las vías de comunicación y la energía, pero apoyando la educación y la salud también.

Su estructura no tendrá un patrón o dueño que imponga la voluntad del que aporta más y punto. Y no habrán condicionalidades como las del Consenso de Washington que recorten nuestra soberanía y nuestra autonomía parea optar por nuestros modelos de desarrollo. Será un instrumento de nuestra soberanía y no de nuestra sumisión, un instrumento integrador, como el camino que emprendiera en su momento la Unión Europea y tomará en cuenta nuestras diferencias de desarrollo con un criterio solidario y de compensación a las diferencias. Algo verdaderamente distinto y precisamente en un momento en el que varios países tienen importantes excedentes por altos precios en el mercado internacional de sus productos y recursos, que no estarán obligados a depositar en la banca internacional a bajísimas tasa de interés sino que podrán apalancar para su propio desarrollo.

Ciertamente, queda mucho por hacer en la formulación del banco y sus estatutos y políticas, y habrá que trabajar la idea de una alternativa al FMI –que Venezuela ya anunció que abandona- para generar fondos para créditos de Balanza de Pagos- cuando se presenten crisis de este tipo. Pero es un avance fundamental.

El Banco de Chávez -como pretenden llamarlo los que andan persiguiendo los programas de salud, educación o becas universitarias del ALBA que ellos mismos no pueden ofrecer en su propio país a su propia gente, porque regalan privilegios tributarios y recursos naturales a los mas poderosos y se olvidan de las mayorías- es una herramienta liberadora y de desarrollo para América Latina, es el Banco del Sur, el banco de los sudamericanos, el nuestro, que prestará pensando en nosotros y nuestros intereses, no en las potencias del norte simplemente. Una herramienta que lo hubiera soñado el primer Haya de la Torre, pero al que tiene mudo es al ultimo García, al que es un lobbista de la inversión extranjera a cualquier precio.

¿Nos dejará García fuera de este proyecto también por su sumisión a los EEUU y a los grandes consorcios económicos? No debiéramos permitirle dejarnos otra vez fuera de la historia que nuestros pueblos están escribiendo para su progreso y desarrollo. Si en su primer gobierno nos dejó con una brutal hiperinflación y un terrorismo en alza, en medio de una crisis moral sin precedentes, nos permitamos que ahora nos deje a la vera del camino viendo pasar el tren del desarrollo y la integración, de la soberanía y el progreso.

Allá los mineros son privilegiados: ganan buenos sueldos. No es que 2 de cada 3 están contratados por "service", con salarios diminutos, sin seguridad social ni responsabilidad de las transnacionales para las cuales laboran jornadas de 12 horas. No viven en lugares como la Oroya donde 99% de los niños tienen más plomo en la sangre por contaminación que lo que permite la Organización Mundial de la Salud y 20% requiere atención medica según el MINSA. O los niños del Callao que absorben plomo de los depósitos de minerales del puerto y sólo 1 de cada 20 tiene niveles aceptables de plomo (Dirección General de Salud). Donde habitan García y la Sociedad Nacional de Minería, los privilegiados obreros mineros no sufren de neumoconiosis y múltiples enfermedades laborales, y las comunidades campesinas no sufren contaminación ni escasez de agua. No existen los 466 mineros muertos en accidentes laborales entre Enero del 2000 y Junio del 2007, asfixiados, intoxicados o mutilados. Son privilegiados que demandan abusivos derechos, como en la huelga que emprendieron el 5 de noviembre, sin causa alguna porque "ganan bien". Además, en el Perú oficial las huelgas no comprometen a nadie, aunque si comparamos las horas hombre perdidas por paros y huelgas mineras el 2005 (115,952) con 7 meses del 2007 (1´212,344), veamos que se han multiplicado.

En Alanofujilandia, los docentes universitarios son unos vagos por reclamar que se cumpla la ley (de hace 24 años) que nivela sus sueldos con los del Poder Judicial o que exigen más presupuesto para educación superior y desarrollo científico, en este mundo del conocimiento y la globalización. Y los maestros de escuela son una banda de ignorantes por exigir mejores niveles escolares y más recursos cuando el último balance educativo mundial coloca al Perú en el último lugar de 131 países evaluados. En esa galaxia, los educadores lo tienen todo y sus reclaman son políticos. ¿Quién puede protestar porque a la educación se le asigne 3% de lo que el país produce cuando el compromiso del Acuerdo Nacional, firmado por el APRA, era dedicar el 6%, como mínimo? Los agitadores. Sólo a ellos preocupa los impuestos que no pagan los más ricos y las transnacionales que se llevan nuestros minerales y riquezas a precio de huevo mientras no hay plata para educación o salud. Menos dinero aún para promover un desarrollo alternativo en las zonas cocaleras -en huelga del el 29 pasado- porque en realidad –para Garcimori- no son sino narcos y no campesinos pobres.

Y la salud, en ese mundo, es del carajo: hospitales con médicos y enfermeras bien pagados y dedicados a tiempo completo, no numerosos profesionales contratados a plazo fijo y sin derechos. Y todos tienen ambulancias, pues es una ficción que no se puedan comprar ni ambulancias ni patrulleros porque las coimas son escandalosas. Si el Estado ha resuelto el tema entregando la capacidad de comprar al PNUD, organismo de la ONU que antes administraba el dinero de la planilla dorada de Fujimori para pagar en dólares a los ministros, asesores y altos funcionarios. ¡Eso es garantía de transparencia!

¿Quién es ese 91% de encuestados cree que la corrupción es alta o muy alta en el Estado y ese 88% que ve inefectiva la política anticorrupción? ¿No ha ratificado el Rey su confianza en los ministros denunciados?

En su fase maníaca, Garcimori simplemente no ve que está desperdiciando –por segunda vez- una oportunidad para el país: altos precios de nuestros productos de exportación; posibilidades de obtener recursos para educación, salud, infraestructura, apoyo al agro y a las PYMES; articulación en bloque latinoamericano que nos permita cambiar un modelo económico en el que hay crecimiento -en algunos periodos- pero no hay desarrollo ni mejora en la calidad de vida de la gente porque las minorías siguen concentrando la riqueza. La gente lo siente. En medio del boom económico solo 15% de los encuestados en Lima y Callao dice que la economía está bien o muy bien (6% menos que el año pasado) y 33.4% que está mala o muy mala (12% mas que el año pasado). Casi 28% dice estar peor hoy que hace un año (lo que sube a 31 y 49% entre los sectores D y E, los más pobres), mientras casi 28% (y un 48% de los más pobres) cree que el próximo año será peor: 17% más que hace un año. El piso de mueve: 68% de los encuestados ve la situación política poco estable o no estable (casi 10% más que el 2006).

En Alanofujilandia –donde el poder manipula la información y negocia, como Montesinos, los votos del Congreso por prebendas- nada se debe mover. La negación de la realidad es la mejor receta, sazonada con amenazas y demagogia. Pero las fuerzas de oposición alternativa, que quieren un nuevo Perú en una nueva América Latina, no pueden contagiarse de la ceguera. El país reclama una alternativa y no se está trabajando seriamente para construir una fuerza capaz de sacar adelante la una opción posible: un nuevo gobierno con un nuevo camino, que reivindique nuestros recursos naturales, garantice nuestros derechos, promueva nuestros sectores fundamentales como el agro, las PYMES y el turismo, invierta en educación y salud, y rescate la ética y la transparencia en la política para que la gente controle a las autoridades que elige e intervenga en la definición de su destino. Ello exige unir fuerzas, caminar el país y levantar una esperanza de futuro que muchos hoy sienten imposible. Una luz al final del túnel y la convicción de que podemos salir de él son indispensables.

La lógica es simple. Se trata de evitar que Fujimori responda a las acusaciones que, más allá de la autoría directa e inmediata que se da en varios casos como el de la CTS de Montesinos o el allanamiento, lo involucran claramente. Y es que, según la doctrina de la Responsabilidad del Superior (que se remonta a la Segunda Guerra Mundial y establece la responsabilidad de los Jefes Militares y Civiles por los ilícitos de sus subordinados) él era el Comandante en Jefe de la FFAA y Presidente de un régimen cívico-militar, con control efectivo sobre los autores del delito (hizo dar una ley para que el SIN responda al mismo Presidente). Hasta vivía en las instalaciones del SIE y del SIN (cuando se produjeron los hechos). Y, no sólo omitió medidas para impedir los delitos o sancionarlos, sino que los amnistió y encubrió.

Además, según la doctrina del Dominio de la Escena es clarísimo que Fujimori controlaba la escena y los espacios en que se cometían los delitos. Y sobre su calidad de autor intelectual, no necesariamente material, de los hechos delictivos, está claro que estaba a la cabeza del mando en las estructuras del poder y que numerosos testigos así lo señalan.

Informes legales de prestigiosos abogados como los de la George Washington University, de EEUU, sostienen que en este caso se aplica también la doctrina de la Empresa Criminal Conjunta que se da cuando un grupo de personas, con un plan o propósito común delictivo, participan en ese proyecto. Al ordenar actos delictivos a sus subordinados o brindarles protección absoluta –como dice el informe– participa en el establecimiento, funcionamiento y continuidad de una empresa criminal. ¿Quién puede dudar de eso en el caso de Fujimori?

Pero la verdadera defensa de Fujimori estará centrada en las influencias de los poderes económicos y políticos que logre movilizar. Porque Fujimori, que se pretendió profundamente renovador y ajeno al poder establecido en 1990, un verdadero "outsider", no fue –para nada– ajeno a los intereses económicos de los dueños del Perú que estos desgastados partidos representaban. Fujimori terminó siendo un eficaz "insider", expresión de los poderes fácticos –económicos, militares, mediáticos y tecnocráticos– gestados en la década de los 80. Con su gobierno negociaron e hicieron grandes negocios importantes transnacionales, Dionisio Romero, Lucchetti, los Picasso y Camet, los Bertini y los representantes del Banco Wiese, dueños de los canales de TV y de la prensa, los norteamericanos vinculados a Yanacocha…

Más que transformar al Perú fue una suerte de restaurador de un viejo orden –casi del corte del Estado oligárquico– que acentuó la exclusión y la concentración del poder en poderosas minorías extranjeras y nacionales que siempre fueron decisivas en el país. En realidad fue un aventurero, sin propuesta programática y a la caza del poder, que resultó cazado por los poderes fácticos, asumió un programa político y económico ajeno al compromiso propuesto a sus electores, y representó los intereses de los mismos de siempre. Un títere, cooptado por corruptos mandos militares y Montesinos, que se fue convirtiendo en titiritero, con grandes márgenes de maniobra y compromisos con el poder real nacional e internacional.

Su gobierno fue una transacción –en la que como Presidente, formalmente, negoció y se abrió su espacio– en que se impusieron y combinaron diversos intereses: los de los corruptos jefes militares y de inteligencia que ya tenían en curso una estrategia de poder anterior al "fenómeno" Fujimori (Plan Verde); los de ciertos empresarios y transnacionales mercantilistas de siempre; los de tecnócratas ávidos de un manejo patrimonialista del Estado; los intereses de ciertos organismos multilaterales interesados en resolver sus problemas pendientes con el Perú e imponer sus modelos, haciendo la "vista gorda" ante los problemas de corrupción y abuso de autoridad, sosteniendo el clientelaje gubernamental.
La corrupción no fue un invento de Fujimori. La historia política peruana está llena de ejemplos de su presencia. Pero con él se generalizó y penetró todos los poros de la sociedad, como una metástasis cancerígena, acompañada de un pragmatismo individualista amoral.

Uno planeaba y arreglaba la compra de armas inútiles con enormes comisiones y el otro firmaba los DS secretos para llevarlos adelante. Y luego, el reparto. También eran socios en una estrategia "antisubversiva" y de control político y represivo a las fuerzas democráticas y sociales, que iba desde el espionaje telefónico del SIN hasta operaciones "especiales" (asesinatos, detención-desaparición de personas o matanzas como La Cantuta y Barrios Altos) que llevaba adelante el grupo Colina con el apoyo logístico de unidades de las FFAA como la DIFE.

Los siameses vivían cruzando la pista de la DIFE y en el mismo ambiente donde estaban acuartelados Santiago Martin Rivas y los demás criminales del grupo Colina. Allí, con la intervención de Hermoza Ríos, nacieron las órdenes de numerosos delitos de lesa humanidad. Eran la cabeza, los autores intelectuales, de los crímenes que motivaron la extradición de Fujimori (entre muchos otros que no se plantaron a la Suprema chilena). Ciertamente, junto a los jefes del SIE y otros servicios de inteligencia, del SIN, y miembros de la comandancia general militar (cuyos comandos Fujimori designaba, mantenía o cambiaba a voluntad por ley expresa que hizo aprobar).

Hoy, Montesinos y Hermoza están al borde de la condena en los juicios que se les siguen por estos casos, y Fujimori va a comenzar el suyo el 10, por las maniobras dilatorias de su abogado. Pero se quiere manipular el juicio. Quieren evitar verse cara a cara, evitar responder las preguntas en persona y en directo, evitar ser evidenciados en sus contradicciones y mentiras. Salir lo mejor parados que les sea posible.

Entre esas maniobras se pretende sacar una ley –propuesta meses atrás, nada menos que por el Presidente de la Sala que lo juzgará– para cambiar el Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué cambiar los procedimientos y las reglas cuando va a comenzar el partido? ¿Ayuda a la transparencia y al debido proceso? Los cambios pretenden abrir la puerta para que Fujimori pueda evitar estar presente físicamente en el juicio en forma permanente y le permitirían ser representado por su abogado, si tiene "causa justificada". Por ejemplo, se enferma, entonces ya no responde él a las preguntas de los vocales, sino su abogado. ¿Alguien puede creer que es lo mismo, que sirve igual la respuesta de uno u otro para conocer la verdad? ¿Estuvo acaso el abogado en cada uno de los casos y reuniones en que se planearon y ejecutaron los delitos por los que son juzgados? Evidentemente que no y ello lo único que hace es oscurecer la verdad. El Dr. San Martín dice que el objetivo es acelerar el juicio y evitar postergaciones. ¿Queremos celeridad o verdad y que se haga justicia? ¿Estamos apurados por un mal juicio, o buscamos saber la verdad y castigar a los responsables?

Los cambios propuestos facilitarían a Fujimori evitar un careo personal y directo con Montesinos, con Hermoza Ríos, con los jefes del SIN, ministros, miembros de Colina y muchos de quienes ya han testimoniado en su contra. Podría contestar su abogado. ¿Acaso es lo mismo? Podría usarse una "video conferencia". ¿Es acaso lo mismo cara a cara que por televisión, a la distancia? Los jueces juzgan por los hechos y la ley, pero también por conciencia, y para ello estudian la reacción del reo, su comportamiento. ¿Puede alguien, en su sano juicio, decir que es lo mismo cara a cara que video conferencia, que es lo mismo el acusado que su abogado? ¿Acaso los otros no están presos también y pueden ser fácilmente trasladados? ¿O falta interés y pantalones para hacerlo? ¿No será que muchos intereses temen que salgan trapitos al aire?

El Congreso no debería ni discutir el tema que, con el argumento de la velocidad, sacrifica la verdad y la justicia. Y el país no lo debe tolerar.

Como si hubiéramos entrado en el túnel del tiempo, el siglo XXI parece llevarnos al XIX y a los inicios del siglo XX. Los mercados del país se abren incondicionalmente con los TLC con EEUU y Chile, aunque los ineficientes campesinos comuneros paguen el pato y los lornas que consumen medicinas genéricas deban pagar medicinas de marca cuando vengan los nuevos fármacos.

Los dueños del Perú son, otra vez, en su mayor parte extranjeros con sus testaferros y felipillos nacionales, a quienes acompañan cada vez más escasos y debilitados grupos nacionales. Cierto que ahora no sólo se trata de gringos y europeos, sino que ya tenemos chilenos, brasileños y chinos al por mayor. Cierto también que el fundador de la dinastía restauradora está preso, repatriado, y por iniciar juicio. Pero lo juzgarán, lo condenarán a medias tintas y luego… ¿lo indultarán o amnistiarán como a los del Grupo Colina, antes de las elecciones del 2011?

Otra vez, los trabajadores embanderan, como una esperanza casi inalcanzable, las 8 horas de trabajo, la seguridad de un empleo estable, su demanda de seguridad social, su derecho a la negociación colectiva. Una minúscula minoría tiene derechos y organización sindical y, encima, la quieren eliminar, "disolver" como diría Fujimori, criminalizando la protesta social, fomentando la fractura de las organizaciones o gritoneando a su antojo y amenazando abalear a los "malnacidos" trabajadores que se atreven a reclamar sus derechos, como lo acaba de hacer el ilustrísimo ex ministro fujimorista y empresario José Chlimper, aplaudido a rabiar en la CADE.

Otra vez, se trata de sacar a los campesinos y a los indígenas de sus territorios y de sus tierras, por más arrinconados que ya estén. Resulta ahora que los parajes en que los encapsularon tienen oro, plata, cobre o caoba y maderas preciosas. Sus derechos de propiedad y sus comunidades, sus territorios amazónicos y sus reservas obstaculizan el crecimiento minero o petrolero, y el ingreso del Perú al primer mundo. Frenan la explotación indiscriminada de nuestros minerales, de nuestro petróleo, de nuestras maderas preciosas. Impiden la expansión de los grandes consorcios extranjeros y su mágica inversión que, como siempre, trae progreso y desarrollo. ¿Acaso ya se olvidaron del progreso que gozamos en la época del guano y el salitre, del caucho y el cobre, la anchoveta y la plata? ¡Hagan memoria! ¡Tenemos otra oportunidad! Pero como bien dice el teórico del perro del hortelano hay que resolver el problema de los que sobran en el modelo, de los que estorban, de los que traban, de los que no dejan comer y crecer a las transnacionales porque se atreven a querer comer y progresar ellos. De allí que se apreste a cambiar la ley de tierras y comunidades, las leyes forestales y a debilitar más aún a las autoridades medioambientales, la ley de aguas, y, claro, a reducir los impuestos a las ganancias de las grandes empresas que reinviertan para ganar más, como proponen Rey Rey y sus pares empresariales que también reclaman más flexibilidad laboral.

Entre tanto, se multiplican los desfiles de moda para ayudar a los pobres, las cenas caritativas, y los fondos que constituyen las empresas más ricas para paliar la miseria que los rodea allí donde extraen nuestros recursos. Las páginas sociales crecen en las revistas y diarios, los clubes exclusivos, los carros de lujo… ¡señal de que progresamos, Sancho! Aunque, como lo revela el drama de Pisco, Chincha y el Sur chico, la tragedia y la reconstrucción siempre abren oportunidades de negocios y privatizaciones. ¿No es así, Julito Favre?
Y, como en los viejos tiempos, harto circo: del baile del Chino al teteo del nuevo García, desde las sanciones a los seleccionados parranderos hasta el reconocimiento a los artistas nacionales, con el aporte de la modernidad: la tele, la radio, la prensa nacional, en general y, como antaño, en un vergonzoso juego de ayayeo al poder.

Las primeras sesiones del juicio a Fujimori dejan claro el abuso que se comete con el ilustre reo japonés que salvó a la patria. ¿Cómo juzgar a un acusado que padece amnesia, que ha perdido la memoria, que casi está chochito? ¡Si estamos ante un inimputable! ¿No se han dado cuenta de que no recuerda quién le presentó a Montesinos? ¿No ven que tampoco recuerda cómo conoció a Hermoza Ríos? ¿No le creen que no puede contar cómo pactó con los mandos que habían elaborado el Plan Verde, plan golpista de 1989-90 que publicó "Oiga" en 1992 y que apuntaba a aplicar un plan económico neoliberal y a garantizar impunidad al accionar militar, ante el desastre que dejaba García? ¿No ven que ha borrado de su disco duro cerebral las negociaciones llevadas en el Círculo Militar, el Pentagonito y el SIN en las que se fue comprometiendo con el Plan golpista que implementó el 5 de abril después de un sistemático desprestigio del Congreso y del PJ?

Pero el procesado no sólo es amnésico, es en realidad un títere con amnesia. No tomaba decisiones ni definía políticas sobre temas que ignoraba. En materia antisubversiva, sólo siguió la herencia de García. Era apenas un ex rector que nada sabía del tema, le ha aconsejado su defensa. ¿Hubo un Grupo Colina?, pues seguramente era sólo la continuidad del Grupo Escorpio, del Batallón Patriota o del Comando Rodrigo Franco, heredados de García. Y cuando ya no se puede simplemente sostener la tesis de la herencia, pues entonces seamos claros: era un títere que firmaba lo que le ponían al frente. Así se explica el oficio de felicitación y propuesta de ascenso de 1991 –por servicios especiales– a una lista militares que integraban Colina y el equipo de espionaje telefónico que dirigía Huamán Azcurra en el SIN. ¿Acaso un presidente está obligado a leer lo que firma? ¿Acaso puede atreverse a preguntar por qué propone ese ascenso? ¿Acaso le compete saber por qué recomienda a personal subalterno y oficiales en una lista? ¡No! Si ni siquiera sabe quién redactaba lo que firmaba. Era un "caído del palto" o un títere de los asesores y comandos militares o de inteligencia que nombraba. ¿Alguien lo duda?

Además el procesado es un hombre que no leía diarios, no oía radio ni veía TV porque estaba muy ocupado trabajando. Tampoco tenía a nadie que le informara de lo que decían. Gobernaba a ciegas. Y cuando se enteraba de algo tan grave como la denuncia del Gral. Robles sobre la existencia y los crímenes del Grupo Colina –como un destacamento militar y no como un grupo de aventureros– pues hizo lo que tenía que hacer: lo llamó, por medio de la prensa, a que no se asile y se quede en el país. ¿Le ofreció seguridades ante las amenazas? No se le ocurrió. ¿Lo citó, le escribió? La verdad es que tampoco. ¿Para qué, si ya le había dicho a la prensa que no debía irse del país? ¿Nombró una comisión investigadora independiente de urgencia? ¿Suspendió en sus funciones a los militares denunciados y a Montesinos? No se le ocurrió, estaba regalando ropa usada.

Y es una vergüenza que hasta el imperialismo se sume a las calumnias. Resulta que documentos del Embajador en el Perú, de agosto de 1990 dan cuenta al Departamento de Estado de que el fujimorismo ha aprobado una doble estrategia antisubversiva: una legal, para los discursos, y una secreta e ilegal, con grupos de operaciones especiales (como el destacamento Colina). La Embajada sabía, pero Fujimori no. La inteligencia americana también sabía de numerosas operaciones en las que se liquidaba extrajudicialmente personas, pero el presidente no. ¿Usted no le cree? ¿No le parece lógico o es de los que quieren linchar judicialmente al pobre acusado?

En realidad, mientras el fiscal no presente una foto de Fujimori apretando el gatillo o un vladivideo de él dando las órdenes, es inaceptable que sus socios de gobierno, Montesinos o Hermoza, lo pretendan involucrar en estas acciones en las que él era solamente el jefe de las FFAA y del SIN, de quien dependían destacamentos como Colina. ¿Alguien puede pretender que él tenía el dominio de la escena, que él era la cabeza de la línea de mando y que estaba informado de lo que hacían instancias que dependían directamente de él? Solo quienes quieren lincharlo.

Vamos, dejen jubilarse en paz a este títere chocho y sus socios en los negocios y negociados, en ejecuciones extrajudiciales y matanzas. Los responsables son los otros. Los cabos y sargentos, los capitanes y mayores, los subordinados. Nunca los que dirigen y mandan. No confundamos a la gente haciendo a los jefes responsables de lo que ordenan y hacen las instituciones que dirigen. ¿Qué pretenden, descabezar y linchar la dinastía que se instaló en los 90? Es hora de un juicio justo. Nombremos a Keiko, a Jorge Trelles y a Carlos Raffo como jueces, a la señora Cuculiza como fiscal titular y a Martha Chávez de adjunta. Hagamos la justicia a la que el Perú está acostumbrado.

En un reciente seminario en Madrid, los prestigiosos cientistas sociales Peter Gowan y Carlos Taibo desentrañaron esta peligrosa tendencia mundial de un capitalismo desbocado, bajo la hegemonía unipolar de EEUU y la sujeción de la UE a sus designios. A la caída del Muro de Berlín y la disolución de la URSS, las restricciones impuestas al capitalismo más bárbaro se vinieron abajo, revestidas de "modernización" y globalización que se lanza no sólo a someter y controlar recursos naturales fundamentales en los países que están fuera del primer mundo desarrollado, sino a someter a Europa a las políticas de EEUU. El Tratado de Mastricht de la UE, el proyecto de Constitución comunitaria que destruía el Estado de Bienestar (derechos sociales y laborales conquistados en Europa, que frenó el rechazo de los referéndums de Francia y Holanda), y la actual pretensión de imponerla por medio del nuevo Tratado de Lisboa, pero ya sin consulta como anunció recientemente el Presidente francés, evidencian que el neoliberalismo excluye todo control democrático para imponerse. Quiere recortar derechos y precarizarlos, concentrando decisiones en las instancias intergubernamentales de la UE (la Comisión Europea, para política microeconómica, y el Banco Central Europeo, macroeconomía), apartándolas del control ciudadano. Así pretende caminar en Europa el plan neoliberal: privatizar, desregular y destruir las políticas y los derechos sociales, como denunció en ese evento Oskar Lafontaine, ex ministro de Economía alemán que hoy lidera la tercera fuerza electoral alemana: Die Linke.

En el mundo capitalista desarrollado y en el Tercer Mundo, el neoliberalismo va amarrado con la destrucción de los espacios y mecanismos de control democrático, con la manipulación política y mediática, y la exclusión de mecanismos de participación en las decisiones que los afectan. En el Tercer Mundo es más brutal y despiadado, como lo evidencia el control sobre los recursos naturales –y en particular energéticos– que está detrás del conflicto del Medio Oriente y Palestina, la ocupación de Irak y Afganistán, la amenaza a Irán, y de la quiebra del derecho internacional para imponer los planes imperiales y controlar los recursos al servicio de los "elegidos" por el darwinismo social. De allí también la agresividad contra los procesos que en AL se desarrollan para renacionalizar el control sobre los recursos naturales (petróleo, gas, minerales) y manejar la renta que generan en función del desarrollo de sus pueblos y no de la voracidad del capital. De allí la sistemática campaña contra Bolivia, Ecuador y Venezuela (con la recia Cuba), que encabezan este esfuerzo, y los afanes de quebrar el bloque de fuerzas progresistas y latinoamericanistas con Brasil, Uruguay, Argentina y Nicaragua, lideradas por gobiernos de izquierdas y de base popular.

Los planes imperiales están claros y son amenazantes. Pero tienen serios problemas. La resistencia de los pueblos que –Irak, Afganistán y Medio Oriente– empantanan sus proyectos. El fracaso del guerrerismo agresor de Bush es evidente. Como en AL lo es el surgimiento de una corriente de unidad inspirada en Bolívar, Martí, Artigas, Alfaro y Mariátegui, que reivindica el derecho de los pueblos. Y, en Europa, las eclosiones sociales frente a la exclusión, especialmente en jóvenes y millones de migrantes y sectores de trabajadores, expresan otra vertiente de resistencia contra la privatización, la desregulación laboral y la destrucción de derechos sociales. Y tenemos también el fenómeno de una China emergente, con un mercado interno de un 20% de la población mundial, con juego propio.

Pero el neoliberalismo se atasca por su propia crisis económica al apoyarse en una economía especulativa –como la burbuja inmobiliaria y la irresponsable expansión del crédito en EEUU y Europa– que están generando inflación con paralización económica. La agresividad capitalista crecerá y su amenaza requerirá respuestas nacionales e internacionales articuladas y firmes, con la unidad de los sectores progresistas nacionales, como en Perú urge resistir el relanzamiento de la ola privatizadora y desreguladora, de amenaza a la propiedad rural comunal y nativa, y de puertas abiertas a una minería transnacional sin control, que García pretende imponer. De ello depende nuestro futuro.

La Operación Cóndor ha sido motivo de libros de periodistas e investigadores, evidenciada en informes secretos desclasificados del gobierno estadounidense y de las FFAA argentinas, denunciada en artículos de prensa en España, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú hace décadas, denunciada por organismos de DDHH y fue parte del proceso que enfrentó el dictador chileno Pinochet en Londres por denuncia del juez Baltasar Garzón de España. Nadie duda que el Perú y Ecuador se integraron al Plan unos años después de su inicio, bajo el gobierno de Morales Bermúdez, pues Velasco no formaba parte de la red de dictaduras militares sanguinarias que imperaban entonces en esta parte del continente.

Cuando menos tres hechos ocurridos con Morales Bermúdez están vinculados al Plan Cóndor: el secuestro y desaparición del argentino Juan Carlos Maguid en abril de 1977, la entrega –en un avión militar peruano– a manos del ejercito argentino de 13 peruanos (sin documentos, sin dinero y ni información a sus familiares) que, en su mayoría impulsamos el Paro Nacional de mayo del 78 y estábamos presos en Seguridad de Estado; y, finalmente, el secuestro de Noemí Esther Gianotti de Molfino y otros dos argentinos (además del que trajeron desde Argentina para identificarlos y capturarlos) en junio del 80. Su detención fue parte de un operativo en el que intervino una unidad militar argentina, los retuvieron en un local militar en la Playa Hondable y los llevaron hasta la frontera con Bolivia para "expulsarlos" a manos de los argentinos en complicidad con militares bolivianos. Todos murieron, incluyendo la Sra. Gianotti, cuyo cadáver apareció envuelto en una frazada –en pleno verano– en Madrid, en julio, aparentando que no había sido detenida sino que viajaba por España y murió libre allá.

Los capitostes de la alianza en el poder han reaccionado rápidamente, cubriéndole las espaldas a Morales Bermúdez. Alan García, desbocado y sin que siquiera la Corte Suprema haya recibido la solicitud de extradición italiana y evaluado el caso, ya dijo que no entregaría militares encausados por DDHH y presentó a Morales Bermúdez como el militar de la transición democrática. ¿Ya se olvidó que fue el Paro Nacional del 19 de Julio de 1977 el que cambió el rumbo del país, obligando a la convocatoria de una Constituyente y que Morales mantenía la tesis del "no partido" sin ningún compromiso con una transición democrática? ¿Olvidó que ese mismo general quiso imponer una modificación de la Carta del 79 a la Asamblea Constituyente cuando esta clausuraba sus funciones?

Lo que pasa es que García quiere establecer una política de Estado respecto a estos casos de DDHH, blindando a los acusados frente a procesos internacionales. Sabe que le esperan –al acabar su mandato– los juicios por las matanzas durante su primer gobierno: las del Grupo Scorpio, el Batallón Patriota y el Comando Rodrigo Franco (que le recordó el propio Fujimori), la de Cayara –donde se asesinó hasta a los testigos que declararon al fiscal sobre la masacre- o la masacre de Penales (casi 250 muertos ejecutados a sangre fría y desarmados, operaciones bajo el mando de su vicepresidente Giampietri y su viceministro Mantilla). Hoy por ti, mañana por mi, ¿no?

El arzobispo Cipriani, que estando en Ayacucho –cuando las desapariciones y crímenes masivos– declaró que los DDHH eran una cojudez, ahora considera que estos son "abusos en nombre de la justicia" que "no tienen nada que ver con la verdad". El flamante ministro de Defensa y abogado de grandes empresas considera "un exceso" –"no atendible"– la demanda de la jueza italiana, sobre la que no le compete pronunciarse pues sería materia de la Corte Su-prema y no de su portafolio. El gallinero del poder está alterado, cuando a Fujimori se le juzga por cosas parecidas ocurridas en el Perú.

Pero los hechos son macizos y las evidencias contundentes. Desde fines de la década del 70, las FFAA latinoamericanas –con asesoría norteamericana y bajo la sombra del TIAR– aplicaron estrategias antisubversivas y de inteligencia que incluyeron los secuestros, la detención–desaparición de personas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales– utilizando equipos y destacamentos militares para el efecto. Es cierto, la justicia y la verdad tardan, pero llegan aunque los gobernantes prefieren la amnesia y la impunidad.