El 2008 será crucial en varios asuntos políticos, económicos y sociales para los peruanos, y marcará, sin duda, el escenario del 2011 y las elecciones de entonces.

En materia política será decisivo. La demanda ciudadana de un crecimiento con desarrollo y redistribución de la riqueza que hoy se concentra en un puñado de privilegiados, pondrá a prueba al desgastado e ilegítimo régimen político imperante, empecinado en la reconstitución de una República oligárquica y excluyente que las mayorías repudian. Por otro lado, el juicio a Fujimori, la sentencia que reciba y los arreglos a los que lleguen en preparación de algún indulto o amnistía de cara al 2011, marcarán el destino del bloque político de derecha que hoy gobierna el país. Y es que la alianza del alanismo con el fujimorismo y la derecha pepecista (sostenida por el capital financiero, las transnacionales mineras y una prensa mayoritariamente servil) sabe que dividida no tiene destino y que juega al filo de la navaja si se descompone su pacto de gobierno. Por ello, el destino del reo, ladrón y asesino es una carta importante. Pero, ciertamente, para quienes aspiramos a un profundo cambio, construyendo un Perú para todos, un Estado nacional y social, y queremos devolverle la ética a la política, hoy prostituida; los retos del 2008 son también fundamentales en este terreno y en la construcción de una alternativa nacional unitaria con la gente de a pie.

En asuntos económicos y sociales, son por lo menos cinco los temas cruciales. En primer lugar, el tema de la propiedad de la tierra y del control del territorio. Específicamente, la ofensiva que ha emprendido el gobierno contra las comunidades campesinas de la Sierra y las comunidades nativas de la Selva, a efectos de imponer la privatización de sus tierras mediante diversas maniobras y dar cancha libre a los depredadores de nuestros recursos naturales (mineros, petroleros, gasíferos y madereros) por encima de los derechos de las mayorías empobrecidas del país. Con ello, no hay duda, pretenderán retomar mecanismos de privatización del manejo del agua, como ya lo pretendió el fujimorismo antes. Derrotar esta maniobra es vital para preservar nuestra tradición solidaria y colectivista, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

En segundo lugar está la reforma laboral. Han congelado el proyecto de Ley General de Trabajo, buscan reducir los derechos laborales (vacaciones, pagos y obligaciones diversas) extendiendo la aplicación de la Ley de Pequeña y Micro Empresa a empresas de mayor tamaño, y quieren estabilizar el sistema de trabajadores sujetos a contratos de Servicios no personales ofreciendo migajas como bonificaciones de 300 soles al año (generosos 25 soles mensuales, no pensionables) a trabajadores públicos a quienes corresponde estar en planilla y con todos sus derechos. Recuperar los derechos laborales y de negociación colectiva es una justificada demanda nacional.

En tercer lugar tenemos la ausencia de una política social que fomente el empleo y atienda a los más necesitados frente a una caótica y fracasada suma de improvisaciones gubernamentales como Sierra Exportadora o el asistencialismo limitado e insuficiente de Juntos. La antirreforma tributaria, dirigida a reducir los impuestos (ya minúsculos) que pagan las grandes empresas, tras la excusa de recortar tajantemente los impuestos a las ganancias de empresas que reinviertan en sus propios negocios, es un cuarto asunto. Nos haría perder más recursos fiscales, fundamentales para atender educación, salud, infraestructura, apoyar al agro y las mypes, o desarrollar la ciencia y tecnología. No debe pasar.

Y, finalmente, estará –como lo ha planteado el CIP– el manejo de nuestros recursos naturales de gas –yo agregaría mineros y petroleros– definiendo si se mantendrá el indiscriminado poder de las empresas transnacionales –engreídas de García y sus aliados– y sus privilegios tributarios, así como los recursos gasíferos del Perú se exportarán a precio de huevo a Chile, México o EEUU, para convertirnos en importadores de energía luego de unos años de exportación de las insuficientes reservas que tenemos. En realidad, está planteada la batalla por renacionalizar nuestros recursos naturales y las políticas que definen su manejo, para que buena parte de la renta minera, petrolera y gasífera quede en el país.

Para colmo, ahora su primer ministro –y presunto heredero– Jorge del Castillo ejerce de abogado de las mineras ante juzgados extranjeros. Pretende interferir en el juicio abierto contra la transnacional norteamericana Doe Run (que maneja el complejo metalúrgico privatizado de La Oroya) en Missouri, EEUU, por la grave contaminación que afecta la salud de más de 96% de los niños de La Oroya que tienen altas dosis de plomo, cadmio y otros minerales en la sangre. Se opone al juicio reclamando soberanía nacional (que no recordó al apoyar el TLC con EEUU). Pero, ¿qué soberanía puede reclamar el premier de un gobierno que, al igual que el de Toledo, no puede siquiera hacer que Doe Run cumpla con el Plan Medioambiental (PAMA) y las inversiones comprometidas para este, cuando los precios de los minerales están en las nubes y sus ganancias son millonarias? ¿Alguien le puede creer al cachorrito de la Sociedad de Minería convertido en abogado de la Doe Run que no ha hecho nada y ahora habla porque hay un juicio abierto en EEUU? ¿No es copia del reclamo de la derecha chilena cuando detuvieron en Inglaterra a Pinochet por sus crímenes de lesa humanidad y gritaron al cielo que lo juzgarían en Chile, pero cuando retornó terminó muriéndose de viejo sin un día de cárcel y ninguna condena?

García dice que quiere formar un Ministerio del Medio Ambiente, pero pretende que este no regule uno de los principales problemas ambientales, como es el que generan las empresas mineras, petroleras o gasíferas con la contaminación, el uso de las aguas, la alteración de ecosistemas o el impacto en la salud de la población. ¿Queremos un ministerio castrado, eunuco, de adorno, sin autonomía ni poder real para satisfacer las demandas del TLC, por inoperante?

García quiso imponer por ley la explotación de varios denuncios mineros, pasando por encima de los PAMAs y los derechos de la población. Su iniciativa se atracó en el Congreso. Ahora apunta a retirar de las áreas de reservas naturales protegidas decenas de miles de hectáreas para facilitar la explotación minera a cual precio, incluyendo el de la preciosa Amazonía, sus pueblos originarios y sus enormes recursos genéticos. Y ha propuesto un proyecto de ley para facilitar las maniobras de las mineras y petroleras para hacerse de las tierras de las comunidades campesinas de la Sierra y las comunidades nativas de la Selva, permitiendo que vendan sus tierras con el voto de apenas la cuarta parte de sus afiliados, en asambleas fácilmente amañadas. Además, cual Ántero Flores Aráoz (flamante ministro de Defensa) que –refiriéndose a la demanda de un referéndum nacional sobre el TLC– dijo que no se puede consultar a llamas y alpacas sobre estos temas, García y Del Castillo desconocen la consulta ciudadana y municipal de los distritos piuranos donde se llevaría a cabo el proyecto minero de Majaz, que se pronunció en contra de una explotación que destruiría el ecosistema y el origen de las aguas de Piura y del norte de Cajamarca. Los cholos no tienen opinión ni derechos en el restituido Estado oligárquico alanista

¿A quién escucha García? Pues se reúne y asesora semanalmente por los directivos de Forza, la empresa de seguridad privada que sirve a las grandes transnacionales mineras del norte del país, como Vega Llona y Favre (a quienes nombra en altos puestos del Estado) y hasta la misma cabeza de Forza. Por ello, su gobierno garantiza impunidad a la persecución del padre Arana, los activistas ambientalistas y los ronderos de Cajamarca y Piura.

El generoso gobierno del alano-fuji-pepecismo permite a Repsol sobrevalorar el precio del petróleo que compra para refinarlo en el Perú y la compensa indebidamente con fondos públicos para "frenar" el alza de precios de los combustibles, mientras deja de lado un acuerdo con la petrolera estatal venezolana (PDVSA) que ofrecía vender petróleo más barato aun sin la intermediación de traders internacionales.

Sobrevino la dejadez, la indolencia y la inoperancia de un Estado manejado por una oligarquía durante casi toda su historia. Fue entonces que se firmaron acuerdos de pesca que permitieron a Chile intervenir en mar territorial peruano y que ahora su Cancillería pretende convertir en un inexistente tratado limítrofe para hacerse del mar peruano. En el siglo XX, probablemente solo el gobierno de Velasco buscó enfrentar los problemas pendientes, pero fue Fujimori quien abrió las puertas al gran capital chileno y sus afanes expansionistas, a la vez que negoció un pésimo "arreglo" en relación a nuestros derechos y servidumbres en el puerto de Arica (donde nos han dado un pésimo e ineficiente atracadero) y en relación al ferrocarril Tacna-Arica.

Fujimori, cabeza del corrupto y criminal régimen cívico-militar que impuso al Perú la política económica y el modelo neoliberal, fue el impulsor de la privatización masiva de nuestros recursos naturales (minería, petróleo), de las empresas (bancos, supermercados, empresas mineras, de gas, etc.) y servicios públicos (electricidad, teléfonos, puertos) estatales. Gracias a él (quien alguna vez dijo ser un "Chinochet"), Pinochet les dijo a los grandes capitalistas chilenos que compren en el Perú, que estaba barato y que el seguro de sus inversiones era el poderío de sus FFAA, que se han fortalecido enormemente con la cuota anual que reciben del cobre. Desde entonces, Chile es el tercer país en importancia de inversiones extranjeras en el Perú y sus capitales controlan bancos, grifos, puertos, tierras agrícolas, empresas de gas, la principal línea aérea, AFPs, casi todas las cadenas de supermercados y tiendas comerciales como Ripley y Saga, etc. Hasta la fórmula de la Inca Kola viene ahora de la Coca Cola de Chile.

La transición democrática posfujimorista no cambió el rumbo de la economía para generar un crecimiento con equidad y desarrollo para todos, pero tampoco fortaleció al Estado y afirmó nuestra soberanía y nuestros intereses geopolíticos. Toledo apenas si planteó la necesidad de iniciar un trato directo y diplomático sobre el tema de la frontera marítima que Chile rechazó sin vacilar y de plano. El triunfo de Alan García inauguró la nefasta teoría de que las relaciones con Chile corrían por dos vías separadas: la de las relaciones económicas y, por otro lado, la de los problemas fronterizos y temas conflictivos pendientes. Así, con García se ha llegado al extremo de firmar un TLC de espaldas al país y sin siquiera someterlo al Congreso, se les ha garantizado el crecimiento de sus inversiones sin controles ni límites, se ha hecho de la vista gorda ante el creciente armamentismo de sus FFAA (que han generado un desequilibrio regional evidente), y hasta se maniobra para venderle el gas de Camisea para que resuelvan sus problemas energéticos internos, a costa de nuestro desarrollo de la petroquímica, de nuestras propias necesidades y de nuestros intereses geopolíticos.

Este último asunto, en que los manejos de Toledo y García pretenden permitir al Consorcio Camisea decidir sobre los precios de nuestros recursos naturales, su destino y sus precios de venta a su libre albedrío, constituyen ya el colmo del entreguismo de este Estado Oligárquico reconstituido que sufrimos. Nos cachetean, se apropian de parte de nuestra casa y liberamos sus exportaciones a nuestro país con el TLC y estamos a puertas de permitir una maniobra que los dote de gas de Camisea (aún insuficiente) afectando nuestras propias necesidades y alejándonos de Bolivia –aliado estratégico– que no quiere venderles gas mientras no resuelvan su justa demanda de salida al mar.

Cruzó el Atlántico para pedirles al rey de España y a su Primer Ministro emprendan una "reconquista" del Tawantinsuyo. Como lo ha recordado hace poco Alberto Adrianzén, clamó por el retorno "de las carabelas y el Colón empresarial". ¿Qué ofrece? Pues lo que quieran: concesiones mineras, entregar el manejo de puertos, carreteras, emprendimientos ferrocarrileros. Hasta el manejo de restos arqueológicos que constituyen parte del patrimonio y la identidad nacional, motivando la masiva y unitaria protesta del pueblo del Cusco y de diversos puntos del país ante las leyes recientemente emitidas en esta materia. Y claro, la misma Amazonía puede ser parte del paquete pues viene siendo ofertada con la famosa "ley de la Selva" que pretende subastar en propiedad cientos de miles de hectáreas.

En términos vergonzosos, humillantes y penosos, Alan García Pérez buscó ganarse la confianza de los inversionistas españoles denostando a los pueblos andinos originarios que se abren paso en sociedades racistas y excluyentes. Se presentó como garante de la estabilidad y del control frente a "grandes muchedumbres étnicas" movilizadas, garante de la segunda oleada de inversiones españolas por las que clamaba. García apunta a consolidar el peso del capital español en el Perú, ya el más importante en inversión extranjera (11,000 millones de dólares a fines del 2004, representando casi el 26% de la inversión extranjera), y dominante en telefonía (Telefónica) y telecable, energía eléctrica (Etevensa, Endesa), refinación petrolera (Repsol) y combustibles, banca (Bancos Santander y BBVA) y servicios conexos, hotelería, etc. Algo parecido al juego que desarrolló desde el inicio de su gestión en la relación con Chile y su increíble teoría de que las relaciones económicas y de negocios corren por cuerdas separadas de las relaciones que hacen a nuestros problemas de frontera marítima y soberanía. Todo sea por el capital.

En realidad, aunque esto parezca una novedad en el Perú, no lo era en España. Ya Bernardo Hernández, consejero del Primer Ministro, lo anunciaba –hace año y medio– ante el triunfo electoral de Alan García: su política será "una gran oportunidad de negocio para las compañías españolas". Quiere –decía como ejemplo– construir 28 carreteras entre la sierra y la costa, lo que abre oportunidades para constructoras ibéricas (EFE, 26/6/06).
García es un converso, por interés, a las teorías y políticas neoliberales y, como tal, un fundamentalista. Pretende hacer lo que no se atrevieron ni Fujimori ni Toledo: lanzarse a la conquista, para el capital transnacional, de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, de las aguas, de la Amazonía y hasta de nuestro patrimonio cultural e histórico para convertirlo en instrumento al servicio de la acumulación y ganancia de las transnacionales.

Estamos ante un Felipillo voluntario, ante una Malinche por vocación. No se trata de un jovencito indígena secuestrado por los conquistadores, alfabetizado y convertido en intérprete de los conquistadores, ni de una jovencita azteca de 15 años, entregada a Cortez que terminó como su amante, consejera y traductora, en contra de su propio pueblo de origen y al servicio de los conquistadores. Estamos ante un traductor voluntario. Y en las épocas de conquista, de sometimiento de unas civilizaciones por otras, traductor tuvo ocasiones en las que fue sinónimo de traidor.

Quien remata nuestros recursos y entrega las riendas del país a las transnacionales; quien se niega a trasladar parte importante de la renta que generan nuestros agotables recursos mineros y energéticos para atender educación salud, ciencia y tecnología, agro y pequeña empresa; quien socava lo poco que queda de Estado y de capacidad soberana para orientar el manejo económico y político no al servicio de los peruanos y de su bienestar sino para servir a los extranjeros; quien se pone de espaldas a la unidad de los pueblos latinoamericanos y las comunidades originarias, quien estrecha lazos con el gobierno de Bush, cabeza del imperio más letal y opresivo de la historia… no es un simple traductor de sus intereses: es un traidor a su pueblo y a sus oportunidades.
Aunque el diminutivo no armonice con su tremenda e hinchada humanidad ni con su dilatado ego, pocas dudas caben de que Alan García se evidencia, cada vez más, como un Felipillo voluntario o una Malinche por vocación, en este mundo globalizado en el que siempre se renuevan viejas profesiones.

Cerca de las 6 am del 14/8/85, el subteniente Telmo Hurtado, a la cabeza de la patrulla Lince 7, cumplía con su tarea en el operativo planificado en el Comando Político Militar de Huamanga sobre la quebrada de Huancayocc: tomar control de un paraje (Llocllapampa) del distrito ayacuchano de Accomarca. Allí, según el Servicio de Inteligencia del Ejército, operaba un batallón de SL (40 hombres y 20 mujeres), una escuela militar y había depósitos de armas. Pocas horas después –según indicios, con intervención de la patrulla Lince 6 del subtnte. Rivera Rondón– no se encontró ni armamento ni batallón, apenas una escuela infantil con pocas carpetas y unas pizarras. Pero no vacilaron en meter en dos viviendas a decenas mujeres, niños y ancianos, quechuahablantes y desarmados (69 según la denuncia), ametrallarlos a sangre fría y rematarlos con granadas de mano.

Habían pasado apenas 17 días desde la juramentación de Alan García. La matanza se denunció en el Congreso. El Senado formó una comisión investigadora, a pedido nuestro, que –con la activa labor de diputados de IU y del joven Fernando Olivera que ubicaron la fosa y hasta 5 nuevos asesinados post masacre– hizo que el Comando Militar admita lo que sistemáticamente había negado. García, por única vez, relevó del mando al Gral. Sinesio Jarama, jefe de la II Región Militar y al coronel Wilfredo Mori Orso, jefe del Comando Político Militar de Huamanga. Nunca más reaccionaría así, siendo que en su gobierno murieron o desaparecieron 8,173 personas según la CVR (casi 300 más que con FBT).

Por primera –y única– vez conocimos partes operativos de las patrullas del ejército que daban cuenta de cómo –en camino a sus objetivos– baleaban y mataban a campesinos que avistaban en la ruta y no se detenían o corrían por miedo. Bastaba calificarlos, sin identificación alguna, como DDTT (delincuentes terroristas) en el parte presentado al Comando y todo quedaba en orden. Solo en este operativo, en el que intervinieron 4 patrullas, dan cuenta de 10 muertos, fuera de los asesinados en Llocllapampa. También escuchamos, de boca de Telmo Hurtado al interrogarlo en el Cuartel Los Cabitos, que los niños eran adoctrinados y peligrosos desde los 2 años, que las mujeres eran las más sanguinarias, y que los ancianos… Dijo que su reglamento le permitía tomar ese tipo de decisiones y que lo hacía en defensa de la democracia.

En el interrogatorio, el mayor Raúl Talledo operó como su abogado. Diez años después –el 95, con Fujimori– será coronel y fiscal del caso La Cantuta ante el CSJM. El 97 irá a la Corte Interamericana de DDHH como abogado del Estado en la matanza de La Cantuta y será luego miembro del CSJM, por mérito. Otro personaje, el coronel Mori Orso, reaparecerá como administrador del Congreso intervenido en el golpe del 5 de abril. Entonces desapareció el archivo de la Comisión Investigadora de la Masacre de Barrios Altos que yo integraba. Allí, ya entonces, estaba la primera lista de nombres del grupo Colina que yo había recibido de un ex oficial de inteligencia: Pichilingüe, Martin Rivas y los otros de esa gavilla. Varios de ellos estaban en la carta del presidente Fujimori, que hicimos pública el 91 en el Senado, recomendando el ascenso de los Colina y de Huamán Azcurra (del espionaje telefónico).

Hurtado fue "sancionado" con 10 días de arresto rigor. Luego lo juzgó el fuero militar, no el civil. Después de 7 años, el 29/2/92, fue sentenciado a 6 años por "abuso de autoridad", desechándose los cargos de homicidio calificado (y genocidio, que argumentó entonces Javier Valle Riestra y la Comisión de DDHH). Debió pagar S/. 500 soles de reparación civil por… 69 indios muertos. El CSJM ratificó este fallo el 93. Ningún oficial general fue procesado y todos los demás fueron exculpados en 1989.

El 19/7/95 Hurtado se acogió a la ley de amnistía de Martha Chávez, Rafael Rey y Fujimori (que la CIDH declaró nula el 2002). Fujimori no se acuerda de eso, ni de su pacto con el Plan Verde y los mandos militares desde 1990. Tampoco de que, a pesar de las 69 personas asesinadas, Hurtado siguió en las FFAA y siguió ascendiendo: con Alan García a Teniente y con Fujimori a Capitán y Mayor. El IDL, investigando denuncias de violaciones en Jaén, Chachapoyas y San Ignacio, lo identifica en enero de 1999 (Mayor EP Ricardo Hurtado Hurtado) en la 6ta Región Militar El Milagro. Su comando: el Gral. Juan Yanqui Cervantes, ex jefe de la DINTE con el Grupo Colina. Anterior jefe de esa base había sido Pérez Documet, jefe de la DIFE y procesado por desaparición de estudiantes en Huancayo. Luego Hurtado fugó –con evidente apoyo institucional– a los EEUU.

Hoy espera el proceso de extradición y encara un proceso civil por una demanda de los familiares de las víctimas de Accomarca. En pocos días presentaré testimonio en ese juicio. Esto solo demuestra que los métodos y políticas (forjadas en la Escuela de las Américas de la FFAA de EEUU, en Panamá) que venimos escuchando de los Colina en el juicio a Fujimori y la impunidad con que operaron vienen de tiempo atrás. Tanto el "amnésico" Fujimori como el mismo Alan García (que aún debe responder por los penales, Cayara y otros graves hechos) necesitan memorex. Aquí va un poco.

Fujimori la está pasando mal. No bien llegó extraditado, le impusieron una condena de 6 años por el allanamiento ilegal de la casa de la mujer de Montesinos. ¿Recuerdan cuando, valiéndose de un falso fiscal (un edecán de Palacio), entró a robarse las cintas de video que lo incriminaban y que el "Doc" guardaba en casa de su "ex"? Él quería que condenen al edecán, que obedecía sus órdenes, a una pena mayor que la de él, pero le dieron más ¡por el simple hecho de ser el jefe del edecán!

Luego, conforme los juicios en los que enfrenta las más graves acusaciones avanzan –los que tienen que ver con crímenes y graves violaciones a los DDHH como La Cantuta y Barrios Altos, con penas de hasta 35 años– las pruebas se acumulan. Su rostro está cada vez más demacrado y su soledad se agudiza. Cuando debe enfrentar los crudos testimonios de los sicarios de Colina y del SIE, convocados como testigos por su propio y costoso abogado defensor, lo abruman los resultados y la ausencia de sus partidarios. Ni las Marthas Chávez ni las Cuculizas lo acompañan. Ni Raffo, su payaso preferido. Apenas el fiel Saravá soporta las sesiones hasta el intermedio del almuerzo y se retira discretamente. Pero lo más duro es que hasta su hija, la ex "primera dama" (a la que él abandonó a su suerte cuando se fugó al Japón y renunció a la Presidencia por fax, luego de sacar un cargamento de maletas en el avión que abordó), su querida Keiko, le paga con parecida moneda. Anuncia al país que ha decidido acabar una maestría, un periodo de estudios universitarios que –encima– se pagaron con el dinero de todos los peruanos usando unas tarjetas de crédito manejadas por Montesinos. ¿Se imaginan? Se va a estudiar en uno de los momentos más difíciles para papito. Lo deja como no lo hizo ni siquiera cuando estaba embarazada y dio a luz. ¿Puro cálculo del desgaste que le representaría estar en la sala?

Resulta burdo y hasta vergonzoso que una congresista, elegida por miles de limeños y pagada por el Estado, haga abandono del cargo y de su responsabilidad política para irse a estudiar. ¿Habrá pedido licencia sin goce de haber? En la web del Congreso consta como congresista en ejercicio. Si ha pedido licencia, ¿ha sido con o sin goce de haber? Pero, ¿será reglamentario y correcto que su amigo Gonzale Posada se la haya otorgado o ni siquiera la ha pedido ni se la han otorgado? Si no tiene licencia, ¿le están descontando o la habrán sometido a alguna investigación en la Comisión de Ética de los otorongos?

Lo cierto es que ni los fujimoristas más cercanos soportan ya las sesiones en las que los inmundos sicarios de Colina, recomendados por él al ascenso en las FFAA, no solo revelan sus ignominiosos crímenes –tan crueles como los de Sendero, pero con la garantía de impunidad oficial– sino que evidencian que eran un aparato del Estado fujimorista: un destacamento militar del SIE, que reportaba a la DINTE, al Comando del Ejército y al SIN, y ambos al Comandante Supremo de las FFAA y del SIN: el amnésico Fujimori. No soportan la reiterada versión de que contaban con todo el apoyo institucional y oficial en sus operaciones, que fueron agasajados por Hermoza Ríos y ascendidos por recomendación del mismo Chino (desde 1991), que éste no hizo nada por impedir su accionar aunque diga que lo ignoraba, y mienta al decir que ni recibía ni leía los reportes diarios de inteligencia –y de sus operativos– que le ponían en su despacho. No saben cómo reaccionar ante la evidencia irrefutable de que el líder vivía en el mismo SIE cuando se torturaba y secuestraba en sus sótanos, y que luego pasó a ser vecino –pasadizo de por medio– de Montesinos, despachando diariamente con él.

El Chino se va hundiendo en sus propias miasmas. Juega infructuosamente al idiota y desmemoriado, al desinformado e ingenuo. Un auténtico caído del palto, un samurai con pañales descartables y sable de papel cuyo rostro se retuerce y desdibuja cada día en la sala de la Dinoes. Un cobarde que no asume sus responsabilidades pero demanda lealtad de sus subordinados, mientras toma conciencia de que su impunidad se va esfumando poco a poco, que en las calles sus raleados leales escasean y que ni siquiera sabe si sus socios –Montesinos y Hermoza– le cubrirán las espaldas, jugando sus cartas al futuro político que el fujimorismo pueda tener –algún indulto– o si lo encararán para que asuma sus responsabilidades como hombre y todopoderoso gobernante.

Pero, cuando mira los asientos vacíos en la sala de la Corte y sólo ve la inconfundible imagen de Saravá, siente la ausencia de la heredera de la dinastía, de la princesa Keiko. Quizás hasta se atreve a pensar sobre lo que significa la lealtad. Aunque, pragmático y amoral como es, ha de recordar su propia conducta en el poder, su fuga, su olvido de incluir a la princesa entre los bultos que cargó en el avión en la fuga al Japón. Tirado en la cama, en la noche, recordará que "quien lo hereda, no lo hurta". ¿No es apenas algo propio del gen del Chino?

El 2007 la economía creció en 8.9% y los economistas nos dicen que ya van más de 7 años de crecimiento continuo. Es decir, el año del terremoto, el Perú produjo más y debió recaudar más para atender sus necesidades y urgencias, no esperar caridad. Pero entre el 2006 y 2007 el gobierno redujo los impuestos o aranceles a la importación de miles de productos extranjeros, dejando de recaudar US$ 500 millones de dólares (5 veces más que lo que Alan reclama a donantes extranjeros). El 2007 también incumplió su promesa de establecer el impuesto a las sobreganancias mineras que hubiera generado –en ese mismo período– más de US$ 5000 millones, es decir, 50 veces lo que reclama a los donantes incumplidos. Encima, no le cobra regalías a poderosas empresas mineras. Tampoco ha revisado o renegociado los inaceptables contratos de concesión de nuestros recursos naturales en condiciones negativas para el país. Resulta pues que hay recursos –y abundantes– pero, a la vez, no los hay.

El gabinete Del Castillo ha tocado fondo. Hijo natural de la alianza del alanismo con el fujimorismo, UN y la derecha económica más poderosa (mineros y banqueros predominantemente extranjeros), entregó la conducción de la economía a esta y asumió el compromiso de defender el status quo, el camino neoliberal inaugurado en 1990 y trancar los cambios que el Perú necesita. Se ha revelado incompetente para encarar los problemas del país, justamente cuando la economía crece más, hay más recursos y se podría promover un proyecto nacional soberano de desarrollo y redistribución de la riqueza. Se ha evidenciado incapaz de reducir drásticamente las brechas sociales entre los insultantemente ricos y los miserablemente pobres; inoperante en atender prioritariamente al agro abandonado y crispado; ineficaz en relanzar una educación y salud públicas agonizantes. Ha resultado inútil en frenar la inflación y defender la economía de los más pobres frente a una inflación que –precisamente para los desposeídos– va acercándose a los dos dígitos.

La improvisación de políticas estatales y la falta de proyecto nacional se hacen cada vez más obvias. La política agraria, entregada a un banquero ligado a los agroexportadores y prestamistas, es un fracaso: Sierra Exportadora agoniza, los precios de los fertilizantes se disparan, el crédito escasea y los remates de tierras aumentan, las comunidades sienten amenazadas sus tierras y la defensa del agua como bien público y no privatizable mueve a la gente. Los paros agrarios se multiplican y el malestar crece, como lo expresan los movimientos sociales del 18 y 19 de febrero y el paro de Ayacucho. El 17 y 18 de marzo viene un paro amazónico contra la política alanista de vender lotes de decenas de miles de hectáreas a grandes capitales y poner en peligro esta región natural de gran potencial.

La salud pública nunca estuvo tan enferma: ni las ambulancias se pudieron comprar con transparencia y los trabajadores vuelven a movilizarse exigiendo se cumpla con los acuerdos suscritos e incumplidos. Las marchas y contramarchas en Educación solo muestran incoherencia y un simple afán: destruir el gremio de los maestros, sin aumentar el presupuesto ni contar con planes reales. A 10 días de las clases, es escasa la infraestructura educativa mejorada y los nombramientos de maestros no se han dado. El ministro Chang –que ocultó haber sido del tercio inferior en la PUCP y separado de ésta luego de desaprobar 3 veces los mismos cursos– terminó retrocediendo de la irracional exigencia de nombrar solo profesores del tercio superior (sin tomar en cuenta experiencia, otras capacitaciones y habilidades pedagógicas). Y encima pretender concesionar los alrededores de los bienes arqueológicos y culturales a cadenas hoteleras extranjeras de lujo, provocando las masivas protestas del Cusco. Pero, el ministro, ¡ay!, sigue en el cargo. Alva Castro, activo impulsor de la censura a Rospigliosi ante las muertes en Arequipa, ahora como ministro del Interior carga con el escándalo de la adquisición de patrulleros y con 4 muertos que pretende negar –como en los tiempos de Mantilla– haber matado.

Pero, lo más grave es que la inicial imagen de Del Castillo como aprendiz de bombero ha mutado. Hoy expresa, cada vez más, la intransigente defensa del injusto orden actual, la criminalización de la protesta social, la decisión de ahogar en plomo los gritos por pan y justicia. Nos regresa –vía los Estados de Emergencia decretados en varias provincias, y la militarización del país– a un cuadro de confrontación ya conocido. Antes del Paro Agrario, de las muertes, de los reiterados agravios a los hombres y mujeres de las regiones movilizadas y de los maestros y de las nuevas alzas en los mercados, el gobierno rondaba el 67% de desaprobación y el Congreso el 74%. El propio Alan García superaba el 64%. Largamente, más de 2 de cada 3 peruanos estaban descontentos con su gestión. ¿Ahora en cuánto andará?

La indignación social crece. A ello contribuyen no solo las carencias de muchos en medio de la escandalosa abundancia de pocos, las ignominiosas brechas sociales, la ausencia de políticas de redistribución de la riqueza y el maltrato a los nacionales frente a los privilegios de los capitales extranjeros. Sin duda la indignación crece por el incumplimiento de los compromisos electorales y, en especial, por la reiterada agresión verbal –los insultos de García y Del Castillo a quienes reclaman– y la represión abusiva e indiscriminada. No hay duda, el país requiere un cambio de rumbo y ello implica la salida del gabinete y la alianza que lo sustenta. Quizás lo entienda mejor en el lenguaje de sus mejores amigos y socios: ¡Del Castillo, go home!

El "Perro del Hortelano" ni come ni deja comer. Y el problema del Perú –según el novedoso aporte teórico de nuestro narrador político estrella, Alan García Pérez– es que hay una jauría suelta de esta especie canina que, a pesar de su insignificante tamaño, confunde a la gente, desorienta a los ignorantes (la mayoría que "no comprende ni razona críticamente", producto de una "educación de precarios contenidos y mala calidad", que –claro– es del SUTEP y no del Estado) y les impide apreciar la extraordinaria situación de progreso que vivimos.

Esta jauría es el problema. Es la responsable de que la popularidad de García esté por debajo del tercio y que la mayoría desapruebe su gobierno. ¿La inflación que aleja los alimentos básicos de la mesa popular? ¡Qué ocurrencia! ¿La desprotección del agro con el TLC, la falta de crédito y apoyo técnico, la amenaza de privatización del agua o la incondicional política a favor de la minería en desmedro del agro? ¡Demagogia! ¿El malestar de los trabajadores por la desprotección de sus derechos, por los services y contratos no personales o porque las utilidades empresariales suben por ascensor y los sueldos y salarios no lo hacen ni siquiera por escalera? ¡Qué ocurrencia! ¿La escandalosa desigualdad entre los enormemente ricos y los miserablemente pobres? ¡Calumnias! ¿Pobreza de millones? ¿Acaso no dedica el gobierno S/. 3,278 millones anuales a programas sociales (metiendo en un saco programas de construcción con asistenciales)? ¡Sólo a la jauría se le ocurre recordar que las empresas mineras han obtenido ganancias extraordinarias por más de S/. 30,000 millones el 2007! ¿La sensación de que los extranjeros son los que mandan y reciben privilegios mil, mientras los nacionales son tratados con la punta del pie? ¡Resentidos! ¿La respuesta con plomo a los agricultores que piden pan en marchas? ¡Infiltrados con armas caseras!

A García no lo confunden. Tiene claro que esta es una jauría pequeña, diminuta. Dice: "jamás llegan a movilizar entre bloqueos y marchas a más de 10,000 activistas agresivos y callejeros". ¿Acaso alguien recuerda que en los últimos 19 meses han paralizado y se han movilizado –en ciertos casos varias veces– más del 60% de las regiones del país y numerosos sectores sociales como los agricultores, los mineros, los cocaleros, el magisterio, los médicos y trabajadores de salud, los despedidos, los textiles, las comunidades afectadas por la minería, los docentes y estudiantes universitarios, etc.? No se confunda: el tema está en esa minúscula jauría que, aun sin medios (porque la mayoría opera como en el fujimorismo, alineados), resulta muy influyente.

Por tanto, la estrategia la tiene clara. La solución es simple: muerto el perro, muerta la rabia. Y para matar al perro pues hay que identificarlo, aislarlo (excomulgarlo dirían Cipriani y Rey), enjaularlo y destruirlo. Algo parecido al discurso sobre guerra de baja intensidad que Martin Rivas se despacha –en materia antisubversiva– en la entrevista con Umberto Jara. Y es que –no se confunda– la demanda social es subversiva.

Para eso se han preparado. Han ido cambiando la legislación para criminalizar la protesta social y establecer fuertes penas a los que se movilicen. Han amenazado a las autoridades que se plieguen a ellos. Han autorizado el manejo impune de armas de fuego por elementos de las fuerzas del orden y hasta tientan legalizar el "arresto ciudadano" para que las jaurías de búfalos (como en Chimbote meses atrás) operen impunemente. Han declarado estado de emergencia en varias provincias. Y tenemos los infaltables psicosociales: hay terrorismo peruano-chavista, que se organiza en congresos internacionales públicos, tiene millonario financiamiento y desarrolla eventos en Ecuador y en Chile. ¡Nos están cercando con ideologías internacionalistas! (¿Se acuerdan de la llamada Alianza Popular Revolucionaria Americana: APRA de antes?) Opera la Dircote, presurosa. Y los titulares de diarios, radios y TV comprometidos en acabar con la rabia que amenaza el extraordinario modelo económico y social que gozamos los peruanos, se prestan al unísono.

Pero saben que aplicar esta estrategia quiere decir afianzar el bloque sanitario que acabe con la rabia. Sumar al equipo médico a la Dra. Lourdes, afirmar a la Magíster Keiko y su ilustrísimo padre, arrastrar a todos los tránsfugas que se presten por miedo a desafueros o por hambre de privilegios. La unidad no tiene precio.
Y así, seamos claros amigos, vuelven no solo la inflación (que ya espanta a muchos de los más pobres) sino la impunidad y los asesinatos "fantasmas" como los ocurridos en Ayacucho. Interior no sabe nada y hay armas caseras de mayor precisión que las regulares para meterle cinco balazos en la cabeza a dos campesinos que piden pan y reciben plomo. ¡Como en los viejos tiempos! Sólo falta Mantilla en Interior. La guerra de baja intensidad se está instalando.

Nadie duda que los EEUU intervinieron, como lo hacen hace 22 años: tanto ubicando el teléfono satelital de Raúl Reyes, principal portavoz y negociador de las FARC en el proceso de liberación de rehenes, como que las 5 bombas teledirigidas que cayeron en un diámetro de 50 metros en plena selva y no posee ninguna FFAA latinoamericana. Muchos creen que lo hicieron en la acción misma, con parte de los más de 1,100 efectivos militares contrainsurgentes (aparte de las empresas de seguridad privadas) que estarían desplazados allí por el Plan Colombia.

¿Por qué se dio esta acción poniendo en crisis el sistema americano y al borde de un escenario de guerra a Ecuador, Colombia y hasta Venezuela (donde la inteligencia colombiana ya había secuestrado años atrás a un dirigente clandestino de las FARC sin informar al gobierno)?

Todo apunta, en lo inmediato a que –dadas liberaciones unilaterales de rehenes por las FARC– la presión sobre el gobierno de Uribe para dar curso a un canje humanitario y a abrir negociaciones para una solución política al conflicto armado que desangra Colombia hace medio siglo, era creciente, incluyendo en el tema a gobiernos europeos como el francés. Pero ello contradecía el camino militar de Uribe y Bush, y encarrilaba una posible negociación. Ello impactaba negativamente en el interés de reelección de Uribe pues alentaba la tesis negociadora del Polo Democrático Alternativo. La acción militar y la muerte de Reyes cerraban ese paso y le daban un trofeo de guerra para afirmar su estrategia, aun al precio internacional que pagara. En este mismo sentido, afirma la hoja de ruta de la vía militar y las "cabezas de los vencidos", el posterior asesinato de otro hombre del Secretariado de las FARC: Iván Ríos, segundo dirigente de alto nivel muerto a 6 días de Reyes. Llama la atención, a quienes siguen el conflicto, el procedimiento: un elemento de su seguridad (suelen ser equipos de 10 y van con unidades militares de cerca a 40 efectivos) le da impunemente un tiro en la cabeza, le amputa una mano y la lleva a las FFAA para cobrar US $2.5 millones. El procedimiento, se dice, es único en la historia de las FARC, pero asemeja acciones los grupos paramilitares alentados desde el Estado y, si ello se hiciera claro, revelaría que siguen actuando y que cuentan con el apoyo oficial como lo indicaría el que cerca a 12 parlamentarios estén hoy presos por relaciones con los paramilitares.

En el fondo, se trata de extender el intervencionismo impune del Plan Colombia a otros países y sus fronteras, así como advertir a Ecuador que no tendrá miramientos ante la no renovación –que Correa ha anunciado– del contrato de la base de EEUU en Mantas y expandir su presencia militar en AL. ¿Una advertencia de intervenciones más desembozadas no solo contra Venezuela, sino en crisis que alientan como la de Bolivia? Ojo que allí la derecha toca tambores de guerra y pretende imponer referéndum autonómicos y –si no hay negociación y no retoma iniciativa el proceso de cambios– puede abrirse un escenario violento y golpista provocado por la derecha fascista de Santa Cruz, Tarija y Sucre para alentar la fractura del proceso de cambios. Evo Morales deberá corregir errores y retomar iniciativa, quizás como algunos plantean, cumpliendo con la ley para completar el control boliviano sobre las empresas petroleras y replantear el tema de la descentralización y las autonomías con canales de participación popular.

Tras el conflicto desatado por la intervención militar colombiana en Ecuador -contra un campamento donde murió el comandante de las FARC y principal negociador de la liberación de rehenes, Raúl Reyes- parece haber un juego de ajedrez más complejo que el que parece: promover la reelección de Uribe en Colombia, quebrar la posibilidad de lograr un acuerdo humanitario respecto a los rehenes, frustrar las condiciones para abrir un acuerdo político al conflicto e imponer la "solución" guerrerista de Uribe y el Plan Colombia de los EEUU, que ya invirtió más de US$ 5,400 millones en ese proyecto.

Un elemento que casi no se ha tratado -y sobre el que Hans Dietrech hace énfasis en el análisis- en América Latina es el que refiere a los avances que se han venido dando en concordancia con el avance de las fuerzas populares y los gobiernos que luchan por la soberanía de los países sudamericanos, para desarrollar lo que algunos han llamado un bloque militar regional: un acuerdo militar regional distinto al TIAR, sometido a la tutela norteamericana, que genere condiciones de efectiva soberanía en la región.

En octubre 2008 debe constituirse un Consejo Sudamericano de Defensa (teniendo como ejes a Brasil, Venezuela y Argentina) que abriría las puertas para que los países de la región dejen de depender de potencias extranjeras en materia de defensa, como lo anunció el mes pasado el ministro de Defensa del Brasil, Nelson Jobim. Cabe resaltar que esta decisión ha ido de la mano con otras importantes decisiones del gobierno de Lula: construir el primer submarino nuclear brasileño, con apoyo francés y de la tecnología nuclear argentina, y declarar que la soberanía de la Amazonía "no es negociable".

El esfuerzo por constituir un bloque militar regional es un componente básico de un esfuerzo integracionista sudamericano que incluye esfuerzos de integración económica, política y cultural como el Banco del Sur (como Banco de Desarrollo), la integración vial y energética que se prepara, y los esfuerzos de coordinar políticas educativas, de salud y culturales que nos den terreno propio ante la dependencia de los EEUU. Una integración regional soberana no puede excluir la dimensión militar. En ello ha jugado importante papel, junto a Brasil, la visión de Chávez en Venezuela que llegó a plantear, aunque sin que se concrete hasta ahora, la necesidad de una Academia de Guerra Latinoamericana y contribuyó a proponer ideas como la de una "Organización de un Tratado del Atlántico Sur" (OTAS) alternativa al TIAR, con Brasil y Argentina. Algunas de estas iniciativas -propuestas desde el 2001 y 2004- parecen madurar en la idea de este Consejo de Defensa, como alianza defensiva y soberana, con la decisiva participación de Brasil, Argentina y Venezuela.

Y es que habría que ser ingenuos para no ver los intereses norteamericanos sobre el petróleo, el gas, los recursos naturales de América del Sur, Venezuela, Bolivia y los países amazónicos, así como las fuentes de agua del Amazonas y del Paraguay. Y, ciertamente, es alrededor de buscar garantizar estos intereses y el control sobre estos recursos que los EEUU preparan la reactivación de su IV Flota Naval y que apuntan a fortalecer el Plan Colombia (incluyendo una nueva flota de aviones israelíes) y la alianza militar con Chile.

Este proceso de integración, que incluye lo militar, constituye un importante avance en el ejercicio de soberanía efectiva de los países de América del Sur y un factor clave para evitar las pretensiones de escindir varios países -separando ciertas provincias o regiones- para controlar sus recursos naturales fundamentales, como lo que pretenden con las provincias de la media luna en Bolivia -ricas en recursos naturales- y con el plan de traerse abajo al gobierno de Evo Morales, para seguir luego con Chávez en Venezuela y Correa en Ecuador. Se trata de evitar la balcanización de varios países sudamericanos en función del interés norteamericano de controlar recursos fundamentales. Un esfuerzo por mantener nuestro carácter de Estados-Nación frente a los intereses imperiales.

Poca duda cabe que los norteamericanos han jugado la carta del conflicto Ecuador-Colombia, con la agresión militar de Uribe, para desarticular estos procesos, y las incipientes alianzas militares soberanas en curso. Tocaría a Brasil encabezar un bloque de países amigos de la paz en Colombia que retome el camino de propiciar una solución negociada para la guerra en ese país y para evitar las maniobras divisionistas y guerreristas del imperio, así como para frenar los afanes golpistas y desestabilizadores que se vienen imponiendo contra los gobiernos progresistas y antiimperialistas de la región, y a todos nuestros pueblos jugarse en esa perspectiva.

El Juicio del Siglo aparenta pasar por una curiosa situación. El siempre alerta y omnipresente Fujimori parece dormirse en la sala. Keiko –la "heredera"– desapareció de la escena y dejó solo al padre querido, priorizando acabar la maestría de una carrera universitaria en el extranjero que pagamos –durante el gobierno del papi– todos los peruanos. Pero el abogado del reo, Nakazaki, está activo. Imposibilitado de negar la existencia del "grupo Colina", que –ahora está clarísimo– era un destacamento militar formal de la DINTE y el SIE a cargo de Operaciones Especiales de Inteligencia (detención-desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas), se esfuerza por sacar cartas bajo la manga para invalidar algunos testimonios y pruebas que afectan severamente a su cliente: especialmente las declaraciones hechas por Martin Rivas y Pichilingüe a Umberto Jara, y las de algunos jefes militares que van estableciendo la cadena de mando hasta Fujimori y le dan un control del escenario en las acciones de Colina.

Y es que Martin Rivas y Pichilingüe expusieron a Jara crudamente la estrategia de la guerra sucia cuando se hizo público que sus jefes (Montesinos y los generales) se habían enriquecido –personal e ilegalmente– desde el poder, mientras ellos se habían "quemado como bonzos (o sonsos)" por la causa, habían pasado por un artificial proceso judicial militar, por una aparente prisión y eran entonces perseguidos por las denuncias de la CVR en razón de su pertenencia a Colina y de los crímenes cometidos por órdenes superiores. Nakazaki pretende invalidar los testimonios ante Jara con un simplismo propio de idiotas: como dijeron una cosa ante Jara y otra ante la Corte, entonces ninguna vale. Ninguna debe ser tomada en cuenta por la Corte. ¿Fácil, no? Los vocales no deben evaluar si los testimonios ante Jara son válidos o no, aunque estén filmados y grabados, o si los dichos ante la Corte buscan ocultar responsabilidades de Fujimori y los jefes militares para permitir que sean eximidos de penas y puedan indultarlos o sacarlos de la cárcel en razón del peso político que el fujimorismo mantenga luego del resultado del juicio. Simplemente, deben desechar todos los testimonios y quedarse en blanco, es decir, sostener que no hay pruebas que incriminen a Fujimori, que ahora se humilla pragmáticamente a sí mismo al jugar a ser un "caído del palto", al que todos sus allegados y asesores "paseaban".

La estrategia de Nakazaki, además, deberá ahora enfrentar la presencia de varios generales que han responsabilizado –en procesos judiciales en curso– a otros generales: el caso del Jefe de la División de Fuerzas Especiales del EP (DIFE), general Pérez Documet informando a Hermoza Ríos de las acciones de La Cantuta y señalando, además, que este le llamó la atención por no querer instruir al Tnte. Portella para que oculte la realidad ante cualquier investigación. Ahora, como con Martin Rivas, hay que invalidar anteriores declaraciones en otros juicios, previos o paralelos a los de Fujimori. Ello llevaría a que si resultan declaraciones inválidas en el juicio a Fujimori resultarían inválidas también en estos otros. Así podríamos tener un PJ con doble estándar: en un juzgado la declaración de Martin Rivas a Jara sirvió para condenarlo y en la Corte no vale para demostrar la existencia de una política oficial y para identificar una línea de mando que tenía a Fujimori en la cabeza. El problema será más complejo cuando aparezcan en escena Hermoza y, sobre todo, Montesinos. ¿Cuál será ahora el papel de Montesinos: el de cordero dispuesto al sacrificio por su socio o el de ratificar lo sostenido en todos los procesos a los que ha sido sometido, reiterando que las órdenes venían del "chino" y que todo se le informaba? Tremendo dilema, Fujimori sabe bien que su "defensa" pasa porque la Corte acepte que es un "caído del palto", un ingenuo manipulado a su antojo por otros, un enceguecido "servidor" ajeno a los sucios manejos del poder que se construyó bajo sus tres sucesivos y fraudulentos mandatos y que quedarán como una de las etapas más podridas de la historia política de la Nación. Solo así puede pretender romper la claridad de la cadena de mando, del gobierno y de las FFAA que presidió y que alentó a proceder con sangriento y cruel pragmatismo para lograr sus objetivos y quedar –si no libre– con una pena menor que facilite la otra sala de la Corte Suprema, a la que sin duda apelará.
El proceso entra a una fase decisiva, comprobados múltiples indicios de la cadena de mando que encabezó Fujimori y del efectivo dominio de la escena que tuvo ante los diferentes elementos de su gobierno comprometidos con las barbaridades cometidas. Una sentencia firme y bien fundamentada dará un mensaje al país y colocará los raseros fundamentales a la Sala de Apelaciones. Estemos atentos.

"Kerosene", chapa que recibió por su hábito de quemar los cadáveres de sus víctimas para tratar de imposibilitar su identificación, no es un ingenuo ni un tonto. Su prontuario parece implicar no menos de 50 muertes, a sangre fría –fuera de combate o enfrentamiento– e innumerables casos de tortura en la Casa Rosada u otros locales de "inteligencia" en los que operó. ¿Por qué "Kerosene" se quema a sí mismo? ¿Un súbito ataque de principios y de afán de que se abra paso la verdad? Nada más lejano de aquello.

La operación es claramente política. El quemacadáveres sabe perfectamente que este martes se emite sentencia sobre el destacamento Colina, en el primer juicio que tienen abierto. Si los que han sido reconocidos como "colaboradores eficaces" con la justicia por haber aportado versiones y datos que evidencian las estructuras y cadenas de mando han recibido 15 años, ¿cuánto recibirán los otros?, ¿25? ¿30?, ¿35? Sería lo lógico. Y, claro, ello incidirá en el juicio a Fujimori porque varios han testimoniado en su juicio buscando limpiarse de responsabilidades y de conocimiento, y buscando exculpar al dictador. Una sentencia mostrará su verdadero rostro. Entonces la estrategia de la banda debe ser la de buscar librar al jefe, al líder, al caudillo: a Fujimori.

No se trata de que Sosa esté especialmente agradecido por los ascensos y felicitaciones promovidas por Fujimori ante los altos mandos del Ejército. No se trata de que esté pagando sus sobresueldos y viáticos, o la protección recibida entonces. Tampoco le serviría acudir al "yo cumplía órdenes". Su mejor carta y la de los demás miembros del destacamento Colina es proteger a Fujimori y buscar que salga lo mejor librado posible del juicio. ¿Por qué? Pues porque ello les garantiza contar con una plataforma política que haga más llevadera su condena y que pueda, en su momento, aludir a la "reconciliación nacional" para reducir condenas, tener mejores condiciones de carcelería, incidir en liberaciones adelantadas, o –¿por qué no?– en algún indulto o amnistía por supremas "razones de Estado".

Solos nada pueden. Con Fujimori y su clan sobreviviendo pueden tener alguna esperanza y una palanca política. Y, pensando en las elecciones del 2010 y 2011, pues un bloque de las derechas –como el que hoy gobierna el país bajo el liderazgo de Alan García– necesitado del fujimorismo y de las relaciones con ciertos mandos militares comprometidos en violaciones de DDHH y en altos cargos, resulta un escenario que les brinda mejores posibilidades que cualquier otro. De allí la burda y desesperada grita de 'Kerosene', postulando a ser testigo estrella de la defensa de Fujimori, de "Fujimori no sabía nada".
Nada es gratis en el mundo de las mafias y el crimen. Sosa buscará incidir con la misma monserga en el juicio, cuando sabemos que ya lo suyo no tiene nada nuevo que aportar. El célebre Nakazaki lo sabe bien y sabe mover sus fichas para incidir en el juicio.

I ) Juan Paredes Castro, de El Comercio, denunció, el 6 de abril, ser víctima de espionaje telefónico. Se suma a decenas de denuncias de parlamentarios, periodistas, dirigentes sociales y políticos. La operación incluye la intervención de correos electrónicos privados que luego usa y deforma –en sus campañas difamatorias– la prensa amarilla fuji-aprista, esa cuyos columnistas consideran a Santiago Martin Rivas un héroe nacional en la lucha antiterrorista, que debiera ser premiado por sus hazañas criminales en La Cantuta, Barrios Altos, el Valle del Santa o el norte chico.
El Congreso decidió "investigar" el espionaje. Con energía, el Congreso demandó un informe al Ministro de Defensa. Y éste, el precoz precandidato presidencial para el 2011 y flamante escudero alanista, Antero "Pachequito" Flores Aráoz, les cursó, raudamente, un sesudo informe de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa (Vicealmirante (r) Tubino), del 7 de abril, con oficio 187-MD-IG-K, que es de antología.
Dice el informe de "Pachequito" que en julio 1997, Frecuencia Latina denunció la interceptación telefónica a sectores de oposición por el gobierno de Fujimori, lo que motivó que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso –presidida nada menos que por la fujimorista Martha Chávez (lo que se omite recordar)– abriera una investigación. Inmediatamente sostiene que la Comisión –neutra y virginal– acordó el 27 de mayo de 1999 que NO SE PROBÓ EL ESPIONAJE TELEFÓNICO. Además, dice para ser más convincente, que se cursó el informe nada menos que al Fiscal de la Nación, como si no supiéramos de la mafia fujimontesinista allí enquistada y hoy sentenciada. Claro, el "Inspector" olvida que en 1990 probamos en el Senado el espionaje telefónico con el SIN de Alan García, comandado por el Gral. Edwin Díaz, y que se forzó a que se le retirara, aunque Montesinos copó el sistema luego y a Díaz lo enviaron, pagado, a analizar la estrategia antisubversiva de la dictadura argentina.
El Informe recuerda que el tema se denunció ante la CIDH de la OEA, en noviembre 1998, pero que el Estado alegó era inadmisible pues no se habían agotado los procedimientos internos, y que la CIDH no se ha pronunciado. Continúa con que el 2001, ante un pedido del ministro W. Ledesma, la Marina informó que nadie de la institución habría participado en interceptación telefónica y que no cuenta con equipos ni con personal con la capacidad de hacerlo (aunque el edificio en la Av. de la Marina parecería tener fuerte relación con el tema). Así mismo, el Ejercito informó que su personal SÍ participó en espionaje telefónico, al servicio del SIN (Montesinos y Huamán Ascurra) exclusivamente, pero los equipos usados no eran del Ejército, desconocían los fondos usados para comprarlos y desconocían su actual paradero.
Dice que –en mayo 2001– el SIE (Inteligencia EP) entregó UN equipo de interceptación que está inoperativo y en custodia del Centro de Comunicaciones del Ejército, mientras que a miembros de la FAP les incautaron 1 equipo de interceptación y otro equipo no ha sido ubicado. Finalmente, dice que en febrero del 2007, el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) declara que no han adquirido equipos de interceptación. ¡Listo! ¡Más claro ni el agua!: las FFAA y el gobierno no tienen nada que ver con este asunto, tampoco tienen equipos o personal capacitado, según el Congreso fujimorista y los informes de las FFAA. ¿Puede usted creer que nuestras FFAA no sean capaces de usar interceptación telefónica, como todo el resto del mundo? ¿Qué le parece que gente así maneje la seguridad del Estado y la Defensa Nacional? Debemos ser únicos en el mundo e indefensos como ninguno, "Pachequito". ¿Eres, te haces, o nos crees así de babosos?

II)  Alan García –experto en armas de fuego, además de Magíster en hiperinflación y Doctor en corruptela del 85 al 90– ha desautorizado la denuncia del Fiscal Penal que responsabiliza al SO PNP Carlos Rodríguez H. de haber disparado en la cabeza y matado a los campesinos ayacuchanos Emiliano García y Rubén Pariona, el 19 de febrero, durante una marcha en el Paro Nacional Agrario. Dice que la denuncia es "un hecho de política, buscando cinco pies al gato". Con el humor que lo caracteriza, agregó "al gato Alva Castro, que tiene muchas vidas". Así, el Fiscal es un instrumento político y presionado, porque acusa a la policía. Si la exculpara, más allá de lo que su investigación demuestre, sería ejemplar y no estaría presionado...por el Presidente. Ojo, García tiene antecedentes: destituyó, persiguió e hizo irse del país al Fiscal que investigó la matanza de Cayara, en 1989, durante su gobierno. Desapareció el expediente e hizo mil tropelías, contra los testigos y los congresistas que investigamos el caso. El caso está pendiente en la Corte IDH de la OEA.
Para García, el fiscal "intenta inhibir la capacidad de acción de la Policía". Ha garantizado impunidad a quienes aprieten el gatillo contra los perros del hortelano que reclaman algún derecho. ¿Quiere generalizar la estrategia empleada en los penales en 1986?
García y Alva Castro son testigos que no dispararon policías. Que fueron armas caseras (precisas para dar 5 impactos en la cabeza). Nadie tiene responsabilidad política, ningún policía está vinculado, pero la investigación fiscal dice lo contrario. ¿Son, se hacen o nos creen tan estúpidos? ¡Basta de burlas, más respeto al país!

NOTA ACLARATORIA AL DIARIO LA REPUBLICA:

Lima, 14 de abril de 2008
Señor Ing.
Gustavo Mohme Seminario
Director de la Republica
Presente.-
Estimado Gustavo:

Joseph Stiglitz ha recordado que Bush provocó una brutal alza de precios de la energía: el barril estaba a US$ 25 al comenzar la guerra de Irak (marzo-2003) y hoy bordea los US$ 115. El impacto en la economía de EEUU y del mundo entero ha sido feroz y alteró la ecuación económica por la que las guerras eran formas de salir de la crisis capitalista y reactivar la economía. Dice Stiglitz: "La subida de los precios del petróleo provocada por la guerra eleva los pagos a los países exportadores de crudo, en vez de gastar ese dinero en casa". La guerra les cuesta US$ 12 mil millones de dólares mensuales, que rendirían mucho más invertidos en infraestructura (ya en crisis en EEUU) vial, educativa o de salud. Adicionalmente, lanzó la tesis de convertir alimentos (caña, maíz, arroz, granos) en combustibles, los famosos biodiesel, y los precios de los alimentos comenzaron a dispararse hasta competir con los de los combustibles, generando una crisis que impacta a buena parte de la tierra. Y, adorador fanático del mercado y la gran empresa sin regulaciones, ha hecho un irresponsable manejo fiscal y prohijado una brutal crisis del crédito inmobiliario que dejaría sin casas a más de 2 millones de hogares, hace tambalear la Bolsa y quiebra bancos que –a su vez– claman y reciben inmediatamente gigantescos subsidios del Estado para salir a flote, con el dinero de los norteamericanos.

Bush deja a los EEUU con 50% más deuda que hace 8 años y cerca de un millón de millones de esta se debe a la guerra de Irak. Los norteamericanos se acordarán de él por largo tiempo pues tienen 160,000 soldados allí (muchos hispanos) y el costo de la guerra seguirá aumentando, así como los muertos que van más allá de 4,000 soldados de EEUU y casi un millón de iraquíes. Irak ocupado se debate en una cruenta guerra civil –además de la guerra de liberación– entre sunitas, chiítas y turcos, y al interior de algunos de ellos mismos. El candidato presidencial republicano, McCain, ofrece quedarse 100 años si es necesario, y alienta una nueva confrontación con otro país petrolero: Irán. La Sra. Clinton y Barack Obama, precandidatos demócratas, ofrecen un gradual e impreciso retiro de tropas, pero en el Senado han votado por los aumentos presupuestales que Bush propuso. Obama, que parece más cercano a una decisión en este terreno y anuncia disposición a dialogar con el mundo musulmán (incluyendo Hamás y Hezbolá) está siendo objeto de una feroz campaña en contra de los halcones y grandes capitales, en un país que sabe bien de líderes, candidatos y presidentes muertos (Luther King, los Kennedy, etc.) por complots nunca aclarados.

La doctrina Bush –que llevó a este pantano– es simple: los EEUU están en guerra con el terrorismo (representado por los países del "Eje del Mal") y, en ella, tienen derecho a actuar independientemente de los organismos internacionales (ONU) y de lanzar "acciones preventivas" (la mejor defensa es el ataque). Sus éxitos –hasta hoy inexistentes– atraerían a otros países al redil y todo ello se haría para exportar libertad y democracia contra las autocracias.

Bush actúa confiado en su fuerza militar: superior al poderío conjunto de los 20 países que le siguen en fuerza. Tiene detrás de él a los halcones y el complejo militar industrial, pero más del 52% de sus ciudadanos quieren el regreso de sus tropas. Su aprobación anda tan caída como la de Alan García, bordea el 30% con desaprobación de más de 60%. El desprestigio de EEUU en el mundo entero crece, después de conocidas las torturas de Abu Graib, las jaulas de detención y el cruel maltrato en Guantánamo, las cárceles secretas que maneja la CIA y la ausencia de las famosas armas de destrucción masiva en Irak, invocadas como causales de guerra preventiva para ocultar el hambre de petróleo ajeno.

Las próximas elecciones en EEUU pueden darle un triunfo a los demócratas. La Sra. Clinton es una figura de la vieja clase política, pero Obama podría implicar una oportunidad de cambio, a pesar de la enorme presión para que mantenga los ejes de la doctrina Bush, y si intenta lo contrario hay riesgo sobre su vida. Esa doctrina implica, en América Latina, una amenaza intervencionista sobre Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Paraguay, si el ex obispo Lugo ganara las elecciones). Hay que estar alertas también ante los afanes de extender la presencia militar de EEUU en Perú y América Latina, trasladando la base de Mantas que Ecuador cerrará. No hay duda de que las elecciones de EEUU generan atención y que alguna oportunidad de cambio podría darse para avanzar en desechar la doctrina Bush, responsable de tantos males.

Una sola fosa común, al costado mismo de las casas de la comunidad, albergó –cubierta por el silencio del miedo que aún persiste– desde 1984 los restos de más de 120 seres humanos asesinados a sangre fría. Los mataron allí mismo, obligando a los que iban a morir a cavar la fosa donde los echarían, bajo la amenaza de las armas de destacamentos de las FFAA que luego los fusilaron. De los 60 cuerpos recuperados hasta ahora, no menos de 20 –es decir la tercera parte– son de niños, algunos de apenas un año, y varios otros son de mujeres en avanzado estado de gestación. Algunas prendas de vestir darían cuenta de que no sólo se les abaleó sino que se les acuchilló. Nada que envidiar a la bestialidad nazi en el holocausto de la II Guerra Mundial.

Pero si esto es impactante, resulta aún más impresionante, y a la vez expresivo, el monumental, pétreo y cómplice silencio de un casi siempre locuaz presidente García, de sus mediáticos ministros, y de los actuales mandos de las FFAA. Ni una frase, ni un comunicado, ni un pronunciamiento frente a la barbarie. Nadie asume responsabilidades institucionales. No hay mea culpa ni se ofrece desagravio alguno. Menos aún el compromiso de poner a disposición la información necesaria para identificar responsables –mediatos e inmediatos– y echar a andar los mecanismos para que se haga justicia. Sepulcral también el silencio arzobispal, a pesar de que hasta programa de radio tiene, y la difícil situación en la que pone a una iglesia cuyo compromiso con los pobres y los que sufren es piedra angular de la práctica de la fe. Y, claro, los canales de una TV sumisa parecen no tener señal sobre el tema, como los editoriales de los publicistas del Perro del Hortelano callan en todos los idiomas. No hay lecciones, no hay consecuencias, no hay responsabilidades, no hay responsables…

Si no fuera por la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), de los organismos de derechos humanos y de las comisiones parlamentarias que se atrevieron a investigar las atrocidades de la guerra, del senderismo y de los estrategas antisubversivos, la verdad seguiría enterrada, el dolor encapsulado y la justicia cómodamente ignorante. No es pues casual la sistemática campaña de desprestigio contra la CVR y los organismos de DDHH. No es casual que un vicepresidente como Giampietri, acusado (junto al presidente García) por la matanza de los penales –y específicamente de El Frontón– en 1986, promueva –como lo pretendió el fujimorismo, al que sirvió en su esplendor– retirarnos de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) donde se ventila el caso de los penales y muchos otros. Y claro, el juego es en pared con Ántero "Pacheco" Flores Aráoz, el nuevo escudero en el Ministerio de Defensa, que mueve el tinglado para recortar funciones al Sistema Interamericano de DDHH e impulsa la salida de la CIDH, junto al siempre "funcional" Rey, entusiasta votante en 1995 de la nocturna ley de amnistía a los Colina y autores de crímenes de lesa humanidad, siempre que se cometieran desde el Estado.

Un presidente y un gobierno comprometidos con profundizar el programa fujimorista de promover este proyecto desnacionalizador y antipopular, pretenden imponer esta política criminalizando la protesta social, ilegalizando y agrediendo a la oposición. Para ello se busca usar a las Fuerzas Armadas y Policiales –"actúen, no piensen"– como arma contra el movimiento social, garantizando impunidad a quienes son responsables de delitos de lesa humanidad, como si ello comprometiera a todas las fuerzas del orden y estas debieran mantener un espíritu de cuerpo con quienes impulsaron tales estrategias.

Cuando García acusa de traición a la patria a Francisco Soberón y Aprodeh por evidenciar su maniobra de criminalizar la protesta social, cuando Giampietri y Flores Aráoz promueven la salida del Perú de la CIDH, juegan también en pared con la sucia campaña difamatoria y de amenazas contra los organismos de DDHH, la CVR y la Universidad Católica (cuyo rector asumió su presidencia), la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y hasta el PJ que está en curso y que ha provocado ya una resolución cautelar de garantías de la Corte Interamericana para que el gobierno garantice la seguridad y los derechos de los amenazados.

"Idiota" fue el calificativo a los que se oponen a la venta de gas a Chile. Si el Perú lo tuviera en abundancia, pudiendo atender sus necesidades internas y las de Chile sin problemas. ¡Caballeroso con la dama que meses atrás lo invitó a cenar! En realidad, García ofreció gas a la presidenta Bachelet desde junio de 2006, antes de jurar al cargo. Pero ahora, evidenció que la verdadera intención del llamado gasoducto del sur no estaría en abastecer a esa zona con energía más barata, ni desarrollar la industria petroquímica en Moquegua o Arequipa, sino extender el ducto a Chile. En esto fue transparente: la inversión de US$ 1,200 millones del sector privado en la construcción del gasoducto del sur no resulta rentable con el consumo interno, que es muy pequeño (por los bajos ingresos de las mayorías, la desindustrialización y la falta de promoción estatal) y –por ello– hay que exportar. Ojo, ya nada está en evaluación: el oleoducto del sur solo va si es negocio, y solo es negocio si se exporta, si no no va. Así que, enfundado en un grueso poncho pero desnudo de cualquier ropaje nacionalista, espetó: "No es un tema de que no le vendas a Chile, porque tenemos un conflicto marítimo". Directo y al grano: negocios son negocios, y las relaciones internacionales y la geopolítica nada tienen que ver con ellos, ni deben condicionarlos. Dejó claro además que –en su concepción– ni siquiera somos dueños de nuestro gas ni tocamos pito en definir su destino; este sería un negocio que toca definir a los concesionarios, al margen de los intereses nacionales o de consideraciones geopolíticas.

Para colmo, repitiendo el estilo de gobierno que impone a los peruanos, argumentó sus razones y concepciones, descalificando como idiotas a quienes piensan distinto, y –junto a la zanahoria de los negocios– esgrimió el látigo de la amenaza. Pero nuestro primer actor local asumió, sin asco, el papel de pinochetista: "Chile se puede enojar y nos dice: no le compramos los mil millones y les devuelvo los 100,000 peruanos". Casi cierra con un ¡Cuidaíto nomás, rotos culeaos!
O sea que, en la doctrina Garcichet, Chile nos hace un favor –no negocios– con su comercio exterior. Los peruanos allá son una suerte de parias arrimados, improductivos e innecesarios. Y nuestro gobierno es manco y paralítico: si el Perú no vende el gas a Chile, este se molesta y nos castiga, sin que el gobierno nacional tenga cómo defender nuestros intereses, sin que la situación de las ingentes inversiones y ganancias chilenas en el Perú se vean afectadas. ¿Quedará algo por decir en esta materia a algún vocero del pinochetismo? ¿Para qué, si García ya lo dijo todo? Tenemos que "vender o vender" porque es negocio y porque estamos amenazados de no hacerlo. ¿Puede desdibujarse más la personificación de la Nación Peruana en la figura de un presidente?

Resulta inaceptable este manejo de nuestros recursos naturales estratégicos, burlándose del país. Peor aún cuando García juega a gata en celo con los intereses del poder económico en el vecino del sur, mientras que al interior carece de tolerancia y desatiende las demandas sociales o arremete contra la gente.
Así, mientras pretende malusar nuestro gas, el converso reciente al "libre mercado de las transnacionales", vara mágica del crecimiento sin desarrollo que propugna, busca imponer medidas que ni el fujimorismo pudo forzar. A la bandera de "gas para Chile", García suma la de "tierra para las mineras y petroleras". Así, lanza una ofensiva anticonstitucional con el DL 1015 para arrancar la tierra de las comunidades serranas y selváticas y ponerla a disposición de los negocios de energía y extracción minera. Promueve –golpeando a los pueblos originarios y la población campesina más pobre– el fraccionamiento y la venta de las tierras comunales, con una simple mayoría de asistentes (no una mayoría absoluta de comuneros empadronados) a una asamblea que así lo decida. Y con el DL 994 autoriza expropiar las tierras "eriazas" de las comunidades, cuando sabe que ellas deben reposar y rotar para poder explotarse. Y hasta propone un proyecto de ley para privatizar las playas del litoral y los barrizales de los ríos. Su audacia no tiene límites, salvo que se los pongamos.

No sorprende que liderara la agresión Nidia Vílchez, señalada por vínculos con grupos tipo Rodrigo Franco y con la desaparición de estudiantes en la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) durante el primer gobierno de García. Lo que estaba sobre el tapete es el afán alanista de modificar superficialmente la Constitución fujimorista (retornar a la bicameralidad, modificar el período de gestión de algunos funcionarios públicos, permitir la renuncia al Parlamento, etc.) y, dicen otros, tantear el camino para proponer la reelección de García, adalid del gran capital transnacional y sus felipillos. Pretendían imponer estos cambios sin referéndum, sin consulta ciudadana, por simple votación en el Congreso con más de 80 votos. Y por ello es que, al constatar que no tienen 80 votos, se irritan, agreden, suspenden el debate y clausuran la legislatura. ¿No pueden tener mayoría suficiente para acordar los cambios con sus amigos fujimoristas y de UN? Sí, tendrían más de 61 votos pero no 80, y ello exigiría consultarle al país si aprueba los cambios o no, un referéndum, con lo que medidas como la bicameralidad –por ejemplo– difícilmente pasaría la valla aprobatoria, y –ciertamente– se abriría un debate nacional sobre la necesidad o no de dar al traste con la espuria Constitución fujimorista y recuperar un sentido social, de justicia, democracia participativa y soberanía nacional en la Constitución que nos rija.

Por ello, la demanda de amplios sectores políticos y sociales de ir a una Asamblea Constituyente o retornar a la Constitución de 1979, que Haya de la Torre firmó, irrita tanto a Alan y a la derecha (como se ve en su prensa). Y es que, más allá de sus límites, la Constitución del 79 tiene un carácter garantista de derechos sociales (como la educación pública gratuita en todos sus niveles que Marta Hildebrandt quiere acabar de eliminar) y reconoce derechos laborales (estabilidad en el empleo, derechos sindicales, etc.) anulados o recortados en la fraudulenta Constitución del 93. La del 79 reconoce el carácter imprescriptible e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas sobre las que García tiene puesto el ojo para expropiarlas como eriazas cuando descansan o para forzar su venta y facilitar los negocios de las transnacionales dedicadas a la minería, la actividad petrolera o extractiva en esas tierras.

La Carta del 79 otorga al Estado atribuciones en la regulación económica y en la actividad empresarial pública que la del fujimorismo anuló para privatizar y extranjerizar los bienes estatales (minería, petróleo, pesca, electricidad, etc.), darles rienda suelta a las transnacionales y garantizarles toda clase de beneficios tributarios inamovibles (incluidos los "contratos de estabilidad tributaria" en la Constitución), combinados con la garantía de contar con una mano de obra barata y sin derechos fundamentales.

Peor aún, la Constitución fujimorista combina una suerte de prohibición del Estado de intervenir con empresas públicas en actividades productivas o de servicios, salvo que el sector privado no tenga interés en esas actividades (dejando así el lomo para el sector privado y el hueso para el estatal), con un recorte a un concepto histórico –presente en nuestras constituciones– en lo que refiere a la propiedad de la Nación sobre nuestros recursos naturales a efectos de que se considere que somos propietarios de ellos mientras están en la entrañas de la tierra, pero, una vez extraídos, los concesionarios tienen derecho de propiedad real sobre ellos y pueden disponer como lo deseen, perdiendo nuestra capacidad de disponer u orientar su uso en función de intereses nacionales de desarrollo o de atención a las necesidades de la gente. Así, por ejemplo, tendríamos poco o nada que decir sobre el destino del gas de Camisea que se descubra en tanto su comercialización (y el destino de ésta, ¿Chile?) sería de exclusiva responsabilidad del concesionario, a cambio de los minúsculos derechos que paga, siendo libre de fijar su precio de venta en el exterior.

Cuando en el país crecen la protesta social y la demanda de un nuevo rumbo para el país con el Paro Nacional del 9 de julio y los paros de la Amazonía y del Agro, resulta inaceptable un vulgar maquillaje a la Constitución del 93. Hay que poner el tema constitucional en la mesa de debate si aspiramos a recuperar el Perú para los peruanos.

Si algo deja claro la lucha de Moquegua es que "cuando el pueblo lucha, el gobierno escucha". La vigorosa acción del pueblo moqueguano permitió que más de un año y cuatro meses de dilatados trámites de autoridades locales y regionales lleguen a la mesa de negociaciones con el premier y este se abra a buscar soluciones. ¿Faltó previsión en el gobierno, como dicen diversos comentaristas en la prensa de derecha, tipo Hugo Guerra o Fernando Rospigliosi? ¿Acaso el gobierno no sabía del problema? Difícil de creer: abundan informes de inteligencia y pronunciamientos públicos de las fuerzas sociales de Moquegua. Lo que parece evidente es que el gobierno estaba meciendo a sus interlocutores, con la creencia de que el pueblo se dejaría pasear. Un estilo en el que se pretenden expertos Del Castillo y García. De allí que esta lección la tengan aprendida numerosos pueblos y sectores sociales. Precisamente por ello se organiza un paro nacional el 9 de julio, en el marco de un paro nacional agrario del 8 y 9, y un paro amazónico los días 8, 9 y 10, y se anuncian luchas de médicos, de docentes y estudiantes universitarios y de trabajadores del agua potable.

La segunda enseñanza es que "cuando la unidad del pueblo existe, la indolencia y la prepotencia gubernamental no resisten". De allí que –por encima de las amenazas y la arrogancia gubernamental– el pueblo de Moquegua conquistó el compromiso de transferencias de recursos, que permitirían obras de desarrollo regional y local, por un valor de S/. 442 millones, ligeramente inferior a la demanda hecha de participación en el canon generado por la Southern. El gobierno ha evadido dar solución al tema de fondo, pero ha asumido compensar a la región con recursos presupuestales. Claro, estamos ante un compromiso y no una transferencia efectiva, y ya sabemos que este gobierno ofrece y hasta firma, pero no cumple. Allí está la oferta del impuesto a las sobreganancias mineras, que representaría miles de millones para el Perú, pero que no se aplica. De lo que deriva que Moquegua se mantendrá alerta y el tema no está cerrado.

La tercera lección es que "el pueblo uniformado también puede ser sensibilizado". Ello lo evidencia la actuación responsable del Gral. PNP Jordán y su negativa a un enfrentamiento sangriento –como responsablemente lo hizo años atrás en Arequipa un oficial del Ejército–, a pesar de las órdenes provocadoras emanadas desde Lima. Y una cuarta lección es que el presidente García –al calificar de "cobarde" la actuación del Gral. Jordán– y los que con él demandan que la policía dispare sobre la población evidencian que la lucha social organizada puede evitar la provocación gubernamental y sus intentos de llevar los conflictos a una confrontación violenta y armada. Pero resulta indispensable tener presente que el gobierno apuesta a criminalizar la protesta social y llevar los conflictos a escenarios de confrontación cruenta para desarticular los movimientos sociales en curso.

Una quinta enseñanza es que los pueblos pueden conquistar una reasignación de los recursos públicos para atender sus necesidades. Es decir, la acción de los pueblos puede reorientar el uso de recursos de Estado, como lo ha logrado Moquegua a partir de su lucha, arrancando un compromiso concreto de atención a sus problemas. En sexto lugar, está claro que los pueblos –especialmente los de las regiones mineras– perciben que hay recursos presupuestales extraordinarios, gran parte de los cuales provienen de la concesión de recursos naturales del país que generan una altísima renta para quienes los explotan, y están dispuestos a luchar por ellos. Ello revela un paso adelante en la conciencia de los pueblos.

Sin embargo, una sétima lección es que la lucha por una justa redistribución de la riqueza y para que la renta generada por la explotación de nuestros recursos sea orientada a atender necesidades de desarrollo y bienestar, está hoy aún concentrada en la distribución del llamado canon (es decir, del impuesto a la renta) y puede conducir –como en este caso– a un equivocado enfrentamiento entre regiones vecinas. Pero el grueso de la renta generada por la explotación de nuestros recursos naturales no está en el canon. Este es solo la mitad del impuesto a la renta que el país cobra a los concesionarios. Los consorcios mineros transnacionales se escudan en escandalosos privilegios tributarios y gollerías que les permiten enormes utilidades que trasladan al exterior: reinversión de utilidades en sus propios negocios sin pagar impuesto a la renta; recuperación anticipada del IGV; depreciación acelerada de activos; importación de equipos liberada de aranceles; evasión del pago de regalías por contratos de estabilidad tributaria.
La cuestión pues es recuperar el control sobre nuestros recursos naturales como Nación, y, con ellos, recuperar el grueso de la renta que generan para ponerla al servicio del desarrollo del país y del progreso de nuestros pueblos. He aquí el objetivo que debe alimentar la fuerza de la lucha del pueblo moqueguano en todos los peruanos.

Su Declaración Final recordó "los sólidos lazos históricos y culturales que siempre han existido entre los países latinoamericanos y caribeños y las naciones de la Unión Europea, basados en el impacto positivo de los flujos de migración en ambas direcciones". Afirmó que "reconocemos que la pobreza es una de las causas básicas de la migración" y sostuvo: "Consideramos que es fundamental asegurar el goce y la protección efectivos de los derechos humanos para todos los migrantes". Resaltando "la importante contribución económica, social y cultural de los migrantes a las sociedades receptoras" subrayó "la importancia de luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia" para cerrar con "un llamado a nuestras regiones para desarrollar aún más un diálogo comprensivo y estructurado sobre la migración. Este diálogo también abordará los temas de la migración regular e irregular, así como los vínculos entre migración y desarrollo, de conformidad con el marco legal de los países".

Pero todo terminó evidenciándose sólo como papel mojado en tinta. Apenas 30 días después, la UE, sin consulta ni diálogo alguno con AL, se limpió con la solemnidad del "impacto positivo de la migración en ambas direcciones", olvidó que AL recibió cientos de miles de migrantes europeos durante las guerras y el fascismo, y se burló del "compromiso de garantizar los derechos humanos para todos los migrantes" al emitir -bajo inspiración del fascista Berlusconi- la resolución del "Retorno Voluntario".

Esta resolución es extremadamente grave pues impone procedimientos de privación de libertad potencialmente arbitrarios, sin control jurisdiccional de autoridades pertinentes. Establece una detención que trata a quienes han incurrido en una irregularidad administrativa como si fueran delincuentes; una detención con plazos abusivos y arbitrarios de hasta 18 meses para "agilizar un procedimiento de expulsión". A su vez, impone un doble castigo a los inmigrantes afectados, pues además de la detención les prohíbe el regreso al territorio europeo por 5 años. Para colmo, permite la detención de menores no acompañados que se internan en los mismos centros y se les expulsa sin garantía de reagrupamiento familiar, violando la Convención de Naciones Unidas de derechos del niño. Finalmente, permite expulsiones a terceros países y no al país de origen, lo que es tremendamente negativo para los migrantes y permite que quienes hayan sido detenidos a lo largo de los siete días posteriores a su entrada en territorio europeo sean expulsados sin siquiera disfrutar de las escasas garantías de la directiva.
Este trato de los Estados europeos a migrantes "ilegales" -quienes migran buscando trabajo y mejores condiciones de vida, no narcos ni delincuentes- es imfamante.

¿Es con quienes nos tratan así que queremos firmar "Acuerdos de Asociación" y abrirles las puertas para invertir sus capitales a la explotación de nuestros recursos naturales a cambio de migajas y del empleo del cholo barato? ¿Es que -como dice nuestro inefable Presidente García- corren por cuerdas separadas los negocios y los intereses nacionales (sean fronterizos o de cientos de miles de peruanos y peruanas que enfrentan esta brutal amenaza después de trabajar y aportar por años en el viejo continente)? ¿Debemos reaccionar con energía y firmeza ante este agravio, demandando sea inmediatamente derogado, o nos limitamos emitir alguna declaración formal y constituir una de esas comisiones de dialogo que, flotando en las nubes, no modifican la agresión que han de sufrir cientos de miles de peruanos y millones de latinoamericanos en Europa?

García obvia un país erizado y una protesta que crece no solo en dimensiones, sino en razones. ¿Es irracional oponerse a una política de crecimiento económico sin desarrollo, sin redistribución de la riqueza, sin beneficios para las mayorías? ¿Es absurdo reaccionar frente a la incesante alza del costo de vida que golpea a los más humildes, ante la pasividad de un gobierno que ni regula ni actúa frente al problema que desborda todas las previsiones del mismo régimen? ¿Es tolerable que mientras las utilidades de las grandes empresas se multiplican varias veces, los salarios y sueldos de los trabajadores hayan permanecido prácticamente congelados durante los casi dos años de reinado alano-fujimorista? ¿Es un chillido demandar freno a que las grandes transnacionales se lleven nuestros recursos naturales a cambio de migajas, mientras hacen sobreutilidades gigantescas (más de S/.62,000 millones de soles en los últimos 3 años), con vergonzosos privilegios tributarios y atropellando comunidades campesinas y nativas, mientras el gobierno incumple su compromiso electoral de aplicar el impuesto a las sobreganancias? ¿Será que podemos seguir viendo –impasibles– cómo se deteriora nuestra educación y salud públicas, mientras del país parten –cual carabelas coloniales cargadas de oro– los ingentes recursos naturales que nos pertenecen?

La inflación anualizada del 2008, solo tomando en cuenta los tres primeros meses del año, supera el 5.55%, según los conservadores cálculos de la U. del Pacífico, sin aclarar que para los pobres, que emplean la mayor de sus ingresos en alimentos, es mucho mayor. A julio es más, pero Alan se niega a aumentar los sueldos y salarios. ¡Cómo no reaccionar!

La ofensiva gubernamental contra la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, y su pretensión de subordinarlas a la expansión y expoliación de transnacionales mineras, petroleras o madereras no generan chillidos sino protestas y reacciones justificadas. La privatización de puertos y aeropuertos (entregándolos a intereses geopolíticamente negativos, como los del gran capital chileno) exacerba la reacción nacional. La privatización del mar, con la ley de cuotas del rey que maneja Produce, convoca a la acción a pescadores y armadores. La intención de subordinar el manejo de los recursos de las regiones a la autorización de la caja central, los turbios manejos del canon y la negativa a trasladarles las empresas públicas regionales alientan a los movimientos descentralistas. La negación de los derechos que corresponden a los trabajadores mineros reanima su huelga nacional. La obstaculización de la negociación colectiva por rama y la continua precarización de los derechos de los trabajadores de la MYPES para permitir a grandes empresas dividirse y aprovechar de regímenes laborales de mínimos derechos generan movilización y justificada reacción laboral. Y si a ello se suman la corrupción impune y una agresiva política de criminalización de la protesta social, persiguiendo y deteniendo a los que reclaman cambios y enfrentan los abusos, pues el Paro Nacional tiene razones.

Se equivoca García también al responder qué vendrá después del 9. Dice "después del 9, viene el 10, y el Perú continúa lo de siempre". No, el Perú no continuará "en lo de siempre" después del Paro Nacional Agrario del 8 y 9, y del Paro Nacional –cívico y popular– del 9. Estamos hartos de "lo de siempre". Algo nuevo está naciendo: una gran unidad de fuerzas por el cambio. Viene la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú, convocada para noviembre. Viene el esfuerzo de construir un gran tejido de organizaciones sociales, regionales y políticas, capaz de construir, articular y representar una propuesta de nuevo Perú, de nuevo rumbo para el país: un país dueño de su propio destino, en control de sus recursos naturales y sus servicios fundamentales, con capacidad de transferir una importante parte de la renta que hoy genera la explotación de nuestros recursos naturales agotables para promover un desarrollo sostenible, al servicio del bienestar de las mayorías. Viene el esfuerzo de forjar una representación amplia y consistente de esa alternativa, que sume a todos los que quieren y batallan por el cambio, por un Perú soberano y descentralista, con justicia social. Un nuevo rumbo se está abriendo paso.

Antes del paro, los sondeos y servicios de inteligencia gubernamentales le dejaron claro que sería de envergadura, pues buena parte del país está crispado y la demanda de cambio de rumbo crece. Solo en Lima, "bastión" gubernamental, lo respaldaba el 43% de los encuestados. En provincias, las cifras doblaban. Por eso viraron: de ignorarlo y minimizarlo, García pasó al psicosocial de la calumnia y del miedo. ¿Acaso un paro "fantasma" requería de millones de soles en avisos, volantes, pancartas y pintas con un "No al paro terrorista/comunista" o "Yo amo al Perú: no al paro"? ¿Justificaba un paro fantasmal el ignominioso spot de Montesinos –asesino, ladrón y mentiroso profesional– como la cara y el vocero gubernamental para difamar el paro? ¿Se moviliza a las FFAA y militariza el manejo del orden público contra espíritus? No. Moquegua fue el último clarinazo del malestar existente.

Luego del 9, el mismo García da cuenta de que el paro estuvo lejos de ser un fracaso. De ahí su reconocimiento del malestar nacional, su afán de soplarles la responsabilidad del alza del costo de vida y de la ausencia de respuesta a las demandas sociales y a la crisis internacional, escondiendo sus responsabilidades. Su campaña contra el monigote de un "complot" tan inexistente como el paro terrorista que levantaron como piñata antes del 9. Por eso la maniobra de Del Castillo llamando a un diálogo con interlocutores "ad hoc", fabricados por el gobierno y ajenos a representar a los actores (la CPS) y la plataforma del paro. Pretenden desconocer que se ha comenzado a revertir una fuerte dispersión de fuerzas sociales y políticas que demandan el cambio, y que estas caminan a la construcción de una Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú –de mayor amplitud que la actual Coordinadora Político Social– que puede expresar, representar y conducir una vasta red social y política, descentralizada y nacional, que canalice una mayoritaria voluntad de cambio en el país.

El paro ha rearticulado las relaciones y la unidad de acción de fuerzas de izquierda, democráticas, progresistas y nacionalistas, urbanas y rurales, dispersas desde la disgregación de IU y la creciente crisis de representación política de amplios sectores populares. Es una respuesta inicial, aunque insuficiente, al anhelo unitario de vastos sectores sociales. Y ello se ha permitido otro nivel de acción y presencia nacional, así como una plataforma unitaria por un nuevo Perú, por un cambio de rumbo, que expresa una contradicción estratégica con el continuismo neoliberal, amenazado en su supervivencia, y abre campo fértil para opciones políticas alternativas al bloque de poder.

¿Está este proceso culminado o consolidado? ¿Está organizado este vasto bloque social nacional y legitimada una dirección representativa? Aún no. El proceso se ha abierto, ha avanzado. Tiene amenazas internas: contradicciones mal tratadas e irresueltas en frentes importantes: regionales (Arequipa, Loreto), sectoriales (magisterio, salud, juventudes universitarias, entre otros) o políticos (definiciones de liderazgo mal encaradas o diferencias e imprecisiones tácticas de cómo enfrentar al régimen), así como en los obstáculos que pueden afectar la apertura a procesar. Y tiene amenazas externas: el gobierno y sus aliados pretenden liquidarlo. Quisieron llevarlo al campo de la confrontación violentista para aplastarlo, pero fracasaron. Ahora redefinen sus maniobras para confundir y dividir, para atemorizar y reprimir.

Este fenómeno nuevo, la CPS (que articula gremios, frentes regionales y movimientos políticos), requiere de mayor amplitud, de nuevas fuerzas políticas y sectores sociales. Hay que articular sectores sociales con débil presencia o no integrados. Hay que acercarse a los colegios profesionales e intelectuales, a pequeños y medianos empresarios, a organizaciones de mujeres, a transportistas, a organizaciones sociales y políticas regionales, a alcaldes y gobiernos regionales progresistas y comprometidos con el cambio de rumbo que las mayorías reclaman. Con ellos, y en un intenso proceso de relación con la gente, hay que dar una batalla por forjar una visión común del Nuevo Perú, ha de nacer la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú (ANP), palanca fundamental para representar y abrir paso al nuevo rumbo.

Sí, ha crecido y se ha reactivado la fuerza de los que reclaman un cambio de rumbo. Es tarea de la CPS llevar el debate del contenido de ese cambio a convertirse en un gran proceso social, forjar los instrumentos para alcanzarlo, desarrollar las expresiones de lucha que evidencien que no solo nos asiste la razón, sino la fuerza y la organización necesarias para hacer realidad un nuevo Perú. Ciertamente, hay un antes y un después del paro y mucho depende de cómo actúen quienes lo impulsaron.

Así, en Lima –espacio donde el alanismo aprista y sus aliados fujimoristas y de UN tienen su mayor presencia e influencia– García sólo llega al 31% de aceptación contra 62% de desaprobación. En contraste, en Arequipa –cabeza representativa del macrosur peruano– lo aprueba un triste 4%. El malestar es cada vez más extendido, como se ve en el moqueguazo, el paro agrario y las Movilizaciones del paro nacional del 9 de julio, en el de la Amazonía, en los hechos de Madre de Dios, la sierra central y norte, el macrosur y en espacios como Piura y Chimbote. En Lima mismo, además del mitin y las paralizaciones sectoriales y de parte del transporte y comercio en el paro, según la PUCP, 51% de los encuestados justifican las razones del paro (60% en los estratos más pobres) y 49% se solidariza con él, contra 30% que no lo hace o discrepa en parte. Signo de los tiempos.

La mayoría del país quisiera respuesta a las demandas que implican un claro cambio de rumbo económico y social: control de la inflación, aumento de sueldos y salarios, empleo con derechos, recuperación de la renta que generan nuestros recursos naturales para atender las necesidades nacionales en lugar de engrosar las arcas de las transnacionales, redistribución de la riqueza generada. Pero Del Castillo y García se reafirman en las políticas que imponen al país. Un cambio de mocos por babas en el MEF, al sacar a Carranza y poner a un asesor del fujimorista Boloña –Valdivieso– a cargo de la cartera, lo evidencia. Y su ridícula insistencia en responsabilizar a fantasmas extranjeros (el eje del mal venezolano-boliviano) de financiar las protestas o mantener arbitrariamente detenido al responsable de la Coordinadora Bolivariana Roque Gonzales, procesando a diestra y siniestra a los dirigentes sindicales y sociales de las protestas.

Este escenario no anuncia cambios. La insistencia en la política económica se personifica en Valdivieso. Peor aún, regresamos a los cavernícolas insensibles que asesoraron a Boloña e impusieron el modelo fujimorista con las privatizaciones a precio de huevo de las empresas estatales, las AFP, el aumento de la edad de jubilación, la destrucción de los derechos laborales o los despidos masivos de decenas de miles de trabajadores estatales. Y claro, difícilmente se deshará de Alva Castro –a pesar de la sangre derramada, las evidencias de corrupción y la inoperancia en las compras ministeriales–. ¿Se irán los responsables –desde el Ministerio de Vivienda– del abandono a los afectados del sismo en Ica, o los que –como Rey– lotizan las cuotas de pesca –privatizando el mar de Grau– y destruyen los derechos laborales con la Ley de Mypes? ¿Y los responsables del desastre cotidiano en Educación y Salud Pública como Chang o Garrido Lecca, titulares de ministerios con ridículos presupuestos frente a las necesidades del país? ¿Se irá el banquero que dirige Agricultura para agredir a las comunidades campesinas y nativas, y expandir la gran explotación minera y sus negocios de agroexportación, mientras ningunea los paros nacionales agrarios? ¿Quedará García Belaunde en RREE a pesar del desastroso manejo del problema con Chile y de nuestro evidente –y costoso– alejamiento de espacios de relaciones que podrían fomentar mejores condiciones para el país, como los acuerdos petroleros con Venezuela a precios más cómodos y con extraordinarias condiciones de pago? Todo indica que se quedan la misma política y gran parte de los mismos actores, y que no hay cambio de rumbo.

¿Pensará en cumplir con su compromiso de establecer el impuesto a las sobreganancias mineras que pudiera generar recursos para enfrentar los problemas de una educación y salud públicas abandonadas? No. ¿Pensará en restituir la Constitución del 79 que firmó Haya de la Torre? ¿Propondrá dialogar con los movimientos sociales y políticos que demandan el cambio de rumbo? Nada lo indica.

De allí que este 28 de Julio una canción compita en popularidad con el himno patrio: ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Que se vayan la política económica antisocial imperante, la criminalización de la protesta social y la persecución a quienes demandan justicia! ¡Que se vayan el entreguismo y la corrupción! ¡Que se vayan los responsables del alza del costo de vida y de la inequidad que hace más ricos a los ricos y mantiene pobres a los pobres! Es hora de asumir que esta demanda requiere de una cabeza que la dirija y canalice el sentimiento popular.

A 24 meses de gestión, a pesar del crecimiento económico de 10% anual, solo 21 de cada 100 peruanos aprueban al gobierno (18% entre los más pobres según Apoyo y 15% según la PUCP). Más de 3 de cada 4 mujeres lo desaprueban, pues viven el mercado de cada día. Un 73% de limeños (PUCP) dice que gobierna pensando en los dueños de las grandes empresas; casi 60% dice que favorece las empresas extranjeras. Un 54% de limeños (muchos más en provincias) exigen mayor presencia estatal en el manejo de la economía y de nuestros recursos naturales. Y su credibilidad está en el piso: 77% y 85% de los limeños desconfían del Gobierno y su Congreso.

Aunque se "pula", a García casi nadie le cree. Su compañía no lo ayuda, ni en el Congreso ni en el gabinete. Poner a un ex asesor del fujimorista Boloña (el responsable de despidos masivos, las AFP y las privatizaciones a precio de huevo) como Valdivieso en el MEF, es peor de lo mismo. Si, además, va a dedicarse –como le aconseja su heredero Del Castillo– a "explicar" los beneficios laborales que ha dado a los peruanos con los recortes hechos en la Ley Mype, y a reiterar lo bien que nos va y lo excelente que es su política económica, saldrá del hemiciclo más calato que Leysi, pero sin sus atributos.

La gente espera cambios y García se enterca en un gabinete desgastado y en una política que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. A pesar del crecimiento económico, este sólo beneficia a grandes empresas extranjeras, sus testas y su entorno. La gente demanda frenar el alza del costo de vida y García insiste en que no es su culpa, que todo se debe al mercado mundial. Oculta que su política monetaria y fiscal viene empujando el alza del costo de vida y se niega a evitar un recalentamiento económico y una política que incentiva el consumo de ciertos sectores privilegiados a costa de una inflación creciente y de promover un irresponsable crecimiento de importaciones en lugar de incentivar el mercado nacional y aumentar los sueldos y salarios de los trabajadores, para generar empleo y defender sus ingresos socavados por la inflación. Quien pomposamente anunció, meses atrás, que la pobreza había caído 6%, debería anunciar este 28 que la inflación que promueve su irresponsable manejo económico ya recuperó el 6% de pobres que se había reducido y que los sueldos y salarios siguen deteriorándose mientras las ganancias empresariales y la productividad crecen.

El cachorro mimado de los grandes mineros y extractores de nuestras materias primas debería explicar cómo perdemos miles de millones de soles anuales por los beneficios tributarios y fiscales a las transnacionales, por no aplicar la ley de regalías que deberían pagar las mineras ni el impuesto a las sobreganancias que ofreció en campaña y no cumple. ¡Que explique por qué se niega a redistribuir la riqueza que se genera en el país entre los que más necesidades tienen! ¿Por qué no hay reforma tributaria para que paguen más los que ganan más y podamos invertir más en educación, en salud, el agro y la micro y pequeña empresa? Debería anunciar el cese de la pretensión de arrasar con nuestras comunidades campesinas y nativas a favor de las transnacionales.

Supuesto hijo de Víctor Raúl y del símbolo que lleva el perfil de AL, debería explicar por qué saboteamos la unidad y no tenemos acuerdos con Venezuela –como Centroamérica y el Caribe tienen– para comprar petróleo más barato, pagando sólo el 40% del precio y el resto a largo plazo, para así frenar el alza de combustibles que golpea a todos. Y por qué, en cambio, persigue fantasmas bolivarianos como Roque Gonzales y los grupos de Amistad con Venezuela o Cuba. ¿Por qué obstaculiza y difama programas sociales como la Operación Milagro para atender los problemas de la vista de miles de peruanos que ya se han beneficiado, mientras permite el ingreso de tropas norteamericanas, armadas, a Ayacucho, con la excusa de labores sociales? ¿Podrá sincerarse sobre su amorío con los capitales chilenos pinochetistas mientras deja a su suerte nuestra soberanía nacional?

La renuncia de la "criatura mediática" Carolina Lizarraga a la Oficina Nacional Anticorrupción –en el marco de una total parálisis ante la corrupción– dio curso al entierro clandestino de la institución que solo brilló por los fuegos artificiales de su creación. Agoniza también el "plan de desarrollo de la sierra" que inventaron los magos alanistas tras el nombre de Sierra Exportadora: un fracaso de la improvisación que solo muestra la ausencia de un plan de seguridad y soberanía alimentaria del gobierno neoliberal en el marco de una crisis mundial de los precios de los alimentos que golpea severamente a los más pobres. Y, gracias a la gestión del pata y asesor de García, Julio Favre, a la cabeza de Forsur, la zona de desastre sigue como si fuera un museo viviente del terremoto y un terreno fértil para investigar los notorios indicios de mal manejo del dinero asignado para atender la reconstrucción: la gente, harta, anuncia una paralización masiva este 15. ¡Qué decir de anuncios meramente publicitarios, como el de un Ministerio de la Cultura o de miles de millones en nuevas obras públicas cuando, paralelamente, anuncian recortes en el gasto fiscal y se niegan a imponer una reforma tributaria que haga pagar más a quien gana más o imponga el impuesto a las sobreganancias mineras para financiar las necesidades fiscales!

Al caer las caretas de la demagogia, como la popularidad presidencial, el gobierno comienza a sacar las uñas. Por un lado, afiata sus alianzas con la derecha. Aseguran el arreglo con el fujimorismo vía las evidentes maniobras gubernamentales –ministros de Estado presionando sobre el INPE– para garantizar a un criminal vinculado a delitos de lesa humanidad el derecho a recibir serenatas en la cárcel, teléfono y visitas nocturnas hasta la madrugada. Se alían para la directiva del Congreso y jalan a los tránsfugas necesarios para el efecto. Alguno, como Torres Caro, aparece vinculado a acusaciones de un lobista argentino-uruguayo por pedir $10,000 dólares para conseguir una cita con el mismísimo García y nadie investiga ni rechaza su voto en el Congreso por el oficialismo.

Otro lado, aseguran su manejo clientelar de las políticas sociales del gobierno. Cuando se creó el programa Juntos, el APRA votó en contra. "Como le vamos a dar dinero a Toledo para hacer clientelismo". Ahora han multiplicado los beneficiarios y, claro, ponen a Carlos Arana, un operador partidario experto en manipulación de masas, en programas claves como Foncodes, a pesar de sus problemas de irregularidades pendientes con Consucode y de sus evidentes vínculos con el supuestamente "apestado" Agustín Mantilla. A ello, suman el paralelismo gremial, buscando quebrar la organización de las mujeres del Vaso de Leche o revivir el insepulto cadáver de la CTP para desvirtuar los masivos reclamos de los trabajadores frente a la sobreexplotación a la que son sometidos: suben las ganancias de las empresas y la productividad del trabajo, pero caen los salarios y sueldos de los trabajadores peruanos.

Finalmente, criminalizan la protesta social y aceitan las armas de las fuerzas del orden buscando empujarlas a enfrentar –con impunidad total– el creciente movimiento de reclamo social. Claro, pretenden incondicionalidad militar y policial mientras camina a la quiebra y la liquidación la Caja de Pensiones Militar-Policial, y pretenden convertirla en una AFP más que pague pensiones miserables.
Las cosas están llegando a un límite de lo tolerable y los anuncios del escenario de confrontación que prepara el gobierno, frente a fuerzas sociales cada vez más hartas de la injusticia y la inequidad, de ser tratados como extranjeros indeseados en su propia tierra, y de ser amenazados de ser privados de sus tierras ancestrales y privados de sus recursos naturales.

La revocatoria del mandato es un mecanismo democrático y pacífico de resolver una crisis de representación política, de hacer respetar la voluntad popular. Pero, en el Perú, la revocatoria es complicada y no se puede revocar a los congresistas ni al Presidente. ¿Por qué solo se puede revocar a los menos poderosos –regidores, alcaldes, consejeros o presidentes regionales–, pero no a los que pueden más: los congresistas o el Presidente? ¿Acaso no los nombró el mismo voto popular? ¿Acaso el pueblo no puede recuperar la máxima autoridad que delegó si lo estafan o conducen mal? Esto debe cambiar.

Crisis agudas en Venezuela o Bolivia se enfrentaron convocando referendos revocatorios. En Ecuador habrá un referendo sobre la nueva Constitución: si pierde, el presidente Correa dejará el cargo. Hace poco, enfrentado violentamente por la oposición de derecha que manipula sentimientos descentralistas mal manejados, Evo Morales convocó un referendo revocatorio llamando a los bolivianos a votar si continúa su gobierno y las políticas de cambio emprendidas o no. No reprimió, llamó al voto. Recibió 68% de apoyo, y con esa ratificación popular llamó a la oposición al diálogo y a parar el violentismo escisionista, a discutir y replantear las autonomías.

En el Perú, solo 1 de cada 5 peruanos respalda a García y 75 de cada 100 lo rechazan. Los conflictos y las protestas se multiplican azuzados por la inflación, los privilegios a los más ricos, la exclusión de las mayorías, la corruptela y el abuso de poder. García rechaza el diálogo que los movimientos reclaman. Envía ministros sin poder de decisión ni voluntad de cambio a tontear a la gente. Entornilla a su repudiado gabinete. Desprecia las luchas y las encuestas que demandan cambio de rumbo. Responde al repudio popular moviéndose en carros blindados, rodeado de policías y guardaespaldas, con la corte de una prensa servil, mañosa y cómplice, blindado por su alianza con el fujimorismo.

Provocador, gasta millones en la campaña "El Perú Avanza". Nadie averigua en un Congreso entretenido en la repartija de cargos, entre tránsfugas y ratas. Escupe en la cara a los damnificados del Sur. Encima de abandonarlos, los enfrenta al resto de peruanos (recordándoles que han dejado de recibir lo gastado en la reconstrucción). Mentiroso, impone su propaganda autobombo, mientras esquiva los huevos podridos de la gente. Amedrenta las marchas de damnificados del 15, militarizando la zona ante la movilización pacífica. Encima, la Cancillería, el Congreso y APCI persiguen a las Casas de Amistad con Venezuela y con Cuba, maltratando la solidaridad médica cubana o las viviendas donadas por los venezolanos, mientras Favre se va de Forsur sin rendir cuentas: ¡el mundo patas arriba!

El precio internacional del petróleo cae, pero aquí suben el combustible y la inflación. García anuncia demagógicos gastos públicos, pero sin nuevos ingresos que podría obtener del impuesto a las sobreganancias mineras o una reforma tributaria en que los más ricos paguen más. Más leña a la inflación. ¿Recortes? Sí, pero al presupuesto del Vaso de Leche, congelado hace años. Obligó a las madres a tomar las calles y hacer retroceder a Del Castillo. Rechaza aumentar los sueldos y salarios que caen, mientras las ganancias empresariales, la productividad del trabajo y el costo de vida suben. Ignora a los despedidos por el fujimorato y sus demandas, pero privilegia a sus engreídas, las transnacionales mineras, petroleras y gasíferas: les subsidia el combustible a pesar de sus enormes ganancias, a muchas no les cobra regalías, no aplica el impuesto a las sobreganancias (unos S/.5,000 millones anuales) ni revisa los contratos lesivos. Para remate, quiere arrasar con la propiedad de la tierra comunal en la sierra y la selva: entregarla a las transnacionales que explotan nuestros recursos naturales. Han lotizado el 72% de la Amazonía y hay denuncios privados sobre casi el 55% de las comunidades campesinas en sierra y costa. Más de 15 millones de hectáreas están en concesiones mineras de los nuevos dueños del Perú.

La protesta se multiplica. La crisis internacional la alentará. La ira está a flor de piel. La exigencia de un cambio de rumbo se generaliza. Amenazar a quienes protestan, enjuiciarlos o usar a la policía y a las FFAA como guardia pretoriana no funciona. Menos cuando pretenden convertir la Caja Militar Policial en una AFP cualquiera y el personal gana miserias. No. Eso solo genera más violencia y sangre.

Como Presidente de un gobierno de derecha –con claro formato fujimorista–, estos rasgos de personalidad marcan la forma como ejerce el poder. Prepotencia, imposición, desprecio a los demás son sus rasgos constantes. De allí –y de su servilismo a los intereses de la gran empresa y los "dueños" del Perú– su insistencia en gobernar ignorando al país real, en ningunear a los electores y tratarlos como si todos fueran niños que no saben ni distinguen lo que es bueno para ellos, debiendo él decidir e imponerles el camino correcto que nadie más que él conoce. ¿Lo seguiremos tolerando?

García dice que las comunidades nativas y los pueblos amazónicos no saben lo que les conviene. "Se condenan al atraso" ha dicho ante la movilización de 65 etnias y cientos de miles de peruanos y peruanas de la Amazonía en defensa de sus tierras y su manejo, por la derogatoria de los D. Leg. 1015, 1073 y otros que ponen en cuestión sus derechos y el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. Dice, como Confiep, que lo que los pueblos amazónicos deben hacer es "poner en valor sus tierras", sus "cerros", vendiéndolos o concesionándolos a grandes empresas y transnacionales que los exploten. Otro camino los condena al atraso de siempre.

Fácil es olvidar la responsabilidad del viejo Estado y sus gobiernos en la ausencia de educación bilingüe y servicios de salud para las comunidades, su incapacidad de aprovechar el banco biogenético a favor de la gente, la inoperancia en promover el turismo ecológico, la explotación de los recursos y actividad agropecuaria en armonía con los pueblos y el medio ambiente. No, todo lo debe resolver la gran inversión privada, caritativa y desinteresada, cual Madre Teresa. Las mayorías sobran, son incapaces.

¿Son ignorantes quienes exigen se reactive el PETT para acabar de titular sus tierras comunales o que el Instituto de los Pueblos Amazónicos recupere nivel ministerial y se genere un Fondo Indígena para promover la ciencia y la transformación de los recursos existentes con el ancestral conocimiento de los pueblos?

La huelga indefinida –disciplinada y madura– de los pueblos amazónicos y su ejercicio del control político sobre la autoridad abrieron paso a una solución, sin la mecedora de Jorge del Castillo y sus actas incumplidas. Impusieron una negociación con el Congreso. Exigieron que cumpla su función: impedir el abuso gubernamental en el ejercicio de facultades legislativas delegadas mal usadas y hacer cumplir el Convenio 169 de la OIT que obliga que los pueblos originarios sean respetados y consultados ante cualquier medida que los implica y afecta. Conquistaron poner el tema en agenda y derogar los D. Leg. 1015 y 1073.

Ahora, vía Jorge del Castillo, García anuncia "difícilmente vamos a promulgar la ley (de derogatoria)". "Papá lo sabe todo", no acepta ni lo que el Congreso decide, ni lo que los pueblos reclaman. Solo él vale. Quiere imponer a sangre y fuego su trasnochado proyecto del "perro del hortelano": la modernidad es la gran empresa, las transnacionales, y el atraso lo representan los pequeños productores, las comunidades campesinas y nativas, los trabajadores que exigen derechos, etc. Así, la mayoría de los peruanos sobran si no sirven a las transnacionales.

García olvida que el poder que temporalmente ejerce emana del pueblo. Lo usa a su antojo, abusivamente. Resulta un peligro para el país, un provocador de violencia, confrontación e inestabilidad. ¿Olvida que está cada vez más aislado, que la gente demanda cambio de rumbo y que le tocan la puerta Moquegua (por incumplimiento de actas firmadas), las comunidades amazónicas y campesinas (para derogar otros decretos legislativos inaceptables), los pescadores y armadores (derogar la ley de cuotas pesqueras), los trabajadores de Salud, los despedidos y jubilados, los fonavistas?

El 27 de agosto, del Castillo "denunció un ‘complot antidemocrático’". Se lo endilgó a PR pues Olmedo Auris, de la CGTP, planteó "la ‘peregrina’ idea de una revocatoria presidencial". Dijo que eso "no es legal ni constitucional y que evidencia que dicha agrupación es la que empuja a la CGTP a medidas extremas". Su fiel secretario, Aurelio Pastor, repitió: "izquierdistas radicales buscan romper la democracia: conducir al Perú a un camino de inestabilidad similar al de Bolivia". "Han planteado un recorte del mandato presidencial que será rechazado por la población". La Constitución no contemplaría el referendo revocatorio. Sus promotores "sólo buscan generar la ruptura del régimen democrático ante su impotencia de llegar al poder de manera democrática". Para Pastor, "obligar al gobierno que se vaya antes de tiempo es peligrosísimo... pretenden empujar a la población a que deje de lado la tradición peruana de respetar los plazos constitucionales".

En coro, Felipe Osterling, dirigente del PPC, llamó "absurdo" e inconstitucional el planteamiento de la revocatoria presidencial, como la realizada en Bolivia. "Es absolutamente imprudente, totalmente improcedente y altamente inconstitucional… no hay ninguna previsión dentro de la Constitución Política del Perú que pueda aceptar un planteamiento revocatorio. En otras latitudes podrá existir, no lo sé, pero no en el Perú". Así pretende dar por concluido el tema. Muchos recordamos a su entonces compañero del PPC, Ántero Flores Aráoz, cuando el 2006 se le preguntó sobre el pedido de referendo nacional sobre el TLC con los EEUU. Fue enfático: "Nooo, ¿les va a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?". Ahora quizás diría: "¿les va a preguntar a las llamas y las vicuñas sobre su Presidente y sus congresistas? ¿Pretende que tengan derecho a decidir si las autoridades de gobierno y del Congreso están respondiendo a su compromiso electoral o gobernando bien? ¿Está loco? ¡Basta ya con su voto! ¿Pretende, encima, que participen y controlen a los elegidos, puedan revocarlos y nos impidan hacer lo que nos da la gana? Eso solo en Bolivia".

Del Castillo, Pastor, Osterling imputan a la CGTP un planteo que hacemos muchos: control ciudadano y revocatoria de las autoridades ineptas, mentirosas o corruptas. Inventan un "complot" psicosocial, pretendiendo que no tenemos derecho a recuperar el mandato que damos con el voto a una autoridad que incumple o malgobierna. Pero ese derecho está en la Constitución: el derecho a la participación ciudadana en la vida política incluye el derecho al referéndum, a la rendición de cuentas de las autoridades y a la revocatoria. ¿No podemos revocar a autoridades por referendo? Falso, podemos revocar alcaldes, regidores, presidentes y consejeros regionales. El principio está establecido. Pero ocurre que la ley, dada por el Congreso fujimorista y mantenida por los otros, limita la revocatoria a esas autoridades: blinda a los congresistas (con 4% de aprobación) y al Presidente (menos de 20%). La ley pretende impedir revocarlos, los atornilla al cargo, como si fuera su propiedad e impide controlarlos. Por eso está tan desprestigiada la política en el país: falta transparencia y control. Eso precisamente ocurre con García –candidato de los pobres, hoy Presidente de los ricos– y demanda una salida democrática, con el voto de la gente, y no con la confrontación violenta, que crece día a día. La gente reclama cambio. García se niega y criminaliza las acciones de protesta, salvo cuando se trata de sus socios fujimoristas (impunes al agredir el V aniversario del Informe de la CVR), dejando libres a los matones, amigos de los herederos Keiko e Hiro.

La revocatoria presidencial es un desarrollo constitucional para una democracia creíble y legítima. Ollanta Humala, el 15/8/ sugirió que García siga el ejemplo del mandatario boliviano y convoque al pueblo a las urnas para que lo ratifique o lo cese. Pero la ofensiva de derecha llevó el 28 a Otárola –vocero nacionalista– a decir: "No hemos solicitado la revocatoria. La institución de la revocatoria debe insertarse en el marco constitucional, y después se podría hablar de un proceso de revocatoria". Así, ni la revocatoria existe (falso) ni hay que promoverla ahora, ante la crisis. Grave error.

El 18/8/ propuse la necesidad de impulsar un referendo revocatorio para darle una salida a la crisis política que el gobierno agrava con su soberbia, su política económica antipopular, su negativa al diálogo, su gabinete ilegítimo y mentiroso, y su represión generalizada que azuza un creciente desborde popular en demanda del cambio.

La Asamblea Nacional de la Coordinadora Político Social, del 23 pasado, con más de 450 delegados de organizaciones gremiales, sociales y políticas comprometidas con el cambio, acordó abrir un debate en bases sobre la convocatoria a un referendo revocatorio al presidente García. Así lo anunció la CGTP: "Vamos a estudiar esta posibilidad dentro de un tiempo que nos hemos fijado hasta el 2 de noviembre". No es un complot sino una demanda popular viable.
Nota.- Publicado en La República.pe

Mecedor oficial de un gobierno que 8 de cada 10 peruanos desaprueba. Negociador de innumerables actas mañosas incumplidas. Cabeza de un gabinete ilegítimo que no quiere dejar la mamadera. Director de orquesta que quiere hacernos bailar al son de las transnacionales plásticas a las que sirve, disfrazarnos de "perros del hortelano" y repartirnos globos de gas que llevan los precios de los alimentos al cielo inflacionario. Jorge del Castillo es multifacético, plurifuncional. Y hoy se empina para erigirse como intérprete máximo de la Constitución de la Corte de García.

Ante la demanda de un referendo revocatorio del presidente y de los congresistas, y el anuncio de que la Coordinadora Político-Social hace una consulta a bases sobre esta iniciativa, Del Castillo la ha declarado inconstitucional. Descomunal mentira producto del temor a la consulta que involucra –en la CPS– a organizaciones como CGTP, CUT, CCP, CNA, SUTEP, mineros, trabajadores del Estado, de municipios, del sector Salud, Educación y universidades, jubilados, fonavistas, FEP y juventudes, organizaciones de mujeres –Comedores Populares y Vaso de Leche– y de intelectuales, redes sociales como las de CONADES, Frentes Regionales y fuerzas políticas regionales y nacionales, cada vez más decididas a promover un proceso de cambios.

Del Castillo miente descaradamente. ¿Ignora que el art. 2, referido a los derechos de la persona, establece que "toda persona tiene derecho", inciso 17, "a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum"? Allí está, como principio constitucional general y sin limitantes, el derecho ciudadano a remover o revocar autoridades. No lo limita a unas (alcaldes, regidores, presidentes regionales y consejeros) y no a otras (congresistas o presidente). Lo establece como un derecho de los ciudadanos y, como bien sabe el abogado Del Castillo, en lo que se refiere a los derechos de las personas, a los derechos privados –a diferencia del que se refiere al Estado– todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

Pero, para abundar, el capítulo III de la Constitución, "De los Derechos Políticos y de los Deberes", dice en su artículo 31: "Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica." Este artículo fue modificado (ley 28480) en marzo del 2005, sin cambio en este párrafo, con el voto de Jorgito el mentirosito.

Confirma la validez del procedimiento revocatorio y del referendo el artículo 32, que dice: "Pueden ser sometidas a referéndum: 1) La reforma total o parcial de la Constitución; 2) La aprobación de normas con rango de ley; 3) Las ordenanzas municipales; 4) Las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor". Es decir, los únicos referendos no constitucionales son los que pretendan disminuir derechos de la persona, los que se refieren a tributos o presupuesto, o a tratados internacionales. Un referendo revocatorio de presidente y congresistas es constitucional.

Inconstitucional sería la Ley de Participación Ciudadana fujimorista que limita la revocatoria a autoridades menores y no permite revocar autoridades nacionales, que son las que más poder tienen y más daño hacen cuando mal gobiernan, abusan del poder o incumplen sus compromisos electorales. ¿Cómo, si el poder nace del pueblo, este no lo puede recuperar de los que más poder han recibido y lo mal usan? ¿Por qué solo poder remover funcionarios menores?

Del Castillo mentirosillo –olvida su campaña por vacar a Toledo con 61 votos en el Congreso (2004)– ahora dice que la revocatoria es una "maniobra desestabilizadora de la democracia". En verdad, este es un mecanismo de control democrático y que apunta a devolverle credibilidad a una democracia manejada por estafadores. ¿O no es una estafa postular como candidato de los pobres para luego ser presidente de los ricos? Por eso hay un creciente desborde popular que rebasa al Estado desde Moquegua hasta la Amazonía, desde Huamachuco hasta las luchas de los universitarios contra el alza de los pasajes, desde la movilización de los comités del vaso de leche frente a la amenazas de recortar su presupuesto hasta las demandas regionales y los anuncios de paros regionales por el recorte de presupuestos, mientras las grandes mineras se la llevan en carretilla. Es hora de que el pueblo ejerza su derecho a decidir si seguimos esta ruta y con este gobierno y este Congreso, o si cambiamos de ruta, de gobierno y de Congreso. Eso es lo democrático y eso construye institucionalidad democrática para resolver una crisis que se desborda.

En un mundo que predicaba la sacrosanta y absoluta primacía del mercado y la necesidad de sacar al Estado de toda forma de intervención y control de la economía, los acontecimientos de las últimas semanas equivalen a tirar las Sagradas Escrituras por los suelos. En un violento cambio de rumbo, la prestigiosa "Banca de Inversión" –como Goldman Sachs y Morgan Stanley– ha desaparecido del mapa, convirtiéndose en conglomerados o holdings bancarios, luego de revelarse el carácter irresponsable, especulativo y ruin que tuvieron del manejo de los fondos de millones de esperanzados ahorristas e inversionistas y de Fondos de Pensiones Privadas. Han pasado a manos estatales –¡qué herejía!– el 80% de las dos principales entidades de garantía hipotecaria en EEUU (Fannie Mae y Freddie Mac), así como la más importante empresa de seguros y reaseguros de ese país, AIG (que trabaja con Pacífico Seguros del Perú).

Hoy, el Estado norteamericano –ardiente predicador del libre mercado– es el dueño de estas empresas. Pero, además, Bush ha encargado a su secretario del Tesoro gestionar en el Congreso nada menos que US $700,000 millones de dólares del presupuesto. ¿El objetivo? Comprar los activos de bancos gringos con deuda mala y podrida al valor establecido en sus libros (un valor irreal e inflado), salvarlos así de la quiebra –sin mayores preguntas ni rendición de cuentas (como aquí lo hicieron con el Banco Latino y el Wiese, pero a una escala gigantesca)– pudiendo luego revendérselos al valor de mercado, que es muchísimo menor. Es decir, podría comprarles activos y deudas malas a 100 y luego revendérselas a 10% o a 5% del valor que pagó, con lo cual el Estado norteamericano y los contribuyentes cubren y financian los malos negocios de los más ricos.

Hank Paulson, el secretario del Tesoro, ha sido nada más y nada menos que presidente ejecutivo de Goldman Sachs, el banco de inversión más grande de EEUU, y el que –como lo hacía Dionisio Romero con Fujimori más funcionarios–"prestaba" o introducía en el Estado norteamericano para manejar la economía. Dueño de una fortuna personal de entre US$ 400 y US$ 700 millones, Paulson es uno de los responsables de la crisis que hoy golpea a los EEUU y rebota al mundo entero. En síntesis, tenemos al gato de despensero. Y, claro, no olvidemos que los norteamericanos tienen la maquinita de imprimir dólares, los emiten a su libre albedrío y ya no los respaldan con oro, por lo que el impacto sobre las finanzas mundiales y sobre todos los que tienen sus reservas internacionales en esa moneda es evidente.

De pronto, la tortilla se ha dado vuelta: del neoliberalismo extremo que predica el "Estado mínimo" a la predominancia estatal en el manejo de rubros estratégicos. Todo vale cuando hay que cubrir el manejo irregular, especulativo e insaciable del gran capital que está llevando al mundo a una crisis que no vivía en esa escala desde 1929.

¿Qué haremos ahora sin los indubitables consejos y seguridades de los banqueros de inversión, sobre lo bien que iba todo? ¿Quiénes suplirán las infaltables entrevistas de estos bien pagados "gurús" en El Comercio (manejado hasta hace poco por el tecnócrata fujimorista Fritz Du Bois) o los jugosos publireportajes de Susanita de la Puente?

García, reciente y fanático converso al neoliberalismo extremo y flamante "autor" del celebre Síndrome del Perro del Hortelano, ha de andar ansioso, en búsqueda de una dosis de "ubicaína" para encontrar una brújula ante el segundo desastre económico que puede dejar como legado al país. Hasta el momento, no recobra sus reflejos e insiste en el asesor de Boloña como ministro de Economía en recortar el gasto fiscal en programas sociales, inversiones regionales y locales, golpeando –como de costumbre– a los más pobres, mientras se niega a tocar el consumo privado con una reforma tributaria que haga pagar más a los que ganan más, sin aplicar el impuesto a las sobreganancias mineras, sin restituir los aranceles que redujo en beneficio de los importadores (no de los consumidores), sin trazar un plan de que dé salida a la crisis defendiendo a los que menos tienen.

Una vez más, con la Biblia por los suelos, parece indispensable reafirmarse en la necesidad de un cambio de rumbo que incluye no solo nuevas políticas sino una nueva Constitución que le dé al Estado las herramientas para defender los intereses de los peruanos y peruanas, y dejar de ser una simple herramienta del capital transnacional y sus intereses. Ante un Estado sin brújula en el actual escenario internacional y frente a la necesidad de contener su impacto sobre la situación de la mayoría de los peruanos, la demanda de revocatoria del mandato presidencial y congresal, y la exigencia de una Constituyente resultan fundamentales para trazarle un rumbo al país. Lástima que sectores importantes de las fuerzas de oposición, comprometidas con el cambio, carezcan de la convicción suficiente para asumir este reto. Es hora de repensar estrategias y abrir nuevos horizontes en esta perspectiva.

En apenas días, ha desaparecido la famosa y prestigiosa "banca de inversión" y cuestionados sus "hedge funds", con lo que muchos creían poder jugar a la ruleta con jugosas ganancias. Han desaparecido los "gurús", a quienes los Camet, Boloña, Kuczynski, Carranza, Valdivieso y demás ministros de Fujimori, Toledo y García eran tan afectos a encargar el remate de nuestras empresas públicas, renegociar o reconvertir nuestras deudas, o a promover la entrega de nuestros recursos naturales en condiciones perniciosas para el país. Los bancos quiebran uno tras otro, se esfuman las riquezas burbuja de las bolsas de valores y se desploman los fondos de los estafados pensionistas de las AFP, los fondos privados de pensiones, en el Perú y el mundo.

Pisoteando su tesis de que "No hay lonche gratis", Bush compró las dos principales empresas de crédito hipotecario y la mayor aseguradora AIG (US $85,000 millones) en quiebra. Luego, impuso en los EEUU –venciendo la resistencia inicial de los diputados y con el voto de Obama y McCain– un "salvataje" gratis a los bancos (no a los deudores hipotecarios) por nada menos que US$ 700,000 millones. El dinero saldrá del bolsillo de los contribuyentes y de la maquinita de emisión de moneda norteamericana. Lo manejará a su libre albedrío el Secretario del Tesoro, ex presidente de uno de los desaparecidos bancos de inversión, para "ayudar" a quien quiera y por los montos que le parezcan convenientes. ¡Menudo banquete!

Michael Moore, prestigioso cineasta, lo denunció: el dinero va a los bancos y no a 1'300,000 deudores de vivienda embargados. Peor aún, el peso del rescate no cae sobre los especuladores ni los ejecutivos empresariales irresponsables que se han hecho más ricos –acumularon US$ 700,000 millones con las gollerías recibidas durante el ochenio de Bush– sino sobre la gente. Ningún político atendió su demanda de cargar el "salvataje" a quienes ganan más (establecer 10% adicional de impuesto a la renta a quien gana más de US$ 500,000 dólares anuales o restituir el impuesto a la renta que pagaban antes las grandes empresas: 5% del PIB de EEUU, ahora reducido a un 1.7%, para generar US$ 800,000 millones para atender la crisis). Se impuso la política a favor de los de siempre, los más ricos. Pero el monto no parece suficiente, reclaman más.

Junto a la crisis financiera y bursátil, los precios de las materias primas (con excepción del oro) caen, desde julio pasado. Los despidos de trabajadores crecen (160,000 en EEUU en la semana pasada) y los mercados de los países desarrollados se contraen: compran cada vez menos las exportaciones primarias y no tradicionales de los países del tercer mundo, como el Perú. Pero aquí, idiotas, ¡abrimos nuestro mercado bajando aranceles, implementando el TLC con EEUU y pretendiendo –en este caos– firmar uno con China! ¡Bien por los textiles peruanos!
El impacto es serio, grave. Al caer los precios y cerrar o reducirse los mercados de exportación de minerales, agro o textiles, las ventas caen, en volumen y dinero. Con ello cae la recaudación del impuesto a la renta, del canon y otros, afectando los recursos del gobierno central, los gobiernos regionales y municipios. Cae el ingreso de divisas, pero el gobierno alienta la importación, las compras del extranjero. La época de las vacas gordas ha terminado. La de las vacas flacas comienza.

La desbordante corrupción, el chuponeo, el malestar militar y el malestar social ante la inflación y la crisis económica irresponsablemente negada hicieron tambalear al gobierno y sus alianzas. Viejo mago ilusionista, García jugó sus cartas para un cambio sin cambio. El "chuponeo" desnudó –con voces y caras conocidas– la amplitud de la corrupción en las alturas del poder, notoria desde el fracaso del "shock de inversiones" al inicio de este gobierno. Soltó, con gotero, información que comprometía a presidentes, directores de empresas públicas y ministros. León Alegría, amigo y ex ministro de Alan García, de conocido prontuario arreglado con los jueces fujimoristas, puso en escena al mismo Presidente. Y es que, como Mantilla, es de los alanistas que salen y entran al APRA cuando conviene, pero siempre anda en el cogollo de los operadores íntimos.

También sacó cabeza un poderoso aparato de inteligencia política: interceptación de teléfonos e internet de alta calidad, trabajo profesional y prolongado (conversaciones de ocho meses), objetivos bien escogidos. Jaqueó al gobierno: con lo que mostró y lo que insinúa podría mostrar. (¿Quiénes? Los aparatos de chuponeo del fujimontecinismo nunca "cayeron". ¡Las FFAA y PNP negaron tener equipos! Y crecen como hongos las empresas privadas de seguridad –¿y seguimiento y espionaje?– formadas por militares retirados, como Forza que trabajaría nada menos que con Petro Tech).

¿No manifiesta el chuponeo malestar en las FFAA y presión fujimontesinista ante la sentencia al capo-chino (o la lucha por el petróleo)? Las FFAA padecen sueldos miserables, recorte presupuestal, huelga de los trabajadores civiles, quiebra de la Caja Militar Policial. No son los únicos, pero otros no tienen su incidencia en el poder. El juicio está al borde de la sentencia. ¿No fue el discurso de Alan en el aniversario de Grau, llamando a cesar la persecución a los "salvadores de la patria" por temas de DDHH (imputaciones de ejecuciones extrajudiciales de civiles en una operación militar en Vizcatán, constatadas por el informe del Instituto de Medicina Legal), un mensaje a quienes pueden haber soltado los audios? ¿No negocia la impunidad de algunos –ajenos a la conducta de Grau– a cambio de aceptar un presupuesto recortado y una sentencia benigna o indulto? La salvaje emboscada de terroristas provenientes de Vizcatán, asesinando militares y civiles, muestra que salieron indemnes.

La crisis política exigiría enfrentar la corrupción y el rebrote del militarismo y el senderismo. ¿Cree usted que García está en lucha a muerte contra la corrupción, como dice Simon? ¿Podrá Simon hacer algo, más allá de su honestidad personal, con allegados como Remigio Morales B.? Hasta ayer era parte de los "ineptos presidentes regionales" que ni podían invertir su presupuesto. No tiene partido, ni equipo, ni parlamentarios. ¿Controlará el insaciable protagonismo de García, la demanda partidista, las presiones fujimoristas y de la derecha cavernaria? ¿Crecerá como candidato? ¿O repetiremos la tragicomedia de un Valle Riestra "domador" de Fujimori? Pero si viene un descalabro final, será el fracaso de la "izquierda", aunque no tenga arte ni parte.

Se necesita, más que cambio de personas, un cambio de rumbo. Otras políticas, otro manejo del Estado y la política, desprestigiada y podrida. Democracia participativa, control ciudadano, fiscalización preventiva. Frenar la inflación, beneficiarnos de nuestros recursos naturales (hoy concesionados por migajas), terminar con los privilegios tributarios de transnacionales y grandes empresas, cobrarles lo no pagado. Crear un fondo de anticrisis, apoyo al agro y Mypes, y una reforma tributaria que redistribuya la riqueza. Estrategias de desarrollo regionales basadas en los recursos en cada localidad –empresas, mercados, técnicos– y naturales; ese 'autocentramiento' que propone Jürgen Schuldt. Toledo y García dejaron pasar los años de crecimiento sin priorizar la inversión en el desarrollo humano: educación, salud.

A lo señalado se agrega el huracán económico internacional y la absurda locura alanista del blindaje. Los precios de nuestras exportaciones mineras se desploman (la libra de cobre bajó de $4 a $2.20). La demanda de EEUU y Europa caen. También los precios del petróleo y agrícolas (75% en cuatro meses los granos para biocombustibles). Cae la demanda de textiles en el exterior (¡y la ratificada ministra Aráoz quiere un TLC con China!, ¿para ahogar lo poco que queda en este ramo sin TLC?). Caerá la recaudación tributaria del Estado, el canon y las regalías para regiones y municipios. Ya están recortando el presupuesto. Más grave aún, una sequía de crédito internacional paralizará las muchas anunciadas inversiones. Viene una recesión y un hachazo al gasto social. ¿Lo enfrentará Yehude con el mismo equipo económico (Valdivieso-Aráoz)? Sí, ya lo dijo.

¿Habrá cambio? Maquillaje, quizás, pero no cambio verdadero. Ello exige otro gobierno, con una revocatoria presidencial y congresal, una Asamblea Constituyente que diseñe un nuevo país y derogue la fujimorista, y una nueva política económica a favor de la gente. Lo demás es ilusión.

En reciente entrevista, Yehude Simon, ha dicho que García le pidió asumir el premierato como "un favor personal, porque es mi amigo", que le encomendó "lucha a muerte contra la corrupción" y que le dio total discrecionalidad para definir carteras: "Tú pon los ministros que quieras". Da cuenta también que, por realismo político, buscó un gabinete de equilibrio entre los muchos partidos y movimientos del país. Se hace responsable.

¿Cumplirá, este gabinete parchado que preside Yehude Simon, con la prioridad de luchar contra la corrupción? Veamos el sector Energía y Minas, estratégico en el modelo económico impuesto y punto de origen del escándalo de corrupción –los "petroaudios"– que desmoronó al gabinete Del Castillo, ya desgastado por impunes escándalos en el "shock en inversiones", continuos incumplimientos de actas firmadas con los movimientos sociales y repudiado por extendidos paros y luchas populares.

En el MEM está Pedro Sánchez Gamarra como ministro. ¿Lo colocó él, por méritos y "equilibrio"? ¿Cambiará políticas que alientan conflictos? ¿Moralizará el sector? Sánchez no es un novato. Se hizo conocido como privatizador predilecto del sector eléctrico en el gobierno de Fujimori, cuando era ministro de Energía y Minas el célebre Daniel Hokama. Entonces, el NY Times calificaba el programa privatizador del Perú como el "más radical en A. Latina" (abril, 1993). Sánchez Gamarra, entre 1994 y 1997, estuvo en Edelsur, Edelnor, Etevensa, Empresa Eléctrica de Piura, Egenor y Edegel, todas empresas privatizadas. En diciembre de 1998, Sánchez Gamarra intervino en la venta de las cuatro empresas de distribución eléctrica del Norte: Electro Norte S.A., Electro Nor Oeste S.A., Electro Norte Medio S.A. y Electro Centro S.A. a JORBSA, del grupo Rodríguez Banda (Gloria). La Banda de los Rodríguez era engreída del fujimontecinismo: financiaba polos, campañas y manejos turbios reeleccionistas, e intervino en la compra de la casa de Fujimori antes de su fuga.

Como director ejecutivo de OIOE, Sánchez firmó el contrato por el cual se vendió el 30% de las acciones de esas cuatro empresas a US$ 145 millones. Pero JORBSA solo pagó el 3% de las acciones. El 27% restante lo pagaría en cuotas semestrales por 12 años, con 3 años de gracia, en los cuales solo cancelarían los intereses. Además, ese pago mínimo permitía a los nuevos operadores el control y la administración de las empresas, pues se convino que otro 30% de acciones del Estado –que no compraron– lo podían comprar a futuro, a cambio de lo cual el Estado votaba con JORBSA en el directorio.

Gracias a los contratos firmados por Pedro Sánchez, JORBSA contrató consigo misma la "asesoría estratégica" de las empresas "compradas" y se pagó a sí misma, entre 1999 y 2001, servicios de gerencia por más de US$ 16 millones. Es decir, JORBSA recuperó más de todo lo invertido inicialmente (US$ 14.5 millones) a costa de las empresas eléctricas (por las que solo pagaron el 3% de su valor). Sumemos la ventaja del control de JORBSA sobre las 4 empresas, valorizadas en más US$ 280 millones, sin haberlas pagado.

Sánchez Gamarra firmó esos contratos como representante del Estado. Y, ¡qué tal faenón!, después de un año, su empresa consultora Sociedad Integrada de Consultoría S.A.C. le cobró a ElectroPerú por emitir informes sobre las propuestas que los operadores privados presentaron para el financiamiento de las empresas. Los contratos con JORBSA fueron aprobados por el directorio de la COPRI, cuando influía fuertemente el ministro de Energía y Minas, Daniel Hokama Tokashiki. En el Cepri de empresas regionales de electricidad estaba también Manuel Kiyán, quien con Sánchez Gamarra asesoró a Hokama en 1993 para la privatización de Electrolima.

Finalmente, JORBSA no pagó lo que adeudaba y en agosto de 2001 devolvió las acciones al Estado después de beneficiarse de ellas. A pesar de no ejercer su opción de compra, no pagó al Estado penalidad alguna. Así, en este proceso privatizador no hubo inversión significativa alguna en la infraestructura y despidieron a unos 800 trabajadores (45% de la mano de obra). Los responsables de este caso serían de la COPRI y de la OIOE (entre ellos, Pedro Sánchez Gamarra). Ellos debieron responder por estos hechos. Pero, con Toledo y PPK, Pedro Sánchez regresó como director ejecutivo de la COPRI a reimpulsar el proceso de reprivatización de las eléctricas regionales sin estar aprobados los estados financieros ni la gestión económica de los años 1999, 2000 y 2001. Entonces, vendría el famoso 'arequipazo' que frenó la privatización de Egasa, cuya transferencia Arequipa reclama. Ahora regresa ascendido: ministro.

¿El MEM, en manos de un privatizador con estos antecedentes, abrirá el cambio que el Perú reclama? ¿Se moralizará el sector Energía y Minas o se auditarán los contratos y concesiones otorgadas, donde tantos privilegios y malos manejos se han dado a favor de los más poderosos del Perú? Difícil, por no decir imposible, amigo Yehude, que cumpla con ese honorable pacto empeñado con el "incorruptible" García, de emprender una "lucha a muerte contra la corrupción".

Pero el desborde popular no se detiene, aún sin sentir el efecto exterior. La crisis del sistema político, la ausencia de credibilidad institucional y los ineficaces canales establecidos dan curso a desbordes sociales reiterados. En estos días hemos visto a madres de familia, niños y pobladores bloquear la carretera central para que se pongan semáforos y se frenen accidentes y muertes de inocentes ante la desidia municipal. Fortísimos enfrentamientos en Cajamarca por el incumplido asfaltado de carreteras. La lucha en Oyón por echar un municipio corrupto, y el levantamiento campesino de Canchis y de la población de Sicuani por derogar los DL que amenazan a las comunidades, frenar una hidroeléctrica que afectaría su provisión de agua y vacar el municipio. Todos claros y diversos síntomas de malestar a flor de piel, así como de la ausencia de canales y soluciones del Estado.

Lo evidente es que no hay cabeza y articulación política de esta protesta social. Hay esfuerzos dirigidos a sumar fuerzas y construir una alternativa de cambio de rumbo, ciertamente con matices. Uno es el que representa la Coordinadora Político Social (que agrupa a centrales de trabajadores y campesinos, a frentes regionales y fuerzas políticas progresistas y de izquierda como el Partido Nacionalista, el Socialista, el MNI, el PCP, etc.). Otro es el que se articula en las llamadas Cumbres de los Pueblos, con una vertiente agrarista e indigenista fuerte en su seno. Y un tercero es el que representan los movimientos que han ganado algunos gobiernos regionales en las pasadas elecciones y que tienen una expresión en la llamada Fuerza Social que dirige Jesús Coronel, presidente regional de Cajamarca. La ausencia de articulación entre estos espacios es notoria y preocupante, pues debilita las condiciones para hacer viable un cambio de rumbo, pero también da paso a un manejo caótico que alienta alternativas autoritarias en el horizonte.

Además, resulta evidente que hay espacios sociales y políticos diversos que guardan su autonomía. AIDESEP, por ejemplo, organización de comunidades nativas y pueblos amazónicos que batalló y logró la derogatoria de 2 DL que amenazaban los territorios comunales para privilegiar a las extractoras de materias primas. La Cumbre Amazónica, que intervino activamente en este proceso. Centenares de movimientos regionales, de jóvenes, de mujeres que no se han articulado en estos espacios así como de intelectuales, sectores de capas medias y de profesionales, movimientos ciudadanos.

Ciertamente, hay diferencias de enfoque. Hay intereses de proyectar liderazgos diversos. Hay también niveles de hegemonismo y sectarismo, seguramente. Pero, ¿no es más lo que los une? En realidad, parece haber una ausencia de voluntad de poder, de construir una verdadera alternativa de gobierno, lo que exige una organización amplia, con mecanismos democráticos para resolver sus diferencias internas haciendo predominar el consenso, que sume las fuerzas necesarias para representar un verdadero cambio de rumbo. Ningún cambio será posible sin base social organizada y consciente, activa y movilizada. Ningún caudillo la sustituye.

Y remata con delirios propios de un candidato electoral: "El Perú está en una posición privilegiada para ser el país refugio de la producción y el capital financiero". ¿Se imaginan? Seremos "refugio" de la producción mundial. ¿De la minería cuyos precios se desploman en el mercado y aquí controlan transnacionales por migajas? ¿De alimentos que no logramos producir ni para abastecernos y saciar nuestra hambre? ¿De ciencia y tecnología, rubro en que estamos en uno de los últimos lugares de inversión en el mundo? ¿Paraíso de las inversiones extranjeras cuando esos capitales huyen de las economías del tercer mundo para refugiarse en los centros imperiales del poder y hay sequía de créditos para financiar inversiones en el exterior? ¿No están aumentando las tasas de interés de los créditos en el Perú hoy mismo, día a día? ¿De qué habla este alucinado personaje desde su precario tabladillo en un teatrín de comedias que amenaza ser asaltado por una mayoría de espectadores que se sienten estafados?

Sin vergüenza, espeta: el "próximo año tendremos cifras espectaculares de crecimiento (más de 6.5% y menos de 3% de inflación)". ¿Sí? Pero este año, que dicen hemos crecido cerca de 10%, revientan por doquier conflictos y desbordes sociales motivados por demandas de presupuesto para carreteras inconclusas y desfinanciadas, desarrollo agrario en abandono, participación en las (hasta hace poco) gigantescas rentas de la explotación de nuestros recursos naturales entregados por migajas a transnacionales. ¿Por qué, si el 2009 creceremos espectacularmente, se recortaron desembolsos generando movilizaciones de las madres del vaso de leche o de las fuerzas sociales de diversas regiones? ¿Pura incapacidad de Valdivieso y García? ¿No han sido esas luchas y el extendido rechazo a un nuevo ajuste sobre los hombros de la gente los que han llevado a que ahora se comprometan a no recortar el presupuesto? ¿Cumplirán?

Es indudable que la caída en los precios de los minerales y exportaciones peruanas y la reducción en la demanda de los EEUU, Europa y otros países en recesión van a disminuir también los ingresos del Estado por impuesto a la renta y, con ello, el canon y las regalías. ¿Con qué compensarán los menores ingresos para educación, salud, infraestructura, programas sociales? ¿Repondrán los aranceles a importaciones que redujeron? ¿Aumentarán el impuesto a la renta de los que más ganan con una reforma tributaria, pondrán impuesto a las rentas de capital en la bolsa o las grandes cuentas de ahorro bancarias? A semanas de aprobar el presupuesto 2009, nada lo anuncia. No hay un solo proyecto de reforma tributaria. Entonces, ¿nos endeudaremos más para poder gastar más sin tocar los bolsillos de los más ricos o simplemente acudiremos a la maquinita que García conoce?

NUEVOS PARADIGMAS

Mientras García trata la crisis mundial como un incidente de corto plazo y al que somos casi inmunes, la prensa europea –El País–se pregunta "¿Caerá Latinoamérica?" El editorial dice: "No ha tardado mucho en desvanecerse la ilusión de que los países emergentes iban a soportar mejor la crisis financiera que EEUU, Europa o Japón". Y es que, como es lógico, la caída de precios de las materias primas produce una caída en la recaudación fiscal (p. ej. el canon por el que se enfrentan algunas regiones y el 50% que va al gobierno central). Ello implica una reducción del gasto público y también de la inversión privada en estos sectores, junto a la caída de otras exportaciones por la reducción de la demanda en el norte. Consecuentemente, menos trabajo, desaceleración económica y recesión en muchos casos.

Las monedas se devalúan ante el dólar (desde 36% el peso mexicano, 25% el real brasileño hasta 11% el peso chileno o el sol), muchas veces por juegos especulativos. Los gobiernos de AL quieren colocar bonos de deuda pública, pero deben competir con los bonos que ofrecen los Estados desarrollados y pagar un interés más alto. Las bolsas se desploman por la venta de acciones para refugiar el dinero en el norte. Mercados alternativos para AL como China e India reducen su ritmo de crecimiento en 2% a 2.5% y cae la demanda de nuestros productos. Parece claro, además, que no son locomotoras económicas capaces de suplir la demanda del norte y que están afectadas por esa recesión. La teoría del "desacople" no tiene muchos fans ya. Por ejemplo, China aumentaba en 22% su demanda de acero y en setiembre solo 4.5%, afectando la exportación brasileña.

Según el FMI, por cada 10% de caída de precios de las materias primas cae en 0.8% el PBI de la región. El petróleo, el cobre y otros metales han caído en más de 50%. Sumen a ello la disminución de turistas, la reducción de remesas desde el extranjero a nuestros países dado el desempleo y la recesión. Y la devaluación de la moneda encarece precios de alimentos importados y costos de maquinarias o tecnología extranjera. ¿Un incidente?

Ignacio Ramonet, editor de Le Monde Diplomatique de España, señala que se trata de una crisis sistémica más grave que la del 29, dada la globalización y los tremendos impactos producidos en el mundo capitalista: debacle financiera, desaparición de la banca de inversión, brutal caída de las bolsas y de los activos empresariales, reducción del crédito. Es el fin del neoliberalismo, del capitalismo financiero desbocado al que García se ha convertido reciente y extemporáneamente con su "Perro del hortelano". Es, dice Ramonet, el inicio del fin de un imperio, el norteamericano. El inicio del proceso que será tortuoso y largo, traumático y difícil. Recordemos que la crisis del 29 en realidad terminó en el marco de múltiples convulsiones y revoluciones y se cerró con la II Guerra Mundial que redistribuyó el mercado y generó nuevas instituciones ahora en crisis, desde la ONU hasta el FMI (aunque las pretende imponer en Hungría, Islandia o Ucrania y Europa del Este).

No se trata de retornar simplemente a la etapa preneoliberal, al keynesianismo de "refundar el capitalismo", como dice Sarkozy, y retomar un rol regulador del Estado que Reagan quiso desaparecer con la tesis aquella: "El Estado no es la solución, es el problema" hasta llegar a este desastre.
El capitalismo es un sistema que vive de crisis en crisis, esa es su dinámica. Y cada una de ellas es peor que la anterior. Se trata de repensar la organización de la economía y de lograr que su reestructuración se haga respetando los derechos básicos de la gente. Hace unos meses Bush rechazó promulgar una ley –de su Congreso– por 3,000 millones de dólares para atender a millones de niños norteamericanos en pobreza; ahora aprueban gastar más de US$ 700,000 millones en el salvataje a los bancos, no a los ahorristas ni deudores pobres.

Repensar los paradigmas es central. No poner todos los huevos en la canasta del gran capital y las corporaciones que nos llevaron al desastre. No dejarlo todo en manos del "libre mercado" que ellas manipulan, junto a sus instrumentos como el FMI (al que quieren poner como "médico carnicero" otra vez). Recuperar el papel del Estado como regulador, promotor y generador de bienes y servicios estratégicos y sociales básicos para la población. Recuperar el control sobre nuestros recursos naturales, su uso razonable y la preservación del ecosistema hoy brutalmente agredido. Imponer el control ciudadano sobre las autoridades y sus políticas. Promover una población formada e informada para poder controlar a las autoridades y opinar. Terminar con un enfermizo individualismo destructor para construir sociedades solidarias y respetuosas de la gente y sus derechos.
Los 90 marcaron la caída del muro del Berlín y el fin del siglo XX. Esta crisis del 2008 marca el verdadero inicio del siglo XXI con el fin del neoliberalismo y el inicio del fin del imperio norteamericano. ¡Otro mundo es posible! ¡Atrevámonos a pensarlo y construirlo!

No hay Cumbre que no se ocupe de la crisis economica mundial. APEC no fue distinta. Ciertamente, Bush, García y sus compinches buscaron maquillar el fracaso del neoliberalismo y su tesis de "todo el poder al mercado libre y desregulado" bajo el poder de las transnacionales. Pero, de las mismas intervenciones de los jefes de Estado se entiende que se encara la más grave en la historia del capitalismo. Lejos estamos –como dice García- de un "incidente", menos aún una "crisis de crecimiento". Más bien, se trata tanto de un fraude a escala planetaria, como se una crisis civilizatoria.

Por un lado, es inmoral calificar de "crisis de crecimiento" a una gran estafa planetaria en el manejo de las burbujas de las principales bolsas -desde la de Internet (años atrás) hasta la especulación dolosa de acciones sobrevaluadas por la hoy quebrada y desaparecida "banca de inversión"- y el consumismo irresponsable promovido por el gobierno de Bush con el crédito hipotecario "subprime" y la especulación inmobiliaria en EEUU. Por otro lado, es una crisis que rebasa lo financiero y económico. Se extiende a la crisis energética, a la alimentaria, al cambio climático, a la crisis de las instituciones y el orden surgido después de la II Guerra Mundial. Se trata de una crisis civilizatoria, del fracaso paradigma productivista, la sobreexplotación y saqueo de la naturaleza que nos impuso el capitalismo desenfrenado. Una crisis que pone en cuestión nuestra sobrevivencia misma al llevar al mundo más allá de los límites que puede soportar con el recalentamiento global, mientras excluye a millones de seres humanos de derechos fundamentales.

En APEC -aunque hubo quien dijo que recibiríamos US $100,000 millones de dólares de inversión en 3 años (¿tipo el millón de empleos con el TLC con EEUU que seguimos esperando?), a pesar de que el crédito y la inversión se contraen en el mundo y los capitales fugan del tercer mundo- no escuchamos soluciones. La crisis no es una abstracción hueca: es desempleo; hambre; caída de los precios de nuestras exportaciones; reducción de la recaudación del Estado, las regiones y municipios; recorte de presupuestos y programas sociales… Y requerimos alternativas.

Por ello, los movimientos sociales y fuerzas politicas comprometidas con el cambio debemos discutir, nacional e internacionalmente, sobre la crisis y las alternativas. Se han ido construyendo movimientos de resistencia al neoliberalismo, con un importante protagonismo de los movimientos sociales. Ello ha abierto paso a fuerzas y cambios políticos, especialmente importantes en América Latina. De allí la derrota del ALCA que EEUU quería imponer y la forja de proyectos integradores –políticos y sociales- latinoamericanos, desde espacios como el Foro Social Mundial (nacido en Brasil), el Foro de Sao Paulo, la Alianza Social Continental, hasta el MERCOSUR o el comercio argentino-brasileño usando sus propias monedas. De allí la forja de espacios de integración energética como Petro-Caribe y las articulaciones de petroleras estatales hasta el nacimiento de UNASUR, los esfuerzos por la forja de un Banco del Sur (alternativo al Banco Mundial manejado por las grandes potencias), el ALBA y espacios de comunicaciones alternativos como Tele-Sur.

Un auténtico esfuerzo por encarar la crisis debe plantearse algunos ejes centrales. En primer lugar, una democratización profunda de nuestras sociedades, acabando con la exclusión neoliberal que margina a las mayorías de sus derechos fundamentales, politicos, sociales y económicos. En segundo lugar, construir un modelo economico alternativo que recupere el papel del Estado, de la propiedad estatal y comunitaria, junto a la privada, que disminuya las desigualdades sociales y esté al servicio del bienestar de la gente y no del mercado. En tercer lugar, las reformas estructurales que el neoliberalismo proscribió: la reforma tributaria (que pague más quien tiene más), la reforma agraria (tierra para quien la trabaja y respeto a los territorios comunales de los pueblos originarios), la reforma del Estado (regulador, propietario de los recursos naturales, descentralizado, multinacional, pluricultural, participativo y sujeto al control ciudadano). En cuarto lugar, garantizar y ampliar las politicas y los derechos sociales de la gente. Quinto, batallar por un Nuevo Orden Internacional: multipolar, basado en el respeto a la soberanía de las naciones, que forje integraciones regionales y reforme las instituciones en crisis como la ONU, la OMC, los organismos financieros multilaterales. En sexto lugar, una propuesta social alternativa, que incluya no solo a los trabajadores y campesinos, sino a las PYMES, los empresarios nacionales, los pueblos originarios, los temas de genero, y las juventudes, hoy fuertemente afectadas por el individualismo, el consumismo, la violencia y el desempleo. Y, finalmente, es indispensable replantear la relación con la naturaleza, espacio en el cual los pueblos originarios y la cosmovisión indígena tienen mucho que enseñar a la cosmovisión occidental, productivista y de explotación de la naturaleza, en lugar de la convivencia con ella.
¡Otro mundo es posible: nos toca imaginarlo y construirlo!

No abundan "fans" de los cuentos del Perro del Hortelano. La crisis mundial como un "incidente", el Perú como "refugio para los capitales que fugan de otras partes del mundo", "blindado ante la crisis economica mundial" o seguro "receptor, entre el 2009 y el 2011 y gracias a la APEC, de inversiones por $100,000 millones de dólares" (más que toda la inversión directa extranjera en 50 años), no tienen muchos adeptos.
La recesión mundial, la brutal caída de precios de nuestros principales productos de exportación (entre 40 y 50% los minerales), la consiguiente reducción de ingresos fiscales y la parálisis mundial de inversiones en el marco de una sequía internacional de créditos, hacen que la gente informada prevea que el 2009 y 2010 serán duros y agitados. Crisis y malestar, lejos del idílico cuadro que presentan García y Simon.

Disipados los fuegos artificiales de APEC, regresamos a la dura realidad. Se aprobó el Presupuesto Nacional del 2009: 1.7% menor –en términos reales- al del 2008, sin mejoras para los trabajadores estatales, menos inversión pública y ajeno a una política contra-cíclica. ¿Redujeron impuestos a los pobres, como el 19% del IGV, para mejorar la capacidad de compra de la gente? No. ¿Aumentaron el impuesto a la renta a los más ricos o se repusieron aranceles a productos importados que compiten con la producción nacional? No. ¿Redujeron proporcionalmente los combustibles o las tarifas eléctricas que suben porque los reguladores apristas calculan el petróleo a $150 dólares el barril cuando esta a $50 en el mercado mundial? ¡No! El 2008, sólo los congresistas lograron un jugoso aumento de sueldo al incorporar es éste sus gastos operativos. En contraste, los obreros de Casapalca reanudaron sus protestas con bloqueos y la trágica muerte de un capitán policial ante el reiterado atropello a sus derechos y sus salarios de hambre.

Regresamos a las maniobras de perseguir a la oposición inventando vinculos con las FARC o el terrorismo, usando a los servicios de inteligencia, pero se permite el accionar terrorista de Sendero Luminoso a su antojo en el VRAE y el Huallaga, asesinado a jóvenes policías y soldados, mientras Nidia Vilchez, vinculada al Comando Rodrigo Franco en Junín y a Mantilla, se convierte en Ministra. Otra vez, un proyecto de ley (2827/2008) de García y Simon, para ilegalizar asociaciones civiles de DDHH, ONG ecologistas, radios, publicaciones, organizaciones sociales y politicas, acusándolas de atentar contra las "buenas costumbres", el orden público, la seguridad y soberanía nacional o "interferir en asuntos internos", como intentaron hace año y medio atrás. Nuevas cortinas de humo sobre la corrupción de los petro-audios y los lazos gubernamentales, y control sobre los medios de comunicación parametrados o comprados por la millonaria publicidad de "El Perú Avanza", como con Fujimori. Y despidos de trabajadores y salarios congelados.

Y lo toleramos. Inagotable paciencia ante el abuso de poder, la corrupción y la injusticia cotidiana que sufre la mayoría de peruanos. ¿Y la oposición? ¿Por qué no reaccionar con un "¡basta ya!" como el de los pueblos amazónicos que hicieron derogar los DDLL alanistas que atentaban contra sus derechos y territorios?
El cambio que el Perú demanda exige nortes claros, darle curso al desborde social. ¿Cambiaremos de rumbo sin un cambio de gobierno? ¿Con la soberbia de Alan y su pacto con las transnacionales, alguien lo cree? Y, ¿podemos cambiar de gobierno? Lo primero es decir que es necesario y justo cambiar un gobierno mentiroso, abusivo y corrupto. Legalmente tenemos el derecho constitucional (Art. 2, 31 y 32) de revocar autoridades elegidas, según ley. Sólo debemos conquistar un cambio en la ley de participación ciudadana y ampliar la revocatoria al Presidente y los Congresistas, y vaya que méritos suficientes para salir. ¡Movilizar fuerzas e imponer un referendo revocatorio para cambiar de gobierno y de Congreso! Ello abriría un enorme proceso de movilización y organización popular si nos atrevemos.

Pero eso no basta. ¿Podemos construir un nuevo Perú con la Constitución fujimorista o necesitamos otra? ¿Acaso aplicar una política economica que defienda a la gente en esta crisis, sin un Estado que intervenga y regule la economía, que evite el abuso de poder de los monopolios y las transnacionales, que recupere el control sobre nuestros recursos naturales y la renta que generan, que implante una reforma tributaria que reduzca los impuestos a los mas pobres y los aumente a los mas ricos, que termine con los privilegios tributarios de las grandes empresas y los tramposos contratos de estabilidad jurídica que se han firmado? No. Tampoco podríamos defender los derechos laborales o reconocernos como un país multinacional y respetar los derechos de las comunidades nativas y campesinas frente a las transnacionales extractivas. Menos cuando esta Constitución da iguales derechos a peruanos que a extranjeros. Necesitamos una Asamblea Constituyente. Y, ciertamente, debemos reafirmar nuestra unidad con los pueblos que luchan por el cambio en la región.
Despierta Perú. ¡Es la hora de asumir el cambio!

Apoyados por sus gobiernos, grandes capitales extranjeros –ya no europeos o de EEUU sino de países que apuntan a ser nuevas potencias neocoloniales– buscan el control de vastas tierras fértiles de países pobres en África, Asia y AL, contando con la complicidad de gobiernos neoliberales y corruptos. ¿Un intento de restablecer formas de dominación colonial y constituir nuevas "repúblicas bananeras" en pleno siglo XXI, retrocediendo de las luchas de liberación nacional y la independencia de los viejos imperios coloniales conquistada hasta mediados del siglo XX? Así lo advierte desde el diario Financial Times (FT) el analista norteamericano James Petras.

Si bien capitales de EEUU y Europa (Petras resalta Goldman Sachs y Blackstone de EEUU, Louis Dreyfuss de Países Bajos y Deutschbank de Alemania) están en la puja por controlar tierras y bosques, nuevos protagonistas entraron en escena.
La corporación coreana Daewoo Logistics ha firmado un acuerdo ("rapaz" dice el FT) con Madagascar para controlar 1.3 millones de hectáreas (50% de la tierra cultivable de ese país), mientras que "Camboya negocia con países asiáticos y de medio oriente inversiones por US$ 3,000 millones de dólares a cambio de la concesión de millones de hectáreas agrícolas". Han entrado en esa lógica ricos regímenes petroleros árabes, especialmente Arabia Saudita y Kuwait, dados los excedentes de los últimos años de altos precios, y nuevas potencias emergentes como China, Corea del Sur, Japón, la India e Israel.
Los árabes se concentran en el Asia del Sur y Sudeste; la China y los tigres asiáticos en África y AL; y los EEUU y la UE en Europa oriental, Rusia, en AL y el África.

Hay 100,000 ha de tierra de empresas japonesas en Brasil para producir soya y maíz. China, en gran expansión mundial, compra tierras y fuentes de recursos naturales (minerales, petróleo, etc.) para proveerse de alimentos y materia prima. De Brasil se provee soya, y el arroz lo obtiene de Filipinas (1.4 millones de hectáreas), Uganda, Mozambique, Camerún, Burma y Laos –hasta Cuba– con decenas de miles de hectáreas. (En varios casos de la minería peruana –Majaz y Toromocho– se dan agudos conflictos con las comunidades, o con los trabajadores en Shougan-Marcona o la petrolera en Talara.) Los países árabes del Golfo invertirán cerca de US$ 1,000 millones en compras en África.

A veces, el control se logra por ocupación militar (caso de Israel y Palestina). Otras, se negocian millones de hectáreas agrícolas en corruptos procesos de concesiones (como el "faenón" de León Alegría y sus amigos del gobierno), casi sin pago al país (aunque los gobernantes llenen sus cuentas bancarias) con simples promesas de inversión en infraestructura que sirve centralmente a la exportación de las corporaciones extranjeras. Se alienta la ilusión de los TLC y la exportación de los alimentos y productos agrarios, abandonando la lógica de la seguridad alimentaria nacional y las necesidades de la gente pobre hambrienta, mientras promueven dañinos monocultivos o uso indiscriminado de transgénicos, con un alto costo económico y social. El BM financia este proceso: US$ 1,400 millones para promover mercados "libres" de tierras y compras por agroindustrias.

Se excomulga toda discusión sobre la necesidad de una Reforma Agraria que garantice tierra a los millones sin tierra, que provea tecnología, créditos y uso adecuado de aguas, educación y salud rural, infraestructura (transporte, energía, almacenes), mercados y precios justos. Se santifica el "libre mercado de tierras", la "privatización del agua" y su manejo prioritario para grandes agroindustrias o minería. Se expulsa miles de pequeños propietarios. Se atropella o arrasa comunidades campesinas o nativas (como lo intentó García con los DL que la lucha de las comunidades nativas derogó). Se criminaliza a campesinos sin tierra que luchan por hacerse del instrumento fundamental para su supervivencia, imponiéndoles trabajar por salarios miserables de US$1 a US$ 3 dólares diarios en condiciones laborales semiesclavistas, sin sindicatos o negociación colectiva (como ocurre en Ica y otras zonas del Perú). Ello abre un gran proceso de reconcentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, como Fernando Eguren ha investigado, permitiendo que grupos como el Rodríguez Banda controle el Valle de Chicama con más tierra que la nunca concentró un solo grupo, y que la inversión chilena en tierras sea cada vez mayor. Con ello viene la concentración del crédito y de la ganancia, aumentando la polarización y la injusticia social.

El Plan anti-crisis de Alan García no es sino la aplicación de la conocida "ley de embudo": ancho para los ricos y estrecho para los pobres.

¿Qué propone el plan sobre problemas vitales que afectan a las mayorías empobrecidas del Perú? ¿Los precios de artículos fundamentales para la gente como el pan, los combustibles (que afectan costos básicos como transporte o energía eléctrica), o el pollo que se alimenta de maíz, buena parte importado? Nada.

Coherente con su visión -el Perro del Hortelano- de que el Estado es parte del problema y no de la solución (recogida del neoliberalismo que Reagan y Thatcher impusieron el mundo), fiel a la intocada Constitución fujimorista que ata al Estado de pies y manos para regular aspectos vitales de la economía, y comprometido en su alianza con los grandes grupos de poder economico en el Perú, García ignora los problemas de la gente común, abandona sectores claves como el agro (y quiere privatizar el agua), pero lanza un Plan que beneficia a sus socios en el banquete de Palacio. No son gratuitos el malestar, la ira de la gente, y hasta la pifia de los apristas en Acho.

Según la Nota de Estudios del Banco Central de Reserva del 12 de Diciembre, el precio del trigo se ha reducido en 48.4%, de diciembre del 2007 (US $339.40 la tonelada) a diciembre del 2008 (US $170.31 la ton). Casi a la mitad. ¿Ha bajado el precio de la harina de trigo que maneja Alicorp del grupo Romero, íntimo de García? ¿Bajó el precio del pan, vital en la mesa popular? NO. ¿Por qué, si es el insumo principal del pan? Porque los intereses de los poderosos son intocables y el Estado no regula precios según el legado de la Constitución fujimorista del 93. Lo mismo pasa con el aceite de soya, que ha caído 37%, de US $995.62/ton a $626.77/ton. Y con el maíz -alimento central de los pollos la carne mas popular- que bajó de US $158.31/ton a $112.20, es decir, -27.2% en un año. Pero en los precios, ni se siente.

El caso de los combustibles es el más escandaloso. El petróleo llegó a superar los US $150 dólares el barril a mediados de año. Según el BCR, el WTI estaba a $133 en Julio pasado y ahora está a $44.76. Ha caído cerca de 66%. Hoy cuesta la tercera parte de lo que costaba 5 meses atrás. ¿Y los precios del diesel, de las gasolinas y del gas? Casi no pasa nada, aunque ello golpea abusivamente el bolsillo de la gente. Pero claro, mantiene satisfecha a la española Repsol y a la burocracia dorada de Petro Perú, a quienes –además- les reconoce un precio de petróleo importado mucho más alto que la paridad internacional, y permite rellenar las arcas del Estado por los impuestos que se embolsica en cada galón. Cierto, los transportistas y usuarios pagan 19% del IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo que bordea el 12%. Así, el pagano de esta política es el transporte y el gran público.

Pero ello también impacta en los precios de la energía eléctrica, doméstica e industrial sobre todo. Y es que para calcular la tarifas –y el componente de petróleo en su generación- OSINERG se ha basado en precios internacionales inexistentes desde hace meses, pero que han servido para las alzas que se nos imponen a usuarios e industriales en beneficio de las grandes generadoras extranjeras. Y como Fujimori privatizó gran parte de las empresas publicas en esta area, como en otras, García tiene el argumento perfecto para no hacer nada.
Mientras el Plan anticrisis ni dice nada de regular precios básicos, el gobierno prohíbe los aumentos de sueldos y salarios en el sector publico, los mantiene en el piso en el sector privado y los despidos de trabajadores estatales y en diversas áreas de la actividad privada se multiplican, como en el caso de los mineros y áreas industriales cuyas exportaciones disminuyen y bajan de precios (textiles).

El Plan García apunta a inversiones públicas en construcción de infraestructura que defenderían algo del empleo, aunque habrá que ver cuantos "faenones" tendremos en ellas, pues se facilita a los grandes empresarios inversiones en ellas, subsidiadas o garantizadas por el Estado. Hasta se promueve que las empresas hagan obras en localidades en lugar de pagar parte de sus impuestos. ¿Quién controlará los sobreprecios y las evasiones? ¿La calidad? ¿El nuevo Contralor que García quiere elegir amañadamente y con la exigencia de que "no trabe la inversión" por ser muy vigilante cuando hay tanta rata suelta?

Mientras García distrae al país como el nuevo Belmont de la Teletón por San Juan de Dios por S/.2 millones de soles, no garantiza con el Presupuesto nacional el derecho a la rehabilitación de los peruanos y mantiene exoneración de aranceles para bienes suntuarios (de lujo), por los que deberíamos recibir no menos de 40 millones, es decir, 20 veces más que su Teletón, si repusiera los aranceles eliminados.
Entonces me pregunto: ¿hasta cuando toleraremos la ley del embudo? ¿No es la hora de que se escuche la voz de los pueblos, de las Centrales sindicales y las organizaciones agrarias, de la amas de casa, los comedores populares y del vaso de leche, de los jóvenes y las mypes en un Paro Nacional Unitario para poner fin al abuso? ¡Vamos Perú!

Mi vida cambió, pero tuve el privilegio de la oportunidad, que millones no tienen. Un padre que dejó el colegio en tercero de media para sostener a su familia y aprendió a   abrirse paso en la vida, una madre llena de amor y una familia con recursos. Voluntad, compromiso y base material para buscar una cura, me permitieron la rehabilitación y el desarrollo de capacidades. La familia -que podía hacerlo- enfrentó un reto que es un derecho social -salud y  rehabilitación- a falta de Estado. Luego, concientes de las carencias, asumirían -con muchos otros- el impulso al Hogar-Clínica San Juan de Dios y el voluntariado en la atención a los niños con polio.

Pasé 9 meses hospitalizado, con los brazos y piernas atados a los extremos de la cama con rejillas buena parte del día. En EEUU, los médicos dijeron que nunca caminaría sin muletas. En realidad, nunca usé muletas ni bastón; sólo un aparato ortopédico en la pierna. Por 20 años hice ejercicios diarios de rehabilitación y por 22 mi madre caminó descalza 5 cuadras de la Procesión del Cristo Moreno por su la cura de su hijo. Hubo de todo. Recuperé fuerza en una pierna y un brazo afectados, pero quedé con una secuela severa en la pierna izquierda. Desde entonces, cojeo para la izquierda, como muchos saben, y también me di cuenta de las diferencias y de lo que éstas niegan a muchos.

Aprendí a caminar, y a nadar, a montar bicicleta y caballo, a manejar automóvil. "Te costará más, te caerás más veces, tragarás más agua, pero podrás", decía mi padre. Y aprendí, porque tuve la oportunidad de desarrollar capacidades. No me rodeó la pena sino el amor y el respeto. Fui uno más, con las herramientas y aprendizajes para serlo. Me enseñaron a valerme por mi mismo, evitaron hacer las cosas por mí.  En el colegio no sólo fui a clases, jugué fútbol y llevé premilitar. La polio no me negó el placer de la música y el baile. La verdad, no bailo mal. He, en la vida pública, he sido 6 veces congresista y a expreso una corriente de pensamiento del país. Tuve oportunidades y herramientas. La mayoría no las tenía ni las tiene.

 En el Perú, las personas con discapacidad somos muchas, entre 2.5 y 3 millones, en su mayoría pobres y sin recursos. Ni el 10% de los niños y jóvenes con discapacidad están matriculados en el sistema escolar. El 91% de las personas con discapacidad (PCD) que requieren rehabilitación no la reciben. Ni siquiera recuperan sus capacidades como debieran. El Perú tiene un solo Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el Callao, y –en el campo privado- San Juan de Dios. Numerosos hospitales del Estado no tienen siquiera una Departamento de Rehabilitación y, cuando la hay, es sólo física y no integral: laboral, social, psicológica.

Para muchos, las PCD somos invisibles: ni nos ven, ni nos oyen, ni piensan en nosotros. Y, cuando lo hacen…pobrecitos" piensan. Pocos nos ven como personas diferentes a ellos, pero iguales que ellos, con los mismos derechos y con igualdad de oportunidades. Otros nos ven como una oportunidad, para sacar provecho.

El tema de la atención a las discapacidades motrices o neurológicas y su rehabilitación no es un asunto de un DIA de caridad. Es importante que la gente sea solidaria, que piense en el problema y se informe. Pero no se resolverá con S/.3 millones de soles para San Juan de Dios, ni es esa la responsabilidad del Jefe de Estado: sustituir a Ricardo Belmont en una Teletón. Esa una función de la sociedad civil. La función del Estado es garantizar el derecho a la salud y la rehabilitación. Para ello no se requiere un almuerzo del Presidente con empresarios o una Teletón estatal. Se requiere presupuesto que no se asigna. Se requiere construir el nuevo INR, obra paralizada hace años y a la que se le negó un espacio idóneo como el Cuartel San Martín (por la mezquindad del congresista González Posada en el Congreso anterior) para venderlo. Se requiere descentralizar los servicios de rehabilitación. Y la crisis de San Juan de Dios, además de sanear la administración interna y reponer a los trabajadores injusta y arbitrariamente despedidos, requiere de soluciones estables, es decir, que el Estado contrate sus servicios y garantice su funcionamiento ante la insuficiencia del servicio público.

Conocí La Habana el verano del 58; tenía 10 años. Iba con mis padres a un hospital de EEUU en un cuatrimotor de Panagra: se incendiaron 2 motores y aterrizó de emergencia. Nos alojaron en un hotel de lujo, con máquinas tragamonedas junto a los urinarios en los baños, en una ciudad que vivía del juego y la juerga. El diario dedicaba titulares a los bandoleros de la Sierra Maestra y elogiaba a Batista. Seguimos viaje y quedaron en mi retina los baños con tragamonedas.

1º de enero del 59: la revolución de los "bandoleros" triunfó. Fidel, el Che, Camilo y muchos más abrían un capítulo de la historia latinoamericana que cumple 50 años: afirmar soberanía, justicia, equidad, solidaridad y dignidad a puertas del imperio.

En abril del 70 volví a encontrar cubanos con la tragedia del terremoto y el aluvión de Huaraz y Yungay: 66,000 muertos y 143,000 heridos. Vinieron con la sangre de Fidel y miles de cubanos, dos hospitales de campaña y ayuda. Nosotros éramos una brigada de voluntarios de la PUCP. Fue un contacto corto: en semanas, la distribución gubernamental desviaba parte de la ayuda a militares y al mercado negro, mientras los voluntarios éramos expulsados de la zona por protestar junto a los campesinos.

A finales de los 80 regresé a La Habana, con una delegación del PUM, a un evento sobre la deuda externa y AL. Se vivía la crisis internacional de la deuda y García amenazaba con limitar el pago de la misma al 10% de las exportaciones. Fidel inauguró el evento. Calculó que, con leoninos intereses, habíamos pagado varias veces lo prestado pero la deuda crecía, que nos imponían políticas económicas para pagarla pero negando recursos a educación, salud y programas sociales, anulando todo desarrollo soberano. Planteó la necesidad de un frente con empresarios, pero obvió el tema de la deuda con los países del campo socialista y la URSS. El debate, de 2 días, fue rico.

Esa noche nos llamaron a una reunión con Fidel. Avisamos a nuestras compañeras y salimos. En Palacio nos llevaron a un despacho amplio y austero: un escritorio, una salita y una larga mesa con sus asientos y libretas de notas. Esperando, oteamos la biblioteca: los libros –de casi todo lo imaginable– estaban llenos de anotaciones. No era biblio-estética. A las 11pm, entró Fidel. Uniforme verde olivo, paso decidido, calidez inmediata. Casi al instante, preguntó: "¿Y las señoras?". Desconcertados, dijimos entender que era una reunión con los dirigentes. De inmediato nos pidió llamarlas. Llegaron a medianoche y comenzamos. ¿Y el machismo-leninismo cubano?

Conversamos hasta casi las 7 am: Cuba, Perú, AL, el mundo, la deuda, energía, economía, la lucha social, el socialismo. No imaginé nunca a Fidel tomando nota de lo que decíamos. Preguntó sobre el estado del gas de Camisea, IU, la tasa de mortalidad infantil en Ayacucho…todo. Y por opiniones a su enfoque sobre la deuda. La sencillez y apertura a escuchar, su impecable nivel de información concreta y su obsesivo afán de precisión (podía llamar a un ministro a las 4 am a consultarle una cifra) nos impresionaron. Al mencionarle que había obviado el tema de la deuda en el bloque socialista, dijo que eran otras las condiciones en relación a los créditos capitalistas y al manejo del intercambio comercial. Pero agregó: no vamos a pagar, deben convencerse de que es un tema de equidad. En el discurso de clausura del seminario tocó el tema, junto a otras sugerencias del debate. ¡Un Presidente que escucha! Sabíamos que Fidel iba por Cuba tratando los problemas concretos con la gente, pero nunca imaginamos esta actitud.

Al regresar a casa, a dormir, prendimos la TV. A las 8 am, trasmitieron la continuación del seminario. En la mesa estaba Fidel. Nos levantamos y fuimos. Terminamos cerca de las 9 pm, con una gran lección de responsabilidad. Allí supe que Fidel nunca inauguraba un evento y se marchaba: se quedaba, escuchaba, debatía. Un estilo muy distinto al de muchos políticos: escucharse a sí mismos, no a la gente.

Conocí a varios dirigentes cubanos en lo cotidiano. Pocas veces he visto esa austeridad y sencillez en dirigentes estatales: Manuel Piñeiro, comandante y responsable del poderoso Departamento América del CC del PCC, tuvo –desde que lo conocí– el mismo viejo Lada y vivió en una casa de 2 habitaciones sin lujos. Otra vez, invitado a conocer Varadero, tomamos un pequeño yate a las isletas. Al poco rato, nos acercamos a un viejo bote a la deriva. A bordo, había dos ministros, a quienes regresamos a puerto.

Reanudado el viaje, avistamos otra lancha, más discreta que la nuestra. Pescando sencillamente –a pulmón, con snorkel– estaba Fidel, en un raro momento de distensión. Sacó dos langostas del mar y las echó sobre la cubierta. Unas palabras y partimos, con el almuerzo que –al ajo– cocinaría el marinero.