Dice Israel –repiten CNN y varios medios del Perú– que su acción es en defensa de la seguridad de su población, amenazada por cohetes de Hamás. Cierto, hay milicias que lanzan cohetes caseros sobre poblados israelíes cercanos. ¿Y los israelíes no lanzan bombas, secuestran y asesinan palestinos? Veamos cifras entre el 2001 y noviembre 2008. Según la ONG Israeli Project y Wikipedia ("Qassam Rocket attacks"), en ese lapso, Hamás habría asesinado a 15 israelíes con cohetes y 8 con morteros. ¿Y del otro lado? Bombardeos y secuestros de Israel (2001-2008) según el Centro Palestino de DDHH, causaron 3,800 muertos, incluyendo 850 niños. Es decir, 165 víctimas palestinas por cada víctima israelí. Las mismas versiones de CNN de este inmisericorde bombardeo, los primeros 7 días, son de 4 israelíes muertos por "cohetes" de Hamás y más de 435 muertos y 2,000 heridos palestinos.

¿Enfrenta Israel a un gobierno de facto en Gaza, como dice EEUU o su prensa adicta? No. Hamás ganó a Al Fatah las elecciones para la Autoridad Autónoma Palestina (AAP) el 2006: 65% de los votos. Los observadores internacionales no impugnaron el proceso por irregularidades. Pero, desconociendo el voto, EEUU, la UE, Rusia y la ONU recortaron la ayuda humanitaria.

Paralelamente, Israel apresó a buena parte de los diputados electos e impidió que funcione el Congreso palestino. Inició un bloqueo económico sobre Gaza, cuyas fronteras terrestres, espacio aéreo y marítimo controla (bombardeó reiteradamente el puerto palestino financiado por Holanda y Francia desde fines de los 90). Ahogó financieramente a la AAP: confiscó los aranceles que cobra (40 millones de euros), desabasteció Gaza, impuso el hambre y paralizó la economía. De 120,000 palestinos de Gaza que trabajaban en Israel o proyectos conjuntos, quedaron unos 20,000. A su vez, Bush alentó una confrontación armada entre Al Fatah (ahora asentada en Cisjordania) y Hamás, desatando una cuasi guerra civil en Palestina en junio del 2007.

Israel ocupó Gaza del 2000 al 2005, pero no pudo destruir militarmente a Hamás. Luego se replegó buscando otros métodos, combinando negociaciones, el cerco inhumano y asesinatos y bombardeos, como el de marzo 2008, que dejó más de 150 muertos. A mediados del 2008, Hamás dio una tregua unilateral a Israel con mediación egipcia: cesó de lanzar cohetes caseros, buscando aflojar el inhumano cerco contra Gaza, que se permita el pase de ayuda humanitaria y cese el fuego israelí en todo el territorio palestino. En ese lapso no murió ningún israelí. Pero en diciembre pasado, Hamás lo suspendió al constatar que nada cambiaba. Israel mantenía un cerco que solo permitía el ingreso de 19 productos de 3,500 que Gaza importaba del exterior. Así, 80% de la población (1’200,000 personas) pasó a sobrevivir exclusivamente de ayuda humanitaria, cada vez más escasa. Un verdadero ghetto, como los de los nazis con los judíos.

Israel llegó al extremo de prohibir el ingreso de combustible para la misión de la ONU en Gaza, provocando la protesta –por el inusitado "embargo" a la ONU– del director de la Agencia para refugiados palestinos y la de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH. El mismo relator especial de la ONU sobre los territorios palestinos, Richard Falk (judío norteamericano), calificó los hechos como delitos contra la humanidad: fue expulsado por Israel e impedido de terminar su informe.

Veinte años después regresaría a Palacio, pero no como simple operador del Príncipe. Tenía juego propio. Esta vez, con la experiencia ganada y la fuerza que trabajosamente forjó con el Rasputín del Príncipe oriental que ocupó el trono por casi 11 años después del desastre 85-90. Volvió como primer heredero al trono. ¿Por qué? Por un lado, por ser garante de la alianza que el actual ocupante del trono preparó cuidadosamente para garantizar su victoria en segunda vuelta, construyendo puentes con los herederos del Príncipe oriental que enfrentaba graves amenazas penales. Él, por intermediación del conde del Callao, Alex (sujeto al antiguo Vladi-Rasputín, también preso con su amo oriental), era pieza clave de la alianza. Por otro lado, tenía fuertes lazos con un poder fáctico fundamental: el aparato militar y sus estructuras de espionaje e inteligencia.

Maquia-Pietri había servido fielmente a Rasputín. Se mantuvo en relación con el feudo del asesor del oriental: los aparatos de inteligencia y fue eficaz cuando la embajada oriental fue plagiada. Se ubicó políticamente en el aparato del tránsfuga del Callao, a quien Rasputín enamoró como posible heredero del oriental. Pero, sobre todo, ayudó a resguardar y reciclar un aparato de inteligencia y conspiración vital al poder oriental. Fue parte de la gesta de centros privados de inteligencia que servían de "consejeros", "seguridad" y operadores de las empresas más poderosas y se servían de los aparatos de inteligencia oficial –y de sus nunca aceptados procesos de espionaje de las comunicaciones– para sus fines. Estos aparatos también servían para rodear al Príncipe, para "alertarlo" de atentados como el del 2006 (que ni se produjo ni se probó a pesar del "show" de detenciones arbitrarias), para asesorarlo en sus decisiones e infiltrar la estructura del poder y enterarse de todo vía chuponeo.

En su juego, Maquia-Pietri requería poder propio. Los aparatos privados de seguridad e inteligencia, así como sus vínculos con el poder militar (y en especial con la flota real), se lo daban. Quiso poner a uno de sus allegados a manejar el aparato estatal de inteligencia, pero su leal Ponce tenía problemas: había intervenido en la detención de estudiantes que luego desaparecieron y fueron alevosamente ejecutados a cargo de los equipos especiales que –como Colina– operaban entonces. No pudo ponerlo –dicen los cronistas– en ese puesto clave. Pero fue cobrando creciente relevancia, y los orientales decidieron apretar más al Príncipe en defensa de su amo encarcelado y procesado.

Decidieron usar el poder de las comunicaciones interceptadas, en las que se hacía referencia a los turbios negocios alrededor del oro negro de la Nación y a los tratos con diversos ministros y altos funcionarios del entorno más directo del Príncipe. Así demostrarían su poder y los riesgos en los que podían ponerlo. Era evidente, desde el principio, que el incidente no era solo un lío entre empresas peleándose un negocio, sino parte de los oscuros pasajes del poder y de los altos niveles a los que opera la corrupción. Un aviso.

Pero el Príncipe no es manco. Comenzó a mover sus piezas y respondió. Como Maquiavelo enseña, no se apoyó en un solo bastón y, paralelamente, trabajó para develar –en secreta investigación– el origen de la interceptación y evidenciar que, en ella, estaban los íntimos de su heredero y el garante de su alianza, así como varios (incluyendo la bella que lo "advirtió" del "atentado" del 2006) de los que los asesoran a él y sus amigos de la Real Sociedad de Minería.

En balcón quedaron los que, desde la Cámara de los Lores, jugaban al inspector ardilla. Y, rápido como una rata, el oso panda se pasó a quitar las castañas del fuego al Príncipe y sus leales (¿y aceitados?) ministros, para recomponer la partida que le permita obtener benigna pena y posterior indulto a su amo oriental. Cierto que hoy solo se ve la punta de iceberg y que todos –los leales a uno u otro de los Príncipes– tienen muchas cartas por jugar en un torneo que está lejos de acabar. Lo que sí podría ocurrir es que pierda peso el heredero y garante, cuya estrategia comienza a develarse y a alejarlo del Príncipe. Pero así son las cosas. Maquia-Pietri está lejos de ser Maquiavelo y su Príncipe actual –aunque hermano de sangre desde 1986– puede desgraciarlo. ¿Cuáles serían los costos? No sabemos. Y es que la obra, de aliento shakesperiano, recién anda en sus primeros actos y gran parte del público está perdido en su trama profunda.

Así es de eficiente el mercado distribuyendo la torta, tesis del "Perro del Hortelano". Esto es fruto de un Estado que no regula ni redistribuye la riqueza vía los tributos. Un Estado castrado de su función social y de garante de derechos fundamentales, servil al sacrosanto mercado dominado por las transnacionales. Pero también refleja la débil organización política y social de los trabajadores del campo y la ciudad, los autoempleados y las mypes para defenderse del abuso y hacer valer sus derechos. Es fruto del engañoso "cada cual baila con su pañuelo" que predican los más ricos –fuertes y organizados– que manejan los medios y criminalizan la protesta social para disgregar, desorganizar y amenazar a los más pobres, acallarlos e impedir el cambio.

En 17 de las 24 regiones creció la desigualdad del 2004 al 2007. Solo disminuyó en Apurímac, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali en un nivel mucho menor de lo que debería, dada la enorme riqueza generada. "¡Faltó justicia distributiva!", dicen ahora. Pero cuando lo exigimos, nos gritan ¡cavernícolas!, ¡desestabilizadores! Ahora –en plena crisis internacional– cuando las ganancias caen y las economías se paralizan, hablan de la mala distribución de la riqueza: hubiera sido mejor que los que ganaban más pagaran más impuestos, regalías mineras o gravar las sobreganancias mineras que García prometió y –para variar– mintió. Lloran sobre leche derramada: esa riqueza ya se fue. Y no proponen nada para cambiarlo: ni recuperar nuestros recursos, ni cobrar la regalía o poner un impuesto extraordinario al patrimonio de las mineras.

Hay zonas donde no solo aumentó la desigualdad, sino la pobreza absoluta. Con el "milagro peruano", en Huancavelica la pobreza creció de 84.8% el 2004 a 85.7% el 2007. Más allá de los programas sociales (de Eliane Karp o de Pilar Nores), sus tiernas fotos y la propaganda por TV, "la pobreza avanza". No disminuyó en el campo, ni en la sierra ni en la selva. Peor aún, la inflación el 2007 fue, en promedio, 2.8%. Pero los precios de la canasta de los más pobres subieron 8.7%, el triple para los humildes. El 2008 la inflación promedio fue de 7.5%, más del doble del 2007. Los pobres son aún más pobres que el 2007. ¡Y Chichi, en dupla con la policía, decía en "La ventana indiscreta" que la bronca de la gente, la ira a flor de piel, eran manipulación roja. Ese es, en la TV democrática, el nombre del hambre y la frustración que provocan la insaciable sed de ganancia de los ricos y el abuso del gobierno que los representa.

Por esta ruta vamos al despeñadero. Filosofan cuando la riqueza ya voló y estamos en época de vacas flacas. Cuando caen los precios y volúmenes de las exportaciones de recursos naturales de las transnacionales y se reducen los impuestos que pagan. Callan sobre sus privilegios tributarios, sobre el despido de miles de trabajadores, los sueldos y salarios congelados. Callan ante la negativa de García a bajar el abusivo IGV de 19% a 15, o el ISC de los combustibles porque "¿de dónde sacaría presupuesto?".

Callan cuando no se regulan los precios de los combustibles, el pan, el aceite o el pollo, a pesar del desplome de los precios mundiales del petróleo, del trigo, de la soya o del maíz. Para remate quieren privatizarlo todo, desde el Pentagonito hasta el agua, como negocio.

O cambiamos o reventamos. Basta de un Estado eunuco, servil a las reinas transnacionales. Queremos uno que intervenga, regule y redistribuya riqueza. Que proteja a los trabajadores y campesinos, a los consumidores y empresarios nacionales. Que proteja nuestro mercado interno y no lo regale vía TLC a los productores chinos, chilenos o norteamericanos. Un Estado que garantice derechos sociales básicos, que facilite la organización de los más débiles –trabajadores, campesinos, pueblos originarios, mypes– para que se defiendan. Que maneje nuestros recursos naturales al servicio del país y del desarrollo. Un Estado sujeto al control de los ciudadanos, recuperando la política de las manos de los mercaderes que hoy la manejan. ¡Nueva Constitución, nuevo gobierno, nueva política!

Si el camaleón Simon llama a trafa Kouri de asesor y gritonea a las juntas de regantes por defender el agua contra las concesiones privatizadoras; si García y Giampietri se espían, chantajean y chavetean –cual Carita y Tirifilo– en los pasillos de Palacio por sus cuotas de poder; si el circo congresal nos insulta exculpando a la argolla política de los petroaudios; ¿seguimos en la cloaca esperando que el BM diga algo o nos atrevemos a cambiar de rumbo?

El SIS, con S/. 348 millones anuales asignados, malatiende solo el 25% de la carga de enfermedades existente en el país. La Federación Médica dice que en el desarrollo pleno del proyecto se aumentarían apenas S/.100 millones al presupuesto anual de Salud, pero la carga final de pacientes podría aumentar en 7 u 8 millones de personas. ¿Será posible con ese dinero? El Foro Salud dice que el SIS requeriría de unos S/. 1,400 millones adicionales para enfrentar con seriedad los problemas de salud: 14 veces más. No hay nada de esto en el Plan Anticrisis de García y Simon.

El Proyecto y el Plan han sido severamente cuestionados por no establecer un Sistema Único o Unificado de Salud. El Colegio Médico recuerda que el 2006 presentó un Proyecto de ley al Congreso –junto a Foro Salud– para crear un Seguro Público de Salud Unificado Obligatorio que integre operativamente al Ministerio de Salud y Essalud –cubriendo el 80% de la carga de enfermedades (morbimortalidad)– con un Fondo Único que asegure los recursos para que funcione, y que mantenga dos cuentas: una para Essalud y otra para el seguro contributivo indirecto (SIS). Pero la propuesta gubernamental se limita al SIS, que ya atraviesa por graves problemas. Y la Federación Médica, por su lado, recuerda que con Garrido-Lecca acordaron impulsar un Sistema Único de Salud que integrara al ministerio con los hospitales de las FFAA y PNP (atienden al 2% de la población) y Essalud (atiende al 20%), algo muy distinto de ampliar el desfinanciado Seguro Integral de Salud (SIS) y una microexperiencia para mejorar parcialmente la atención al 6% de la población nacional.

El Colegio dice que el Proyecto y el Plan carecen de financiamiento adecuado en medio de una reducción de ingresos fiscales, y exige establecer el presupuesto del SIS como un porcentaje del PBI. Que discrimina a los más pobres al no comprometer la cobertura del total y limitarse a planes básicos. Alerta que dispersa el financiamiento de la salud, pues mantiene y fomenta múltiples fondos y administradoras de seguros de salud, debilitando el papel rector del Ministerio de Salud. La Federación dice que se mantiene el manejo de las Asociaciones Público Privadas (EPS, AFP, clínicas privadas, autoseguros), que atienden la salud con fines de lucro, o sistemas como los Hospitales de la Solidaridad que propician prácticas inaceptables como la falta de historias clínicas y de control sobre sus servicios. Denuncia que en los planes esenciales de salud existentes son más las exclusiones que los beneficios, pues se dejan de lado las enfermedades degenerativas, el cáncer y las complicaciones que ocurren en cualquier tratamiento de salud. Advierten que se está sobrecargando al SIS sin fondos adecuados, mientras el gobierno adeuda a los hospitales del ministerio el pago de las atenciones del SIS y más de 7,000 centros asistenciales estatales carentes de médicos y condenados al colapso, sin medicinas, con infraestructura deteriorada e instrumental quirúrgico obsoleto y/o de ferretería, con trabajadores y médicos maltratados con míseros sueldos y contratos que los explotan.

Mientras se anuncian el Proyecto y el Plan, el gobierno no mejora el presupuesto del sector e incumple los acuerdos del acta firmada con la Federación Médica que permitió levantar la huelga pasada, en temas elementales como las obligaciones económicas pendientes con los galenos, las asignaciones extraordinarias (Aetas), anunciándose nuevos conflictos. Para colmo, las mafias enquistadas en el sector –que retan el llamado Plan Anticorrupción del premier Simon– han desaparecido 1,938 cajas de documentos del ministerio, en muchos casos vinculados a obras y compras.

No hay duda de que la salud está enferma. Una lástima que el ministro Ugarte –quien fuera subsecretario general de Vanguardia Revolucionaria, regidor de IU con Barrantes y SG del Partido Humanista de Simon hasta que lo sustituyó la ex congresista fujimorista Elsa Vega–no sea capaz de tomarle el pulso y siga repartiendo aspirinas para una situación tan delicada.

El origen de los audios no parece un simple lío entre empresas   (Petro Tech vs Discovery) para quedarse con un negocio o cambiar la dirección de Petroperú. Puede ser en parte, pero había bastante más: una maniobra para apretar a García, renegociar cuotas de poder y ciertas decisiones claves. Las primeras fotos de los chuponeadores muestran que eran caseritos de la misma corte palaciega. ¿Quiénes pusieron en evidencia una puntita de los negocios y negociados de la cúpula que hoy maneja Palacio? Por delante elementos y servicios de inteligencia de la Marina de Guerra (vinculada a la CIA, con diferencias con la DEA) y del  entorno íntimo de Giampietri, el fujimontesinista heredero del trono vía la alianza con Alex Kouri. Sí, empresas y elementos de inteligencia de la Marina vinculados al vicepresidente y al fujimontesinismo que "descubrieron el complot para asesinar a García" al inicio de su mandato. Son parte de los que –junto a empresarios "amigos" como Favre y Vega Llona– se convirtieron en asiduos analistas de la situación política con el presidente. Son parte de la red que da seguridad e inteligencia privadas a la gran minería y los principales grupos de poder económico. Y, en el centro de esta primera foto, Ponce Feijóo, candidato montesinista de Giampietri a asumir servicios de inteligencia, a pesar de las imputaciones de haber intervenido en operaciones de detención-desaparición de estudiantes del Callao.

La respuesta de García a quienes lo apretaron –exponer vía la Fiscal a la empresa Business Track– tiene doble filo. Los nuevos audios no solo hunden más a los ministros exculpados por el Congreso de vergüenza que padecemos, sino que ahondan el involucramiento de la secretaria de García y Nava, su Secretario de la Presidencia, y muestran la extensión de la red de lobbies y negociados en marcha. A su vez, parece claro que sí se compraron equipos de interceptación de comunicaciones por la Marina (hay hasta facturas), más allá del infantil trabalenguas que ensaya el servil Ántero Flores Aráoz para desmentirla.

Giampietri (hospitalizado, como muchos de los que son o pueden ser investigados) y su entorno íntimo –más allá de las actorales declaraciones de confianza de García en su heredero legal– están en el centro de la tormenta. Los escándalos de corrupción y espionaje en Palacio son sazonados por el desmoronamiento de la maniobra de imponer a una contralora mentirosa y falsificadora de títulos para "fiscalizar" los actos del gobierno.

¿Cuál es el juego de poder detrás de todo esto? ¿Un golpe de Estado o un reparto de cuotas y territorios? ¿Quizás la proximidad de la sentencia al criminal Fujimori y las presiones por asegurar  que sea benigna o exculpatoria a pesar de la solidez de las evidencias? ¿La búsqueda de un indulto humanitario de García en nombre del "cáncer" que dice padecer el prófugo extraditado? ¿O un indulto más general en pro de la "unidad nacional" como diría alguno de los recién llegados al gabinete?

Un golpe militar parece insostenible en el escenario internacional. ¿Un golpe blanco? La vacancia de García impuesta por evidencias de corrupción que lo involucran y la presión de sectores de las FFAA no parece haber sido la intención.   Los audios hubieran sido más evidentes y comprometedores, no cubriéndolo como fue al principio. La actuación del fujimontesinismo y la derecha en el Congreso no habría protegido a sus ministros de todo cargo. Los aparatos de inteligencia golpistas habrían estado más alertas ante las acciones de García y Echaíz. Más aún, ¿por qué sacar a quien tan bien los sirve y generar inestabilidad con un personaje sin calle política como Giampietri?

Sintiendo al país como su chacra, perpetuaron la herencia colonial del patrimonialismo (usar el puesto público como instrumento para fines privados) y se convirtieron en testaferros y aliados de los poderes coloniales y sus intereses económicos y políticos. Desde entonces, hemos sido botín de extranjeros, sus "socios" internos y autoridades serviles a sus intereses. Por ello mismo, nuestra historia está marcada por negociados y entreguismos, así como por la resistencia popular y nacional, por expresiones de rebelión e indignación social, tenaces luchas por el cambio y por frustrados esfuerzos por lograrlo.

La batalla contra la Internacional Petroleum Company, consecuencia del infame laudo Brea y Pariñas, que motivó la campana de Petróleo para el Perú, fue uno de los casos de entreguismo y corrupción que convocó a la lucha por la soberanía nacional. Se convirtió en bandera de diversas fuerzas políticas como Belaunde, que la abandonó en el camino, hasta que Velasco que la recuperó, fundando Petroperú.

Hoy enfrentamos una nueva trama de corrupción y entreguismo, bajo la alianza del APRA, el fujimontesinismo y la derecha, que compromete los recursos naturales energéticos fundamentales. El gas de Camisea –entregado en vergonzosas condiciones por Toledo y Kuczynski– y lo poco que queda de Petroperú –tasajeada y malbaratada por el fujimorismo a favor del capital extranjero– vuelven a plantearnos una sórdida trama que reclama de una reacción nacional.

Acabamos de saber que han vendido Petro Tech, empresa involucrada e investigada en el escándalo de los petroaudios que maneja lotes petroleros (desde Fujimori) con ignominiosas granjerías y ha evadido el pago de tributos. La vendieron en US$ 900 millones (cuando la ofertaban en US$ 1,500) y ni siquiera han pagado los impuestos por las ganancias de capital en el Perú. Una empresa que tendría que responder por un juicio en el que se le involucra en serios delitos se vende. Lo peor: previa consulta de los compradores con Alan García. Sí, antes de comprar, la colombiana Ecopetrol, el ministro de Energía de Colombia y los coreanos se aseguraron de que podrían comprar a precio de oferta con garantía del mismísimo García que en enero había estado por suspender la entrega de lotes petroleros a Petro Tech y la acusaba de chuponeo. Negocios son negocios, ¿no? ¿Acusa de ratas a Quimper y León Alegría, pero avala transferencias de empresas metidas en notorios enjuagues?

Paralelamente, el diario Folha de Sao Paulo anuncia que Petrobras compraría 30% de Petroperú. Es decir, continúan intentando rematar las joyas de la familia peruana (aunque hayan pretendido desmentirlo) y, a la vez, el Estado tiene paralizada la modernización de la refinería de Talara para que no pueda producir combustibles comercializables en el mercado nacional y se creen las condiciones para privatizarla. ¡En lugar de fortalecer Petroperú, la debilitan y la venden por partes! Para manejar el negocio ponen al impresentable Pedro Sánchez en el Ministerio de Energía y Minas, el superman de las privatizaciones eléctricas amañadas en el gobierno de Fujimori.

Para cerrar el círculo, el gas de Camisea –concesionado por Toledo, en condiciones lesivas al interés nacional, al consorcio que lidera Hunt Oil, la empleadora de PPK– anuncia que pretende exportar nuestro gas a precios ridículos y se niega a abastecer gas a las empresas eléctricas y productivas en el país, que lo demandan. Así, no solo se paralizarían cerca de US$ 200 millones de inversiones, sino que nos encarecen la electricidad a todos los peruanos y agotan más rápidamente nuestros escasos recursos energéticos, poniéndonos en condición de dependencia en pocos años. ¿Vamos a tolerarlo, a mirar pasivamente, cómo malbaratan lo nuestro y nos someten a nuevas dependencias? ¡Vamos, hay que reaccionar! ¡Unamos fuerzas como lo han planteado el Colegio de Ingenieros y todas fuerzas progresistas del país!

Los recursos naturales y energéticos deben manejarse en función de nuestros intereses, nuestro desarrollo y nuestro bienestar, en primer lugar. Son propiedad de la Nación, de todos los peruanos, no de concesionarios extranjeros que solo ven y piensan en sus negocios, sin importarles el país ni la gente. No podemos permitir que, con la complicidad de gobiernos entreguistas, una Constitución trafa como la fujimorista y una normativa generada por funcionarios y tecnócratas serviles, se destruya el futuro del país y se pierdan nuestras oportunidades de crecimiento y progreso. ¡La banda del caballo loco debe ser frenada! ¡El país debe responder con firmeza!

La empresa obtuvo extraordinarios privilegios. Alquiló 90 plataformas marinas de Petroperú por US$10 millones anuales y pagó diminutas regalías. ¡Cosas te da la vida, chico! Además, tuvo la "suerte" de que se nombre presidente del Directorio de Perupetro, 30/5/2000, a Rafael Samaniego B., funcionario de Petro-Tech Peruana desde 1993 hasta el 2/6 del 2000: un evidente conflicto de intereses, prohibido por la Ley de Sociedades. Así lo dice el informe 191-2007-CG/SP, del 24/10/07. Bajo su ilegal gestión se abandonó el acuerdo de iniciar una acción judicial contra Petro-Tech para que pague millones de dólares por una compensación establecida en el punto 8.8 del contrato (ya Petro-Tech había pagado US$ 2'730,333 dólares más IGV) y que la empresa adeudaba. Acordaron un "arbitraje" que ¡la libró del pago y recuperó lo ya pagado! ??

Así floreció Petro-Tech, a costa del Perú y de felipillos, hasta que fue implicada en las investigaciones sobre el espionaje telefónico y Business Track, en los enjuagues por manejar nuevos lotes petroleros. Entonces, zafó cuerpo rápidamente. Vendió en unos US$900 millones el negocio (por el que pedía más), pasando por encima de una obligación contractual de ofertarla al mismo Estado. Los compradores (colombianos y coreanos) pasaron por Palacio antes de que se conozca la operación. Hablaron con el mismo García, quien desde el 2007 conocía los problemas ya mencionados y no había hecho nada, al igual que el Congreso. ¿Fueron a tomarse un traguito? ¡No, fueron a recibir garantías para la operación! Ahora, García quiere "investigar" la venta, con una Comisión de sus allegados, cuando pudo anular el contrato por los vicios y asumido las recomendaciones de la Contraloría. Mientras tanto –en el Congreso– UN, Solidaridad y el fujimontecinismo dicen a los peruanos que no tienen competencia para meterse en el tema pues la venta –aunque se refiera a nuestros recursos naturales y atropellara el mismo contrato de concesión– sería un negocio entre privados.

Esa misma lógica la usan para el gas de Camisea. Como sabemos, la concesionaria (íntima de PPK y de García) se niega a vender gas a las empresas generadoras de electricidad en el Perú que se lo piden. Dice que su negocio es exportar a México y, se sostiene, hasta a Chile. Es decir, el concesionario, en la práctica se convierte en dueño de los recursos naturales, los usa como quiere y puede agotarlos rápidamente sin interesarle la demanda nacional. Ello, como señala el Ing. Herrera Descalzi, puede llevar a que los precios de la electricidad en el país se dupliquen en un año. ¡Teniendo gas, pagaremos más! ¿Piensa usted, como los adoradores del mercado y el ideólogo del Perro del Hortelano, que este es un asunto de privados en el que no toca pito el Estado? Difícil que el país se coma ese sapo y no demande un profundo cambio en el manejo de nuestros recursos naturales.??

Lo peor es que los lotes de Camisea también se entregaron con graves irregularidades, como lo revelan informes de Contraloría (219, 220, 240, 241, 275-2008-CG/SP emitidos hace más de 18 meses) que conocen García y el Congreso, ignorándolos olímpicamente, en lugar de usarlo para defender los intereses del país. García, los Fujimori, Lourdes Flores, Castañeda y sus bancadas parlamentarias están mudos.??

Abogado de varios mafiosos fujimoristas, Nakazaki ahora lo es del capo di capi. Su estrategia: defender una víctima condenada sin pruebas, antes del fallo judicial, por un linchamiento mediático. La falta de un video u orden escrita, firmada, disponiendo la matanza de Barrios Altos o de La Cantuta, serían evidencia de la inocencia del capo, al que presenta –en una segunda línea de defensa política y no legal– como un "salvador del Perú", hoy ingratamente procesado. Así, buscando justificar haberes acumulados que rebasan 6 dígitos, Nakatrafa desarrolla una agresiva argumentación política ante el descalabro de sus argumentos legales y sus derrotas judiciales recientes.

"Denuncia" que su "cliente" es objeto de un sumario juicio y fusilamiento mediático. "No hay pruebas", dice, mientras lloriquea sobre la "presión" mediática a la Corte. ¿Acaso no lo extraditó la Suprema chilena considerando indicios más que suficientes y garantías judiciales para el proceso? ¿Estamos ante un PJ intervenido como el que instauró su "cliente" al destituir a la Corte Suprema y al fiscal de la Nación para colocar a sus títeres, corrompiendo la judicatura a extremos sin precedentes? ¿Olvidó que es un juicio lleno de observadores internacionales, y que su sueldo lo paga quien barrió con todos los principios del "debido proceso" que ahora goza?

"Jefe" cobarde y desleal, Chinochet niega mando sobre sus subordinados, obvia su convivencia en el mismo piso del SIN con Montesinos, pretende ser un jefe que no sabía ni ordenaba nada, aunque más de 570 testimonios y documentos lo incriminan. Nakatrafa brama por un "linchamiento" mediático. ¿Olvida que su defendido compró –vía Montesinos (jefe del SIN, del PJ y del JNE sin nombramiento firmado)– a los principales propietarios de los medios de prensa para manipular la información, cercenar las noticias, ocultar robos y crímenes, censurar periodistas como Hildebrandt y servirse de programas como los de Laura Bozzo? Reclama por la información del juicio y las opiniones en contra del criminal. ¿Piensa regresar al parametraje manipulado de la década infame, a la salita del SIN donde su "cliente" hacía pagar "cash" –con recursos de la desabastecida Defensa Nacional– a los "dueños" de las licencias de TV y radio, a los hampones de la prensa amarilla, a los plumíferos de la cloaca fujimontecinista?

¿Fusilamiento mediático, aunque ninguno de los miserables que manejaron la TV perdió su licencia y sobreviven numerosos ayayeros que hacen de los Raffo y las Keiko habitúes de los medios, tratados con consideraciones propias de gente decente? ¿Habrá un Grupo Colina que dispara tinta, imágenes y proyectiles de memoria colectiva contra su cliente? ¿Santiago Martín Lévano, Paco Kerosene Miró Quesada, Mohme Huamán Azcurra o Mariela Palacios Barreto? ¿Un grupo Scorpio liderado por Hildebrandt o una misión israelí de entrenamiento manejada por Gorriti? Nakatrafa desvaría, abrumado por las pruebas que evidencian la autoría mediata del huésped de lujo del penal que García le construyó en Barbones. Además, si el jefe del SIN –bajo su directa responsabilidad política por ley– ya fue condenado a 35 años por estos crímenes, ¿cómo podría recibir él menos?

Desesperado, Nakatrafa pasa de la tesis del "fusilado mediático" a la de "héroe y salvador nacional". Pretende justificar los crímenes con la tesis de que Fujimori y Montesinos derrotaron al terrorismo y vencieron la hiperinflación, lo que no permite procesarlos por violaciones a los DDHH, corrupción o actos lesivos a los intereses nacionales. Se prepara para el juicio por corrupción.

La captura de Abimael Guzmán y la debacle de Sendero no fue producto de los crímenes del Grupo Colina y similares de las FFAA, sino de su aislamiento político y de una paciente inteligencia policial. No se requería matar cientos o miles de inocentes para ello. La estrategia antisubversiva implementada desde tiempo atrás (Accomarca, matanza de los penales, Barrios Altos, La Cantuta, por ejemplo) solo incrementó la violencia e hizo que miles de justos paguen por culpables. Pero, ¿salvó Fujimori al Perú como nación? ¿No privatizó y entregó a extranjeros –con estabilidad tributaria– los principales recursos naturales y la renta que se generó (desmantelando Petroperú, MineroPerú, Centromín, Cerro Verde, etc.)? ¿No destruyó la banca de fomento y estatal, remató PescaPerú y las principales empresas eléctricas en negociados oscuros? ¿No costó cientos de millones el salvataje del Banco Latino y del Wiesse? ¿No le debemos las queridas AFP, la jubilación a los 65 años, cuando mujeres era a 55 y hombres a 60? El "salvador" desmanteló y corrompió la moral de las FFAA y abandonó todo plan de modernización, mientras pudrió el PJ y el JNE. Alentó el transfuguismo y el Congreso más caro de la historia, mientras la educación y la salud pasaron a los últimos lugares de AL, la desigualdad social creció, la sindicalización se redujo y los derechos sociales se perdieron. Por su gestión, ¡Fujimori merecería 10 cadenas perpetuas, Nakatrafa!

Pero el gobierno, en lugar de atender esta demanda, pone a Yehude Simon –cual santero– a exorcizar a Alan García ("no es el diablo") y exorcizarse a sí mismo ("yo lo garantizo"), promoviendo un insulso debate sobre la viabilidad de una alianza entre el APRA –expresión de una abusiva, tramposa y corrupta alianza continuista con el fujimorismo y la derecha– y quienes batallan por un cambio de rumbo para un Perú más justo, soberano y democrático.

Por otro lado, el país se entera de la inaceptable y prepotente decisión del consorcio concesionario del Gas de Camisea de priorizar la exportación del gas al extranjero y negarse a abastecer del gas que requieren a generadoras de electricidad y a empresas que operan en el Perú. Se entera de que ello implica consumir rápidamente las escasas reservas probadas que tenemos y que, además, conduce a una elevación de costos de la energía eléctrica. El malestar es evidente, entre empresarios y amplios sectores sociales. Ello se agrava con el abandono en que el gobierno ha mantenido a Petroperú y la –hasta hace poco– paralizada modernización de la refinería de Talara.

Pero el gobierno, en lugar de atender un asunto que tiene carácter estratégico y toca la soberanía nacional sobre el manejo de nuestros recursos, en lugar de revisar los contratos irregulares suscritos y las normas arbitrariamente cambiadas en beneficio de las concesionarias (según señala la Contraloría de la República), pone a su "Thatcher peruana", doña Mercedes Cabanillas, a la trascendente labor de sancionar a un grupo de policías femeninas que –hace tres años– se filmaron en su habitación y fuera de servicio, jugando en paños menores.

Todos hemos sido testigos del escándalo de corrupción en la asignación de lotes petroleros, los petroaudios, los informes de Contraloría que evidencian graves irregularidades, el involucramiento de Petro Tech y la inmediata venta de la empresa a un consorcio colombo-coreano fuera del país. A la vez, hemos visto cómo la Comisión del Congreso y el pleno terminaron exculpando a los ministros y funcionarios del entorno más estrecho de García de responsabilidades.

Ahora observamos cómo, con argucias judiciales y leguleyadas, la investigación se traba y se comienza a perder en la atención pública, mientras García pone en el banquillo de los acusados –como trabas al funcionamiento del país– a los órganos de control y específicamente a la Contraloría. El mundo al revés. Una fábrica de cortinas de humo está cubriendo la verdadera agenda nacional, los problemas que hay que enfrentar, con firmeza y decisión.

Es hora de poner esa verdadera agenda ante el país a través de la acción. Así lo está haciendo la Junta de Nacional de Usuarios de Riego, como lo plantea –en el terreno de la corrupción– la Marcha de Mujeres del 6 de marzo y la Movilización del 12 que impulsan la Coordinadora de DDHH y diversas organizaciones sociales y populares contra la impunidad y por la sanción a los crímenes contra los DDHH de Fujimori, Montesinos y compañía. Es hora de forjar el Frente de Defensa de nuestros recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua…) para evitar que estos sirvan simplemente al afán de lucro de grandes transnacionales, dejándonos migajas y negándonos el derecho de definir su destino prioritario (como ocurre en el caso del gas de Camisea). Es hora de recuperar plena soberanía sobre lo nuestro y usarlo en función del desarrollo, de acabar con una Constitución que convierte al Estado en minusválido frente a los intereses de la gran empresa privada y que ni siquiera puede regular, menos aún intervenir, en la actividad económica y de servicios estratégicos.

Mientras García ofreció el impuesto a las sobreganancias sobre las empresas que explotaban nuestros recursos naturales con altísimos precios e incumplió, vendiéndose a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Barack Obama acaba de establecer este tributo para las petroleras, cumpliendo lo que ofreció. Además ha reducido impuestos a los más pobres y los aumentó a los más ricos, a la inversa que en el Perú del "izquierdista" García. Parece que ya estuvo bueno de cortinas de humo, ¿no creen? Es hora de reaccionar.
La República, 02 de marzo de 2009