URGENCIA DE LA
VERDAD
EN LA HISTORIA DE PERÚ
CASO OPERACION CHAVIN DE HUANTAR
EL ASESINATO DE 14 GUERRILEROS DEL MRTA
Y OTROS RELACIONADOS CON MAFIA
FUJIMORI-MONTESINOS
ARTÍCULOS EN ORDEN
CRONOLÓGICO
TESTIMONIO DE HIDETAKA OGURA Y OTROS
EN EL CASO DE LA TOMA DE LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN
22 DE ABRIL DE 1997
SOLIDARIDAD CON EL PROFESOR HIDETAKA
OGURA
EL PROFESOR OGURA VIO CON VIDA AL MENOS TRES MIEMBROS DEL MRTA, UNO DE ELLOS ERA
EDUARDO CRUZ SÁNCHEZ CONOCIDO COMO TITO. FUJIMORI UNO DE LOS COMANDITARIO DE LOS
ASESINATOS SE PASEA ENTRE LOS CÁDAVERES DE GUERRILLEROS DEL MRTA.
La Campaña Perú 2001 de Peace Boat es una campaña internacional (que realizan personas asiáticas, latinoamericanas y europeas) directamente vinculada a Peace Boat, una organización cuya sede está en Japón.
La Campaña Perú 2001 fue creada en respuesta a los llamamientos hechos por peruanos que representan a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y otros grupos ciudadanos con los cuales nos reunimos durante nuestro viaje de estudio al Perú.
La Campaña Perú 2001 se esfuerza en el inmediato retorno al Perú del ex-Presidente Fujimori, quien actualmente permanece en Japón. ¿Por qué queremos que el ex-Presidente Fujimori regrese al Perú? Para que responda a las acusaciones hechas contra su gobierno y para asegurar un fresco inicio de una nueva democracia es necesario que Fujimori regrese al Perú y enfrente un juicio justo. Como ciudadanos globales, nosotros pensamos que los líderes deben ser responsabilizados por su acciones. La naciones (en este caso Japón) deben cesar de proteger a líderes que afectan directamente la posibilidad de un >mundo justo.
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Visita a Lima, Perú (9 al 15 de diciembre del 2000) En nuestro 31o Viaje Global alrededor del mundo, Peace Boat visitó Perú. Allí, como parte de la Universidad Global, visitamos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La CNDH, la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES) y muchos otros ciudadanos peruanos nos hicieron un llamado para que nosotros, como una organización internacional con sede en Japón, hicieramos todos los esfuerzos (no violentos) posibles para que Fujimori regrese al Perú. Algunos de los estudiantes de la Universidad Global nos sentimos responsables de hacer conocer al mundo los que habíamos visto, escuchado y >experimentado en el Perú. Así, la Campaña Perú 2001 de Peace Boat había nacido.
La Campaña Perú 2001 nacida en el Peace Boat (16 de diciembre del 2000-15 de enero del 2001). A bordo del barco organizamos sesiones de estudio sobre el ex-Presidente Fujimori, creamos una danza para llamar la atención, escribimos artículos en el periódico de la Universidad Global, recogimos firmas de los pasajeros del Peace Boat y nos contactamos con la oficina principal del Peace Boat en Tokio.
Acción en tierra en Tokio (16 de enero del 2001) Al día siguiente del retorno del Peace Boat a Tokio, el 16 de diciembre del 2001, nosotros danzamos nuestra obra Perú 2001 en el muelle Harumi del puerto de Tokio, cuando el barco zarpó para su 32o Viaje Global alrededor >del mundo. Después de eso realizamos una conferencia de prensa en la oficina principal del Peace Boat en Tokio. La acción más importante ese día fue la visita a la casa de Ayako Sono, la residencia temporal de Fujimori, para entregarle un pasaje de ida por avión de Tokio a Lima, Perú (ver Comunicado de Prensa y artículo detalladoacerca de la visita). Lamentablemente Fujimori no estaba en la casa y le dejamos una carta exigiéndole que regrese al Perú. Frente a estación de Shinjuku (una estación de tren en Tokio) , danzamos nuestra obra Perú 2001, recogimos firmas y repartimos información hasta que la policía nos pidió que no retirasemos. Gran cantidad de periodistas estuvo presente y como >consecuencia varios artículos fueron publicados e imágenes del hecho transmitidas por la televisión japonesa. En el Perú, nuestras acciones fueron resaltadas por la prensa local e incluso se publicaron en la primera plana de El Comercio, el principal diario del país.
Conversaciones con políticos (17-18 de enero del 2001) El 17 de enero fuimos con una delegación internacional a conversar con la señora Takako Doi, la lideresa del Partido Social Demócrata del Japón. Le explicamos el propósito de nuestra campaña y ella valoró nuestra visita. El 18 de enero fuimos a la Primera División de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y nos reunimos con el director, señor Fukushima. Hablamos del "caso Fujimori" y nuestra campaña. El nos explicó que el punto de vista del Gobierno japonés es una posición legal, considerando el hecho que ellos aprobaron la ciudadanía japonesa de Fujimori, no pueden obligarlo a dejar el país. Sostuvo que el Gobierno no quiere adoptar ningún punto de vista político.¿Qué haremos en el futuro inmediato?
Resumen de la Ponencia de la Profesora Masako Goto
1.Despues de la fuga de Fujimori a Tokio la opinion publica y los medios decomunicacion de Japon, en su mayoria, de repente cambiaron su posutura hacia el sr. Fujimori.
2.Pero, a pesar de que lo critican, aun muchos de ellos apoyan al expresidente, diciendo que en los anos noventa no tenia otra alternativa que tomar la politica del neoliberalismo y ejercer la mano dura , cuando seacumulaba la deuda externa y reinaba la violencia, entre otras cosas.Ademas senalan que muchos pobres todavia apoyan al sr. Fujimori.
3.Por consiguiente, es necesario evaluar correctamente los dos gobiernos de Fujimori y conocer que el fujimorismo es un fenomeno en la era del neoliberalismo.
4.Primero, es necesario confirmar los dos hechos: (1)la economia peruana se ha empeorado durante los anos noventa, (2) La captura de Abimaer Guzman no es la hazaña del Sin, sino a la estrategia habil de la policia nacional.
5.Sobre la supuesta popularidad del sr. Fujimori entre los pobres:
El sr. Fujimori se vio obligado a tomar la politica del neoliberalismo que danaba a los pobres, por lo cual para ganar su apoyo siempre debia acudir a la politica llamada ''neopopulista''. La presencia en la television, el regalito a los pobres, los discurusos antielitistas, entre otras cosas, son un fenomeno comun en los gobiernos ultraderechistas como lo senalan los de las Filipinas y de los paises centroamericanos donde se lleva a cabo el ajuste estrucutural muy severo. En la era de *democracia* , a los gobernantes, aunque sean conservadores, es importante ganar el apoyo de las masas.
6.Los primeros anos los pobres aceptaron ''pasivamente'' el neoliberarlismo, ya que comprate la opinion de que no hay otra aleternativa.y apoyaba al presidente que lleva a cabo la politica que daña al pueblo. Para que el pueblo siga apoyandola , es indispensable recuperarse la economia. Pero no se logro.
La politica del ajuste estrucutural del gobierno de Fujimori era muy especial, o sea muy extrema, por lo cual se ha eliminado un espacio para la recuperacioneconomica. Esto es atribuible a la falta de la estrategia al respecto en el mandatario y en el gobierno(Esto no quiere decir que Chile tiene exito, ya que ,todavia no se ha solucionado la pobreza) y el pueblo ha llegado a desilusionarse.
La desilusion acelero la aparición de nuevos lideres politicos.7.Aunque no hubiera otra alternativa que el neoliberarlismo en los años noventa, un gobernante 'deberia tomar una politica por la que todo el pueblo comparta justamente sus contradicciones . Y la politica a los pobres no debe ser ''dar regalitos'' sino apoyarlos para que puedan sostenerse como productor.
8) Por consiguiente, lo que deben hacer ahora el gobierno y el pueblo de Japon no es justificar lo que hizo el ex presidente en su gobierno sino comprender bien que a el habia una alternativa , encontrarla y ayudar a un dirigente que el pueblo peruano elija para el desarrollosostenible de su pais
Resumen de la conferencia por Kazuo OHGUSHI (11 de marzo de 2001)
El Dr. Kazuo Ohgushi, profesor de Politica Latinoamericana en la Universidad de Tokio, a manera de introduccion al simposio, ofrecio una vision general de lo que hizo el Gobierno de Fujimori en la ultima decada. Aunque reconocio algunos meritos del Gobierno, senalo que el lado positivo del anterior regimen era gruesamente exagerado por los medios de comunicacion japoneses, minimizandose al mismo tiempo las facetas oscuras del mismo, lo cual influyo fuertemente en la evaluacion muy favorable de los japoneses hacia el ex-presidente.
En la parte central de su ponencia, el Profesor Ohgushi presento en forma sintetica los aspectos nefastos del regimen anteriror en cuatro areas, vale decir: la masiva violacion a los derechos humanos, la descomposicion de las instituciones democraticas, la persecucion a los opositores y la corrupcion generalizada de la vida politica y publica. Al termino de su intervencion, critico fuertemente al Gobierno japones que quiere proteger al profugo ex-presidente, escubriendose bajo el pretexto legal de su nacionalidad japonesa. Hizo un llamado a la audiencia para que presione al Gobierno japones para que acepte el arbitraje internacional con el objeto de determinar la nacionalidad dominante del ex-mandatario.
Resumen de la intervención del Profesor Ogura
Tenemos que desenmascarar los mitos que todavía existe en al sociedad japonesa para que los japoneses puedan reconocer la brecha que existe entre la realidad y los mitos y para que los pueblos japones y peruano puedan reconstruir la solidaridad humana y verdadera.
Critico el gobierno del Japon por la contradiccion que existe entre la politica que aplicó durante 10 años tomando en consideracion de que era un gobierno que dirigia un nikkei y la posicion actual que lo protege como un ciudadano japones. El gobierno del Japon deberia cambiar su politica hacia los extranjeros elimiando la prioridad que ponen en los decendientes japoneses adaptandose a la epoca global.BREVE PERFIL DE ALGUNOS PONENTES
Hidetaka Ogura
Especialista en pensamientos latinoamericanos.Ex-diplomatico y ex-rehen en toma de la residencia en 1996. Actualmente ensena una la Univ.Cristiana Internacional y otras. Es el autor del libro "El Dialogo Cortado: repensar. en la toma de la residencia" y el coautor de los libros "America Latina en cambio" y " Memoria para hablar".
Masako Goto
Ensena en la Univ.de Kanagawa.Es pecialista en los asuntos politicos y economicos latinoamericanos,sobre todo,del Peru,Cuba y Chile. Recientemente escribio sobre la situacion de Cuba despues de la desintegracion de la Union Sovietica y los movimientos sociales de las mujeres. Dentro de poco publicara la traduccion del libro "Biografia del che Guevara" Taibo II.
PERÚ Fuente: Diario El Comercio-Perú-
Lima.- La fiscalía especial que investiga los
casos de violación de derechos humanos, entre ellos la presunta ejecución extrajudicial
de los 14 integrantes del MRTA que tomaron por asalto la casa del embajador del Japón en
1996, citará en los próximos días a los ex rehenes que permanecieron confinados durante
123 días.
Una fuente vinculada a las investigaciones informó que el propósito es esclarecer si los
rebeldes fueron ejecutados tras su rendición o perecieron en el enfrentamiento con las
fuerzas del orden el 22 de abril de 1997.
Esta versión fue confirmada posteriormente por el fiscal adjunto José Torrejón, quien
ayer continuó con la inspección y ubicación de las otras diez tumbas del los sediciosos
en algunos cementerios del cono sur de Lima.
Comparecerán ante la fiscal especial, Flor de María Alva López, los comandos de élite
que liberaron a los rehenes, y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ex comandante
general del Ejército.
El jefe de la Oficina de Control de la
Magistratura (OCMA), Nelson Reyes Ríos, admitió ayer haber sido interrogado por la
fiscal Flor de María Alva a raíz de la investigación abierta por la presunta ejecución
de los emerretistas.
Anteriormente también rindió declaraciones el vocal supremo Moisés Pantoja Rodulfo, ex
presidente de la Corte Suprema, quien permaneció cautivo en la residencia japonesa
durante cuatro meses.
Representantes del Ministerio Público recordaron que Pantoja habría manifestado no
haberse percatado si quedaron emerretistas vivos luego de culminada la operación militar,
debido a la poca visibilidad durante la evacuación del local.

Reyes no quiso entrar en detalles sobre lo que vio durante la recuperación de la sede diplomática. La fiscal Alva ya habría recibido las declaraciones del resto de vocales supremos que estuvieron hasta el día del rescate, entre ellos, Alipio Montes de Oca, Luis Serpa Segura, Hugo Sivina Hurtado y Mario Urrello Álvarez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Custodian tumbasSe supo que las tumbas ubicadas continuarán custodiadas por efectivos policiales y guardianes de los cementerios hasta el 14, fecha en la que se daría inicio a las tareas de exhumación de los cuerpos para determinar si fueron ultimados extrajudicialmente. Los efectivos policiales pertenecen a la comisarías de los distritos en donde se ubican los cementerios de Pamplona, Cieneguilla, Lurín, Comas y Zárate. Cuando los empleados civiles cumplen sus turnos diurnos la custodia es asumida por la Policía Nacional toda la noche hasta el ingreso de los empleados al día siguiente. Se trata de evitar, dijo, que manos extrañas puedan violar los nichos para borrar las pruebas incriminatorias, las cuales servirán para las acusaciones penales contra los responsables de la operación
Ex diplomático nipón declarará sobre liberación de cautivos Tokio.- La fiscalía peruana ha solicitado a un ex diplomático japonés que fue rehén del comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la toma de la casa del embajador del Japón en Lima, en 1996, su declaración sobre los hechos del día de la liberación llevada a cabo por el Ejército Peruano.La fiscal Flor de María Alva ha abierto una investigación sobre
los hechos de la liberación, a raíz de una denuncia de familiares de los catorce
miembros del MRTA que murieron durante la operación militar de rescate de los 72 rehenes
de la casa del embajador Morihisa Aoki, el 22 de abril de 1997.
Ante la imposibilidad de que la fiscalía peruana envíe al Japón a un funcionario, la
declaración le será tomada a Ogura por personal de la embajada peruana en Tokio.
Ogura abandonó el Ministerio de Asuntos Exteriores hace dos años para asumir su
responsabilidad en el asalto del MRTA, ya que como encargado de los asuntos políticos no
obtuvo previamente la información que lo hubiera evitado, y en protesta por la manera
violenta con la que el gobierno del presidente Fujimori puso fin al secuestro.
El ex diplomático es en la actualidad profesor de una
universidad japonesa y miembro del Grupo de Solidaridad con la Democracia del Perú, que
este fin de semana organizará un debate sobre la residencia japonesa del ex presidente,
cuyos padres y antepasados nacieron en este país.
"Fujimori debe regresar al menos una vez para hacer frente a sus responsabilidades y
explicar desde Tokio por qué dimitió. Luego, si quiere volver al Japón, bienvenido
sea", opinó Ogura.
Tokio estudia exhorto de nuestro país
Cuatro años después de la operación "Chavín de Huántar" (22 de abril de 1997), la sombra de duda sobre la manera cómo actuaron las fuerzas del orden en esa oportunidad vuelve a crecer, esta vez al punto de conducir a la exhumación de los cadáveres de los emerretistas muertos en la refriega. El asunto podría provocar, ahora sí, una seria complicación judicial para Alberto Fujimori.
Las exhumaciones se realizarán el miércoles 14 de marzo y tienen su origen en una denuncia presentada por los familiares de los fallecidos ante la Fiscalía Especial del caso Montesinos que trabaja los temas de derechos humanos, a cargo de la doctora Flor de María Alva López. La demanda, hecha con la asesoría de APRODEH, se basa en el testimonio del diplomático japonés Hydetaka Ogura, un ex rehén de la residencia del embajador Aoki.

Diplomático japonés Hydetaka Ogura
En diciembre pasado, el funcionario dijo a la
prensa: "por lo menos he visto a tres miembros del MRTA que estaban capturados vivos,
pero me imagino que los mataron o asesinaron extrajudicialmente". Ogura, incluso,
estaría dispuesto a venir a declarar ante la Fiscal.
Tras el rescate de los rehenes, los cuerpos de los 14 emerretistas fallecidos fueron
distribuidos en cuatro cementerios en las afueras de Lima: dos en el cementerio de
Pamplona Alta; cuatro en el Sindicato de Trabajadores Textiles de Vitarte; cuatro en el
cementerio de Puente Piedra y cuatro en el Cementerio de Lurín. Nunca se les hizo
autopsia y sólo tiempo después fueron hallados por sus deudos.
Si esto ocurrió, lo declarado por el ex
Presidente el 27 de abril de 1997, cuando afirmó que durante el rescate de los 72 rehenes
no hubo violaciones de los derechos humanos, quedaría en tela de juicio. Su situación se
complicaría dado que, en reiteradas oportunidades, Fujimori insistió en que la
incursión militar fue decisión exclusivamente suya.
Se trataría de la octava denuncia penal contra el ex Presidente y además se pondría en
cuestión una afirmación hecha recientemente por Masahiko Komura, ministro de Justicia
japonés. El funcionario señaló que su gobierno "no extradita a los ciudadanos que
no hayan cometido crímenes en su país"
Ocurre que, en el ámbito del derecho
internacional, la territorialidad de la embajada o residencia del embajador de un país es
una figura jurídica sui generis. La Policía, por ejemplo, no puede ingresar a
esos locales, salvo con autorización del país al que pertenecen las sedes diplomáticas.
Si la residencia del embajador Aoki es considerada en el proceso como territorio japonés,
Fujimori podría ser extraditado o incluso juzgado en el país del Sol Naciente. Entonces
la operación "Chavín de Huántar", tan aplaudida desde el punto de vista
militar, podría ser su tumba política y jurídica.
Representantes de la Asociación Pro Derechos
Humanos (Aprodeh) solicitaron al Ministerio Público la inclusión de un perito extranjero
en las investigaciones relacionadas con las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se
habrían perpetrado contra emerretistas rendidos en la residencia de la embajada de
Japón, en Lima, el 22 de abril del 97. Formularon el pedido con el fin de que las
pesquisas previstas sean desarrolladas con total transparencia y no medien posibles
intentos para ocultar la verdad.
La demanda fue planteada por Gloria Cano, abogada de Aprodeh, tras conocerse denuncias que
involucrarían a algunos de los profesionales forenses, convocados para esclarecer el
espinoso caso, con la ex fiscal de la Nación Blanca Nelida Colán, colaboradora
incondicional del prófugo ex asesor del SIN Vladimiro Montesinos Torres.
Según los doctores Juan Quiroz Mejía y Yolanda
Cáceres, presidentes de la Sociedad de Medicina Legal del Perú y la Asociación del
Cuerpo Médico Legal, respectivamente, el actual director de la morgue central no de los
miembros del equipo de investigaciónñ afronta incluso un proceso penal por suplantación
de cadáveres.
Considerando ello, Aprodeh solicitó ayer a la fiscal especializada de Lima, María Alva
López, autorización para que se sume al grupo de especialistas el antropólogo forense
norteamericano Robert Bux.
Se trata de un perito con prestigio internacional, quien, además, es un destacado
catedrático en la universidad San Antonio, de Texas, precisó la abogada Cano.
Mientras tanto, prosiguiendo con las diligencias
judiciales ayer fueron exhumados los restos mortales de Néstor Cerpa Cartolini, (a)
"Evaristo", quien dirigió al comando terrorista que irrumpió con violencia y
tomó rehenes en la residencia de la embajada de Japón.
El cuerpo de Roly Rojas Fernández (a)
"El Arabe" otro de los mandos emerretistas que participó en aquel atentado
también fue sacado de su sepultura. Lo propio se hizo con los cadáveres de dos
subversivos no identificados, signados con los registros oficiales NN-4 y NN-7. Las referidas exhumaciones fueron realizadas en tres cementerios de Lima.
En horas de la mañana, las autoridades
desarrollaron su labor, simultáneamente, en los camposantos de Nueva Esperanza y
Zapallal, situados en los distritos de Villa María del Triunfo y Puente Piedra,
respectivamente.
Por la tarde se procedió del mismo modo en el cementerio de Los Sauces, en San Juan de
Lurigancho.
El cuerpo de Néstor Cerpa Cartolini, fue el primero en ser exhumado de la tumba en que
yacía desde el 24 de abril del 97 en el camposanto de Nueva Esperanza.
Allí las diligencias fueron supervisadas por la fiscal María Alva López, participando
como observadores el procurador público para casos de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, y
la representante de Aprodeh, Gloria Cano.
Los trabajos se iniciaron a las 10.00 de la
mañana y culminaron poco después de las 3.00 de la tarde.
Fue necesario utilizar combas de acero para
fracturar el grueso bloque de concreto que sellaba la sepultura del cabecilla emerretista.
A dos metros bajo tierra se encontró el rústico féretro que contenía el cadáver, el
cual, a diferencia de los otros casos, no estaba recubierto con bolsas de plástico.
El cuerpo conservaba aún tejido muscular y piel, pese al tiempo
transcurrido. Vestía con una camisa clara, una chompa de lana y un pantalón de color
impreciso.
La abogada Cano precisó que el llamado comandante "Evaristo" tenía el cráneo
destrozado.
De acuerdo a informes oficiales difundidos hace 4 años, Cerpa Cartolini sufrió el
impacto de 42 proyectiles de armas de fuego, durante el operativo "Chavín de
Huántar". Once de las balas le habrían perforado la cabeza.
En el mismo camposanto, en una tumba distante unos 8 metros de la anterior, fue exhumado
un subversivo no identificado signado con el número NN-4.
Previamente surgió una situación de incertidumbre debido al hallazgo de un paquete
extraño en dicho escenario. Inicialmente se temió que podría tratarse de una bomba, por
lo que se dispuso la intervención de agentes de la UDEX-PNP.
Los peritos policiales comprobaron, poco después, que se trataba de una falsa alarma,
dejando el camino expedito a los investigadores forenses y autoridades presentes para
continuar con su labor.
En la segunda tumba se encontró sólo restos óseos. Se observo que el NN-4 presentaba
fracturas en el cráneo.
Mediante pruebas especiales podrá establecerse en los próximos días el sexo y la edad,
indicaron los especialistas forenses.
Desde que se iniciaron hasta que culminaron los trabajos en el cementerio de Nueva
Esperanza, pudo notarse la presencia de las hermanas Rosa e Irene Cartolini, tías
maternas de Néstor Cerpa.
También, a prudencial distancia, permanecieron reunidos unos 30 varones y mujeres que
dijeron ser familiares de presos del MRTA.
El grupo portaba pancartas en donde se leía "Pueblo exige justicia y sanción",
"por una Comisión de la Verdad", y "verdad es democracia".
A las 11.40 de la mañana en el cementerio de
Zapallal, ubicado en el kilómetro 29 de la Panamericana Norte, se procedió a la
exhumación de otro emerretista no identificado, signado con el número NN-7.
Los fiscales adjuntos Víctor Torrejón Burga y Janet Romero Córdova, peritos de
criminalística y un equipo de especialistas en antropología forense, desarrollaron dicha
labor que se prolongó durante 3 horas.
El jefe del equipo de criminalística asignado a este caso, Víctor Suárez, aseguró que
encontraron suficientes evidencias que ayudarán a establecer quién era en realidad la
víctima que mostraba un orificio de bala en la cabeza.
Entre 1980 y 1996 en la época de la guerra
interna en Perú desaparecieron 7.382 personas, se produjeron 514 ejecuciones
extrajudiciales, y la mayoría de las víctimas fueron detenidas por las fuerzas armadas y
policiales, según datos de la Defensoría del Pueblo.
En esa época existió "una suerte de resistencia" de parte del Ministerio
Público y de la policía por tratar temas relacionados con violaciones de derechos
humanos, dijo el Defensor del Pueblo interino Walter Albán, a la AFP.
"Pero también por una ley de amnistía que
promulgó el ex presidente Alberto Fujimori en 1995, la que establece que no caben las
investigaciones, ni siquiera preliminares, o sea no se habla de juzgamiento sino se
establece que no puede haber investigación que tuviera como base una denuncia de ese
tipo", precisó.
Albán informó que aún falta investigar las desapariciones forzadas entre 1996 y 2000,
aunque advirtió que esas cifras no variarían demasiado, ya que los casos de
desaparecidos fueron más numerosos entre 1980-1996.
La frecuencia de las desapariciones forzadas
tiene ciclos alarmantes, uno de ellos en 1983-84, luego de que el ex presidente Fernando
Belaúnde (1980-85) encargara en diciembre de 1982 a las Fuerzas Armadas la
responsabilidad de la lucha contrainsurgente.
Antes de esa fecha sólo había 23 casos de desaparecidos, y en los dos años siguientes
ocurrieron 1.206 casos. En total, en el gobierno de Belaúnde se produjo el 30,6% del
total de desapariciones registradas por la Defensoría del Pueblo.
En el gobierno del ex presidente Alan García (1985-1990) se registró el mayor número de desapariciones 41,8%, teniendo el triste récord de que en el último semestre del régimen se contaron 351 desapariciones forzadas
Emerretistas protestan Internos emerretistas del penal de máxima seguridad de Yanamayo protagonizaron un acto de protesta, demandando que las investigaciones sobre la muerte de los emerrestistas durante el rescate de la residencia del embajador japonés se realicen en forma pública y transparente.Por VIDAL SILVA
Santiago de Chile
La exhumación de los restos de los subversivos
muertos en la residencia de la embajada japonesa en Lima, bajo serios indicios de haber
sido ejecutados extrajudicialmente, que podría involucrar una acción judicial por crimen
de lesa humanidad contra el prófugo ex presidente Fujimori, fue la noticia de portada y
la principal fotografía con que abrió El Mercurio, el más importante diario chileno.
Bajo el titular "Exhuman restos en Perú", el decano de la prensa mapochina
exhibe una toma gráfica de las excavaciones realizadas en un cementerio de Comas.
"Ayer se inició en Perú las exhumación de los cuerpos de los 4 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que protagonizaron la toma de rehenes en la residencia de la embajada de Japón. Las investigaciones buscan determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales bajo órdenes del presidente Alberto Fujimori. De comprobarse ello, el ex mandatario podría ser acusado de presunto delito de homicidio calificado y abuso de poder, señala la nota en primera plana.
Las informaciones son desarrolladas ampliamente
en la página interior, donde también se acompaña por otra fotografía del traslado del
cadáver de uno de los rebeldes del MRTA. Incluyen además declaraciones del profesor
universitario japonés Hidetaka Ogura, uno de los rehenes liberados en la residencia, que
dijo haber visto con vida a tres emerretistas vivos rendidos, entre ellos al Camarada
Tito", que correspondería a Eduardo Cruz Chávez y a la "Camarada Cintia".
También se informa sobre las manifestaciones de japoneses en Tokio que piden a su
gobierno permita que Fujimori sea sometido a la justicia peruana y no se convierta en
"cómplice" de sus probables delitos
Por ROSA REYNA
En un gesto teatral y electorero la congresista montesinista Luz Salgado declaró ayer que su vida corre peligro, aduciendo que durante la exhumación de los emerretistas muertos en la residencia de la embajada de Japón, los defensores de esas personas pidieron la cabeza del ex presidente Fujimori y ahora están en peligro las vidas de las mujeres que apoyaron su gobierno, empezando por Martha Chávez, Martha Hildebrandt, Carmen Lozada, y la suya. La parlamentaria no dijo cuál era la conexión entre la supuesta amenaza a Fujimori y su cabeza.
Su declaración se hizo más pintoresca cuando dijo que, por esa razón, pedirá al presidente del gobierno transitorio, Valentín Paniagua, que se paralice la exhumación de los cadáveres de los terroristas, especialmente a pocos días de las elecciones generales. Tampoco dijo de qué manera la paralización de las exhumaciones evitarían las supuestas amenazas. Todo un ridículo.
"Ahora se pretende trastocar todo y se pone como héroes a los terroristas, para no reconocer los méritos del gobierno en el rescate de rehenes. Se está avivando los fuegos en la plaza de armas de Lima al decir que fueron presos políticos y no terroristas los que murieron en la residencia japonesa", indicó.
Precisó que un grupo de personas estaba pidiendo en la Plaza Mayor la libertad de presos políticos, "de presos que nosotros sabemos están enjuiciados por terrorismo y en algunos casos hasta por terrorismo agravado. Están pidiendo, también las cabezas de quienes hemos combatido al terrorismo y durante la exhumación de cadáveres han ido a hablar que se tiene que enjuiciar a los asesinos, que son Fujimori y los que hemos colaborado con el régimen", añadió.
Enseguida, dijo que ahora resulta que los soldados que dejaron viudas y huérfanos, como los que sufren de mutilaciones, serían enjuiciados por quienes ahora dicen que los que murieron en la residencia del embajador Aoki fueron "héroes y no terroristas", indicó.
Salgado manifestó que ojalá que la exhumación de restos no termine por enjuiciar a Fujimori y a echar por tierra todo el esfuerzo de miles de peruanos que sufrieron en Ayacucho, Huancavelica y otros departamentos, los actos de terror de quienes quisieron tomar el mando del gobierno buscando un equilibrio con las Fuerzas Armadas.
"Esas fuerzas que petendieron tomar el poder fueron terroristas vinculados al narcotráfico", indicó para remarcar que las vidas de las mujeres que contribuyeron con el régimen fujimorista están en peligro.
EDITORIAL DEL DIARIO LA REPUBLICA - PERÚ
El denunciante asegura que por razones laborales
se encuentra impedido de venir a nuestro país, pero está dispuesto a ratificar por
escrito esta declaración ante funcionarios diplomáticos peruanos en el momento en que
tal cosa le sea solicitada. Además, reitera que en su posición no existe ninguna
motivación política, simplemente el deseo de que se conozca la verdad sobre los hechos.
El proceso se ha iniciado y, en cumplimiento
de una orden judicial, está en curso la exhumación de los restos de los 14 emerretistas
a fin de proceder a una necropsia a cargo de especialistas en antropología, medicina y
odontología forense que pueden ñmediante procedimientos científicosñ identificar los
restos y establecer las causas de su deceso.
Asimismo, el juez ha
procedido a demandar a las autoridades militares los documentos relacionados con las
autopsias que se hicieron a los miembros del comando emerretista, los que de modo
inexplicable permanecen fuera del alcance de los familiares debido a un supuesto carácter
secreto.
Cuanto viene sucediendo produce en los peruanos sentimientos encontrados. En lo que a
nosotros respecta, nuestra condena a la ocupación violenta de la residencia nipona y al
manejo de la crisis por parte del cabecilla del MRTA Néstor Cerpa, cuyos desplantes y
contramarchas hicieron imposible una salida negociada ñexigida por el 74% del paísñ,
sigue en pie.
Por lo demás, la posición mantenida por nuestro Diario a lo largo de los 126 días que duró la crisis fue invariable: "defensa de la vida de los rehenes por sobre cualquier otra consideración; necesidad de una salida negociada que, además de resolver lo que era posible aceptar de las demandas del MRTA, permitiera una paz definitiva que cerrara el paso a episodios similares; rechazo terminante de la violencia como medio para alcanzar fines políticos; y negativa a aceptar cualquier liberación de terroristas" (LR, 24/4/97).
En su momento, como sin
duda todo el país, recibimos con alivio el fin de ese prolongado episodio, felicitamos a
las Fuerzas Armadas por haber conseguido la liberación de los rehenes con un número
reducido de víctimas y lamentamos las muertes del vocal Carlos Giusti Acuña, el
comandante EP Juan Valer y el teniente EP Raúl Jiménez, así como las de la totalidad de
los miembros del comando del MRTA.
Pero estas consideraciones, válidas para una operación llevada a cabo de acuerdo a las
leyes de la guerra, no pueden servir en modo alguno para justificar un acto de barbarie
como podría ser la ejecución de prisioneros rendidos, lo que constituye un delito de
lesa humanidad y un inexcusable crimen contra los derechos humanos.
Por lo mismo, estimamos que
debe hacerse toda la luz sobre este asunto y determinar si los miembros del comando
emerretista murieron en combate tal como sostiene la versión oficial o si algunos de
ellos fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales, en cuyo caso el ex presidente Alberto
Fujimori y quienes dieron las órdenes para semejante atrocidad deberán deslindar la
responsabilidad que les atañe ante los tribunales.
Los familiares de los caídos tienen derecho a obtener una respuesta. Pero también este
episodio debe relanzar el debate sobre la pacificación inconclusa que vive nuestro país
y la necesidad imprescindible de instalar una Comisión de la Verdad que contribuya a
voltear la página sobre los años de guerra interna.
PERU
FUENTE: Diario "La republicaCon relación al tema de la exhumación de los emerretistas muertos en la toma de la residencia de la embajada japonesa, Macher sostuvo que es un tema muy fuerte para los peruanos.
"Nos estamos confrontando a algo fuerte que nos exige una profundidad y reconocimiento de valores mucho más grandes. Aunque sean terroristas, existen reglas de la guerra. Una vez que tú detienes a una persona el pacto de Ginebra dice que nunca se puede matar a un detenido", consideró.
Si es verdad que fueron ejecutados una vez que fueron detenidos es un delito y debe ser juzgado el ex presidente Alberto Fujimori por ser el principal responsable político, afirmó.
Bajo esta figura, Macher dijo que Fujimori podría ser juzgado por cualquier tribunal internacional, incluso en el de Japón.
Procurador Ugaz sobre las exhumacionesSostuvo que con esta investigación preliminar
"no se pretende mellar el honor y la imagen de las Fuerzas Armadas, tampoco se
pretende satanizar lo bueno que haya hecho el gobierno anterior, ni de exaltar los actos
terroristas como algunos viejos personeros del oficialismo vienen diciendo de manera
absurda".
Señaló que "aquí lo que se trata es de establecer si existieron asesinatos
extrajudiciales, lo cual de demostrarse constituiría un gran delito que no puede quedar
impune, así las víctimas sean del MRTA".
Nino Alarcón, abogado de los deudos de los emerretistas muertos, aseguró que en uno de los cadáveres, identificado sólo como "NN-7", se puede apreciar que tienen grandes orificios en el cráneo y que otro de los cuerpos muestra el maxilar destrozado. Manifestó que el deseo de los familiares es identificar a sus seres queridos para darles cristiana sepultura y exigir castigo a quienes les dieron muerte a pesar de que se habrían rendido y entregado sus armas.
El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, Juan Quiroz Mejía, señaló que "los exámenes forenses aplicados en estos casos siguen los estándares internacionales". Los peritos observan los orificios que dejaron las balas, especialmente en los cráneos y su posición y dirección para confirmar o descartar si fueron ejecutados cuando un comando militar irrumpió el 22 de abril de 1997 en la residencia diplomática tomada por el MRTA. Según los médicos forenses la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales es bastante delicada y requiere mucha experiencia para emitir opiniones. El doctor Quiroz no duda de los profesionales que practican las autopsias, pero manifestó ciertas reservas sobre algunos funcionarios que asisten al proceso y fueron designados durante el gobierno del destituido presidente Alberto Fujimori.
OBSERVADORA esta defensora de Fujimori habría que
recordarle que en los casos de presunción de delito penal es obligación de la justicia
actuar de oficio. El argumento de los excesos viene a ser en sí mismo una suerte de
complicidad por la vía de la empatía. Luego de lo que se viene viendo y descubriendo en
todo terreno, sorprende que todavía haya gente con cara para utilizar este tipo de
argumento.
Si los médicos forenses confirman las sospechas que han llevado a las exhumaciones,
quedarán abiertos a revisión los largos meses en que el público pensaba que había una
negociación en marcha, y también la forma específica de desenlace cruento elegida por
Fujimori. En otras palabras, habrá que repensar el papel de todos los actores, y en el
sentido de todas las decisiones tomadas.
En tales circunstancias no sólo habrá que
pensar en los terroristas rendidos como víctimas de una decisión contraria a las leyes
de la guerra, sino también como testigos eliminados para dar paso a una versión oficial
mentirosa. No descartemos que Fujimori los haya mandado eliminar para añadir dramatismo a
su repugnante bravata ante cámaras, es decir su infamante paseíllo sobre cadáveres aun
calientes.
Convendría que, al igual que el ciudadano japonés que puso en marcha la actual
investigación, los protagonistas del infausto episodio (tanto secuestrados como
mediadores y participantes en el rescate) presentaran sus versiones de manera ordenada.
Prácticamente obligados a ello están quienes tuvieron un papel más prominente, y que
luego optaron por sumarse al silencio oficialista.
Sería importante saber, por ejemplo, por qué
causó tanta polémica entre los miembros de la cúpula fujimorista la paternidad de la
operación Chavín.
¿Fue sólo por el prestigio de haber dirigido un operativo exitoso? ¿O fue también una
discusión en torno de versiones internas de los hechos? Quizás estos son los tiempos en
que el Cardenal Juan Luis Cipriani podría explicar por qué lloró tan en público al
enterarse de las muertes en la residencia del embajador japonés.
EN ORBITA
Por Mauricio Mulder
Hoy que por declaración de un ciudadano japonés
se están exhumando los cadáveres de los emerretistas ultimados en la embajada del Japón
en 1998, han aparecido las geishas de siempre, que gozan de una excepcional e increíble
cobertura de la televisión peruana, diciendo que en el extranjero piensan que los
peruanos somos masoquistas porque estamos desenterrando cadáveres.
Dijo incluso una de ellas que unos "amigos" latinoamericanos de ella le habían
expresado su incredulidad ante esta supuesta característica nacional de remover lo
pasado. Pobres ignorantes sin duda, que no conocen ni la historia ni la realidad
latinoamericana y repiten monsergas que no resisten el mayor análisis.
¿Son masoquistas los chilenos que hoy mismo
están desenterrando los cadáveres de las víctimas de la caravana de la muerte y de
otros espeluznantes crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet hace casi 30 años?
¿Lo son los argentinos, que encontraron restos de torturados en distintos cementerios
clandestinos y que incluso sus antropólogos forenses han adquirido tanta destreza en esas
artes que son convocados a todas partes del mundo?
¿Son masoquistas los salvadoreños que vía su Comisión de la Verdad exhumaron los
restos de víctimas en diversas masacres, dos de las cuales, la del Sumpul y la del
Mozote, superaban los cien muertos en cada caso? ¿Y los colombianos, y los uruguayos, y
los brasileños que no han escatimado esfuerzos por conocer la verdad de diversas acciones
de violencia que ha afectado su historia?
Aquí lo que está en juego es la verdad y la
impunidad. Una sociedad democrática no puede permitir que se oculten hechos delictivos
graves en aras de un "borrón y cuenta nueva" o al prurito de "no remover
cenizas". Con ese criterio, jamás se juzgaría un crimen, porque el castigo al
criminal no revive a la víctima y nada de lo que se haga contra el asesino le devolverá
la vida.
La no revisión de las violaciones de derechos
humanos ha sido la norma consuetudinaria en la historia nacional, salvo para el caso del
gobierno del 85-90 que fue espulgado al milímetro por sus enemigos políticos. Por el
hecho de que las democracias aplicaban el borrón y cuenta nueva, la impunidad se
consagraba como acicate para golpes de estado del futuro.
Fuente: DIARIO EL COMERCIO
16-03-01
Durante la crisis de los
rehenes en la embajada de Japón, en Lima, intenté convencer al gobierno peruano que la
represión implacable de los terroristas era innecesaria en la medida en que era evidente
que éstos finalmente estaban dispuestos a negociar.
No se me hizo caso y la masacre, con gran riesgo para todos los rehenes, se produjo (
Hay momentos en que la tentación es grande de callar, en que la turbamulta amilana y lo tienta a uno con la retirada, con ese "hacerse el cojudo" que es una de las habilidades del ser nacional. Pero hay momentos también en que callar es un crimen, cuando se concede razón a los que no la tienen y cuando callar es rebajarse. El silencio tiene también un precio, sobre todo cuando se aspira a ser un ser humano digno de este título.
Luego de los luctuosos acontecimientos del martes 22 de abril confieso que sentí la tentación de callarme. Lo que podía haber dicho lo había dicho ya y no había servido de nada. Nada ni nadie iba a arreglar lo ocurrido. Los muertos estaban muertos y los vencedores celebraban. Oí decir a peruanos que había que festejar. Sólo les faltaba beber chicha en el cráneo del vencido. ¡Y el Presidente dejándose fotografiar junto al cadáver de su enemigo (¿qué diálogo mudo se dio entre ellos en ese instante?)! ¿Es tiempo de silencio?, me pregunté.
La respuesta fue no. Lo ocurrido y lo que está ocurriendo en el país es demasiado grave para callarlo. Y lo ilustran bastante bien los "hinchas" de la otra noche en Miraflores. Ahora a nuestros ingenuos "hooligans" cholos que enarbolaban símbolos nazis debemos sumar los "hooligans" criollos que cantan a la muerte de un grupo de peruanos que, por equivocados que estuvieran, eran, en sentido lato, sus hermanos. Nos estamos especializando pues en dar espectáculos grotescos al mundo, estamos hundiéndonos lentamente en la barbarie, estamos acercándonos al abismo al que lleva todo populismo eficaz, un populismo que en el Perú adquiere cada más visos de dictadura.
¡Así que ésa es toda la lección que una cierta juventud peruana saca de lo ocurrido en la embajada! ¿Qué creen haber visto, una película de Hollywood? ¡Es de miedo! Una juventud que no se estremece ni reflexiona frente a la muerte, que se deja manipular el corazón por los que tienen el poder para ello, ¿a dónde va? ¡Qué lástima, aconchabarse con la muerte antes de haber recorrido el Perú y su historia, antes de haber aprendido a amar o a tener conmiseración! Que los viejos se corrompan y tengan miedo, me lo explico, pero ¿que los jóvenes nazcan a la vida ya podridos? ¿A quién pedirle cuentas?
Estoy seguro, sin embargo, que el grueso de la juventud del país sabe perfectamente que en la crisis de los rehenes bien pudo haber otras soluciones, que allí donde hubo la sangre derramada de los peruanos enfrentados bien pudo haber una salida pacífica. Era al menos lo que nos habían prometido, a los peruanos y a la opinión del mundo, una y otra parte. Pero todo fue un engaño, ¡por encima estaba la imagen del Estado, el honor de la Nación! Evidentemente no lo quisieron así los calculadores, los que nunca quisieron la negociación, los que desde el comienzo quisieron el fuego, la sangre y la muerte.
En medio de este clima, y con la convicción de no estar solo, de que muchos peruanos, sobre todo jóvenes, piensan como yo, quiero ratificarme en la opinión que di en medio de la crisis. Mejor que cualquier muerte, mejor que cualquier vida segada, hubiera sido, por arduo que fuese, el acuerdo, el entendimiento al que se avanzaba, muy difícil y lentamente es cierto, cuando el ataque se produjo, sorprendiendo a todo el mundo, a los guerrilleros por supuesto, pero también a los Garantes, quienes aún deben estar boquiabiertos. Mejor que la muerte es la vida, siempre, salvo en la jungla. Mejor es una negociación, como la realizada en 1993 por el gobierno y el jefe de Sendero Luminoso, que la actual danza de cadáveres.
Nunca estuve de acuerdo con el asalto de la residencia japonesa por el MRTA, ni con los métodos que en muchos casos ha empleado este grupo extremista en su búsqueda de que las cosas cambien en el país. Pero ello no me enceguece ni me impide ver que los jóvenes que unieron sus destinos a gente como Néstor Cerpa Cartolini lo hicieron porque el Perú no les dejaba alternativas. Porque el país les dolía. Porque no les dejaba para vivir sino una existencia miserable, sin salidas ni progreso. Para muchos de ellos, procedentes de la Amazonia, el único horizonte real era el miedo, el hambre, la prostitución y el narcotráfico. Y como ellos hay miles y miles en el Perú de hoy.
Ahora que la violenta resolución de la crisis de los rehenes cierra el espacio político (salpicado en estos últimos tiempos de ataques y balazos contra los opositores y críticos, de torturados y de cadáveres decapitados, de ataques contra el Tribunal Constitucional); ahora que se obnubila a la gente simple, cuyos instintos más bajos, los de la sangre y la masacre, son exacerbados deliberadamente so pretexto de fútbol; ahora que se hace retroceder la cultura democrática y se cancela la vía negociadora para los excluidos, me quedo con la sensación de que hemos perdido una gran oportunidad. Y esto será peor en la medida en que más se prolongue el triunfalismo de los implacables.
Ahora todo está consumado. Pero no es tiempo de silencio, sino más bien de solidaridad y compasión. Y en esta hora terrible quiero detenerme un instante para hacer llegar mis condolencias a los deudos de todas las víctimas. A los familiares del probo magistrado muerto, a los de los oficiales caídos. Todos ellos peruanos que hoy hubieran podido estar respirando la vida, entregados al amor de los suyos.
Quiero dirigirme también a los
familiares humildes y anónimos de los muchachos y muchachas que integraron el comando del
MRTA y que al final fueron tan rehenes como sus rehenes en la trampa que contribuyeron a
tejer. Que ellos sepan que la muerte de sus hijos tiene explicación y también sentido,
pues sus sueños de una vida justa y equitativa para todos los peruanos un día se
realizarán. No con sus métodos, que fueron equivocados, pero sí con la impronta de su
corazón juvenil, con su capacidad de entrega y de hermandad con los que sufren. Ellos,
que en sus últimos días tal vez empezaron a comprender y a vivir realmente la esperanza,
enfrentados a un aparato de Estado mucho más complejo y poderoso de lo que se imaginaban,
hoy, muertos, son la terrible denuncia de que en nuestro país aún estamos lejos de
construir la sociedad que todos los peruanos merecen, una sociedad humana.
¡Que todos descansen en paz!
Desde el lunes han sido
desenterrados los restos de ocho guerrilleros como parte de una indagación para
determinar si algunos de ellos fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. De
confirmarse, el ex presidente Alberto Fujimori sería enjuiciado en cualquier país por
crímenes de lesa humanidad.
El informe de la Defensoría del Pueblo señala que entre 1980 y 1996 "las
desapariciones forzadas se produjeron por detención arbitraria a cargo de las fuerzas del
orden, maltratos físicos y el traslado continuo del detenido de un centro a otro con el
fin de no ser ubicado por sus familiares".
A lo anterior se sumó "la negativa sistemática de las autoridades de reconocer la
detención o brindar cualquier información sobre los detenidos, interrogatorios, torturas
y tratos crueles y degradantes para extraer información de las víctimas y amenazas de
muerte para obligarlos a firmar documentos culpatorios".
Del total de las 7 mil 382
desapariciones, 30.6 por ciento ocurrieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde
(1980-1985); 41.8 por ciento en el mandato de Alan García (1985-1990) y 27.6 por ciento
durante los primeros seis años de la presidencia de Fujimori.
Las cifras no incluyen los casos ocurridos entre 1997 y 2000, indicó el defensor interino
del Pueblo, Walter Alban, aunque esas cifras no variarán mucho ya que el número de
desapariciones fue mayor de 1980 a 1996.
Alban indicó que además de la "resistencia" del Ministerio Público y de la
policía a tratar las denuncias de las violaciones a los derechos humanos, también
existió una ley de amnistía decretada por Fujimori en la que "no caben las
investigaciones, ni siquiera preliminares".
El documento señala que los
familiares de las víctimas responsabilizan en primer lugar al Ejército, seguido de
grupos conjuntos de las fuerzas armadas y los comités de autodefensa; estos últimos
actuaron en ocasiones como paramilitares. En Ayacucho, cuna de Sendero Luminoso, se dio el
mayor número de desapariciones, seguido de Apurímac, Huancavelica y Junin, además de
que se comprobó que 40 menores de cuatro años y 98 de entre cinco y 14 años
desaparecieron.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, el informe subraya que sólo corresponden a
los casos denunciados y en la mayoría se pudo constatar "huellas de tortura,
disparos en la cabeza, o bien los cadáveres fueron sometidos a explosiones de
granadas".
Por otra parte, los restos
de Cerpa y de otro de sus compañeros fueron exhumados en el cementerio de Nueva
Esperanza, y un tercero fue desenterrado en el cementerio del distrito de Puente Piedra,
en Lima.
El cadáver de Cerpa Cartolini tiene el cráneo destrozado, informó la fiscal encargada
de las investigaciones, Flor de María Alva.
Familiares y amigos de los emerretistas asistieron al cementerio y coreaban "ni
olvido ni perdón para el dictador", "el pueblo quiere justicia",
"Fujimori y Montesinos son los asesinos", mientras en el penal de Yanamayo los
militantes del MRTA presos protestaron por lo que calificaron como "la confirmación
del asesinato extrajudicial" de sus compañeros.
Las exhumaciones, que continuarán este miércoles, fueron ordenadas por la justicia
después de que uno de los rehenes relató que vio al menos a tres emerretistas con vida
tras el ingreso de las fuerzas que rescataron a los 72 cautivos, uno de los cuales murió
en el operativo.
Congelan 33 millones de dólares de Montesinos
En Chiclayo, al norte de
Perú, un avión Mig 29 de la fuerza aérea se estrelló durante una exhibición, en
momentos en que una comisión legislativa inspecciona 18 naves de ese tipo con el fin de
verificar si son obsoletas.
La inspección se decidió luego de denuncias relativas a que la compra de las naves fue
irregular, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y habría participado el ex asesor
presidencial Vladimiro Montesinos.
En este contexto, trascendió que un tribunal de las islas Caimán (con 35 mil habitantes,
quinto centro financiero del mundo gracias a sus leyes de secreto bancario) congeló
cuentas offshore por 33 millones de dólares de Montesinos y socios, su ex esposa Trinidad
Becerra, el ex ministro de Defensa Víctor Maica y el general Juan Silvio Valencia.
La acción fue dispuesta el pasado 7, día en que un negociante de armas peruano declaró
ante una comisión del Congreso en Lima que pagó sobornos a Montesinos por 35 millones de
dólares.
En este marco es natural que el clamor nacional sea el poner a Fujimori a disposición de la justicia, y al respecto ya nos hemos pronunciado en diversos artículos publicados en El Comercio. Así, el 18 de diciembre pasado, frente a la posibilidad de que el Perú solicitara su extradición, señalamos las dificultades existentes, toda vez que la legislación japonesa no la permite para sus nacionales, y para el Japón, Fujimori es uno de sus ciudadanos.
Otras teorías aluden al principio de la nacionalidad preponderante de Fujimori que, indudablemente, sería la peruana y que tiene sólidos precedentes jurídicos. No obstante, su aplicación, en el caso que nos ocupa no sería ni fácil ni rápida. Puede haber disparidad de criterios y si bien el Perú podría recurrir a la Corte Internacional de La Haya, para ello se requeriría la aceptación del Japón de someterse a dicho tribunal.
Otra posibilidad, cuando no existe de por medio un tratado, es la reciprocidad, que supone previa negociación jurídico-política.
El derecho internacional y la negociación tienen un lenguaje propio que no es de fácil comprensión para el público en general. De todos modos, ello no le impide hacer su propio juicio histórico y responsabilizar a quienes, a su entender, no actúan con la celeridad esperada. Más allá de ello, al no tener un tratado de extradición con el Japón, habría que negociar uno. ¿El congreso japonés estaría llano a aceptar una cláusula que permita la entrega de sus nacionales en contradicción con sus leyes internas? En las actuales circunstancias, ese tipo de negociaciones parece distante de ser exitoso y puede dejar para las calendas griegas un caso que no es conveniente dilatar.
Hemos señalado que la única manera viable de someter rápidamente a un juicio al ex dictador es por delitos de violaciones a los derechos humanos y, concretamente, en el marco de la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", criterio que el juez español Baltazar Garzón, célebre por haber dado inicio al caso Pinochet, compartió plenamente durante su reciente visita a Lima. Este tratado, en cuya redacción me tocó participar activamente en Ginebra en mi condición de representante del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, significó toda una revolución en el campo del derecho, pues establece una suerte de jurisdicción universal que permite a las autoridades de los estados partes iniciar las investigaciones pertinentes y el juicio correspondiente. El Japón es parte de ella y, por tanto, está obligado a detener a Fujimori, someterlo a juicio y hacer cumplir la sentencia de sus tribunales, aplicando su propia legislación penal a quien no le tembló nunca la mano para violar los derechos humanos.
Por otra parte, significaría una salida política para el Japón. Naturalmente, para ello sería necesaria la colaboración que el Perú pueda brindar a todo nivel, incluidas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Estoy seguro de que la comunidad internacional, que manifestó su preocupación por el cuadro de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que cometió el régimen de Fujimori, respaldaría esta medida, que además estaría en concordancia con las normas universales de derechos humanos. Un contexto idóneo para dar inicio a esta acció sería el período de sesiones de la comisión de derechos humanos de la ONU, que empezará dentro de pocos días en Ginebra.
También esa misma comisión podría ser el escenario propicio para que el Perú formule la declaración prevista en el artículo 22 de esa convención, con el fin de que el Comité contra la Tortura pueda examinar denuncias de esas prácticas.
Abrigo la esperanza de que así sea y de que la comunidad internacional en pleno la acoja como testimonio del anhelo de un Perú que no desea que nunca más en nuestro suelo se den estas prácticas, que degradan tanto al torturado como al torturador, y que en el último decenio caracterizaron a un gobierno cegado por las ansias de poder y que ha dejado un legado de inmoralidad sin precedente en la historia del Perú.
Comentario de Raúl VillanuevaLas pruebas contundentes,
irrefutables, estarían en los cadáveres de los terroristas que asaltaron la Embajada del
Japón y mantuvieron aterrorizados durante meses a numerosos rehenes. Y la macabra danza
de los cadáveres se ha iniciado con un entusiasmo al que, desgraciadamente, no lo
acompaña una esperanza cierta de que de esos huesos surjan las pruebas acusatorias que
condenen a Fujimori.
Al contrario, según fundados comentarios de un experto como el doctor Maurtua, es posible
que las autopsias abran hipótesis, presunciones, pero no aportarán evidencias.
De cadáveres acribillados, desaparecidas por el tiempo las partes blandas, sólo un milagro podría obtener la información que se busca. ¿Por qué, pues, tanta algarabía con los restos de los terroristas muertos en la Embajada del Japón? ¿No será que, seguro de que ninguna evidencia concluyente proporcionarán los exámenes de la autopsia, sea el propio Fujimori quien alienta el macabro espectáculo?
Los ciudadanos comunes y corrientes, el hombre de la calle, no encuentran explicación a lo que, atónitos, están observando: en un país lleno de prioridades, las autoridades han comenzado por hacerles justicia a los emerretistas que tuvieron en vilo al país con sus armas apuntando a cientos de secuestrados en la Embajada del Japón. Hecho de justicia legalmente inobjetable, pero que, en un país que vuelve a la infancia democrática, encierra el tremendo riesgo de reavivar el fuego terrorista, tal como se constata en los coros airados y esperanzados que sirven de fondo musical a la exhumación de los cadáveres de los "luchadores sociales asesinados" por los soldados.
La justificación para hacer lo que se está haciendo es una esperanza vana, deseos que se harán humo. De esa danza de cadáveres no saldrán evidencias contra Fujimori. Evidencias que sí existen y están a la vista, aunque, extrañamente, sin que ninguna autoridad quiera verlas e investigarlas para acusar con fundamento.
Es extraño, muy extraño, por ejemplo, que ningún juez, fiscal o procurador del ministerio correspondiente se haya ocupado de ahondar el vínculo, hecho público varias veces, de Alberto Fujimori con los militares Huamán, Pichilingue, Martín Rivas y otros, a quienes el presidente Fujimori hizo ascender, a pesar de las objeciones del comando castrense, "por los servicios prestados en las universidades", en el año 91, cuando desaparecieron muchos estudiantes en la sierra central, según denuncias de la época.
Nadie tampoco se ocupa de
investigar en serio y probar que hubo una asociación para delinquir presidida por
Fujimori, del que Montesinos era asesor.
Una banda de delincuentes que violó la Constitución, asesinó y torturó gente, hizo
desaparecer gran parte del fondo de las privatizaciones, usó dinero del Estado, personal
militar y locales públicos para reelegirse en 1995 y en el 2000.
Una asociación para delinquir que descuartizó el Tribunal Constitucional e hizo de la
compra de armas un festival de inmoralidades.
Ser capitán y beneficiario principal de esa notoria y pública pandilla de delincuentes, cargada de delitos debidamente tipificados, ¿no hace a Fujimori responsable de los hechos penales cometidos por la banda? ¿Por qué, pues, empeñarse en distraer la atención sobre pistas firmes con cadáveres en los que no se hallará prueba alguna contra Fujimori y sí aliento para que se avive el fuego terrorista? ¿Quién alienta este suicida disparate?
Fuente : RPP-17-03-01 Ex diplomatico japones reitero haber visto a tres terroristas vivos luegoEntre los rescatados que estuvieron con él y que habrían visto a "Tito" vivo están el ex viceministro de la presidencia Carlos Sukuyama, el coronel FAP de apellidos Garrido Garrido y los magistrados de la Corte Suprema Moisés Pantoja, Luis Serpa Segura, Alipio Montes de Oca, Hugo Sibina y Mario Urrelo (actual presidente de la Corte Suprema), señaló.
Respecto a la afinidad
ideológica que tenía con los emerretistas, y que fue denunciado en reiteradas
oportunidades por ex rehenes, Ogura aseguró que está muy involucrado con la historia
peruana y simpatiza mucho con la idea humanista de José Carlos Mariátegui.
Asimismo, aceptó que se reunía con los terroristas durante varias horas, pero era porque
recogía información sobre la posición del MRTA, debido a que era el encargado de
asuntos político de su embajada; y aclaró que nunca simpatizó con dicho grupo
subversivo; explicó que estuvo luchando por la dignidad humana que está por encima de
todas las preferencias e ideologías y posiciones políticas.
Sobre la presencia del ex presidente Fujimori en Japón, dijo que espera que su gobierno
acepte la sentencia que dicte un tribunal internacional determinando la nacionalidad
peruana del ex mandatario
Ante las versiones vertidas por el ex diplomático japonés Hidetaka Ogura, en las que señala que observó a tres emerretistas vivos, el día que los militares recuperaron la residencia del embajador Morihisa Aoki en abril de 1997, dos congresistas y ex rehenes de la embajada desconocen tal versión.
Luis Chang Ching
El congresista Luis Chang
Ching, quien fue uno de los rehenes de la embajada de Japón, indicó que antes de la
exhumación de los terroristas, primero debió confrontar las versiones del ex
diplomático japonés Hidetaka Ogura, con otras personas que estuvieron presentes.
Agregó que no puede afirmar la veracidad o falsedad de las declaraciones de Ogura,
señalando que por las circunstancias en que se dieron los hechos, sería apropiado que se
realice un análisis psicológico, para determinar si tiene el síndrome de
"Estocolmo".
Hidetaka Ogura, reiteró su versión de que vio a tres emerretistas vivos el día que los
militares recuperaron la residencia del embajador Morihisa Aoki en abril de 1997.
Chang Ching precisó que lo
último que el Perú requiere es un rebrote del terrorista, y en este sentido indicó que
los medios de comunicación y el Poder Judicial, no deberían polarizarla, ya que puede
perjudicar al país.
Recalcó que se ha cambiado el orden de las investigaciones, conduciéndolas a un
protagonismo innecesarios. Precisó que no hay un manejo adecuado de la situación.
"Es inexplicable que se hayan exhumado 14 cadáveres, cuando la versión oficial
señala que solo fueron 3", acotó Chang Ching.
Parlamentario Carlos Blanco
El congresistas Carlos
Blanco señaló que le sorprenden las declaraciones de Ogura, ya que durante sus reuniones
en Japón con varios de los rehenes de la embajada de Japón, jamás escuchó una versión
de esa naturaleza.
"Me da la sensación que se quiere revivir este episodio con otro tipo de
motivaciones", acotó Blanco.
Agregó que el ex diplomático nipón, Ogura mantenía una relación muy cercana con los
principales cabecillas del MRTA, como Cerpa Cartolini y el árabe. Precisó que
posteriormente comisionó a otros de los funcionarios a seguir a éstos.
Asimismo el parlamentario que vivió 126 días como rehén en la embajada de Japón,
comentó las incidencias de esos días, precisando que fueron días muy difíciles para
todos aquellos que la protagonizaron
Fuentes del Ministerio
Público revelaron ello y aseguraron que no sólo se tiene previsto citar a personalidades
que estuvieron cautivas, sino, además, a integrantes del comando militar que retomó el
22 de abril del 97 dicha sede diplomática.
Hasta el momento dos de los rehenes liberados han denunciado públicamente haber observado
a algunos emerretistas rendidos que luego aparecieron muertos con orificios de bala en la
cabeza.
El ex diplomático japonés
y actual catedrático Hidetaka Ogura fue el primero en hablar de posibles
ajusticiamientos. El jueves último el general PNP en retiro y ex jefe de la Dincote,
Máximo Rivera Díaz, también aportó información en el mismo sentido.
Trascendió que dicho ex oficial figura en la relación de citados por la fiscal Alva
López, pues su testimonio será fundamental para establecer si uno de los subversivos fue
sorprendido intentando escapar confundido con las
personalidades que ese día fueron rescatadas.
Este terrorista, según las declaraciones de Rivera Díaz, habría sido ingresado
nuevamente a la residencia por uno de los comandos que participó en la operación.
Entre tanto, cinco días
después de haberse iniciado el proceso de exhumación judicial de los emerretistas
abatidos hace 4 años, ayer se cumplió con extraer de su sepultura al último cadáver.
Se trata del NN-13 cuyo sexo no pudieron precisar las autoridades, durante la inspección
ocular realizada desde las 11.00 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde en el cementerio
San Pedro de Carabayllo.
Sólo pudieron establecer que se trata de una persona adulta.
Nino Alarcón Alva,
representante de Aprodeh, aseguró también que los peritos en criminalística y los
médicos legistas que participaron en la diligencia con el fiscal Víctor Torrejón,
encontraron entre los restos una prótesis dental.
El ataúd yacía a un metro y medio bajo tierra, entre las tumbas de los extintos Juan
Campos R. y Teodora Rojas Aramburú.
La sepultura, según el guardián del panteón, Mauricio Ernesto Reyes León, se realizó
bajo estricta vigilancia policial, en horas de la mañana.
"Funcionarios del gobierno (en ese entonces) hablaron en el Concejo pero nadie pagó
por derecho de entierro", reveló el testigo.
Uno de los miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense, Juan Carlos Tello, dijo
asimismo que, por coincidencia, los 14 cuerpos exhumados se encontraban dentro de bolsas
negras de polietileno
El ex diplomático japonés y ex rehén en la embajada nipona en Lima, Hidetaka Ogura, reiteró ayer que durante la Operación Chavín de Huántar, los militares capturaron vivos a por lo menos tres emerretistas.
Japón 17 de marzo del 2001
La Verdad de las mentiras del Contralmirante Por Alvaro Del Castillo La denuncia sobre ejecuciones extra judiciales a los miembros rendidos del MRTA en la residencia japonesa en 1998, por el ex rehén Sr. Hidetaka Ogura, ha sido respondida desde diversos ángulos por los operadores del fujimorismo. Demostraremos aquí como eluden la verdad y afloran sus mentiras. Afirmamos en primer lugar que la acción del MRTA es censurable y la criticamos en su momento. Descubrir la verdad de todo lo que fue el régimen fujimorista, no solo es imprescindible y necesario para poder reconstruir lo que queda del país pos dictadura, sino porque debemos devolver la moral y la dignidad al país.La claqué del fujimorismo duro y militante frente a todas las denuncias y esta en particular es la de amenazar (va a regresar el terrorismo), insultar y calumniar ("manipulación política", "perjuiciosos", "izquierdistas"), hacerse las víctimas (somos "perseguidos políticos", respeten nuestros derechos), propalar la ética fujimorista (todos somos corruptos) etc. Sus expresiones y los términos que utilizan son ya conocidos y quizás por eso hasta desgastados, nadie les cree. La expresión de fondo es la misma, no se investigue nada, no existen pruebas, etc. en el caso de los emeretistas, su argumento es además inmoral, que ya están muertos, que eran "terroristas", que quienes denuncian y apoyan las investigaciones "hacen apología del terrorismo", etc.
Es fácil responder a estos argumentos, con las razones de las leyes, de la necesidad de la justicia la verdad y la defensa de los Derechos Humanos. Se percibe claramente en las personas representantes del pasado régimen su interés en ocultar la verdad, en no investigar. En este caso y en los demás los cuestionamientos son a las formas, que la Fiscal no debió hacer esto, que no era el momento etc. con la finalidad de ganar tiempo y por allí buscar sabotear la investigación. La razón es obvia no quieren que se descubra la verdad. En medio de la turbamulta el Contralmirante (r) Luis Giampietri ha asumido el rol central en la defensa de los postulados fujimoristas. Su argumento central se basa en descalificar al denunciante, calificándolo de "izquierdista", cercano al MRTA, y desliza sibilinamente que era una especie de "agente emerretista" y que en tal condición bloqueo los intentos que los rehenes prepararon para fugar. Lo que es falso, porque no sólo el Sr. Ogura, sino los japoneses por mayoría se opusieron a está opción. En posteriores declaraciones el Contralmirante Giampietri avanza aun más y acusa al Sr. Ogura de ser el responsable de la seguridad de la residencia japonesa, y por ende culpable y sin autoridad para denunciar el hecho. Esto es falso, el Sr. Ogura era únicamente el responsable de los asuntos políticos de la embajada, y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Igual acusación lanza al Gral. Máximo Rivera, descalificando sus opiniones sobre este asunto, porque era el Jefe de la DINCOTE y por lo tanto responsable, en ambos casos su apreciación es subjetiva y errónea. Pretende cuestionar la credibilidad del Sr. Ogura por su relación de acercamiento con los miembros del MRTA. Aquí hay más del disco rayado que usa el fujimorismo, con la finalidad de sorprender a los peruanos, mostrándoles el cuco de las ideologías, y/o posturas personales de los denunciantes. El Sr. Ogura en su libro, escrito sobre la base de su experiencia de secuestrado y publicado en mayo del año 2000, cuenta en varios pasajes de su libro "El Dialogo Destruido", su relación cercana a los miembros del comando del MRTA, por cuestiones de su labor en esos momentos y por su interés en la política peruana. Afirma igualmente en diversas oportunidades su identificación con las ideas mariateguianas. y su interés por la justicia social y los Derechos Humanos. La "novedad" del Sr. Giamprietri cae por los suelos y muestra con toda nitidez su careta pro fujimorista. La estrategia de este defensor de Fujimori por otro lado no es una novedad, es muy similar a los operativos que nos tenia acostumbrado el SIN, en sus mejores momentos, la de desacreditar a los oponentes del gobierno, lanzándoles acusaciones sin sentido y basadas en cuestiones de índole moral y no investigar y menos resolver las denuncias o acusaciones que había. El Contralmirante Giampietri, al igual que todos los defensores de los restos del fujimorismo, no le interesa investigar y menos responder en ningún momento a las preguntas centrales: ¿Hubo ejecuciones extra judiciales?, ¿Se asesino a los miembros del MRTA?. Son interrogantes que deben ser respondidas por una investigación rigurosa e imparcial. Tenemos a un ex marino que se erige como el defensor de la "verdad fujimorista", en medio de varias suposiciones y falsedades que arroja por la borda del barco fujimorista que pretende enrrumbar, de que no hubo ningún delito ni hecho execrable en el rescate a los rehenes de la residencia japonesa. Desmiente a priori a quienes atestiguan los hechos, utiliza argumentos deleznables y pretende que le creamos. ¿Por qué razón o motivo debemos creer en él?, sí aparece como representante de un régimen que se derrumba en medio de un mar de mentiras. Los argumentos que utiliza este señor amparado en su condición de ex - rehén, caen por el peso de sus propias suposiciones y mentiras. Y por último los Derechos Humanos no tienen nacionalidad y actitudes honestas y valientes como la del Sr. Ogura lo enaltecen y nos acercan y hermanan al pueblo japonés. Fuente : Diario La República Perú"Sospecho que en rescate de los
rehenes pasó algo más"
En esta entrevista el general (r) Máximo Rivera, ex jefe de la Dincote y ex rehén en
la residencia
Ante una denuncia como la que ha hecho el señor Ogura, si es formalizada y si está debidamente sustentada, las autoridades judiciales y del Ministerio Público tienen la obligación de realizar las investigaciones para confrontar y verificar este hecho, para saber cuál es la verdad de esta denuncia, si tiene o no sentido.
¿Usted llegó a ver emerretistas vivos al final de la operación Chavín de Huántar?Siendo yo una de las personas que ha estado en medio de ese momento, considero que era bien difícil, por no decir imposible, que en medio del ruido de las balas que venían de todos lados, las explosiones, el humo, la desesperación interna acumalada que sentíamos por 126 días y con un estado psicológico que resistía una presión de amenaza constante por parte de los terroristas, se me hace bien difícil suponer que alguien pueda haber estado preocupado por ver si había o no otras personas, ni siquiera a los mismos comandos, uno podía ver quizás la ropa que pasaba, pero no se sabía quiénes eran. Se me hace bien difícil aceptar que alguien pueda haber visto rostros de personas, aún de los mismos rehenes.
Entonces, no vio nada después de la operación.Efectivamente. Ahora, yo no quiero decir con esto que el señor Ogura esté mintiendo, pero sí creo que de todas maneras vale la pena tener en cuenta la conducta del señor Ogura al interior de la residencia para entender cuán sólidas son sus denuncias.
¿Qué quiere decir? Bueno, él era uno de los pocos japoneses que no estaba acuerdo con el gobierno peruano ni con el pueblo peruano que en un momento, según las encuestas, decían que se debería proceder a hacer una toma, un rescate por la fuerza. Ellos discutían con nosotros que más bien se debía tomar la otra opción, es decir, la que proponían los terroristas. Ellos siempre encontraban justificación y sustento a sus puntos de vista que indudablemente para los que somos antiterroristas nos llamaba la atención y nos chocaba puesto que venía del primer secretario del embajador japonés y quien tenía gran responsabilidad en la seguridad nuestra. ¿Cuál cree que era la percepción que tenía el señor Ogura sobre los emerretistas?Yo no se cómo pensaban ellos al final, nosotros queríamos entenderlos, pero nunca llegamos a entenderlos y ahora más aún cuando el señor Ogura sale con esta noticia. Lo que nosotros podíamos percibir voy a los hechos es que en un momento se había planeado entre militares y civiles peruanos, un plan de fuga para librarnos de los terroristas. Esto iba a ser una cosa violenta, calculamos que hubiera sido con la pérdida de la vida de varios rehenes, pero era un plan de fuga que estaba bien estructurado. Se había hecho los seguimientos y todos los cálculos posibles, suponíamos que estaba bien. Para ejecutar el plan teníamos el problema que el grupo de japoneses no sabía de esto, era un grupo grande y pensábamos que más bien debíamos incorporarlos al plan seguros de que ellos sabían karate y judo y eso iba a ayudar. Se participó esto al grupo que suponíamos lideraba a los japoneses.
¿El señor Ogura?Estuvo dentro de ese grupo. Y nos llamó la atención que ellos no solamente no estaban de acuerdo, sino que se opusieron, gritaron, nos insultaron, ofendieron a la patria peruana. Hubo una discusión muy agria.
¿Será que el embajador tal vez temía que ese plan terminara en una masacre?Por eso es que nos dimos cuenta de que no todos los japoneses eran samuráis.
¿No había quizás una cuestión de responsabilidad sobre la vida de todos los rehenes?Tomo sus palabras ¿no? de que lo hacían por tanta responsabilidad que los llevaba a insistir en que el gobierno peruano liberara a más de 400 terroristas. Ellos insistían en esa fórmula, porque decían que los japoneses no tenían la culpa, habían venido al Perú a poner su plata y que este asunto de los terroristas era un asunto peruano. La discusión estuvo bien agria, pero pensamos al final que esto quedaba entre nosotros.
¿En qué consistía el plan de fuga?Empezar la acción desde dentro, esperando que los de afuera, al darse cuenta acudan a nuestro auxilio.
El señor Ogura no se encontraba en el grupo de ustedes.No, pero tampoco se encontraba en una posición por eso digo, a mí me llama la atención y qué raro que otro japonés no lo haya visto. Para mí las opiniones del señor Ogura al igual que las mías deben ser prejuiciosas. La mía es antiterrorista porque conozco el fenómeno, pero la del señor Ogura él jamás llamó terroristas a los secuestradores.
Usted ha dicho que el señor Ogura filtró información al MRTA.No, yo no he dicho eso, no son mis declaraciones, pero sí he escuchado nos enteramos que alguien de la Cruz Roja había comunicado a uno de los rehenes que no era yo que el señor Ogura les había dicho que transmitiera eso a los del MRTA.
¿Qué transmitiera qué cosa?El plan que estábamos haciendo. Ellos develaban eso.
¿Por qué abortó el plan de fuga?Por los japoneses. Por eso es que como rehenes algunos consideraban que esto era traición. Ahora, yo no quiero agravar esta situación, simplemente describo la realidad. No seré yo el que los llame de esa manera a los japoneses, ellos mismos deben ponerse el nombre
Fuente : De Internet -18 de marzo -2001 Fujimori podría ser acusado de asesinato por elLIMA.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori podría ser acusado de delito de asesinato si se comprobase que hubo ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997, según afirmó el fiscal especial, José Ugaz.
En el caso de que se llegara a esta conclusión la responsabilidad penal de Fujimori, actualmente refugiado en Japón, se debería celebrar un juicio internacional, según añadió Ugaz en una entrevista concedida al diario 'Correo' de la capital peruana. "Es decir, un juez de cualquier parte del mundo que tenga conocimiento de esos delitos puede abrirle una investigación", añadió al subrayar que eso es lo que le ocurrió al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
"Eso es más factible a que se encuentren sus
cuentas en el extranjero, definitivamente", comentó el fiscal que investiga las
actividades ilícitas del prófugo ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, acusado de
haber tejido una red de corrupción en los diez años de régimen fujimorista.
Gobierno provisional no derogará la ley de amnistía, por la cual los terroristas de Estado, el Comando Rodrigo Franco de Mantilla, el Grupo Colina de Montesinos, las autoridades y los oficiales militares y policiales, responsables de genocidios fueron premiados por sus crímenes con el olvido otorgado por el gobierno de Alberto Fujimori, que con ello quería cubrir sus propias culpas. La misma ley de amnistía que prohíbe investigar, esclarecer, reabrir los casos de La Cantuta, Barrios Altos, penales y otros.
Entonces: ¿de qué comisión de la verdad y reconciliación nacional están hablando?
Gobierno provisional no cerrará el penal que existe
dentro de la Base Naval del Callao, insiste el ministro García Sayán. Es decir, se niega
a tocar otra herencia fujimorista: el control militar sobre los cabecillas de la
subversión. Así haciéndose el duro, el ministro comprueba otra vez su cerrible
debilidad ante los uniformes.
Queriendo demostrar que no hace concesiones a los terroristas, se las hace a los
militaristas. Y de esta forma los peruanos quedamos fuera de la posibilidad de empezar a
saber qué fue lo que pactaron Guzmán y Montesinos con el nombre de "Acuerdo de
Paz".
Cómo fue que el gobierno que iba a mandar al
pelotón de fusilamiento a los senderistas, cerminó permitiéndoles recuperar sus
uniformes de campaña, reunirse como comité central en las prisiones militares y celebrar
el cumpleaños de la Iparraguirre con una torta enviada desde la presidencia de la
república.
Gobierno provisional no revisará los contratos de concesión con las empresas de
televisión, a pesar del rol cumplido por sus propietarios en la organización de un
sistemático complot contra la libertad de información y opinión del pueblo peruano. Es
decir, los Crousillat, los Delgado Parker, los Schütz, los Vera Abad, van a seguir
dueños de las ondas de trasmisión que les brinda el Estado, ahora que ya sabemos qué
clase de empresario es cada uno de ellos. No sólo corruptos, sino profundamente
corruptores.
A partir de este momento podremos sospechar legítimamente de cualquier nuevo compromiso entre el poder de turno, cualquiera que sea quien lo ejerza, y los piratas televisivos. El gobierno provisional se ha empeñado en seguir hasta el final en el contrato de Camisea, tal como se había diseñado en la era Fujimori, y la concesión del aeropuerto.
Y dice que seguirá privatizando y concediendo. Y ha suscrito con el FMI la intención de obtener un montón de millones de dólares por este concepto durante este año, lo que significa que mientras dure la provisionalidad y se vivan los primeros meses del gobierno elegido, habrá que vender lo que sea para obtener alrededor de 500 millones de dólares y cumplir el compromiso. ¿Que por qué se firmó esto? Porque había que conseguir el aval del Fondo para concertar nuevos créditos que permitieran aliviar la presión de la deuda externa, sin acudir a la renegociación que había anunciado Paniagua en su discurso inaugural. Salvar los compromisos irreales y sinvergüenzas de Camet le está costando al Perú someterse a la nueva leonina carta con el FMI.
Gobierno provisional no dará financiamiento al
agro. No mejorará las remuneraciones de los maestros. No intervendrá en EsSalud. No
hará nada significativo por la cultura. Ni por el deporte. Ni por el contenido de los
libros escolares. Ni en la política de medicinas. Ni en vivienda. Ni en transporte. Ni en
relaciones exteriores, donde Pérez de Cuéllar resulta totalmente inadecuado para
enfrentar el insulto diario de Japón protegiendo al canalla.
El ministro de Defensa parece que se lo ha tragado la tierra, mientras se caen los MIG 29
y se incendian sorpresivamente las oficinas del comandante general. A todo se contesta que
este gobierno es breve. Pero breve y todo gozaba de un consenso impresionante que debía
permitirle hacer cosas que marcaran precisamente los contornos de una transición.
Pero lo que vemos a diario son políticos tradicionales tratando de que no los acusen de
proterroristas, estatistas, populistas y otros fantasmas de los años anteriores, y que en
la práctica se han quedado marcando el paso allí donde estaba Fujimori.
LOCUTOR El Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Bambarén,
opinó que es importante para la reconciliación nacional, conocer la verdad sobre la
muerte de los militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El hecho se dio
durante el rescate de los rehenes en la residencia del la embajada japonesa en Lima.
LOCUTORA El obispo manifestó que la exhumación de cadáveres de los subversivos caídos
en la retoma de la residencia, despierta susceptibilidades. Sin embargo, indicó que los
familiares de esas personas tienen derecho de obtener justicia en caso hayan sido
víctimas de una ejecución extrajudicial.
LOCUTOR Monseñor Bambarén recordó que la violencia política que azotó al Perú las
dos últimas décadas, provino
tanto de grupos terroristas como de la represión ordenada por los gobiernos.
LOCUTORA El religioso agregó que la instalación de una Comisión de la Verdad permitirá
sanar las heridas que el pueblo peruano conserva por la época de violencia que vivió.
LOCUTOR Sobre el mismo tema, el sociólogo y especialista en temas de defensa, Carlos
Tapia, consideró que la exhumación de los emerretistas es un camino correcto para
conocer la verdad sobre su muerte.
LOCUTORA El analista político dijo que la toma de la residencia japonesa en Lima fue un
acto terrorista y que el Estado peruano tenía derecho a rescatar a los rehenes. Sin
embargo, añadió que matar a prisioneros rendidos constituye no solamente un crimen, sino
una grave falta contra el honor militar. (Pe/QR/Ig-Rb/Vi-Pp/ap)
Desde Tokio, la ciudad donde Alberto Fujimori se refugia de la justicia peruana, uno de los 71 ex rehenes del MRTA levantó el polvo en los cementerios de la periferia limeña. Como lo hizo desde el día de su liberación, el ex funcionario de la embajada japonesa en el Perú, Hidetaka Ogura, está dispuesto a hablar de los tres emerretistas que vio con vida al ser rescatado por comandos de las Fuerzas Armadas. Esta semana amplió su testimonio en una conversación telefónica con Domingo. Su versión ha dado paso a una denuncia contra el ex presidente que dirigió la operación, y es hasta hoy la pieza clave de una investigación fiscal. Apostar por la verdad no es hacerle juego al terrorismo, ni tiene ánimo de venganza o afán desestabilizador. Vale la aclaración
Escribe Elizabeth CaveroHidetaka Ogura asegura que no hubo entre los ex rehenes de la residencia japonesa un pacto de silencio para ocultar la forma en que murieron los 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) aquel 22 de abril de 1997. Sin embargo, a casi cuatro años del sangriento operativo militar, su testimonio es el único que ha permitido al procurador adjunto para Derechos Humanos, Ronald Gamarra, presentar una denuncia por homicidio calificado contra el defenestrado presidente Alberto Fujimori, su cómplice Vladimiro Montesinos y el entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos. Como se recuerda, Fujimori y Hermoza protagonizaron por aquellos días una pugna por el crédito de la operación "Chavín de Huántar".
El testimonio de Ogura es la pieza fundamental de la investigación que desde el 17 de diciembre pasado sigue Flor de María Alva López, fiscal especial para los delitos de DDHH relacionados con el prófugo ex asesor de inteligencia. Esta investigación se ha nutrido también con los testimonios de familiares y otros informes, alcanzados por el Procurador, sobre el caso de la Relatoría Especial para casos de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de los EEUU. Todos estos documentos citan reiteradamente las palabras de Ogura.
El ex diplomático, quien hoy ejerce una cátedra en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, dice que muchos tenían sus razones para no hablar de hechos tan delicados. En mayo de 1999, Ogura publicó un extenso y reflexivo artículo en el diario "Asahi Shinbum", en el que decía: "Sucede que luego de la liberación, la mayoría volvió a su antiguo puesto de trabajo, lo cual obstaculizó en muchos casos declaraciones independientes", escribió
Yo ocupaba la habitación junto a otros diez japoneses: ocho
diplomáticos y dos empresarios. A las tres de la tarde del 22 de abril, dos de mis
colegas de la embajada estaban haciendo ejercicios, subiendo y bajando las escaleras.
Luego de un rato regresaron y nos contaron que un policía, también rehén, les dijo que
volvieran a la habitación donde dormíamos. Nos causó mucha extrañeza, y cinco o diez
minutos después escuchamos la explosión (3:22 pm). Hubo muchas balas, mucho ruido y unos
cinco japoneses se metieron en los closets y el baño, pero luego salieron corriendo y se
tiraron al suelo porque los disparos iban hacia esos lugares.
¿Quiénes disparaban? Los comandos, no había emerretistas allí. Yo había estado
leyendo acostado en el suelo y vi cuando los comandos militares entraron por la terraza.
Entraron por todos lados, por la escalera portátil que pusieron desde abajo y por la
entrada principal de la habitación que tenía salida al pasillo, y nos dijeron, gritando:
-¡¡Ya están liberados!! ¡¡Cámbiense!! Esperen que les demos un nuevo aviso
Nos hicieron bajar desde la terraza por una escalera portátil. Bajamos uno por uno y yo fui el antepenúltimo. Al tomar la escalera, volteé hacia la entrada principal de la habitación y allí, en el pasillo, estaban dos miembros del MRTA rodeados por comandos. Una era la que yo conocí como Cintia, le vi la cara. A la otra persona no le vi la cara, no puedo decir si era hombre o mujer. Pero Cintia gritaba algo como:
¡¡No me maten!! ¡¡No me maten!!
O tal vez:
¡¡No nos maten!! ¡¡No nos maten!!
Esta semana dos de los ex rehenes, Carlos Blanco y Gilberto Siura, cuestionaron el testimonio de Ogura asegurando que muchos de los cautivos habían perdido la confianza en él, particularmente, pero también en los otros diez funcionarios de la embajada. En principio, habían discrepancias sobre la forma de llegar a una solución: muchos de los peruanos y empresarios de origen nipón ya habían aceptado la idea del operativo militar, mientras que los diplomáticos orientales, en concordancia con la posición oficial y la política pacifista de su gobierno, se negaban a una salida violenta. Ambos dijeron que la tensión fue mucho mayor cuando llegaron a la conclusión de que había sido Ogura quien filtró la información sobre el operativo de rescate a un delegado de la Cruz Roja Internacional con el objetivo de que el mensaje llegara al cabecilla emerretista Néstor Cerpa Cartolini. "Eso es mentira", contestó Ogura al conversar con Domingo al cierre de esta edición. "Yo creo que los congresistas están cavando su propia tumba".
En el referido artículo del "Asahi Shinbum", Ogura relata que la confusión del rescate hizo imposible que pudiera llevar consigo los cuatro cuadernos en los que registró las ocurrencias de esos 126 días de cautiverio. Los apuntes de Ogura no eran un simple diario de rehén. "Como encargado de asuntos políticos de la embajada fui consciente, durante el tiempo que duró la ocupación, de mi deber de reunir toda la información posible acerca de lo que estaba ocurriendo, de mantener la comunicación con los miembros del MRTA con el fin de conocer el objetivo y los medios por y con los cuales nos mantenían cautivos", señala en una parte del informe.
Entrevistado por esta revista, Gilberto Siura llegó a insinuar que el supuesto afán de Ogura por frustrar la incursión militar podía atribuirse a cierta simpatía que desarrolló hacia los terroristas. "Por ejemplo, él ha hablado de que vio a una chica llamada Cintia ¿Cómo supo su nombre? Ninguno de nosotros lo sabía". Desde el otro lado del teléfono Ogura soltó una risa sarcástica: "No sentía simpatía por ellos, sólo tenía deseos de escuchar sus pensamientos".
Casi desde el inicio del cautiverio, Ogura procuró ganarse la confianza de los emerretistas, en especial la de Néstor Cerpa, Rolly Rojas (a) "El Arabe" y Eduardo Cruz Sánchez (a) "Tito". En una oportunidad, para lograr acercarse a Cerpa, rehizo un cuadro sobre la izquierda en el Perú que había elaborado en la década del 70, cuando llegó al país como estudiante e investigador de sociología.
Ogura llegaba a reunirse con los emerretistas unas cinco veces por semana. Logró conocer el apelativo de cada uno de los catorce (además de los dirigentes Cerpa, El Arabe, Tito y Salvador, estaban Sergio, Dante, Wilson, Lucas David, Davis, Huáscar, Leo, Cintia y Melisa). Asimismo, sostuvo frecuentes charlas con los líderes del grupo, quería saber cuál era su visión del mundo, de la historia y la revolución. Según sus propias palabras, Ogura llegó a criticarlos y les dijo que su ideología era obsoleta después del fin de la Guerra Fría.
Habían pasado unos diez minutos desde que el primer comando nos avisó del operativo. Bajamos al primer piso de la residencia por la escalera portátil mientras escuchábamos explosiones y ráfagas de metralleta. Estuvimos en el primer piso unos instantes, y luego nos condujeron por un pequeño túnel hasta el jardín de la casa vecina. Allí encontramos a siete rehenes peruanos, los vocales de la Corte Suprema Moisés Pantoja, Mario Urrelo, Hugo Sivina, Alipio Montes de Oca y Luis Serpa Segura. También estaban el viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama y el coronel de la Fuerza Aérea José Garrido Garrido. Pero junto a ellos, en el jardín estaba Tito, el número 2 del MRTA, atado con las manos atrás, en el suelo, boca abajo. El trató de decir algo, pero el policía que estaba de guardia le pateó la cabeza y Tito se calló la boca. Minutos después, por el mismo túnel que pasamos nosotros apareció un comando militar y se llevó aëTití nuevamente por el túnel hacia la residencia. Luego, Fujimori entró en la residencia por allí también, sólo pasó, no habló con nosotros
¿Los otros diez japoneses vieron lo mismo que usted? óle preguntamos desde Lima.A los dos del MRTA que estaban en el segundo piso, creo que no, fue todo muy rápido. Pero a Tito sí hubo tiempo de verlo.
¿Y los peruanos que estaban en el jardín?Si no se taparon los ojos, tuvieron que verlo.
Mientras esperábamos en el jardín, todavía se escuchaban disparos. No sé si estaban ejecutando a los terroristas. Poco antes de salir de la casa vecina vinieron unos comandos para dar la mano a cada uno de los dieciocho rehenes. Yo no quise darles la mano y el señor (Moisés) Pantoja, que estaba a mi costado, quiso obligarme a hacerlo. Pero yo no les di la mano, fui el único de los dieciocho. ¿Por qué? Porque me imaginé que estaban matando a todos los miembros del MRTA allí adentro, y yo no estaba de acuerdo con esa manera de hacer las cosas. Había posibilidad de llegar a una solución pacífica. Para mí, a pesar del reencuentro con mi esposa y mis hijos, era un momento de tristeza. Ellos contestaron la violencia con más violencia, y eso no soluciona nada.
"El diálogo obstruido", el libro de Ogura sobre su experiencia como rehén del MRTA, fue publicado en mayo del año pasado. Ninguno de los otros diez japoneses que vieron a Tito en el jardín de la casa vecina han afirmado cosas similares.
Ellos son los empresarios Masami Kobayashi y Yoshiaki Kitagawa, y los diplomáticos Hiroruki Kimoto, Haruo Nimura, Hayime Nakao, Hideo Nakamura, Katzumi Tagaki, Fumio Sunami, Sinji Yamamoto e Hiroto Morosumi.
Qué ocurrió con ellos luego del 22 de abril del 97? ¿Hubo alguna directiva para que los funcionarios no hablaran de Tito?No específicamente, pero nos dieron vacaciones de dos meses y regresamos a Japón. Cada miembro de la embajada fue llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores porque ya se había formado ahí dentro una comisión investigadora. Uno por uno fuimos llamados para contestar las preguntas de la comisión. En mi caso, antes de ir, unos superiores me dijeron que no tocara el tema de los emerretistas vivos.
¿Este fue el motivo de su salida del servicio diplomático?En parte. Pero yo quería asumir mi responsabilidad: como encargado de asuntos políticos, no pude captar información sobre la toma de la residencia. Pero además, yo no estaba de acuerdo con la incursión militar para terminar con el incidente. Yo soy pacifista, no estoy de acuerdo con haber usado la violencia, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro.
¿Qué cree que deben hacer las otras 17 personas que, como usted, vieron a Tito con vida?Yo creo que ellos deben decir la verdad, pero no puedo obligarlos.
Deben tener sus razones para no hablar, pero ellos vieron lo mismo que yo y deberían
decir la verdad.
Los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil para la
conformación de una Comisión de la Verdad han erizado los cabellos de quienes
precisamente buscan mantener el manto de oscuridad tendido por la dictadura para impedir
el esclarecimiento de un cúmulo de hechos luctuosos. En la última semana, conspicuas
voceras del fujimorismo han fustigado al gobierno, atribuyéndole, por ejemplo, estar
detrás de la exhumación de los emerretistas que murieron en la residencia del embajador
Aoki.
En medio de esta coyuntura de confrontación electoral, ha resultado clave la difusión de
un pronunciamiento convocando a la sociedad civil a que manifieste su clamor por justicia
y verdad.
El documento suscrito por varios miles de católicos comprometidos en ámbitos académicos, educativos, culturales, religiosos, políticos, manifiesta su rechazo al ocultamiento de las redes del poder autoritario e interpreta este momento como una oportunidad inmejorable para recuperar los valores éticos, luchar con eficacia contra la pobreza y fortalecer las instituciones públicas para que no se vuelva a abusar del poder. Por ello es que justamente demanda la formación de la Comisión de la Verdad y llama a una participación activa y responsable en las próximas elecciones.
Sancionar y reconocerA partir de qué año investigar fue una de las primeras interrogantes. Ernesto Alayza, miembro directivo de Ceapaz y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, opina que las páginas del libro deben abrirse a partir del año 80, cuando el gobierno de Fernando Belaunde inició la guerra contrasubversiva: Sendero Luminoso desafiaba a las Fuerzas Armadas y las desapariciones no se hicieron esperar. "Se tiene que sancionar al que dio la orden y también al que la ejecutó. Cuando se reconozca el daño no sólo debe haber una reparacion material, sino el reconocimiento público de parte del Estado". Este proceso de reconciliación podría seguir el modelo de Chile, Argentina, El Salvador y Sudáfrica. Alayza recuerda que el ejército argentino dio públicas disculpas por sus crímenes y excesos. Eso mismo debería ocurrir aquí.
¿Pero quiénes podrían liderar este esfuerzo por descubrir la verdad
y reconciliar al país? "No todos tienen que ser activistas de Derechos Humanos.
Debería haber un sacerdote, un psicólogo, una dirigenta feminista, un juez, un
antropólogo que conozca la mentalidad andina", propone Alayza, quien sugiere además
la creación de un "libro blanco", en cuyas páginas queden registradas
denuncias con testigos, documentos, y un mínimo de requisitos para comenzar a desempolvar
la verdad.
"En el caso peruano, culmina Alayza, pensamos que sólo para conocer la verdad
demoraremos de dos a tres años. Luego vendría la etapa de justicia". (E. Núñez)
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WASHINGTON.- Amnistía Internacional pidió hoy, lunes, al que gane las próximas elecciones en Perú que se comprometa a poner fin a la tortura en ese país sudamericano.El candidato presidencial por el FIM, Fernando Olivera, afirmó en Ilo
que la exhumación de los cadáveres de los emerretistas que tomaron por asalto la
embajada japonesa es una decisión de la justicia a la que debe dejarse actuar con
autonomía e independencia.
"Ciertamente, si hubo excesos, la justicia sabrá qué hacer. Lo que si afirmo con
claridad es que los responsables de esas muertes, más allá de los que hicieron los
disparos, son los que secuestraron a los rehenes: los terroristas".
Llamó a los peruanos a no confundirse. "Hay una lacra criminal
que nunca debe retornar. El terrorismo debe ser repudiado y no hacerse apología para
darle valor a los cobardes que tomaron como rehenes a inocentes y quisieron someter a un
chantaje a todo el Perú", dijo.
Según Olivera, por lo demás, la justicia deberá actuar ejemplarmente, porque en una
democracia no hay intocables, y la ley se aplica por igual a todos.
Recordó que el FIM firmó el acuerdo para constituir la Comisión de la Verdad, porque
cree que la verdad debe conocerse ante todo. "Hemos sido gobernados por la mentira, y
hoy somos la alternativa de un verdadero cambio para rescatar al Perú para los
peruanos", sentenció.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) Los jóvenes y estudiantes de Perú y del mundo entero que pertenecen a Amnistía Internacional pedirán a los candidatos presidenciales de este país sudamericano que se comprometan, si resultan elegidos, a erradicar la tortura.
Desde ayer y hasta el próximo 25 de marzo de 2001, antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de abril, miles de miembros y activistas de las redes de jóvenes y estudiantes de la organización se movilizarán en las calles para pedir que cese el uso generalizado de la tortura en Perú.
El director del Programa para América de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, declaró: "La tortura es una práctica generalizada en Perú. Sin embargo, este país está atravesando un momento crítico en su historia, por lo que ahora se nos brinda una oportunidad que la población peruana debe aprovechar y que los candidatos a la presidencia deben asumir".
La organización confía en que esta nueva presión sobre Perú garantice que el nuevo presidente, que ocupará su cargo en julio de 2001, tomará medidas concretas para terminar con la tortura en Perú y promover los derechos humanos.
Aunque en los últimos años las denuncias de desaparición y ejecución extrajudicial han disminuido, la tortura y los malos tratos, incluida la muerte bajo custodia, siguen siendo una práctica generalizada en Perú. Las autoridades peruanas han aprobado una ley que tipifica la tortura como delito. Sin embargo, desde la adopción de esta ley en febrero de 1998, sólo dos agentes de policía han sido procesados.
20-03-2001 Ministro de Justicia, García Sayán: firme voluntad de régimenEn respuesta al ultimátum lanzado por los militantes del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru, presos en el penal de Yanamayo, en Puno, el ministro de
Justicia, Diego García Sayán, enfatizó ayer que el gobierno no cederá de ninguna
manera ante el chantaje, la manipulación y la intimidación con amenaza de uso de fuerza.
"El gobierno no actuó ni actuará bajo la presión de quienes han cometido muy
graves delitos, porque sobre esa base no va haber ninguna acción por parte del
gobierno", manifestó en Palacio de Gobierno adonde acudió acompañado de su colega
de Costa Rica, Mónica Naguel.
García Sayán señaló que no está en los planes del gobierno
clausurar el penal de máxima seguridad de Yanamayo, aunque admitió que existe una
situación anómala en su interior debido al mal manejo que le dio el régimen
anterior.Aclaró que el gobierno no tiene nada que negociar porque tiene la función
inaplicable de hacer respetar el principio de autoridad.
Aseveró además que la seguridad del penal está garantizada por efectivos policiales,
por lo que no existe riesgo de fuga. En ese sentido, calificó de inexactas las versiones
periodísticas que señalan lo contrario.
García Sayán informó también de la instalación de una comisión
especial encargada de efectuar recomendaciones técnicas para el inmediato
reacondicionamiento del establecimiento penal de Yanamayo, así como determinar la
responsabilidad de su diseño y construcción.
Una de ellas dijo será establecer si es necesario o no, el traslado temporal de los
internos para ayudar en la rehabilitación del penal, ya que actualmente no existen las
condiciones necesarias para efectuar esa tarea.
"Porque bajo ninguna circunstancia se harán traslados en función a la presión o
una supuesta negociación que no existe", subrayó.
Agregó que dicho grupo de trabajo tendrá 20 días para analizar esta
situación, porque la rehabilitación del penal de máxima seguridad, así como de la Base
Naval del Callao eran uno de los objetivos centrales de su cartera.
Este grupo de trabajo está presidido por el almirante (r) Alfonso Panizo e integrado por
Antonio Blanco, decano del Colegio de Ingenieros del Perú; Ramón Barúa, de la
Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confied); Miguel Gonzales del
Río, ex director de penales, y el general PNP David Haddad.
De otro lado, García Sayán indicó que se estudiará la posibilidad
de otorgar en concesión los centros penitenciarios del país debido al colapso del
sistema carcelario.
Indicó que la propuesta fue alcanzada por su homóloga, Mónica Naguel, quien visitó
nuestro país para asistir a la instalación de la comisión especial encargada de
efectuar recomendaciones técnicas para el reacondicionamiento del penal Yanamayo.
García Sayán anunció que en los próximos días viajará una comisión de la Copri a
Costa Rica a fin de avaluar esta posibilidad, la cual permitiría la construcción de
nuevos penales, así como, el mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento de los
servicios.
RECIBIDO POR E-MAIL
Estimados amigos:
Quien les escribe es miembro de la RED DE SOLIDARIDAD CON EL PERU (RESODEP). Y conjuntamente con ciudadanos peruanos y japoneses estamos luchando por lograr la justicia y la democracia en el Peru.
He visitado su pagina y les felicito por su pagina, veremos propagandizarla.
El proposito de esta carta es maifestarle nuestro interes de establecer lazos con todas las organizaciones de peruanos que tienen iguales objetivos, con la finalidad de intercambiar informacion y buscar exito en nuestros objetivos. Como miembro de RESODEP, participe en el Panel de Discucion en Tokyo el pasado 11 de marzo, adjunto les remito copia de mi discurso. Si ustedes tienen interes en mas informacion se las hare llegar, asi como de las actividades que estamos programando.
Seria interesante establecer contactos con los amigos peruanos en Berlin, Espana, para afinar actividades.
Saludos solidarios
Alvaro Del Castillo
Kanagawa Ken Japon
Hoy nos hemos reunido para hablar del gobierno más corrupto en la historia peruana, en un país lleno de estas heridas y de caudillos abyectos. Las pruebas que responsabilizan e incriminan a Alberto Fujimori son cada día más claras y abundantes.
En 1990 el Perú era, desde hacia más de siglo y medio de vida republicana, un país pobre, atravesado por muchísimas dificultades y diferencias, Se considera que pese al tiempo y a los orígenes culturales milenarios no hemos llegado a formar una Nación en el estricto sentido del termino. La discriminación, la separación de vastos sectores sociales y étnicos de la vida nacional así lo indican. Somos, en líneas generales dos países: "El Perú oficial" de la clase gobernante, los poderosos y los aspirantes a serlo y el "Perú real" donde entran el resto, los menesterosos, los grupos indígenas, los sirvientes los abandonados y olvidados de la historia.
Somos un no país cuyos habitantes por generaciones sólo habían conocido las estrecheces y la miseria, sobreviviendo con la ilusión de alcanzar la felicidad. Y de cuando en cuando el halago de una dádiva tirada desde lo alto del poder. Esa es la verdad, como en el fútbol que nos gusta tanto siempre fuimos perdedores y Cuando en 1990 asume el poder un desconocido profesor universitario llamado Alberto Fujimori debido a la quiebra del sistema político, económico y social; el Perú se encontraba al borde del colapso porque además de estos problemas enfrentábamos una cruel guerra interna rodeada de fatalismo y que ponía en duda la viabilidad del Perú como Nación. ¿Qué nos diferencia del año 2000 cuando se derrumba con toda su podredumbre el régimen instaurado por Alberto Fujimori?, en 1990 éramos un pueblo de hambrientos y olvidados (siempre lo fuimos) pero teníamos algo que en el 2000 ya habíamos perdido, y es que teníamos esperanzas, y ésta se ha evaporado para dejar lugar a otro sentimiento nacional: la desconfianza.
En ese lugar lejano, al otro lado del mundo en un país denominado Perú, los poderosos en sus inicios se llamaban encomenderos (los amos españoles), luego gamonales (los dueños de las haciendas) y ahora se llaman empresarios (dueños de negocios y de negociados). Nunca sintieron apego ni por el lugar ni por la cultura del Perú, preferían mirarse y vivir en Europa primero y en Miami después, su accionar fue depredatorio de los bienes y los intereses nacionales. Esa es parte de nuestra desgracia, las otras fueron la anarquía del caudillismo militar y el dispendio en que siempre naufragó el Perú. Fuimos y somos por eso un país de esperanzas truncadas y de opciones perdidas. Estrictamente nunca tuvimos una democracia plena de igualdades y de respeto a la ley. La promesa nacional se frustraba en medio del desastre y la indiferencia de las clases dominantes. Ellos fueron los primeros en subirse al carro del fujimorismo dictatorial y aplaudir sus negociados anti nacionales.
Al borde del abismo de nuestra incertidumbre sale elegido Alberto Fujimori más como negación y protesta contra al descalabro nacional que como afirmación de algún proyecto partidario. Lo que comúnmente se llama "fujimorismo" es un calificativo sin contenido ideológico, programático y menos una propuesta. Ahora tiene una connotación de mafia y de robo.
El "fujimorismo" nace de la desgracia y se convierte en nuestra desgracia mayor. Se convierte en el gobierno de una camarilla basada en un grupo pequeño de personas que establecen vínculos de lealtad basados en intereses individuales. El manejo que hace Fujimori del Estado es extra institucional, por eso destruye lo poco de organización institucional que existía. Los acuerdos y acciones que realiza toman el rasgo de secreto de Estado con la finalidad de cubrir sus actividades ilícitas. Los funcionarios no representan a instituciones, sino a sus intereses personales. AFF forma alianza con Montesinos y una cúpula militar corrupta. Su accionar político queda ligado a su asesor, de manera tal que cuando Montesinos cae, cae también Fujimori y su gobierno. Si Montesinos no hubiese existido, Fujimori lo habría inventado. En ese sentido todas las acusaciones, espionaje, tráfico de drogas, fraude electoral,etc. Fujimori es cómplice y siempre el beneficiario.
Para lograr sus objetivos son incorporados a la camarilla una cúpula militar que se organiza en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El SIN sirve también como aparato de control, represión y de organización del poder. Para efectos prácticos era el aparato político del régimen. En lo ideológico tuvieron un aliado que fue el "Opus Dei", la organización religiosa ultra conservadora y fascista liderada por el ahora Cardenal Cipriani. En lo económico abrazó los postulados del neoliberalismo que le impusieron los organismos internacionales y que a inicios de la década del 90 se presentaban como "la única solución". Diez años de política neoliberal "chicha" han devastado el país, lo han sometido al individualismo grosero, al desempleo, a la desaparición de la escasa industria nacional, a la perdida de valores éticos y morales. Es falso el mensaje fujimorista sobre las "mejoras de la economía peruana". El 54% de la población es pobre, y la pobreza extrema del 20%, es decir 5 de cada 10 peruanos es pobre, 2 de cada 10 son indigentes, no tienen nada ni su pobreza. El sub empleo es del 85% y el desempleo absoluto del 15%. La deuda externa peruana subió de los 21 mil millones de dólares a más de 30 mil millones de dólares. La pobreza es una realidad general y la riqueza de unos pocos es un insulto a la indecencia y el egoísmo encubierto por el "éxito" neoliberal. El neoliberalismo autoritario truncó las posibilidades de democracia y de derechos ciudadanos, al instaurar una sociedad excluyente, en la cual se privilegia el beneficio de pequeños grupos y se margina a la población mayoritaria.
La camarilla que gobernó el Perú en los diez años y cuatro meses de
gobierno de AFF, para lograr sus nefastos fines, necesitaba:
Un Estado de pobreza, que la población fuera más pobre aún y dependiera de la
"limosna" y el "regalo" de alimentos que el caudillo entregaba a manos
llenas. En lo que se conoce como neo populismo.
Un Estado de la violencia, la camarilla en el poder necesitaba de la guerra y la violencia
como un drogadicto necesita la droga para continuar viviendo. Necesitaba de la violencia
para justificar el autoritarismo y las compras de armas que enriquecían a la camarilla
mafiosa en el poder. Una economía de "guerra" trae como resultado una
"sociedad de guerra".
Un gobierno autoritario controlado por una camarilla con un poder inmenso, auspiciado y
bendecido por una ideología fascista como el Opus Dei, dio como resultado una dictadura
sangrienta que violó los Derechos Humanos, persiguió a los opositores políticos y
asaltó los recursos estatales como un botín, en la más grande corrupción de todos los
tiempos en el Perú.
AFF y su aliado Montesinos para justificar sus "errores" arguyen la disculpa
cínica de que "siempre hubo corrupción" y que se justificaba en el "roba,
pero haz". Sin tratar de justificar este enunciado, encontramos que en las
experiencias anteriores de corrupción estas se daban a título individual o de pequeños
grupos. En la experiencia fujimorista se instituyó una organización completa, que
desarrollo un sistema de corrupción, utilizó todas las instituciones del Estado para sus
actividades ilícitas, (extorsión. Chantaje, narcotráfico, contrabando de armas, coimas,
tramites judiciales etc.) Controlaban además del gobierno central, el Poder Judicial, la
fiscalía, las Fuerzas Armadas, organismos técnicos del Estado y la prensa. Estableció
para violar la ley una doble contabilidad, que le otorgara impunidad. El secreto de estado
fue otro de los ropajes que encubrió los delitos y los negociados para enriquecerse. En
la compra de armas, la re negociación de la deuda externa, las obras públicas etc.
Cálculos todavía primarios establecen que sólo de los ingresos de la privatización
calculada en más de nueve mil millones de dólares, no menos de mil ochocientos millones
fueron utilizados en la compra de armas. La depredación de los recursos del Estado ha
sido total, de esos recursos quedan según datos oficiales por confirmar quinientos
millones de dólares. Según datos tentativos la fortuna de Vladimiro Montesinos el socio
mayor de la camarilla, seria de mil millones de dólares. Los peruanos repentinamente
hemos despertado del oprobio fujimorista y al abrir las ventanas a la verdad, hemos
ingresado a la pesadilla de descubrir la carroña y el basural inmenso en que convirtió
al país el dúo principal de esta camarilla: Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, los
sentimientos encontrados de los peruanos son de indignación y vergüenza, frente al
desastre. Por eso insistimos, la crisis del Perú actual no es sólo económica, como dice
un pensador peruano Julio Cotler, es principalmente, una crisis moral. Y nuestro
compromiso de lucha ahora, nuestro trabajo de ahora es recuperar para el pueblo peruano su
dignidad.
La investigación sobre el pasado reciente de esta triste etapa de la historia peruana,
recién empieza. Actualmente las acusaciones sobre los delitos que responsabilizan
directamente a AFF son:
a.- Responsabilidad de abandono de funciones y fuga del país.- Ha sido ya acusado y es la pena mas leve.
b.- Participación activa en la dación de Decretos secretos de urgencia que encubrieron negociados ilícitos como la compra de armas, re negociación de la deuda rusa, recompra de los bonos de la deuda pública etc.
c.- La responsabilidad en el Golpe de Estado del 5 de Abril de 1992.
d.- Diversos delitos: contra la fe pública, como ocultar su nacionalidad japonesa; usurpación de funciones (allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de Montesinos); encubrimiento (asilo político a Montesinos), compra de aviones MIG-29 y sukhoi obsoletos y a sobre precio.
e.- Violación de los Derechos Humanos.- Casos de espionaje telefónico, tortura, etc. Este caso está todavía en Hemos venido hasta aquí para hablar con ustedes, porque reconocemos en el generoso pueblo japonés, elevados valores éticos y morales, de respeto por las personas y de apego a la justicia. A informarles de la real catadura moral del depuesto ex dictador y de la necesidad de justicia para el pueblo peruano. Porque además de todas las graves acusaciones contra AFF nos cubre de más indignidad y oprobio con la vergonzante fuga a este país, para después optar por la nacionalidad japonesa. Situación que lo muestra en su real dimensión, porque que todo este tiempo engañó al pueblo peruano y bajo el argumento de "persecución política" huye del Perú de afrontar sus responsabilidades y es más con su acostumbrado cinismo sigue opinando y señalando asuntos políticos peruanos. El otrora "samurai" no tiene Katana, y no tiene vergüenza como en el cuento del rey desnudo, al terminar su poderío, el pueblo lo vea como siempre en su desnudez: mediocre, timorato, cobarde.
El pueblo peruano quiere justicia, no quiere impunidad. Frente a la gravedad de la crisis, continuamos con nuestra pobreza y nuestros esfuerzos para salir adelante. Ante el desastre tenemos la necesidad de refundar el país, de recuperar la moral y la ética para nuestro pueblo. De ofrecer a las generaciones venideras, a los jóvenes que han protestado en las calles y que constituyen nuestro único activo social, un país libre de inmoralidad y de corrupción. Para rescatar del hoyo profundo de decepción y de vergüenza en que nos encontramos. Sólo la verdad nos hará libres y renacerá en el pueblo la luz de la esperanza. ¡Qué regrese Fujimori al Perú y que asuma sus responsabilidades como hombre y no huya como un cobarde!, es una razón de justicia, no de venganza, que la justicia se de para el Perú y que quede como ejemplo, para poder mirar el futuro con ilusiones de felicidad. Pedimos y confiamos en el pueblo japonés nos apoyara en nuestra causa por ser de justicia. Para decir ahora y siempre ¡NUNCA MAS!
Publicado como aviso en La República - 20 de marzo del 2001 COMUNICADOLos ex rehenes de la toma de la residencia del Embajador del Japón por parte de 14 miembros del grupo terrorista MRTA que firman el presente comunicado, expresan a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento a los valientes y heroicos comandos de nuestras Fuerzas Armadas que, ofreciéndose como voluntarios, nos rescataron del secuestro de 126 días, arriesgando sus vidas, y poniendo nuestra integridad física por encima de la suya y del bienestar de sus familias.
2. Damos fe de la zozobra de los rehenes muchos de los cuales se encontraban muy enfermos, ante la inhumana decisión de los terroristas del MRTA de transgredir el Acuerdo de Toronto, restringiendo severamente la asistencia médica a sus secuestrados. Este irresponsable y cruel intento de presionar al gobierno, fomentando una mayor desesperación entre los rehenes y sus familiares, fue el verdadero factor que hizo fracasar las negociaciones, haciéndose imperativo el rescate de los cautivos de la violenta atrocidad de los terroristas del MRTA.
3. Desconocemos las razones o la veracidad de las acusaciones vertidas por un ex rehén, las cuales respetamos, más no suscribimos. Sin embargo, consideramos que la opinión pública y las autoridades deben entender que durante la ejecución de la Operación Chavín de Huantar, primaba la confusión, la angustia y el desconcierto al interior de la residencia del Embajador japonés, además de un continuo fuego cruzado, el estallido de granadas emerretistas y el humo generado por las explosiones que hacían casi imposible la visibilidad. Nuestro único objetivo era salir con vida y lo más pronto posible del secuestro inhumano que vivimos por cuatro meses. Lamentablemente, en ese combate murieron dos valientes comandos, un compañero rehén, y fueron heridos otros rehenes, todos por el ataque intencional de los miembros del MRTA. De esta manera, podemos dar fe de un severo combate entre los emerretistas y los comandos de las Fuerzas Armadas durante la operación de rescate.
4. Respetamos los sentimientos de los deudos de los 14 emerretistas. Sin embargo, hacemos un llamado especial a la población y a las autoridades para evitar el rebrote terrorista que tanto daño haría a nuestro país.
5. Reiteramos que la legislación internacional califica de genocidas a los terroristas, y que no toleramos ningún acto terrorista y aceptamos el principio de no ceder jamás ante el chantaje de cualquier grupo subversivo.
6. Como sobrevivientes de un acto terrorista nos sentimos en la responsabilidad de llamar la atención de la opinión pública sobre el derecho que tenemos todos los peruanos a vivir en paz, seguridad y libertad.
7. Por último, señalamos nuestra profunda indignación y malestar por los hechos acontecidos en estas últimas dos semanas y hacemos un llamado a los medios de prensa para que traten la información y los actos ligados a la actual investigación con responsabilidad, prudencia y humanidad. Todos somos responsables de que no se fomente un clima de polarización, intolerancia, angustia y desazón.
Lima, 18 de marzo de 2001
Carlos Blanco Oropeza, Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, Luis Giampietri-Rojas Vicealmirante A.P (r), Arturo López Pardo-Figueroa Gral. Div. E.P. (r), Jorge San Román , Carlos Domínguez Solís , Rodolfo Muñante Sanguinetti, ,uis Chang Ching, Gilberto Siura Céspedes , Eduardo Pando Pacheco , Pedro Aritomi Aritomi , Felipe Ramírez del Río, Shigenori Sato, Samuel Matsuda Nishimura .
21 de marzo del 2001
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-PERULa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera importante dirigirse a la opinión pública para hacer una apreciación sobre diversos temas vinculados a la situación actual de los derechos humanos y los desafíos inmediatos que se presentan.
1.- El gobierno que encabeza el presidente Valentín Paniagua ha dado en estos meses pasos importantes para crear condiciones para una vigencia de los derechos humanos en el Perú. En ese sentido cabe destacar la restitución plena de la libertad de prensa, la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional, la creación de una nueva Comisión Ad Hoc para el tema de inocentes en prisión, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la suscripción del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de una solución negociada para los casos pendientes ante la Comisión y la Corte Interamericana.
2.- A lo anterior hay que sumarle el avance sustantivo hacia el establecimiento de una Comisión de la Verdad, por la comisión preparatoria creada para tal efecto por el Ministerio de Justicia. En ella han participado los ministros de Justicia, Defensa, Interior y de la Mujer; así como el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico y la CNDDHH. El trabajo de la Comisión ha concluido de la manera más exitosa. Sobre la base de una amplísima consulta a escala nacional y tomando todos los acuerdos por unanimidad, se han aprobado todos los detalles necesarios en relación con su mandato, composición, periodo a analizar tiempo de funciones etc. El proyecto de Decreto Supremo que la crea la Comisión de la Verdad se encuentra ya listo y va a ser enviado para la consideración del presidente Valentín Paniagua.
3.-Hay un gran consenso nacional para la formación de una Comisión de la Verdad que de cuenta de las responsabilidades tanto de los grupos subversivos, como de las fuerzas del orden en los últimos veinte años. Así, los cuatro candidatos presidenciales que encabezan todas las encuestas de opinión han suscrito públicamente un compromiso a favor de la Comisión de la Verdad que será también entregado al presidente Paniagua. Damos cuenta también de que en una reciente encuesta nacional encargada por la CNDDHH a Imasen, el acuerdo ciudadano para que la Comisión de la Verdad se instale llega al 82,9%.
4.- Dada la sensibilidad de este gobierno frente al tema de los derechos humanos y el compromiso público de todas las fuerzas políticas del país, la CNDDHH tiene fundadas razones para confiar que el Perú podrá contar en las próximas semanas con una Comisión de la Verdad que nos ayude a no repetir los errores del pasado y a construir la democracia sobre bases sólidas.
5.- Paralelo al tema de la verdad está el tema de la justicia y a ese nivel hay también importantes novedades. Nos referimos a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el marco de su sentencia para el caso Barrios Altos, ha establecido que las leyes de amnistía 26479 y 26492 aprobadas en junio de 1995 por el gobierno de Alberto Fujimori son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y que, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos Se trata de una decisión histórica y de obligado cumplimiento por el Estado peruano por lo que se abren de nuevo las puertas a la justicia para las víctimas de crímenes de derechos humanos cometidos antes de esa fecha.
6.- Es importante ratificar, dado los avances que venimos reseñando para las posibilidades de verdad y justicia en el país, que estos no pueden ni deben entenderse como un intento de desprestigiar o debilitar a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los organismos de derechos humanos tienen la profunda convicción que este proceso, por más doloroso que pueda ser inicialmente, apunta a fortalecerlas institucionalmente y legitimarlas frente a la población. El señalamiento de responsabilidades y su sanción permitirá a los peruanos recuperar la confianza en las instituciones armadas.
7.- El punto anterior cobra sentido e importancia inmediata a raíz de la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación sobre posibles ejecuciones extra-judiciales luego de la recuperación de la embajada del Japón tomada por el MRTA. Es sumamente importante precisar al respecto que la CNDDHH considera que esa investigación judicial no puede interpretarse en ningún caso como una justificación a la toma de rehenes por parte del MRTA, hecho inaceptable que condenamos en su momento de la manera más enérgica. Tampoco pone en tela de juicio el derecho y la obligación que el Estado peruano tuvo de conseguir la liberación de los rehenes, poniendo fin a una situación inaceptable que afectaba gravemente los derechos fundamentales de las personas secuestradas.
8.- Las investigaciones judiciales deben centrarse, en nuestra opinión, exclusivamente en establecer si hubo ejecuciones extra-judiciales de prisioneros rendidos; hechos que de comprobarse constituirían gravísimos, innecesarios e injustificables crímenes, ocurridos posteriormente a la operación militar de recuperación de la embajada y que, comprometen sólo a sus ejecutores directos y a quienes lo ordenaron.
9.- Finalmente sobre las denuncias y acusaciones que se vienen haciendo contra el Ministro de Justicia por la situación carcelaria, la CNDDHH considera que hay una intencionada distorsión de lo que ocurre en las prisiones por parte de algunos medios y sectores políticos vinculados al fujimorismo con el propósito de crear una imagen de desorden que desacredite la democracia. Compartimos la opinión del Ministro de Justicia en el sentido de que no existe razón alguna para que la necesaria humanización de las cárceles y el respeto a la dignidad del ser humano, tengan que venir acompañadas de la perdida del principio de autoridad y/o de relajamiento de la seguridad en las cárceles.
10.- Las semanas que vienen serán decisivas para que el gobierno transitorio consolide los logros alcanzados en la lucha contra la impunidad, en la vigencia de los derechos humanos, en la recuperación del estado de derecho y en la confianza ciudadana en las instituciones. Las diferentes medidas y decisiones a adoptar con estos fines probablemente tendrán algunos detractores entre sectores que se pueden sentir afectados, pero contarán como hasta ahora con al amplio respaldo de la opinión pública y contribuirán a construir un futuro mejor.
Lima, 21 de marzo del 2001
FUENTE : DIARIO LA REPUBLICALas preocupaciones acerca de una
disputa diplomática entre ambos países surgieron cuando el destituido Fujimori voló a
Japón en noviembre en medio de la creciente tormenta política desatada en Lima por los
escándalos de corrupción protagonizados por su ex jefe de inteligencia y asesor,
Vladimiro Montesinos.
Fujimori renunció como presidente poco después, pero el Congreso peruano rechazó la
renuncia, y lo destituyó por ''incapacidad moral''.
Desde entonces, el ex mandatario permanece en la tierra de sus padres como ciudadano
japonés.
Las inquietudes acerca de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones aumentaron
cuando el mes pasado el Congreso peruano aprobó establecer cargos criminales contra
Fujimori por abandono de su cargo y negligencia al viajar a Japón.
Varios legisladores peruanos
públicamente han dicho que Tokio está obligado a enviar de regreso a Fujimori para que
enfrente las posibles acusaciones.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido una petición oficial del gobierno de Lima para su
retorno.
Macchiavello destacó que cualquier petición del lado peruano sería puramente judicial,
y no sería un desafío diplomático para Japón.
``Tan pronto como las autoridades peruanas apropiadas emitan la documentación del caso
con respecto a la situación judicial del ex presidente, tomaré los pasos
correspondientes frente a las autoridades japonesas'', afirmó el embajador.
Macchiavello, quien está casado con
una japonesa y ha ejercido cinco posiciones diplomáticas en Japón desde la década de
los 60, resaltó que los lazos de las dos naciones se han profundizado, tras citar una
historia de 100 años de inmigración japonesa a Perú.
Perú es el hogar de unos 100.000 residentes de descendientes japoneses, en tanto que unos
50.000 peruanos trabajan en Japón.
CARTA DE HIDETAKA OGURA
Sr. Giampietri, Sr. Blanco:Ustedes me están insultando con la falsedad inventada sin el principio de la ética.
(1) Yo nunca infiltré informaciones al MRTA. Están mintiendo diciendo que fui el único que se opuso a la fuga a la rebelión interna. Recuerden bien. El Sr. Tudela representando a los rehenes peruanos y el Sr. Embajador Aoki representando a los rehenes japoneses, trataron de convencer al Sr. Giampietri para que deje el plan de rebelión interna porque naturalmente era muy peligroso con la posibilidad que iba a causar muchas muertes entre los rehenes.
(2) Yo no infiltré nunca al MRTA. Es cierto que un señor japonés del sector privado habló con la señora japonesa enviada por la Cruz Roja del Japón preocupado por un plan imprudente de rebelión interna. Y esa japonesa consultó a sus superiores preocupada. Tal vez lo que están mencionando es este hecho. Pero, lamentablemente están confundidos por falta de capacidad de hacer análisis. Si tienen alguna duda pregunten a la Cruz Roja del Japón. Si yo hubiera querido infiltrar informaciones al MRTA, ¿por qué tendría que usar a la Cruz Roja como canal de comunicación? yo habría podido infiltrarlas directamente. Lo que dicen ustedes no tiene lógica.
(3) Yo no fui el encargado de seguridad de la Embajada, sino el Sr. Akihisa Ogiyama enviado por la Autodefensa del Japón, quien dormía todas las noches en el dormitorio del Embajador junto con ustedes. No puedo creer que ustedes no lo conocían. No hagan confundir las cosas. Fui el encargado de asuntos políticos.
(4) He renunciado al Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir la responsabilidad de ser funcionario de la Embajada ante el pueblo japonés. Ante el gobierno del Japón, el gobierno del Perú estaba obligado de dar suficientes medidas de seguridad para las instalaciones de delegaciones diplomáticas según el Tratado de Viena. Lamentablemente, el gobierno anterior de Sr.Fujimori no cumplió este deber, por eso ocurrió el incidente. No echen la culpa al encargado de seguridad de la Embajada Sr. Ogiyama. El gobierno anterior tenía la responsabilidad.
(5) He renunciado por iniciativa propia en diciembre de 1998, no fui separado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio me pidió quedarme más tiempo, pero insistí en renunciar. No me insulten sin fundamento. Si tienen dudas pregunten al Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón.
(6) Siendo peruanos ustedes no saben cuán rico contenido tiene el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Creo que el marxismo-leninismo ya está muerto, pero el pensamiento de Mariátegui tiene vigencia. Saben ¿por qué?, El pensamiento de Mariátegui tiene vigencia más allá de la época moderna, con las ideas de convivencia o de coexistencia de varios grupos étnicos, y más allá del marxismo tradicional, porque pone énfasis en los mitos y pasiones superando el determinismo económico y el evolucionismo social basado en el racismo. Estudien bien antes de insultarme.
Comparto la opinión del
Monseñor Bambarén, el presidente de la Conferencia Episcopal en sentido que es
importante conocer la verdad para la reconciliación nacional. Hay que
terminar violencias entre hermanos peruanos, violencias entre seres humanos.
Saludos.
Hidetaka Ogura
La investigación forense sobre los
emerretistas muertos en la residencia del embajador Aoki se va centrando en Eduardo Cruz
Sánchez `Tito'.
Pasan los días y crece la controversia en torno a lo ocurrido el 22 de abril de 1997,
durante la operación Chavín de Huántar.
Tras las exhumaciones, los forenses ya investigan la causa de la muerte de los 14
emerretistas fallecidos en la acción y la atención se concentra en lo ocurrido con
Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", el segundo jefe del comando del MRTA. La
solitaria bala que, al parecer, acabó con su vida es el punto alrededor del cual gira
toda esta conflictiva historia.
SON días extenuantes y tensos en los lúgubres ambientes de la Morgue Central de Lima.
Desde el lunes 19, los 10 antropólogos forenses encargados de investigar la presunta
ejecución extrajudicial de algunos miembros del MRTA, durante la operación Chavín de
Huántar, examinan, con ojo de joyero, los restos exhumados la semana pasada en Lima.
Al cierre de esta edición, el martes 20, habían explorado apenas 4 de los 14 cadáveres y, aunque mantienen un prudente hermetismo, ha trascendido que la piedra de toque para determinar si hubo un acto irregular pasa por saber cómo murió Eduardo Cruz Sánchez, el subversivo conocido como "Tito".
La bala que, al parecer, atravesó su cerebro -algo ya determinado por la necropsia hecha en el Hospital de Policía- configura un acto extraño, sobre el cual discurriría parte de la investigación. Si los miembros del EPAF (Equipo Peruano de Antropología Forense) corroboran esto, la acusación judicial podría prosperar.
¿Por qué? Los exámenes están aún en marcha, pero hay indicios de que dicho disparo habría entrado por el mentón, desde un ángulo difícil, y habría destrozado la parte posterior de la masa encefálica de "Tito". Esto podría haber implicado un tiro cercano, algo muy distinto al fuego graneado que recibieron el resto de subversivos.
Es prematuro afirmarlo, pero otras versiones surgidas esta semana abonan las sospechas en torno a la muerte del número dos del MRTA en el momento del secuestro. Una de ellas, esencial, es la ofrecida esta semana por el general PNP Máximo Rivera Díaz, ex rehén y entonces jefe de la DINCOTE.
Rivera ha dado crédito a la versión de Hidetaka Ogura, acerca de la presunta ejecución de rendidos, pero no, como han señalado otros medios, porque también vio a "Tito" tendido en el piso y amarrado. En realidad él salió por otro lado durante el rescate, sólo que ha reconocido que recogió varias versiones coincidentes con la del diplomático japonés.
Una de ellas, explicó a CARETAS, la escuchó el mismo 22 de abril de 1997, varios minutos después de la operación Chavín de Huántar, en un ambiente del Hospital Militar, cuando varios rehenes liberados comentaban con angustia la resaca de lo vivido. "¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos?", escuchó que preguntaban en medio del alboroto
"Parece que sólo el doctor Giusti", habría respondido alguien, para, a continuación agregar que "a `Tito' lo agarraron vivo". El general PNP dice no recordar exactamente quién lo dijo, aunque sí que fue vox populi en ese instante de indescriptible angustia y que luego volvió a escuchar esa versión en diversas reuniones sostenidas con los ex rehenes.
El ex jefe de la DINCOTE también afirma que no todos los emerretistas dispararon a matar a los rehenes. "Cuando empezó el rescate -cuenta-, `Leo' (un emerretista) entró al cuarto y nos dijo: "tírense al suelo, nomás, no levanten la cabeza'". Asimismo, señala haber escuchado la versión de que "Tito" pretendió huir confundido entre los magistrados.
Curiosamente, esta semana CARETAS recogió, de dos fuentes sumamente confiables que prefirieron el anonimato, una versión similar que, de confirmarse, provocaría aún más controversia. Según ella, "Tito", sumido en la desesperación y ya viéndose perdido, le habría pedido a Alipio Montes de Oca y a otro vocal supremo que le ayuden a salir con ellos.
Estos le habrían sugerido que se quite rápidamente el uniforme del MRTA, para que no sea reconocido, e incluso Montes de Oca le habría prestado una camisa. Así, salieron todos a rastras, pero `Tito' fue reconocido en el trayecto. No queda claro si alguien delató al subversivo o si simplemente algún comando se dio cuenta de su presencia.
Lo curioso es que esta versión coincide en cierto modo con la de Ogura, cuando éste señala que `Tito' estaba amarrado, boca abajo y vestido sólo con un short y un polo de manga corta, es decir sin el típico uniforme emerretista. Después, coinciden ambas versiones, fue llevado de vuelta a la residencia por un comando y luego apareció muerto.
Algunos rehenes, de acuerdo a esta versión, entre ellos Ogura, se habrían sorprendido luego al saber que "Tito" también habría muerto. Pero aún más. El ex ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, en una entrevista concedida 48 horas después del rescate a la periodista Ineke Holt del diario holandés De Volkskrant, sostuvo algo difícil de olvidar.
"En el cuarto de los jueces -habría declarado Muñante- había un chico. `Me rindo, me rindo', gritaba. El intentó sacarse desesperadamente el armamento, el chaleco con granadas. Pero tenía tantas que no lo conseguía. Observé bien: él se entregó a los jueces...". ¿Se trataba de "Tito"? El ex ministro luego desmintió lo dicho, pero la duda quedó flotando.
Muñante luego ha firmado el comunicado difundido el martes 20 por algunos ex rehenes -casi todos vinculados al régimen anterior-, en el que éstos, además de discrepar con Ogura, señalan que el humo de las explosiones y el fuego cruzado "hacían imposible la visibilidad". Todo ha quedado nublado entonces, aunque no para la fiscal Flor de María Alva.
Esta semana, citó a su despacho a varios ex rehenes, entre ellos al almirante Luis Giampietri, quien habría reiterado ante ella parte de lo que declaró en la edición anterior de CARETAS. La novedad, sin embargo, es que también habría citado a ex comandos que participaron en el asalto y por lo menos uno de ellos habría contado una historia hasta ahora escondida.
Según fuentes judiciales consultadas por CARETAS, uno de los comandos habría confirmado que cuando rescataban a los rehenes japoneses aparecieron dos emerretistas en ese cuarto, que era de Ogura y estaba contiguo al de los jueces. Estos habrían sido una de las mujeres, aquella a la que llamaban "La Gringa" (Melissa) y el joven conocido como "Dante".
¿Qué ocurrió en realidad? Hay todavía mucho que investigar y, aun cuando los indicios van dibujando dudas alrededor de la muerte de "Tito", no debe olvidarse el hecho de que sí hubo un cruento enfrentamiento entre emerretistas y comandos, por lo menos parcialmente, que devino en la muerte del teniente Jiménez y el comandante Valer.
Reconocer eso, sin embargo, no significa adherirse a la reacción destemplada y maliciosa del ex oficialismo, que está levantando el manido argumento del rebrote terrorista para bloquear cualquier investigación y para espetarle al actual gobierno su supuesto descuido. Con las exhumaciones, en suma, volverán todos los males, según este torvo parecer.
Por si fuera poco, la situación generada en el penal de Yanamayo en los últimos días, justamente por internos del MRTA, y el juicio a Lori Berenson (ver recuadro) han coronado un panorama en donde se agitan fantasmas y se pesca a río revuelto. Los subversivos, por ejemplo, quieren convertir las exhumaciones en pruebas consumadas y revivir un protagonismo extinguido.
Pero el ministro de Justicia Diego García Sayán ha dicho ya que "no hay ningún ultimátum que escuchar", refiriéndose a la inaceptable exigencia, hecha por los subversivos, para que trasladen a algunos de sus presos a Lima. Ese mismo criterio, acaso, debería valer para todas las circunstancias que rodean a la espinosa investigación de lo ocurrido en abril de 1997.
Nadie tiene derecho a exigir silencio, que no se sancione a los responsables si se comprueba que hubo ejecuciones, que se aplace hasta el infinito la investigación. Asimismo, nadie puede amenazar con "tirarse abajo Yanamayo", como habría dicho Lucero Cumpa, menos aún si el MRTA más de una vez secuestró sin tiempo y sin compasión a algunos ciudadanos.
Si se trata de rescatar la verdad en medio de los escombros de un hecho terriblemente sangriento, los plazos perentorios, las amenazas, las extorsiones son un estorbo. Sólo en medio de una sana libertad se podrá ir develando qué pasó aquel 22 de abril de 1997 y si la muerte de "Tito" constituyó o no un ataque artero al deseo último de seguir viviendo.
MIENTRAS EN AMÉRICA LATINA
SE NEGOCIÓ Y SE NEGOCIA CON ORGANIZACIONES GUERRILLERAS
EN PERÚ, FUJIMORI OPTÓ POR LA DESTRUCCIÓN Y LA MUERTE
LEER RESPUESTA DE UN MILITAR A LA CARTA DEL PROFESOR OGURA
EL COMERCIO 24-03-01 RESPUESTA DE GIAMPIETRI La Punta, 23 de Marzo de 2001 Señor Hidetaka Ogura Presente.- Me dirijo a usted en relación con los términos ofensivos hacia mi persona aparecidos en el Diario El Comercio al glosar una carta que dice usted habernos dirigido a mí y al Congresista Carlos Blanco, la cual no hemos recibido. Lamento que utilice usted un medio publico para hacerme conocer esto y por ello me veo obligado a contestarle de la misma manera, dejando constancia que al recibo de la carta tendré el derecho de ampliar mis respuestas de acuerdo con el contexto general de la misma. Respecto a sus declaraciones glosadas en el Diario El Comercio, manifiesto lo siguiente: Los Oficiales de Marina desde muy temprano en la carrera estudiamos las ideologías existentes en el mundo actual como el Liberalismo, el Social Cristianismo, la Social Democracia, el Marxismo, el Marxismo Leninismo, el Marxismo Maoísta y hasta el pensamiento del camarada Gonzalo, no sólo como un medio de cultura general, sino como establecen los estrategas como Sun Tse, Clausewitz e incluso Mao, es necesario conocer cómo piensa el adversario para poder tener alguna posibilidad de vencer sus debilidades. Es en este contexto que en la década de los sesenta, en mi primer curso de Estado Mayor, cuando usted era aun muy joven, leí con interés analítico y de estudio los siete ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, así como otras fuentes de pensadores peruanos, entre los que se encontraba la Obra Maestra del Doctor Víctor Andrés Belaunde "La Realidad Nacional", en la que dedica gran parte de su análisis a lo expresado por el Sr. Mariátegui. De esta forma llegue a mis propias conclusiones de cómo mirar la realidad nacional y estas son evidentemente muy lejanas a la interpretación que usted ha podido dar a la realidad de mi país. En cada Grado de mi Carrera y a través del infausto conflicto subversivo que sufrimos y que desgraciadamente nos tocó enfrentarlos en el Perú, aprendí más de estos temas. Con esto quiero dejarle claro que no soy un "Iletrado Político". Como usted a través de su carta pretende dar a entender, si bien no expresé mis pensamientos cuando estuve en servicio fue por respeto a la Constitución de mi país que obliga a los miembros de la Fuerza Armada a no deliberar, situación que actualmente no existe, pues hacen seis años estoy en el retiro y tengo todos mis derechos habilitados. Manifiesta usted, según glosa El Comercio, que "El Sr. Giampietri, Sr. Blanco me están insultando con la falsedad inventada sin el principio de ética, yo nunca infiltré información al MRTA, están mintiendo diciendo que fui el único que se opuso a la fuga, a la rebelión interna. Recuerden bien" continúa usted diciendo "el sr. Tudela representando a los rehenes peruanos y el Embajador Ahoki, representando a los rehenes japoneses, trataron de convencer al Sr. Giampietri que dejara el plan de rebelión interna"... Le manifiesto lo siguiente: La solución violenta era para mí y los demás rehenes la última alternativa, puesto que hubieron muchas oportunidades de iniciar una revuelta interna, pero cualquier error podría terminar en una masacre incontrolada contra nosotros con alto número de bajas. Había que esperar las condiciones apropiadas si estas se daban. La opción no violenta era la única garantía de salir todos vivos incluidos los terroristas y a usted le consta que tanto dentro como fuera tratamos de negociar esta figura sin éxito. Diariamente en las noches, sin su presencia, un grupo de los que estábamos en la habitación "C" discutíamos con el Embajador AOKI esta situación en inglés y fuimos llegando a la conclusión paulatinamente que las negociaciones estaban en vías de fracasar, por lo que al no existir ninguna evidencia concreta, aun de un rescate externo empezamos a trabajar no un Plan, sino dos planes de escape. Bien dice usted que el Embajador Aoki no estuvo de acuerdo con esto, mas no es correcto que los peruanos estuviéramos en desacuerdo . Teníamos objetivos diferentes: mientras que algunos querían salir vivos a cualquier costo, nosotros los peruanos estabamos decididos a perder la vida a cambio de que los terroristas no lograran su objetivo por las consecuencias futuras que esto podría traer para el Perú de nuestros hijos y otros países en donde se pudiera utilizar el secuestro de seres humanos como medio de presión para conseguir objetivos políticos. La única opción Sabíamos claramente que una vez terminadas las negociaciones y roto el diálogo la única opción que les quedaba era la mutilación y/o la muerte de algunos de los rehenes para seguir poniendo presión en el Gobierno por sus objetivos. A usted le consta porque tenía el "privilegio" de estar muy cerca de ellos, que varias veces la solución pacífica estuvo cerca, y Tito a quien hace usted mención, varias veces, se encargó de retroceder la figura a la solución planteada en el momento de la toma de la embajada exigiendo la liberación de todos los del MRTA presos, lo que originaba desazón y desaliento entre todos nosotros. Sector Privado como el delator de la operación del plan de escape, en todo caso es usted el que tendrá que aclarar ante su propio país este hecho. No es cierto que yo me he referido a usted como el Jefe de seguridad del Embajador Aoki. Usted era el asesor político de la Embajada en el Perú, su larga trayectoria en nuestro país y su ideología lo hacía conocedor de los temas de subversión, no quiera usted endilgar su responsabilidad al mayor del Ejército de Auto Defensa del Japón Akihisha Ogiyama, quien eficientemente cumplió con proteger las 24 horas del día a su Embajador lo que era su misión principal. Señor Ogura, usted era el analista político y dentro de sus análisis tenía que estar el análisis y la inteligencia, así funciona en todas las Embajadas del Mundo, ese cargo y el consejo de realizar o no la recepción al señor Embajador tenía que pasar por usted. No se olvide usted que hay un lucro cesante espiritual y material en todos nosotros y nuestras familias perdimos cuatro meses de nuestras vidas y nuestra familia sufrió y sufre aún de un secuestro moral que no termina. Usted tiene parte de esa responsabilidad, definitivamente, diga lo que diga. Aparte de sus aceptadas ideologías Mariateguistas, usted se ha negado a través de una entrevista radial con el Periodista Guido Lombardi de RPP a admitir que nuestros secuestradores eran terroristas y ha mantenido la tesis que ellos manejaban dentro de la Embajada y que los llevó a cobrar cupos y otras atrocidades bajo el paraguas de la denominación de luchadores sociales que usted les da. El día de ayer en un Juicio Público se ha utilizado este mismo argumento. Recuerde usted que los terroristas han sido declarados como genocidas, esto reitera mi convicción de que usted se sentía más cercano ideológicamente al MRTA que a los peruanos rehenes, lo cual explica que sus opiniones sean prejuiciosas. Tengo una gran cantidad de amigos japoneses en el Perú y muchos en el Japón después de este incidente, su Jefe el Sr. Ruitaru Hashimoto, Primer Ministro de esa época me hizo el honor de dirigirme una carta a los pocos días de salir de la Embajada que le adjunto en español y japonés, de igual forma hemos mantenido relaciones amicales con varios de los ex rehenes y miembros de la Embajada de Japón como muestra la foto que también le adjunto. No hace mucho tiempo el Embajador Aoki nos hizo el honor de visitarnos e invitarnos a una Cena de Camaradería con la asistencia de la gran parte de Ex rehenes y miembros de la Colonia Japonesa, y Miembros de la Embajada, nunca ninguno de ellos los que estuvieron con usted habló ni declaró nada en contra del operativo de rescate ni de los que participaron en él, a quienes al igual que nosotros y nuestras familias y a Dios agradecemos el estar vivos. Su país, al igual que el mío, tiene muchos problemas que solucionar con grupos subversivos como el Ejército Rojo. A mis sesenta años no deseo de usted su apoyo o consejo, apoye usted a sus connacionales en su experiencia de solucionar estos problemas. Por último, por ahora, hasta que reciba su carta, quiero que usted sepa que soy ex alumno Jesuita y discípulo desde niño del Monseñor Bambarén de quién me precio ser su amigo, y con quien comparto el pensamiento que de su carta glosa a El Comercio, "hay que terminar la violencia entre hermanos peruanos, violencia entre seres humanos", eso es lo que todos los peruanos queremos, no contribuya usted a ahondar las heridas de un pueblo ya herido, si usted tiene su verdad demuéstrela. no haga de esto un espectáculo de ideologías.Léalo en: www.presos.com/pe
Los Presos Políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru recluidos en Yanamayo denunciamos ante la opinión pública lo siguiente:
1.Que sé esta preparando condiciones subjetivas para una intervención represiva contra los Presos Políticos del MRTA de este Penal. Se han difundido versiones periodísticas falsas de un supuesto Plan de Fuga, así como supuestas amenazas a congresistas vinculados al pasado régimen. Así como un ultimátum de derrumbar el penal, lo que implica tenencia de explosivos y otros materiales.
2. Estas absurdas acusaciones buscan distraer la atención sobre las actuales investigaciones acerca del asesinato del Comando Edgar Sánchez y justificar ante la opinión pública las medidas represivas que de producirse serían de consecuencias impredecibles.
3. El fujimorismo manipuló interesadamente a la prensa para ocultar las graves violaciones a los Derechos Humanos y desde el inicio de la dictadura hemos vivido en un régimen carcelario inhumano e ilegal, hemos sido reprimidos constantemente por reclamar el respeto a nuestros derechos, existen diversas denuncias en el Juzgado Penal de Puno en las varias oportunidades en que hemos sido sometidos a golpizas y abusos cometidos por las fuerzas policiales encargados de la custodia del penal. Existe incluso una denuncia sobre los hechos ocurridos el 6 y 7 de febrero del 2000, donde una incursión policial ocasionó la muerte del interno Carlos Ponce, esto fue responsabilidad directa de la Policía Nacional del Perú, estas denuncias no han culminado correctamente por el manejo que tenía Vladimiro Montecinos sobre el Poder Judicial y del Ministerio Público.
4. Debemos señalar que en la actualidad existen diversas acciones por parte del personal de seguridad, tendientes por un lado a mantener en estado de permanente alerta y vigilia al personal de seguridad y de otro intimidarnos con estas demostraciones de fuerza. Estas acciones son: simulacros de: ,seguridad", que significan una amenaza constante por él desplazamiento armado de efectivos policiales acompañados de vuelos rasantes de helicópteros alrededor y sobre el penal.
5. Por otro lado existe un permanente hostigamiento a nuestros familiares. Queremos llamar la atención sobre un extraño atropello cometido contra un familiar que estaba de visita, hecho por el que existe ya una denuncia y por el cual demandamos una exhaustiva investigación. Este "accidente" ha ocurrido el pasado domingo 18 de marzo.
6. Por otro lado la campaña antipresos políticos emprendida por los congresistas de la dictadura y la prensa sensacionalista tiene como otro de sus objetivos eliminar todos los espacios y derechos que hemos ido recuperado con nuestras luchas permanentes desde la dictadura fujimorista.
Llamamos a la opinión pública nacional e internacional a estar alerta para evitar un nuevo asesinato de presos políticos o que se regrese a las condiciones de carcelería de la pasada dictadura, recortando los escasos espacios y derechos conquistados con nuestras luchas.
Presos Políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru recluidos en Yanamayo.
21 de marzo de 2001
Presos Políticos de Perú: http://www.presos.com/peru/correo.html
CONTINUAN LAS ACCIONES DE RESODEP EN TOKIO
MARZO DEL 2001
25 de Marzo del 2001
CARTA DE RESPUESTA DEL
PROFESOR HIDETAKA OGURA
AL CONTRALMIRANTE (r) GIAMPIETRI
Por lo menos tres de los 14 emerretistas que murieron durante la toma militar de la residencia del embajador de Japón, en abril de 1997, habrian recibido balazos en la cabeza disparados por armas de bajo calibre como un revolver o una pistola. A esta presunción llegaron los peritos forenses, tras la culminación de las nuevas necropsias que se practicaron a los restos de los subversivos que fueron exhumados hace dos semanas y cuyas diligencias culminaron el viernes último. Durante los examenes de balistica, que estuvieron a cargo de agentes de la División de Criminalistica de la PNP, se encontraron indicios que hacen sospechar que tres de los emerretistas presentaban orificios de bala de bajo calibre en el cráneo, indicaron fuentes del Ministerio Publico. Estas heridas, se supo, no se habrian realizado con fusiles, como seria lo usual por la naturaleza del hecho -una toma militar- sino podrian haberse ejecutado con un revolver 38 o una pistola de calibre 9 milimetros. El orificio de entrada de los proyectiles, indicó nuestro informante, es pequeño y no hizo mucho daño en el hueso del cráneo de las víctimas, como hubiese sido lo normal si se tratara de una bala de fusil.
28/03/2001La representante de la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, señaló que hasta el momento la justicia militar no cumple con entregar el acta de levantamiento de los cuerpos de los emerretistas fallecidos durante la denominada operacion de rescate Chavin de Huantar. Dijo que ese documento les puede indicar cómo y dónde fueron encontrados los restos de cada cadáver, lo que contribuiría a esclarecer si existieron ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los 72 rehenes de un comando del MRTA. La encargada de la defensa de los deudos de los emerretistas senalo que existen indicios que ello haya ocurrido no solo por las declaraciones del diplomático japoneé Hidetaka Ogura, sino que investigaciones preliminares dan cuenta que el cadáver del mando emerretista conocido como "Tito" tenía solo un proyectil. "No obstante correspondera a los peritos determinar fehacientemente la trayectoria de la bala", manifestó la abogada de los familiares de los emerretistas.
La doctora Gloria Cano de otro lado presento ante el despacho de la fiscal Flor de Maria Alva Lopez unos documentos para desvirtuar los argumentos presentados por la defensa del ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) general EP (r) Julio Salazar Monroe en la investigacion seguida en su contra por la matanza de Barrios Altos.
La abogada refirió que el proceso seguido a Salazar Monroe y los miembros del grupo Colina fue sobreseido por la justicia militar despues de haber entrado en vigencia la ley de amnistia dada por el Congreso de la Republica y no antes, como senalo el abogado Cesar Nakasaki, defensa del ex general.
En tanto, el procurador adjunto Ronald Gamarra senalo que el Instituto de Medicina Legal ya ha concluido la necropsia de los restos exhumados pertenecientes a los 14 emerretistas. Sin embargo, dijo que aun se encuentran pendientes otros examenes complementarios como la prueba del ADN. Dijo que este último examen que se encuentran en proceso de verificación servirá para determinar la identidad de los subversivos fallecidos y descartar asimismo cualquier caso de suplantación.
28/03/2001Los examenes que realizan medicos y antropologos
forenses para determinar posibles ejecuciones extrajudiciales de los emerretistas rendidos
durante la operacion Chavin de Huantar entraron a una fase final, revelaron el procurador
para casos de derechos humanos Ronald Gamarra y la representante de Aprodeh, Gloria Cano.
Aunque las necropsias culminaron el viernes ultimo, los resultados de las investigaciones
recien se daran a conocer cuando los peritos culminen con los trabajos de laboratorio.
El informe de los peritajes que desarrollan
odontologos, ingenieros forenses, medicos legistas y peritos en balistica permitira
establecer que armas usaron, el tipo de proyectil y a que distancia dispararon, revelo la
doctora Cano. Agrego que las pruebas de laboratorio seran fundamentales para certificar si
alguno de los 14 emerretistas fue ejecutado en forma extrajudicial.
Se deben esperar los resultados de los estudios anatomo-patologicos en los huesos de las
victimas. De este modo se sabra si los disparos fueron descerrajados en vida, explico uno
de los especialistas.
Gloria Cano informo que los familiares han
presentado un perito de parte. Se trata del medico patologo Robert Brooks, quien es jefe
de la oficina de medicina legal de San Antonio Texas. Dicho especialista estuvo en las
necropsias practicadas a los terroristas muertos, y en los proximos dias presentara su
informe. Explico que los dictamenes seran alcanzados a la fiscal, Flor de Maria Alva
Lopez, para que tenga elementos que le permitan pronunciarse sobre el caso denunciado por
los familiares de los emerretistas.
La representante de Aprodeh señalo, asimismo, que existen videos grabados por los
comandos cuando ingresaron a la residencia japonesa en la operacion Chavin de Huantar.
Dijo que alguien debe tener esos videos, y que en ellos se debe ver si hubo o no
ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, el procurador para casos de derechos humanos, Ronald Gamarra tambien informó que médicos del Instituto de Medicina Legal culminaron con el examen general de los restos de los 14 miembros del MRTA que murieron en el rescate de rehenes de la residencia japonesa en 1997. Gamarra manifestó que faltan algunas pruebas complementarias, como los resultados del ADN, que tardara un tiempo al estar, por el momento, en proceso de verificación. Agrego que, segun los especialistas, sera posible determinar si los emerretistas fueron ejecutados extrajudicialmente o murieron durante el enfrentamiento.
Fuente: RPPLuego de tres sesiones ante un tribunal civil,
Lori Berenson va mostrando su verbo y sus ideas.
Dice que no sabía bien lo que era el MRTA

Lori Berenson
HA pasado de cierta discreción a una mayor
soltura. Algo ha cambiado en Lori Berenson desde que, el martes 20, se presentó por
primera vez ante el Tribunal Superior contra el Terrorismo presidido por Marcos Ibazeta.
Ya ha vivido tres sesiones, de aproximadamente tres horas cada una, ante esta instancia y
si bien su actitud se ha vuelto más espontánea, hay cierta línea de continuidad en sus
palabras. Su sentencia inamovible: los miembros del MRTA son "luchadores
sociales".
La Berenson ya no es esa joven que el 8 de enero
de 1996 fue presentada por la DINCOTE, mientras gritaba algo destempladamente. Ahora luce
arreglada y serena, habla buen español y no parece perder la calma ante las preguntas.
Pero en ningún momento ha condenado las acciones del MRTA y ha insistido en que no sabía
de los propósitos violentos de este grupo, al que conoció más que de pasada. Al punto
que, en noviembre de 1994, cuando recién llegó, alquiló un departamento dentro de una
especie de bunker de la organización.
La Berenson, todo indica, nunca participó en una acción armada del MRTA, pero conoció,
cercana y amigablemente, a algunos de sus dirigentes.
Eso es lo que ella misma ha venido reconociendo durante estas sesiones, en las que los
nombres de Nancy Gilvonio y Pacífico Castrellón (el panameño con quien vino a Lima) han
aparecido rondando su proceso. Alguno de ellos pronto testificarán, para bien o mal de la
norteamericana.
Mientras, sus padres -Mark y Rhoda Berenson- viven su propio proceso, lleno de angustias,
en la convicción de que su hija es inocente. Moviendo, además, Cielo y Tierra
-incluyendo a las Naciones Unidas, la OEA, el Congreso norteamericano- para que su hija
tenga un apoyo que acá ningún preso tiene.
El fiscal César Navas Rondón ha pedido para ella 20 años de prisión, ante los ojos de
la prensa nacional e internacional y el ojo, cauto pero escrutador, de la administración
norteamericana. (RE/PM)
La situación del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori podría entrar en los próximos días a una etapa decisiva. Por un lado, en los próximos días la vocal suprema instructora Ana María Bromley tendría listo el exhorto respectivo que enviará al Japón para que Fujimori se ponga a disposición de la justicia peruana por el juicio que se le sigue por abandono de cargo. De otro lado, esta semana el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua concedió facultades al procurador ad hoc, José Ugaz y a los procuradores adjuntos Luis Vargas, César Azabache y Ronald Gamarra para interponer acciones judiciales contra Fujimori.
De este modo, no sólo podrán intervenir en el juicio que se le sigue por abandono de cargo, sino que podrán interponer nuevas acciones judiciales. De hecho, sin tiempo que perder, Ugaz ha anunciado que su despacho investiga testimonios según los cuales el ex mandatario recibió y entregó dinero ilegal. Además, ha dicho que se ha logrado identificar que Fujimori tenía un entorno independiente y en ocasiones contrario al de Montesinos.
Los procuradores con las nuevas facultades concedidas también podrán intervenir en los futuros procesos judiciales que le esperan al ex mandatario y que suman unos 15 y se encuentran en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. Entre ellos se incluye el de homicidio calificado (con pena entre 25 y 30 años) si se comprueba que hubo ejecución extrajudicial en el caso de los emerretistas y el de allanamiento irregular de la vivienda del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre esto último, el congresista Juan Velit que preside una de las tres subcomisiones que investiga a Fujimori en el Congreso, emitió su informe final recomendando la acusación constitucional de Fujimori. Hay otras investigaciones que ya Ugaz había iniciado y que son más graves, como tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, cuyas penas son de 25 años y cadena perpetua, respectivamente
Prueba Crucial Examen de absorción atómica podría determinar si hubo ejecuciones extrajudiciales a emerretistas.Terminadas las diligencias realizadas en la
Morgue Central de Lima, la atención ahora se centra en los resultados de las pruebas que
se practicarán a los cadáveres de los 14 emerretistas muertos en la residencia del
embajador Morihisa Aoki. Entre ellas se encuentra la de ADN, pero lo que resultará
central será la prueba de la "absorción atómica".
Dicho examen, que realizan los peritos de criminalística de la Policía Nacional, sirve
para comprobar si se utilizó la técnica del "cañón aplicad" (un disparo
hecho de cerca) a partir del cual se podría determinar si hubo ejecución extrajudicial.
Los restos de por lo menos dos emerretistas, entre ellos "Tito", serían
sometidos a esa prueba.
Para ello, se toma, con unos hisopos
esterilizados, una muestra de los lugares donde hay orificios de bala que sugieran un
disparo a corta distancia. Si fue así, en la muestra deben aparecer plomo, antimonio y
bario, que evidencian una explosión de pólvora cercana al cuerpo de la persona.
En la necropsia hecha inicialmente en el hospital de Policía "Tito" aparece con
una sola bala en el cráneo. Entretanto, CARETAS recogió esta semana, de fuentes muy
confiables, un detalle más sobre la presunta huida de "Tito". Uno de los ex
rehenes habría observado que, mientras avanzaba escondido entre los vocales supremos, el
miembro del MRTA llevaba una granada en cada mano. Esto podría mitigar la responsabilidad
de quien disparó sobre él.
No hay que olvidar, sin embargo, que el ex diplomático japonés Hidetaka Ogura
sostiene haberlo visto amarrado y boca abajo, lo cual sería un signo de que, con granadas
y todo, fue reducido.
Pero ninguno de los ex rehenes que han pasado por
la oficina de la fiscal Flor de María Alba López han declarado en ese sentido.
Los cinco vocales supremos, por ejemplo -Moisés Pantoja, Alipio Montes de Oca, Luis
Serpa, Hugo Sivina y Mario Urrelo, lo han negado y lo mismo habría hecho el ex
viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama Matsuda. En cambio, lo que habrían
dicho ante la fiscal los policías que participaron en las necropsias luego de la
operación sí cobra relevancia.
En dichas necropsias habría participado el comandante PNP Carlos Rebatta Espíritu,
quien tiene los mismos apellidos del coronel PNP Freddy Rebatta Espíritu, ex jefe
del grupo "Júpiter", la guardia de Vladimiro Montesinos. CARETAS no pudo
determinar si existe algún parentesco entre ambos, o si se trata de la misma persona.
Lo que resulta claro es que hubo irregularidades en las primeras necropsias y la instancia que sugirió que se hicieran las exhumaciones (que han conducido a nuevos exámenes forenses) fue la Dirección de Tanatología del Instituto de Medicina Legal. A partir de la denuncia promovida por APRODEH, ciertamente. Lo hizo mediante 14 pronunciamientos médicos -uno por cadáver-, en los que afirma que dichas necropsias carecen de sustento científico, por lo que "se sugiere la exhumación", que fue como se reinició este caso. (Ramiro Escobar y Paola Ugaz
EL FALLO Y EL CABALLO DE TROYAEl Presidente de la Corte Suprema, Mario Urrello, dispuso el martes 27 la aplicación de la sentencia de la CIDH que ordena dejar sin efectos jurídicos las leyes de amnistía 26479 y 26492 (Ley Cantuta y Barrios Altos, respectivamente).
Actualmente se encuentran detenidos el ex jefe
del SIN, general EP (r) Julio Salazar Monroe, el ex jefe del SIE, general EP (r) Juan
Rivera Lazo, así como los suboficiales EP Juan Pampa Quilla y Wilson
Carbajal García. Hay además orden de detención de otros nueve miembros del grupo
Colina. Ha trascendido que habría un militar arrepentido cuyo testimonio resultaría
crucial para conocer a los autores intelectuales de los crímenes cometidos y cuyas
responsabilidades podrían alcanzar a Vladimiro Montesinos y al mismo Alberto
Fujimori.
Si bien el fallo de la CIDH tiene carácter de irrevisable por parte del Poder Judicial es
necesario que el Congreso apruebe una ley que deje sin efecto las leyes anteriores.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el único proyecto de ley al respecto plantea la derogatoria de las leyes de amnistía. Ha sido presentado por la congresista Miriam Schenone, y podría resultar un caballo de Troya. Según Miguel Huertas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lo que hace falta no es una ley que derogue las anteriores, ya que de este modo la nueva norma empezaría a regir al día siguiente de promulgada, con lo cual no tendría efecto retroactivo y así el Grupo Colina y otros podrían seguir gozando de impunidad.
Cañones y MantequillaUn testigo que estuvo a punto de participar en la toma de la residencia del embajador de Japón, en diciembre de 1996, identificó a tres de sus compañeros que participaron en esa acción y que luego fueron enterrados como desconocidos. El Comercio viajó hasta la selva de Chanchamayo y allí confirmó las identidades de los emerretistas fallecidos con sus mismos familiares, dos de los cuales desconocían sus muertes.
Hasta el momento, de los 14 miembros del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que ingresaron a la sede diplomática y que
luego fueron muertos por las fuerzas del orden, sólo tres (Néstor Cerpa Cartolini, Rolly
Rojas Fernández "El Árabe" y Eduardo Cruz Sánchez "Tito") habían
sido identificados. De los once restantes no se sabía nada, lo que dificulta la
investigación que están realizando los médicos forenses, luego de la exhumación de los
14 cadáveres.
"Encontrar a los familiares de los emerretistas es vital, pues la información que
brinden permitirá a los peritos saber a qué persona corresponde cada esqueleto y las
causas verdaderas que originaron su muerte", dijo un galeno que participa en la
investigación.
La identificación fue hecha con la ayuda de fotos que se publicaron, sobre todo las
captadas el 31 de diciembre cuando el grupo terrorista permitió el ingreso de periodistas
al interior de la residencia japonesa. "David" y "Melissa"
Uno de los identificados es Alejandro Arias Contreras, un joven de 16 años cuyo apelativo era "David". Arias es uno de los dos emerretistas que días después de la toma de la residencia subió hasta el techo de esa sede para colocar una bandera con las siglas del MRTA. El otro subversivo fue identificado sólo con el apelativo de "Lucas", pero se sabe que vivió en un caserío cercano a Yurinaki.
Arias Contreras vivía en el recóndito caserío de Morlan, ubicado a cuatro horas en camioneta de La Merced, tras lo cual hay que caminar dos horas más por trocha. Su familia recién se enteró de su muerte el domingo 18 de marzo pasado, cuando un funcionario de la Cruz Roja Internacional llegó hasta ese lugar. Su madre, la señora Santosa, rompió en llanto al enterarse de la noticia. Desde 1996, cuando su hijo fue llevado por engaños por "Los Negros", como se les llamaba a los emerretistas, nunca más supo nada de él.
Su hermana Gavina también rompió a llorar el
miércoles de la semana pasada cuando El Comercio llegó hasta ese lugar. Gavina contó
que el domingo, luego de la visita del funcionario extranjero, su madre cogió varias
fotos de su hermano y se vino a Lima, sin decir lo que le había ocurrido a Alejandro.
Otro de los identificados es Erma Luz Cueva "Melissa", una joven de 16 años que
fue secuestrada cuando -junto con su familia-trabajaba arriando ganado en una chacra del
caserío de Mellizos, ubicado entre Villa Rica y Puerto Bermúdez.
Según el testigo, cuando Erma Luz ingresó a la
residencia, en diciembre de 1996, tenía dos meses de embarazo. Lo que significa que
cuando ocurrió su muerte, en abril de 1997, tenía seis meses de embarazada. Era la
pareja de Eduardo Cruz Sánchez "Tito", uno de los lugartenientes del líder
Cerpa Cartolini.
El testigo refirió que la emerrestista tenía un puente dental postizo en el maxilar
superior. Pobladores de la chacra -donde había trabajado- dijeron que los padres de Erma
Luz se habían ido a trabajar a otro lugar, pero creían que su hija estaba viva.

LUZ VILLOSLADA (La Gringa) Y ERMA LUZ CUEVA (Melissa)
Otro emerretista cuya identidad ha quedado
plenamente establecida es Luz Dina Villoslada Rodríguez, una joven de 17 años a quien
sólo se la conocía como "La Gringa". Villoslada vivía en el caserío de
Puerto Victoria, ubicado a media hora de La Merced.
Su madre, doña Eligia Rodríguez, dijo a este Diario que reconoció a su hija días
después de que ocurrió la toma de la residencia. Fue a través de la difusión de un
video filmado por los emerretistas antes del asalto a la sede nipona, el mismo que fue
difundido por los medios de televisión.
"Yo la vi e inmediatamente me fui a Lima, pero nunca me dejaron hablar con ella. Cuando ocurrió el rescate y se informó que todos los emerretistas habían muerto, fui a reclamar su cadáver, pero nunca me lo entregaron. Mostré fotos, documentos, para demostrar que era mi hija, pero no me entregaron su cuerpo", relató Eligia Rodríguez.
Rodríguez señaló que su hija fue secuestrada por "Los Negros" a inicios de 1996 cuando se encontraba lavando su ropa en las orillas del río Perené. Según las grabaciones de audio que los agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote) registraban diariamente a través de los micrófonos que lograron introducir en el interior de la residencia japonesa, Luz Villoslada lloraba todas las noches y le decía a Cerpa Cartolini que quería ir a ver a su madre y a sus hermanos. Un agente antiterrorista, que formó parte del equipo del Comité de Crisis que la policía constituyó para enfrentar la delicada situación, dijo a El Comercio que "La Gringa" le contó a un ex rehén que quería traicionar a Cerpa Cartolini y escapar junto con todos los 72 secuestrados.
El rehén la animó a salir juntos, a lo que la joven le dijo nerviosa que "no puedo hacerlo. Si hiciera algo así toda mi familia sería asesinada por el MRTA". De niña, "La Gringa" se fracturó el dedo medio de una de sus manos.
El testigo también reconoció a otros emerretistas por sus apelativos. Entre ellos figuran "Cheveto" (quien aparece fotografiado subiendo una escalera con un instalaza. Vivía en Alto Sancachari), "Yaguar" (aparece poniendo una de las manos delante de una cámara fotográfica. Llegó del Oriente), "Huáscar" (posa junto con Cerpa. Vivía en Santa Isabel), "Aderlin" (también posa junto con Cerpa. Vivía en el caserío de San Juan) y "Merlín" (es nativo y vivía en el Gran Pajonal).
Otros que están con vida fueron dados por muertosAntes y después de la toma de la residencia
japonesa, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), por intermedio de la policía,
filtró información falsa sobre la identidad de tres emerretistas que presuntamente
habían muerto en esa acción, pero hoy se sabe que están vivas. Este Diario ha
confirmado que las tres personas radican en diferentes caseríos de Chanchamayo.
Se trata de Rosario Vega Navarro, Yovanna Vila Plasencia y Jorge Bravo Rolín, cuyos
nombres fueron dados a conocer por la policía señalándolos como tres de los catorce
miembros del MRTA que tomaron la sede. Sus nombres también aparecen en un documento
oficial obtenido por este Diario.
Rosario Vega vive actualmente en Yurinaki. En 1998, es decir un año después de los
sucesos, fue capturada por la policía antiterrorista de Chanchamayo durante un
enfrentamiento en el caserío de Camunachari. Fue detenida, pero meses después salió en
libertad.
Yovanna Vila Plasencia radica en el caserío Sanchirio Palomar, a dos horas de La Merced. En plena crisis de la residencia, un grupo de agentes del SIN ubicó a la familia de Vila y la trajo hasta Lima para que convenciera a su hija a deponer su acción. La madre de Vila fue llevada hasta cerca de una ventana por donde asomó una de las mujeres emerretistas para observarla, pero no le hizo caso. El hecho fue difundido por el programa "Contrapunto" de Canal 2.
La madre siempre creyó que Yovanna había
muerto, pero en 1998 recibió la visita de su hija. La mujer no lo podía creer. Vila le
pidió a su madre que le cuidara a su segundo hijo que acababa de nacer y luego volvió al
monte. Se presume que continúa en las filas del MRTA.
Un caso similar ocurrió con Jorge Bravo, quien en la Navidad de 1998 llegó a la casa de
su familia. Su madre hasta ahora no sale de su asombro, pues creía que su hijo había
muerto. Bravo fue capturado meses después por la policía acusado de ser terrorista. Un
año más tarde, fue absuelto judicialmente y hoy se gana la vida trabajando en una
chacra.
Fuentes de la policía antiterrorista dijeron a este Diario que las identidades falsas
filtradas por el SIN estaban orientadas a confundir y a echar sombras si es que en el
futuro alguna autoridad se atrevía a investigar los luctuosos sucesos, como ahora ocurre
Un emerretista que participó en la toma de la
residencia japonesa y otro que no llegó a ingresar fueron atendidos y operados en el
hospital militar, reveló uno de los testigos que estuvo presente en los preparativos de
esa acción. Documentos obtenidos por El Comercio también lo confirman.
El testigo narró que un mes antes del asalto a la sede diplomática fue traído herido a
Lima con otros dos emerretistas que también habían sufrido heridas de bala durante un
choque con la policía en la selva de Chachamayo.
El emerretista que ingresó a la residencia era conocido como "Huáscar" y tenía una herida en su pierna derecha. El que no ingresó tenía el apelativo de "Arturo" y había sido herido en el tobillo.
Según el testigo, los tres fueron hospedados por el médico veterinario Óscar Bernal Torres en el local de la Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejército (Amutsep), en Prolongación Leticia 1042.
El inmueble consta de siete pisos. Sólo se permite el ingreso de personal militar o de sus familiares. Un directivo dijo a El Comercio que en esa época la administración estaba a cargo de un socio que ya se retiró.
El testigo señaló que en ese local ingresaron sin ningún problema, pese a que era evidente que sus heridas eran de bala. Legalmente, todo hotel, hospital o clínica que recibe a ese tipo de heridos debe reportar el hecho a la policía.
Allí estuvieron durante dos semanas. "Huáscar" y "Arturo" necesitaban ser operados, pues sus heridas eran de consideración. El testigo dijo que ambos emerretistas fueron llevados hasta el hospital militar, donde fueron operados por el comandante EP Víctor Valladares Esquivel, quien era médico de ese nosocomio castrense. En este caso tampoco se habría reportado el hecho a la policía.
Esta versión también fue refrendada en enero de 1999 por el médico Óscar Bernal Torres cuando fue detenido por la Dincote de Chanchamayo.
Cuando los agentes le preguntaron al médico cómo había realizado las operaciones a los dos emerretistas si él no era médico cirujano, Bernal contestó: "Yo solamente coordiné haciendo las gestiones para las operaciones. Participé sólo en las curaciones después de la operación, por cuyo motivo me gané mi comisión. Las operaciones fueron hechas por un equipo de médicos encabezado por el doctor Víctor Valladares Esquivel quien los condujo a un nosocomio".
Más adelante, Bernal declararía que se trataba del hospital militar. Lo mismo diría César Luna Barrera "Arturo", uno de los dos emerretistas que fue operado por el comandante Valladares, cuando también fue capturado en 1999. Luna no llegó a ingresar a la residencia, pues no se recuperó a tiempo de su operación.
En efecto, este Diario confirmó que el doctor Víctor Valladares Esquivel tiene el grado de comandante y trabaja en el hospital militar. Es cirujano, especialista en traumatología. Ubicado por El Comercio dijo que no podía hacer declaración alguna "mientras no lo autorice mi comando". No quiso comentar la acusación que se le hacía. "Yo no he operado a ningún emerretista", se limitó a decir. Nuestro informante dijo que otros compañeros suyos fueron atendidos en el hospital Loayza por una enferma a la que identificó como Carmen Rodríguez.
FUENTE: DIARIO GESTIÓN - Perú
31-03-01
Un reciente sondeo de Imasen señala que el 82.9% de los peruanos aprueba crear una Comisión de la Verdad para que investigue lo ocurrido durante la lucha antiterrorista.
Asimismo el 74.3% de la población cree que es el momento adecuado para que se establezca una Comisión de la Verdad sobre el tema del terrorismo.
De igual modo el 43.0% piensa que es muy importante para el país que se establezca esta comisión, el 47.3% manifiesta que esta comisión debe dar una explicación general sobre los hechos de violencia y un 40.9% cree que debe dedicarse a establecer responsabilidades individuales.
También el 34.7% estimó que el trabajo de dicha Comisión de la Verdad debe abarcar desde 1980, el 32.2% desde 1985, el 19.6% desde 1990 y 5.4% desde el golpe del 5 abril de 1992
Ficha técnica : Encuestadora: Imasen. S.A.
Registro Electoral: Imasen S.A. Nro. 009-ERR-JNE. - Financiamiento: Coordinadora de
Derechos Humanos. - Tamaño de la muestra: 1818 entrevistas efectivas.
Método de muestreo: Diseño probabilístico polietápico con selección aleatoria en
calles, edificios y viviendas con el método de "ramdon route". - Hogares y
viviendas por el sistema Kish.
Universo: Personas mayores de 18 años.
Cobertura: A nivel nacional abarcando zonas rurales y urbanas.
Supervisión: Abarcó el 40% del trabajo realizado por cada uno de los encuestadores,
utilizando la técnica de la reentrevista.
Fiabilidad de la muestra: 95.5% .P=50, Q=50.
Margen de error: 2.3% arriba o abajo de los resultados.
Fecha del trabajo de campo: Del 17 al 23 de febrero del presente año.
Email: Imasen@ latinmail.com.pe.
El congresista Pedro Morales señaló que hay indicios de la existencia de por lo menos dos o tres cuentas cifradas en Panamá en las que se habría depositado dinero de las privatizaciones para la compra de aviones MIG-29 y Sukhoi-25 y otros pertrechos militares para el Perú. Refirió que existe una ley en esa nación por la cual se podrá identificar a los verdaderos dueños de las empresas intermediarias en la compra de armamento presentando un recurso ante las autoridades de ese país al amparo de dicha norma.
Morales añadió que basados en esta norma el estudio de abogados que hizo la escritura de cada una de estas empresas está obligado a informar sobre el pedido que se le hará oportunamente.
Asimismo señaló que la comisión del Congreso que investiga la compra de armas con dinero de la privatización, la cual preside, certificó en Panamá la existencia de tres cuentas bancarias a nombre de igual número de empresas que sirvieron de intermediarias para estas operaciones.
Recalcó que las cuentas corresponden a las empresas W-21, Treves Intora, y reveló una tercera denominada Beltech Export, pero agregó que no se conocerán los montos que habrían sido derivados a ellas mientras no se les levante el secreto bancario.
Manifestó que el objetivo de su comisión al pedir el levantamiento del secreto bancario de cuentas corrientes certificadas y de algunas personas que habrían actuado como intermediarias en las compras de armas, es cerrar el circuito de la investigación para determinar cuál fue el destino final del dinero destinado para la compra de armamento, teniendo la secuencia que siguieron los montos transferido por el Banco de la Nación a las cuentas bancarias de Panamá.
IdentificaciónTeniendo esa información, agregó, se podría determinar la identificación de quienes participaron finalmente en la operación de compra de los MIG-29, que demandó una inversión de US$ 422 millones.
Morales mostró a la prensa los montos en que había incurrido el Estado en compra de armamento de 1996 hasta 1998, los cuales constaban en una relación de decretos supremos secretos.
Añadió que de los US$ 1,817 ó US$ 1,824 millones, cifra pendiente de confirmación, de los fondos de privatización que se invirtieron en gastos de defensa, unos 900 millones pasaron por cuentas bancarias panameñas y el resto se habría transado en otros países.
"Calculamos que en Panamá debe haber un promedio (de dinero) que se transfirió o que hubieron operaciones por un monto aproximado de 900 millones de dólares. Aunque pueden haber en otros sitios (otras cuentas)", apuntó al referirse a las cuentas relacionadas a la compra de armamento por la red de corrupción de Montesinos.
Asimismo recordó que la compra de los MIG-29 es uno de los puntos que debe investigar la comisión, porque su misión incluye el análisis de la adquisición de patrulleros para la Policía, uniformes y municiones, entre otros materiales.
Asimismo indicó que el panameño Enrique Montenegro manifestó que tenía mucha información que ofrecer para ubicar a Montesinos, aunque finalmente pidió que nuestro país le hiciera un contrato con el presidente Valentín Paniagua antes de entregar estos datos. "Eso, obviamente, no lo vamos a aceptar", afirmó.
Aseguró que el Gobierno panameño tiene plena voluntad para colaborar y señaló que si los trámites avanzan según los plazos previstos, la comisión no tendría necesidad de regresar a Panamá.
La comisión retornó ayer a nuestro país, después de dos días de trabajo en los que sostuvieron reuniones con varias autoridades de Panamá.
Caretas
05-04-01
Pacto de Sangre

MATANZA DE LOS BARRIOS ALTOS
Por Jimmy Torres
Miembros del grupo "Colina" formaron empresa de consultoría luego de la matanza de Barrios Altos.
Tras la detención de los generales Juan Rivero Lazo y Julio Salazar Monroe, así como de los técnicos Nelson Carbajal y Juan Pampa Quilla, la Policía continúa buscando por todo el país a los otros 12 integrantes del grupo "Colina" que están con orden de detención. Esto se debe a una medida preventiva dictada por la fiscal Flor de María Alva, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera un fallo que deja sin efecto las leyes de amnistía. Entretanto, nuevas revelaciones sobre el siniestro comando militar salen a la luz, entre ellas la historia de cómo, pocos días después de la masacre de Barrios Altos, atribuida a este grupo, sus miembros conformaron una empresa encargada de brindar servicios de consultoría en arquitectura, urbanismo e ingeniería. Sobre esa curiosa iniciativa comercial y sobre la presunta responsabilidad del Presidente Fujimori trata la siguiente nota.
DIEZ días después de la matanza de Barrios Altos, el l3 de noviembre de 1991, en los Registros Públicos de Lima se constituía una empresa que parecía montada sobre una cómoda impunidad. Consultores y Constructores de Proyectos América Sociedad Anónima contaba entre sus socios fundadores nada menos que a los oficiales de mayor jerarquía del tenebroso grupo "Colina", sindicados como responsables tanto de esa abominable masacre como del secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
Así, uno de los accionistas era el entonces director de Inteligencia del Ejército (DINTE), general Juan Rivero Lazo, quien hoy se encuentra detenido. Rivero, al momento de la inscripción, no indicó que era militar y más bien se presentó como un industrial que aportaba 25 acciones. Otro fundador fue el entonces comandante EP Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa, quien estaba destacado en la DINTE. También dijo ser industrial e igualmente aportó 25 acciones.
El tristemente célebre mayor (r) Santiago Enrique Martin Rivas, a quien todos los integrantes del grupo "Colina" sindicaban como el jefe operativo, fue el tercer aportante. Martin también se presentó como industrial y se hizo de 25 acciones. El cuarto integrante de esta sociedad fue el mayor EP (r) Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, quien era, al parecer, el jefe administrativo del grupo "Colina". Se presentó como ingeniero y aportó 25 acciones.
La empresa, según su constitución, se ocupa de la consultoría, construcciones y servicios relacionados con obras de ingeniería civil, arquitectura, urbanismo, sanitarios, sistemas de redes viales, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y economía. El capital social es de mil nuevos soles, dividido en 100 acciones nominales, cada una con un valor de 10 nuevos soles.
Como presidente del Directorio quedó el general Rivero Lazo y como directores Rodríguez Zabalboascoa y Martin Rivas. La gerencia general recayó en Pichilingue Guevara.
Pero la sociedad no sólo era en esta empresa. Testimonios recogidos por la fiscal Flor de María Alva y el procurador en temas de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, indican que ya antes se había formado otra empresa, que obviamente no se inscribió en los Registros Públicos, pero que reunía a todos bajo el nombre de "Colina". Estaba integrada por cerca de treinta personas y su misión era combatir el terrorismo realizando trabajos sucios, es decir asesinatos, tal como lo denunció, antes de irse auto-exiliado a Argentina, el general (r) Rodolfo Robles Espinoza.
En el Ejército, se sabía de la existencia de este grupo, alguna vez considerado "elite". Para formarlo se reclutó a los oficiales de inteligencia y personal subalterno que habían tenido "actuaciones destacadas" en provincias, específicamente cuando habían sido enviados a las zonas de emergencia.
Cinco meses antes de la llamada "prueba de sangre", como se habría denominado a la matanza de Barrios Altos, el 20 de junio de 199l , el SINA (Sistema de Inteligencia Nacional) envió el oficio 028 al Presidente Alberto Fujimori. En éste, se solicita al mandatario que él, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, haga llegar su reconocimiento al comandante EP Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, al capitán EP Santiago Martin Rivas y al capitán EP Carlos Pichilingue Guevara, por sus trabajos de gran utilidad para el SINA y por la pacificación del país.
El 25 de junio, el Presidente envía un memorándum al ministro de Defensa, Jorge Torres Aciego, en el cual le recomienda que ese personal debe ser "recompensado adecuadamente como reconocimiento a su dedicación y como un elemento motivador para que continúen trabajando con el mismo ahínco". Todos los oficiales del grupo "Colina" luego fueron ascendidos.
Los dos documentos constituyen pruebas que la fiscal Flor de María Alva viene evaluando. Sin embargo, de acuerdo a numerosas versiones y a las evidencias dejadas por los "vladivideos", Montesinos era el jefe de facto del SIN y manejaba el SINA. Es él quien recomienda la nota de felicitación para los miembros de "Colina". Además, incluye en los reconocimientos a su cuñado, el entonces comandante Luis Cubas Portal (hoy preso), y a su brazo derecho el mayor EP Roberto Huamán Azcurra (también preso) .
Montesinos sabía lo que este grupo hacía y es él quien le habla al ex Presidente Fujimori sobre las labores de este grupo. Se afirma que habría una grabación sobre este tema, celosamente guardada por el "Doc". A su vez, los integrantes del grupo "Colina" tendrían una grabación de los diálogos que sostuvieron con el ex asesor, en la cual hablan sobre los operativos que realizaron. Por todo esto, dichos militares tuvieron una especial protección .
Cuando se produjo el juicio en el fuero militar, tan sólo se juzgó a los que figuraban en la nota anónima del "Comaca" (Grupo de comandantes, mayores y capitanes), en la nota del grupo "León Dormido" y a los denunciados por el general Rodolfo Robles. Todos fueron procesados y condenados por los sucesos de la Cantuta, mas no por el caso Barrios Altos.
Finalmente, a estos acusados se les aseguró la Ley de Amnistía, lo que los habría convencido de no realizar ellos ninguna denuncia. Esa sería la razón por la cual los propios integrantes del grupo "Colina" estarían negociando con las autoridades su entrega. Ocurre, no obstante, que en este tipo de delitos no existe el beneficio; lo único que pueden conseguir es que les disminuyan la condena.
En ese proceso también fueron comprendidos Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza, pero fueron absueltos. Ahora, ellos también serán juzgados por la matanza de los Barrios Altos.
Por si no bastara, esta semana el suboficial de Inteligencia José Bazán Adrianzén repitió lo denunciado en Caretas 1366. De acuerdo a él, el Presidente fujimori y Montesinos sabían de la existencia del grupo "Colina" y sus crímenes.
Fuente: diario
El País
05-04-01
La prensa cree que Montesinos se encuentra en Venezuela

VLADIMIRO MONTESINOS
Por Udmila Vinogradoff - Caracas
Las investigaciones de la prensa venezolana apuntan a que el prófugo peruano Vladimiro Montesinos, ex asesor de seguridad del ex presidente Alberto Fujimori, seguiría viviendo clandestino en Venezuela.
El ministro del
Interior y Justicia, Luis Miquilena, reconoció que 'las informaciones obtenidas indican
que hubo complicidad por parte de la policía venezolana para que Montesinos se nos
escapara' y acusa a la Policía Técnica Judicial de la fuga. Y añadió: 'por la
información que me dieron unos periodistas peruanos y la que hemos obtenido de algunos
agentes de policía nuestros, parece que estuvo aquí'.
Sin embargo, el ministro Miquilena se retractó ayer de sus declaraciones y envió horas
después un comunicado oficial en el que afirmaba que 'la conversación con los
periodistas fue informal' y que la presencia de Montesinos en Venezuela son 'sólo
rumores'.
Pese a las contradictorias versiones oficiales, el periodista que investiga a Montesinos, Manuel Malaver, autor del libro La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela y columnista de tres diarios caraqueños El Mundo, Tal Cual y La Razón, le ha seguido la pista al prófugo de la justicia peruana y atando cabos asegura que Montesinos continúa viviendo en Venezuela, protegido por un grupo de ex golpistas compañeros de armas del presidente Hugo Chávez. 'No puede estar en otro lugar que Venezuela después de que lo expulsaran de las islas Galápagos y Panamá el año pasado a raíz de la caída de Fujimori', afirma Malaver.
06 de abril 01 Conferencia de Prensa de la Parlamentaria Kiyomi TsujimotoI) SOBRE LA NACIONALIDAD JAPONESA DEL SR. FUJIMORI
1.-Quisiéramos ser esclarecidos cuál es el alcance de la comprensión del gobierno sobre aquéllos que tienen la nacionalidad japonesa y otra nacionalidad extranjera, es decir, sobre aquéllos que poseen la llamada doble nacionalidad.
I.1.- De acuerdo a la Ley de Registros (Año 22 de Showa, Ley No. 224)Art. 49 referente al registro de nacimientos, cada gobierno municipal, luego de recepcionar, y tramitar su registro, debe enviarlo a la dependencia del Ministerio de Justicia correspondiente. Por otro lado, en cuanto al curso a dar respecto al trámite de registro, sobre la base de la ley de nacionalidades (Ley No. 147 del año 25 de Showa) Art. 14, inciso 1, referente a la elección de nacionalidad, en caso, a quien correspondiere hacer la elección y se presume no lo hubiere hecho, en el plazo señalado por la misma ley, los jefes de los gobiernos municipales, deben comunicar a las autoridades del Ministerio de Justicia correspondiente, señalando el nombre de la persona, y el registro del domicilio legal. Basándose en dicho trámite, el gobierno puede saber quién tiene una u otra nacionalidad además de la japonesa.
2.- Quisiéramos ser esclarecidos cuándo es que el gobierno confirmó la posesión de la nacionalidad japonesa del Sr. Fujimori. Por otro lado, si bien es cierto que el Sr. Fujimori expresó su reconocimiento de posesión de la nacionalidad japonesa el 21 de noviembre del 2000, cuándo y cómo se realizaron los trámites de confirmación y esclarézcasenos esa relación con la realidad.
I.2- El Sr. Alberto Fujimori (en adelante sólo Sr. Fujimori), desde mediados de noviembre a principios de diciembre del año pasado, como resultado de haber iniciado el trabajo de confirmación a la luz de la ley de nacionalidades, de si dicho señor obtuvo la nacionalidad japonesa al nacer, y además en caso de haberla obtenido, si no la perdió; el día 11 de noviembre del año pasado se pudo constatar que el Sr. Fujimori conservaba la nacionalidad japonesa.
3.- Tenemos entendido que el Sr. Fujimori llegó al Japón el 17 de noviembre del 2000 y luego, el 12 de diciembre del mismo año le fue confirmada su nacionalidad japonesa. En ese lapso, el Congreso peruano declaró su destitución del cargo de presidente, el día 21 de noviembre (fecha local del Perú), el 22 del mismo, su sucesor asumió el mando. En el lapso que va desde su arribo al Japón hasta la confirmación de su nacionalidad, acláresenos cuál fue el estatus de estadía con que permaneció el Sr. Fujimori en Japón.
I.3- El Sr. Fujimori, en el lapso desde su arribo al Japón, hasta el momento de confirmarse su nacionalidad japonesa, permaneció con el status de estadía "Diplomática".
4.- El Sr. Fujimori asumió la presidencia de la República del Perú en Julio de 1990. Ha sido de reconocimiento público que el Sr. Fujimori es de ascendencia japonesa, el gobierno japonés ¿confirmó en ese momento la nacionalidad del Sr. Fujimori o no?. En caso se haya omitido la confirmación, ¿no sería una negligencia en las funciones?. Y en caso que el gobierno japonés hubiera confirmado la posesión de nacionalidad japonesa del Sr. Fujimori, es de pensarse naturalmente que debió declarar la renuncia a la nacionalidad japonesa bajo el artículo 16, inciso 2 de la Ley de Nacionalidades. Que se nos esclarezca al respecto, si se hizo esta declaración o no, de no haberse hecho, explíquesenos el motivo y a la vez séanos esclarecido en qué casos es que se da esta declaración basada en el artículado de la Ley.
I.4- Cuando el Sr. Fujimori asumió la presidencia, no se hizo la confirmación de si tiene o no la nacionalidad japonesa. Por otro lado, no existía en ese momento necesidad alguna de confirmar su nacionalidad.
5.- Los diplomáticos y funcionarios de los países extranjeros permanecen en nuestro país con un estatus específico "Diplomático" u "Oficial", para cuando alguno de éstos hacen posesión del cargo o en caso que luego de dejar su cargo decidiera continuar su residencia en Japón, tenemos entendido que, su estatus le es otorgado o modificado, luego que la embajada correspondiente en Tokyo haya informado y solicitado el cambio de estatus, para que el gobierno proceda a realizar el trámite de cambio de estatus de residencia, naturalmente, para el Sr. Fujimori debe haber existido ese tiempo de trámite de cambio de estatus, esclarézcasenos, si el gobierno recibió de la embajada peruana en Tokyo la comunicación oficial de su alejamiento de la función de presidente, su destitución y solicitud de cambio de estatus. En caso se haya recibido el comunicado oficial y la solicitud, cuándo fue y cuál fue su contenido. En caso no los haya recibido, de qué medios obtuvieron la confirmación de que el Sr. Fujimori dejó su cargo, y si se hizo el cambio de status sin recepción de solicitud alguna, esclarézcasenos las razones.
I.5- El 19 de noviembre del año pasado, recibimos de la embajada peruana en nuestro país, el informe de que el Sr. Fujimori dejaría el cargo de Presidente, dentro de las 48 horas siguientes , no recibimos la comunicación de su cese ni solicitud de cambio de status. Que el Sr. Fujimori fue destituido del cargo presidencial el 22 del mismo mes, lo confirmamos por informes de nuestra embajada en Perú. El Sr. Fujimori, permaneció en nuestro país, con el status de "Diplomático" incluso luego de su destitución por el congreso peruano el 22 de diciembre del año pasado, sin embargo, el Sr. Fujimori manifestó la posibilidad de permanecer en nuestro país por algún tiempo, se procedió al trabajo de confirmación de su nacionalidad como un paso para ordenar el problema legal de su estadía, y como resultado de ello, es que se confirmó su posesión de la nacionalidad japonesa.
II) SOBRE LA COOPERACION CON EL GOBIERNO PERUANO EN RELACION AL CASO DEL SR. FUJIMORI.
1.- ¿Ha habido alguna solicitud de colaboración en la investigación a nivel de administración pública por parte del Gobierno. Peruano al japonés?. En caso, que el Gbno. Peruano sólo haya presentado consultas aclaratorias, esclarézcasenos detalladamente cuáles son las respuestas que el Gno. Japonés ha dado.
II.1- Sobre el caso policial ocurrido en el Perú que consigna al Sr. Fujimori como sospechoso, del estado peruano, no hemos recibido ninguna solicitud de colaboración para la investigación consignada en la Ley de Cooperación en la Investigación Internacional (Ley No. 69 del año 55 de Showa). Aunque con fecha 13 de diciembre del año pasado, hemos recibido solicitud de cooperación por parte de la INTERPOL para el caso del ex - asesor del SIN Sr. Montesinos; y en el presente año, el 2 de febrero, hemos recibido por parte del Estado peruano, la solicitud de colaboración y, estamos estudiando la posibilidad, confrontando el contenido de las acusaciones formuladas y los trámites seguidos en dicho país, a la luz de la Ley de Cooperación en la Investigación Internacional y sus requerimientos. Respecto a los detalles del contenido de la solicitud, nos reservamos la respuesta por tratarse de hechos referentes a la investigación de un caso policial de las autoridades de un país extranjero.
2.-¿Sabe el gobierno si ha existido algún pedido de colaboración en el ámbito judicial por parte de las autoridades judiciales peruanas a su homólogo japonés?. En caso de tener conocimiento acerca de tal solicitud de colaboración, queremos ser aclarados en los detalles del mismo que están a su alcance.
II.2- De las autoridades judiciales del Perú, no hemos recibido ningún tipo de solicitud de colaboración a nivel judicial respecto a la acusación formulada al Sr. Fujimori. Aunque, el presente año el 15 de febrero, hemos recibido de dichas autoridades, la solicitud de colaboración en el sentido de pedir al Sr. Fujimori para su declaración como testigo por el caso de Charles Aceror Cocran referente al delito contra la seguridad del Estado.
3.- En el Perú, se ha publicado la noticia de que el Gbno. Japonés ha presentado a través de la embajada peruana de Tokyo con fecha 22 de diciembre, una protesta a la Comisión Investigadora del Congreso peruano que investiga el caso de Montesinos, ex-asesor del Presidente, al plantear la indagación a Fujimori. ¿Es cierto que se presentó la protesta? Y ¿cuál es el contenido de dicha protesta?. Quisiéramos ser aclarados en estos puntos. Por otro lado, existen publicaciones que informan que, ante la solicitud de colaboración por parte de la Comision Investigadora del Congreso, el Gbno. Japonés, ha contestado que no puede responder a solicitud alguna que no provenga de las autoridades judiciales pertinentes. Aclárasenos si esto es verdad. En caso que lo fuera, que se nos explique los fundamentos legales de dicha postura. Además, algunos medios de comunicación peruana han publicado que el Gno. Japonés, ha pedido que los documentos de solicitud de cooperación en la investigación presentados por el Perú sean hechos en idioma japonés. ¿Es esto cierto?. En caso de serlo, que se nos aclare los fundamentos legales en que se basa para tomar esta actitud.
II.3- En lo referente al interrogatorio al Sr. Fujimori por parte de la Comisión del Congreso peruano, no existe ninguna formulación de protesta hecha a través de la embajada peruana en Japón. La colaboración solicitada por la Comisión del Parlamento peruano vía la embajada peruana a nuestro Estado consiste en un pedido de remitir una carta de llamamiento o citatoria al Sr. Fujimori. Dicha carta citatoria, de a cuerdo a las leyes peruanas, una vez comunicada al testigo, éste tiene la obligación de comparecencia; sin embargo, en nuestro país no existe un marco legal para atender la solicitud de envío de este tipo de escritos, de modo que vía la embajada peruana dimos la respuesta en el sentido de que "no podemos remitir dicha carta citatoria"
La colaboración en la investigación es ejecutada por las instituciones pertinentes del país solicitado, y para su realización, frecuentemente pasa por la inspección de las autoridades jurídicas del país solicitado, de modo que, es de uso común internacional que el país solicitante envíe la solicitud en la lengua que señale el país solicitado. Existe un reglamento en el sentido de que el país solicitante adjunte un documento traducido, que se aprobó en la 45va. Asamblea General de NN.UU. un convenio modelo respecto de las colaboraciones internacionales de casos policiales. Basándonos en estas usanzas, nuestro país, adjunta traducciones al momento de enviar solicitudes a otros países, y pedimos al estado peruano que se nos haga llegar la solicitud adjuntando la traducción pertinente y el Perú aceptó hacerlo sin ninguna objeción. Por otro lado existen precedentes que para cuando nuestro Estado hizo alguna solicitud al Perú, siempre lo hicimos traducido al español .
4.- Tenemos entendido que el Sr. Fujimori cuenta con protección policial hasta el momento, acláresenos los fundamentos de ley que sustentan esta protección.
II.4- Por teoría general, la protección policial tiene sustento legal en La ley policial (Ley No. 162 del año 29 de Showa) Artículo 2 inciso 1.
5.- En caso que quede demostrada la responsabilidad del Sr. Fujimori en la violación de los DD.HH. y el Gbno. Peruano solicite la entrega de Fujimori, ¿cuál sería la actitud del Gbno. Japonés?. Quisiéramos que se nos exponga cuál es el punto de vista del gobierno.
II.5- Nos resulta difícil contestar a la pregunta ya que el punto tiene un presupuesto hipotético. Pero si nos atenemos al común entendimiento, la solicitud de extradición de un prófugo del extranjero, se discierne su procedimiento sobre la base de la Ley de Extradición (Ley No. 68 del año 28 de Showa), la misma que dice que debe realizarse siempre y cuando los actos cometidos no correspondan a penalidades de condena a muerte, condena sin tiempo límite, o, condena por más de 3 años de acuerdo con las leyes japonesas (la misma ley Art. 2, inciso 4); Si el prófugo es de nacionalidad japonesa, (la misma ley Art.9) no debe entregarlo.
6.- Existen teorías convincentes en las Leyes Internacionales que sañalan que, en caso de doble nacionalidad como el del Sr. Fujimori, debe considerarse una nacionalidad prevalescente. Por otro lado, pensamos que, la nacionalidad real y prevalescente del Sr. Fujimori, quien incluso ocupó la presidencia del Perú, es peruana y en consecuencia su nacionalidad japonesa es sólo formal, de modod que ello no constituye un obstáculo para su entrega. Ya que la ley de extradición de nuestro país, no contempla una consideración a la situación de la doble nacionalidad, no se debe hacer la interpretación formal estrecha de las normas que se encuentran enmarcadas sólo para casos de entrega de algún cudadano japonés donde existen tratados de extradición
II.6- En teoría general, es potestad de cada país discernir la extradición de cualquier individuo que se encuentre dentro de sus linderos. La ley de extradición rige que en caso que el prófugo sea un nacional japonés, no debe entregarlo al país extranjero, de modo que tratándose de un ciudadano japonés, sea que éste posea o no una u otra nacionalidad extranjera paralelamente, no puede ser extraditado.
7.- El Japón ha firmado el "Tratado de prohibición de la tortura", cuyo artículo 7 y 8 dice: "En caso que un sospechoso de algún acto de tortura, es descubierto dentro de los linderos de su jurisdicción, y éste no es entregado, el país firmante donde ha sido encontrado, tiene la obligación de formularle la acusación prtinente dentro de su país". El Sr. Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional, manifestó su interés en observar cómo va a cumplir el Japón con esta obligación en relación al presente caso; si quedara suficientemente demostrada la participación del Sr. Fujimori en los casos de tortura, el gobierno japonés estaría oblihgado a entregarlo o a formularle la acusación pertinente, que se nos alcance la confirmación.
II.7- Los hechos de tortura a los que se hace mención, no es claro de qué se trata. Además, por tratarse de una pregunta con presunción de hechos hipotéticos, nos resulta difícil responder.
III) SOBRE LA IMAGEN DE LA POSICION DE NUESTRO PAIS A NIVEL INTERNACIONAL Y A NIVEL DE LAS RELACIONES BILATERALES CON EL PERU
La imprtancia del llamdo "soft power" crece cada día más en el mundo actual frente a la vigencia del poder militar. De más está señalar que para nuestro país que tiene como política diplomática no depender de las fuerzas armadas, es buena oportunidad de trabajar por el incremento de este "soft power", que se constituye en cualidad y objeto de respeto por parte de otros países.
1.- Sobre el Gbno. De Fujimori se vienen oyendo voces de protesta en el sentido de que durante su gobierno "violó repetidas veces los Derechos Humanos, desarticuló uno tras otro los organismos del sistema democrático, y utilizó las instituciones de los servicios de información de la policía y el ejército cual instrumentos partidarios para perseguir a la oposición". Acláresenos, si el Gbno. Japonés tiene conocimientos de estos hechos.
2.- En caso de tener conocimientos sobre los hechos señalados en la pregunta No. 1, cómo es que ha venido dando diversos tipos de apoyo a un gobierno como el señalado, queremos ser esclarecidos sobre las razones de dicho apoyo.
3.- En caso de no haber tenido conocimientos de los hechos señalados, pensamos que es cuestionable la capacidad del Ministerio de RR. EE. Sobre la colección de las informaciones en torno a la tendencia de la opinión internacional; o es que pese a tener información suficiente, es la conducta del gobierno manterner el apoyo, dejando que la sociedad internacional tenga una imagen sobre el Japón como "un país que habla de los DD.HH. y la democracia sólo de boca para fuera", es más, ha dado al mundo la imagen de haberle reconocido la nacionalidad japonesa a Fujimori, "para protegerlo". Esta imagen impartida en el mundo, significa un detrimento en la imagen del Japón, y que definitivamente es negativa para los intereses de nuestro país; sobre este hecho, queremos conocer el punto de vista del gobierno.
III.1~3- En el Perú de antes del gobierno fujimorista, se había venido perdiendo muchas vidas por los actos terroristas; sin embargo, el Sr. Fujimori, luego de asumir la presidencia, reformó la seguridad social con su política anti-terrorista, con la movilización del ejército, policía y el servicio de información. Por otro lado, en lo referente a la Sociedad Internacional, es de nuestro conocimiento que, existen opiniones que señalan aprensión frente a la situación de los DD.HH. del Perú.
Como Estado japonés, el Perú es el primer país del centro y Sudamérica con el que ha establecido relaciones diplomáticas en el año 6 de Meiji, y desde entonces ha venido construyendo una relación de cooperación amistosa y además desde el año 32 de Meiji en que se inicia la primera inmigración al Perú, hasta la actualidad, residen en dicho país un aproximado de más de 80,000 nikkeis, en consideración a estos hechos de contexto, la ayuda para el desarrollo económico se venía realizando incluso desde antes del gobierno fujimorista, y en aras de aliviar los problemas sociales como el de la pobreza, venimos aportando ayuda a dicho país.
Sobre la nacionalidad del Sr. Fujimori, sólo nos hemos atenido a nuestras leyes, y no nos parece que por este hecho nuestro país sufra algún detrimento en su imagen. Por otro lado, como Estado tenemos pensado sin cambios en nuestra política, continuar dando apoyo al Perú para su desarrollo económico y social.
4.- En caso que las investigaciones avancen y que los hechos de violación se demuestren oficialmente, explíquesenos, de qué manera piensa el gobierno japonés recuperar su imagen ante el mundo.
III.4- Nos es difícil contestarle dado que es una pregunta con presunción de una realidad hipotética.
5.- El 28 de Febrero pasado, la Sra. Nelly Calderón, Fiscal General del Perú, ha acusado al Sr. Fujimori por abandono del cargo de presidente ante la Corte Suprema y además tiene conocimentos del avance de las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito del Sr. Fujimori. Hágasenos saber si el gobieno tiene previsto el modo de convencer al Sr. Fujimori de que parta para el Perú por iniciativa propia en aras de las relaciones de amistad Perú-Japón y ante la presión de la crítica internacional antes señalada.
III.5- Como estado, nos resulta difícil inducir a una persona individual, nacional japonés, a salir del país.
SOBRE EL EX-EMBAJADOR EN TOKYO, SR. VICTOR ARITOMI1.- Hemos escuchado que el Sr. Víctor Aritomi permanece en el Japón a pesar de haber dejado el cargo de Embajador. Del mismo que, suponemos no tiene la nacionalidad japonesa, acláresenos cuál es actualmente el estatus de estadía del Sr. Aritomi.
IV.1- El Sr. Víctor Aritomi, permanece en nuestro país como una persona individual luego de finalizar en su cargo de embajador peruano en nuestro país. Sobre el status de estadía del mismo señor, nos abstenemos de contestar por tratarse de un hecho que concierne a la privacidad individual.
2.- Sobre el mismo señor, ¿ha recibido el gobierno algún documento de comunicación sobre su cese en el cargo de embajador, y ha recibido alguna solicitud de cambio de estatus legal de estadía?. De haber recibido, acláresenos cuándo y el contenido de dichos documentos.
IV.2.-Con fecha 19 de diciembre del año pasado, por un comunicado emitido por la embajada peruana en nuestro país, nos fue informado de la conclusión del Sr. Aritomi en sus funciones de embajador; y el mismo mes con fecha 20 la misma embajada nos elevó un escrito pidiendo el cambio de status del mismo señor.
Son las preguntas que formulamos.
Acta de la Conferencia de Prensa de la Parlamentaria, Tsujimoto Kiyomi Fecha: 6 de Abril del 2001Lugar: Sala No.1 de entrevistas de las oficinas
prlamentarias No.2
Tujimoto Kiyomi: Parlamentaria de la Cámara Baja
Nohira Shinsaku: Peace Boat
Ohgushi Kazuo: RESODEP
Asistentes de medias: Takahashi Junko: efe agencia espanola, efetokio@cello.ocn.ne.jp, Hirayama Hiroshi: AFP, Hiroshi.Hiyama@afp.com, Kan Hikaru (Asahi), Maeda Hirotomo (Mainichi-pag. política), Satoh Chiyako (Mainichi-pag. exteriores) chi@mbd.sphere.ne.jp, Katsura Tomoko (Nihon terebi gaihobu) chura@ntv.co.jp, Ishiguro (Yomiurishinbun) ishiguro@tkg.att.ne.jp, Mario Castro: (IPC) redaccion@ipcjapan.com, Yoshida kennichi (Jijitsushin-seccion sociedad), Honnmu Motomu (Kyodotsushin-exteriores)motos@kyodonews.or.jp
Otros participantes: Ueno (RESODEP), Iijima (RESODEP), Tanahara (RESODEP), Han (Peace Boat), Teranaka (Amnesty)
Tujimoto: Tenia interés sobre el ex-presidente Fujimori desde antes. Sobre de donde es que salen los gastos para su seguridad policial por ejemplo, y mis antiguos colegas del movimiento de Peace Boat, fueron al Perú nos trajeron noticias sobre su realidad.? Nohira: Cuando fuimos al Perú, nos dieron el encargo que "nuestro ex-presidente, ahora dice que es japonés y se ha quedado allá, por favor devuélvanlo". Nos pareció un pedido justo. Pienso que lo que hoy se cuestiona es la moral del Japón. En el Perú, están investigando en estos momentos sobre el enriquecimiento ilícito, la violación de derechos humanos, y es imperdonable que aquí lo estén protegiendo. Tujimoto: Sobre las dudas que se tenían de su nacionalidad, dicen que el gobierno japonés no confirmo sobre ello para cuando fue electo presidente.Recién cuando fue destituido y expreso que quería permanecer por un tiempo largo en Japón, se realizo la confirmación de su nacionalidad.
Nos respondieron además que a nivel de administración gubernamental, no han recibido ningún pedido de colaboración referente a Fujimori, que lo que han recibido es sobre la investigación a Montesinos a nivel de justicia internacional, para lo que el gobierno esta estudiando este pedido.
Reconocen haber recibido que el gobierno japonés haga la remisión de la carta citatoria a Fujimori como testigo, pero que debido a que las leyes nacionales no obligan a ello, el gobierno japonés contesto que no podían remitírselo. Sobre el resguardo policial dice que se le otorga tal protección en base a la ley policial Art. 2. inciso 1. En la ley de extradición, ya que esta escrito que no se debe extraditar a un nacional japonés, no lo entregaran al margen de que tenga otra nacionalidad.
Por otro lado, contestaron que están enterados de la criticas a la violación de DD.HH. durante el gobierno de Fujimori, por parte de la comunidad internacional pero, a la vez nuestro gobierno evalúa positivamente el gobierno fujimorista, y trata de justificar el apoyo financiero que se otorgo. Nos parece que el apoyo fue mayor que en otros gobiernos.
Sobre inducir a Fujimori a que retorne al Perú, nos contestan que es difícil que el gobierno induzca a una persona individual. Resulta que a ratos le otorgan un trato oficial y para cuando la situación lo amerita, le otorgan el trato de persona individual.
Sobre la estadía de Aritomi en Japón, nos evaden responder diciendo que es la privacidad de un individuo. Yo no puedo aceptar este tipo de respuestas ambiguas. Me parece totalmente injusto que se consolide la fuga de un presidente de un país, con argucias de nacionalidad de otro país; lo mismo en cuanto a no hacer publico con respecto a la estadía de Aritomi.
Pienso que el encubrimiento de Fujimori por parte del gobierno japonés, es un hecho que "merma los intereses del Japón"
Ohgushi: Bajo el gobierno de Fujimori, la situación de los DD.HH. del Perú, fue uno de los peores del mundo. En el 95 Fujimori creo la "Ley de amnistía" y consolida su alianza con el ejercito, y gobierna con chantaje y corrupción. En relación a Montesinos, dice que ha sido utilizado por Montesinos, pero más bien parece que eran cómplices. Todo ello, se ira esclareciendo en las investigaciones, y vendrán los pedidos de entrega, para entonces, no sabemos si será posible seguir en la misma postura, pues es vergonzoso proteger a un prófugo de la justicia. Tujimoto: Entre los parlamentarios, hay poco interés por Fujimori, al grado tal que dicen, "ah! Así que había sido japonés", "parece que estuvo en Atami", ese es el grado de conoscencia que manejan sobre Fujimori.Pregunta: RESODEP, esta haciendo algún tipo de investigación particular como organización?
Ohgushi: No necesariamente una investigación particular. Lo que sabemos es que algunas organizaciones están investigando para descubrir algunas cuentas irregulares en Perú y Panamá. Tenemos informes de que existen bienes a nombre de familiares de Fujimori en Panamá.Pregunta: Fujimori dice que solo ha tenido ingresos por su sueldo como presidente, entonces como es que se costea la vida actualmente en Japón?
Tsujimoto: Esta vez no lo hemos preguntado, pero no creo que salga de los gastos públicos del Japón. Ohgushi: Dicen que Fujimori tiene una cuenta malhabida similar al de Montesinos, pero, no creo que actualmente este haciendo uso de ese dinero. Pregunta: Por que el gobierno protege a Fujimori. Tsujimoto: Los montos de ayuda por concepto de ODA incremento durante el gobierno fujimorista, que tengo interés particular en investigar. Me parece que se va a hacer necesario investigar la relación entre la Fundación Japón y Fujimori, ya que su presidente, ofreció alojamiento a Fujimori, por ejemplo.Pregunta: El tramite normal de reconocimiento no es tan rápido en los casos de otros nikkei, que opina la Parlamentaria, respecto a que a Fujimori se la hayan confirmado tan rápido.
Tsujimoto: Puede ser un sentimiento de preferencia. Puede ser que algún tipo de relación especial se haya producido en ocasión de los sucesos de la toma de la embajada.Pregunta: Si se llegaran a demostrar las acusaciones de violación de derechos humanos, la tendencia del gobierno virara en el sentido de dovolverlo?
Tujimoto: Pienso que es alta la posibilidad de protegerlo, pero, no lo sé, creo que esta en 50% y 50%. Personalmente, pienso que debe regresar.Pregunta: Eso quiere decir que el Japón es cómplice?
Tsujimoto: Si, tiene ese aspecto. Pero si va a protegerlo, debería el gobierno investigar la situación de DD.HH. del Perú. Tsujimoto: Están anunciando inicio de Asamblea, debo asistir pues esta el problema del primer ministro. Mil disculpas por tener que salir, pienso retomar las preguntas en este congreso, pero como es tan variante, quisiera plantearlo después del Golden Week. Continúen con Nohira y Ohgushi.Pregunta: Cuál es la situación actual?
Ohgushi: Nuestra gran fuente de información son la media del Perú. Se puede acceder rápidamente. También tenemos comunicación con las organizaciones de DD.HH. del Perú y con las organizaciones Internacionales de DD.HH.Pregunta: Son unas 15 las denuncias que se tienen sobre Fujimori, en el contexto de ambiente electoral, cuantos al final están siendo tramitados?
Ohgushi: Cuando Montesinos huye, Fujimori hizo disfrazar a su gente para entrar a la casa de Montesinos, e incauto ilegalmente muchos objetos, entre ellos, videos, esta denuncia es fácil de sustentar las pruebas. Sobre los sucesos de la embajada, no esta claro como progresara a nivel judicial, pero es claro que va a ser acusado. Por el préstamo de los helicópteros a las NN.UU. La compra de los aviones de guerra, donde pusieron un intermediario en cuya cuenta se puso el dinero de pago para obtener ganancias ilícitas.El tramite se esta siguiendo, esta en la Procuraduría general y aun no esta formulada la acusación pero se sigue el tramite.
Pregunta: Que piensa sobre su problema de la nacionalidad.
Ohgushi: El gobierno japonés, para proteger a Fujimori, esta utilizando hábilmente lo de su nacionalidad japonesa, sin embargo, el problema de nacionalidad como tal, a nivel internacional la tendencia es a admitir la doble nacionalidad, de modo que no se debe tocar el asunto de quitarle la nacionalidad con ligereza. Pregunta: En el Perú, su nacionalidad era peruana, del 90 al 93 decía que no tenia doble nacionalidad, no será posible insistir en ello? No hay problema legal ahí? Ohgushi: Es difícil, Fujimori, por lo menos decía que no estaba usando la nacionalidad japonesa.LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN PERÚ
DURANTE EL RÉGIMEN FUJIMORISTA
El chantaje y control de los medios de comunicación a través de la extorsión fue la norma de comportamiento fujimorista. Montesinos compró a dueños y directores. Salvo poquísimas excepciones, como el diario La República, la revista Caretas y alguna emisora de radio, el régimen copó la práctica totalidad de canales de televisión, excepto Canal N (por cable). Expropió Canal 2 a su propietario Baruch Ivcher y lo entregó a los hermanos Winter, accionistas minoritarios. La posterior recapitalización del canal, con la emisión de nuevas acciones, costó cerca de 17 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Uno de los vladivídeos muestra a Montesinos haciendo entrega de una bolsa repleta de dinero a José Francisco Crousillat, dueño de Canal 4, y en animada conversación con el empresario televisivo y el banquero Eugenio Bertini para arreglar las deudas del canal. En otra cinta, el jefe del SIN entrega 50.000 dólares a Julio Vera Abad, principal accionista de Canal 9, para que suspenda el programa que conduce la periodista Cecilia Valenzuela. Logró su objetivo. Uno de los vídeos que provocó mayor escándalo es el de Calmell del Solar, que recibe nada menos que tres millones de dólares para el Canal 10 (cable) y el diario Expreso.
Montesinos se valió de la llamada prensa chicha (sensacionalista del peor gusto) y de su mandamás Augusto Bresani para sus campañas de desprestigio barriobajero contra la oposición. El jefe del SIN pagaba 3.000 dólares (medio millón de pesetas) por la portada de cada uno de los cinco diarios de la prensa chicha, con lo que el coste total era de 15.000 dólares diarios.
Fuente : Diario La RepúblicaA 72 horas de las elecciones generales, se han difundido los videos de 2 sesiones "secretas" de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú efectuadas el 13 y el 19 de marzo de 1999, por convocatoria y bajo la dirección de Montesinos y quienes entonces se desempeñaban como Presidente del Comando Conjunto, Ministro del Interior y de Defensa, Comandante General de la Marina y la Aviación, Jefe del SIN y Director de la PNP.
En dichas reuniones se acordó y suscribió en sendas actas mantener firme respaldo al golpe del 5 de abril de 1992 (que permitió montar la maquinaria mafiosa y autoritaria del fuji-monte-cinismo), así como defender irrestricta y decididamente la vigencia de las leyes de amnistía a los violadores de derechos humanos (que impulsaron Siura, Martha Chávez, Tudela y Rafael Rey). Se acordó cerrarle el paso a cualquier Comisión de la Verdad (como las que planteamos desde 1995 en el Congreso), acusar a Baruch Ivcher por supuesta venta de armas al Ecuador (que el video no prueba) y garantizar la continuidad del régimen. En síntesis, se evidenció el compromiso institucional de los mandos militares con una dictadura seudo-legalizada con la llamada Constitución del 93 y su intención de impedir toda investigación y sanción de los abusos a los derechos humanos y las corruptelas producidas a su amparo.
El Gobierno Provisional del Dr. Valentín Paniagua, su Consejo de Ministros y específicamente su Ministro de Defensa han optado ñante esta evidencia irrefutable por disponer se abra proceso ambigua y contradictoriamente en los fueros civil y militar a los antiguos mandos de las FFAA y de la PNP que "ordenaron" se suscriba dichas actas, abusando "de la obediencia debida de los reglamentos castrenses" y contraviniendo el carácter no deliberante de dichos institutos. Así, en forma intencionalmente ambigua, se abre el mismo proceso en 2 fueros y se deja abierta la contienda de competencia a ver quién juzga definitivamente el caso, pudiendo los elementos castrenses ser juez y parte en el proceso si pasa al fuero militar. Y, lo que es más grave, se limita el proceso a los convocantes y organizadores de las sesiones "secretas" con el argumento de que sólo a ellos compete responsabilidad, por la presión y amenaza ejercida e implícitamente por obediencia debida de los oficiales generales allí presentes a sus jefes convocantes.
Para colmo, el Ministro de Defensa ratifica en sus funciones al General Carlos Tafur Ganoza, Comandante General del Ejército, y al General del Aire Pablo Carbone, que hoy comanda la Fuerza Aérea y preside el Comando Conjunto de las FFAA, que tampoco han renunciado de motu proprio. La razón es bastante simple: consideran haber sido obligados.
¿Cómo se condice esta actitud con la del General Salinas Sedó y quienes lo acompañaron en el alzamiento de noviembre de 1992 contra la dictadura, que hoy se dice reconocer justo y legítimo? ¿Ellos no debían obediencia? ¿Y el General Rodolfo Robles, que jugó y perdió su carrera militar y la de sus 2 hijos, por denunciar la existencia de grupos paramilitares de asesinos como el grupo Colina, a cargo de Montesinos y el SIN, tan temprano como abril del 1993? ¿Y la conducta del Comandante Humala, que se alzó hace un año en Moquegua (y ha sido amnistiado y repuesto, pero a funciones burocráticas y sin mando de tropa)?
Todos ellos "debían" la misma obediencia a sus jefes, pero se alzaron contra la violación constitucional, contra el atropello a los derechos humanos, contra el crimen y la corrupción que personificaron Fujimori, Montesinos, y los monigotes militaristas que los rodeaban. Debían obediencia a la verdad y a la Constitución, a los derechos humanos y a la ley. Debían obediencia a principios y no al sueldo y a los privilegios del poder autoritario.
Nadie puede justificar el silencio y la complicidad por presiones. Alguien puede explicarlo, pero nunca justificarlo. Porque, entonces, ¿qué justifica a los que alzan su voz, a los que se levantan contra el abuso y la dictadura... la locura? No se premia con un alto cargo público o con un mando en las instituciones castrenses la falta de valentía y de firmeza de quien calla. Se premia y confía en los que no son parte del pacto infame del silencio, porque ni a media voz hablaban, como diría el indómito Manuel González Prada.
No hay amenaza ni obediencia debida que justifique que desempeñen altos cargos militares en la transición democrática quienes no fueron capaces de diferenciarse y encarar la podredumbre que hoy conocemos todos y entonces conocían ellos, porque los citaban y sin duda comentaban lo que ocurría en casa. Los referidos Comandantes Generales deben renunciar o ser retirados de sus cargos. No son garantía de nada, más allá de la pusilanimidad que ya han evidenciado. Ello sería una lección de a qué llamamos obediencia indebida y a qué llamamos obediencia debida en la disciplina militar. Y dejaría claro mensaje a los golpistas.
Pero ello no hace sino ratificar también la urgencia de una Comisión de la Verdad que el militarismo corrupto quería impedir. Pero debe ser conformada por gente íntegra, realmente ajena a todo compromiso con regímenes anteriores y especialmente con la dictadura, para abrir paso a la investigación de los crímenes cometidos en los últimos 20 años. Así se dará curso a los procesos judiciales y sanciones que hagan posible la reconciliación. Así mismo, todo esto ratifica la necesidad de devolverle la vigencia a la Constitución del 79, declarando nula la que fue hija del golpe y del fraude en 1993, para aplicarles a los golpistas el art. 307 y confiscarles por decisión del Congreso sus bienes mal habidos, sancionando su responsabilidad en montar la maquinaria de corrupción y abuso que nos oprimió. Ser libres tiene un precio y exige firmeza. Es el momento de actuar con decisión y coraje.
Fuente : Revista Caretas
12-04-01

Coincidiendo con el aniversario del autogolpe, un `vladivideo' estremeció
al país
TODO estaba listo para los comicios más
sanos de los últimos 10 años. Pero el jueves 5 de abril, nueve años después del día
en que Alberto Fujimori decidió disolver las democracia peruana y a 72 horas de la fiesta
electoral, un "vladivideo" vino a contaminar el clima de tranquilidad creado por
el Gobierno de Transición.
A media tarde de ese día, en el Congreso de la República se empezaron a visualizar 18
cintas de vídeo, en cuyas grabaciones se observa una vergonzosa ceremonia de sujeción
conducida por el general César Saucedo, entonces presidente del Comando Conjunto de las
F.F.A.A.A. y comandante general del Ejército.
En la reunión, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1999, también están presentes el ex ministro de Defensa Julio Salazar Monroe; el general José Villanueva Ruesta, entonces ministro del Interior; Humberto Rozas Bonucelli, ex jefe del SIN; Fernando Dianderas, ex jefe de la Policía Nacional; Elesván Bello, ex comandante general de la FAP; Antonio Ibárcena, ex comandante general de la Marina; y, por supuesto, el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.
Casi la totalidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desfilan firmando un libro de actas en apoyo de la cúpula militar. Saucedo, además, pide el apoyo al autogolpe del 5 de abril de 1992 y para los militares beneficiados por las Leyes de Amnistía, aparte de leer el acta de otra reunión realizada el 14 de enero de 1999, en la que se trata el tema de Baruch Ivcher.
Los legajos referidos a este tema, según se afirma en la grabación, están en la Segunda División del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Allí se señala que las acciones de Ivcher comprometían seriamente la situación frente al Ecuador y que el informe también se puso en conocimiento del entonces canciller Francisco Tudela. Ivcher ha negado cualquier responsabilidad y ha anunciado que denunciará a quienes lo acusan.
Los vídeos pertenecen al lote que fue incautado en la casa de Montesinos y ya habían sido visualizados entre el 26 y el 28 de febrero, ante la presencia del juez Saúl Peña, el fiscal Marco Valdez y la defensora de oficio Patricia Hurtado García, en representación del Ministerio de Justicia. Por las actas se sabía del contenido, pero la información se mantuvo en reserva.
Lo que nadie se explica aún es por qué el juez Peña no envió estos vídeos a la Fiscalía o directamente al Congreso, como lo hizo en anteriores oportunidades. Ante la demora, el fiscal Jorge Cortez se los reclamó el 13 de marzo pasado, pero Peña los entregó recién el martes 27 de marzo.
Tres días después, el viernes 30 de marzo , el fiscal Cortez eleva las actas y los vídeos a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón. El 4 de abril, a las cinco de la tarde, ella los remite al presidente del Congreso, Carlos Ferrero.
Por la cantidad de vídeos (l8), se asumió que la trascripción iba a demorar por lo menos una semana. Debido a esa demora, los vídeos no se visualizarían pronto, pero cuando se llegó a la página 15 de la transcripción se advirtió que en el resto de la grabación sólo se escuchaban nombres. Entonces Ferrero ordenó la difusión.
Tras el incidente, Paniagua convocó, el viernes 6, de abril a una reunión del Consejo de Ministros, en tanto que los Comandantes Generales de las FF.AA. se reunieron el mismo 6 en local del Comando Conjunto e invitaron al ministro de Defensa, general (r) Walter Ledesma. Estaban dispuestos a renunciar.
Al general Carlos Tafur, comandante general del Ejército, sólo le queda ocho meses para pasar al retiro. Los comandantes de la FAP, general del Aire Pablo Carbone Merino, y de la Marina, vicealmirante Víctor Ramos, tienen techo sólo hasta el próximo año. A la vez, los tres son conscientes de que en julio de este año un nuevo Gobierno puede removerlos
Aún así, el malestar ha cundido entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Más de un oficial presume que el montesinismo disfrazado sigue actuando o que una mano negra intenta desestabilizar a los altos mandos. Ello aunque el propio Presidente Paniagua y el Consejo de Ministros les han reiterado su respaldo.
En el Congreso, por otra parte, nadie esperaba la visualización de nuevos vídeos en una semana preelectoral. Incluso el trabajo de las comisiones relacionadas con Vladimiro Montesinos había sido suspendido temporalmente. La propia comisión Waisman evitó tener invitados y canceló sus reuniones.
Paniagua, sumamente cauto, no quería que una probable crisis militar que empañara las elecciones y aún sigue evaluando las reacciones de las distintas tiendas políticas con relación al `vladivideo".
La situación es complicada. En el vídeo, están todos los oficiales superiores con el grado de coronel para arriba. Actualmente en la FAP hay 8 tenientes generales, 60 mayores generales y 280 coroneles . En la Marina hay 8 Vicealmirantes, 59 Contralmirantes y 236 capitanes de Navío. En el Ejército hay 11 generales de división,95 generales de brigada y 480 coroneles. En la Policía hay 1 teniente general, 40 generales y 520 coroneles. Todos ellos tendrían que ser invitados a pasar al retiro.
Por último, el 5 de abril trajo otra sorpresa. Ese día fue detenido el ex comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien ahora está en el penal de San Jorge. Ese día, además, se abrió instrucción, con orden de detención, a 19 militares involucrados en la matanza de los Barrios Altos. Sean puras coincidencias o no, lo cierto es que en los próximos días el remezón militar puede continuar.
Fuente : Diario EL PAÍSEl Gobierno provisional de Perú se enfrenta al dilema de destituir o mantener a la cúpula de las Fuerzas Armadas, en la que no confía. Fuentes oficiales han confirmado que los tres máximos jefes de los institutos armados han puesto sus cargos a disposición del presidente Valentín Paniagua, a raíz de la difusión de los vídeos que demuestran la pertenencia de toda la oficialidad a la estructura creada por el fugitivo Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del ex presidente Alberto Fujimori.
Las cintas dan cuenta de una reunión en abril de 1999 en la que generales, almirantes y 570 coroneles de las tres fuerzas y la Policía Nacional firmaron su adhesión al autogolpe de 1992 y la ley de amnistía, en un documento que garantiza la impunidad ante todas las violaciones de derechos humanos cometidas por uniformados.
Los generales Carlos Tafur, comandante general del Ejército; Pablo Carbone, de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Víctor Ramos, de la Marina, firmaron aquel pacto, según se observa en los vídeos que han provocado estupor. Las escenas de la multitudinaria reunión celebrada en la base de la Fuerza Aérea de Las Palmas reflejan cómo cientos de jefes y oficiales desfilan para estampar su firma, al mejor estilo mafioso, en un pacto de impunidad y de adhesión al golpe.
En nombre de la obediencia debida, Montesinos comprometía con aquel acto a toda la oficialidad en la demolición del Estado de derecho y la violación de la Constitución. En las imágenes se observa a Montesinos, con gafas oscuras, en la mesa presidencial.
El presidente Paniagua se reunió con su Gabinete el miércoles por la noche, tras lo cual debía dirigir un mensaje al país. En el último momento, se suspendió la transmisión, lo que abrió nuevos interrogantes sobre los pasos que dará el Gobierno. El primer ministro, Javier Pérez de Cuéllar, dijo que pronto habrá noticias, pero puntualizó que no se podía destituir a todos los altos jefes y oficiales que habían sido chantajeados por el régimen de Fujimori y Montesinos. 'Es como si le pusieran a usted un revólver en la sien y le dijeran 'o firmas o, si no, te mato', y a estos señores les han dicho 'o usted firma o, si no, ustedes y su familia se van a patear latas''.
El autogolpe de 1992El ministro de Justicia, Diego García Sayán, había declarado el martes que después de Semana Santa el Gobierno tiene previsto denunciar a los jefes militares que promovieron la adhesión de todas las instituciones armadas al autogolpe de abril de 1992. Conforme aumentan los rumores de cambios militares, la prensa peruana revela a diario datos de la profunda red de influencia que tejió Montesinos en las Fuerzas Armadas. Un día se publica que 10 generales montesinistas siguen ocupando puestos clave en la Policía Nacional, otro día se apunta que el posible sustituto del general Tafur al frente del Ejército es otro general que perteneció al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que manejaba Montesinos. ¿En quién confiar? Ni el actual ministro del Interior, general Antonio Ketín Vidal, que acaba de viajar a Venezuela para pedir explicaciones sobre el paradero del ex jefe del SIN, está libre de sospecha.
Durante 10 años, el poderoso asesor controló directamente la política de ascensos, retiros y destinos de todo el personal militar, en la que primaron las prebendas y los favores políticos. Para evitar deserciones impuso un pacto de complicidad con la firma de un documento a todas luces inconstitucional. En estas condiciones, la asignatura militar será una de las cargas más pesadas que heredará el presidente que salga de la segunda vuelta de las elecciones y que prestará juramento el 28 de julio.
Fuente : Diario La República-Perú
15-04-01

Montesinos en reunión
con miembros de las FF.AA.
Pero lo que también revela el "compromiso de honor" es la inseguridad de Vladimiro Montesinos respecto al control estricto que tenía sobre las instituciones castrenses. Temía lo que ahora está ocurriendo: la aparición de testigos y evidencias de que gestó y cobijó a los criminales en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, su reino y dominio. Lo que pretendía era que, ante la eventualidad de la aparición de un congresista, fiscal o magistrado honesto que promoviera una indagación sobre sus actividades ilegales, en virtud del acta suscrita el trece de marzo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplastaran la iniciativa de un solo golpe.
A pesar del carácter coercitivo del contenido del acta, una vez derrumbado el régimen y activada una investigación masiva sobre la corrupción durante el fujimorato, nadie salió de los cuarteles en cumplimiento del "acuerdo de honor". Y cuando fue apresada la mayoría de los que ordenaron la suscripción del documento óJosé Villanueva Ruesta, Elesván Bello Vásquez, César Saucedo Sánchez, Américo Ibárcena Amicoó, entre los que destacan el ex "general victorioso" Nicolás Hermoza Ríos, ninguno de los institutos armados se ha pronunciado en defensa de alguno de sus ex comandantes generales. Huido Vladimiro Montesinos, perdió vigencia el documento. Pero las Fuerzas Armadas tienen el deber de reivindicarse ante el país que ha presenciado cómo un ex militar expulsado del Ejército por falsedad y desobediencia consiguió que altos jefes militares firmaran un compromiso humillante.
EL DOCUMENTO
Militares firmando el documento
Acta de la Sesión Especial Nº 05 del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas con participación de la Policía Nacional del Perú y
Estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional.
En la ciudad de Lima, en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el día
trece de marzo de mil novecientos noventinueve, siendo las ocho horas y bajo la
presidencia del señor General de Ejército César Saucedo Sánchez, Comandante General
del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y contando con la
asistencia de los señores General de Ejército Julio Salazar Monroe, Ministro de Defensa;
General de División E.P. José Villanueva Ruesta, Ministro del Interior; Almirante
Américo Ibárcena Amico, Comandante General de la Marina de Guerra; General del Aire
Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú ;Teniente
General de la Policía Nacional del Perú, Fernando Dianderas Ottone, Director General de
la Policía Nacional del Perú; Contralmirante Humberto Rosas Bonucelli, Jefe del Sistema
de Inteligencia Nacional; doctor Vladimiro Montesinos Torres, Asesor del Sistema de
Inteligencia Nacional; y asistieron también los señores Generales y Almirantes que
conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que se encuentran en el
país, que representan a la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional del Perú y del Sistema de Inteligencia Nacional, y que a continuación se
indica.
El señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, declaró abierta la sesión e indicó a los señores Oficiales Generales y Almirantes presentes, que se les había convocado para tratar sobre asuntos de la mayor importancia para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional. El primer asunto estaba íntimamente relacionado con la decisión adoptada por el señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, que contó con el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, que en forma unánime se adoptara el cinco de abril de mil novecientos noventidós y que, ahora, estaba siendo manipulada y criticada por elementos interesados en dañar la imagen institucional. El segundo asunto es igualmente de vital interés, en la medida que diversos sectores ampliamente conocidos y caracterizados por su antimilitarismo, así como por ser radicales opositores del Gobierno, tomando como pretexto una supuesta defensa de los Derechos Humanos, venían desarrollando una intensa campaña de desprestigio y ataques arteros contra las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, acusándolos de violaciones de los derechos humanos, pretendiendo ignorar alevosamente que a partir del año 1990 con el advenimiento del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori a la Presidencia de la República, se había diseñado y se llevaba a ejecución una nueva y exitosa estrategia de Pacificación Nacional en la que, entre uno de sus aspectos fundamentales, se ponía especial énfasis en el respeto a los Derechos Humanos y a la protección de la población frente al accionar homicida de los grupos terroristas que, en alianza criminal con el narcotráfico corruptor, constituían factores de perturbación de la Seguridad Nacional.
SISTEMÁTICA AMENAZA Nota de Redacción.- Efectivamente, el mismo día que la cúpula convocó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, La República informó de la iniciativa del ex congresista Genaro Ledesma Izquieta para investigar la participación del general Nicolás Hermoza Ríos en el golpe del cinco de abril de 1992. Ledesma formuló una denuncia ante el Ministerio Público que fue acogida. En la misma edición, nuestro diario informó sobre una actividad cívica organizada por el general Jaime Salinas Sedó, quien denunciaba que el golpe del cinco de abril fue para asegurar en el poder a Fujimori durante un tiempo que no contemplaba la Constitución. El simple hecho de difundir ambos hechos sirvió al entonces presidente del Comando Conjunto y jefe del Ejército, general César Saucedo Sánchez, un motivo perfecto para justificar la suscripción del "acta de honor".En cuanto al primer asunto, señaló que, coincidentemente, algunos medios de difusión y específicamente el diario La República en su edición del día jueves once de febrero del presente año, consignaba dos informaciones: en la primera se señalaba que Genaro Ledesma Izquieta en su edición de "líder" de la fantasmal organización "Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP), había presentado ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra el ex Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de División Ejército Peruano (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, por su participación en el "autogolpe de Estado" del cinco de abril de mil novecientos noventidós, acusándolo de los delitos de rebelión, daños al país, violación de la libertad de expresión y abuso de autoridad. La segunda información, hacía referencia a una exposición hecha por el General de División Ejército Peruano (r) Jaime Salinas Sedó en el foro "Retos y Posibilidades del Proyecto Nacional" organizado por un autodenominado "Comité Cívico por la Democracia" y en la que, entre otros conceptos, señaló con referencia al pronunciamiento del cinco de abril de mil novecientos noventidós que "ese autogolpe fue el pretexto para cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder".
Estas expresiones vertidas por dos elementos que ideológicamente representan posiciones políticas pero que tienen en común su animadversión contra el actual Gobierno, sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Sistema de Inteligencia Nacional, y que son recogidas por un diario que se caracteriza por su intrasigente oposición, consideró que no deben interpretarse como hechos aislados, sino como el comienzo de una campaña sistemática que, inserta dentro de la lucha pre electoral que está desarrollándose en el país, pretendería involucrar a las Instituciones Tutelares y a quienes en su momento las comandaron, con relación a decisiones trascendentales que se formaron en su momento, con el claro propósito de dañar la imagen y prestigio institucional, atribuir responsabilidades individuales a sus más altos mandos y conseguir vía el amedrentamiento, la inhibición de dichas Instituciones para adoptar decisiones que son esenciales para la vida y el desarrollo del país.
Ante estas protervas intenciones señaló que era preciso puntualizar algunos aspectos referidos a la situación que vivía la Nación por aquella época y en la que se estaba generando un clima de ingobernabilidad sumamente peligroso para la supervivencia democrática del Perú. No podemos olvidar, dijo, que diversos grupos políticos, sin importarles el interés nacional, optaron por bloquear o desnaturalizar desde el Parlamento los Decretos Legislativos que oportunamente promulgara el Gobierno y que constituían el marco legal necesario que permitía a las Fuerzas del Orden combatir al terrorismo y al narcotráfico, a la vez que establecían las bases para que un Poder Judicial conformado por magistrados competentes y honestos, estuviera en capacidad de sancionar drásticamente la violencia sangrienta y criminal con que el terrorismo amenazaba destruir la institucionalidad del país; todo ello, junto con otras medidas legislativas que iban a hacer posible superar la vulnerabilidad que implicaba para el Estado de Derecho al ser atacado durante diez años por una forma de guerra irregular para la cual no estaba preparado, pues el terrorismo y el narcotráfico aprovechaban las ventajas que les daba un ordenamiento legal concebido para una situación de paz y tranquilidad interna.
LA JUSTIFICACIÓN
Nota de Redacción.- En los párrafos siguientes, Montesinos destaca la vigencia del golpe del cinco de abril y la participación fundamental del Servicio de Inteligencia Nacional en la conducción del operativo que destruyó la democracia en 1992. El acta considera como una "amenaza potencial" cualquier intento de cuestionamiento de la intervención del SIN y de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, se insta a los altos mandos a cerrar filas en defensa de la "importancia histórica" del golpe que, según la argumentación, fue una medida que permitió la derrota de la subversión y el narcotráfico.Pues bien, ante estos Decretos Legislativos fundamentales, los partidos políticos tradicionales, atrincherados en el Parlamento, adoptaron una posición obstruccionista con el propósito de bloquear la acción del Gobierno: de una parte, derogaron las normas dictadas para contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico; de otra parte, también recortaron las facultades del Ejecutivo en aspectos presupuestales y económicos; y, finalmente, pasaron a acusarlo de estar promoviendo la "militarización" del país con el pretexto de la política de participación y de sus instrumentos legales que permitían ampliar el marco de participación de las Fuerzas del orden en la vida civil, olvidando que en todo sistema democrático las Fuerzas del Orden constituyen el aparato encargado de defender el estado de derecho y que en cumplimiento de su alta y noble misión las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional día a día daban su dolorosa cuota de vidas humanas sacrificadas en aras de la paz interna. Por otro lado, el que las Fuerzas del orden se subordinen al poder político, en absoluto significa que éstas estén politizándose, pues las Instituciones Militares enmarcan su acción dentro de normas reglamentarias claramente prefijadas y su accionar nada tiene que ver con la actividad político partidaria.
En tal sentido, fue muy claro el Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori cuando en su Manifiesto a la Nación del cinco de abril de mil novecientos noventidós, expresó que "A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del Gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron. Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la Estrategia de Pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo".
Frente pues a esta situación en la que estaba en inminente riesgo la institucionalidad del país, el cinco de abril de mil novecientos noventidós se constituyó con carácter de transitorio el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional bajo la Presidencia del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, decisión que fue unánimemente respaldada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, los que apoyando la acción del Gobierno asumieron un compromiso con el país, a fin de que pudieran concretarse las medidas requeridas para asegurar la Pacificación Nacional, erradicar la corrupción y el narcotráfico, reorganizar el Poder Judicial, redimensionar el aparato estatal y hacer viable un modelo económico que, afianzando la inserción en el mundo financiero internacional, permitiese a su vez que las potencialidades económicas internas pudieran realizarse a plenitud, de tal forma que el reto del siglo venidero nos encontrase en capacidad de superar los históricos desajustes estructurales e injusticia que impidieron la construcción de una sociedad integrada, progresista, democrática y plena de oportunidades para todos los peruanos.
Vistos los sucesos desde la óptica actual, el tiempo y la realidad presentes nos dan la razón, manifestó, y confirman que la decisión adoptada el cinco de abril de mil novecientos noventidós por el Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori fue acertada, pues permitió la derrota estratégica del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el combate frontal contra el narcotráfico corruptor que en alianza criminal constituyeron factor permanente de perturbación de la Seguridad Nacional poniendo en peligro la viabilidad de Perú como Estado Nación, habiendo merecido el reconocimiento de la Comunidad Internacional
A todos los señores Oficiales Generales y Almirantes integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional aquí presentes, añadió, les consta que, siempre, en todas las circunstancias que han rodeado nuestra acción abnegada al servicio al país, supimos mantenernos al margen de aquello que no fuese el interés superior de la Patria. Nos hemos limitado, pues, a trabajar, en la certeza que con el aporte que brindábamos de alguna manera estábamos contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.
EL LLAMADO DE LA SELVA
Nota de Redacción.- Montesinos instó a los altos mandos a suscribir el "pacto de honor" bajo el argumento de que la oposición conspiraba para destruir las instituciones castrenses. Cualquier denuncia de abuso de los uniformados era usada por el entonces asesor como parte de una campaña para " calumniar, difamar, tergiversar, incriminar gratuitamente y pretender dañar la imagen de nuestras instituciones, acusándolas de supuestas violaciones de los derechos humanos". Con el mismo propósito de las dictaduras militares que imponían las "leyes de punto final" para que no se investigaran nunca los crímenes, el acta del 13 de marzo de 1999 buscaba impedir la constitución de cualquier organismo destinado a indagar los abusos. Por eso, Montesinos resaltó que los que pedían esclarecer las desapariciones, asesinatos y torturas, "sólo buscan desestabilizar, romper la unidad y ejercer actos de represalia contra personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, que participaron en la lucha contra la subversión". Ahora se entiende de dónde salió la Ley de Amnistía que favoreció a los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos, a los miembros del grupo "Colina", en particular, y a todos los miembros de la cúpula que participaron y consintieron las actividades ilegales de la banda del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).Por ello, frente a las actitudes y acusaciones que en la hora presente se están formulando contra la decisión institucional que adoptaran las Fuerzas del Orden el cinco de abril de mil novecientos noventidós de apoyar al Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y frente a los falaces argumentos que tratan de presentar la decisión de los altos mandos institucionales como si se hubiera dado al margen y sin interpretar el sentir general de nuestras respectivas Instituciones y, también, frente a la necesidad de mantener en alto el honor y el decoro institucional de las Fuerzas del Orden, que no debe ser mellado, consideramos que es absolutamente necesario dejar de manifiesto con la más transparente claridad que la posición adoptada el cinco de abril de mil novecientos noventidós fue la expresión del sentir institucional y la voluntad unánime de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y de los estamentos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, en todos los niveles y grados que conforman la jerarquía de dichas Instituciones.
Con relación al segundo asunto, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresó que todas las Instituciones que de una u otra manera estuvieran vinculadas a la lucha contrasubversiva, debían sentirse orgullosas por su decisiva intervención en una guerra contra el enemigo interno que, durante diez años, hizo vivir al país la etapa más dolorosa y sangrienta de su historia republicana, tanto en lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas, como a la destrucción de la infraestructura material de la Nación. El éxito obtenido en esta lucha contra el terrorismo homicida, acotó, no sólo ha significado el reconocimiento agradecido de todos los sectores de la población que ahora pueden vivir en paz y dedicarse al trabajo creador, sino que igualmente ha sido reconocido por todos los países integrantes de la Comunidad Internacional con una nueva Estrategia de Pacificación, eminentemente peruana, que fue diseñada por el señor Presidente de la República y que ha demostrado su capacidad para derrotar al terrorismo, en una guerra cruenta e irregular, pero respetando los Derechos Humanos, dentro de las leyes propias de un Estado democrático y con el menor costo social posible, y que tuvo su corolario con el rescate de los rehenes de la Residencia del Embajador del Japón en el Perú.
Pero, como los enemigos de las Fuerzas del Orden y los opositores al Gobierno, no pueden aceptar ni reconocer este éxito de trascendencia mundial y olvidan a todos aquellos uniformados y miembros de la Comunidad de Inteligencia que dieron sus vidas luchando por derrotar la acción criminal del terrorismo, no les queda otro recurso que calumniar, difamar, tergiversar, incriminar gratuitamente y pretender dañar la imagen de nuestras Instituciones, acusándolas de supuestas violaciones de los Derechos Humanos.
A este respecto, debemos mencionar que el 15 de junio de 1995 se expidió la Ley Nº 26479 cuyo Artículo Uno, a la letra dice: "Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuese su situación Militar, Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originarios con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente ley". Asimismo, el Artículo Seis de la mencionada ley señalaba textualmente: "Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación, pesquisa o sumario, quedando, todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente".
Adicionalmente, añadió, el 30 de junio de 1995 se promulgó la Ley Nº 26492, cuyo Artículo tercero textualmente dice: "Interprétase el Artículo 1 de la Ley Nº 26479, en el sentido de que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los Organos Jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente de conformidad con el Artículo 6 de la ley precitada".
No obstante la vigencia de estas leyes expedidas por un Poder del Estado que, conjuntamente con la Ley de Arrepentimiento (Decreto Ley Nº 25499) que benefició a miles de elementos pertenecientes a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, dictadas en aras de la concordia, la unidad nacional y la paz social, luego de una guerra interna que costó más de 25,000 muertos y miles de millones de soles en pérdidas materiales y en donde el Estado Peruano, gracias a la Estrategia de Pacificación Nacional y el rol fundamental desempeñado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional en la derrota estratégica del terrorismo, lo que hoy permite que el país viva un estado de tranquilidad y desarrollo pacífico, producto de la paz interna que vive la Nación; hay sin embargo quienes pretenden plantear denuncias y acusaciones, en forma individual y colectiva, contra miembros de nuestras Instituciones integrantes de las Fuerzas del Orden y del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo el falaz pretexto de supuestas violaciones de los Derechos Humanos; llegándose al extremo de pretender conformar unas autodenominadas "Comisiones de la Verdad" , cuyo único propósito, en fin de cuentas, es no sólo desprestigiar, sino desestabilizar, romper la unidad y ejercer actos de represalia contra personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, que participaron en la lucha contra la subversión.
Lo paradójico de todo esto es que el Estado Peruano resultó victorioso en esta lucha contra el terrorismo gracias a la decisión política del Gobierno y a la participación decidida y sacrificada de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, con un mínimo costo social, con el fortalecimiento de la democracia y con la correspondiente sanción al personal militar y policial que participó en actos aislados violatorios de los Derechos Humanos, que en modo alguno comprometen a nuestras Instituciones; a lo que se añaden las Leyes de Amnistía General que acabo de mencionar, las mismas que contienen el perpetuo olvido en aras de la fraternidad nacional.
Por ello, el pretender revivir situaciones fenecidas por mandato legal que tienen amparo constitucional, representa una actitud injusta, antipatriótica, sólo movida por la venganza y otros intereses protervos que debe merecer el rechazo más enérgico de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, por lo que nuestras Instituciones deben asumir plenamente y sin límite de tiempo, en el presente acto, el compromiso moral y bajo los dictados del honor militar, la obligación institucional de defender, respaldar y solidarizarse con cualquiera de sus integrantes, sea cual fuese su situación militar, policial o funcional, a los que se pretenda denunciar, en forma individual o colectiva y con el ilegal propósito de encausarlos judicialmente, o de ejercer cualquier otro tipo de venganza o represalia, las que son inadmisibles para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional.
Luego de lo expresado por el señor General de Ejército Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, éste abrió una instancia de intercambio de puntos de vista, antes de formalizar un Acuerdo Institucional que dejase sentada la posición de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y de los Estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, con relación a los temas materia de la convocatoria.
MIEDO GENERALIZADO
Nota de Redacción.- El acta suscrita por la oficialidad tiene características similares a las famosas "Cartas de Sujeción" que firmaban los dirigentes de Sendero Luminoso, mediante las cuales renunciaban a sus vidas y se las entregaban simbólicamente a manos de Abimael Guzmán Reinoso, el "presidente Gonzalo", para que decidiera qué hacer con ellas. Al que se negaba hacerlo, lo asesinaban. Así logró contar con una cúpula que se mantuvo infranqueable durante más de doce años, hasta que Guzmán fue capturado. De manera similar, mediante el "pacto de honor" Montesinos coaccionó a la oficialidad del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y la mantuvo aparentemente cohesionada.Los señores Oficiales Generales y Almirantes y miembros de los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, presentes en la reunión, expresaron sus distintas opiniones y puntos de vista con relación a lo expresado por el señor General de Ejército Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quedando de manifiesto la absoluta coincidencia y unanimidad de criterios, en el sentido que se hacía necesario adoptar un Acuerdo Institucional, en el que se dejase claramente señalado que la decisión adoptada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional el cinco de abril de mil novecientos noventidós de apoyar la decisión del señor Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, representó la voluntad y sentir unánime de todos sus componentes y que, igualmente, asumían el compromiso de honor de respaldar y dar su apoyo al personal de las Fuerzas del Orden y Comunidad de Inteligencia sobre los que se pretendiese ejercer represalias o venganza, tomando como pretexto la supuesta violación de Derechos Humanos a raíz de la lucha contra el terrorismo, no obstante estar en plena vigencia las Leyes de Amnistía General.
En vista de lo expresado por los señores Oficiales Generales, Almirantes y miembros de los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, y habiendo absoluta coincidencia de opiniones acerca de la necesidad de emitir un pronunciamiento, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero: Que la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el Gobierno del señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el cinco de abril de mil novecientos noventidós, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo institucional brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime de los miembros que conforman las FFAA, PNP y estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional.
Segundo: Que en tal decisión no primaron criterios individuales sino, más bien, las ideas y planteamientos que constituyeron la voluntad general de las corporaciones castrenses, Policía Nacional del Perú y estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional, los que luego de una toma de conciencia respecto de la situación que vivía el país y de los peligros que se cernían sobre la gobernabilidad de la Nación, consideraron correcto y necesario brindar su total respaldo a la decisión tomada por el Ejecutivo, correspondiendo a los Altos Mandos castrenses, canales naturales de representación de sus bases, exteriorizar y formalizar la voluntad general de sus propias corporaciones.
Tercero: Expresar que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, conjunta e institucionalmente, defenderán, protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo y la adhesión institucional que otorgaron a la decisión del cinco de abril de mil novecientos noventidós, en razón de tratarse de una decisión institucional que corresponde corporativamente a todos los hombres que integran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional. Por lo tanto, cualquier acción que en el futuro se pretendiera realizar en contra de un miembro de las Fuerzas del Orden y del Sistema de Inteligencia Nacional por el apoyo institucional al que se refiere la presente Acta, comportaría, por sí misma, una ofensa contra las Instituciones Tutelares, que obligará a los respectivos Comandos que se sucedan en el futuro, a la defensa irrestricta de dicho miembro, de manera institucional.
En tal sentido, el acatamiento del presente Acuerdo constituye un compromiso de honor, y como tal, una obligación con carácter imperativo, de cuyo cumplimiento ningún Mando podrá sustraerse.
A su vez, el incumplimiento del presente Acuerdo acarreará para el infractor no sólo el rechazo unánime de su Institución, sino también la sanción disciplinaria correspondiente y el sometimiento a una Corte de Honor por grave falta contra el honor y el decoro militar, sustentos éticos de la disciplina, pilar fundamental de toda institución castrense en la medida que constituye también el soporte material de los principios de unidad y continuidad que permitan la permanencia y el desarrollo estable de las Fuerzas del Orden en el tiempo.
Cuarto: Expresar el rechazo institucional a la actitud adoptada por algunos Oficiales en Situación de Retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que inmersos, ahora, dentro de la contienda política partidaria, están emitiendo juicios y opiniones interesados que encierran el claro propósito de individualizar supuestas responsabilidades con relación a los sucesos del cinco de abril de mil novecientos noventidós, demostrando con ello una conducta infraterna con sus camaradas de armas y una absoluta deslealtad con las instituciones que los cobijaron y, en su momento, fueran su razón de ser.
Quinto: Declarar que a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional les ha correspondido un papel de fundamental y decisiva importancia en la derrota estratégica de los grupos terroristas que, desde el año 1980, ensangrentaron el país, sumiéndolo en muerte y destrucción. Que esta participación es un motivo de patriótico orgullo y una demostración de eficiencia profesional, que ha sido reconocida por la sociedad peruana y por la Comunidad Internacional.
Sexto: Remarcar que, en tal sentido, el prestigio de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, así como el de las personas que los integran, está muy por encima de las calumnias, tergiversaciones y versiones tendenciosas y distorsionadas que determinados elementos, conocidos por su animadversión a las Instituciones Tutelares, pretenden utilizar con el claro propósito de dañar la imagen de nuestras Instituciones.
Séptimo: Precisar que, si además del reconocimiento de la sociedad peruana y de la Comunidad Internacional al éxito de la Estrategia de Pacificación Nacional, aplicada a partir de julio de 1990 por el señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, con pleno y absoluto respeto a los Derechos Humanos, no fuese considerado suficiente por quienes pretenden dañar la imagen institucional; la Nación ha dictado Leyes de Amnistía General, que están en plena vigencia, por las cuales se deja establecido con absoluta claridad que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la Comunidad de Inteligencia que participaron en la lucha contra el terrorismo.
Octavo: Declarar que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, asumen el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con sus integrantes, ante la eventualidad y no obstante la plena vigencia de las Leyes de Amnistía General, de que se pretendiera responsabilizarlos, encausarlos o ejercer cualquier tipo de represalia por su intervención en la lucha contra el terrorismo. Este Acuerdo, al igual que el consignado en el Punto Tres, constituye un compromiso de honor y como tal, es una obligación con carácter imperativo de cuyo fiel y cabal cumplimiento ningún Mando podrá sustraerse, bajo las responsabilidades a que se refiere la parte infine del Tercer Acuerdo de la presente Acta.
Noveno: Acordar que los presentes Acuerdos sean consignados en el Libro de Actas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la clasificación "Estrictamente Secreto", quedando, sin embargo, a criterio de los Altos Mandos la decisión de hacer pública la parte pertinente de los Acuerdos adoptados si las circunstancias y la coyuntura así lo ameritan, cualesquiera que sean los Gobiernos que se sucedan en el futuro, los que en el momento serán debidamente informados sobre los alcances de la presente Acta, por tratarse de una posición permanente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional.
CONSPIRACIÓN CONTRA LA PRENSA
Nota de Redacción.- Hasta el último momento la obsesión de Vladimiro Montesinos y la cúpula militar fue el empresario Baruch Ivcher Bronstein. Como puede constatarse en la parte final del acta del 13 de marzo, el ex asesor aprovechó la oportunidad para ratificar un acuerdo del 14 de enero del mismo año, que condenaba al propietario de Frecuencia Latina por la supuesta venta de armas a Ecuador durante el conflicto de 1995. Por el contrario, los hechos han demostrado que el traficante de armas resultó ser el mismo Montesinos.Finalmente, habiéndose adoptado los Acuerdos precedentes, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró conveniente que se diera lectura al "ACTA DE LA SESION ESPECIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA TRATAR EL CASO DE BARUCH IVCHER BRONSTEIN", de fecha 14 de enero de 1999, la misma que por la importancia de su contenido y de la decisión adoptada, frente a la peligrosidad del individuo Baruch Ivcher Bronstein, se determinó que sea incorporada como parte integrante de los Acuerdos adoptados en la presente Sesión.
No habiendo otro punto pendiente de atención, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas procede a dar por concluida la Reunión, siendo las trece horas, del día trece de marzo de mil novecientos noventinueve.
Fuente: RPP NOTICIASEn pronunciamiento público leído por el comandante general de la Fuerza Aerea y presidente del comando conjunto de las FF.AA, general del aire Pablo Carbone, los mandos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reconocen que la llamada acta de sujeción al gobierno anterior y al autogolpe del 5 de abril de 1992, promovida por el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos, fue redactada con antelación sin haber sido sometida a debate y que fue dispuesta en forma intimidatoria y cohercitiva.
Agrega que no se permitió ningún tipo de ponencia u observación, invocándose para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional. El documento continúa señalando que en las circunstancias en que se suscribieron dichos documentos y sin "ánimo alguno de exculpación los actuales comandantes generales consideran que son irritos, que no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú individual o institucionalmente".
Asimismo, añade que los comandantes generales de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional se encuentran comprometidos en la ejecución de acciones que conllevan al sinceramiento de la situación que afecta a las mencionadas instituciones y en especial al proceso de moralización impulsado por el gobierno constitucional de transición.
"Consecuentes con los hechos señalados las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en solemne e inequívoco gesto de rectificación y sin perjuicio de cualesquiera responsabilidad declara":
a) Su rechazo y condena a la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992, así como la de todo acto o compromiso que podría menoscabar las bases éticas y jurídicas del estado de derecho y su repudio a prácticas inmorales en la administración de los recursos del Estado o en el manejo de la política del gobierno. Lamenta que algunos de sus miembros incurrieran en infracciones personales, que no pueden ni deben afectar la gloriosa tradición de sus instituciones que comparten y compartirán los ideales democráticos que dieron nacimiento a la República.b) Su firme determinación de seguir actuando con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República y su absoluta subordinación al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
c) Su compromiso de cumplir funciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores morales y en consecuencia de combatir firme y permanentemente cualquier indicio de corrupción o inconducta en la vida constitucional que comprometa tales valores y principios. Por ello, respaldan las iniciativas destinadas a la formación e instalación de una Comisión de la Verdad, que permita la unión y reconciliación nacional fundada en la justicia y en una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevo a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional.
d) Su propósito de reivindicar valores y tradiciones de las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú y de perfeccionar sus instituciones para contribuir más eficazmente a la defensa y el desarrollo nacional y al fortalecimiento del estado constitucional y de la democracia en el Perú.
Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional del Perú recogiendo el sentir de sus instituciones ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general por todos los hechos que en el pasado reciente hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional.
Esperan asimismo, que la ciudadanía reconozca en este acto de franca e histórica rectificación un gesto indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia y cerrar así el camino a una era de genuina paz fundada en el culto de los valores éticos y democráticos y en la unión de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú con el pueblo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y justa.
Finalmente, los suscritos comandantes generales y director general de la Policía Nacional del Perú, consideramos pertinente poner nuestros cargos a disposición del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El comunicado es emitido a raíz de la difusión de los denominados vladi-videos, en los cuales altos mandos militares firmaron un acta de respaldo al golpe de 1992 y la Ley de Amnistía. Lima, 16 de abril de 2001.
Armando Santiestevan De la Flor, general de Policía, director general de la Policía Nacional. Carlos Alfonso Tafur Ganoza, general de Ejército, comandante general del Ejército. Víctor Ramos Ormeño, almirante comandante general de la Marina. Pablo Carbone Merino, general del Aire, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General de la Fuerza Aérea.
Fuente : Diario LA REPUBLICAEl Instituto de Defensa Legal apeló ayer la
comparecencia otorgada a cinco integrantes del grupo paramilitar "Colina", por
la jueza anticorrupción Victoria Sánchez Espinoza, por el asesinato de 15 personas y las
lesiones graves ocasionadas a otras cuatro el 03 de noviembre de 1991 en una quinta
ubicada en Barrios Altos.
Los abogados Robert Meza y Carlos Rivera recordaron que la semana pasada la jueza Sánchez
abrió instrucción a los miembros del grupo Colina, dando comparecencia al coronel EP
Federico Navarro Pérez, ex jefe de la DINTE.
Además a los suboficiales Juan Pampa Quilla, Fernando Lecca Quesquén, Shirley Rojas
Castro y César Alvarado Castro.
Los abogados informaron que también apelaron los arrestos domiciliarios dispuestos contra
el ex jefe del SIN general (r) Julio Salazar Monroe, y el ex comandante general del
Ejército Nicolás Hermoza Ríos, quien se encuentra detenido en el Penal San Jorge, pero
por el proceso que afronta por presunto delito de tráfico de drogas.
Lo cierto es que de las 20 personas a las que se les abrió instrucción sólo el general
(r) Juan Rivera Lazo y los suboficiales Nelson Carbajal García y Gabriel Vera Navarrete
se encuentran detenidos, comentaron los letrados.
Sostuvieron que a la fecha no sólo existen suficientes evidencias para probar la
culpabilidad de los integrantes del grupo paramilitar Colina en la matanza de Barrios
Altos, sino también de la participación en estos crímenes de Vladimiro Montesinos y de
los altos jefes del Ejército.
Además, señalaron que por la naturaleza del delito que se investiga, que es homicidio
calificado, el proceso debe realizarse con mandato de detención para todos los
procesados.
El presidente de la República, Valentín Paniagua, aceptó la dimisión de los comandantes generales de las distintas armas que el día de ayer pusieron sus cargos a disposición, días después de hacerse público un 'vladivideo' donde distintos oficiales respaldan el golpe del 5 de abril de 1992.
"No se trata de una simple mudanza estética, sino de un cambio ético", dijo Paniagua en un mensaje a la nación. "Muy lejos de cualquier intento revanchista o subalterno, y en el deseo de no añadir un nuevo factor de perturbación en el proceso electoral" el presidente de la República aceptó la dimisión de los comandantes generales; sin embargo, dijo no haber perdido de vista los objetivos de su gobierno de transición. "Deseamos construir una democracia firme y duradera y un estado respetuoso del orden jurídico y de la libertad", añadió.
Manifestó que para lograr dichos objetivos se
necesitan instituciones sólidas, "firmemente asentadas sobre valores y principios, y
con hombres genuinamente comprometidos en su defensa".
Señaló que al aceptar las dimisiones presentadas y resolver la sucesión, se ha tenido
en cuenta el grado de los firmantes del acta del 13 de marzo de 1999, y por ello se
relevó a los comandantes generales de las distintas armas que tenían el rango de
teniente general, vicealmirante o general de división.
"Consecuentemente, los cargos que han de ser objeto de relevo se asumirán por oficiales que no ostentaban esos grados y que hallándose ahora en funciones en el mismo instituto, siguen a los comandantes generales en antigüedad de acuerdo al escalafón respectivo. Se asegura así la continuidad en la política emprendida, se respeta la antigüedad y la jerarquía, y se garantiza la institucionalización que se viene realizando desde el inicio del gobierno de transición", dijo el presidente.
Pidió además que el país de a las FF.AA. y a la Policía Nacional la oportunidad de probar que "su patriotismo y devoción por el Perú" siempre están por encima y más allá cualquier "desfallecimiento o error". "Hay que crear señaló un clima que permita el desarrollo eficaz de la nueva institución militar y policial, y dejar a la justicia que cumpla sus responsabilidades con quienes se apartaron del deber". Al final del su mensaje se refirió a las pasadas elecciones del 8 de abril.
Dijo que el resultado electoral "contiene un
mandato inequívoco: quien quiera gobernar debe dialogar y concertar". "El
sufragio popular nos enfrenta a la difícil pero apasionante tarea de construir una
democracia pluralista y de consenso, que es por lo demás la que corresponde a la
compleja, diversa y desigual realidad del Perú".
Añadió que necesitamos una democracia gobernante, "que nace del pluralismo, que
respete a las minorías y promueva la participación institucionalizada de los partidos y
de todas las organizaciones de la sociedad civil".
Fuente: agenciaperu.com
18-04-01

Valentín Panigua
Al asumir el mando, anunciamos que iniciaríamos la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa decisión presuponía una apropiada racionalización de recursos y efectivos militares, así como una necesaria e impostergable moralización que ahora está en plena marcha; y, por otro lado, aplicar una clara ruptura con el pasado y perseguir un esfuerzo de reinserción institucional en la vida democrática del país.
La política tenía un propósito claro y neto: reconstruir las instituciones militares por obra de sus propios miembros, bajo nuevos principios y objetivos. Esa transformación implicaba, primero que nada, la reconciliación franca y decidida con los principios éticos y políticos que fueron desconocidos en el pasado reciente.
Era preciso, luego, la creación de una nueva conciencia que inspirara una cultura de la libertad redefiniendo la estructura, organización, disciplina y funciones de las Fuerzas Armadas y sus relaciones con la civilidad. Se trataba entonces de un cambio sustantivo que, transformando el espíritu individual e institucional, abriera el camino a formas diferentes de ejercicio del poder de relación con la civilidad y en general con el Estado y las demás instituciones de la sociedad civil.
Por cierto que sabíamos entonces, como no
ignoramos ahora, que no solucionaríamos nada cambiando unos hombres por otros, si no se
sustituye la mentalidad que inspira su conducta. De allí la necesidad de la ruptura con
el pasado.
La reinstitucionalización sugerida también que es una clara y explícita definición
frente al pasado reciente de viejos y arraigados prejuicios y conceptos.
El lunes 16 de abril, las fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en gesto que las enaltece y que con toda justicia han denominado de rectificación histórica, condenaron el golpe del 5 de abril de 1992 del régimen autocrático de Fujimori y Montesinos en todas sus manifestaciones y el acta del 13 de marzo de 1999 que el país conoce. Además, aludieron explícitamente los principios con arreglos de los cuales debe desenvolverse su vida institucional para convertirse en instrumento del desarrollo personal sin dejar de garantizar la defensa la integridad y la soberanía de la República. Ese paso trascendental abre un camino auspicioso que la historia recordará y que nosotros no podemos ni debemos ignorar.
Los Comandantes Generales de las distintas armas han añadido a su gesto cívico de rectificación un elemento de desprendimiento personal. Han puesto a disposición del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los cargos que venían ejerciendo con eficiencia, dignidad y lealtad, que no puedo menos que destacar.
Yo agradezco su cooperación sincera y la
consagración con la que cumplieron y ejecutaron la difícil responsabilidad de iniciar la
liquidación de una etapa y abrir otra en la vida institucional de las Fuerzas armadas y
de la Policía Nacional.
Lejos de cualquier intento revanchista o subalterno, y en el deseo de no añadir un nuevo
factor de perturbación en el proceso electoral hemos decidido aceptar su dimisión. Sin
embargo, no hemos perdido de vista los objetivos.
Deseamos construir una democracia firme y duradera y un estado respetuoso del orden jurídico y de la libertad. Para ello necesitamos instituciones sólidas firmemente asentadas sobre valores y principios y con hombres genuinamente comprometidos en su defensa. No se trata de una simple mudanza estética sin algún cambio ético de claros compromisos de honor personales institucionales con los valores y principios democráticos que por lo demás deben vincular igual a civiles y a militares.
Por eso, al aceptar las dimisiones presentadas y resolver la sucesión, hemos tenido en cuenta el grado de los firmantes del acta del 13 de marzo de 1999 y por ello hemos relevado a los Comandantes Generales de las distintas armas que tenían el rango de teniente General, Vicealmirante o General de División.
Consecuentemente, los cargos que han de ser
objeto de relevo se asumirán por oficiales que no ostentaban esos grados y que
hallándose ahora en funciones en el mismo instituto siguen a los Comandantes Generales en
antigüedad respecto del escalafón respectivo. Se asegura así la continuidad en la
política emprendida.
Se respeta la antigüedad en la jerarquía, se garantiza la institucionalización que se
vienen realizando desde el inicio del Gobierno de transición.
El proceso iniciado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser valorado y apreciado. No se trata sólo de reivindicar su pasado histórico. Es preciso que el país vea a las Fuerzas armadas y a la Policía Nacional la oportunidad de probar que su patriotismo y su devoción por el Perú siempre están por encima y más allá de cualquier fallecimiento o error.
Se trata, pues, de un clima que permita el desarrollo eficaz de la nueva institución militar y policial y dejar a la justicia que cumpla sus responsabilidades con quienes se apartaron del deber. Estoy convencido que el país, en general, anhela como las propias Fuerzas Armadas y Policiales la paz y la reconciliación y que todos estamos dispuestos a esforzarnos en aquel empeño y también en la construcción de una sociedad más libre y justa.
Ahora, permítanme una reflexión en torno del proceso electoral. El resultado electoral del 8 de abril tiene un mandato inequívoco, quien quiera gobernar debe dialogar y concertar. El sufragio popular nos enfrentar la difícil pero apasionante tarea de construir una democracia pluralista y de consenso, que es por lo demás la que corresponde la compleja, diversa y desigual realidad del Perú.
Vivimos una etapa signada por el cambio, el Perú debe superar con justicia y verdad el pasado de autocracia y corrupción. Y abrir el camino a un proyecto sugestivo de vida en común en el que todos debemos tener un lugar y una tarea que cumplir. expresión por ese esfuerzo por la unidad y reconciliación nacionales será en su momento la instalación de la comisión de la verdad y es que el Estado necesita reconciliarse con la sociedad lo mismo que los peruanos entre sí.
El gobierno que nazca el 28 de julio próximo tiene que relegitimarse día con día con el pueblo. El Perú a su turno necesita proyectar una imagen interna e internacional de coherencia y firmeza que de confianza a agentes económicos y certidumbre a los actores sociales.
El Perú requiere, en pocas palabras, un acuerdo nacional para la democracia y el desarrollo. Esa decisión resulta en estas circunstancias absolutamente necesarias. Es preciso asegurarle al pueblo una democracia efectiva y sobre todo eficiente. Nada de eso es posible con una democracia gobernada. Es decir, hipotecada a la mayorías temporales ensoberbecidas por el poder y que enfrentan el destino del país a su arbitrio y capricho. Necesitamos una democracia gobernante que nace del pluralismo que respeta a las minorías a las minorías y promueve la participación institucionalizada de los partidos y de todas las organizaciones de la sociedad civil.
Ese requerimiento es particularmente imperativo ahí como el Perú, donde imperan profundas diferencias económicas sociales y políticas y culturales y se exige que todos sean escuchados. Que además estén presentes en la agenda del Estado y del Gobierno. Sin más autoridad que la de su profundo amor y devoción por el Perú y por su pueblo.
El Gobierno de Transición se permite a convocar a todas las fuerzas sociales políticas y económicas para que estudien la posibilidad de constituir en un plazo corto de tiempo una mesa de diálogo en la búsqueda de un acuerdo nacional para la democracia y el desarrollo. Que conducida por ilustre peruano como es Javier Pérez de Cuellar, permita concertar políticas de estado y medidas de política que garanticen la gobernabilidad y el éxito de la administración que se inicia el próximo 28 de julio.
Corresponde a los partidos a las instituciones de la sociedad civil, empresarios del sector económico, estudiantes de las universidades, definir la agenda y ,os procedimientos necesarios para ello. Si fuimos capaces de concertar en las más adversas circunstancias, gracias al esfuerzo de un genuino luchador por la democracia y de la justicia como fue Gustavo Mohme Llona y fuimos capaces de trabajar en la mesa de diálogo propiciada por la OEA.
Si por consenso y gracias al generoso desprendimiento del ciudadanos de todos los sectores del congreso nació el Gobierno de Transición que presido, por qué no podemos hacerlo ahora que todos sin excepción sentimos el reclamo del futuro y el ansia de justicia paz y reconciliación nacional.
El gobierno no duda que esta iniciativa hallará
eco generoso en todos los sectores de la sociedad. Está convencido que así prestaremos
al país invalorable servicio a su desarrollo y consolidaremos la transición
democrática.
Estoy seguro que los peruanos podemos mirar con fe y optimismo el futuro, por eso hoy
mismo el mundo debe saber que hay aquí una vieja nación y un pueblo orgulloso de sus
tradiciones que está vivo y que enfrenta con coraje e ilusión su destino y que está
dispuesto a lograrlo. Buenas noches
Fuente: Diario EL COMERCIO
19-04-01
Tokio.- ¿Quién está detrás de Alberto Fujimori en su autoexilio en Japón? ¿Quién lo apoya económicamente en un país que tiene el nivel de vida más alto de todo el mundo, suponiendo que sea verdad lo que el ex mandatario afirma acerca de que no ha recibido más dinero que su salario presidencial? ¿Quién lo respalda moralmente y le da la seguridad de que, gracias a su nueva nacionalidad, no será enviado de regreso al país que gobernó como peruano durante una década, así se le comprueben crímenes de lesa humanidad? ¿Quién firmó su nacionalidad japonesa en sólo 32 días, cuando éste es un trámite que generalmente demora una decena de meses? ¿Qué bondadoso, desinteresado y rico benefactor lo acoge en el exclusivo departamento que ocupa en Tokio, en el lujoso barrio de Akasaka, y cuya renta mensual mínima es de 8.500 dólares?
Demasiadas preguntas que parecen tener una sola respuesta: la derecha nipona. En un país como Japón -donde los corrillos y secreteos políticos son la esencia misma de esa política, donde el comentario suple muchas veces la información oficial, donde es de locos esperar que alguien salga al frente para reivindicar la defensa de tal o cual tema o persona, o donde las noticias, primicias y destapes periodísticos provienen en muchos casos de comunicados o fuentes oficiales que los suministran tarde y con cuentagotas- es casi imposible saber de forma certera u oficial quién se encuentra detrás del autoexilio de Alberto Fujimori. Sin embargo, son esos mismos secreteos y comentarios políticos, bastante confiables y certeros en la generalidad de los casos, los que señalan que existe una vinculación directa entre Fujimori y Shintaro Ishihara, un nacionalista radical que ocupa la Prefectura de Tokio desde hace dos años. Esta presunción, que a simple vista no pasa de ser un dato, se ve respaldada sin embargo por un hecho real y comprobado. El resto es sólo cosa de saber sumar, restar e interpretar la historia reciente de las relaciones que han mantenido Japón y el Perú.
Cuando a principios de marzo Fujimori abandonó la residencia de la escritora Ayako Sono, ubicada en el barrio de Denen Chofu, fue él mismo quien les proporcionó a determinados medios de prensa un número de fax en el que hasta la fecha se le puede hacer llegar por escrito solicitudes de entrevistas y preguntas que él responde por el mismo medio. El número resultó pertenecer a la oficina particular de Shintaro Ishihara, situada en el distrito de Minato Ku, uno de los más caros de Tokio. Sobre este tema, la revista semanal nipona "Shukan Asahi" publicó un artículo en su edición del 23 de marzo donde señala que uno de sus reporteros incluso pudo conversar en la mencionada oficina con Víctor Aritomi, ex embajador peruano y cuñado de Fujimori. Según dicha publicación, Aritomi habría aceptado, ante las preguntas del hombre de prensa, que estaban (él y Fujimori, del cual se convirtió en mano derecha apenas pisó Japón el 17 de noviembre del año pasado) instalados en la oficina de Ishihara desde enero pasado. Versión que fue corroborada por la secretaria del prefecto, quien a la vez aclaró que el nexo entre el ex mandatario e Ishihara había sido Ayako Sono, amiga personal de este último.
Por su parte, hace un par de semanas el político nipón aceptó públicamente haber visitado a Fujimori en febrero, sin revelar el motivo o tema de la conversación sostenida. Visita a la que no lo obliga el protocolo de su investidura como gobernador y que, obviamente, realizó como una decisión personal. Al ser consultados sobre la reunión de ambos personajes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron desconocer el hecho. Algo raro si se toma en cuenta que, hasta la fecha, Fujimori goza de custodia policial, que si bien no la ordena directamente la Cancillería, al menos sí la coordina, y que los desplazamientos de Ishihara son escoltados por carros oficiales o unidades policiales, con lo cual es difícil que pasen inadvertidos.
Según los analistas, la simpatía que inspira Fujimori en Ishihara, un nacionalista a ultranza que entre otras cosas reivindica el derecho de Japón de tener su ejército propio, estaría basada en la solución que, a sangre y fuego, le dio el entonces mandatario a la llamada crisis de los rehenes. "Ambos -Fujimori e Ishihara- son políticos parecidos. Los dos han demostrado un liderazgo que rompe las cosas establecidas y que pretende una reforma", opina Shigeo Osonoi, profesor de la Universidad de Nanzan y autor del libro "El Perú moderno y el gobierno de Fujimori". "Fujimori frenó el terrorismo. Es natural que Ishihara sienta simpatía por él", complementa el catedrático.
Por otro lado, no son pocas las versiones que afirman que Fujimori acaba de abrir una oficina en el mismo edificio donde se ubica la de Ishihara. La función principal que desempeñaría en ella sería la publicación de su tan anunciado libro de memorias. La obra -que lo ayuda a escribir Carlos Orellana, el asesor de prensa que lo acompañó durante casi todo el tiempo que permaneció en Palacio- estaría pronto en el mercado local por cuenta de Chuo Koron, la editorial más antigua e importante del país, según refiere Masakuni Ota, editor jefe de Gendai Kikakushitsu Publishers, editorial que también publica obras en castellano. "En todas partes se comenta que Chuo Koron publicará el libro de Fujimori. No sé si hay un contrato firmado, pero sí un acuerdo de palabra. Y en Japón esas cosas se respetan", explica Ota.
Chuo Koron es desde hace dos años propiedad del consorcio Yomiuri, de tendencia derechista. Fue justamente en el "Yomiuri Shimbun", el diario de mayor tiraje en Japón con 14 millones de copias al día, donde Fujimori publicó a finales de diciembre del año pasado una serie de cuatro artículos en los que toca de forma superficial varios temas relacionados con el Perú, entre ellos los motivos por los que abandonó el país y la Presidencia. El ex mandatario habría recibido un promedio de 150.000 yenes (1.200 dólares estadounidenses) por cada uno de estos artículos, mientras que por sus memorias Chuo Koron le pagaría como mínimo el 10% del precio de venta al público. Según el mismo Ota, un libro como el de Fujimori puede alcanzar un precio de 2.500 yenes en el mercado (20 dólares), con un tiraje de 20.000 ejemplares en la primera edición, algo normal para una editorial de esa envergadura. Xenófobo y militarista - Shintaro Ishihara (68) fue elegido prefecto de Tokio el 11 de abril de 1999 por abrumadora mayoría. - Antes de asumir el segundo puesto político más importante en el ámbito de gobierno (después del de primer ministro), Ishihara se desempeñó como senador (1968) y titular de la cartera de Transportes (1976). En ese entonces militaba en las filas del Partido Liberal Democrático (PLD), agrupación que gobierna el Japón desde hace varias décadas. Sin embargo, Ishihara postuló a la Prefectura de Tokio como político independiente. El actual gobernador de Tokio es conocido también como escritor. En este rubro ha publicado el libro "El Japón que puede decir que no" y en 1965 ganó el Premio Akutagawa de Novela, uno de los más renombrados que se entregan en el archipiélago. - Conocido como un derechista radical y un nacionalista a ultranza, Ishihara ha causado polémica desde que asumió el cargo. Tanto por sus declaraciones xenófobas contra los extranjeros -recomendó a las autoridades que, en caso de un desastre natural de gran envergadura, se pusiera especial cuidado en reprimir los actos vandálicos que de seguro cometerían los extranjeros-como por su intención manifiesta de reducir la dependencia defensiva de Japón con Estados Unidos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón sólo está autorizado a mantener un reducido ejército. Sin embargo, Ishihara aboga por comprar armas y convertir esta fuerza en un verdadero ejército. Ishihara también ha causado irritación en los gobiernos de China y Corea por considerar que Japón hizo bien cuando colonizó estas naciones a principios del siglo XX. Cuenta con ayuda de Ryutaro Hashimoto Tokio. El gobernador Ishihara no es el personaje de tendencia derechista más prominente que apoya a Fujimori. "No es un secreto la gratitud que Ryutaro Hashimoto, quien ahora es ministro de Reforma Administrativa y Asuntos Territoriales, le guarda a Fujimori". "Cuando sucedió la crisis de los rehenes, él era primer ministro de Japón. Y la forma en que actuó Fujimori para liberar a los rehenes le quitó un dolor de cabeza", opina Hiroaki Hidaka, experimentado periodista de la agencia nipona de noticias Kyodo, especialista en temas sobre América Latina.
En la actualidad, Hashimoto, quien debió renunciar como primer ministro en 1998, es amplio favorito para ocupar la presidencia del PLD. De obtener el puesto, que se definirá el 24 de abril, el político de 63 años asumiría prácticamente de forma automática el cargo de primer ministro, dada la mayoría que posee la coalición que lidera el PLD en la poderosa Cámara Baja del Parlamento. Hashimoto reemplazaría a Yoshiro Mori en la conducción del país, con lo cual Fujimori tendría detrás de sí los dos puestos políticos más importantes de Japón: el primer ministro y el gobernador de Tokio. "Otro personaje que respalda moralmente a Fujimori por el mismo tema (la crisis de los rehenes) es Masahiko Komura, actual ministro de Justicia, quien durante el episodio en Lima era vicecanciller. Komura fue el encargado de viajar a Lima representando al Gobierno Japonés. "También fue a Cuba cuando se planteó la posibilidad de que los emerretistas se fueran allá", recuerda Hidaka. Coincidentemente, cuando un individuo comienza a gestionar su nacionalidad japonesa, es el ministro de Justicia en persona quien firma la orden para que ésta se le otorgue o deniegue.
Finalmente Hidaka añade: "El tema (de Alberto Fujimori) es tan feo que (el Gobierno y los políticos de derecha) no quieren que se vea el apoyo que le están dando (a Alberto Fujimori)". "Es una constante desde que pisó tierra japonesa. Algo de lo que seguro nos enteraremos (oficialmente) cuando haya pasado todo esto", dice.
Fuente : Diario EL COMERCIO
19-04-01
Tokio.- El gobernador Ishihara no es el
personaje de tendencia derechista más prominente que apoya a Fujimori.
"No es un secreto la gratitud que Ryutaro Hashimoto, quien ahora es ministro de
Reforma Administrativa y Asuntos Territoriales, le guarda a Fujimori".
"Cuando sucedió la crisis de los rehenes, él era primer ministro de Japón. Y la
forma en que actuó Fujimori para liberar a los rehenes le quitó un dolor de
cabeza", opina Hiroaki Hidaka, experimentado periodista de la agencia nipona de
noticias Kyodo, especialista en temas sobre América Latina.
En la actualidad, Hashimoto, quien debió renunciar como primer ministro en 1998, es
amplio favorito para ocupar la presidencia del PLD.
De obtener el puesto, que se definirá el 24 de abril, el político de 63 años asumiría
prácticamente de forma automática el cargo de primer ministro, dada la mayoría que
posee la coalición que lidera el PLD en la poderosa Cámara Baja del Parlamento.
Hashimoto reemplazaría a Yoshiro Mori en la conducción del país, con lo cual Fujimori
tendría detrás de sí los dos puestos políticos más importantes de Japón: el primer
ministro y el gobernador de Tokio.
"Otro personaje que respalda moralmente a Fujimori por el mismo tema (la crisis de
los rehenes) es Masahiko Komura, actual ministro de Justicia, quien durante el episodio en
Lima era vicecanciller. Komura fue el encargado de viajar a Lima representando al Gobierno
Japonés.
"También fue a Cuba cuando se planteó la posibilidad de que los emerretistas se
fueran allá", recuerda Hidaka.
Coincidentemente, cuando un individuo comienza a gestionar su nacionalidad japonesa, es el
ministro de Justicia en persona quien firma la orden para que ésta se le otorgue o
deniegue.
Finalmente Hidaka añade: "El tema (de Alberto Fujimori) es tan feo que (el Gobierno
y los políticos de derecha) no quieren que se vea el apoyo que le están dando (a Alberto
Fujimori)".
"Es una constante desde que pisó tierra japonesa. Algo de lo que seguro nos
enteraremos (oficialmente) cuando haya pasado todo esto", dice.

General FAP Miguel Medina
Nuevo Pdte. Comando Conjunto de las FF.AA
La serenidad del Presidente Paniagua y el sentido autocrítico de altos mandos castrenses permitió capear una crisis militar y abrir nuevos horizontes para los institutos armados y para el país.
Este lunes, el entonces comandante general del Ejército, general Carlos Tafur Ganoza, tenía pensado viajar al día siguiente a la Tercera Región Militar con sede en Arequipa, para pasar revista a los cuarteles del sur. Lo anunció en la noche, tras inaugurar una exposición fotográfica sobre la Antártida en el segundo piso del Cuartel General del Ejército.En breves declaraciones, Tafur anunció el lunes
que había puesto su cargo a disposición del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y que
continuaría con sus planes programados. Pero después de la ceremonia en el Cuartel
General, decidió no viajar a Arequipa. Parecía presentir lo que se venía.
Tafur había convocado para el lunes a todos los generales de división al Cuartel
General. A mediodía se dirigieron a la Escuela Superior de Guerra, donde desvelaron la
placa que correspondía a Tafur y que fue colocada junto a la de los anteriores
comandantes generales.
Luego almorzaron. De tres a seis de la tarde se
reunieron para evaluar el vídeo sobre el acta de sujeción militar que había sido
intensamente difundido el cinco de abril, tres días antes de las elecciones.
Según fuentes militares, el comandante general indicó a sus camaradas de armas la
decisión que había tomado de poner su cargo a disposición del Presidente Paniagua. Les
recordó que eran testigos de las luchas internas contra el montesinismo enquistado en el
Ejército y que les cerraba el paso a las posiciones clave.
Evocó lo ocurrido el sábado 13 de marzo de
1999, cuando acudieron al auditorio de la Fuerza Aérea en Las Palmas, y fueron
sorprendidos y conducidos a firmar el acta de sujeción al régimen de Fujimori, y a sus
desmanes autoritarios.
El general de división Rigoberto Villena, actual Jefe de la Primera Región Militar con
sede en Piura, precisó que ese día él, en señal de protesta, firmó con una rúbrica
distinta a la que usa y no colocó su sello. Esto fue detectado por los montesinistas, lo
cual le valió su pase al retiro.
Tafur indicó en esa cita del lunes que desconocía cuál sería la decisión del Presidente Paniagua sobre su permanencia en la comandancia; pero llamó a continuar en la lucha por la institucionalización del Ejército, fuere cual fuere la decisión de Paniagua. Propuso asimismo redactar dos comunicados: uno de carácter interno, dirigido a la oficialidad y explicatorio de lo sucedido, y otro destinado a la opinión pública, para señalar que luego de la reunión del Consejo de Altos Oficiales se había acordado retirar del escalafón militar y despojar de todos los títulos y condecoraciones a los oficiales involucrados con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, aparte de retirar a éste las condecoraciones del Ejército.
Los comunicados se quedaron en el tintero. El
martes 17 por la mañana, a doce días de haberse divulgado el vladivideo de la sujeción
castrense, el Presidente Paniagua tomó la decisión de aceptar la renuncia de los
comandantes generales. La crisis militar, que algunos quisieron agravar, no se sabe con
qué intención, tocaba a su fin.
La enérgica decisión del Presidente y su bien razonado mensaje del martes no sólo
resolvieron un malestar, sino que abrieron prometedoras perspectivas para los institutos
militares y para la sociedad en su conjunto.
FERRERO O LA PODA GENERAL
Hay que recordar que el viernes 6, los comandantes generales del Ejército, La Marina y la FAP se habían reunido en el Comando Conjunto para elaborar un comunicado. Horas antes se había difundido el vídeo de la sujeción, y las papas quemaban. Pero el texto quedó en nada, porque el general Ledesma comunicó a los comandantes que el Consejo de Ministros les había dado su respaldo. Lo cierto es que en ese momento no se quería empañar las elecciones del 8.
Paniagua tenía en ese momento la idea de dirigir un mensaje a la nación sobre el problema militar. La grabación de Paniagua se iba a transmitir el miércoles 11. Pero, luego de una conversación con Ledesma, el Jefe del Estado decidió dejar que transcurriera la Semana Santa antes de afrontar el problema.
Paniagua, hombre de derecho, decidió alcanzar un
esclarecimiento a fondo. Se reunió primero con la Fiscal de la Nación. Quería saber
cómo realmente pasó el vídeo de los militares al Congreso y por qué allí se procedió
a difundirlo de inmediato. Para esto deseaba confirmar que la primera exhibición de ese
filme había ocurrido el 23 de febrero en la oficina del juez Saúl Peña.
Sin duda con el mismo fin, Paniagua se reunió el lunes 16 por la tarde con Carlos
Ferrero, presidente del Congreso; el segundo vicepresidente de éste, Henry Pease; y el
tercer vicepresidente, Manuel Masías.
En ese momento, había en el sector militar
quienes proponían que los comandantes generales fueran dejados en sus puestos a fin de
que el nuevo gobierno eligiera en julio a los futuros jefes.
Otra propuesta era la de Carlos Ferrero: descabezar a los institutos armados y pasar al
retiro a todos los que habían firmado el acta impuesta, mediante coacción, por
Montesinos y su argolla.
El lunes 16 fue también convocado a Palacio el general PNP (r) Antonio Vidal Herrera,
ministro del Interior. Trascendió que el cambio en la Policía no se iba a realizar
todavía. El director general de la PNP, general Armando Santisteban de la Flor, había
asumido el cargo sólo el 23 de marzo último. Tiene, pues apenas 27 días de Director.
UN COMUNICADO MEMORABLE
El lunes último, hacia las 10 de la mañana, los
comandantes generales dieron a conocer un comunicado que despejó los nubarrones que se
habían acumulado en el área militar y entre ésta y la sociedad de los civiles. Fue
oportuno y sagaz.
La concisión del texto fue lograda luego de que se eliminaron seis borradores sucesivos,
redactados por los jefes militares y sus respectivos asesores. Habían trabajado en ello
desde el sábado 14.
En síntesis, el comunicado condenaba el acta suscrita el 13 de marzo de 1999 que
respaldaba el golpe del 5 de abril de 1992, así como la amnistía para militares y
policías y la impunidad para quienes cometieran abusos en el curso de la lucha
antisubversiva.
El texto marcaba a fuego "Grave proceso de
cooptación, sujeción y corrupción que alcanzo no sólo a las FF.AA. sino a todos los
poderes constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad
civil".
Indicaba el texto las circunstancias de sorpresa y de ausencia de debate con que se
suscribió el documento de 1999, por lo cual consideraban írritos tales documentos, los
cuales no podían ser respetados ni por los comandantes generales ni por sus
instituciones.
Luego de recordar la conducta intachable de las
FF.AA. y la PNP en las elecciones recientes, "evidenciando", expresaba,
"los esfuerzos realizados por la recuperación institucional en armonía con los
nobles ejemplos de Bolognesi, Grau, Quiñones y Mariano Santos".
Tras renovar su decisión de seguir actuando en estricto acatamiento a la Constitución y
las leyes, y reafirmar su absoluta subordinación al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional, los Comandantes "ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en
general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus
instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional".
Al final, ponían sus cargos a disposición del Presidente Paniagua.
El documento abría así las puertas para una salida airosa.
UN MARTES DECISIVO
El Mensaje del Presidente Paniagua estuvo
precedido de varios preludios y algún suspenso. Primero fue Alan García, el candidato
presidencial del Apra, quien el lunes explicó, en conferencia de prensa, que era
partidario de que el Presidente aceptara la renuncia de los comandantes generales; pero
que respaldaría la decisión de Paniagua, cualquiera que fuese. Alejandro Toledo expresó
lo mismo, al día siguiente, apenas retornado de su viaje de descanso a República
Dominicana.
El martes mismo, la alocución fue anunciada primero para las ocho de la noche, después
para las nueve. Al final, se transmitió a las diez. Pero estaba lista desde las seis de
la tarde.
El preludio mayor fue la aceptación de la
renuncia de los tres comandantes generales. Cerca del mediodía del martes, se convocó a
Palacio al Presidente del Comando Conjunto y Comandante General de la FAP, Pablo Carbone
Medina, para expresarle tal aceptación. Luego se citó al comandante general de la
Marina, Almirante Víctor Ramos, a quien también se agradecieron los servicios prestados.
Posteriormente, Paniagua se reunió con el general Tafur, a quien comunicó la decisión.
En su discurso de la noche, Paniagua se encargó de elogiar el desprendimiento de estos
jefes que pusieron a disposición el cargo que venían desempeñando "con eficiencia,
dignidad y lealtad".
Resaltó asimismo el documento que los comandantes generales habían difundido el lunes y
que, "con toda justicia, han denominado de rectificación histórica".
El Presidente fue más allá de la coyuntura, al sentar las bases de una reforma militar que signifique la reinserción de los institutos castrenses en la vida democrática del país y "una reconciliación franca con los principios éticos y políticos que fueron desconocidos en el pasado reciente".
COMISION DE LA VERDADAsimismo aludió el Presidente a la necesidad de una Comisión de la Verdad. A este respecto, en el documento difundido el lunes por los comandantes generales se dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional "respaldan las iniciativas destinadas a la formación e institución de una comisión de la verdad que permita la unión y reconciliación, fundada en la justicia y una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevó a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional".
Ha trascendido que el Presidente Paniagua se propone anunciar en estos días la creación de la Comisión de la Verdad. Sus miembros serían designados treinta días después. La idea es que el gobierno que se instale el 28 de julio reciba una idea en marcha, una realidad que se implanta por la voluntad concordante de civiles y militares.
MESA DE DIALOGO
Entre las vigas maestras del conceptuoso, apretado Mensaje presidencial, hubo un acápite dedicado al proceso político actual. "El resultado electoral del 8 de abril contiene un mandato inequívoco: quien quiera gobernar debe dialogar y concertar", expuso. "El Perú requiere un Acuerdo Nacional para la Democracia y el Desarrollo".Próximamente el Banco Mundial presentará al Ejecutivo el resultado de una investigación medular sobre la percepción de la sociedad peruana sobre la corrupción en el país. El documento servirá de base al grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción nombrada la semana pasada. Se trata de un equipo multidisciplinario presidido por monseñor Miguel Irízar e integrado por Antonio Blanco Blasco, Cecilia Blondet (Transparencia), Carlos Castro (Adex), Pablo Checa (sindicalista), Margarita Giesecke (historiadora), Baldo Kresalja (empresario y abogado), Humberto Lay Sun, Alvaro Rey de Castro (psicoanalista), Mónica Sánchez (actriz) y Jorge Santistevan de Noriega (ex Defensor del Pueblo). Su misión: identificar los puntos neurálgicos de la corrupción, establecer los lineamientos de una estrategia de largo aliento contra el flagelo y promover un amplio debate nacional. El ministro de Justicia, Diego García Sayán, explica a CARETAS las imperativas razones que obligaron a su creación.

DIEGO GARCÍA SAYÁN
Creador del Grupo de Trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción
EL grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción lo preside un religioso y lo integran un empresario, dos abogados, un dirigente sindical, una historiadora, un psicoanalista y hasta una actriz. ¿Una convocatoria poco convencional para una cruzada anticorrupción?
-El de Fujimori no fue simplemente un gobierno con corruptos, sino fue una mafia que se adueñó del Estado y del gobierno. ¿Cómo este enorme aparato de corrupción se generó en el Perú? Sin duda, la mafia se apoderó de las instituciones peruanas con la tolerancia e injerencia de una buena parte de la sociedad peruana.
-¿Y de qué manera un grupo con once personalidades puede contribuir a desmontar la estructura de corrupción?
-La pregunta histórica, filosófica y política es: ¿Cómo hacer para que no se repita algo parecido? Se trata, por lo tanto, de identificar las condiciones objetivas que existían en nuestra institucionalidad y la conducta de la ciudadanía que toleraron que esta situación se produjera y avanzara. Existen cuestiones éticas e institucionales que deben ser identificadas para poder ser encaradas y combatir con éxito el fenómeno de la corrupción.
-Una de las principales limitantes en la Iniciativa Nacional Anticorrupción es que su mandato concluye con el gobierno de Paniagua este 28 de julio.
-Es indispensable avanzar en los lineamientos de un plan nacional contra la corrupción. No es un plan de gobierno transitorio, lo cual excedería ampliamente su mandato, sino elaborar lineamientos que puedan ser asumidos por el Estado y la sociedad peruana y que configure un marco a partir del cual se puedan establecer metas concretas y escoger herramientas eficaces que permitan prevenir fenómenos de corrupción en distintos ámbitos de la vida social. Este proyecto global será entregado a las autoridades que asuman la conducción del país el próximo 28 de julio. Es por ello que se decidió crear el grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción integrado por personas destacadas de la sociedad presididas por alguien de la enorme calidad moral , personal e intelectual como es Monseñor Irízar con el propósito de avanzar en el Plan.
-¿La amplitud de la tarea no conspira contra los objetivos puntuales de la Iniciativa Anticorrupción?La lucha contra la corrupción que está impulsando el gobierno de transición es integral y la está enfrentando a través de muy diversas y trascendentes acciones. Este Grupo avanzará sobre la base de aquello que sus miembros tengan que aportar por su capacidad moral, intelectual y profesional, a partir de un diagnóstico que le hemos pedido al Banco Mundial sobre la percepción de la corrupción en el Perú de hoy el cual se está elaborando con el apoyo de técnicos peruanos y que debe ser entregado en los próximos días. El plan incluye, también, un amplio debate nacional que se realizará con sectores intelectuales, profesionales y en distintos lugares del país. En mayo se realizarán foros fuera de Lima para llevar algunas de estas propuestas.
-¿Cuáles son específicamente las metas del Grupo?
-La concepción integral del fenómeno de la corrupción determina que en su análisis y propuestas se incluyan aspectos éticos y los grandes objetivos de la lucha contra la corrupción, además de pasos concretos que tengan que ver con la organización del Estado, con la regulación de los contratos de adquisiciones de obras y de servicios por parte del Estado, con la política educativa, la difusión de valores y con el fortalecimiento de los mecanismos de control que existen en el Estado (la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y los mecanismos específicos que pudieran existir al interior de cada sector).
-¿Contempla la creación eventual de una entidad especializada Anticorrupción?
-Estamos seguros que este proceso y su producto va a ser un instrumento muy importante pues nuestro país requiere un esquema serio y eficaz contra la corrupción de manera permanente, a fin de que no se envilezcan los valores fundamentales de cohesión de la propia sociedad y que, además, sea un país atractivo para la propia inversión porque los costos de operación son obviamente mucho más altos en los países en que prima la corrupción dado que las cosas cuestan su precio más el soborno, la corruptela, la prebenda a quien tome las decisiones. Nuestro deseo es que este Grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción pueda formular estos lineamientos fundamentales de una política nacional que pueda incluir la creación de un organismo permanente para hacer frente al problema.-¿Cómo se garantizará que el esfuerzo anticorrupción presente se mantenga en el futuro régimen?
-La pregunta es fundamental y es a todos los peruanos a quienes les toca garantizar los resultados del esfuerzo. Yo insisto en que hay que confiar en lo que los candidatos vienen diciendo sobre el combate contra la corrupción. Este proceso que ha iniciado el gobierno de transición busca, además, reforzar el papel de la sociedad civil. Los foros regionales significan abrir esta discusión a los distintos sectores de la sociedad y a los gobiernos locales para que puedan participar de manera más activa en el combate contra la corrupción.-¿Cuál es la responsabilidad y las tareas que le competen a la sociedad civil en esta cruzada?
-Depende de muchos factores, incluido el papel que juegue la prensa al respecto. Hay quienes piensan que los peruanos a veces tenemos la memoria corta. Por eso creo que hay que crear esta especie de tenaza que pueda constituir una sociedad civil más vigilante y activa y una institucionalidad democrática fortalecida y perfeccionada. Yo creo que así como hay momentos en la historia en que se impone el autoritarismo que va oscureciendo todo el panorama, en un proceso de apertura democrática ocurre una inercia exactamente contraria donde existe la tendencia que quienes se sentían marginados y silenciados quieran asumir un papel protagónico. Un proceso de transición a la democracia no es un proceso que puede durar ocho meses sino que tiene que ser una tarea que el nuevo gobierno deberá asumir como una responsabilidad central. La transición a la democracia no termina el 28 de julio del 2001 y, en ese sentido, junto con numerosas otras tareas, debe continuarse fortaleciendo el combate contra la corrupción.
-¿Existen experiencias parecidas en el extranjero?
-Ha existido una sucesión de estas llamadas comisiones nacionales contra la corrupción de naturaleza multisectorial dotadas de muchas buenas intenciones, pero que en algunas ocasiones no han alcanzado los fines que se propusieron.
-¿Qué es lo que le hace pensar que aquí no se correrá la misma suerte?
-Creo que en la media en que se involucra a la sociedad civil y a los principales actores políticos las posibilidades de éxito son mayores.
-La iniciativa parece a su vez querer rescatar ese germen de revuelta popular, creativa y pacífica que caracterizó la protesta contra el gobierno de Fujimori.
-Exactamente. Involucra, por ejemplo, a personas como Mónica Sánchez no tanto por sus condiciones de jurista sino por su involucramiento en el proceso y su capacidad de convocatoria. Hoy necesitamos que esa potencialidad que condujo al fin de Fujimori y Montesinos, se traduzca en acciones en positivo. No debemos dormirnos en nuestros laureles y pensar: "bueno ya hay cerca de 200 sospechosos de corrupción presos". No debemos olvidar que ésta es una criatura que surgió de la propia sociedad, de las instituciones peruanas. Hay un problema en el fondo que explica cómo esto pudo ocurrir.
-Con Fujimori y Montesinos -las dos cabezas de la hidra- prófugos y cerca de 200 presos, ¿cuánto resta por desarticular?
-Evidentemente hay tentáculos que aún están vivos.
-¿Cómo se manifiestan?
-En la medida en que haya aparatos que fueron sometidos como el militar, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde no se ha realizado aún una depuración integral. Si bien hubo elementos de coacción al interior del aparto estatal que llevaron los tentáculos de la mafia a ser muy eficaces en el control, es cierto que quedan dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial y del aparato militar y policial elementos que no sólo fueron víctimas de la coacción sino que fueron, en algunos casos, actores encubiertos.
-¿La crisis militar de los últimos días es un reflejo de la complejidad descrita?
-Cumple una función catártica, pero también tiene que ser base de un mecanismo de control, de supervisión y de evaluación más exhaustivo del que se ha producido hasta el momento.
-¿Y en el aparato judicial?
-Es un proceso complejo. Pero no queríamos una evaluación del Poder Ejecutivo sobre otro poder que es el Judicial. Por eso es que solicitamos a técnicos internacionales que vinieran a hacer esa evaluación junto con juristas peruanos. Y conseguimos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organizara una extraordinaria misión internacional de juristas que estuvieron tres semanas en el Perú. Pronto estará completo un informe completo sobre los problemas para la independencia de la justicia, el acceso a la justicia y plantearán una serie de recomendaciones trabajadas no con el Ministerio de Justicia sino con las cabezas del Poder Judicial. De manera que nuestra aspiración, así como en el tema de la corrupción, es dejar también un plan de modernización y desarrollo judicial listo, no hecho con un prisma político por parte del gobierno transitorio, sino con un enfoque estatal de mediano y largo plazo.
-¿Hay ayuda externa también para la Iniciativa Nacional Anticorrupción?
-El diagnóstico es respaldado por el Banco Mundial y el equipo técnico ha contado con el apoyo del BID y la OEA.
-La corrupción no es evidentemente un fenómeno estrictamente peruano. También en Argentina se cuecen habas, por ejemplo.-Hay corruptos de significación en todas partes y no sólo en América Latina. Hay casos gravísimos que tocan al gobierno francés. Sin embargo, en el Perú, desde la cúspide del gobierno se organizó todo un aparato, complejo, sofisticado de corrupción en todo el Estado y la sociedad peruana. No era un ministro de Defensa corrupto o cosas como ésas que lamentablemente existen en todas partes del mundo, sino que ocurrieron hechos absolutamente capitales en la antieducación cívica del país. La corrupción fue utilizada de manera sistemática como un instrumento de gobierno. Y eso tiene que ser resuelto y compensado por gobernantes que revaloren y dignifiquen la función pública.
-¿Se tiene una idea de cuánto dinero se han robado?
-Sería especular, pero presumo que de los US$ 220 millones identificados, la cifra real debe ser cuatro o cinco veces mayor. Y que se han encontrado cuentas aún de básicamente dos zonas: Gran Caimán y Suiza. De manera que estamos hablando sólo de la punta del iceberg.
TEXTO COMPLETO DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CNDDHH:
CATEGÓRICA OPOSICIÓN A LA ELECCIÓN DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO POR ESTE CONGRESO
1.- Ratificamos nuestra enérgica oposición a que una decisión de trascendencia nacional sea tomada por un Congreso surgido del proceso viciado y fraudulento del 9 de abril del 2000. La decisión requiere, además, del voto favorable de 80 congresistas; por lo que inevitablemente pasa por establecer acuerdos y compromisos con congresistas cuya conducta está cuestionada, sea por su condición de tránsfugas, sea por sus vínculos con el prófugo Vladimiro Montesinos y, además, en no pocos casos, por estar investigados por graves delitos.
2.- Sin desmerecer la calidad personal de algunos de los postulantes al cargo es para nosotros evidente que muchas personas de grandes merecimientos y legítimo derecho a postular a esa alta función se abstuvieron de presentarse por las consideraciones expresadas en el párrafo precedente.
3.- La Defensoría del Pueblo fue quizás la única institución del Estado que logró mantener su prestigio e independencia durante los años de la dictadura. Ello es una razón adicional para que quien asuma la función en la nueva etapa, esté por encima de cualquier cuestionamiento a la legitimidad de su origen.
4.- La inconveniencia de apresurar el procedimiento y la poca legitimidad del actual Congreso se hacen mayores en la medida en que el pueblo ya eligió un nuevo Congreso hace dos semanas; esta vez, uno legítimo e incuestionado y al que por derecho elemental le corresponde tomar decisiones de la envergadura de la que discutimos.
5.- Una razón adicional para esperar al próximo Congreso es que el equipo actual de la Defensoría, liderado por Walter Albán Peralta, viene haciendo una excelente gestión, lo que garantiza la estabilidad y adecuada presencia de la institución en estos pocos meses previos a la instalación del nuevo Congreso.
ADHESIÓN ENTUSIASTA A LA INICIATIVA QUE VALENTÍN PANIAGUA SEA EL PRÓXIMO DEFENSOR DEL PUEBLO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se
adhiere al movimiento cívico que se viene gestando para que el presidente Valentín
Paniagua sea elegido como el próximo Defensor del Pueblo del Perú. Esto sería una forma
de reconocimiento nacional a la labor que ha realizado en estos meses al frente del
gobierno transitorio. Mas aún, cuando por la alta función que ha cumplido en beneficio
del país, los únicos cargos públicos a los que puede aspirar de inmediato son aquellos
como el de Defensor del Pueblo que se sustentan en el poder moral y la capacidad de
ejercer un liderazgo basado en el ejemplo. Los méritos de Paniagua están por encima de
toda discusión. No sólo está su capacidad profesional y su intachable trayectoria
política democrática. Están, también, los grandes logros que puede exhibir su gobierno
en materia de derechos humanos, conseguidos en medio de excepcionalmente difíciles
circunstancias. En este corto tiempo se ha rescatado plenamente el Estado de Derecho, se
ha reparado gravísimas violaciones a los derechos humanos, se han dado pasos
institucionales y normativos decisivos para su mayor vigencia en el futuro, se ha dado un
combate enérgico contra la impunidad, se ha avanzado significativamente en subordinar a
las Fuerzas Armadas al poder civil y se ha tomado la histórica decisión de establecer
una Comisión de la Verdad. Si se logra convencer a Valentín Paniagua de ser el próximo
Defensor del Pueblo, sería no sólo un gesto de merecido agradecimiento del Perú por la
obra cumplida; sino que conllevaría además un extraordinario mensaje positivo, tanto
hacia el interior del país como para la comunidad internacional, indicando que el país
avanza hacia una democracia estable, con instituciones sólidas y creíbles y que somos
una sociedad que aspira a crear condiciones para la plena vigencia de los derechos
humanos.
El Fiscal especial anticorrupción de Perú,
José Ugaz, anunció el miércoles que el ex presidente Alberto Fujimori será formalmente
acusado de corrupción.
Ugaz explicó que la Fiscalía obtuvo un testimonio de una persona, cuya identidad no fue
divulgada, que implica a Fujimori en una reunión en la que se decidió el esquema de
desvío de fondos públicos.
Por otra parte, el detenido ex jefe militar bajo
el gobierno de Fujimori, Nicolás Hermoza, reconoció a una comisión del Congreso que
investiga al ex asesor Vladimiro Montesinos que posee una cuenta de US$ 14,5 millones en
Suiza.
Ugaz dijo a la prensa peruana que el abogado de Hermoza se comunicó con él, en lo que
espera sea la búsqueda de un acuerdo para brindar testimonio a cambio de una reducción
de su futura condena.
Respecto al testigo anónimo que implica a
Fujimori en el desvío de fondos, Ugaz sólo dijo que "su identidad será mantenida
en secreto hasta que tomen medidas para su protección".
El testigo, que sería un ex funcionario, asegura que el entonces presidente participó
activamente en una reunión donde se decidió el desvío de fondos públicos.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
26-04-01

El presidente Valentín Paniagua instaló ayer en
Palacio de Gobierno la comisión Iniciativa Nacional Anticorrupción cuya importancia
radica, entre otras cosas, en que se ha convocado a la sociedad civil para que prepare las
bases y lineamientos fundamentales de un plan nacional contra la corrupción, el cual
pueda poner en práctica el Gobierno que asuma el próximo 28 de julio.
Este grupo de trabajo será uno de los soportes fundamentales para que ese propósito
pueda cumplirse y responda no sólo a las previsiones de la Constitución sino a las
aspiraciones de la nación, puesto que a través de él se garantiza la participación de
la sociedad civil, remarcó Paniagua durante la instalación.
A dicho acto, realizado en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, asistieron
representantes de todos los poderes del Estado, diplomáticos, miembros de instituciones
gremiales y sociales, entre otros. Allí se mencionó que la comisión debía entregar en
60 días un diagnóstico sobre la corrupción y las medidas correctivas para enfrentarla.
Al hablar de los lineamientos de su futuro
trabajo, el presidente de dicha comisión, monseñor Miguel Irízar Campos, expuso el
documento Compromiso ético con el Perú.
El grupo de trabajo está integrado por Jorge Santistevan de Noriega, Antonio Blanco
Blasco, Cecilia Blondet, Carlos Castro, Pablo Checa, Margarita Gieseke, Braldo Kresalja,
Humberto Lay, Álvaro Rey de Castro y Mónica Sánchez.
El presidente consideró que esa comisión abría los cauces para que todos los sectores
de la sociedad peruana puedan participar y tomar conciencia de la necesidad de un cambio
profundo y de la conducta de la vida pública, pero también de la vida privada.
Si este esfuerzo primario contara con el mismo aliento, la misma pasión y devoción con
que la comisión ha preparado sus primeros documentos, estoy seguro de que el nuevo
gobierno que nazca como consecuencia del proceso electoral que se avecina tendrá un
sólido soporte ético para conducir los destinos del país, añadió.
Aseguró que el Perú vivía un tiempo nuevo y
que la instalación de esa comisión así lo demostraba. No menos importante y grave es el
compromiso que debían tener con la ética los medios de comunicación, pues éstos tienen
la posibilidad de formar la conciencia social.
Antes de Paniagua habló el ministro de Justicia, Diego García Sayán, quien dijo que el
trabajo de esa comisión podía sentar los lineamientos fundamentales de un plan nacional
contra la corrupción, que recoja distintos planteamientos de la sociedad civil y por
cierto de los principales actores políticos.
Se debe velar por el equilibrio de poderes
El presidente de la comisión Iniciativa Nacional
Anticorrupción, monseñor Miguel Irízar, dio a conocer el documento "Compromiso
ético por el Perú", en el que se resaltan los criterios éticos y morales que deben
inspirar la nueva iniciativa.
Institucionalizar la lucha contra la corrupción encomendando a un organismo nacional que
lidere la lucha contra la corrupción, garantizando la independencia y el equilibrio de
los poderes del Estado y de los órganos de carácter constitucional, y la plena
autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y garantizando el nombramiento del
contralor por mayoría calificada del Congreso.
Igualmente, otorgando a la oposición la potestad de designar la Presidencia de la
Comisión de Fiscalización del Congreso, manteniendo las actividades de la procuraduría
ad hoc en las investigaciones y procesos contra la corrupción.
Promover la ética pública adoptando un código
para el cumplimiento diligente de las obligaciones y responsabilidades de la función
pública y de sus asesores, previniendo el conflicto de intereses, sancionando el uso
indebido de información privilegiada, exigiendo la utilización adecuada de los recursos
públicos y estableciendo la obligación de comunicar los casos de corrupción.
Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando los mecanismos de
transparencia en la gestión pública, garantizando el acceso a la información del
presupuesto y su ejecución en cada dependencia sobre la base de estándares de gestión y
el logro de resultados. Asegurar una gestión transparente de la Sunat, Aduanas y la
Superintendencia de Banca y Seguros, incluidas las FF.AA. y la PNP, mediante la eficaz
aplicación de mecanismos de control periódico.
Fomentar la vigilancia ciudadana, reconociendo la iniciativa de la sociedad civil en
materia de vigilancia sobre la gestión pública, para lograr su efectiva fiscalización y
el afianzamiento de la ética pública, promoviendo los espacios de concertación en
materia de lucha anticorrupción.
El ex presidente Alberto Fujimori consintió y participó de las actividades ilícitas de su asesor Vladimiro Montesinos Torres según un importante testigo presentado por el procurador ad hoc José Ugaz Sánchez Moreno ante la fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. El testigo afirmó que Fujimori sacaba del país dinero en efectivo, lingotes de oro y diamantes en sus múltiples viajes al exterior durante los 10 años en que se mantuvo en la presidencia de la República.
De acuerdo con la versión del testigo, este
hecho demostraría por qué hasta ahora no se han encontrado cuentas bancarias u otras
inversiones a nombre del ex mandatario y/o sus familiares más cercanos.
Fujimori, señaló el testigo, guardaba este dinero, los lingotes de oro y diamantes en
bóvedas blindadas en el exterior y, posteriormente, todo era cambiado por certificados
bancarios al portador que evitan su seguimiento.
El testigo sostiene que Fujimori manejaba su
propia red de corrupción e influencia para apoderarse de fondos del Estado. El dinero en
muchas ocasiones salía de las bóvedas del Banco de la Nación, a cuenta de partidas
presupuestales secretas que el Ministerio de Economía se encargaba de regularizar y
encubrir.
"No en todas las maletas llevaba ropa. Varias de ellas contenían dinero en efectivo,
lingotes de oro y hasta diamantes", habría asegurado el testigo, quien conoció
estos hechos por su cercanía con el ex presidente y haberlo acompañado en sus viajes.
El objetivo de muchos de estos viajes nunca
quedó claro. Sus destinos preferidos eran Estados Unidos, Europa y Asia. Fujimori
recorrió en sus viajes al exterior 1482,571 kilómetros, equivalentes a 35 vueltas
a la Tierra o dos viajes ida y
vuelta a la Luna.
Fujimori utilizó para estos viajes un presupuesto que se calcula en 13698,714
dólares, sin contar viáticos o gastos de representación, que triplicarían esta suma.
Más, la compra de un nuevo y moderno avión presidencial, en lugar del que utilizaron sus
predecesores, Alan García y Fernando Belaunde, que apenas sumaron 22 viajes en conjunto.
Los congresistas del entonces oficialismo así
como los familiares del ex presidente compartieron esta pasión por los viajes al
exterior, con valija diplomática que evita cualquier control migratorio y permite llevar
lo que quieran en sus maletas.
Sus hermanos Juana, Rosa y Santiago realizaron en promedio 25 viajes al exterior durante
los años del gobierno fujimontesinista. Al igual que el ex presidente sus destinos
frecuentes eran Japón y Estados Unidos.
La fortuna de Fujimori
De acuerdo con el testimonio del abogado de
Susana Higuchi, Alberto Bautista, durante esos viajes Rosa Fujimori llevó dinero,
joyas y títulos valores. La familia del ex presidente tendría diversos inmuebles en
Estados Unidos y Japón.
El destituido presidente vive actualmente en una lujosa y exclusiva zona residencial del
Japón. Al huir del Perú, pasó por Singapur, donde habría vendido un sinnúmero de
acciones que tenía registradas a nombre de las sociedades Inifinity Latin Fund, creada en
Panamá el 25 de abril de 1995, y Peripheric Trading.
La venta de acciones le habrían reportado 18
millones de dólares, que transfirió a los bancos japoneses San Wa Bank Limited,
Mitsubishi Bank y Shinwa Bank. Este dinero permitiría a Fujimori llevar una vida de lujo
en su país natal, donde también viven su hermana Rosa Fujimori y su esposo, el ex
embajador en ese país, Víctor Aritomi.
Alberto Fujimori ha sido visto visitando exclusivos y caros restaurantes italianos en
Tokio. Luego de vivir algunos meses en la casa de su amiga Ayako Sono, el ex mandatario se
mudó, el 5 de marzo último, a un lujoso departamento del fastuoso edificio Kioicho Biru,
a 800 metros del palacio Imperial.
El costo del metro cuadrado en esa zona urbana se calcula en 250 mil dólares, lo que un
departamento promedio, de entre 110 y 140 metros cuadrados, costaría alrededor de
3200,000 dólares. Fujimori pagaría un alquiler mensual de entre ocho y diez mil
dólares, aunque el ex presidente asegura que no le cuesta nada, porque se lo han cedido
unos amigos, y no es muy grande.
Ugaz: se han ubicado US$250
millones de Montesinos
El testigo sería un funcionario público
Luego de que se corrobore y oficialice su
testimonio será enviado, junto con su familia, fuera del país. El testigo declaró ante
la Fiscal de la Nación en medio de estrictas medidas de seguridad y la más absoluta
reserva.
"El testigo, un ex funcionario público, está proporcionando datos valiosos que
involucran al ex presidente Fujimori en la tenencia de dinero mal habido. Nuestro
compromiso con él es mantener en reserva su identidad hasta que se tomen las medidas
cautelaresíí, anotó Ugaz.
Esta persona ëëha sido testigo presencial de cómo se ha trasegado con dinero del Estado
en cifras muy importantes, y eso involucra personalmente al ex presidente Fujimori, porque
él estuvo cuando se tomó esa decisión y fue parte de esta reunióníí, subrayó el
procurador.
US$ 250 millones
El procurador reveló que en términos de patrimonio el monto recuperado y congelado en el extranjero de la red de Montesinos supera hasta la fecha los 250 millones de dólares. El número de personas por su relación con el ex asesor es de 450, entre investigaciones judiciales y fiscales.La mayor parte de los 14 millones de dólares
descubiertos en cuentas secretas en bancos de Ginebra a nombre del general retirado
Nicolás Hermoza Ríos, corresponderían a pagos de "comisiones" por la venta de
armamento por parte de proveedores durante su gestión como comandante general del
Ejército, entre 1991 y 1998.
Ante la comisión investigadora que preside el congresista David Waisman, Hermoza declaró
que le pertenece la plata encontrada a su nombre, su esposa y de dos de sus hijos. Indicó
también que el origen de la misma es ilícito, convirtiéndose así en el primer miembro
de la ex cúpula militar que admite la titularidad de cuentas en el exterior y la
procedencia corrupta del dinero.
Así como el ex asesor Vladimiro Montesinos
Torres controlaba a un grupo de proveedores de equipos bélicos, el general Hermoza
también tenía su propio cogollo de empresarios privilegiados, hasta que fue destituido
en agosto de 1998 por oponerse al acuerdo de paz con Ecuador.
La vinculación de Hermoza con los vendedores de armamento se inició a fines de los años
ochenta, cuando ejerció la jefatura del Comando Logístico del Ejército (COLOGE), unidad
encargada de la aprobación de las adquisiciones, desde botas para los soldados hasta
misiles. En diciembre de 1991, asumió la Comandancia General del Ejército.
Fuentes de la Contraloría General de la República que indagan algunas de las compras de material bélico confirmaron a La República que durante la gestión del contralor Víctor Caso Lay se aprobaron una serie de operaciones de provisión de material de combate mediante la modalidad de "licitaciones privadas" y "adquisiciones directas", que terminaban favoreciendo siempre a un reducido grupo de empresarios que gozaban de la protección de Hermoza.
La modalidad más frecuente era la simulación de
la presentación de ofertas de distintas empresas, que en realidad pertenecían a una sola
persona. A sabiendas de la irregularidad, el Ejército daba su visto bueno. La
Contraloría, organismo al que le correspondía realizar una verificación posterior de la
operación, "dejó de lado esa función, permitiéndose así la comisión de
ilícitos", informaron las fuentes de la Contraloría.
Así, por ejemplo, el 20 de febrero de 1995 el contralor Caso Lay aprobó la compra de
diez helicópteros MI-17-1B que realizó el Ejército mediante la modalidad de
"licitación privada". La firma favorecida fue "Prosales Export
Import", representada por Enrique Benavides Morales. Sin embargo, el verdadero
propietario de la compañía era Guillermo Pegorari Gómez, quien recién se enteró de la
operación cuando le presentaron la factura por más de 11 millones de dólares.
La República también obtuvo copias de varios informes suscritos por el contralor Caso Lay aprobando la compra de equipos de combate, con la expresa indicación de que la autorización se extiende "sin perjuicio de su control posterior". Es decir, con la advertencia de que se practicaría después una auditoría. Pero en ningún caso se produjo la acción fiscalizadora, informaron las actuales autoridades de la Contraloría, que ha comenzado a determinar la responsabilidad de los funcionarios de la gestión pasada.
Dinero de la guerraDe acuerdo con fuentes de la Comisión Waisman,
Hermoza negó que el origen del dinero de sus cuentas en Ginebra es producto del cobro de
"cupos" a organizaciones del narcotráfico. Habría dicho que más bien
corresponderían al pago de "comisiones legales por la compra de armas", durante
su gestión como comandante general del Ejército.
Este diario obtuvo copias de las resoluciones suscritas por el ministro de Defensa,
general Víctor Malca Villanueva, a solicitud del comandante general del Ejército,
Nicolás Hermoza Ríos, autorizando millonarias operaciones de compra de armas a los
amigos del entonces jefe de la cúpula militar.
Los empresarios del entorno de Hermoza eran los
israelíes Tzvi Tsudit y Moshe Rothschild Chassin, el sudafricano Jean
Devrout van Beckhoven, y los peruanos James Stone Cohen y Enrique Benavides
Morales, según las resoluciones obtenidas por La República y que son objeto
de seguimiento por parte de las comisiones investigadoras del Congreso.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 0567DE/EP, del 15 de mayo de 1995, el ministro
Malca aprobó la solicitud de Nicolás Hermoza de comprarle directamente a la compañía
sudafricana "Denel Limited", representada por Jean Devrout, sin la observación
previa de la Contraloría, 3 millones 826 mil 250 dólares en centenares de morteros y
lanzagranadas y munición.
También, sin el visto bueno de la Contraloría, el 15 de mayo del mismo año Hermoza aprobó conjuntamente con Malca (Resolución Ministerial Nº 0568DE/EP) la adquisición directa a la firma "Trading Co. Ltd", una de las empresas de fachada de su amigo Tzvi Tsudit, un total de 10 mil fusiles "Galil", 5 mil millares de munición y un lote de repuestos. Todo por 12 millones 980 mil dólares. Los dispositivos indican que cualquier operación bajo la modalidad de "secreto modalidad" requiere el informe previo de la Contraloría.
Al poco tiempo, el nueve de junio del mismo año, nuevamente la dupla Malca y Hermoza (Resolución Ministerial Nº 0602DE/EP) dio luz verde, violando todas las normas, a la compra de cuatro lenzadores múltiples calibre 107 de doce bocas, y 3 mil cohetes para dicho armamento, por un total de 2 millones 412 mil dólares. La beneficiada fue la compañía "Denel Limited", del sudafricano Jean Devrout. Sin duda, uno de los favoritos del "general victorioso". Y lo fue hasta el final del régimen.
Los papeles hablanEl 17 de junio de 1995, los mismos Malca y Hermoza aprobaron (Resolución Nº 0305DE/EP) la cuestionada adquisición de 10 helicópteros MI-17-1B por 11 millones 195 mil dólares. Con el visto bueno de la Contraloría, se realizó la "licitación privada" en la que participaron las firmas "Prosales Export Import", B&F Comercialización y Representaciones" y "Argos Trading S.A.", las tres de Enrique Benavides Morales. La cuarta, "Mobetek Representaciones", pertenecía a su socio Moshe Rothschild Chassin. Entre ellos presentaban firmas para aparentar un "concurso de precios". El Ejército le dio la buena pro a "Prosales Export Import" que, como se ha indicado líneas arriba, no era de propiedad de Enrique Benavides. La compra se consumó de todas maneras.
Los documentos son pruebas inobjetables de la
vulneración de la ley para favorecer a compañías vinculadas con el entorno del general
Nicolás Hermoza Ríos, quien a cambio recibía "comisiones".
Las resoluciones ministeriales también vinculan con el negociado al ex ministro de
Defensa general Víctor Malca Villanueva, a quien también se le han encontrado 16
millones de dólares en cuentas en bancos de Grand Cayman, México y Estados Unidos
Enrique Benavides y Moshe Rothschild serían los
principales gestores de la venta irregular de 36 aeronaves MiG-29 y SU-25 por 402 millones
de dólares a Bielorrusia. En la operación también intervino decisivamente Malca, de
allí que las comisiones investigadoras del Congreso esperan que el general Hermoza aporte
datos sustanciales para desentrañar a la mafia de los traficantes de armas, ya que ha
solicitado acogerse a la ley de colaboración eficaz.
Hasta el momento ni uno solo de los proveedores de los equipos bélicos se encuentra
detenido.
Reinstitucionalización
de las FF.AA. toma nuevo ritmo
con el nombramiento de nuevo Comandante General.
Hasta el martes 17 de abril, el general José Cacho Vargas era
el número 2 en la jerarquía militar, en su calidad de jefe de Estado Mayor. Ese
día pasó a ser el nuevo Comandante General, pero sólo del Ejército, pues el nuevo
presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el teniente general FAP Miguel
Medina.
Cacho Vargas pertenece al arma de Caballería (ocupó el séptimo puesto) de la Promoción
'68 "Pedro Ruiz Gallo". Es cajamarquino, y tiene techo hasta el 31 de diciembre
del 2003.
Entre los doce generales de división en actividad, por ejemplo, se afirma que tres estuvieron ligados a Montesinos. Ellos son:
-Víctor Sanchez Meza. Artillero. En tiempos de Montesinos fue segundo en el Comando de Personal (COPERE). Ayudó a ubicar oficiales `montesinistas' cuando su jefe era el promocional del "Doc" Eduardo Ortega La Jara. También trabajó en Arequipa, al lado del general Abraham Cano Angulo. Actualmente es jefe del COPERE.
-Gabriel Cárdenas Lecca. Actual jefe de la Quinta Región Militar (Iquitos). Antes estuvo en la Primera Región Militar (Tumbes), donde lo acusan de realizar trabajos de proselitismo en favor de Fujimori.
-Walter Marzullo Castillo. Actual director del Comando de Logística (COLOGE). Antes estuvo en la Oficina Nacional de Desarrollo del Ejército, manejando presupuestos de carreteras y otras obras a las que fue proclive el fujimorato.
A nivel de generales de brigada el asunto es aún más complicado: Suman 93 y entre los nombres más notorios están:-Benigno Fernández Baca Núñez. Actual director de Inteligencia del Comando Conjunto, a pesar de haber sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en el período 1998-1999 y de la Dirección de Inteligencia en1999. Trabajó con los generales Juan Yanqui y Enrique Oliveros, dos "montesinistas" acérrimos.
-Vicente Palacios Linares. Fue segundo del "cuñadísimo"
Luis Cubas Portal, del general Edmundo Silva Tejada (prófugo en la actualidad) y de
Abraham Cano en la II Región Militar en Arequipa. En la Ciudad Blanca fue descubierto
recibiendo al candidato Fujimori, con pancartas alusivas.
-Angel Paz Yactayo. Fue secretario del ex ministro de Defensa César Saucedo. Está
destacado el Comando de Instrucción y Doctrina.
-Luis Rodríguez Silva. Fue edecán de Fujimori durante tres años y dos años jefe de Seguridad de Palacio. Fue enviado como agregado militar a Chile y a su retorno llegó a subjefe del SIN. Permanece en el puesto a pesar de que Tafur pidió su pase al retiro. Ledesma lo hizo reingresar.
-Manuel Ramírez Corzo. Jefe de informaciones del SIN. Montesinos lo envió a Rusia como agregado militar y le dio información sobre las adquisiciones de armas. Estuvo en la lista de pases al retiro.
-Abel Gutiérrez Castro. Fue durante tres años edecán de Fujimori (1995-97). Lo nombraron luego agregado militar en Estados Unidos (1998-99). Es comandante general de la Segunda Región Militar.
-Carlos Dianderas Ottone. Hermano del ex director de la PNP, Fernando Dianderas. Fue asistente y luego edecán del ex ministro de Defensa, Victor Malca, además de agregado militar en Venezuela. Actualmente es director de la Escuela de Infantería.
-Jorge López Delgado. Fue el segundo del general Oscar Villanueva Vidal, ex director de la Oficina General de Adquisiciones. Es director de la Escuela de Inteligencia.
-Javier Contreras Rivas. Trabajó con "el cuñadísmo" Cubas Portal en Chiclayo y en la II Region Militar.
-Manuel Ríos Lavagna. Fue edecán de Martha Chávez en el Congreso. Coordinaba con Montesinos toda la información del Parlamento. Fue agregado militar a Venezuela y ahora está en la Oficina de Información del EP.
-Julio Farfán Araujo. Tres años edecán del presidente de la Corte Suprema, Víctor Raúl Castillo Castillo. Luego fue a la Dirección de Fuerzas Especiales. Ahora está en la Oficina de Información del EP.
-Gonzalo Díaz Gutiérrez. Incondicional del ex comandante general José Villanueva Ruesta. Está en la Secretaría de Defensa Nacional.
-Francisco Vargas Baca. Encargado de repartir los víveres y regalos de Fujimori a nivel nacional. Está en el Ministerio de Defensa.
-Aldo Dodero Ortiz de Zevallos. Intimo del coronel (r) Roberto Huamán Azcurra. Montesinos lo nombró director de la Escuela de Inteligencia (99-2000). Está en la Escuela Superior de Guerra.
Otros coroneles, que ya aspiran al generalato, y que deben ser evaluados son:En La Marina y la Fuerza Aérea hubo pases al retiro. Así, los almirantes Víctor Ramos Ormeño y Enrique Falcón Maldonado fueron cesados. Falcón era el segundo en antigüedad y se desempeñaba como jefe de la Secretaría de Defensa Nacional. Sólo le quedaban 8 meses más en el servicio activo y estaba cuestionado por una indebida administración en el Hospital Naval.
El almirante Luis Vargas Cooban asumió la Comandancia General de la Marina. Fue espada de honor de su promoción, egresada en l967. Pasará al retiro el 31 de diciembre del 2002.
Es hijo del almirante Luis Ernesto Vargas Caballero, ministro de Marina durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.Vargas Caballero pasó al retiro el 31 de mayo de l974 por su disconformidad con las acciones de Velasco (se opuso a varias deportaciones y a la expropiación de la prensa).
En la Fuerza Aérea tomó el mando el general del Aire, Miguel Medina Ramos. Arequipeño, el "chino Medina" también fue Espada de Honor de su promoción en l968. Fue pasado al retiro por oponerse a ciertas decisiones de su comando y a directivas de Montesinos.
Medina, quien también asumió la Presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha prometido moralizar su institución y ordenado una completa investigación sobre la compra de los aviones MiG-29 y Sukhoi, así como de helicópteros. Pasará al retiro en agosto del 2003. Entretanto, constituye, una esperanza de cambio.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - PerúAunque no todo esta fortuna salió en lingotes o barras. Una buena
parte fue llevada en papeles bancarios (certificados o cheques), que, junto con el dinero
en efectivo, ya fuera del país era convertido en certificados de depósito o inversión
en bancos del exterior.
El testigo, indicó el procurador adjunto Luis Vargas Valdivia, ha revelado una serie de
hechos y entregado diversos documentos que demuestran que el ex presidente estuvo enterado
de las actividades ilícitas de Vladimiro Montesinos e incluso participó en muchas de
ellas.
La identidad del testigo será revelada oportunamente, según se informó. La procuraduría y la fiscalía guardan en absoluta reserva el nombre de este personaje. Ante diversos rumores que circulaban ayer la Procuraduría sólo dijo que no ha recibido pedidos para acogerse a la Ley de arrepentimiento de funcionarios del Banco Central de Reserva ni del Ministerio de Economía.
El testigo refiere haber presenciado no sólo la salida de dinero y oro
del país sino, además, el momento en que Fujimori y Montesinos se ponen de acuerdo para
apoderarse del dinero del erario nacional.
Vargas Valdivia señaló que las fiscalías especiales anticorrupción desarrollan desde
hace unas tres semanas una amplia y exhaustiva investigación de los hechos relatados por
el testigo y comprueban la autenticidad de los documentos que ha entregado.
"Los hechos y la veracidad de los documentos están siendo corroborados por la
fiscalía", anotó el procurador. Vargas se excusó de dar mayores detalles para no
entorpecer las investigaciones. El testigo estuvo muy vinculado al ex presidente Fujimori.
En el marco de estas investigaciones, la fiscalía está llamando a
declarar a funcionarios del BCR, del Banco de la Nación y del Ministerio de Economía y
Finanzas, especialmente del viceministerio de Hacienda, que durante años atiende Alfredo
Jalilie.
A través de estas instituciones habría salido el dinero, del que ilícitamente se
apoderaron Fujimori y su asesor. Hasta el momento no se ha cuantificado oficialmente el
dinero en efectivo que Fujimori habría sacado del país.
Las investigaciones apuntan a señalar que el ex presidente manejaba su propia red de
corrupción e influencias. Esta red era distinta y hasta opuesta a la de su asesor
Montesinos, y en muchas oportunidad se habrían producido enfrentamientos entre grupos
intermedios de ambos bandos por el reparto de los dineros del Estado.
El dinero y el oro, y en algunas ocasiones diamantes y otras piedras
preciosas, salían en el avión presidencial. El principal destino de estos viajes fueron
los países del Asia, como Kuala Lumpur en el reino de Malasia, donde el oro y las joyas
(diamantes o piedras preciosas) eran fácilmente cambiados por dinero en efectivo o
certificados bancarios.
Para la administración de estos fondos, Fujimori habría constituido sociedades o
fundaciones anónimas (cuyas acciones al portador ocultan la identidad de sus
propietarios), tal como, según la transcripción de un vladivideo, le recomiendan a
Montesinos.
Dos de estas sociedades serían Inifity Latin Fund Inc. y Periferic
Trading, creadas en Panamá, que aparecen registradas a nombre de testaferros. De una de
estas fundaciones habría salido el dinero para pagar los estudios de los hijos de
Fujimori en Estados Unidos.
En varios casos, Fujimori habría invertido lo sacado del Perú en acciones negociables en
bolsa de importantes transnacionales.
La adquisición de estas acciones se realizaba a través de sociedades anónimas, como las
inversiones que realizó en Singapur, y que el ex presidente se habría apresurado a
cancelar tras abandonar el Perú.
Las autoridades tienen evidencias de que la mayor parte de estas inversiones se
encontrarían ocultas en bancos de los paraísos fiscales del Asia Central, como Singapur
y Malasia, donde es casi imposible levantar el secreto bancario.
En estos lugares no existe una legislación que permita levantar el secreto bancario y al
contrario lo estimulan y protegen, lo que dificultará rastrear la fortuna de Fujimori,
indicaron funcionarios judiciales a cargo de las indagaciones. Fujimori realizó entre
tres y cuatro viajes a Malasia, por objetivos muy poco claros.
El cierre de las cárceles de máxima seguridad, la revisión de todos
los procesos que fueron conducidos por los tribunales militares y la conformación de la
Comisión de la Verdad son los temas de mayor relevancia para la Misión de Amnistía
Internacional, dijo ayer Javier Zúñiga, jefe del programa de las Américas de
Amnistía Internacional, luego de reunirse con el Defensor del Pueblo, Walter Albán.
La Misión integrada por Alejandro Articio, experto en impunidad y Comisión de la
Verdad; Javier Zúñiga y Guadalupe Marengo, investigadores de Amnistía
Internacional, visita desde hace tres días a las autoridades del gobierno con el fin de
conocer los cambios que hasta el momento se llevan a cabo en materia de derechos humanos.
En la tarde de ayer, luego de entrevistarse con el Defensor del Pueblo,
la misión visitó al ministro de Defensa, Walter Ledesma Rebaza.
"Solicitamos al gobierno que cierren algunos centros penales porque no tienen lugar
en una democracia actual, y porque son nocivos para la salud", manifestó el mexicano
Javier Zúñiga.
Según el experto, la Base Naval del Callao debe cerrarse y pasar a cargo de las
autoridades penales nacionales. "Ya no tiene razón de ser una cárcel en manos de
una institución militar. Todos los presos políticos o no políticos tienen que ser
tratados conforme a las normas internacionales de las Naciones Unidas", agregó.
A través de exhortos, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, envió
un pliego de preguntas al ex embajador del Japón Morihisa Aoki y a los ciudadanos
japoneses que permanecieron cautivos del MRTA en la embajada japonesa en Lima para saber
si durante la operación de rescate vieron a terroristas vivos después de la
intervención militar.
Según se informó, los exhortos se envían en base al pedido de la fiscal especial Flor
de María Alba López que investiga las posibles muertes extrajudiciales de los
emerretistas durante el rescate de los rehenes el 22 de abril de 1997.
Es así que se interrogará a través de los exhortos a los diplomáticos nipones Hiroyuki
Kimoto, Fumio Sunami, Hajime Nakai (actual ministro de la Construcción), Haruo Mimura,
Hideo Nakamura, Katsumi Itagaki, Sinji Yamamoto e Hiroto Morozumi.
También a los empresarios japoneses Masami Kobayashi y Yoshiaki Kitagawa, entre otros. Y
sobre todo al ex diplomático Hidetaka Ogura, quien afirma que algunos emerretistas se
rindieron, pero que el escuadrón de rescate militar igual los acribilló a pesar de su
dimisión.
El ex rehén afirma que vio rendirse a tres emerretistas, entre ellos
al Nº2 del MRTA Eduardo Cruz Sánchez (a) "Tito". Agrega que también
observaron esta ejecución otros 17 rehenes, quienes han sido llamados por la fiscal Alba,
y cuyas declaraciones se mantienen en reserva para no entorpecer las indagaciones.
De otro lado, se informó que la fiscal Alba López recibió ayer los resultados de los
peritajes químicos y de absorción atómica realizados a los cuerpos de los 14
emerretistas para saber si los disparos fueron a corta o larga distancia.
Estos resultados se mantienen en reserva y serán confrontados con los
de las necropsias, que aún no concluyen, lo que al final permitirá saber, de acuerdo a
la posición de las balas, si la muerte de estas personas se produjo en un enfrentamiento
con los militares o si fueron atacadas cuando no ejercían ninguna resistencia.
Además, el juzgado anticorrupción le remitió a la fiscal Alba 50 videos de la
operación Chavín de Huántar que serán visualizados a partir del lunes.
El destituido presidente Alberto Fujimori incurrió en delito de
enriquecimiento ilícito durante su gestión "actuando al frente de un reducido grupo
de colaboradores y de familiares" con quienes planeó sus fechorías, dijo a la AFP
el procurador especial anticorrupción, José Ugaz.
"Tengo una prueba pero no puedo hacerla pública todavía", aseveró el
procurador, al exponer sus presunciones y subrayó que Fujimori "actuó al margen de
la organización mafiosa que dirigió su ex mano derecha y jefe de facto de inteligencia
Vladimiro Montesinos, de la que también se benefició".
"El dato nuevo es que Fujimori también actuó al margen de
Montesinos para perpetrar delitos y por eso se me amplió (esta semana) el mandato para
investigar esta vez a Fujimori, porque antes yo podía investigarlo siempre y cuando
estuviera vinculado a Montesinos", aseguró Ugaz.
El procurador declinó estimar a cuánto ascendería lo presuntamente robado por Fujimori
y se resistió a calificar
Indicó que el ex presidente "cometió delitos actuando básicamente con su entorno
familiar y unas cuatro personas (cercanas) a él".
Fujimori está refugiado en Tokio desde noviembre, de donde no puede ser extraditado a
pesar de los pedidos de Lima porque su nacionalidad japonesa lo protege gracias a que la
legislación nipona se opone a la extradición de sus connacionales.
Ugaz precisó "no tener base para hablar de montos" y se
excusó de comentar las declaraciones del presidente de una comisión investigadora del
Congreso, David Waisman, quien calculó este viernes en 1.000 millones de dólares
"los montos levantados (sustraídos) por Fujimori".
Waisman, un estrecho colaborador del candidato presidencial Alejandro Toledo, dijo
también tener información proporcionada por un testigo cuya identidad no reveló que le
permite asegurar que Fujimori lideró una "mafia" al interior del gobierno
además de la que dirigía Montesinos.
"Hay dos redes (mafiosas): la de Fujimori y la de Montesinos, y
cada uno se levantó mil millones de dólares que incluye lingotes de oro del Banco
Central convertidos en certificados en dólares que estarían depositados en países
asiáticos, entre ellos Japón", afirmó el congresista.
El procurador declinó estimar a cuánto ascendería lo presuntamente robado por Fujimori
y discrepó con la cifra proporcionada por Waisman, a la que tildó de
"excesiva".
Igualmente señaló que son falsas las informaciones que indican que
hay una investigación que descubrió que Fujimori robó lingotes de oro, en clara
alusión a la denuncia del congresista Waisman.
A pesar de que se desconoce la identidad del testigo que estaría dispuesto a implicar
públicamente a Fujimori en actos delictivos, fuentes concordantes indicaron a la AFP que
se trata de la misma persona a la que aluden el procurador Ugaz y el congresista Waisman.
"Japón, devuelve al ladrón", fue el llamado masivo de los
manifestantes que ayer llegaron hasta el local de la Embajada japonesa para hacer entrega
de tres mil cartas en las cuales solicita al gobierno nipón la extradición del ex
presidente Alberto Kenya Fujimori.
Los integrantes de la campaña denominada Un peruano, una firma que marcharon desde el
óvalo de las avenidas Brasil y San Felipe portaron una cinta de plástico de 590 metros
con cartas firmadas por los peruanos que solicitan se devuelva al ex mandatario para ser
procesado por la justicia peruana por los daños irreparables al Estado y por los
crímenes de lesa humanidad sucedidos durante su gobierno.
Para lograr el objetivo de la campaña que reúne las firmas del pedido
de extradición de Fujimori, los propulsores de esta campaña desde hace un mes se vienen
instalando en las principales plazas de Lima y lugares estratégicos del interior del
país, para recibir las cartas de todos los peruanos que solicitan la extradición del ex
mandatario.
"Si nos organizamos y nos unimos en esta lucha la extradición de Fujimori va a ser
posible, porque cuando para Japón el ex mandatario le sea incómodo van a
entregarlo", indicó Juan Maquiavelo miembro del Movimiento Resistencia Civil.
"Se trata de miles de cartas de ciudadanos comunes que piden al
emperador Akihito que Fujimori regrese para que dé la cara a todos los peruanos que un
día creyeron en su gobierno", agregó.
Raida Cóndor, madre del estudiante Armado Amaru Cóndor, una de las víctimas de la
matanza de La Cantuta de 1992, dijo que Fujimori y su gente son unos genocidas y se
merecen la cárcel.
Por su parte Heriberto Benítez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Abogados, señaló que los pedidos de extradición a partir de los ciudadanos
demuestran el reclamo del pueblo para que Fujimori sea entregado a las autoridades
judiciales.
Sugirió que el nuevo primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi, que
al parecer tiene ideas más democráticas en favor de los derechos humanos, devuelva la
esperanza de los peruanos y deje que a Fujimori se le aplique las sanciones que se merece.
La marcha de protesta también estuvo acompañada por los integrantes de la Asociación de
Desaparecidos, los detenidos y torturados en el Centro Minero de Cerro de Pasco,
estudiantes universitarios de Huancayo, los ex combatientes de los conflictos fronterizos
y personas que luchan en contra de la mafia fujimontesinista.
El último "informe" que "sustentó" la versión del diputado venezolano Pedro Carreño de que Vladimiro Montesinos fue asesinado hace dos meses en Perú y que el gobierno peruano lo sabe es un documento lleno de contradicciones, incoherencias e inexactitudes que recuerda mucho a las "cortinas de humo" del hombre que desde la sombra manejó el destino del Perú durante 10 años.
A continuación una copia textual del mismo que fue entregado por Carreño a la dirigencia de su partido. El documento original tiene algunas líneas tachadas por el mismo parlamentario por considerarlas "delicadas".Lima, 24 de abril 2001-04-26
"La entrevista de Panamericana de TV de Lima, hecha ayer al Ministro del Interior, General Ketín Vidal, volcó por tierra la trama de Javier Pérez de Cuéllar de que éste protege y esconde a Vladimiro Montesinos, desencadenada en Lima por las sorprendentes declaraciones del Capitán Pedro Carreño (Diputado MBR), publicadas ayer en primera plana del diario "El Mundo" de Caracas: "Montesinos está Muerto, y Pérez de Cuéllar, sabe quién lo mató" que revela otra vez la "ejecución" de V.M.
El escándalo atemorizó, no solo a Pérez de Cuéllar, quien desde el Congreso peruano, a finales del 2000, conocía perfectamente, al igual que Ketín Vidal, Ministro del Interior del Perú, el trágico fin de Montesinos. Fujimori huye al Japón, temeroso de correr la misma suerte, perdiendo su vida y fortuna. La entrevista de Panamericana TV desenmascaró totalmente al ministro Ketín Vidal, quien debido a sus oscuros antecedentes morales y represivos, y con Pérez de Cuéllar fue la "cortina de humo" que usó anoche la Inteligencia Naval Peruana, para desencadenar la astuta maniobra, contra la inteligencia del Ejercito Peruano, por la contundente "expose" del Capitán del ejército venezolano Diputado Pedro Carreño.
- Como se divulgó a principios del 2001, la desaparición y ejecución de Montesinos, solo fue posible, posterior a que elementos de la Inteligencia peruana afectos a él le hacen creer en "la certeza inevitable del golpe de estado" que tramaban. Su "recuperación y desaparición", en la Base Naval del Callao, y la divulgación forzada, que le provocan allí, hace posible la identificación de los bancos y numeración de sus cuentas corrientes secretas, del exterior. Finalmente, "es persuadido" para proporcionar a sus captores, miembros de la Inteligencia Naval Peruana (y alguno realengo, de la Inteligencia del Ejército, según comentó un embajador), las muestras caligráficas originales de su firma autógrafa, que permitió a dicho grupo clandestino movilizar y vaciar los depósitos de Montesinos, detectados y cuantificados en varios países.
¿Hermoza?- El Plan Secreto "Antarqui" estuvo bajo el mando y coordinación del Gral. Nicolás de Bari Hermoza, Jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada Peruana, del Cmdte, General del Ejército (su cuñado), del Vice-Almirante Ibarcena, Cmdte. Gral. De la Armada y del Cmdte. Gral. de la Aviación. Participarían la PIP y Guardia Civil del Perú. El general Bari Hermoza, ahora encarcelado, también ha divulgado, para salvar su vida, el depósito de US$ 14.000.000, que le hizo V. Montesinos en Suiza, en el banco de ambos.
Todos los generales y almirante nombrados fueron protegidos, promovidos y ascendidos por Fujimori, a instancia directa de Vladimiro Montesinos y mantenidos en el mando de la Fuerza Armada Nacional, en diversas posiciones de poder militar, durante más de una década, desde el mismo momento de la ascensión de Fujimori. Es casi seguro, que al menos dos Generales de los mencionados proporcionarían a Montesinos la cantidad de cinco millones de dólares cada uno, para ascender desde posiciones de Comandos Logísticos, a las respectivas Comandancias generales de fuerza. Lo anterior ha sido evidenciado en cassettes de video y grabaciones telefónicas, encontrados por congresantes y oficiales de la Armada, "adversarios de Montesinos", en la sede de la Dirección de Inteligencia Nacional, junto a Palacio de Gobierno.
Ayer noche mismo, al regarse el rumor, preparado en la sede del Cuartel Alfonso Ugarte de la Base Naval del Callao, de que Vladimiro Montesinos no habría sido ejecutado allí, sino en La Base Aérea de las Palmas (Chorrillos), donde tiene su Sede la Inteligencia del Ejército en Lima. ¿Por qué habría de ser ejecutado por "Los Verdes", en su sede de Chorrillos-Las Palmas, y no por "Los Blancos", en el Alfonso Ugarte de la B.N. del Callao?
Otro delirioEl antecedente notorio de esta metodología criminal ha sido largamente conocido y sufrido en el Perú. El caso anterior fue la ejecución de Luis Banquero Rossi (Rey de la Pesca de Anchoveta), asesinado en Lima, por miembros de la inteligencia del Ejército (Plan Vilca Las Palmas), durante el Gobierno del General Velasco Alvarado, Banchero-Rossi, posterior al empleo de electricidad y bárbaras torturas en Chaclacayo, cercano a Lima, fue "persuadido" a divulgar la identidad de sus bancos del exterior, el número de sus cuentas en Holanda, Suiza y Vaduz, y dando a "los verdes" las firmas grafológicas imprescindibles, para ellos poder movilizar en su nombre los depósitos en Europa.
De inmediato a verificar los bancos, números de cuentas, y cantidades disponibles en cada uno de ellos, los miembros de la Inteligencia Peruana actuaron como "apoderados" de Luis Banchero Rossi, mediante firma calígrafa y vaciaron Ciento Noventa Millones de Dólares USA, que fueron repartidos proporcionalmente. Transferido el dinero, se simuló una discusión pasional, fue emasculado y se le asesina en Perú.
Qué diferencia sistemática había entre inteligencia Naval y la del
Ejército Peruano, para asesinar a alguien en Perú, si con Montesinos había millones de
dólares de por medio?
Con Montesinos muerto en Perú, además de haberlo desaparecido en Lima, por incomodarlos,
por ahora podían resucitarlo y mantenerlo vivo indefinidamente, como se ha hecho entre
Enero y Abril 2001. Resultó buena maniobra política de Javier Pérez de Cuéllar y la
Candidata Flores".
El Poder Judicial venezolano investiga desde el mes pasado si Vladimiro
Montesinos tiene cuentas bancarias o ha realizado algún tipo de inversión en ese país.
La investigación, según un artículo publicado en el diario El Nacional, se inició a
solicitud del gobierno peruano y abarca el sistema financiero, el mercado de valores, y
las aseguradoras registradas en territorio venezolano.
Hasta el momento, sólo el 50% de las instituciones han respondido a la solicitud y han
dado a conocer "resultados negativos".
En la carta rogatoria del gobierno peruano se solicita cualquier prueba que demuestre un
manejo de naturaleza financiera de Montesinos, lo cual no sólo incluye apertura de
cuentas, pólizas o inversiones, sino cualquier participación o transacción desde
Venezuela hacia el exterior, "con énfasis en entidades ubicadas en Nueva York,
Montevideo, Singapur, Luxemburgo, Suiza o Gran Caimán".
"Las averiguaciones del tribunal, sin embargo, no contemplan las
posibles movilizaciones de dinero que pudo haber hecho en Venezuela Manuel Antonio
Rodríguez, nombre falso con el cual habría entrado al país el ex jefe del SIN en
diciembre pasado. La razón fundamental es que no se tiene el número de pasaporte
venezolano con el cual se habría movilizado y no resulta posible investigar los manejos
financieros de todas las personas identificadas como Manuel Antonio Rodríguez",
menciona el diario.
Igualmente, añade que la investigación no contempla posibles transacciones de
testaferros porque la carta rogatoria no proporcionó ningún otro nombre, aparte el del
prófugo asesor y de su esposa.
La instalación en el Perú de un programa nacional en materia de derechos humanos elaborado en consulta con la sociedad civil, propuso ayer Javier Zúñiga, director de Amnistía Internacional para América.
Refirió que este mecanismo ya fue aceptado por los gobiernos de Chile
y México, países que atravesaron situación similar al Perú.
Zúñiga recomendó, además, que se instale lo más pronto posible la Comisión de la
Verdad, a fin de que se
Propuso también que esta comisión tenga rango de ley para otorgarle un amplio mandato y facultades de investigación.
Recordó que Amnistía Internacional solicitó a las autoridades peruanas la revisión judicial de los procesos instruidos por la justicia militar por los delitos de terrorismo y traición a la patria porque no se ajustaron a los principios más elementales del debido proceso.
Pidió que se libere a 150 personas injustamente procesadas por terrorismo que siguen en prisión y solucionar los casos de 5 mil requisitoriados por delitos de subversión.
Guadalupe Marengo, funcionaria también de AI, consideró que a través de la Comisión de la Verdad se analizarán las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país en las dos últimas décadas.
Esperan a AlanZúñiga destacó los propósitos de carácter general de parte de los
personeros de Perú Posible, que postula a Alejandro Toledo a la presidencia de la
República, pero lamentó que el partido político de Alan García no haya respondido a un
pedido de reunión con la delegación.
La delegación, encabezada por Zuñiga, se reunió ayer con el candidato vicepresidencial
de Perú Posible, David Waisman, la congresista Anel Townsend y el periodista Fernando
Rospigliosi, en representación de Alejandro Toledo. Luego se reunió con el presidente de
la Corte Suprema, Mario Urrelo.
En conferencia de prensa, Zúñiga, acompañado del abogado uruguayo Alejandro Artucio y
Guadalupe Marengo, AI reconoció los pasos positivos dados por el gobierno de transición
en materia de derechos humanos.
Desde que en noviembre pasado se dispuso la captura de Vladimiro Montesinos, diversas medidas cautelares han recaído sobre un total de 107 socios, colaboradores y cómplices del ex asesor. Sin embargo, si bien la gran mayoría de implicados ha logrado ser hallada por la Policía Judicial -y se encuentra encarcelada, con órdenes de comparecencia o arresto domiciliario-, 37 están en calidad de no habidos y se estima que por lo menos 22 de ellos, incluido Montesinos, han fugado del país.
Fujimori tendría US$ 1.000 millones.El ex presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se habrían
llevado ilegalmente del Perú dos mil millones de dólares, según un estimado que hizo
ayer David Waisman, presidente de la comisión parlamentaria que investiga las cuentas
bancarias del prófugo ex asesor.
Sin precisar detalles sobre el origen de este cálculo, Waisman refirió que Fujimori se
habría llevado al extranjero mil millones de dólares, incluyendo lingotes de oro del
Banco Central de Reserva. Agregó que Montesinos habría acumulado una fortuna similar.
Waisman explicó que se ha descubierto en realidad dos redes de corrupción, una liderada
por el ex presidente y otra por su asesor.
"Hay muchas personas que van a salir involucradas y si yo adelanto información, voy
a poner en peligro el éxito de lo que todos queremos: que los que han delinquido vayan
presos", añadió.
No descartó la posibilidad de que en un plazo de cinco meses se pueda recuperar el dinero
que Fujimori habría colocado en diferentes bancos del continente asiático, especialmente
en Japón.
Consultada al respecto, la congresista Anel Townsend, integrante de la
citada comisión, puntualizó que las declaraciones de Waisman son a título personal y no
es una información oficial del grupo.
"Hace bastante tiempo él declara a título personal y calcula que como se proyectan
las cosas entre Montesinos, Fujimori y sus cómplices hay un aproximado de mil millones.
No es una cifra, un monto que haya detectado la comisión", dijo la parlamentaria.
Agregó que el grupo de trabajo que integra labora sobre las bases de las cuentas
detectadas hasta el momento y tiene que ver con lo que la Procuraduría Ad Hoc ha
informado de casi 250 millones de soles a esta altura.
También precisó que se trata de dos redes de corrupción. "Nosotros investigamos la
red de Montesinos y la procuraduría está entrando en la red de Fujimori", agregó.
Con respecto a la red de Montesinos, dijo que ésta abarca el tema de narcotraficantes,
así como los rubros de tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción de funcionarios.
"Y algo muy importante es cómo esto se relaciona con la utilización de dineros para
el pago de medios de comunicación, sobre todo televisivo, para el ocultamiento. El
aparato legal de la mafia era formada por los congresistas, los fiscales y los jueces,
quienes lo tenían que ocultar", precisó.
Indicó que las denuncias que ha realizado la comisión hasta el momento abarcan el tema
de cuentas por lo menos de 150 millones de dólares, sólo considerando lo detectado
oficialmente.
Por su parte, la procuraduría ha hecho un estimado hace poco por más de 200 millones de
dólares.
El fiscal especial Jorge Cortés Pineda incluyó en las investigaciones
a los diarios chicha a los publicistas Oscar Dufour y Daniel Borobbio y al editor Rubén
Gamarra Garay, quienes, según la información extraoficial del Ministerio Público,
habrían recibido dinero de Vladimiro Montesinos para montar la guerra sucia contra los
políticos de oposición al régimen del ex presidente Alberto Fujimori.
Se informó que en la denuncia presentada hace unos días por Cortés ante el Poder
Judicial, se indica que falta pronunciarse en un extremo de su investigación.
"Lo que se denunció es la época de Augusto Bresani León, pero falta investigar
quiénes estuvieron antes y después de él, dirigiendo estos pagos", señaló una
fuente del Ministerio Público.
En base a distintos testimonios se ha descubierto que quienes habrían
dirigido el pago a los diarios chicha por encargo de Montesinos antes de 1998, que es la
época en que entra en escena Bresani, es el publicista argentino Borobio y otro personaje
cuya identidad se mantiene en reserva.
Después de Bresa- ni, es decir desde mediados de 1999 y el 2000, durante la campaña
presidencial de Alberto Fujimori, Duffour, según se informó, habría sumido la
coordinación de la guerra sucia con los diarios chicha. Duffour, este personaje aparece
en el primer vladivideo descubierto, en el cual Montesinos le entrega al congresista
Alberto Kouri 15 mil dólares para pasarse a las filas fujimoristas.
En tanto, Rubén Gamara Garay, ex editor de la Chuchi y ex director de otros cuatro
diarios chicha, quien figura como testigo en el proceso seguido a Bresani, también ha
empezado a ser investigado al surgir testimonios que afirman que él también recibió
dinero de Montesinos.
Asimismo, en el Poder Judicial se comentó que la jueza anticorrupción
Magaly Báscones se pronunciará esta semana en torno a la denuncia presentada contra seis
dueños de los diarios chicha, por delito de peculado.
La imputación en contra de ellos es que habrían recibido unos 180 mil dólares semanales
del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para apoyar la reelección del ex presidente
Alberto Fujimori a costa de desprestigiar a los líderes políticos de oposición y a la
prensa independiente.
El Congreso puso a disposición de la Fiscal de la Nación Nelly
Calderón a su antecesora Blanca Nélida Colán Maguiño para que formule la denuncia
respectiva por presunta ayuda y encubrimiento a la mafia del ex asesor Vladimiro
Montesinos.
Mediante la resolución legislativa Nº 023-2000, el Congreso declara haber lugar a
formación de causa contra Colán Maguiño por los delitos de encubrimiento, falsedad
genérica, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito.
El presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, derivó toda la investigación realizada
a Colán Maguiño a la Fiscalía de la Nación que esta semana deberá presentar la
denuncia ante el Poder Judicial. También serán denunciados el congresista Ernesto
Gamarra Olivares y el vocal Alejandro Rodríguez Medrano.
La ex fiscal suprema es acusada por el Congreso de haber dado directivas a la fiscal
provisional Nina Rodríguez de cómo realizar la investigación a Montesinos por el caso
del soborno a Alberto Kouri.
El entonces todavía poderoso asesor fue interrogado por la fiscal Rodríguez en las
oficinas de la Fiscalía de la Nación. Como era de esperarse, a la semana siguiente, el
caso fue archivado.
El Congreso concluye, además, que Colán Maguiño no posee el dinero
suficiente para haber adquirido la lujosa residencia en la que vive ahora, ubicada en la
urbanización Camacho.
Asimismo, indica que en 1997 Colán Maguiño hizo una cerrada defensa de Montesinos en un
programa de televisión, cuando el narcotraficante Demetrio Chávez Peña herrera afirmó
que pagaba 50 mil dólares mensuales al ex asesor para que pueda operar libremente en la
selva peruana y le alerte sobre los operativos antidrogas.
En lugar de investigar los hechos, la entonces Fiscal de la Nación se mostró indignada
con las declaraciones del narcotraficante. Ella señaló que Montesinos fue el promotor de
su captura y que todo era una calumnia.
A partir de mañana lunes la fiscal de la Nación, Nelly Calderón,
tiene un plazo de cinco días para formular la denuncia constitucional ante la Corte
Suprema de Justicia contra la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán por la
presunta comisión de los delitos de encubrimiento, falsedad genérica, omisión de
denuncia y enriquecimiento ilícito.
Ello a consecuencia de que ayer se publicó en el diario oficial "El Peruano" la
resolución legislativa firmada por el titular del Congreso, Carlos Ferrero Costa, y el
segundo vicepresidente del Poder Legislativo, Henry Pease.
El pronunciamiento es consecuencia de la resolución adoptada en la
noche del jueves por el pleno del Congreso cuando se discutió el informe acusador contra
Colán por parte de la subcomisión que investigó su conducta funcional.
Específicamente la denuncia constitucional es por haber facilitado la huida del país del
ex asesor Vladimiro Montesinos.
La acusación constitucional fue aprobada por 35 votos a favor, nueve en contra y catorce
abstenciones. El informe de la subcomisión que presidió la congresista del Frente
Independiente Moralizador Patricia Donayre dice que la ex fiscal de la nación presionó a
la fiscal provincial Nina Rodríguez para que permitiera al ex asesor presidencial escapar
del país.
En el proceso investigatorio quedó confirmado que la ex fiscal de la nación concurrió varias veces al local del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para reunirse con Vladimiro Montesinos Torres. No prosperó la otra conclusión del informe acusador, que proponía la inhabilitación por diez años de la ex fiscal de la Nación.
Fuente : Diario EL COMERCIO PerúCaracas.- El congresista venezolano Pedro Carreño volvió a afirmar
que Vladimiro Montesinos fue asesinado en el cuartel Alfonso Ugarte de la Base Naval del
Callao, pero cuando El Comercio le dijo que en esa instalación de la Marina no había
ningún cuartel con ese nombre quedó confundido, no supo qué responder.
El asambleísta (como así se les llama a los congresistas) le preguntó al reportero de
este Diario: ¿Es verdad que no existe el cuartel Alfonso Ugarte en el Callao?. Se le
contestó que el único cuartel con ese nombre quedaba en el distrito de Chorrillos y
pertenecía al Ejército, y éste no tenía ninguna relación con la base naval del
Callao.
Para no quedar mal, Carreño contestó: Bueno, eso es lo que me dijeron.
El diálogo con Carreño ocurrió el viernes por la noche, luego de que
por la mañana evitara hablar personalmente con El Comercio en el aeroclub La Carlota a
donde a las 8 de la mañana había citado al periodista de este Diario para entregarle las
supuestas pruebas.
Un día antes, Carreño había ofrecido entregarlas y conceder una entrevista formal antes
de viajar a la localidad de Barinas, su tierra natal. Pero cuando El Comercio lo esperó
nunca llegó.
Cuando el viernes este Diario lo ubicó en su teléfono celular, Carreño se disculpó por
lo ocurrido en la mañana. Pero esta vez dijo que ya no entregaría las pruebas sobre la
supuesta muerte de Montesinos a ningún periodista peruano mientras el gobierno del
presidente Valentín Paniagua no abriera una investigación oficial.
En el diálogo telefónico, el asambleísta dijo que le extrañaba por qué las
autoridades peruanas no le daban crédito a su denuncia.
Carreño dijo que el caso Montesinos era un problema de Perú y no de
Venezuela. Este Diario le hizo ver que las mismas autoridades venezolanas habían
admitido, después de los indicios aportados por la prensa venezolana y peruana, que
Montesinos estuvo en diciembre pasado en Caracas, en donde incluso se sometió a una
cirugía plástica al rostro. Esas son mentiras, son novelas, sostuvo.
Respecto de la audiencia que el presidente Chávez ha anunciado que sostendrá con él
para que le muestre las pruebas sobre la supuesta muerte de Montesinos, Carreño dijo que
aún no había sido invitado.
Antes de cortar la comunicación, pues dijo que estaba en una reunión, Carreño le pidió
al periodista de El Comercio que lo llamara el sábado, para ver qué cuadramos. Pero
cuando el reportero lo llamó, estaba desconectado su teléfono.
Angélica Zabaleta Velázquez, accionista del Centro de Estudios
Estratégicos y Consultoría Internacional (Ceeci), empresa formada en México y que
transfirió cerca de un millón de dólares a una de las cuentas en el Perú de Vladimiro
Montesinos, dijo no tener idea de las operaciones que realizaba esa entidad.
Zabaleta Velázquez fue hallada en el barrio popular de Cholulas, una de las zonas
periféricas de la ciudad de Puebla, tras un trabajo conjunto iniciado en marzo último
por periodistas de El Comercio y el diario mexicano Reforma.
La empresa fue creada el 12 de setiembre de 1997 e inscrita en el folio 227813 de los
Registros Públicos de la Propiedad y Comercio de México.
Según la ficha registral, ella y su hermano Gerardo otorgaron un poder
para pleitos, cobranzas y actos de administración a María Liliana Incio, nada menos que
prima de César Samillán Incio, personaje vinculado a la red de testaferros tendida por
Víctor Alberto Venero y Juan Valencia.
De acuerdo con la indagación efectuada por la periodista Tatiana Adalid, del diario
Reforma, la familia Zabaleta Velázquez es oriunda del estado sureño de Chiapas y al
mudarse a Puebla compró en un conjunto multifamiliar para personas de bajos recursos una
casa mediante un crédito hipotecario, el cual continúa pagando.
Tal como lo corrobora la periodista mexicana, los signos exteriores de riqueza de los
Zabaleta no corresponden a accionistas de una empresa que transfirió cada mes entre 30
mil y 40 mil dólares a Montesinos por más de dos años.
Fuentes judiciales peruanas explicaron a El Comercio que Juan Valencia,
testaferro de Montesinos, les dijo que César Samillán Incio era el representante de
Alberto Venero en México.
Información proporcionada por Juan Valencia a los jueces anticorrupción sobre
direccciones y teléfonos donde encontrar a César Samillán en Puebla avala esta
versión. Por su parte, Angélica Zabaleta dijo que nunca había visto a María Liliana
Incio -la prima de Samillán Incio- ni a ningún otro trabajador de la misteriosa empresa
Ceeci que giró 980 mil dólares a Montesinos.
Las organizaciones de Derechos Humanos se pronunciaron ayer exhortando
al gobierno de Valentín Paniagua el pronto establecimiento de la Comisión de la Verdad.
Solicitaron conocer a los integrantes de los grupos técnicos, las atribuciones que se les
asignará y las formas como van a funcionar.
Asimismo, manifestaron la necesidad de que la Comisión de la Verdad debe establecerse
mediante decreto supremo del Ejecutivo y antes que entre el nuevo gobierno.
Para Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, la demora para la conformación de una Comisión de la Verdad no tiene
explicación. "Si bien en algún momento podemos haber pensado que era algo impedido
por la Fuerzas Armadas, ahora que ellos expresaron su acuerdo a ser investigados
¿entonces dónde esta la traba?", se preguntó.
Al mismo tiempo, recordó que el mayor porcentaje de desaparecidos y ejecuciones a
estudiantes fueron los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García.
"Acaso debemos pensar que las dificultades lo ponen los partidos políticos, en este
caso el Partido Aprista o Acción Popular", comentó.
Para Macher sería importante que Alan García y los representantes de
Acción Popular hagan conocer sus deseos de la pronta conformación de la Comisión.
"Sería una manifestación de reconciliación y aceptación de vigencia de los
derechos humanos por parte de esos partidos políticos", afirmó.
Para Macher, la Comisión de la Verdad debe estar conformada por personas individuales de
probada trayectoria moral y ética. Su integridad moral debe estar, además, reconocida
por toda la población.
Sus funciones deben ser: investigar hasta descubrir la verdad, no sólo
a los militares sino también a los terroristas. Para conocer lo que hicieron ambas partes
debe proponer la reparación de las víctimas y lo más importante, iniciar un proceso de
reconciliación nacional.
Asimismo, tener la capacidad de recibir testimonios, ir a los lugares donde se cometieron
los hechos, documentar e individualizar a los responsables, para de esa manera ayudar con
información al Poder Judicial.
"La Comisión de la Verdad sólo puede investigar, el Poder Judicial es la encargada
de hacer justicia. Sólo puede hacer recomendaciones para que está situación no vuelva a
ocurrir", agregó Macher.
Responsabilidades individuales
Francisco Soberón Garrido, Presidente de la Asociación Pro Derechos
Humano (Aprodeh) dijo que la Comisión de la Verdad debe estar conformada no sólo por
personas que radican en Lima sino también por personas de las zonas afectadas por la
violencia. Además estar conformado por mujeres y personas bilingües, que hablan quechua,
aymara u otra lengua nativa.
Según Soberón, los grupos de trabajo deben investigar los paraderos y la situación
actual de las víctima a quienes les fue violado sus derechos. Establecer
responsabilidades individuales para contribuir en la justicia, elaborar propuesta de
reparación y dignificacion integral. Analizar el contexto que facilitó estas violaciones
y los patrones de conducta que lo hicieron posible.
Asimismo recomendar garantías de prevención y propuesta para que en el futuro no se
repita. Y además restablecer mecanismo que supervisen estas recomendaciones para evitar
que se vayan al aíre.
LIMA (Reuters) - El ex presidente Alberto Fujimori negó en una carta
haberse llevado 1.000 millones de dólares en oro de Perú a Japón, tras la denuncia de
un legislador que investiga a su ex mano derecha, Vladimiro Montesinos.
"Cortina de oro", tituló Fujimori a la misiva que envió a RadioProgramas de
Perú y difundida el lunes por la Internet, para responder a las denuncias del jefe de una
comisión investigadora del Congreso, David Waisman.
El legislador estimó en 1.000 millones de dólares en efectivo, valores y lingotes de oro
el total que el ex gobernante habría sustraído de Perú.
Según Fujimori, destituido en noviembre por "incapacidad moral", es imposible
sacar esa cantidad en lingotes de oro sin que el Banco Central de Reserva se diera cuenta,
por lo que dijo que la acusación, "linda con lo absurdo y ridículo".
"Se hubiera necesitado no menos que 10 aviones de carga para sacarlos y el mismo
avión presidencial no hubiese podido despegar con el 10 por ciento de esta fantasiosa
carga", dijo Fujimori desde Tokio, donde se refugió en noviembre.
El ex gobernante, de 62 años, se ha amparado en su doble nacionalidad peruano-japonesa
para no regresar a Perú, donde es requerido por la justicia tras una denuncia
constitucional por abandonar su cargo y enviar su renuncia desde Tokio, durante la crisis
política que Montesinos hizo estallar en septiembre. Para Fujimori, el legislador Waisman
trata de "acaparar titulares con propósitos electorales", ya que postula a la
segunda vicepresidencia en la planilla de Alejandro Toledo, el candidato favorito para la
segunda ronda de elecciones presidenciales que podría realizarse el 3 de junio.
"Es costumbre de él (Fujimori) esconderse y mentir. Una carta que carece de firma y
huella digital es anónima", ripostó Waisman a la radioemisora Cadena Peruana de
Noticias.
El legislador hizo énfasis en que sus cálculos no son definitivos, sino proyecciones
personales elaboradas con base en su experiencia al investigar este tipo de asuntos.
Waisman agregó que su proyección es independiente de la comisión, que le pedirá el
miércoles la información que usó en el cálculo, y que nunca dijo que Fujimori sólo se
llevó esa cantidad en oro, sino también en efectivo y en diamantes.
"La carta esta llena de esa soberbia que (Fujimori) mantuvo (durante) 10 años (en el
poder) y distorsión de la verdad. O su experiencia lo hace saber que se necesitan 10
aviones para llevarse tantas barras", dijo Waisman.
El legislador calculó que si Fujimori hizo 123 viajes, si se considera que en cada maleta
se pueden llevar 500.000 dólares y que viajaba siempre con más de cuatro maletas, el
depuesto presidente, junto a sus dos hermanas y su cuñado, también sujetos de pesquisas
por peculado, habrían llegado a sustraer el cuantioso total.
Fujimori conminó a las autoridades peruanas a pedir los estados de sus
cuentas en bancos japoneses o viajar a Tokio para repatriar la supuesta suma.
"A pesar (de) que no encuentran ni lingotes, ni empresas, ni depósitos bancarios y
al no haberse comprobado mi relación con la red ilícita de Montesinos, ahora pretenden
hacer creer que había una red propia dirigida por mí", añadió Fujimori.
Waisman respondió que "si el piso está tan parejo y en Perú sigue vigente el Poder
Judicial que Vladimori... Vladimiro Montesinos y Fujimori instalaron, ¿por qué no
viene?, ¿por qué tiene que retarme, o a los peruanos, (a) que vayamos a Japón?".
Montesinos, prófugo de la justicia peruana, es buscado por delitos que van desde el
narcotráfico y tráfico de armas hasta tortura y asesinato. El procurador que investiga
al ex jefe de espías ha dicho que formulará cargos contra Fujimori por uso ilícito de
recursos del estado.
El supuesto saqueo de 1.000 millones de dólares sería el primer cargo que vincularía a
Fujimori con la red de corrupción que se atribuye a Montesinos. Waisman dice que ambas
mafias sacaron de Perú 2.000 millones de dólares.
Tokio/Lima.- El ex presidente del Perú Alberto Fujimori es japonés
desde que nació porque sus padres lo inscribieron en el Koseki (registro familiar) ante
el consulado nipón en Lima, informó la División de Latinoamérica y el Caribe de la
Cancillería del Japón. El funcionario Noriteru Fukushima precisó que no le otorgaron la
nacionalidad porque la tenía desde que nació y sólo se procedió a reconocerla. De
acuerdo con la ley nipona, los japoneses no pueden tener doble nacionalidad, por lo que
Fujimori habría renunciado a la nacionalidad peruana, opinan los juristas Jorge Avendaño
y Enrique Bernales.
Ellos dicen que Fujimori, mientras fue presidente, mantuvo la nacionalidad japonesa de
modo pasivo y la peruana de modo activo.
Avendaño refirió que en rigor los actos de Fujimori como presidente durante los últimos
diez años no tendrían validez, pero en el derecho existe la teoría de los hechos
cumplidos en el sentido de que a veces la ciencia jurídica tiene que cerrar los ojos ante
la realidad porque es imposible que todas las leyes y decretos supremos sean nulos
Fujimori fue inscrito en el consulado japonés en Lima
Tokio. Alberto
Fujimori, ex mandatario peruano radicado en Tokio desde noviembre del año pasado, cuando
huyó del Perú, es japonés desde que nació, aseguró a El Comercio Noriteru Fukushima,
Director de la Primera División de Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de
Relaciones Exteriores nipón
"Algunas versiones publicadas en la prensa peruana", señalan que el 12 de
diciembre del año pasado, nosotros le otorgamos la nacionalidad japonesa al ex presidente
Fujimori. Pero la palabra otorgar está equivocada. Porque cuando él nació, ya era
japonés", explicó el funcionario
"Lo que en realidad hicimos, fue únicamente reconocer su nacionalidad. Cosa que constatamos con base en la documentación que él presentó", dijo la fuente. El funcionario también aseguró que si la nacionalidad del ex mandatario no fue constatada anteriormente por su gobierno es porque éste es un trámite personal que se inicia sólo cuando el interesado lo pide. Y Fujimori no lo solicitó antes.
"Para saber si una persona es japonesa o no, se necesitan una
serie de documentos que se deben presentar ante el Ministerio de Justicia, que constató
la nacionalidad del señor Fujimori. Luego nosotros hicimos público este hecho. Pero sin
los documentos necesarios, ninguna otra persona o institución, así sea del Gobierno,
tiene el derecho de investigar".
Fukushima también afirma, basado en este mismo razonamiento de privacidad, que cuando
Fujimori arribó a estas islas procedente de Brunéi el 17 de noviembre del año pasado,
"nuestro gobierno no sabía que él era japonés. Había rumores, artículos
publicados en el Perú, pero no la certeza".
Esto también explicaría, según la misma fuente, la rapidez con que el ex mandatario
pasó de peruano a japonés.
Si un extranjero o descendiente de japonés (nikkéi) desea tener la
nacionalidad nipona, ese trámite dura un año o dos. Porque al ser una persona ajena a
este país, se debe hacer las investigaciones minuciosamente.
Pero este caso (de Fujimori) no es así. Porque él es de nacionalidad japonesa desde que
nació, ya que sus padres lo registraron en el koseki (registro familiar) ante el
consulado japonés instalado en Lima, reiteró Fukushima.
El funcionario recalcó a su vez que Japón respeta las leyes internacionales o las
tendencias legales que hablan de la llamada nacionalidad predominante.
Pero que, sin embargo, no sólo en el caso de Fujimori, sino en general, este país se
ciñe a sus propias leyes.
"En el mundo existe este tipo de derecho internacional. Pero para nosotros, si existe
la nacionalidad predominante o no, no importa. Lo que importa es que Fujimori es japonés.
Y si él lo es no podemos extraditarlo porque las leyes de nuestro país lo prohíben. A
menos que exista algun tratado especial al respecto. Y con el Perú no tenemos ese tipo de
tratado", complementó.
El funcionario agregó, " Y quisiera añadir que nuestro gobierno no da ningun trato
especial al señor Fujimori. Sólo constatamos su nacionalidad y no sabemos lo que está
haciendo. Él es un ciudadano más y vive en Japón como japonés. Si quiere salir y
volver a entrar a nuestro país, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero es su
decisión".
No ha solicitado pasaporte
Fukushima también reveló que Fujimori no ha solicitado el pasaporte
japonés hasta la fecha. "Nosotros nunca le hemos entregado un pasaporte a Fujimori.
Porque nunca lo ha solicitado. Por eso no puede viajar fuera del país, a menos que lo
haga con pasaporte peruano".
Sin embargo, se supo extraoficialmente que tanto Fujimori como el ex embajador Víctor
Aritomi, cuñado del ex presidente, han declarado perdidos sus pasaportes diplomáticos
peruanos ante la embajada de este país en Tokio.
Una fuente de la mencionada institución dijo no obstante que este hecho es relativo,
porque así Fujimori y Aritomi portasen los mencionados documentos no podrían
utilizarlos.
Las leyes peruanas especifican claramente que un pasaporte diplomático
se expide por el tiempo que rige el cargo. Y al haber renunciado, tanto Fujimori a la
presidencia como Aritomi a la embajada, estos documentos quedan sin validez.
Asimismo, Fukushima aclaró que Aritomi, a diferencia de su cuñado, no ha optado por
solicitar la nacionalidad japonesa. "Nosotros no podemos decir qué estatus de visa
tiene el ex embajador Aritomi en Japón. Porque si lo hacemos, él puede hacerle un juicio
al Gobierno y nosotros vamos a perder. Lo que sí podemos decir, es que no es japonés.
Que tiene una visa como extranjero".
En julio publicará su libro
Las memorias de
Fujimori, en las cuales ha dado a entender que hará revelaciones sobre aspectos poco
conocidos de su gobierno y que comprometerían a más de un personaje del ambiente
político peruano, serían publicadas en julio próximo.
La editorial por medio de la cual saldría al mercado el libro es Chuo Korun, propiedad
del consorcio Yomiuri, afirmó Masakuni Ota, editor jefe de Gendai Kikakushitsu
Publishers.
La obra la está escribiendo el ex mandatario con el asesoramiento y la corrección de
estilo de Carlos Orellana.
Siempre de acuerdo a Ota, la primera edición del libro, por la cual Fujimori recibiría
el 10% de venta al público, tendría un tiraje de 20.000 ejemplares.
Las memorias de Fujimori se venderían en el mercado a un precio promedio de 2.500 yenes
(unos 20 dólares).
Hasta su guía espiritual está en Tokio
Tokio. - El
reverendo Luis Martínez Dueñas, religioso español que ha vivido por más de 35 años en
el Perú, y que según sus propias declaraciones es quien casó al ex mandatario Alberto
Fujimori con Susana Higuchi, ha sido destacado a Tokio desde el pasado mes de febrero para
realizar labores pastorales.
"Mis superiores me han enviado para que sirva de guía espiritual a la gran cantidad
de nikkéi peruanos que radican en Japón. Sobre todo porque a muchos de ellos los he
casado, bautizado, confirmado o simplemente los conozco", explicó el religioso,
conocido guía espiritual de la colonia nikkéi afincada en el Perú.
Martínez Dueñas, quien ha sentado su base de operaciones en la
iglesia San Ignacio, ubicada en el centro de la ciudad de Tokio, ofició hace un par de
semanas un servicio en español al que asistió Matsue Fujimori, madre del ex mandatario
que hace poco fue dada de alta de un hospital nipón, donde ingresó para ser tratada de
una afección a la cadera.
El religioso en mención, que ha reconocido mantener contacto con Fujimori Fujimori,
visitó estas islas hace menos de un año, con la finalidad de reunir fondos para el
Movimiento de Acción Social (MAS), organización no gubernamental que él dirige (ONG),
dedicada a la construcción de casas para los sectores más necesitados de la sociedad
peruana
Ocultaba doble nacionalidad
Las dudas sobre la nacionalidad del ex presidente Alberto Fujimori
comenzaron con su campaña política en 1990, cuando salió elegido presidente de la
República.
En esa oportunidad, la Embajada del Japón calló en todos los idiomas, pero tres años
más tarde apareció una pista que aumentó las sospechas: el acta de bautizo del ex
mandatario mostraba alteraciones en el espacio que consignaba la fecha de nacimiento.
Fujimori ejerció de forma activa su ciudadanía peruana, pero ocultó
su condición de súbdito japonés. Queda claro que jugó con las leyes de ambos países y
que las utilizó en el momento en que más útiles le fueron.
Ahora, por cierto, recurre a su condición japonesa, para lo cual ha debido renunciar a su
ciudadanía peruana, pues no cabe legalmente la doble nacionalidad.
24 de julio de 1997: La periodista Cecilia Valenzuela publicó un informe en la revista "Caretas" con la sugerente pregunta ¿Dónde nació? en referencia al entonces jefe de Estado, Alberto Fujimori. Presentaron una ficha de la Jefatura General de Extranjería del Perú de 1934 donde Matsue Fujimori declaró al ingresar al país que estaba casada y tenía dos hijos. Se supone que se trataba de Alberto y Juana.
26 de julio de 1997: El arzobispo de Lima, monseñor Augusto Vargas Alzamora, confirma que el libro de actas bautismales está corregido con un borrón y escritura encima en la parte referida al lugar de nacimiento de Fujimori.
2 de agosto de 1997: La alcaldía japonesa de Kawachi negó la posibilidad de hacer público el registro familiar de Alberto Fujimori, llamado koseki, en el que constan los documentos de nacimiento. Este expediente hubiera permitido conocer la doble nacionalidad -no permitida por ley-del entonces presidente.
6 de agosto de 1997: "Dentro de todas las libertades que existen en el país se cuestiona mi nacionalidad. Yo digo, bueno, la prensa y la sociedad tienen la libertad de investigar. Investiguen libremente". Declaraciones de Alberto Fujimori.
10 de agosto de 1997: El abogado de la familia Fujimori, Sandro Fuentes, mostró la constancia de bautismo del Arzobispado de Lima de 1974, que señala que Alberto Fujimori nació en el Perú el 28 de julio
Habría renunciado a su ciudadanía peruana
La Constitución de 1979, bajo la cual fue elegido presidente Alberto
Fujimori, establece que para llegar a tal cargo uno debe cumplir tres requisitos: ser
ciudadano en ejercicio, haber nacido en el Perú y ser mayor de 35 años.
Con estas premisas, la postulación de Fujimori podría considerarse válida, aunque
habría también que tener en cuenta la Constitución de 1933, que fue bajo la cual nació
el ex presidente, puntualizó el abogado constitucionalista Enrique Bernales.
Hay que recordar que Fujimori ha realizado numerosos actos como peruano, tales como votar,
obtener títulos o ser rector de la Universidad Agraria. La ley universitaria exige la
nacionalidad peruana para ser elegido rector.
En cuanto al hecho de la doble nacionalidad del ex mandatario, Bernales especificó que
está fuera de duda que Alberto Fujimori era japonés y que estaba inscrito en el koseki
familiar, si no ratificó su nacionalidad japonesa al alcanzar la mayoría de edad, ello
significa que mantuvo la nacionalidad japonesa de modo pasivo y la peruana de modo activo.
En cualquier caso, Bernales aclaró que recién ahora que Fujimori
huyó del Perú puede decirse que ha activado su nacionalidad nipona. Pero, ojo, que
según las leyes de ese país no se puede activar la nacionalidad japonesa si no ha habido
una renuncia previa a la otra nacionalidad, es decir, Fujimori debe haber renunciado,
ahora sí, a su ciudadanía peruana.
El jurista Jorge Avendaño recomendó a la cancillería peruana que consultase con
abogados japoneses para determinar si el ex presidente Alberto Fujimori ha renunciado
formalmente a su nacionalidad peruana para optar por la japonesa.
Sugirió esta idea porque en algunos países es un requisito renunciar a la nacionalidad
para optar por una segunda.
Con la declaración de que Fujimori es japonés desde que nació,
Avendaño refirió que en rigor los actos como presidente durante los últimos diez años
no tendrían validez, pero en el derecho existe la teoría de los hechos cumplidos en el
sentido de que a veces la ciencia jurídica tiene que cerrar los ojos ante la realidad,
porque es imposible que todas las leyes y los decretos supremos sean nulos.
En el fondo para Avendaño el ex presidente Fujimori es un gran sinvergüenza y las
autoridades japonesas han sido cómplices.
Esta situación, sostuvo, hace mucho más difícil la extradición del ex presidente,
porque esta figura del derecho internacional está regida por la ley del lugar, y la
legislación japonesa no autoriza que se extradite a un nacional.
El jurista precisó que, si hay un crimen de lesa humanidad imputable a Fujimori, como los
asesinatos en La Cantuta o Barrios Altos, entonces Fujimori no podría poner ningún pie
fuera del Japón porque un juez de cualquier país -al estilo Garzón- podría disponer su
detención.
Fuente : Diario
LA REPUBLICA Perú
30-04-01
David Waisman ratifica denuncia contra ex mandatario prófugo
Rosa Fujimori y su esposo Víctor Aritomi estarían involucrados en robo de lingotes
En respuesta al depuesto mandatario Alberto Fujimori, quien a través de una carta negó ayer las graves acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra, el congresista David Waisman, presidente de la Comisión Investigadora de los orígenes de las cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos, ratificó su denuncia personal contra el ex mandatario y lo calificó de mentiroso por negar las denuncias.
El reelecto parlamentario de Perú Posible reveló también que Rosa Fujimori y su esposo, el ex embajador de Perú en el Japón Víctor Aritomi Shinto, estarían comprometidos en la apropiación de las barras de oro por un monto de US$ 100 millones, además de certificados y dinero en efectivo. Aseguró, además, que su grupo de trabajo tiene también testigos de reveladores y diversos delitos.
Por José Clemente
El ex presidente Fujimori acaba de rechazar las acusaciones vertidas por usted, sobre un presunto enriquecimiento ilícito
-Realmente es una carta denigrante y mentirosa porque no tiene rúbrica ni firma. Es una carta anónima propia de un ser mentiroso como es Fujimori y fue toda su vida.
-Usted dijo que Fujimori tendría su propia red de corrupción, similar a la de Montesinos, y que se habría apropiado de unos mil millones de dólares.
-Yo en ningún momento he dicho, ni tampoco ha salido en La República, que los mil millones corresponderían a barras de oro. Nadie ha dicho eso y él lo está diciendo. El pez muere por su propia boca.
-Estamos hablando sólo de US$ 100 millones en lingotes de oro.
-Yo he hecho un estimado y declaración a título personal. Un cálculo de que si son cien millones de dólares sólo en barras de oro, algunas especies y dinero en efectivo, estimo que fácilmente (Fujimori) podría haber llegado a mil millones (de dólares) y esto lo hago en función a lo estimado en los primeros días de labor de la comisión investigadora.
-Fujimori dice en su carta que hubiera sido imposible sacar las barras de oro del Banco Central de Reserva, ¿le cree usted?
-El hizo 123 viajes y si usted le calcula cuatro o cinco maletas por
viaje y en cada maleta puede sacar medio millón de dólares, sólo en efectivo,
simplemente tendríamos que hacer simples operaciones matemáticas.
-Fujimori está muy bien informado
en Japón de lo que ocurre en el Perú, ¿porque no precisa la acusación de los 123
viajes?
-Porque no le conviene dar a conocer y resaltar los 123 viajes que él ha realizado como Presidente de la República. Esto lo comprometería muy seriamente porque significaría que sumado todo el tiempo en sus viajes al extranjero, ha estado un año y cinco meses fuera del país. Además, debe explicar, por qué Fujimori se ha fugado del país y que fue la causa para que se le declare como incapacitado moral.
-Se dice que hay terceras personas que lo han ayudado para su fuga con las barras de oro o del dinero
-El (Fujimori) tiene que decir además cuántos viajes ha realizado el embajador (Víctor) Aritomi (cuñado del ex presidente) y la esposa del señor Aritomi (Rosa Fujimori). Por allí tenemos que analizar las informaciones y las investigaciones. ¿Cuántas maletas se llevaba Aritomi y su esposa, cada vez que viajaban al Japón en más de 50 viajes cada uno?
-Usted señaló que un mecanismo para la fuga de las barras de oro habría sido su conversión en certificados y a la vez en dólares
-Así es. Es sospechoso además que Fujimori diga que se hubieran necesitado diez aviones, qué bien ha sacado la cuenta y no olvidemos que es matemático. El problema no sólo es la carga física para sacar cinco o diez lingotes. Él tiene que dar cuentas de certificados. ¿Por qué puso el grito en cielo cuando en una oportunidad viajó en una compañía aérea y le intentaron revisar sus maletas?
-Hay un testigo que estaría entregando información valiosa al Ministerio Público sobre el caso Fujimori
-Sé que hay un testigo, nosotros también tenemos informantes y tenemos que guardar la reserva absoluta.
- Se dice también que funcionarios del BCR estarían comprendidos en el robo de lingotes de oro
- Estamos investigando y también vamos a invitarlos para la próxima semana, al igual que los funcionarios del Ministerio de Economía como el señor (Alfredo) Jaililie. No olvidemos que tenemos una lista de personas impor- tantísimas y decisivas que vamos a invitar.
-Usted denunció que Fujimori tiene una red de corrupción paralela a la de Montesinos.
- Si tenemos por un lado un grupo que manejó Vladimiro Montesinos y por otro Fujimori, su hermana y el embajador Aritomi, se trata de una red separada.
Fuente : LA
REPUBLICA
02-05-01
A seis meses de la caída del corrupto régimen fujimontesinista,
ninguno de los magistrados, jueces y civiles, que formaron parte de la red de Vladimiro
Montesinos en la administración de justicia, ha sido sancionado penal o
administrativamente hasta el momento.
En estos meses, más por presión de la opinión pública que por afán moralizador, la
Sala Plena de la Corte Suprema sólo ha suspendido en sus labores a cinco vocales supremos
titulares y provisionales, pero sobre el resto no ha dicho nada.
En el Ministerio Público, que durante 10 años dirigió la amiga del
prófugo ex asesor presidencial Blanca Nélida Colán Maguiño, ni un solo fiscal ha sido
sancionado y menos suspendido. La doctora Colán y otros renunciaron al Ministerio
Público por voluntad propia, de lo contrario seguirían en sus puestos como si nada
hubiera pasado.
Los consejos transitorios del Poder Judicial y el Ministerio Público, que sustituyeron a
las comisiones Ejecutivas, investigaron la injerencia política en la administración de
justicia durante el gobierno fujimontesinista, pero sus resultados se han convertido en
secreto de Estado.
Una gran mayoría de magistrados fujimontesinistas, en el Ministerio
Público y el Poder Judicial, siguen en sus puestos administrando justicia, y con cada
día que pasa sus acciones parecen olvidarse.
Hilda Valladares Alarcón, la ex fiscal provincial de delitos tributarios y aduaneros,
después de algunos meses como fiscal adjunta es de nuevo desde hace unos días fiscal
provincial en el Callao.
Los ex jueces de derecho público Percy Escobar y Víctor Raúl Martínez Candela siguen
laborando como secretarios judiciales, y están aptos para ser nuevamente jueces
provisionales o suplentes.
Para los recordados fiscales provinciales ad hoc Arquímedes Pezantes Krederdt, Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, Fernando Egas Contreras y Magda Atto Mendivis, y los jueces y vocales Raúl Lorenzi Goycochea, Eliana Salinas Ordóñez, José Chunga Purizaca, Nicolás Trujillo López, Sonia Pineda Cáceres y Alminda López Pizarra, por mencionar algunos, nada parece haber cambiado en estos meses.
Invitado de lujoOtro ejemplo es el fiscal supremo Pedro Pablo Gutiérrez Ferreyra,
quien incluso se da el lujo de participar, dado su cargo, en cuanta conferencia o
ceremonia anticorrupción se desarrolla en el país.
Gutiérrez estuvo presente en la instalación en Palacio de Gobierno de la Comisión
Nacional Anticorrupción. Este fiscal, con una irregular resolución administrativa,
evitó que prosperara una denuncia contra el ex presidente de Popular y Porvenir Augusto
Miyagusuku.
El Consejo Transitorio del Ministerio Público dejó sin efecto esa resolución por
considerarla totalmente ilegal e inconstitucional, pero no dijo nada respecto a la
responsabilidad de Pedro Pablo Gutiérrez, quien junto a Colán Maguiño permitió a
Montesinos manejar el Ministerio Público.
Las fiscalías y juzgados anticorrupción se encuentran preocupados
ante esta situación. Ellos no pueden denunciar a ningún magistrado vinculado a la red de
corrupción de Montesinos, a pesar de las pruebas, porque éstos tienen derecho a ser
investigados primero por los órganos de control interno.
Es decir, la Fiscalía Suprema de Control Interno, que se encuentra en manos del fiscal
supremo provisional Miguel Angel Sánchez Arteaga, y la Oficina de Control de la
Magistratura (OCMA), en manos desde hace cuatro años del cuestionado vocal supremo Nelson
Reyes Ríos.
Las leyes orgánicas del Ministerio Público y el Poder Judicial
garantizan a sus integrantes un proceso administrativo previo antes de cualquier denuncia
penal por actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. El Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM) tampoco puede destituirlos sin un proceso previo en la OCMA.
Ambos organismos de control han iniciado diversas investigaciones, pero, como señalan
diversos magistrados comprometidos con la moralización del Poder Judicial y el Ministerio
Público, por la lentitud con la que éstas avanzan no existiría un verdadero afán de
sancionar a los jueces y fiscales fujimontesinistas.
Aparentemente, se esperaría que el CNM no ratifique a los jueces y fiscales más
cuestionados, con lo que quedarán fuera de la administración pública, pero sin sanción
por sus actos ilícitos, que al disminuir la presión pública, se harían prescribir.
En otros casos se les sancionará por actos administrativos, que no
supondrá ni permitirá ninguna denuncia penal contra ellos.
Esto parece ser evidente en el reciente pedido de destitución planteado por el jefe de la
OCMA contra el ex presidente de la Corte Superior de Lima Pedro Infantes Mandujano, y el
ex presidente de la Sala de Derecho Público Sixto Muñoz Sarmiento.
Reyes Ríos plantea destituirlos por los intempestivos cambios de jueces ocurridos en el
trámite de los procesos civiles promovidos por los empresarios de televisión Genaro
Delgado Parker y Baruch Ivcher Bronstein, pero no se ha pronunciado sobre otras denuncias
más graves contra estos vocales superiores.
La denuncia que por intento de soborno planteó, con pruebas, el juez
provisional Alexis López-Aliaga contra Infantes Mandujano y el notario público Luis Roy
Párraga parece que va a camino al archivo o la prescripción como ha sucedido en los
últimos cinco años en la OCMA.
Para muchos esto se debería también a que en las grabaciones magnetofónicas presentadas
por López-Aliaga para sustentar su denuncia, Roy Párraga le dice que no debía
preocuparse por la ilícita resolución que debía emitir porque el jefe de la OCMA los
apoyaría ante cualquier denuncia.
El juez Alexis López-Aliaga denunció que Párraga e Infantes
Mandujano le ofrecían distribuir una coima del 5% de 50 millones de dólares por disponer
el embargo de tres inmuebles sin sustento alguno. La denuncia presentada a fines de
noviembre se ha estancado por el simple hecho de que Infantes niega su voz.
Otras fuentes señalan incluso que Reyes Ríos ha planteado la destitución de Infantes y
Muñoz Sarmiento, solo porque está preocupado por el proceso de ratificación que lleva
adelante el CNM.
Precisamente la salida de estas resoluciones habría coincidido con su presentación ante
el CNM para desvirtuar los cuestionamientos que se le hacen. El CNM empezará a dar los
primeros resultados del proceso de ratificación a partir de este 10 de mayo.
La periodista Cecilia Valenzuela, quien en 1997 puso en tela de juicio
la nacionalidad del presidente Alberto Fujimori, pidió que se investigue a los
legisladores que en la década anterior promovieron cambios en la ley sobre nacionalidad y
al artículo de la Constitución de 1993 referido al mismo tema.
Explicó que su investigación, difundida en el programa televisivo de César Hildebrandt
y luego en la revista Caretas, recogía 11 indicios diferentes que le hacían preguntarse
dónde había nacido realmente Fujimori, si tenía o no la nacionalidad japonesa y si era
así si había renunciado a ese beneficio para postular a la Presidencia de la República.
En su investigación, Valenzuela encontró documentación que tenía tachones, borrones,
enmendaduras, y en muchos casos datos falsos. Entre sus documentos no había concordancia
en el día de su nacimiento. En unos documentos figuraba como Fujimori Fujimori y en otros
Fujimori Nomoto.
Investigó en la partida de bautismo, nacimiento, ficha, migración del
padre, viajes del padre no registrados, una página de libros de extranjería con cuatro
tachaduras, la libreta electoral de Juana Fujimori, la hermana mayor, que no consignaba
lugar ni fecha de nacimiento. La partida de nacimiento fue autenticada por una obstetriz
que no vio nacer al niño. Y en la partida de bautismo encontró "un borrón grosero,
una enmendadura en el renglón donde se registra el lugar de nacimiento".
"Aún no hay respuesta, no sabemos a ciencia cierta si nació en Perú o en Japón.
Pero lo cierto es que, según lo declarado por el gobierno nipón, es japonés desde su
nacimiento porque sus padres lo inscribieron en el Koseki (un registro familiar que les
permite a los hijos de japoneses adquirir su nacionalidad) y cuando cumplió los 18 años
no renunció a esa nacionalidad para mantenerse con la peruana", dijo.
Desde que la corrupción fujimontesinista se hizo evidente en el primer vladivideo Kouri-Montesinos, el Congreso de la República ha dado paso a una maratón de investigaciones. En virtud de ello, el Pleno conformó tres grandes comisiones investigadoras, dos de las cuales ólas denominadas Waisman y Moralesó presentaron sus informes parciales. En tanto, la Comisión Permanente designó 18 subcomisiones, para investigar 47 denuncias constitucionales contra ex ministros, congresistas, magistrados y el propio ex presidente Alberto Fujimori. ¿Se podrán debatir estos informes en los 45 días que restan para el fin de la legislatura?
La comisión investigadora de las cuentas millonarias de Vladimiro
Montesinos, que preside el congresista David Waisman, formalizó varias denuncias, entre
ellas contra los ex ministros Federico Salas Guevara Schultz y Víctor Malca Villanueva.
Fruto de sus investigaciones, logró descubrir que las cuentas del general (r) Nicolás
Hermoza Ríos por cerca de 20 millones de dólares tienen origen ilícito.
Presentamos un resumen de comisiones y subcomisiones con datos actualizados:
1.- David Waisman, preside la comisión investigadora para determinar el origen, movimiento y monto actual del dinero existente en las cuentas bancarias que tiene el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres en el Perú y en el extranjero, como producto de los delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el cese de sus funciones como asesor del Servicio de Inteligencia Nacional.
Estado actual:
presentó su informe parcial el 23 de febrero, formalizando acusaciones constitucionales contra el ex primer ministro Federico Salas Guevara, contra el ex ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva y el congresista Ernesto Gamarra Olivares.2.- Pedro Morales Mansilla está a cargo de la Comisión Investigadora de los gastos atendidos por el sector Defensa con financiamiento de recursos provenientes de la privatización.
Estado actual:
presentó dos informes parciales el 1 y 14 de marzo, y está por presentar un tercer informe.3.- Comisión investigadora de las presuntas irregularidades cometidas en la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) cuando su titular era Carmen Higaonna de Guerra, actual contralora general de la República.
Estado Actual:
está pendiente la conformación de sus miembros, no obstante haber sido aprobada el 18 de enero del 2001. Subcomisiones investigadoras formadas en la Comisión Permanente-Legislatura Ordinaria 2000-20011.- Subcomisión de Denuncia constitucional contra el congresista Alberto Kouri Bumachar y contra el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Denuncia Nº 9 y 10.
Estado actual:
el pleno aprobó acusación constitucional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios.2.- Subcomisión de Denuncia constitucional contra el ex presidente de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori y ex ministro de Defensa Carlos Bergamino. Denuncia Nº 57. Acumulada denuncia Nº 58 y 87 (Pease G.)
Estado actual:
Daniel Estrada, su presidente presentó el informe final, el lunes 30 de marzo, declarando haber lugar a la acusación contra Alberto Fujimori por el caso de alquiler de helicópteros a las Naciones Unidas.3.- Subcomisión de denuncia constitucional contra el ex ministro del Interior general EP César Saucedo Sánchez. Denuncia Nº 2 y 3.
Estado actual:
se aprobó el informe en minoría de Luis Iberico el 29 de diciembre del 2000. Se nombró comisión acusadora, presidida por Manuel Masías. Se acumula denuncia Nº 46.4.- Denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación y presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, Srta. Blanca Nélida Colán Maguiño. Denuncia Nº 12.
Estado actual: se aprobó informe final de Patricia Donayre y el Pleno consideró acusarla constitucionalmente por el presunto delito de enriquecimiento ilícito frente al desbalance patrimonial en la adquisición de su casa de Camacho.5.- Denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación Miguel Aljovín Swayne. Denuncia Nº 51. Preside subcomisión Cruz Saavedra.
Estado actual: se designó subcomisión acusadora y está en orden del día en la agenda del Pleno.6.- Denuncia constitucional contra el ex ministro Federico Salas-Guevara Schultz. Denuncia Nº 64. Se acumula Denuncia Nº 72.
Estado actual:
se formó subcomisión acusadora presidida por Carlos Cuaresma.7.- Denuncia constitucional contra Ernesto Gamarra Olivares.
Estado actual: el Pleno acordó acusarlo constitucionalmente y desestimó su inhabilitación.8.- Denuncia constitucional contra el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano. Denuncia Nº 11. Se acumula las denuncias Nº 54, 55 y 88.
Estado actual: Pleno aprobó acusación constitucional propuesta en informe en mayoría de subcomisión, presidida por Luis Guerrero.9.- Denuncia constitucional contra el ministro del Interior general PNP Fernando Dianderas O. y ex presidente Alberto Fujimori F. Den. Nº 43.
Estado actual:
subcomisión presidida por Juan Velit Granda presentó su informe a la Comisión Permanente y recomendó que se le acuse ante el Pleno.10.- Denuncia constitucional contra el ex presidente de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori. Denuncia Nº 48.
Estado actual: la subcomisión investigadora, presidida por Guido Pennano, pidió una ampliación del plazo el 29 de noviembre del 2000 que venció el 29 de marzo del 2001, pero no existe información sobre sus investigaciones.11.- Denuncia constitucional contra el ex ministro de Defensa Víctor Malca Villanueva. Denuncia Nº 65. Se acumula Den. Nº 71.
Estado actual:
está en orden del día en la agenda de la Comisión Permanente, pues el presidente de la subcomisión investigadora, Juan Velit, propuso que se le acuse por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, por su desbalance patrimonial.12.- Denuncia constitucional contra la Contralora General, Carmen Higaonna Oshiro. Denuncia Nº 84.
Estado actual:
la Comisión Permanente del Congreso dejó para la próxima sesión el desempate, pues Luis Iberico se abstuvo y la ex oposición democrática no pudo acumular los votos para aprobar el informe.13.- Denuncia constitucional contra el vocal Alipio Montes de Oca, Víctor R. Castillo C. y Luis Serpa S. Den. Nº 92, 96 y 97.
Estado actual:
el informe en mayoría, suscrito por Italo Marsano, recomienda acusarlo, pero Martha Moyano, presentó informe en minoría recomendando su absolución.SANTIAGO DE CHILE.- Un alto funcionario de
la cancillería chilena viajó hoy a Lima para analizar con las autoridades peruanas la
situación de seis chilenos presos en ese país, que desde el pasado viernes están en
huelga de hambre, en demanda de un nuevo juicio.
Alejandro Salinas, encargado de derechos humanos del ministerio chileno de Relaciones
Exteriores, se reunirá en Lima con Mario Artaza, director general de Política Exterior,
para realizar juntos las gestiones ante las autoridades peruanas, indicaron fuentes de la
cancillería.
La huelga de hambre de los presos chilenos, que según sus familiares
será mantenida "hasta las últimas consecuencias", tiene por objeto presionar
al gobierno peruano a cumplir con un dictamen de la Corte Interamericana, que en 1999
determinó que debían ser sometidos a un nuevo juicio, en un tribunal civil, y con
respeto a las normas del debido proceso.
Los chilenos, que viven su octavo año en prisión, fueron condenados a altas penas, en
1993, por un tribunal militar de jueces "sin rostro" que los encontró culpables
de "traición a la patria", tipificación que la Corte Interamericana y el
Gobierno chileno rechazan.
Se trata de Jaime Castillo, Lautaro Mellado, María Concepción
Pincheira, Alejandro Astorga y Alejandro Valdivia, quienes se encuentran en la prisión de
alta seguridad de Yanamayo, en el departamento Andino de Puno, "en condiciones
infrahumanas", según sus familiares, mientras Marcela González Astudillo está
encarcelada en Lima.
Marcela González y Alejandro Valdivia cumplen condena a veinte años de cárcel y el
resto está condenado a prisión perpetua, todos señalados como miembros del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
El ex presidente peruano Alberto Fujimori hizo caso omiso al pronunciamiento de la Corte
Interamericana, pero el actual Gobierno provisional de Valentín Paniagua se ha
manifestado a favor de un nuevo juicio, en un tribunal civil, a los presos, que se
declararon en huelga de hambre por la falta de concreción de los anuncios.
Fuente: RPP noticias
- Perú
02-05-01
Perú presenta
al gobierno japonés nueva carta rogatoria para Fujimori
El gobierno peruano entregó a su similar
japonés una nueva carta rogatoria para que le sea entregada al ex presidente Alberto
Fujimori en relación con un embargo preventivo de bienes por el sumario por
incumplimiento de deberes y abandono de su cargo abierto en Lima, según fuentes
diplomáticas peruanas.
El documento, el cuarto tramitado por la embajada peruana en Tokio ante la cancillería
nipona, procede del Poder Judicial, va dirigido a sus pares japoneses y en él se solicita
que se tramite la petición a Fujimori.
Los jueces peruanos piden a Fujimori que señale qué bienes son susceptibles de ser
embargados, hasta una cantidad de cinco millones de soles (1,3 millones de dólares), como
complemento a otra rogatoria presentada en febrero en la que se pedía su declaración
instructiva por incumplimiento de deberes de función y abandono del cargo de jefe de
Estado.
Si no se recibe respuesta del ex mandatario en esas dos ocasiones, Lima emitiría una
orden de detención en su contra.
Hasta el momento las autoridades japonesas no han contestado ninguno de los cuatro
exhortos presentados a través de la Cancillería en Tokio desde febrero pasado.
Las peticiones hacen referencia al abandono de funciones, tráfico de armas y declaración
de Fujimori sobre el escándalo de corrupción de su ex asesor de Inteligencia, Vladimiro
Montesinos, así como al levantamiento del secreto bancario para el ex jefe de la
inteligencia peruana, que se encuentra prófugo.
Como si se tratara de una pieza teatral en múltiples actos, el
Gobierno japonés va definiendo a cuentagotas la situación jurídica de Alberto
Fujimori Fujimori, favoreciéndolo cada vez más. Ahora por primera vez la
Cancillería japonesa sostiene que Fujimori es japonés desde que nació.
Como señala el constitucionalista Enrique Bernales, el reconocimiento es tardío y
oportunista. Esta semana una subcomisión del Congreso aprobó una nueva acusación
constitucional contra Fujimori por el alquiler irregular de dos helicópteros a la ONU,
incurriendo en los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y negociación
incompatible.
Casi simultáneamente Noriteru Fukushima, director de la Primera
División de Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés,
hizo una desafiante declaración: "Para nosotros, si existe la nacionalidad
predominante o no, no importa. Lo que importa es que Fujimori es japonés. Y si él lo es
no podemos extraditarlo porque las leyes de nuestro país lo prohíben".
La Cancillería japonesa ha esperado cinco meses desde que Fujimori llegó al Japón -con
pasaporte peruano por novena vez, por cierto- para decir que sólo procedió a reconocer
su nacionalidad.
Para Bernales, Japón no puede ignorar que en el Derecho Internacional
prima, en toda situación de doble nacionalidad, el principio de "nacionalidad
efectiva o dominante".
Japón no tiene posibilidad de demostrar que Fujimori tiene como nacionalidad dominante la
japonesa. Incluso antes de jurar el cargo de Presidente visitó Kumamoto como ciudadano
peruano hijo de japoneses. Siempre lo tuvieron como peruano, señala Bernales.
El Perú tiene pruebas irrebatibles de la nacionalidad peruana dominante de Fujimori. No
sólo ha vivido 62 años como ciudadano peruano, sino que ha actuado como tal incluso
(aunque de manera indigna y vergonzosa) desempeñando el más alto cargo público y como
tal fue recibido en más de una ocasión por Japón.
"Esto va a terminar definitivamente en un litigio internacional que tendrá que ser resuelto por un jurado arbitral que designe una Corte Internacional. Tenemos que alistarnos a una batalla legal que no será fácil", dice Bernales.
El asunto podría estallar estando a la cabeza del Gobierno japonés el virtual próximo primer ministro, Junichiro Koizumi y, eventualmente, en la cartera de Relaciones Exteriores la popular hija del ex primer ministro Tanaka, Makiko Tanaka. En medios japoneses se especula que no obstante la salida del Gabinete del ex primer ministro Ryutaro Hashimoto, principal auspiciador de Fujimori, el apoyo a Fujimori permanecería invariable. Así, el curso de la controversia ya prefigurada parece apuntar definitivamente a un litigio en los tribunales internacionales.
Fuente : LA REPUBLICA - PerúSe multiplican las reacciones oficiales luego de que se declarara vigente la nacionalidad japonesa del ex presidente Alberto Fujimori. Ayer, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Aguirre Roca, señaló que en caso se compruebe que el ex mandatario tenía la nacionalidad japonesa cuando asumió la presidencia del Perú, el organismo que preside podría declarar la nulidad de la actual Constitución Política.
Explicó, desde el punto de vista técnico jurídico, que una persona
con legitimidad (Presidente de la República, Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo)
puede impugnar la Carta Magna y pedir su nulidad debido a que ésta tiene rango de ley.
Esta impugnación se podría presentar por la usurpación ilegítima del poder en el país
durante diez años, pues las leyes peruanas no permiten la doble nacionalidad entre Perú
y Japón, tal como lo indicó el constitucionalista Enrique Bernales.
Según las leyes peruanas, Fujimori sería peruano de nacimiento por haber nacido en el Perú. Sin embargo al ser inscrito por sus padres en el Koseki óregistro japonésó adquiere la nacionalidad japonesa de nacimiento, es decir, la doble nacionalidad, lo cual no le permitía ser candidato a la presidencia ni mucho menos presidente, más aún cuando todavía se desconoce dónde nació el ex mandatario, en el Perú o Japón.
Antes del pronunciamiento de Aguirre Roca, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Manuel Sánchez Palacios, dijo que de confirmarse esta versión, el Congreso de la República podría retirar su firma de la actual Constitución Política del Perú y revisar la promulgación de la misma, debido a que los actos de gobierno hechos por un extranjero son cuestionables.
No tiene total validezAguirre Roca precisó ayer que el hecho de que la actual Constitución
haya sido aprobada por un referéndum, no le otorga total validez, pues óaseguróó que
el apoyo del pueblo fue por ignorancia.
En 1993 cuando se realizó el referéndum para aprobar la actual Constitución, que fue
elaborada por los propios fujimoristas, el SI ganó por un mínimo margen frente al NO,
quedando una Carta Magna favorable para el ex presidente al simplificarse la definición
sobre nacionalidad.
El presidente del Tribunal Constitucional se excusó de dar cualquier detalle adicional,
porque "podría estar adelantando opinión ante el supuesto de una acción de
inconstitucionalidad".
La periodista Cecilia Valenzuela en 1997, mediante una
investigación, encontró que la partida de bautismo, nacimiento y ficha de migración del
padre tenía tachones, borrones, enmendaduras, y en muchos casos datos falsos.
Entre estos documentos no había concordancia en el día de su nacimiento y figuraba en
unos casos como Fujimori Fujimori y en otros como Fujimori Nomoto.
Y como si fuera poco, la partida de nacimiento fue autenticada por una obstetriz que no
vio nacer al niño. En la partida de bautismo encontró "un borrón grosero, una
enmendadura en el renglón donde se registra el lugar de nacimiento", según las
propias palabras de la periodista.
Además, halló viajes del padre no registrados, unas páginas de libros de extranjería
sobre ingreso de migrantes japoneses con cuatro tachaduras y la libreta electoral de Juana
Fujimori, la hermana mayor, que no consignaba lugar ni fecha de nacimiento.
Al ser halladas estas pruebas por la periodista Valenzuela, las cuales ponían en duda el lugar de nacimiento de Fujimori, la entonces congresista Lourdes Flores Nano propuso la formación de una comisión investigadora, pero la iniciativa fue rechazada por aquellos legisladores que a lo largo de la década anterior promovieron los cambios en la ley sobre nacionalidad y al artículo de la Constitución de 1993 referido al mismo tema.
Fuente : LA REPUBLICA - PerúUna contradicción entre la Interpol-Venezuela y el Instituto de Diagnóstico San Bernardino ódonde Vladimiro Montesinos se sometió a una operación de cirugía plásticaó detectó el Ministerio del Interior en las investigaciones que realiza para evaluar la actuación funcional del personal de la Agregaduría Policial que se desempeña en la embajada peruana en Caracas.
Según un comunicado oficial entregado por el ministerio que conduce Antonio Ketín Vidal, las investigaciones preliminares establecen que el personal de la Agregaduría comunicó a la Interpol-Venezuela sobre la presencia e internamiento de Montesinos en la clínica el 15 de diciembre. "La información alcanzada motivó que esa misma noche, efectivos de Interpol-Venezuela, sin la presencia de personal de nuestra Agregaduría, ingresara al citado instituto a fin de efectuar un registro que, según versión de ellos, tuvo resultados negativos".
"Sin embargo óprosigue la notaó el Instituto de Diagnóstico San Bernardino, en un comunicado escrito que fue publicado en la prensa venezolana el 06 de abril del 2001, afirma que Manuel Antonio Rodríguez Pérez (Montesinos) ingresó al citado nosocomio a eso de las 07.00 a.m. del 13 de diciembre y que egresó en la mañana del 16 de diciembre, vale decir al día siguiente en que se produjo el registro policial", de la Interpol.
En el comunicado se señala también que las informaciones obtenidas
por la Policía Nacional coinciden con las versiones proporcionadas por las autoridades
del Ministerio del Interior y Justicia venezolano en el tema sustantivo que es que
Montesinos "sí" ingresó a Venezuela.
Añade que no se cuenta con información que demuestre que el prófugo hombre de
inteligencia haya abandonado ese país, como dio a entender el ministro venezolano Luis
Miquilena.
Los agregados policiales que están sometidos a investigaciones administrativas son Miguel
Bernedo Boado y su segundo al mando Oswaldo Sixto Hurtado Cáceres.
El juez David Loli Bonilla interroga hoy al ex jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, para obtener
detalles de la forma cómo el jefe de las FFAA amasó cerca de US$ 20 millones, los cuales
fueron depositados en cuentas bancarias suizas.
La instructiva del general EP (r) Hermoza Ríos se produce dentro de proceso que el juez
Loli le sigue, bajo detención, por colaboración con el narcotráfico. El ex militar,
considerado como el número 3 en la mafia montesinista, deberá demostrar ahora que ese
dinero no proviene del lavado de dinero.
Según César Naka- saki, abogado del ex militar, y el procurador César
Azabache, el dinero encontrado en las cuentas en Suiza son producto de las ilícitas
ganancias en la compra de armas y pertrechos de guerra.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de Alejandro Espino Méndez, considera que parte
de esa millonaria suma proviene de sus transacciones con el narcotráfico.
Trascendió que el fiscal Espino está mortificado por las
declaraciones de Azabache, por adelantar opinión sobre un punto que recién se está
investigando. El magistrado habría dicho que el procurador no se da cuenta que es el
abogado del Estado y como tal debe de defender los intereses del país y no los de Hermoza
como parece ser.
Se indicó, además, que el juez Loli está evaluando el pedido de Espino sobre el
levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Hermoza y sus familiares.
El funcionario comentó que está pidiendo a la fiscal de Suiza, Cornelia
Cova, detalles de los movimientos, giros, transferencias de esas cuentas, además de
la inmovilización y el decomiso del dinero detectado.
Las autoridades judiciales esperan que hoy el "general victorioso" proporcione
los detalles de cómo constituyó esa fortuna y de dónde vienen sus fondos, que antes no
declaró, a pesar de habérsele preguntado si poseían dinero en el exterior.
CHIMBOTE - Satélite Norte. "La urgente necesidad de instalar la Comisión de la Verdad antes de la segunda vuelta, para el esclarecimiento de una serie de crímenes, como la desaparición forzada de nueve campesinos del valle de Santa", reclamó el presidente de APRODEH, Francisco Soberón.
Refirió que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el caso y ha demandado al Estado peruano el esclarecimiento de estos hechos para que se identifique y sancione a los responsables por los delitos de lesa humanidad, tortura, desapariciones, secuestros y crímenes.
Soberón manifestó que el Estado debe eliminar cualquier traba
judicial que detenga el proceso de esclarecimiento de estos hechos de grave violación a
los derechos humanos y se establezca una reparación integral para los familiares de las
víctimas.
"Esperamos que el gobierno de transición democrática pueda cumplir con la
recomendación de la CIDH sobre este caso en particular y con el compromiso de instalar la
Comisión de la Verdad antes de la segunda vuelta", reiteró.
Precisó que la Comisión de la Verdad no sólo debe reunir a
instituciones de Lima, sino también de provincias, gente que hable quechua, considerando
que la mayoría de víctimas eran quechua-hablantes.
"Toda la violación de derechos humanos, ya sea por agentes del Estado o por grupos
subversivos, tiene que ser esclarecida, aunque en el caso de los desaparecidos de Santa
los cuerpos no han aparecido", añadió.
"Sabemos que existen muchas prioridades en el Perú, pero la
instalación de la Comisión de la Verdad es vital para el fortalecimiento de la
democracia peruana. Consideramos que hay que recurrir a una especie de "Fact
Track" para superar cualquier tipo de inconvenientes y asegurar su legitimidad",
comentó McClintock.
Indicó que es importante que los candidatos Toledo y García se comprometan públicamente
que, de llegar al poder, respetarán totalmente las investigaciones y conclusiones que
realice esta comisión.
"La situación política y constitucional que hoy vive el Perú es sui generis en la
región. Las comisiones de la verdad que se formaron en Chile y El Salvador no se hicieron
bajo la tutela de un gobierno transitorio, por lo cual es urgente que la sociedad civil
peruana, incluyendo sus candidatos presidenciales, se expresen públicamente en favor de
su instalación", dijo.
El primer año del milenio emigraron casi 200 mil peruanos. Más de
un millón han hecho lo mismo en los tres últimos lustros. Récords que preocupan.
El año pasado, la desilusión se fue del país. Decenas de miles cruzaron la frontera en
busca de un futuro incierto; pero para ellos, mejor. La mayoría se fue con visa de
turista o, peor aún, ingresando a pie. Muchos perdieron los ahorros de una vida. CARETAS
reunió testimonios de gente que está a punto de partir ilegalmente y las escalofriantes
cifras de los últimos quince años, tres lustros que abarcan tres períodos de gobierno y
dos presidentes: Alan García y Alberto Fujimori. Y la tendencia es creciente.
LA oficina de Teófilo Altamirano, doctor en Antropología por la
Universidad de Manchester y especialista en el tema de la migración, está excesivamente
ordenada. En su pizarra está dibujada la tabla de cuántos se fueron y no volvieron en
los últimos quince años. "Se puede ver cómo le va al país con tan sólo ver su
saldo migratorio" -asegura.
La crisis elevó la cifra a un récord, 183.908 peruanos se fueron el 2000. Un hito
histórico que no tiene parangon. "Fueron 12 meses que desmoronaron la credibilidad
de muchos peruanos en su país, el 2001 se avizora igual o peor".
Las causas que impulsan una partida de esa magnitud son socieconómicas, culturales y en
estos últimos tiempos políticas. "Por el lado socioeconómico, es evidente que el
fenómeno implica la búsqueda de mejores salarios. Cuando la economía se estanca las
maletas se alistan".
Raúl (31) establece un vínculo visual con el mesero del Norky's. Vive en una casa de un
piso en Comas. Sabe que será su último pollo a la brasa antes de intentar cruzar como
"coyote" la frontera de los Estados Unidos. "Parte pierna" -solicita.
Ha pagado tres mil dólares hasta llegar a Tijuana. Una vez allí tendrá que pagar la
misma suma logre o no logre el objetivo. No hay reembolso. No tiene idea de qué hará
después. "Allá hay chamba en todos lados" -afirma confiado. Con él viajarán
cuatro peruanos más. Hay salidas todas las semanas. La mafia que los transporta no es
local. Hace lo mismo con venezolanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos. "Me he
roto el lomo tres años para conseguir la plata". Su familia lo apoya en su
decisión, antes su tío Toño y su cuñada Ivette ya lo habían hecho. Ahora casi gozan
de residencia. Pero él no puede ir a ninguna de sus casas porque puede arruinarle los
trámites.
En los últimos meses, las colas para obtener visas son de mayúsculas proporciones y una
clara muestra de lo que está pasando. Según el Consulado General de Estados Unidos, en
los primeros cinco meses del año, las solicitudes han aumentado 39% respecto al mismo
período del año 2000, en el finalmente hubo 198 mil. Las entrevistas personales diarias
han pasado de 400 a cerca de 3.000. Las autoridades consulares se han visto obligadas a
implementar un sistema telefónico para solicitar citas y, en convenio con DHL, devolver
los documentos que se presentaron y el pasaporte.
Maricielo (26) tiene visa para Europa obtenida en la época en que sus papás tenían una
pequeña -pero próspera- empresa de calzado. Ahora, al borde de la crisis y con sus
estudios de Derecho en la Universidad de Lima truncos, ha optado por irse a Italia.
"Allá voy a trabajar de baby sitter, ganaré un aproximado de 800
dólares" -señala sin importarle que sólo podría viajar, oficialmente, como
turista.
El 50% de los que se han ido está entre los 20 y 40 años. Conforme avanza la crisis,
aumenta el porcentaje. Una característica adicional, las mujeres son 11% más que los
varones. "Ellas tienen más suerte porque pueden obtener empleo como empleadas del
hogar"-complementa Altamirano. Los hombres deben conformarse con trabajos menores y
subpagados.
Existe una tendencia por viajar a Argentina, que es, en términos país, el pueblo joven
para los migrantes. Es sumamente caro y, habitualmente, van a parar a lo que los platenses
llaman Villa Miseria. "Cabe agregar que un bloque de gente lumpen está partiendo
hacia allá. Y ésa es la migración que afecta a la gente honesta que va a buscar un
mejor porvenir". Europa da mayores ventajas económicas. Sin embargo, el reto -a
excepción de los optan por ir a España- es conseguir trabajo sin conocer el idioma.
Otros destinos se han detenido. Por ejemplo, la migración a Japón ha parado. En un
momento fue la más elevada. Hay 50.000 peruanos allá, pero ya se ha perdido la
confianza.
"La emigración crece también por la influencia del libre mercado y la
globalización, el internet puede ser considerado un factor, a considerar, pero no el más
importante".
Las causas políticas tienen un vínculo estrecho con la emigración. Cuando en el Perú
se experimentaba una inestabilidad política, que se percibió particularmente en el
gobierno aprista, aumentó la movilización de peruanos al extranjero. La situación de
esos años sólo pudo ser superada por el segundo período de Fujimori. Según Teófilo
Altamirano, "mucha gente, solamente con pensar que Alan García gana la Presidencia,
ya está pensando en irse y para eso no se necesita ningún cálculo estadístico".
"Thanks for your visit" -dice Emiliano (43) mientras recibe una propina
de 5 dólares de un turista holandés. Hace ocho meses que busca trabajo estable en su
profesión. El es Ingeniero Forestal. Ahora es guía turístico. Ha vendido enciclopedias,
ha trabajado de mesero, ha sido peluquero y ha llegado a lavar carros antes de llegar a su
actual empleo. El se va a Argentina en estos días. "Sé que varios peruanos la pasan
mal allá, pero yo tengo profesión y de cualquier modo me irá mejor en Buenos
Aires". Su pasaje vía terrestre está comprado. Sus maletas listas descansan. Su
habitación alquilada a tres cuadras de Angamos con la Vía Expresa está casi vacía.
"En este país no se puede creer en nadie, los políticos roban, se van y la pasan
bien. ¿Cuándo la voy a pasar bien yo?" -dice y guarda el boleto de ida en su
chaleco, antes de ir a trabajar.
"El Gobierno no puede implementar una medida política para reducir la libertad de la
gente. Una ley no puede impedir la fuga masiva de peruanos. Lo único que queda es mejorar
al Perú" -afirma enfático Altamirano. Hay 2'179.000 peruanos en el exterior entre
legales e ilegales. Es la clase media y alta la que se va. "Los excesivamente pobres
no tienen, ni siquiera, la opción de partir". Las cifras apuntan para más. El
destino de los desesperanzados parece estar lejos de las fronteras nacionales. El retrato
de un país que se va por la ventana.

La cifra supera con largueza el millón ofrecido por Abimael Guzmán a
comienzos de los noventa, que originó un pequeño boom de mercenarios en tierras
peruanas. En el marketing de los "soldiers of fortune", Montesinos acaba de
empatar al ya-no-ya de los más buscados por el FBI: Usama Bin Laden, millonario árabe
responsable de numerosos atentados terroristas a embajadas norteamericanas en Africa y el
Medio Oriente, culpable de más de doscientas muertes, financista y organizador del Frente
Islámico Mundial para la Cruzada contra Judíos y Cruzados. Es buscado sin éxito desde
1998.
Cínicos naturales, machistas por instinto, racistas sin compromisos, los cazarrecompensas
llegan a pagar hasta $ 5.000 por una buena información, sobre todo a mandos medios de
unidades especiales de inteligencia, con quienes entablan contacto en los cursos de
entrenamiento que imparten. Por eso no es de extrañar que buena parte de los mercenarios
que operan en Sudamérica (sobre todo en Colombia, uno de sus focos de acción) hayan
puesto sus miras (literalmente) en Montesinos. El anonimato es parte de su trabajo, aunque
tengan algunos voceros no oficiales como la revista norteamericana Soldiers of Fortune,
encargada de promover, entre otras cosas, la libre posesión de armas, la fortificación
de las fuerzas armadas norteamericanas y el aumento de pensiones a los veteranos de
guerra.
La magnitud de la recompensa ofrecida por el prófugo peruano se puede determinar por
comparación. En EE.UU., por información que lleve a un criminal "buscado"
promedio (violación a menores, asesinato a sangre fría, etc.) se llega a ofrecer como
máximo 50 mil dólares. Lo mismo que pagaban por Butch Cassidy o The Sundance Kid, los
principales miembros de la pandilla salvaje del far west gringo, quienes habían
desvalijado varios bancos y asesinado no pocos sheriffs. Ahora, sólo las grandes cabezas
de mafias o grupos terroristas internacionales llegan a superar la barrera del millón,
por lo que el prófugo peruano pasa a liderar los charts de los boureau y policías
mundiales.
En este contexto, no debería sorprender que la paranoia natural de "el doc" se
acreciente con las expectativas justificadas de los miles de apátridas armados, quienes
buscan en el tiro certero la compensación que los llevará no sólo a la acomodada
situación de millonarios, sino también a la gloria que detentan mercenarios famosos como
Bob Denard o "Mad" Mike Hoare. Después de todo, no hay nada más cosmopolita
que la violencia ni nadie más antiguo que los mercenarios, afirman ellos, a pesar de la
pelea eterna que tienen con la prostitución por ser considerados como los profesionales
más antiguos del mundo. Aunque, por supuesto, peor que el delincuente cuya cabeza tiene
precio, nadie.
La quiebra del orden constitucional ocurrida el 5 de abril de 1992 fue
una decisión exclusiva del entonces presidente Alberto Fujimori, coincidieron ayer en
sostener los ex ministros del régimen anterior Augusto Blacker Miller, de Relaciones
Exteriores, y Carlos Boloña, de Economía y Finanzas.
Ambos manifestaron ante la subcomisión que investiga la interrupción del régimen
democrático en 1992 que se enteraron de la decisión del ex jefe del Estado y de las
Fuerzas Armadas "pocas horas antes" del mensaje a la nación que leyó Fujimori
en transmisión simultánea en radio y televisión a las 10 de la noche del célebre 5 de
abril de ese año.
Esta decisión comprendió el cierre del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal de
Garantías Constitucionales y la suspensión de la entonces vigente Constitución
Política de 1979 para dar paso a un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
Como prueba palpable de este desconocimiento mencionaron que en la víspera del mensaje se
presentó en un programa de televisión el entonces presidente del Consejo de Ministros,
Alfonso de los Heros, para convocar a la concertación entre los grupos políticos y el
Gobierno.
Una día después, el mismo Fujimori se dirigía al país anunciando la concentración en
sus manos de todo el poder político.
Blacker dijo que si bien no estuvo de acuerdo con el autogolpe, decidió continuar
apoyando el régimen de facto porque su deseo era sacar el país del estado de caos
generalizado en que se encontraba.
Empero reveló que permaneció en el cargo hasta el 26 de abril, "porque creo que fui
usado como un fusil durante la primera etapa, la más difícil, cuando se produjo la
reacción internacional contra el autogolpe".
Blacker, autor del libro "La propuesta inconclusa" escrito hace ocho años,
confesó que nunca perteneció al entorno de Fujimori. De otra manera no se explica cómo
es que después de abandonar el Poder Ejecutivo fue objeto de ataques gratuitos de
Santiago Fujimori, hermano del ahora ex presidente.
Por su parte, Carlos Boloña atribuyó el golpe del 5 de abril de 1992 a lo que consideró
relaciones tirantes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En cuanto al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, reveló que cuando viajó a
Washington para entrevistarse con autoridades estadounidenses, le preguntaron por el
consejero y allí supo que se trataba de un hombre vinculado a la CIA. "Cuando
regresé a Lima, le pregunté a Fujimori por Montesinos y él me respondió: es mi asesor
personal, y no me dio más detalles", reveló.
"Encontramos que en el BCR laboran (multiplicados por dos) 77
hermanos, 52 matrimonios, 62 cuñados, 19 tíos y sobrinos, 40 primos hermanos y siete
padres e hijos, lo que hace una suma de 514 personas sobre un total de 1.058 funcionarios
administrativos del banco", precisó Reátegui.
Para corregir esta situación, la Comisión de Fiscalización gestionará ante el pleno
del Congreso la promulgación de una ley que permita al BCR iniciar un proceso de
racionalización de personal con incentivos o algún otro mecanismo.
Sobre la presunta sustracción de sesenta mil onzas de oro en barras de la bóveda de BCR, versión desmentida por dicha entidad, Reátegui indicó que su comisión había recibido una denuncia de los trabajadores según la cual el oro habría sido cambiado por barras de plomo de color dorado. Adelantó que se cruzará información con la procuraduría y se solicitará una inspección para comprobar si hubo sustracción o cambio del oro.
Fuente : Diario EL COMERCIO - PerúTuvo que pasar casi una semana para que recién ayer el Banco Wiese
indicara que fueron inexactos los datos divulgados por Jaime Bayly acerca de una serie de
operaciones bancarias realizadas por Jorge Toledo, sobrino y colaborador del candidato
presidencial de Perú Posible.
Mediante un comunicado emitido ayer por la entidad financiera -dos días después de que
Alejandro Toledo precisara el movimiento bancario de su sobrino- se asegura que la
información difundida por Bayly aparentemente no fue proporcionada por ese banco, porque
los datos relacionados con fechas y montos no corresponden a la realidad.
Los constitucionalistas advirtieron que hay casos en el Congreso u otros por llegar que corren el riesgo de quedar en la impunidad si los congresistas mantienen la misma línea demostrada el jueves por la noche.
A continuación refirieron casos importantes que están en ese peligro:
- Acusación constitucional al congresista Víctor Joy Way. Está en
trámite (aunque debió levantársele la inmunidad en una sola seisón).
- La investigación de los primeros ministros del gobierno de Fujimori por su complicidad
con Vladimiro Montesinos.
- La responsabilidad de ex ministros en el golpe del 5 de abril.
- La Comisión que investiga a Montesinos. Debe concluir y pasar el caso a manos del Poder
judicial. Podría no aprobarse.
- La comisión que investiga a Fujimori. Sólo hay un acusación constitucional por
abandono de cargo. Podría no considerarse.
- Denuncias que lleguen sobre violaciones de los derechos humanos por la matanza en La
Cantuta y Barrios Altos, y los asesinatos de Mariela Barreto y Leonor La Rosa, que
involucran necesariamente a ex ministros.
Mientras evalúa la denuncia de la fiscalía contra los diarios chicha,
la jueza anticorrupción Magalli Báscones reiteró ayer la detención preventiva del
publicista Augusto Bresani León y sus hijos Jean Carlo y Jorge "Giorgio"
Bresani Mier y Terán.
Además volvió a disponer el impedimento de salida del país de Jorge Bresani León y los
dueños de los diarios chicha Rafael Documet (El Chato), José Olaya Correa (El Tío),
Antonio Rivera (La Yuca) y de Alex y Azi Wolfenson (El Chino - El Men).
La magistrada tomó esta determinación para evitar que, mientras evalúa y toma una
decisión respecto de la denuncia presentada por la fiscalía contra los diarios chicha
por recibir financiamiento de Montesinos, alguno de ellos pretenda evadir la acción de la
justicia.
Esta decisión habría sido notificada ayer a la procuraduría, lo que provocó un mal
entendido. A las 10:00 de la mañana el procurador adjunto Luis Vargas Valdivia declaró a
los medios periodísticos que la jueza abrió instrucción con orden de detención contra
Bresani y los dueños de los diarios chicha.
Posteriormente, en la tarde fuentes de los juzgados anticorrupción revelaron a La
República que esa información no era correcta. Esta última información fue ratificada
en la noche por el procurador adjunto a cargo de la investigación contra los diarios
chicha, César Azabache.
"La doctora Báscones está evaluando y analizando detenidamente la denuncia para
tomar la mejor decisión de acuerdo al derecho, lo que sucederá en los próximos
días", subrayó la fuente consultada.
La formación de una "Comisión de la Verdad para la Prensa"
o "Comisión de Páginas Limpias" para desentrañar la relación que existió
entre el poder oscuro y la prensa, que permitieron que algunos medios de comunicación se
hipotecaran a los servicios de inteligencia fue propuesta ayer por el presidente de la
Comisión de Estudio de Libertad de Prensa y Medios de Comunicación del Colegio de
Abogados de Lima, Juan De la Puente Mejía.
De la Puente señaló que los hechos ocurridos en la última década ameritan una
investigación porque sin el esclarecimiento de la verdad no habrá reconciliación entre
la prensa y los ciudadanos.
Señaló que la venta clandestina de los medios de comunicación, la compra de espacios y
periodistas, el canje de diligencias judiciales por adhesión política, el cierre pactado
de programas de televisión y el financiamiento ilegal de diarios para combatir a la
prensa libre, obligan a realizar un minucioso examen de conciencia, dentro y fuera del
medio periodístico peruano.
En la ceremonia de ayer ópresidida por el decano del CAL Martín Belaúndeó junto a De
la Puente juramentaron Fernando de la Flor, Carlos Alberto Torres Caro, Pedro Pacheco
Valderrama y José Francisco del Solar, como miembros de la Comisión de Libertad de
Prensa y Medios de Comunicación.
Durante su discurso de orden, De la Puente señaló asimismo la necesidad de librar una
batalla legal por la desclasificación de documentos que permita ubicar a los autores
intelectuales, operadores y financiadores de los planes contra la prensa independiente
como Bermuda, Narval, Pino, Octavio, Periodistas I, Periodistas II, Alemiro, Gusmah,
Bravo, Emilio, entre otros.
No olvidemos que las campañas de difamación y hostigamiento contra
Gustavo Mohme Llona, César Hildebrandt, Manuel Díornellas, Enrique Zileri, Angel Páez,
Edmundo Cruz, Cecilia Valenzuela, Ricardo Uceda, Luis Iberico y José Arrieta, entre
otros, salieron de la misma "fábrica" que torturó a Leonor La Rosa y
descuartizó a Mariella Barreto, señaló.
También advirtió que la sombra del monopolio ósegún dijoó ha empezado a planear sobre
los medios de comunicación, como el caso que compromete a Cable Canal de Noticias con la
Telefónica, tras recordar que el artículo 61º de la Constitución señala expresamente
que el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y condena el abuso de
posiciones dominantes y monopólicas.
Al término de su intervención adelantó que se debe derogar y, en determinados casos,
modificar una serie de normas del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales
referidos al desacato, pánico financiero, calumnia y otros que obstaculizan el ejercicio
de la libertad de prensa y que deberían ser debatidas por los periodistas, medios de
comunicación y especialistas para elaborar un conjunto de iniciativas legislativas que
puedan ser presentadas ante el próximo Congreso.
Señaló que el Código de Procedimientos Penales prevé un proceso excesivamente breve
para los delitos de calumnia, difamación e injuria a través de los medios de
comunicación. Se trata de un procedimiento que puede ser usado en casos de guerra, pero
no es justo ni equitativo para la investigación sobre la veracidad de una información,
añadió.
La Asociación Americana de Juristas denunció
ante la Fiscalía de la Nación al ex mandatario y candidato presidencial Alan García
Pérez por los delitos de lesa humanidad al reconocer éste, en 1986, su responsabilidad
en la matanza de 250 presos de los penales de Lima, según consta en el acta del Consejo
de Ministros del 19 de junio de ese año.
En este documento, el ex presidente manifestó que el orden había sido restablecido en
los penales a un costo elevado de muertos, lo que significa un "precedente de cómo
debe actuar un gobierno democrático en el marco de la ley, pero con autoridad".
A pesar de estas declaraciones, que confirman su conocimiento de los hechos, el 27 de
junio, ante la prensa, en el penal de Lurigancho, García dijo: "este crimen no
quedará impune. Todos los responsables serán sancionados, porque, o se van los
responsables o me voy yo. Pero mi convicción total es que no quede impune este crimen que
denunciamos ante toda la humanidad y la conciencia del país".
Días antes los presos de los penales de Lurigancho, San Juan Bautista (El Frontón) y
Santa Bárbara (Callao) habían realizado un motín en demanda del respeto de sus
derechos, para lo cual tomaron a rehenes y se apoderaron de armas de fuego con el objeto
de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional, ya que se
encontraban en el Perú más de 500 periodistas extranjeros al celebrarse el Congreso de
la Internacional Socialista.
El gobierno de García decidió ejecutar la
matanza, la cual fue acordada en el Consejo de Ministros, según consta en el acta del 18
de junio de 1986, en la cual se manifiesta que si la Comisión de Paz no logra disuadir a
los subversivos, entonces, las fuerzas del orden deberán actuar inmediatamente con rigor,
pero dentro de la ley para restablecer el orden.
En esta acta, el Consejo de Ministros respaldaba la decisión adoptada, a la cual la
calificaron de "valiente pero serena" dentro del marco de las atribuciones que
establece la Constitución Política en situaciones de emergencia.
Al día siguiente, luego de haberse matado a 250 presos, García dijo que "el orden
había sido restablecido y la autoridad restaurada en los penales, a un costo muy elevado
de muertos, lo que significa un precedente de cómo debe actuar un gobierno democrático
en el marco de la ley, pero con autoridad para restablecer el orden", según consta
en el acta.
En la denuncia presentada por la Asociación Americana de Juristas también se incluye la
ejecución extraoficial de 34 presos del penal de Lurigancho que integraban la agrupación
subversiva Sendero Luminoso, ocurrida el cuatro de junio de 1985.
El presidente de la referida asociación, Andrés
Coello Cruz, dijo que García no tiene la capacidad moral que la Constitución Política
exige a sus gobernantes, por cometer este delito de carácter imprescriptible y que obliga
a los países del mundo a promover el ejercicio de la justicia universal.
Explicó que la denuncia la efectuó recientemente porque hace un mes la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó sin valor jurídico las leyes de amnistía
otorgada por el gobierno del ex mandatario Alberto Fujimori, que excluía de
responsabilidad a civiles y militares que ejecutaron las violaciones de derechos humanos.
Esta denuncia también fue presentada en contra de los miembros del gabinete de ministros
y los ejecutores de la masacre por el presunto delito de homicidio calificado.
Los regidores por Somos Perú de la Municipalidad de Miraflores
recurrieron ayer al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que éste en la última
instancia resuelva el pedido de vacancia del burgomaestre Luis Bedoya de Vivanco.
El concejal Jorge Muñoz Wells sostuvo que el alcalde miraflorino ha sido automáticamente
suspendido en el cargo, debido a la carcelería que sufre en segunda instancia, por el
presunto delito de peculado en agravio del Estado.
Agregó que el burgomaestre miraflorino no debe volver a ejercer esa función porque está
probado que contravino el artículo 26 inciso 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al
faltar injustificadamente a tres sesiones ordinarias del Concejo.
El concejal sostuvo que desde el punto de vista constitucional el pedido de vacancia se
ampara en el principio de la doble instancia plural, que es precisamente una garantía del
debido proceso.
Explicó que la recurrida doble instancia se da si se tiene en consideración que, de
conformidad a la Ley Orgánica de Elecciones, el alcalde cuenta con la mitad más uno del
número legal de regidores lo cual otorga un sesgo político y no jurídico a cualquier
votación que se realice sobre materia electoral.
Precisó que la vacancia de Bedoya está configurada objetivamente y que al resolverse
contrariamente el pedido, se habría cometido una infracción a la ley y burlado la
justicia electoral.
En ese sentido, citó un precedente de observancia obligatoria como fue la revisión
realizada en el caso del regidor metropolitano Augusto Claux Koechlin, a quien el JNE
vacó finalmente en el cargo.
En concordancia al principio de igualdad ante la ley, el que tiene la misma razón tiene
el mismo derecho, subrayó Muñoz.
El presidente de la República Valentín Paniagua no debe esperar más
para crear la Comisión de la Verdad, porque es una importante demanda de la población,
señalaron representantes de organismos de derechos humanos.
El adjunto a la secretaría ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(CNDDHH), Miguel Huertas Barrón, señaló que dicha comisión debería formarse de manera
inmediata, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral.
"No entendemos la demora. Pues los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta han
firmado un compromiso de dar continuidad a la Comisión de la Verdad, lo que es un
respaldo a la decisión del actual presidente para crearla", dijo.
Huertas destacó la importancia del tema para la opinión pública, pues así lo reflejan
varias encuestas realizadas en los últimos días.
"En una encuesta que le encargamos a IMASEN en febrero último, la mayoría de los
peruanos se pronunció a favor de que se forme la Comisión de la Verdad", refirió.
El representante de la CNDDHH explicó que el 82.9% de los consultados aprobó
rotundamente su creación, mientras que tan sólo un 4.7% dijo que lo desaprobaría.
Precisó además que el 43% de los peruanos consideran muy importante que una Comisión de
la Verdad investigue las denuncias sobre muertes, desapariciones y torturas ocurridas en
el país durante el conflicto interno, en tanto un número parecido opina que es necesario
hacerlo.
El director de la Fundación Ecuménica para el
Desarrollo y la Paz (Fedepaz), José Burneo, indicó que la demora del gobierno en la
creación de la Comisión de la Verdad preocupa tanto a los organismos de derechos humanos
como a la opinión pública.
"Están dadas las condiciones políticas y de derecho para que se conforme esta
comisión. Incluso, hace dos semanas, los altos mandos militares declararon públicamente
su acuerdo para la formación de una institución de esa naturaleza", resaltó.
Burneo recordó que el gobierno tiene la obligación de crear la Comisión de la Verdad, y
que no debe ser visto como una actitud generosa para la población, sino como un acto de
justicia.
Si la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirma que el plazo
que tenía el Estado para juzgar al ex presidente Alan García ya venció, y por lo tanto
ya no puede ser juzgado por los graves delitos que le fueron imputados y que en su tiempo
causaron gran escándalo en el país, se habrá perdido la oportunidad de conocer si esas
imputaciones fueron ciertas o sólo una invención para desprestigiarlo y perseguirlo.
Además, si llegara a confirmarse esa prescripción, no se conocerá si fue cierto que el
consorcio Tralima pagó millonarias coimas para la construcción parcial del Tren
Eléctrico, ni tampoco el trasfondo de la reducción en la compra de aviones Mirage ni en
la colocación de las reservas internacionales en el BCCI.
Asimismo, el candidato García habrá perdido la oportunidad de demostrar a los peruanos
que era inocente de todos los cargos que le imputaron. Y no podrá decir que éstos fueron
injustos y que las supuestas pruebas sobre su culpabilidad eran falsas.
Tanto la abogada defensora del candidato, Judith de la Matta, como el
procurador ad hoc Jorge Melo Vega, han pedido el uso de la palabra en la vista de la
causa, cuya fecha aún no ha sido precisada por la Sala Civil Permanente, que preside el
doctor ÓscarAlfaro.
Sin embargo, el fiscal adjunto supremo en lo penal Flavio Paccini Virhuez ha señalado en
su dictamen que la prescripción de la acción penal no rige para esos casos.
Explicó que para los delitos por los que se lo persigue, regulados por el Código Penal
de 1924 -vigente al momento de la comisión de los mismos- la prescripción se da después
de siete años y medio, plazo en el que se comprende un período de dos años y medio
adicionales por tratarse de delitos cometidos en agravio del Estado.
Asimismo, ha señalado en su dictamen que el último acto de la corrupción, desde el que
debe establecerse la fecha de la prescripción, no fueron los depósitos realizados por
Sergio Siragusa Mule en el Barclays Bank en las Islas de Gran Caimán hasta 1990, sino el
intercambio de fax en los que se ponía de acuerdo con el mandatario, mediante seudónimos
y claves, entre Lima, Miami y Colombia en julio de 1994.
Tanto el ex parlamentario Ricardo Letts Colmenares como la Asociación
Americana de Juristas lo han denunciando ante el Ministerio Público por los delitos de
genocidio por la matanza de los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. En
dichos centros penitenciarios murieron 246 acusados por terrorismo al debelarse un motín
de casi dos días en 1986.
El gremio de juristas ha ido más alla, al responsabilizarlo también por la muerte de 34
presos ocurrida en el Pabellón Británico del penal de Lurigancho el 4 de octubre de
1985, producida por un incendio ocasionado por la quema de colchones luego de una requisa.
El presidente de la asociación, Andrés Coello, refirió que su denuncia fue formalizada
el miércoles último e indicó que no tenía intención política.
Refirió que no lo habían denunciado antes porque recién el 20 de marzo último la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declaró que no tenía validez jurídica la Ley de
Amnistía dada en 1995 por el Gobierno de Alberto Fujimori y que perdonó las violaciones
a los derechos humanos producidas desde 1985 hasta ese año. Recordó que mediante esa ley
también se perdonó a los responsables directos de esa matanza, pero que nunca se
investigó la participación de García.
Añadió que, según los convenios internacionales, las violaciones a los derechos humanos
no prescriben y pueden ser perseguidas en todo el mundo.
Dijo que la prueba fundamental del caso se encuentra en el acta del Consejo de Ministros
del 18 de junio de 1986, en el que García habría ordenado la acción de las FF.AA. para
restablecer el orden en los penales.
La Procuraduría Ad Hoc que investiga la red de corrupción del ex
presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos está siguiendo las pistas de
una planilla secreta mediante la cual se pagaba en forma extra a magistrados y fiscales.
El programa televisivo Panorama informó anoche que la investigación revela detalles
puntuales de la organización construida por Vladimiro Montesinos en las instancias
judiciales.
Al parecer se conocería la lista completa de los magistrados involucrados en esta red,
los procesos judiciales en los que participaron, e indicios razonables de la existencia de
una planilla clandestina a muchos jueces y fiscales que les permitió incrementar su
patrimonio e inmobiliario y sus cuentas bancarias.
La investigación ha sido iniciada por la Fiscalía de la Nación y los Organos de Control
dentro del Ministerio Público y Poder Judicial.
Con ese fin, según se indicó, se están verificando documentos, videos y los pocos
registros que quedaron en las dependencias públicas de toda la red delictiva organizada
por el prófugo Montesinos, aunque se reconoció que quizás los casos de corrupción
judiciales son los más difíciles de probar. En primer lugar porque la cantidad de
patrimonio que se mueve en ese tipo de hechos no llega a las dimensiones del patrimonio
que se mueve en otro tipo de hechos y corrupción, como por ejemplo los contratos de
adquisición de equipos de defensa o manipulaciones de fondos del tesoro público, incluso
las inversiones en campañas electorales.
Se informó que esta organización en el Poder Judicial y Ministerio Público operó bajo
cuatro pilares: con los integrantes de las comisiones ejecutivas, con casi todos los
magistrados supremos, con algunos jueces y fiscales de primera instancia considerados de
absoluta confianza de Montesinos.
Sustentándose en la fuente de la Procuraduría Ad Hoc, se mencionó que hombres de
absoluta confianza del ex asesor eran los encargados de transmitir instrucciones directas
a jueces y fiscales encargados de resolver casos específicos.
En otro momento, Panorama informó que el ex abogado del SIN, Pedro
Huertas Caballero, quien era un estrecho colaborador de Montesinos y administraba las
planillas secretas de los magistrados, habría decidido colaborar con las investigaciones
acogiéndose a la Ley de Colaboración Eficaz, y que su testimonio y pruebas son de gran
importancia para llegar hasta el final de la investigación.
También se dio cuenta de la existencia de un fax firmado por las entonces fiscales
superiores provisionales de drogas, Flor de María (Mayta) y Julia Eguía (Dávalos), que
la procuraduría tiene en su poder y que demostraría las coordinaciones efectuadas para
la ejecución de pago de planillas secretas por parte de Montesinos. Ese fax tiene la
fecha del 15 de noviembre de 1999 y fue remitido a Montesinos desde el número 428-4349,
asignado a una fiscalía superior antidrogas. El reportaje incluye el testimonio de Julia
Eguía, quien negó haber firmado dicho documento, pero además indicó que "es una
confabulación montada contra mí y ya estoy decidida a que me lleven a la cárcel, tengo
mis maletas listas".
Mencionó los casos de ex magistrados cuyas propiedades no se sustentan con sus ingresos.
Hay ex jueces y ex fiscales que han adquirido propiedades e inmuebles a su nombres y
familiares sin sustento. Por ejemplo, el ex presidente de la Corte Superior de Lima, Pedro
Infantes Mandujano, cuya hija no puede demostrar cómo adquirió una vivienda en
Miraflores, valorizada en 100 mil dólares.
Asimismo, el ex presidente de la Sala de Derecho Público, Sixto Muñoz Sarmiento, posee
hasta dos inmuebles en la exclusiva zona de Chaclacayo; también las tres propiedades de l
ex vocal superior de la Sala Tributaria, Eliana Salinas Ordóñez, y la casa en la playa
de Ancón comprada por el vocal supremo Jaime Beltrán Quiroga un día después de su
controvertido voto en el caso Newton, y los casos de los ex fiscales Víctor Hugo
Salvatierra y Blanca Nélida Colán.
Además, agregó, las propiedades que tiene en Piura y Lima el ex presidente de la Sala
Superior de Delitos Tributarios y Aduaneros, Lorenzo Zolezzi.
La deshonra y la destitución giran en los despachos de algunos jueces
y fiscales corruptos, de comprobarse que recibían un pago de hasta 500 dólares mensuales
por su subordinación al prófugo ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, según
la denuncia presentada por la procuraduría ad hoc.
El procurador José Ugaz precisó que la solicitud de investigación en contra de dichos
malos magistrados fue presentada hace un mes y medio en la Fiscalía de la Nación, al
comprobarse que en la lista de involucrados también figuraban algunos fiscales y vocales
supremos.
En algunos casos -sostuvo- había jueces y fiscales que estaban en una suerte de planilla,
mediante la cual se les asignaba un pago mensual, adicional a la remuneración que
recibían del Ministerio Público o del Poder Judicial, a efectos de mantener una
subordinación a Montesinos.
Esto ocurría principalmente con algunos malos magistrados adscritos a los sistemas penal
tributario y tráfico ilícito de drogas, que eran los dos grandes subsistemas del Poder
Judicial y de la Fiscalía, controlados directamente por Montesinos en algunos casos o a
través del vocal Alejandro Rodríguez Medrano, en otros, comentó.
La red de corrupción de Montesinos no terminaba allí. Ugaz aseguró que también había
algunos magistrados requeridos ocasionalmente por el ex asesor para casos políticos,
persecución de opositores o para garantizar la impunidad de quienes de alguna manera
estaban vinculados al Gobierno.
Estos magistrados no recibían una mensualidad, sino una simple prebenda ocasional o bien
un pago por lo que Montesinos quería.
Ugaz precisó que había otro grupo de jueces y fiscales que no recibía dinero, pero en
cambio era presionado por Rodríguez Medrano o el propio Montesinos a través de algunos
abogados.
Sostuvo que si se llegase a comprobar que estos magistrados fueron influidos ilegalmente
al tomar sus decisiones judiciales, ya sea por pago, presiones o favor político, éstas
podrían motivar la revisión del caso, más aun si han ocasionado perjuicios a terceras
personas.
De otro lado, Ugaz reveló que después de seis meses de gestión al frente de la
procuraduría recién ayer pudo conocer con exactitud que el número de vladivideos se
eleva a 1.646 cintas.
A raíz del descubrimiento de la transferencia ilegal de 22 millones de
dólares, la SBS delegó a los inspectores Lourdes Moreno Collazos y Mirta Malpartida
Canta la tarea de determinar la responsabilidad de directivos o funcionarios del Banco de
Comercio en dicha operación.
Como resultado, los inspectores emitieron el Memorando Nº 17-2001-VIO/BC, un informe de
carácter preliminar en el que se precisa que al menos tres funcionarios habrían cometido
delito, por no reportar que la transferencia de 22 millones de dólares era una
"operación inusual", calificativo que implica la sospecha de que el dinero
podría tener un origen ilegal.
En el mismo memorando de los inspectores de la SBS se precisan otras operaciones
"inusuales", las cuales superan los 30 millones de dólares, que en su mayoría
están relacionadas con las personas que participaron en la mencionada transferencia de 22
millones de dólares. También se incluyen los movimientos efectuados por las compañías,
familiares y socios de los que intervinieron en dicho caso de lavado de dinero.
Como resultado, el Banco de Comercio ha identificado numerosas operaciones entre el 30 de
julio de 1999 y el 21 de febrero del 2001, periodo indicado por la Superintendencia de
Banca y Seguros.
Los movimientos bancarios con escrutinio corresponden a Juan Valencia Rosas y Luis
Duthurburu Cubas, notorios testaferros de Vladimiro Montesinos y su socio Víctor Alberto
Venero Garrido, a sus empresas y a los socios de éstas. Por ejemplo, Valencia realizó
diversas operaciones con la empresa Parafina Lux SAC, de la que es copropietario junto con
el ex gerente de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) Javier Revilla Palomino, en
la actualidad detenido.
También aparecen Luis Venero Garrido y Wilfredo Venero Garrido, hermano y primo de
Alberto, así como Rosa Venero Nazar, hija de Víctor Alberto Venero. Otros familiares,
como Alberto Garrido López, Martha Garmendia Garrido y Verónica Delgado Garmendia,
también forman parte de la lista de indagados. A su vez, las diversas empresas que
representaban, como Inversiones El Alamo SRL, que operaba en la Caja Militar como
"broker", y que es la que vendió a esta institución las acciones
sobrevaloradas que Juan Valencia y Luis Duthurburu tenían en Financiera del Sur.
El ex vicepresidente del mismo Banco de Comercio, César Samillán
Incio óquien prestaba sus cuentas para recibir las transferencias dirigidas a Montesinos
por parte del Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional, CEECI,
ubicado en Méxicoó, es otro de los personajes escudriñados. Su empresa, Productos
Hidrobiológicos Flosa, también es parte de las investigaciones.
Víctor Raúl Incio Incio, familiar del mencionado ex vicepresidente del banco, y quien
resulta ser hermana de María Lilia Incio Incio óla mujer que constituyó CEECI en
Méxicoó, aparece registrado por haber efectuado sospechosas transferencias en el Banco
de Comercio.
Venero y sus socios Duthurburu y Valencia, además del norteamericano Gerald Krueger
Dizillo óde quien parece que todo el mundo se ha olvidadoó, se enquistaron en el
directorio de la Caja Militar como "brokers" o "asesores" y
participaban de todos los negocios.
Al ser comprado el Banco de Comercio por la Caja Militar, la mafia de
Vladimiro Montesinos usó a la entidad para consumar operaciones ilegales, aprovechando
que controlaba a la cúpula militar que copaba el directorio de la institución.
Compañías como Corporación Pirámide Azul, Inmobiliaria y Constuctora Malecón Cisneros
y Mercantil Río Grande ejecutaron millonarias transacciones en las instalaciones del
banco. Todos sus movimientos bancarios son ahora objeto de indagación, como los de las
firmas Corporación Unida, Inmobiliaria Santa Angela, Constructora Baire, Constructora
Alianza, Cultivos Internacionales, Impar S.A., Ocean Reef Trading Limited e International
Proporties SAC, entre otras.
Según el Memorando Nº 17-2001-VIO/BC, suscrito por los inspectores de la SBS, han sido
comprendidas como "operaciones inusuales" las que realizaron Enrique y Oscar
Benavides Morales, vinculados al suministro de armamento a las Fuerzas Armadas y a la
Policía Nacional. También son investigadas las empresas de ambos, Compañía Importadora
Ferretera S.A. (CIFSA), CIFSA International y Consorcio CIFSA.
Según declaraciones de Víctor Alberto Venero, Juan Valencia y Luis Duthurburu, los
Benavides Morales participaron activamente en la venta de armamento y eran parte del
entorno privilegiado de proveedores de Vladimiro Montesinos. Oscar Benavides constituyó
la empresa W-21 Intertechnique S.A., que vendió las aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 de
Bielorrusia, mientras que su hermano Enrique es sindicado como uno de los financistas de
esta operación fraudulenta.
En respuesta al memorando de la SBS, el Banco de Comercio admitió que
los funcionarios encargados de verificar el origen del dinero ósobre todo porque se
trataba de dólares en efectivoó no cumplieron con su labor y que por eso mismo fueron
sancionados con el despido.
Sin embargo, la fiscal Fara Cubillas está a la espera del informe final de la SBS para
determinar la responsabilidad del ex gerente general Abelardo Camp-bell Espinoza, el ex
gerente de Operaciones, Francisco Taboada Martino, y el ex contralor Julio Reyes Moyano.
Los tres son sospechosos de haber facilitado a los testaferros de Montesinos el lavado de
22 millones de dólares.
La situación más graves es la de Francisco Taboada, quien también
oficiaba de Oficial de Cumplimiento, encargado de verificar los depósitos y
transferencias y determinar si la procedencia del dinero es ilegal. Sólo le bastaba
observar que se trataba de 22 millones de dólares en efectivo para informar a la SBS y al
Ministerio Público que tenía entre manos un caso sospechoso, dijeron funcionarios del
banco ante las autoridades judiciales.
En su descargo ante la SBS, el Banco de Comercio admitió que no tenían los reportes
sobre los movimientos bancarios de algunos clientes importantes, entre ellos de Juan
Valencia y Luis Duthurburu. Este vacío informativo podría explicar la existencia de
presuntas operaciones "inusuales".
"(En efecto), no había determinada información en los expedientes de los clientes,
lo que no permitía tener un conocimiento global de los mismos", señaló el banco.
El contralor Julio Reyes llegó a decir que no se tomaron las medidas pertinentes respecto
a Valencia y Duthurburu porque eran conocidos clientes del banco, aparte de que eran
conocidos por su vinculación con el directorio de la Caja Militar.
En su descargo, el Banco de Comercio afirmó que Juan Valencia "era una persona
conocida por el banco, por su condición de ex director y accionista de Financiera del Sur
(vendió sus acciones a la Caja Militar) y además por ser cliente del banco".
En contra de lo que se había declarado en los últimos días, que no
había nada oficial, el presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, confirmó ayer que
decenas de parlamentarios habían planteado que se les indemnizara por la interrupción de
su mandato, lo que podría costar 165 millones de soles.
Uno de los coordinadores es Antonio Becerril (Vamos Vecino),
quien indicó que estaban solicitando una suma que les permitiera reinsertarse en sus
actividades anteriores. Juristas dicen que no procede ninguna indemnización.
Ferrero dice que no son de una sola bancada. Compensación por
reducción de mandato le costaría 165 millones de soles al Estado
El presidente en funciones del Congreso de la República, Carlos Ferrero, confirmó ayer
que el tema de la indemnización a los parlamentarios por la interrupción de su mandato
ha sido planteado por algunas decenas de legisladores de varias bancadas.
Señaló que la Mesa Directiva ha hecho consultas legales al respecto, pero agregó que su
directiva actuará conforme a la ley.
En declaraciones formuladas al término del homenaje al presidente de Colombia, Andrés
Pastrana, en el Poder Legislativo, Ferrero indicó que el Parlamento no había avalado,
prestado dinero, impuesto multas o hecho pagos en dólares durante su gestión.
"Nuestros recursos se usan de forma transparente. A diferencia de otros parlamentos,
como en la época de Yoshiyama, los congresistas no se irán con su carro ni con las
máquinas (computadoras) que han usado", dijo.
Asimismo, indicó que el recorte del mandato parlamentario fue un acto voluntario,
adoptado por los propios legisladores.
Al respecto, el congresista Luis Iberico (FIM) manifestó que en una próxima reunión de
la Junta Directiva del Congreso, cuya fecha no se ha precisado, tratará sobre el tema y
su posición es que no se pague ni un sol.
Uno de los representantes del grupo de congresistas que estaría
pidiendo esa indemnización sería el legislador Antonio Becerril, integrante de Vamos
Vecino, quien ayer se animó a declarar y asumió su responsabilidad como uno de los
autores de ese pedido.
En declaraciones a la prensa, afirmó que varias semanas atrás había acordado con la
Mesa Directiva del Parlamento que ellos presentarían un informe legal sobre la
procedencia de la indemnización. Precisamente ese informe, suscrito por el abogado
Jhonatan Valerio Laureano, fue presentado el viernes pasado.
Al explicar su posición, negó que su grupo estuviera pidiendo un millón y medio de
soles para cada uno de los solicitantes.
"¿Pero cuánto están pidiendo?", se le preguntó insistentemente a un Becerril
dudoso y poco convincente. "Se trata de una cantidad de dinero que permita
reinsertarse en las actividades que realizaban antes de ser elegidos", contestó.
Agregó que en el informe presentado por el abogado contratado por su grupo no se había
establecido cifras, pero sí se precisó algunos conceptos, entre los cuales mencionó que
la figura de la relación entre los congresistas y el Parlamento estaría regulada por el
Código Civil y que la única que podría adecuarse era la figura contractual.
De acuerdo con dicho concepto, a cada congresista le correspondería como indemnización
el monto total que dejará de percibir por la reducción de su mandato. Es decir, los
23.000 soles que recibe mensualmente (ocho mil como remuneración y quince mil por gastos
operativos) por el número de sueldos que reciben al año (quince) y por los cuatro años
que falta para concluir su período.
Ello daría como resultado que cada uno de los parlamentarios perciba como indemnización
1"380.000 soles que, multiplicado por los 120 parlamentarios, ascendería a más de
165 millones de soles, monto que tendría que ser abonado por el Estado.
Desde el punto de vista jurídico, los congresistas que concluyen su
mandato el 26 de julio no tienen derecho a ninguna indemnización, porque ellos mismos
fueron los que aprobaron la reducción de su período legislativo.
Así coincidieron en señalar tres destacados juristas, especializados en derecho civil,
constitucional y laboral al opinar sobre la posibilidad de que los parlamentarios sean
indemnizados.
El civilista Max Arias Schreiber Pezet afirmó que no se podía
considerar una relación contractual la existente entre el Congreso y los parlamentarios
para pedir una indemnización por la interrupción del mandato.
Explicó que en la elección parlamentaria existía la figura del azar y esa relación
estaba sujeta a los avatares de la política.
Indicó que los congresistas han sido elegidos para representar al pueblo; por lo tanto,
la relación directa que ellos tienen es con quienes los han elegido. "Por eso son
representantes", dijo.
Víctor Becerril, el único congresista que ha reconocido públicamente
ser uno de los que están a favor del pago de una indemnización para los parlamentarios
por los perjuicios del recorte del mandato congresal, señaló que nadie ha pedido un
millón y medio de soles.
A su vez hizo una revelación: en el Congreso pasado todos los representantes recibieron
más de 100 mil soles por concepto de "liberalidad". Eso también lo han cobrado
Henry Pease y Javier Diez Canseco, añadió.
Lo que se ha hecho en coordinación con la Mesa Directiva es, por nuestra parte, hacer una
consulta legal y, por otro lado, está el compromiso de Carlos Ferrero de hacer también
una consulta legal para luego contrastarlas y analizarlas, indicó.
Por su lado, el congresista de la agrupación fujimorista Vamos Vecino Francisco Arroyo
también denunció que los componentes del Parlamento que culminó sus funciones en julio
del 2000 "recibieron injustificadamente al culminar su mandato 100 mil nuevos soles
por concepto de liberalidad".
"Sin necesidad de un recorte de mandato se pagaron 100 mil nuevos soles por un
derecho de liberalidad que han escondido", afirmó en declaraciones a CPN radio.
Señaló que Henry Pease, actual segundo vicepresidente del Congreso, "no es
honesto", porque critica el pedido de lucro cesante para los legisladores del actual
Parlamento nacional, cuando en su oportunidad recibió 100 mil nuevos soles.
Los 100 mil soles que cobraron los parlamentarios el año pasado por
concepto de "liberalidad", al término de la legislatura 1995-2001, podrían ser
objeto de mandato de devolución. Ese cobro es totalmente indebido; el concepto de pago
por "liberalidad" no es aplicable a los funcionarios elegidos por voto popular.
¡Y son 12 millones de soles!
Ese pago no fue decido por el Consejo Directivo del Congreso. Fue autorizado ilegalmente
por la entonces presidenta del Congreso Martha Hildebrandt. Ella habría ordenado ejecutar
una partida del presupuesto que no existe.
La verdad bien dicha es que así como el Ejecutivo fujimorista tenía sus decretos
secretos para pagos secretos, el Legislativo fujimorista tenía una planilla de fin de
fiesta, igualmente ilegal.
La fiscal anticorrupción Farah Cubillas Romero denunció ayer ante el
Poder Judicial al ex vicepresidente del Banco de Comercio César Samillán Incio y a otros
14 testaferros de Montesinos, quienes se valieron de la institución bancaria para sacar
cerca de 50 millones de dólares que iban directo a las cuentas del ex asesor en el
exterior.
Después de una investigación de tres meses y con el informe de inspectoría de la SBS,
la fiscal encontró indicios de los delitos contra la administración pública, en la
modalidad de peculado, en 15 personas.
Entre ellas, Samillán Incio, quien prestó sus cuentas para recibir las transferencias
dirigidas a Montesinos por el Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría
Internacional (CEECI), con sede en México, y viceversa.
Con él fueron denunciados los conocidos testaferros Juan Valencia Rosas, los hermanos
Víctor y Luis Venero Garrido y los hermanos Luis y Daniel Duthurburu Daruich.
También los ex funcionarios del banco César Gamarra Ugarte y Franklin Marino Loayza
Jiménez, los socios de Víctor Venero, Néstor Rojas Godines y los hermanos Oscar y
Enrique Benavides Morales.
Además, Walter Jiménez Rojas, Martha Garmendia Garrido, Verónica Delgado Garmendia y
Alberto Garrido López.
La fiscal señala en su denuncia presentada ante el juzgado anticorrupción que Verónica
Delgado, Walter Jiménez y Martha Garmendia remitieron a Montesinos distintas
transferencias por más de dos millones de dólares entre 1998 y el 2000 al CEECI de
México.
Una vez depositado el dinero en el CEECI, era trasladado a una cuenta de Vladimiro
Montesinos en el City Bank en New York.
De acuerdo con la informe de la SBS enviado a la fiscal, se han detectado diversas
transferencias al CEECI, las que han sido denominadas "operaciones inusuales".
Las principales transferencias corresponden a Juan Valencia, Luis Duthurburu y a su socio
Víctor Alberto Venero Garrido, a sus empresas y a los socios de estos por más de 50
millones de dólares.
Al parecer, una vez que el Banco de Comercio pasó a manos de la Caja de Pensiones Militar
Policial, y por ende a manos de la mafia de Montesinos, fue utilizado sin ningún descaro
para operaciones ilegales.
El primero de estos documentos es un manuscrito transmitido vía fax
desde el teléfono 444-5443, de Augusto Bresani León, relacionista público al servicio
del SIN, al telefax del diario "chicha" "El Tío", de propiedad de
José Olaya Correa.
El despacho se hizo el viernes 15 de mayo de 1998, a las 6 horas y 49 minutos de la tarde,
conforme se puede leer en la parte superior del fax que se reproduce en esta edición.
El manuscrito contiene el texto introductorio de una nota que al día siguiente ósábado
16 de mayoó efectivamente apareció publicada en "El Tío" denostando al jefe
de la Unidad de Investigación del diario La República, Angel Páez (bajo el título
"La gran ofensiva del traidor Páez y el terruco Feliciano").
El documento fue alcanzado a La República por trabajadores del propio tabloide, en
desacuerdo con ese tipo de campañas.
La copia de este primer documento no reproduce el número telefónico
de origen (444-5443), el cual sí es posible leer en el segundo fax, correspondiente a un
envío similar que la oficina de Augusto Bresani León hizo el lunes 25 de mayo de 1998.
En este segundo caso ócomo se puede observar en las reproducciones que acompañan esta
notaó se transmite el texto íntegro de otra de las tantas páginas de ese diario
"chicha" dedicadas a calumniar a nuestro reportero Angel Páez (titulada
"El Comercio desmiente al traidor Páez").
En la cabecera de la página no sólo se lee la fecha, hora y teléfono de origen, sino
también el nombre de la empresa emisora: Braso S.A., siglas de Bresani Asociados S.A.
Augusto Bresani León atendía a los directores de la prensa "chicha" captada
por el SIN en sus oficinas de Pasaje Los Pinos 165, interior 169, distrito de Miraflores.
Allí mismo estaba instalado el teléfono 444-5443 desde donde se despachaban los fax
mencionados.
Pero el mismo Augusto Bresani tenía otro punto de contacto directo con
el SIN, en su domicilio de avenida Velasco Astete 763, Chacarilla del Estanque.
En esta dirección funcionaba el teléfono 372-4575, desde donde se comunicaba con el SIN
y recepcionaba los materiales que después se enviaban a la redacción de "El
Tío" y otros cinco periódicos "chicha" financiados por el SIN y que
actuaban como operadores psicosociales.
La República obtuvo los reportes de llamadas telefónicas (indicando únicamente la
fecha, los números y tiempos de la comunicación telefónica) efectuadas por Augusto
Bresani desde su domicilio.
Una mirada al reporte de llamadas telefónicas efectuadas y recibidas desde el número
372-4575 (del domicilio de Augusto Bresani), entre el 22 de abril y 29 de mayo de 1999,
indica que 52 de ellas se entablaron con dos números que tenían como abonado al Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN).
Se trata de los números telefónicos 252-1013 y 252-1545, que figuran
en una lista de teléfonos pertenecientes al SIN.
Publicamos únicamente las hojas del listado en que aparecen los números del SIN con que
diariamente se comunicaba Augusto Bresani León, en algunas ocasiones hasta por siete
veces al día, como ocurrió el 25 de mayo de 1999.
Esta frecuencia de comunicación se dio justo en la etapa (31 de marzo al 20 de agosto de
1999) que arreció la campaña difamatoria contra Gustavo Mohme Llona, director fundador
del diario La República.
A su vez, para efectos de repartir los titulares y textos que recibía de la matriz de
inteligencia, Augusto Bresani se mantenía en contacto, a través de su celular
(944-3217), con los directores de los tabloides alquilados por el SIN, tal el caso de
José Olaya Correa, del "El Tío".
El reporte telefónico del celular de este último (900-1722, tomado a nombre de su esposa
Miryam Ravenna) muestra la avidez con que llamaba a Augusto Bresani, su contacto con
Vladimiro Montesinos.
El reporte correspondiente a diciembre de 1999, los días en que se planeó la
"guerra sucia" contra los entonces candidatos presidenciales de fuerza Alberto
Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio, advierte la frecuencia diaria de esa
comunicación, considerando sólo teléfono celular.
El procurador José Ugaz Sánchez Moreno ratificó ayer que sí existen
pruebas suficientes para acusar penalmente al prófugo ex presidente Alberto Fujimori
Fujimori y que, por tanto, debe ser sometido al proceso judicial correspondiente.
Reiteró la posición cómplice adoptada por el gobierno del Japón para dar refugio al
prófugo Fujimori, pero manifestó que confía en que la justicia peruana sabrá mover los
mecanismos legales adecuados para posibilitar finalmente su extradición.
El representante del Estado peruano en los procesos penales que ventilan las fiscalías y
juzgados anticorrupción informó asimismo que tuvo que apelar la orden de comparecencia
impuesta contra el gerente general del Banco Wiese Sudameris, Eugenio Bertini Vinci, quien
habría ayudado al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres a transferir
millonarias sumas de dinero a las islas Gran Caimán.
Ugaz dijo ayer no estar de acuerdo con la decisión del juez David Enrique Loli Bonilla,
titular del cuarto juzgado anticorrupción, quien ordenó comparencencia y una caución de
100 mil soles al funcionario, suma que deberá desembolsar como garantía de que estará a
disposición de la justicia.
Bertini, quien según la fiscalía no entregó toda la información de las cuentas de
Montesinos al ex fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, podría tener orden de detención,
si se tiene en cuenta que los pedidos de la procuraduría siempre se han hecho efectivos.
El funcionario es acusado de los delitos de complicidad en corrupción de funcionarios,
contra la función jurisdiccional, encubrimiento real y contra la fe pública, ocultar
información sobre las cuentas de Montesinos.
En la transcripción del video número 1790 consta que Montesinos ofreció ayudar a
Bertini con un expediente judicial y deudas del banco a cambio de su apoyo a la
re-reelección del ex mandatario Alberto Fujimori.
Además, en la reunión, ocurrida el 11 de noviembre de 1999, el gerente del Wiese
Sudameris aconsejó al ex asesor cómo sacar su dinero del país y ocultarlo por medio de
cuentas cifradas y de compañías ficticias que le propuso manejar.
En un diálogo registrado en una cinta de audio también tratan de una deuda que tenía la
referida institución bancaria por tres millones de dólares con el Estado.
Amnistía Internacional consideró que la instalación de una Comisión
de la Verdad debe darse lo más pronto posible antes de la segunda vuelta electoral, tras
indicar que no se explica el porqué de su demora.
En una carta dirigida al Presidente del Gobierno Transitorio, Valentín Paniagua,
acompañada de más de medio millar de firmas recogidas en un sólo día, señaló que
esta Comisión debería tener rango de Ley para otorgarle un amplio mandato y facultades
de investigación que incluyan hacer comparecer a personas presuntamente involucradas y a
testigos para visitar los lugares de detención.
A esta facultad se incluye óseñala la misivaó la visita a las
instalaciones militares para el cumplimiento de sus cometidos y a requerir la información
y documentación necesarias de las dependencias estatales.
Amnistía Internacional ha reconocido públicamente que el gobierno de transición ha
desarrollado cambios positivos en materia de derechos humanos, por lo tanto considera que
la conformación de la Comisión de la Verdad es una exigencia de los familiares y
víctimas de violaciones, que esperan que también a ellos se les haga justicia.
Del mismo modo, para llamar la atención a las autoridades colombianas y peruanas, y
aprovechando la visita del presidente colombiano Andrés Pastrana, Amnistía Internacional
Sección Peruana realizará hoy un Plantón en solidaridad con los defensores de derechos
humanos de Colombia.
La Cuadragésima Quinta Fiscalía Provincial archivó ayer la denuncia
presentada contra el ex presidente Alan García Pérez por los delitos de genocidio,
asesinato y homicidio calificado durante el debelamiento de los motines en los penales El
Frontón y Lurigancho, en 1986.
Según la resolución del titular de la referida fiscalía, Lizardo Suárez, la demanda
presentada por Ricardo Letts Colmenares no procede debido a que García Pérez no
planificó una posible ejecución de los terroristas.
Por el contrario, la resolución señala que se trataba de una requisa que posteriormente
se agravó de manera violenta.
El documento precisa que la requisa producida en el pabellón Británico, del penal El
Frontón, no llegó a realizarse y que los internos por terrorismo cubrieron los accesos a
este pabellón para evitar el ingreso de la policía, originándose un incendio que
asfixió a los reos.
También se refiere a que García fue alcanzado con el beneficio de las leyes de
amnistía, que fueron invalidadas por la Corte de la OEA.
Letts sentó la denuncia en la quincena de febrero pasado ante la fiscalía penal
provincial de turno por las muertes ocurridas durante el debelamiento de los motines.
El ex parlamentario señaló que con su denuncia no pretendía perjudicar al candidato
aprista en su carrera a la Presidencia de la República, pero sostuvo que éste debía
responder al mencionado proceso.
Opinó que el delito no había prescrito porque el genocidio no prescribe nunca.
"Si sólo se considerase como homicidio agravado, recién prescribiría en el año
2004", explicó.
El saldo del debelamiento fue la muerte a más de 300 reclusos acusados y sentenciados por
terrorismo que se habían amotinado.
"Dios mío, no puede ser". Así respondió ayer Ricardo Letts
Colmenares al conocer que la denuncia que había formulado contra Alan García por la
matanza de los penales había sido archivada.
Asimismo, consideró que la resolución del fiscal era muy grave y anunció que no sólo
iba a apelar, sino que iba a hacer las consultas para determinar qué otro procesos
podían iniciarse.
Del mismo modo se mostró sorprendido porque ayer entregó los nombres de un ex servidor
del INPE y un sobreviviente para que declarasen sobre la forma cómo se produjo la muerte
de 268 presos en los penales de Lurigancho, Frontón y Santa Bárbara.
"Esto va a despertar el clamor ciudadano y es un gravísimo golpe a la
institucionalidad democrática. ¿Quién va a confiar en el sistema estatal que nos rige
si un caso tan evidente es archivado? Supongo que este fiscal, que antes defendió a
Montesinos, ha recibido instrucciones y las está cumpliendo", opinó.
DESBLOQUEANDO LA VIDEOTECA. Una nueva coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso llevaría a desbloquear la pendiente difusión de muchísimos "vladivideos", cuyos criterios de archivamiento temporal despiertan no pocas suspicacias. El hecho de que se hayan difundido videos que tenían que ver con procesos penales abiertos marcaría un precedente discriminatorio respecto de otros casos, en la misma forma que se mantienen aún sin difundirse videos no vinculados a procesos judiciales pero sí de indudable interés público.
CONSPIRACION IGNORADA. A propósito de los "vladivideos", no estaría trabajando adecuadamente la subcomisión parlamentaria que evalúa la acusación constitucional contra los congresistas que se reunieron con Vladimiro Montesinos para someter a los principales poderes del Estado (judicial, legislativo y de control constitucional) al régimen
Fuente : Diario EL COMERCIOEl Servicio de Inteligencia Nacional informal que manejaba Vladimiro
Montesinos en la época de Fujimori seguiría actuando en el actual gobierno, pero ahora
desde la clandestinidad y con los propios equipos electrónicos de inteligencia del Estado
que han desaparecido misteriosamente, según lo dejó entrever el presidente del Consejo
de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar.
"A mí no me sorprendería, porque todas las actividades que se desarrollaron a
partir de la fuga de Montesinos pueden haber sido favorecidas por esos instrumentos que,
justamente, han desaparecido del local del SIN. Naturalmente el antiguo jefe del SIN dice
simplemente que han desaparecido", expresó.
Fue en una conferencia de prensa que se realizó en una de las salas del Congreso en la
que estuvo casi cuatro horas ayer, como presidente de la Comisión Desactivadora del SIN,
sustentando su informe ante la Comisión Especial del Congreso que preside Marciano
Rengifo. Con él estuvieron los titulares de Defensa e Interior, Walter Ledesma y Antonio
Ketín Vidal, respectivamente.
Pérez de Cuéllar, al igual que Ketín Vidal, hicieron alusión a la desaparición de los
equipos electrónicos de inteligencia durante la actuación de la anterior Comisión
Desactivadora del SIN, encabezada por el ex presidente del Consejo de Ministros Federico
Salas.
"El coronel Rodríguez y otros jefes del SIN nos dijeron que desaparecieron esos
equipos. Estaban en un edificio acumulados y habían sido sustraídos durante la creación
de la comisión que empezó la desactivación. Eso fue lo que dio pie a decir que la
desactivación sirvió de cobertura para que vaciaran las oficinas del SIN de una serie de
instrumentos electrónicos de muy alta calidad", denunció el actual presidente del
Consejo de Ministros.
Como ejemplo de lo que se perdió, Ketín Vidal mencionó equipos electrónicos de
interceptación telefónica que tenían la Dincote y otras unidades de la PNP.
Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Ledesma, dijo que habían denunciado a 13
miembros de la FAP ante el Consejo Supremo de Justicia Militar por no colaborar en la
investigación del "chuponeo" telefónico.
La subcomisión parlamentaria que investiga las denuncias contra el ex
presidente Alberto Fujimori, por el presunto delito de rebelión en que incurrió al
cometer su autogolpe, pedirá asumir la denuncia sobre la supuesta indemnización por 15
millones de dólares que fuera pagada a Vladimiro Montesinos.
Así lo anunció ayer el presidente de dicho grupo de trabajo, Manuel Masías Oyanguren,
quien indicó que es un tema
nuevo y grave que tiene que investigarse con profundidad.
Es muy grave el tema y esto va a originar una investigación contra los ex ministros
Federico Salas, Carlos Boloña y el de Defensa, Carlos Bergamino, quien fue el que
denunció el hecho.
Asimismo, Masías consideró que el Congreso tenía que seguir el proceso de la acusación
constitucional, porque dichos funcionarios aún les asistía el derecho al antejuicio
político. Precisó que el ministro Bergamino será uno de los primeros en ser citados ya
que es un testigo de cargo. No quiero decir que las personas que se citen o se investiguen
sean culpables. Tengamos mucho cuidado. Es una denuncia bastante grave. El cargo en
concreto es 15 millones de dólares entregados por el presidente Fujimori. Quiero decir
que también había fondos negros de dineros que circulaban así, agregó.
Durante la sesión de ayer el congresista Robinson Rivadeneyra interrogó sobre el
particular al ex presidente del Consejo de Ministros y ex titular de Educación, Federico
Salas Guevara Shultz, quien dijo desconocer los hechos. Él acudió para responder por las
excesivas funciones de Montesinos.
Posteriormente, la subcomisión investigadora recibió al ex ministro del Interior,
general EP (r) José Villanueva Ruesta, y al procurador ad hoc José Ugaz Sánchez-Moreno,
sesión que se realizó con carácter reservado. Duró apenas 45 minutos y allí se llevó
a cabo una especie de confrontación entre acusado y acusador. La denuncia es por
enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios.
El general Villanueva Ruesta fue trasladado desde el Penal San Jorge, donde está
detenido, hasta el Congreso en medio de estrictas medidas de seguridad.
Viena.- El viceministro de Justicia del Perú, Juan Jiménez Mayor,
pidió ante la ONU en Viena apoyo internacional para luchar contra la corrupción en su
país y asistencia técnica para aplicar un programa.
En su intervención ante la décima reunión de la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal de la ONU, que se desarrolla en Viena desde ayer y hasta el 17 de mayo,
Jiménez Mayor señaló que durante el gobierno de Alberto Fujimori la corrupción en su
país se apreció como nunca antes. "Desde las más altas esferas de la política, a
través de un poder oculto que ejerció el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y
personas pertenecientes a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y a la
política".
El representante peruano aseveró que los objetivos de volver a democratizar y reintegrar
a su país en la comunidad internacional no podían lograrse si se mantenía intacta la
red de corrupción.
Santiago de Chile.- Los familiares de los presos chilenos en el Perú
pidieron al papa Juan Pablo II que intercediera ante las autoridades de ese país por los
catorce días en huelga de hambre que cumplían.
El diputado socialista Jaime Naranjo y los familiares de los seis chilenos encarcelados en
el Perú bajo la acusación de terrorismo se entrevistaron con el representante del
Vaticano en Chile, monseñor Luigi Ventura.
Es muy importante que su santidad Juan Pablo II haga saber a las autoridades del Perú que
él está preocupado por la salud de nuestros compatriotas.
Los familiares denunciantes piden al pontífice que interceda por razones humanitarias.
Jaime Castillo, Lautaro Mellado, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga fueron
condenados a cadena perpetua, mientras que Alejandro Valdivia y Marcela González
Astudillo deben cumplir 20 años en prisión.
Fuente : Diario EL COMERCIO- Perú
11-05-01
El gobierno de transición dejará instalada la comisión, que tendría siete integrantes. Trabajarán a título personal, no como representantes de instituciones o partidos. Serán de reconocida trayectoria ética, prestigio, legitimidad en la sociedad e identificación con la defensa democrática y el orden constitucional. Podrán proponerse nombres. El presidente los designará con el voto aprobatorio de sus ministros. Como otras comisiones del continente, se creará por decreto supremo, aprobado por el Consejo de Ministros.
¿Por qué no someterlo a la aprobación del Congreso? Mundialmente, siempre se crean por acuerdos o decretos. El gobierno tiene la legitimidad y respaldo suficiente para ello.Habrá que ir viendo en el camino. Qué puede decir la comisión al respecto, no me corresponde insinuarlo.
El temor de algunos es que después los terroristas terminen asumiendo el papel de víctimas...Por eso es necesario destacar que las matanzas y desaparecidos no hubieran ocurrido sino hubiera existido el accionar terrorista. No es que había una maquinaria sangrienta del Estado, sino que el dique se abrió a partir de 1980 y se tiene previsto por eso, que el accionar del terrorismo sea claramente examinado. No es un examen a militares y policías, sino a los responsables de graves hechos violentos.
¿Qué criterio se usará para establecer responsabilidades sobre actos cometidos por aquellos?Puede ser como en El Salvador, donde se establecieron presuntas responsabilidades individualizadas. O como en Guatemala, que sólo se habla de acciones conjuntas. La comisión no tendrá corsé, podrá elegir su metodología. Tendrá que analizar los efectos jurídicos de la Ley de Amnistía de 1995, cuya validez ha sido cuestionada por la Corte Interamericana.
¿Cuánto tiempo durará la comisión?Dieciocho meses. Entonces dará su informe final.
¿Cómo se solventará? ¿Habrá un fondo de la verdad?El Estado aportará sólo una parte básica. Podría crearse un fondo, hay interés en la comunidad internacional. La comisión debe trabajar autónomamente y definir su presupuesto. Recibirá apoyo del gobierno para respaldo económico externo.
Pero eso puede demorar meses... ¿La norma fijará que el Estado estará obligado a dar recursos mientras tanto?Sí. Hay el compromiso del Ministerio de Economía. (...) Probablemente algunos autos incautados a los narcotraficantes, podrían servir a la comisión.
¿El gobierno de transición planteará una ley para hacer expeditivo el cobro de indemnizaciones por parte de las víctimas del terrorismo?Puede ser propuesto por la comisión dentro de un proyecto nacional de reconciliación. Ahora no hay tiempo, el gobierno no tiene presencia organizada en el Congreso. Hay necesidad de una política de reparaciones a miles de víctimas. En Brasil y Argentina los familiares de desaparecidos reciben, por cada caso, más de $100 mil. En el Perú, no sería posible.
¿Salvo que usen el dinero mal habido por Montesinos?No sería mala idea que parte del dinero que se logre repatriar de las cuentas de Suiza, Gran Caimán, México, Estados Unidos, sea utilizado para financiar una política de reparaciones. Pero habrá que pensar en reparaciones menos onerosas, como darles facilidades para acceder a centros de salud públicos o ingresar a colegios o universidades estatales, en el caso de los hijos.
Fuente:Revista CARETAS - Perú
10-05-01
Esta semana se supo que el "testigo
clave", del que venía hablando el Procurador José Ugaz -y cuyo testimonio
permitiría, por fin, acusar penalmente al ex Presidente Fujimori-, era nada menos que el
general (r) Carlos Bergamino, último ministro de Defensa del régimen anterior. Su
revelación: el ex mandatario habría pagado 15 millones de dólares a Vladimiro
Montesinos, bajo la sombrilla de una inversión en operativos de seguridad nacional. Lo
más asombroso es que todo esto ocurrió cuando el fujimorismo estaba en sus estertores
finales y su único ánimo parecía llevarse hasta la vajilla de la casa. ¿Qué dirá
ahora el Imperio del Sol Naciente sobre su súbdito?
A diferencia de ex parlamentarios, de miembros de la familia Montesinos en desgracia u
oficiales derrotados, el general (r) Carlos Bergamino Cruz no está mirando la bruma
limeña desde el patio del penal San Jorge. Sólo está impedido de salir del país y no
tiene problema alguno para abandonar su residencia situada en Surco, a unas cuadras del
Pentagonito.
¿Cuál es su secreto? El ex ministro de Defensa final del fujimorismo, ha decidido
contar, con lujo de detalles, una operación que involucraría definitivamente a Alberto
Fujimori en las oscuras operaciones de su ex asesor.
Bergamino es el testigo clave del cual el Procurador José Ugaz viene hablando hace 24
días. Las revelaciones que ha hecho ante la Procuraduría y la Fiscalía, desde la
segunda semana de abril, podrían derrumbar todas las coartadas que Fujimori ha esgrimido
hasta ahora para declararse inocente.
UN DIA DE PRIMAVERA
Todo gira en torno a un hecho ocurrido el 19 de
septiembre del 2000, apenas 3 días después de que el ex Presidente anunciara el recorte
de su mandato debido al escándalo suscitado 48 horas antes por el vídeo
Kouri-Montesinos. Ese día, Fujimori, el Premier Federico Salas, el ministro de Economía
Carlos Boloña y el propio Bergamino, como ministro de Defensa, firmaron el Decreto de
Urgencia No. 081-2000, por el cual se autorizó al sector Defensa a utilizar 69 millones
597 mil 810 soles del Tesoro Público.
El dinero, según Bergamino, era para operativos de seguridad nacional, pero el decreto no
tuvo un destino tranquilo. El Premier Salas, de acuerdo a la versión que dio a CARETAS,
se habría negado a firmarlo, porque no le encontró mayor sustentación. Inmediatamente,
fue convocado a Palacio deGobierno
Al llegar, Salas se encontró con el Presidente y con el ministro Boloña. Se le mostró
entonces los papeles de sustentación, lo que, finalmente, lo indujo a firmar. Eso sí
-siempre según su versión- lo hizo con la clara conciencia de que "sólo actuaba de
fedatario", cosa que piensa reiterar ante los tribunales. No recuerda, además, que
se tratara de una suma tan grande.
Cuatro días después, el 22 de septiembre, Bergamino envía a Boloña el oficio No. 11338, en el que reitera la urgencia de que le sea entregado el dinero. Se le da, en cheque, 52 millones 500 mil soles de la suma aprobada en el decreto y el mismo 22 envía otro oficio, el No.14876, al jefe de Operaciones en Moneda Extranjera del Banco de la Nación, para que autorice transformarlos a dólares, al mejor tipo de cambio.
El encargado de la operación fue el general EP (r) Luis Muente Schwarz, entonces jefe de la OGA (Oficina General de Administración) del Ministerio de Defensa. Con el cheque No. 03066404 en la mano, realizó los trámites de acuerdo a la documentación oficial y con el obvio aval de Fujimori y Montesinos. Los soles entregados se convirtieron entonces en 15 millones de dólares.
URGENCIAS Y PEDIDOS
Increíblemente, todo esto ocurría cuando el fujimorismo hacía agua, cuando hasta la OEA e incluso el ministro Boloña, uno de los involucrados en este caso, buscaba a dónde expectorar al asesor. Bergamino ha señalado algo todavía más demoledor: los 15 millones de dólares, según él, estaban destinados a una operación delictiva que importó la apropiación de fondos públicos a ser entregados al ex asesor Montesinos Torres.
Para sustentarlo, ha manifestado que existía el
oficio 2041, firmado el 25 de agosto del 2000 por el general José Villanueva Ruesta,
entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En él, Villanueva ya
solicitaba al Ministerio de Economía los 69 millones 597 mil 810 soles, para el
denominado "Plan de Soberanía", destinado a evitar el ingreso de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a territorio peruano.
Bergamino fue informado del pedido por funcionarios de Economía, quienes le dijeron que
él, como titular del pliego de Defensa, era quien debía firmar el oficio. Así lo hizo,
tras comunicarse con Villanueva y mediante el oficio Nº 11296-MD-H/3. Todo se realizó el
mismo día, con una premura inusitada y en medio de una ola de pedidos de la Fuerzas
Armadas y Policiales.
Carlos Boloña, quien también conversó con
CARETAS, explicó que en esos momentos los Comandantes Generales de las tres armas, el
director de la Policía Nacional y los ministros del Interior y de Defensa lo llamaban
constantemente
para que suelte dinero. Ante tanta insistencia -cuenta-, el 19 de septiembre del 2000 se
firmó el decreto de urgencia.
Pero..¿era sólo eso? Recuérdese que, según contó el ex Premier Federico Salas en una
ocasión, fue Boloña el encargado de alquilar el avión para la fuga de Montesinos el 23
de setiembre, un día después de la entrega del dinero por parte del MEF.
EL `DOC' SIEMPRE LISTO
El 18 de enero pasado, ya el diario La República informó sobre la operación, en base a unas declaraciones del general Villanueva a la jueza Celinda Segura. Quedó claro entonces que en el lapso posterior a la entrega del dinero no se registró ninguna operación en la frontera con Colombia.
Bergamino, en sus declaraciones recientes, ha agregado detalles más significativos. Según él, el mismo 22 de septiembre, ocho días después de que se propalara el vídeo en el que Montesinos soborna al ex parlamentario Alberto Kouri, el propio ex asesor lo llama para que sobre la base de lo decidido por Fujimori curse los oficios respectivos, solicite los 52 millones 500 mil soles y los cambie a dólares. En otras palabras, el "Doc" apuró la operación.
Así, una vez que el general Muente hizo el raudo cambio de soles a dólares, el dinero le fue entregado a Montesinos, cosa que no sorprendió a nadie, pues se sabía que era él quien manejaba el dinero de las FF.AA. y la PNP. Al día siguiente, no obstante, Bergamino sufrió una baja de presión, cuando se enteró que el ex asesor había huido a Panamá llevándose los 15 millones de dólares.
Desesperado, consultó con Alfredo Jaililie,
veterano viceministro de Hacienda, que aún hoy permanece en el cargo. Buscó también al
Presidente Fujimori y es allí donde el mandatario le dice que era una indemnización por
los servicios prestados al Estado y que él iba a solucionar el problema.
Curiosamente, dos días después, el 25 de septiembre, sale la alucinada Resolución
Suprema No. 424-2000, en la que, mediante tres artículos de antología, aceptar la
renuncia de Montesinos, cesarlo en sus funciones y darle las gracias por los importantes
servicios prestados a la Nación. ¿Fue la justificación formal para el pago autorizado
por Fujimori?
¿Y AHORA QUE HAGO?
La angustia de Bergamino, siempre según su
propia versión, duró 42 días, hasta el 2 de noviembre del 2000, cuando Montesinos
estaba nuevamente acá (volvió el 23 de octubre). A las 9 de la noche de ese día, el
general fue citado por Fujimori a Palacio, en medio del mayor sigilo posible. Ingresó
calladito por la puerta de Desamparados y se encontró adentro con Boloña, Jaililie y el
propio mandatario.
De acuerdo a Bergamino, los cuatro empezaron a debatir cómo tenían que hacer para
reponer los 15 millones de dólares, hasta que el Presidente zanja la discusión
entregándole cuatro maletines con el dinero en efectivo, al estilo de las operaciones
mafiosas montesinistas.
Boloña ha confirmado a CARETAS que la reunión
se dio, lo mismo que la discusión sobre cómo subsanar los gastos. Recuerda, además,
haber visto a Bergamino retirarse con unas maletas. Jaililie, también en declaraciones
para CARETAS, confirma la reunión y añade que Víctor Aritomi, cuñado de Fujimori,
rondaba por el lugar de la reunión.
Señala asimismo que vio que cuatro maletines negros aparecieron luego de que Bergamino,
Aritomi y Fujimori entraron y salieron de una habitación contigua. Al día siguiente, 3
de noviembre del 2000, el ex ministro de Defensa habría devuelto el dinero al Banco de la
Nación, hecho que fue confirmado el pasado 18 de enero por el actual ministro de
Economía Javier Silva Ruete.
Jaililie, sin embargo, niega que Bergamino se
haya comunicado con él y que le haya absuelto consultas sobre cómo reponer el dinero.
Indica, además, que fue Boloña quien lo llamó y le indicó que atendiera el decreto de
urgencia. Para ello, le envió el oficio No. 11338 del Ministerio de Defensa con una
anotación : Viceministro de Hacienda, sírvase atender para su ejecución .
Era una orden y le di trámite -cuenta Jaililie-. Coloqué en el mismo oficio una
anotación mía que decía `Marcelino (se refiere a Marcelino Cárdenas, jefe de
operaciones bancarias), de acuerdo a lo instruido por el Sr. Ministro, su autorización'.
Como fuere, las preguntas sobre Fujimori, continúan flotando ¿Por qué autorizó la
entrega de dinero a Montesinos? ¿De dónde sacó el dinero que 42 días después le dio a
Bergamino? ¿Por qué desató una implacable persecución contra su ex asesor, luego de
que éste volvió de Panamá, y justo examinaba con Bergamino cómo devolver el dinero al
Tesoro Público?
MAS DINERO Y LO QUE VIENE
El ex ministro de Defensa también ha revelado a la Procuraduría que, entre el 3 y 4 de noviembre del 2000, Fujimori le entregó 3 millones 900 mil dólares para que ejecutara obras del Ejército. Se reunió por eso con el entonces nuevo presidente del Comando Conjunto, el general Walter Chacón. A él le entregó el dinero y la relación de obras. El hecho se investiga actualmente.
Fujimori también le habría ordenado a Bergamino
que entregue 1 millón 275 mil 558 soles (367.596 mil dólares) al general Gerardo Pérez
del Aguila, jefe de la Casa Militar de Palacio en ese momento. Al procederse, se firmó un
recibo en el que se daba cuenta de que el dinero era para dar cumplimiento de ejecución
de proyectos del Jefe de Estado durante el presente año.
Pérez del Aguila, consultado por CARETAS, declaró que el dinero se utilizó para pagar a
proveedores y que todo estaba en regla. Nueve días después, Fujimori viajó a Brunei y
luego a Japón, para no volver más.
El pasado 18 de enero, cuando salía del Palacio
de Justicia, Bergamino declaró que el retiro de los 15 millones de dólares y la huida de
Montesinos al día siguiente era una simple coincidencia. Pero la reciente denuncia que la
Fiscal Anticorrupción Ana Cecilia Magallanes interpuso contra él, por el manejo de ese
dinero, parece haberlo hecho cambiar.
Ahora es un "testigo de cargo" y, gracias a sus declaraciones, la Procuraduría
ha pedido a la Fiscalía de la Nación que establezca que a partir de noviembre del 2000
se ha evidenciado la existencia de una organización criminal que durante el régimen del
ingeniero Fujimori Fujimori estuvo liderada tanto por él y por el reo Vladimiro
Montesinos Torres.
Al amparo del artículo 1 de la Ley 27399, e invocando los artículos 387, 317 y 427 del Código Penal, el Procurador Adjunto, Luis Vargas Valdivia, podría pedir la acusación constitucional contra el ex Presidente Fujimori y contra el ex ministro Boloña por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y falsedad material agravada en agravio del Estado. Las penas son de 3, 8 y 10 años de prisión respectivamente.
A Villanueva Ruesta, Jaililie y Montesinos se les
podría acusar de los mismos delitos. Y a Pérez del Aguila y Chacón por los delitos de
receptación agravada en agravio del Estado. A su vez, deberán rendir su manifestación
el ex Premier Salas, el general Muente, el capitán Henry Tunanñaña, Intendente de la
OGA, y los miembros del directorio y el gerente general del Banco de la Nación.
Lo que empezó en un día de primavera del año pasado, en Palacio de Gobierno, pronto
podría convertirse en el Waterloo de Alberto Fujimori, quien siempre negó cualquier
responsabilidad. Si la Procuraduría procede con denunciarlo, ¿tendrá Japón excusa para
cobijarlo sin vergüenza alguna?
¿Quién es Bergamino?
La trayectoria del general convertido en "testigo clave"
EL general de división EP (r) Carlos Alberto
Bergamino Cruz ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en enero de l961 y egresó en
l965. Pertenece a la 67 promoción, la "Sargento Mayor Armando Blondet " y es
del arma de Caballería, donde ocupó el primer puesto y fue brigadier.
Fue también jefe de la Primera Región Militar, con sede en Piura, de l996 a l997. Antes,
fue agregado militar en Colombia y Director del Comando de Instrucción del Ejercito.
Bergamino fue sindicado como hermocista porque, en su condición de general de división
más antiguo, leyó el famoso comunicado de diciembre de l997, cuando los más altos
oficiales apoyaron al entonces Comandante General, Nicolás
de Bari Hermoza Ríos, en su afán de arrebatarle a Fujimori la autoría intelectual de la
operación "Chavín de Huántar".
Luego, en 1988, fue Jefe de la Secretaría de Defensa Nacional y en l999 agregado militar
en EE.UU. Ese mismo año, el general César Saucedo, su compañero promocional, asumió la
Comandancia General del Ejército y lo propuso como Ministro de Defensa, cargo que asumió
el l5 de abril.
En el "vladivideo" en el que Montesinos brinda con la alta oficialidad de las
FF.AA. y la PNP, tras la re-reelección de Fujimori, aparece sentado a la derecha del ex
asesor.
Actualmente, está impedido de viajar al exterior y sujeto a varias investigaciones. La
Fiscal Ana Cecilia Magallanes, por ejemplo, lo investiga por la presunta compra de las
acciones de Cable Canal de Noticias por parte del ministerio de Defensa durante su
gestión. También ha sido citado a la Comisión Waisman y a la Comisión del congresista
Pedro Morales, que investiga las adquisición de pertrechos militares.
Nació en el Rímac y estudió en el colegio Ricardo Bentin. En agosto cumplirá 60 años
Fuente:Revista CARETAS - Perú
10-05-01
El Socio De Alan
Andrés de los Ríos, fundó Garydel con AGP en París,
pero hoy está con él de pico y patas en la campaña.

LOS SOCIOS DE PARÍS: ANDRÉS DE LOS RÍOS Y ALÁN GARCÍA
Escribe SONIA SULLON
"¡Usted, vaya abajo! ¿qué hace
aquí?", con estas palabras un ofuscado Alan García Pérez se dirigió a un rollizo
personaje apostado en el tabladillo que precedía al estrado de la Plaza San Martín. Era
la noche del 27 de enero del 2001 y García se disponía a iniciar su mitin, el primero
después de nueve años de exilio. Ni el apremio por el esperado reencuentro con su
público, ni la emoción de los aplausos matizaron la catana.
¿Quién era esta persona a quien García reprendía de ese modo? Su socio, nada menos.
Andrés Severo Julián de Los Ríos Bernardini (39) con quien el candidato aprista fundó
en París 1997 la empresa de transporte de carga Garydel, que es obviamente la conjunción
de los apellidos de los socios. De Los Ríos había llegado a Lima semanas antes del
retorno de AGP para apoyarlo en la campaña. Desde entonces no ha retornado a París. Más
bien su presencia es cada vez más notoria en el entorno de García. No sólo lo acompaña
en los mítines, sino que además manejaría la caja chica de la campaña.
García ha mencionado la empresa de su propiedad
en repetidas oportunidades para justificar sus fuentes de ingresos a lo largo de los nueve
años que vivió exiliado entre París y Bogotá. Pero la historia de la empresa y sus
rentables actividades son virtualmente desconocidas.
La sociedad empresarial entre García y De Los Ríos se remonta a principios de 1997.
Según el acta de estatutos de la empresa Garydel (ver facsímil), ésta se constituyó el
19 de febrero de ese año con un capital de 50.000 francos (US$ 8
mil 566).
De los Ríos aportó un capital de 24.000 francos (US$ 4 mil 111) (según la tasa de cambio promedio de ese año: un dólar equivalía a 5,8367 francos), Pilar Nores de García 22.000 francos (US$ 3 mil 769), mientras que Alan García aportó 4.000 francos (US$ 685,3).
Según versión de Jorge del Castillo, el ex
Presidente García vivió a partir de 1997, entre otros, con los ingresos provenientes de
la empresa Garydel: utilidades mensuales por US$ 1.000 y un sueldo de US$ 1.500, es decir
un total de US$ 2.500 mensuales (CARETAS 1654). Esta semana CARETAS preguntó a De Los
Ríos sobre el monto que él recibe mensualmente por concepto de utilidades y sueldo de
Garydel pero no quiso responder. En todo caso, si AGP percibe (o percibía hasta hace muy
poco) US$ 2.500 mensuales, De los Ríos, poseedor del 48 % de la sociedad, seguramente
recibe o recibía otro tanto.
Si así fuese ambos "microempresarios" -como se calificó alguna vez García-
han resultado ser hábiles hombres de negocios. La sociedad conyugal García-Nores aportó
US$ 4.454 de capital inicial a una empresa que en tres años de fundada otorgó ganancias
mensuales a AGP de US$ 2.500.
Es cierto, sin embargo, que el capital social
inscrito en la escritura pública no refleja todas las inversiones realizadas.
Para conocer un poco más sobre la empresa CARETAS acudió al comando de campaña del PAP
en busca del socio de Alan. Lo primero que dijo éste al ser requerido fue que no podía
declarar nada. "Antes tengo que consultarlo con el Presidente García o con Jorge del
Castillo, que es el vocero del partido", dijo el sábado 5. Ante la insistencia de
CARETAS, De Los Ríos proporcionó una que otra información adicional. Señaló por
ejemplo, que Garydel opera al sur de Francia y que en algunos recorridos han llegado hasta
Alemania. Dijo además que la empresa se ha quedado a cargo de "algunos
gerentes", en vista que los tres socios principales están en Lima. No quiso
responder más.
Cuando el lunes 7 CARETAS se comunicó telefónicamente con De Los Ríos éste contó que
la empresa empezó a funcionar con tres furgonetas de segunda mano y que una de éstas les
costó 40.000 francos, es decir unos US$ 6 mil 853, pero que las otras dos "mucho
menos". La empresa funciona con tres furgonetas propias y tres alquiladas. Luego De
Los Ríos se negó a dar más información diciendo: "no insista porque no quiero ser
malcriado".
La relación de De los Ríos con AGP al parecer
se forjó en la fragua del autogolpe del 5 de abril. El socio del candidato presidencial
del PAP fue detenido el 14 de abril en Miraflores, luego de una protesta aprista contra el
golpe en las inmediaciones del local de la OEA y fue liberado 15 días después (CARETAS
1208).
Tres meses después, en julio de ese año llegó a París. Fue acogido por el Gobierno
francés como refugiado político. Desde entonces, según su versión, desempeñó
diversos oficios: lavó platos, fue mensajero, limpiador de vidrios y hasta cocinero,
llegando a estudiar algunos cursos de cocina. Una experiencia inédita para De los Ríos,
sin duda, quien venía trabajando como primer secretario de la Cámara de Diputados desde
1985 y cursaba el décimo ciclo de Derecho en la Universidad Nacional Federico Villareal
antes de partir a París.
Luego de realizar diversas actividades en 1997 pensó en crear su propia empresa. Se le
ocurrió abrir un restaurante, pero luego descartó la idea. Luego se asoció con AGP y
juntos formaron la empresa de transportes de carga liviana Garydel. Lo demás es historia
conocida.
CARETAS se comunicó con Del Castillo para conocer mayores detalles (por ejemplo,
¿cuánto es lo que invirtió AGP en total?) pero éste dijo no estar al tanto de la vida
económica de Alan García. "Estamos a un mes de las elecciones y ése es un tema
accesorio", añadió.
Sin embargo, es legítimo conocer cómo se ganó la vida el candidato presidencial en el
exilio. Y la empresa Garydel fue fundada en 1997, es decir, cuando ya llevaba cinco años
fuera del país.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
11-05-01
El procurador Jorge Melo Vega, a cargo de la
investigación contra Alan García Pérez, aseguró que no está "arreglada conforme
a ley" la resolución que permitió al ex mandatario regresar al Perú y convertirse
en candidato presidencial.
Melo Vega que investiga a García por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y
aceptación de sobornos durante su gestión, insistió en que no ha pasado el tiempo que
la legislación exige para que prescriban los delitos cometidos por el ex mandatario.
"Han fabricado una ley especial para Alan
García seleccionando de cada código y artículo legal todo aquello que le es más
favorable y eso está abiertamente contra la Constitución del Estado", sentenció.
Sostuvo que en 1992 se demostró que el líder aprista tuvo un desbalance patrimonial de
unos "cientos miles de dólares", los que no ha podido justificar. Refirió
además que los peritos probaron que el ex mandatario cometió delito de enriquecimiento
ilícito.
En el Congreso que se instaló en 1990 los
180 diputados ganaban por todo concepto US$ 1,700 promedio al mes y los 60 senadores un
poquitín más.
Cuando vino el autogolpe la remuneración de los diputados se había ajustado a US$ 2,000
promedio por mes por todo concepto y los senadores algo más. Había, por supuesto,
gollerías para los de la mesas directivas y los que se morían por los viajes, pero nada
más.
Claro que con importantes medios de comunicación a favor del autogolpe y la manipulación
que se hizo a la opinión pública, Fujimori y luego el caradura de Jaime Yoshiyama Tanaka
(que había aprovechado de privatizar inadecuadamente a Sol Gas) denostaron de todos y
cada uno de los parlamentarios.
El caso es que el planeamiento del trío maléfico de Montesinos, Fujimori y hoy el que se ha reconocido asimismo como delincuente, Hermoza Ríos, y la propia irresponsabilidad de Yoshiyama, dejaron que se elevara a las nubes el sueldo y las gollerías de los parlamentarios y altos funcionarios del régimen.
En el caso del Congreso, esto llegó a niveles
promedio de prácticamente US$ 11,000 al mes para el congresista N° 120. Es decir, aquel
que no tenía prebenda alguna, como es el caso de los Volvos, viajes, alimentos, personal
adicional de seguridad, etc.
En rigor, no nos oponemos que los parlamentarios sean excelentemente remunerados y
resguardados, como tienen que ser los ministros y demás funcionarios públicos, siempre
que trabajen y rindan sus cuentas. No olvidemos que cuando se suscitó la contienda
electoral del 2000 el Congreso de la Hildebrandt se recesó por más de medio año y
entiendo que todos los Congresistas que no trabajaron:
Así como demandamos que se vean todos y cada uno de los vladivideos, el país necesita conocer esta rendición de cuentas de los gastos operativos de todos y cada uno de los Congresistas del período fujimorista y del actual Congreso, para así entender el porqué no se paga, por lo menos, impuestos por el doble de gastos operativos en vacaciones, escolaridad, 28 de julio y Navidad y al menos un par de etcéteras más.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
La Comisión de Constitución del Congreso
acordó ayer por unanimidad solicitar los videos que estén a disposición del Ministerio
Público y exhibirlos sin distinción alguna.
De esta manera, se dio luz verde a la difusión pública de los videos del alcalde de
Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, con el ex asesor presidencial prófugo Vladimiro
Montesinos, por considerar que su exhibición no entorpecerá el proceso de investigación
que se sigue en este organismo judicial.
El acuerdo unánime del grupo de trabajo fue
adoptado ayer después de un intenso debate sobre los procedimientos que se adoptarán
para la exhibición de este material, el cual finalmente será establecido por las
instancias pertinentes, sean comisiones o subcomisiones de trabajo que soliciten videos.
Luego de que el presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, oficialice este dictamen y
dé cuenta a los grupos de trabajo solicitantes, serán éstos los que determinen cuándo
se harán públicos los videos.
El presidente de la referida comisión, Ricardo
Marcenaro, expresó a la prensa una posición contraria al acuerdo gestado por el grupo de
trabajo. Refirió que la exhibición de los videos quedará a criterio del Consejo
Directivo.
"Está plenamente señalado que existe unanimidad de criterios en que puedan
exhibirse los videos. Ahora viene la parte del procedimiento y eso tendría que definirlo
la Mesa Directiva o el Consejo Directivo", señaló.
Asimismo, dijo que los videos que tengan una resolución de reserva por el Poder Judicial
no podrán ser difundidos.
Estos planteamientos fueron refutados por la legisladora Anel Townsend, quien afirmó que
Marcenaro estaba equivocado y que el fin de estas declaraciones era entrampar la
exhibición de los vladivideos.
La congresista señaló que esos no fueron los acuerdos de la comisión. "Lo que se
ha aprobado es exhibir todos los videos y será cada instancia del Congreso la que se
encargará de cautelar lo que establece la Constitución sobre la intimidad personal y
temas de seguridad nacional", aseveró.
En ese sentido afirmó que la difusión de los seis videos de Bedoya de Vivanco, así como
del ex director del diario Expreso Eduardo Calmell del Solar y de la delegación rusa con
Montesinos será decisión exclusiva de la comisión Waisman.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
12-05-01
Cesan a 15 magistrados del Poder Judicial y a 11 del Ministerio Público
La Corte Suprema de Justicia se quedó ayer sin presidente luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiera no ratificar el título de vocal supremo a Mario Urrello, quien ejercía este cargo. Además de Urrello, tampoco fueron ratificados otros vocales supremos, entre los que figuran Víctor Raúl Castillo, Alipio Montes de Oca y Luis Serpa Segura, quienes aparecieron con Vladimiro Montesinos en uno de los célebres vladivideos.El CNM tampoco ratificó como vocal superior a Alejandro Rodríguez Medrano, de quien se afirma que era el enlace entre Vladimiro Montesinos y el Poder Judicial.
De esta manera, el Poder Judicial y el Ministerio
Público ingresan a una etapa de profunda reestructuración.
La noticia, que remeció dichos organismos, la dio el presidente del CNM, Jorge Angulo
Iberico, quien hizo pública la decisión luego de que el pleno del CNM sesionara en
reserva.
Mientras que la actual fiscal de la Nación, Nelly Calderón, sí fue ratificada, su
colega Miguel Aljovín Swayne no corrió la misma suerte. Con el cese del ex fiscal de la
Nación y de Pedro Pablo Gutiérrez la Junta de Fiscales Supremos pierde a dos de sus
miembros.
Otra dependencia que pierde a su máximo funcionario con esta decisión del pleno del CNM es la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), dado que su presidente, Nelson Reyes Ríos, no fue ratificado como vocal supremo del Poder Judicial.
Los magistrados cesados :
MARIO ANTONIO URRELLO
Presidente de la Corte Suprema
VÍCTOR RAÚL CASTILLO
Vocal Supremo
LUIS SERPA SEGURA
Vocal supremo
ALIPIO MONTES DE OCA
Vocal supremo
NELSON REYES RÍOS
Vocal supremo. Jefe de la OCMA
LUIS FELIPE ALMENARA
Vocal supremo
JORGE BUENDÍA
Vocal supremo
VICENTE IBERICO MÁS
Vocal supremo
MOISÉS PANTOJA
Vocal supremo
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO
Vocal superior
VÍCTOR BELTRÁN QUIROGA
Vocal superior
MIGUEL ALJOVÍN SWAYNE
Fiscal supremo
PEDRO PABLO GUTIÉRREZ
Fiscal supremo penal
JUAN CHIL MEZARINA
Fiscal superior
No ratificados pierden título de magistrados
Según el reglamento del CNM, están sometidos al
proceso de ratificación todos los jueces y fiscales titulares, cualquiera sea su nivel,
inclusive quienes hayan presentado su renuncia al cargo hasta 30 días después de la
fecha acordada por el CNM.
El proceso comprende a los jueces y fiscales titulares en su cargo de origen dentro de la
carrera judicial o del escalafón del Ministerio Público. En caso de estar desempeñando
cargo vacante que corresponda a plaza permanente, no se le considerará en el cargo
provisional, salvo como información de su hoja de vida.
La ratificación es la decisión unánime o mayoritaria adoptada por el pleno del CNM en el sentido de que el juez o fiscal se mantiene en el cargo luego de haberse revisado y evaluado los elementos de juicio. Por su parte, la no ratificación es el acto que resulta de una decisión negativa de ratificación. Tiene como efecto el cese y la separación inmediata y definitiva del juez o fiscal en el cargo. El juez o fiscal no ratificado no puede reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Se deja sin efecto su nombramiento y se cancela su título.
El reglamento no incluye causales para la no
ratificación de un magistrado
Decisión del CNM es definitiva
No hay marcha atrás. La decisión del Consejo
Nacional de la Magistratura es inapelable. Lo ratificó el presidente de este organismo,
Jorge Angulo Iberico, quien dio a conocer ayer el cese de 26 magistrados, tanto del Poder
Judicial como del Ministerio Público.
De ellos, nueve eran vocales supremos, seis vocales superiores, dos fiscales supremos,
tres fiscales adjuntos supremos, un fiscal superior y cinco fiscales adjuntos superiores.
La decisión fue remitida ayer mismo a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía de la Nación para que éstos, a su vez , notifiquen a los magistrados que fueron cesados y separados de sus puestos, los mismos que dejan sus cargos desde el momento mismo que reciben la notificación.
Angulo señaló que la decisión del futuro de la
Corte Suprema es responsabilidad de este organismo, aunque adelantó que los procesos a
cargo de los magistrados que no han sido ratificados tendrían que ser asumidos por los
suplentes.
Según el presidente del CNM, esta decisión se ha tomado luego de una minuciosa
evaluación, recabando información de todas las instituciones, de los Colegios de
Abogados y siguiendo los procesos judiciales en los que participaron los ahora ex
magistrados, además de información dada por la ciudadanía. Esta evaluación, que
obedece a un cronograma del consejo, incluyó entrevistas personales.
"No hemos actuado con sentido político, nuestro criterio ha sido totalmente
imparcial", comentó Angulo. Precisó que las decisiones del CNM no son informadas
con exposición de motivos. La sesión plenaria se desarrolló en reserva, por lo que
Angulo se abstuvo de dar mayores detalles a la prensa sobre los motivos y la votación.
Informó que la próxima semana continuará la evaluación a los jueces especiales y de
paz letrados, así como a los magistrados del Callao y Huaura.
Los que decidieron
El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por cinco consejeros,
presidente y vicepresidente.
Si bien Angulo afirma que las decisiones se
tomaron de forma independiente y sin ninguna influencia política, es sabido que entre sus
integrantes figura un conocido miembro del partido aprista como Jorge Lozada Stánbury.
El ex candidato presidencial Fernando Olivera denunció en días pasados que algunos
vocales y fiscales supremos y superiores habrían estado sufriendo presiones para archivar
los casos sobre Alan García a cambio de la ratificación.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
12-05-01
La procuraduría para casos de derechos humanos
afirmó ayer que el ex presidente Alberto Fujimori conocía la existencia del grupo
Colina, pero que no denunció sus actividades ni desarticuló su organización. Al dar a
conocer esta acusación, el procurador José Ugaz ofreció documentos que la probarían.
La presunta vinculación de Fujimori con el grupo Colina sólo agrava su situación legal.
Fujimori ya tiene un juicio por abandono de cargo y está acusado por lavado de dinero,
desvío y manejo ilegal de fondos del Estado a raíz de las declaraciones del general
Carlos Bergamino.
Ronald Gamarra, procurador para derechos humanos,
sustentó ayer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales este nuevo cargo
contra el ex mandatario, formulado hace dos semanas, que lo vincula con violaciones a los
Derechos Humanos.
Nuestra posición es que Montesinos creó una organización criminal que asesinó,
extorsionó y violó los derechos humanos. Fujimori supo de esta organización y faltó a
su deber de garante al no desarticular ni denunciar las actividades del grupo Colina,
dijo.
Ugaz señaló que Fujimori estaba obligado a impedir el surgimiento de ese grupo pero, al
omitir esa obligación, incurrió en el delito de omisión impropia, previsto en el
artículo 13 del Código Penal y, por lo tanto, era coautor de las violaciones cometidas
por el grupo Colina.
El Congreso y la Procuraduría investigan dos
niveles de participación que habría tenido Fujimori en este tema. Un testigo vincula
directamente al ex mandatario en las violaciones al referir que lo vio junto a Montesinos
y Martín Rivas planeando actividades del grupo.
La otra vinculación es el delito de omisión impropia, señaló Ugaz, quien ha ofrecido
entregar a la comisión documentos que prueban la participación de Fujimori.
La subcomisión conversó ayer con un testigo, no identificado aún que también acusa a
Fujimori en la violación de derechos humanos.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
12-05-01
Ante el anuncio del ministro de Justicia, Diego
García Sayán, de que antes de la segunda vuelta quedará creada la Comisión de la
Verdad, se recomendó ayer que los siete integrantes del grupo fueran seleccionados
mediante un riguroso y público examen personal y profesional.
Ése fue el pedido que formularon los promotores de la comisión, monseñor Luis Bambarén
(de la Conferencia Episcopal) y Sofía Macher (de la Coordinadora de Derechos Humanos),
quienes respaldaron que esa elección se realizara antes de la asunción del nuevo jefe de
Estado.
Se plantea que el gobierno de transición prepublique los nombres de los candidatos para
ser sometidos a un proceso de tachas durante 15 días y permitir que los ciudadanos los
identifiquen y adviertan sus posibles conductas cuestionables.
Según Macher, al no participar el Congreso en el
procedimiento de tacha se daría mayor legitimidad a la comisión y se evitaría que sus
integrantes pudieran ser removidos por el próximo gobierno.
Bambarén se mostró satisfecho de que la comisión quedara instalada antes del 28 de
julio, como adelantó García Sayán, con lo cual debería ser respetada por el próximo
gobierno y no se politizaría.
Macher estimó que la comisión podría requerir
de unos US$ 15 millones durante su año y medio de labores, tal como ocurrió con
similares grupos que operaron en Guatemala o El Salvador.
En ese contexto, Macher y Bambarén coincidieron con García Sayán en que el dinero que
se lograría repatriar de la red montesinista debería servir para financiar los gastos de
la comisión, así como para el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo
y de la violencia de las fuerzas de seguridad.
Incluso observaron que debería darse una ley para que se asegurara ese propósito. Macher
evaluó que por la complejidad de la labor de la comisión, ésta podría requerir unos
cien profesionales, entre abogados, historiadores, antropólogos forenses, que tendrían
que reconstruir hechos ocurridos durante los últimos 20 años.
Macher y Bambarén subrayaron la necesidad de que
se precisara claramente en la ley de creación de la comisión que el Estado le brindará
apoyo económico de manera expeditiva para no demorar sus labores. Aunque reconocen que
también se requerirá apoyo de la comunidad internacional.
Dado que esos recursos serán administrados por una secretaría técnica, consideraron
necesario que los integrantes de la comisión designaran a los encargados y que éstos
fueran personas confiables.
En cuanto a la metodología que usará la
comisión durante la investigación, Bambarén sugirió que se establecieran mecanismos
para determinar responsabilidades de manera individual.
Así, en lo concerniente a excesos por parte de militares o policías, sugirió que las
responsabilidades deberían establecerse independientemente de quienes hubieran sido jefes
o subalternos.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
12-05-01
La congresista Martha Chávez manifestó que de
ser cierta la versión sobre el pago de la indemnización a Vladimiro Montesinos con el
dinero asignado para resguardar la frontera en previsión de una invasión de las
guerrillas colombianas, "ello acreditaría, como yo confío, que el ex presidente
Alberto Fujimori no sabía de los actos de corrupción de su ex asesor".
Dijo que si el ex mandatario hubiese sabido de los actos de corrupción de Montesinos no
lo iba a premiar otorgándole 15 millones de dólares de indemnización.
"Si fuera cierto, me prueba que el (ex) Presidente no conocía de las actividades
ilegales de Montesinos, porque si hubiera conocido que Montesinos tenía dinero malhabido
encima no le iba a dar 15 millones de dólares", precisó.
"Esa es mi interpretación", señaló ante las expresiones de desconcierto de
los entrevistadores por tal afirmación.
Además, no encontró censurable que se hubiera considerado darle una indemnización al
controvertido ex asesor del SIN si su salida "evitaba una distorsión al proceso
político peruano".
"Mi opinión personal es que si Montesinos no hubiera sido responsable de ningún
acto de corrupción, y si la salida de él evitaba una distorsión al proceso político
peruano valía la pena. Si con eso se evitaba derramamiento de sangre, se le daba esa
indemnización, aunque no estoy afirmando que eso sea así", anotó la parlamentaria
fujimorista.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
12-05-01
El jurista Fernando de la Flor anunció la
presentación de una iniciativa ciudadana al Poder Ejecutivo para establecer la Comisión
Páginas Limpias, cuyo objetivo será realizar un diagnóstico de lo sucedido con los
medios informativos durante el régimen fujimorista.
Como miembro de la flamante Comisión de Libertad de Prensa y Medios de Comunicación del
Colegio de Abogados de Lima (CAL), informó a La República que otros propósitos de este
grupo serán la identificación de responsabilidades y la aplicación de sanciones para
evitar que esta situación vuelva a ocurrir.
-¿En qué consiste la iniciativa de establecer la Comisión Páginas Limpias?
Lo que pretendemos en el CAL es lanzar una iniciativa para que el gobierno, sea el de transición o el próximo, establezca lo que denominamos la Comisión de Páginas Limpias.
-¿Cuál sería su objetivo?
Su propósito sería hacer un diagnóstico de lo que sucedió con los medios de comunicación durante el régimen fujimorista y que ahora los peruanos constatamos con tanta vergüenza y sorpresa. Es decir, este fenómeno que permitió al gobierno de Fujimori y Montesinos utilizar la perversa estrategia de ofrecer cuotas de poder con dinero mal habido, para luego capturar los medios de comunicación, utilizarlos como un mecanismo de adormecimiento de la ciudadanía y asentar el proyecto dictatorial en la forma que lo hizo.
-¿El diagnóstico servirá para sancionar o para regular a los medios?
La idea no es hacer solamente un diagnóstico, sino también identificar responsabilidades, exigir sanciones y que el país haga una especie de voto explícito de que esto no vuelva a ocurrir. Quiero resaltar que las sanciones deben empezar desde arriba, es decir, por quien ejerciera la Presidencia de la República, Alberto Fujimori, que no puede ahora sumergirse en la impunidad y eludir aquello que siempre negó: ser un ciudadano japonés.
-¿La iniciativa contempla que la Comisión Páginas Limpias sea un grupo especial del Poder Ejecutivo o que sea parte de una instancia superior como la Comisión de la Verdad?
Yo apuntaría a una composición como la que se está dando a la Comisión de la Verdad y a la Comisión Anticorrupción. Creo que el tema amerita un análisis muy reflexivo de lo que ocurrió para que una situación así no vuelva a repetirse.
-Si una de las ideas de esta Comisión es sancionar, ¿no se afectaría la libertad de expresión de estos medios?
Para nada. No creo que haya una afectación a la libertad de expresión cuando se constata que dueños de medios de comunicación, que por lo demás no ejercen el periodismo, sino que ejercen el derecho de propiedad sobre una empresa, llegan a un compromiso como el que todo el país ha sido testigo en los casos específicos de televisoras de señal abierta, comprometiendo su línea editorial e informativa, y más todavía, impidiendo el ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido de la ciudadanía a informarse.
-¿Quiénes integrarían esta Comisión?
Personalmente haría una comisión multidisciplinaria, tal como lo hizo el gobierno de transición en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, debe convocarse a periodistas, abogados, antropólogos, políticos y especialmente siquiatras.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
12-05-01
En disconformidad con la decisión del juzga-do
anticorrupción, la procuraduría solicitaría orden de detención para los dueños de los
diarios "chicha", quienes son investigados por realizar una campaña de
desprestigio contra los líderes opositores al ex régimen de Alberto Fujimori.
Según se informó, el procurador ad hoc para ese caso, César Azabache, apelaría el
mandato de comparecencia dictado por la jueza anticorrupción Magaly Báscones, quien
decidió que los propietarios no sean recluidos en los centros penitenciarios mientras son
investigados.
Rafael y Pablo Documet, directores del diario
"El Chato"; José Olaya Correa, del diario "El Tío"; y Antonio Rivera
Schereiber, del "El Mañanero", "Más" y "La Chuchi"; así
como sus socios José Fernando Olivera y Alejandro Estero podrían ser detenidos por
existir indicios de haber cometido los delitos de peculado, asociación ilícita e
interceptación telefónica.
Esta apelación será evaluada por la sala anticorrupción, la cual deberá resolver si
confirma la orden de comparecencia o decide su detención.
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, los propietarios de estos diarios
recibían aproximadamente US$ 180 mil semanales de Montesinos para apoyar la reelección
del ex mandatario.
Cada portada de ataque a los políticos de
oposición y periodistas de medios independientes valía entre cuatro y seis mil dólares,
dinero que era entregado por el prófugo publicista Augusto Bresani León, sobre quien
pesa una orden de detención.
Según confesó Víctor Alberto Venero, testaferro de Montesinos, el dinero provenía de
una bolsa en la que contribuían los proveedores de armas y equipos de las Fuerzas
Armadas, quienes entregaban US$ 500 mil mensuales al ex asesor.
Entre los principales aportadores están los testaferros Luis Alberto Venero, Juan
Valencia Rosas y Luis Duthurburu Gonzales, además de los proveedores de armas Klaus
Corpancho Kleinike, James Stone y Moshe Roshild.
Fuente : Agenciaperu.com
13-05-01


Fuente : Diario EL COMERCIO Perú
14-05-01
Los congresistas amanecieron hoy con nueva cara,
tras publicarse el domingo las declaraciones juradas de sus bienes y rentas, las cuales
fueron presentadas entre junio y julio del año pasado, antes de asumir su actual mandato
que concluirá el 26 de julio. ¡Y vaya que hay muchas sorpresas!
Esa publicación fue dispuesta por la actual directiva del Congreso como una muestra de la
transparencia de su gestión.
¿Cuánto cuestan los vestidos de la fujimorista
María Jesús Espinoza? La friolera de sesenta mil dólares. Y sus accesorios de
cosmética están valorizados en tres mil dólares, sin mencionar sus joyas personales,
que suman catorce mil dólares.
Pero su colega de bancada Carmen Lozada le gana, porque todas sus joyas y platería valen
25 mil dólares. Luz Salgado fue más modesta al declarar que sus aretes y anillos de oro
no valían más que cinco mil dólares.
En cambio Martha Chávez prefirió invertir 18.500 soles en acciones de Telefónica del
Perú, 21 mil dólares en pinturas de Galdós Rivas, Víctor Humareda, Ángel Chávez,
Vinatea Reinoso, todo calculado en 21 mil dólares y otros 20 mil dólares en joyas.
Otro fujimorista de lujo es Andrés Reggiardo, quien hace un año declaró tener un
terreno de 12.075 hectáreas en Ate-Vitarte valorizado en 3'600.000 dólares, un terreno
de Puente Piedra y una casa en San Borja. Además, declara que gana mensualmente dos mil
dólares como premios en el Jockey Club del Perú.
Otros parlamentarios no se quedan atrás. Anselmo Revilla declaró hace un año ser
propietario de 600 ovejas, 80 vacas y 11 caballos de paso. El "charapa" Rolando
Reátegui tiene seis casas en Tarapoto y dos en Lima, valorizadas en total en 1'100.000
dólares. Pero en Camaná, Helbert Salmavides es conocido como un verdadero capitalista
porque sus bienes muebles e inmuebles alcanzan la tímida cifra de 9'490.000 dólares.
¿Y qué declaró Víctor Joy Way? Entre otras
cosas, dijo tener depósitos en moneda extranjera y certificados en bancos por 420 mil
dólares. Pero si sumamos el valor de sus propiedades, llegan a un 1'570.000 dólares,
cifra ligeramente superior a las casas de su colega Miguel Mendoza del Solar.
¿Cuánto dinero declaró tener Luis Alberto Kouri antes de jurar? Una sola cuenta de
ahorros por 57.200, pero olvidó consignar si eran soles o dólares.
El Club Universitario de Deportes tiene un caro aficionado: Moisés Wolfenson es
propietario de dos palcos de 144.000 en su monumental estadio. Una bicoca si lo comparamos
con sus acciones en Editora Sport, que suman 1'500.000 dólares.
Xavier Barrón, famoso por su eterna defensa de los ancianos, tiene sus antojitos: dos
autos marca Volvo, de 1997 y 1999, y entre sus más preciados bienes declaró una cadena
de oro confeccionada por Salvador Dalí. ¿Cuánto cuesta? Cinco mil dólares. Poco en
comparación con tres abrigos de piel valorizados en 20 mil dólares, sin contar sus joyas
que valen igual.
Marcial Ayaipoma, conocido ganadero, posee cabezas disecadas de caza mayor (tres mil
dólares), pero por nada dejaría sus 45 vacas de lidia de pura casta, dos toros
sementales, seis crías de ganado de lidia y un caballo adiestrado para la lidia.
Gloria Helfer tiene tres casas y dos departamentos en Jesús María, mientras que Susana
Higuchi es una empresaria consumada porque, además del fundo Pampa Bonita valorizado en
220 mil dólares, tiene una chancadora de piedra en Chillón (1'900.000 dólares).
Al parecer los más pobres fueron Juan de Dios Ramírez, quien no declaró nada, y Waldo
Ríos, quien dijo tener dos cuentas bancarias con 75 y 70 soles.
Libros, acciones, óleos, joyas valiosas, menaje y otros detalles
Absalón Vásquez declaró hace un año que sus
ingresos por derechos de autor de libros técnicos publicados y comercializados ascendían
a 160 mil dólares. ¿Sabe cuánto percibía Martha Hildebrandt por sus libros? Mil 252
soles. Pero ahí no acaba su patrimonio: tiene cuadros valorizados en 43 mil dólares,
joyas por 14.500 dólares, pieles por 5 mil dólares y sus libros están calculados en 6
mil dólares.
Pablo Macera declaró que lo más valioso era su biblioteca: 17 mil textos avaluados en
150.000 dólares, amén de su colección de dos mil piezas de arte popular estimada en
80.000 dólares.
Milagros Huamán Lu también es aficionada al
arte, pero de Faiwel Wolfsdors, de quien tiene ocho óleos de incalculable valor
comercial. Además posee dos brazaletes y dos collares de oro con brillantes y un collar y
un brazalete de perlas estimados en diez mil dólares.
Ítalo Marsano dijo tener hace un año bienes inmuebles por 750 mil dólares y 580 mil
dólares en cuentas bancarias del extranjero y Cecilia Martínez del Solar era conocida en
la Bolsa de Valores, de otra forma no se explica que haya invertido 400 mil dólares en
acciones.
El fiscalizador Fernando Olivera ya habrá
cerrados sus tres cuentas de ahorros en el Banco de Comercio y es posible que Martha
Moyano, quien está en la dulce espera, tenga algo más que su reducido menaje hogareño.
Joaquín Ormeño debe ser uno de los principales contribuyentes de la Sunat: 10 millones
de dólares de acciones en el Grupo Ormeño, una casa valorizada en 1'500.000 dólares y
otros 200 mil dólares en utensilios de hogar.
Ahora se entiende por qué Gerardo Saavedra pasó a la historia con su frase Por Dios y
por la plata: es propietario de tres fundos agrícolas valorizados en 2'300.000 dólares.
Otra millonaria es Julia Valenzuela que posee más de un millón de soles en bienes
propios. La no reelecta Patricia Donayre tiene una radio en Iquitos valorizada en 70 mil
dólares, tal como la tiene en Lima Jorge Pollack, con el añadido de un edificio de tres
pisos valorizado en 407 mil dólares.
Fuente : Diario LA REPUBLICA Perú
Mayo del 2001

Pueblo de Chuschi y el laboratorio experimental "de capacitación"
17 de mayo de 1980. Cercana la medianoche. Mientras todo el país se alistaba para votar en las primeras elecciones presidenciales luego de doce años de dictadura, en Chuschi, un apartado poblado de la serranía ayacuchana, Sendero Luminoso inauguraba su ola de sangre y terror quemando las ánforas enviadas desde Lima. El ataque era el punto culminante de un proceso de militarización de la organización maoísta. Por orden de Abimael Guzmán, la lucha armada senderista -aquella vorágine a la que poco faltó para destruir el país- se había iniciado
Escribe David HidalgoAbimael Guzmán pidió la palabra y habló de muerte. Quienes lo escucharon ese día, 19 de marzo de 1980, recordarían aquel discurso como el más inflamado y virulento alegato para iniciar la revolución que había de pronunciar jamás. Sus palabras tenían el matiz mesiánico que precede a las grandes tragedias: "Camaradas -dijo-: ha concluido nuestra labor con las manos desarmadas, se inicia nuestra labor armada (...) Un periodo ha terminado. Sellamos aquí lo hecho, aperturamos el futuro (sic); la clave son las acciones, nuestro objetivo, el poder. Eso haremos nosotros, la historia lo demanda, lo exige la clase, lo ha previsto el pueblo y lo quiere; nosotros debemos cumplir y cumpliremos. Somos los iniciadores".
Guzmán leyó el discurso como un iluminado.
Profetizó la revolución mundial que había de cambiar la faz de la tierra en los
siguientes cincuenta años, citó frases dramáticamente hermosas de Mao, despotricó
contra el imperialismo y denunció las "siniestras hecatombes" maquinadas por
"la reacción". Y a medida que devoraba las líneas, la muerte se filtraba por
su voz.
"El pueblo se encabrita, se arma y alzándose en rebelión pone dogales al cuello del
imperialismo y los reaccionarios, los coge de la garganta, los atenaza y, necesariamente,
los extrangulará -anunció-. Las carnes reaccionarias las desflecará, las convertirá en
hilachas y esas negras piltrafas las hundirá en el fango; lo que quede lo incendiará y
sus cenizas las esparcirá a los confines de la tierra para que no quede sino el siniestro
recuerdo de lo que nunca ha de volver".
Un fanático auditorio, paralizado por la emoción, escuchó sus alucinados alegatos sobre
el fuego negro que se convertiría en rojo, y del rojo que sería la luz. Cuando terminó,
tenía a todos los presentes en el bolsillo: la I Escuela Militar de Sendero Luminoso
estaba lista para iniciar la lucha armada.
Finalmente Guzmán se había impuesto. Apenas
unas semanas antes, los miembros del propio Comité Central de SL no estaban del todo
convencidos sobre la oportunidad de iniciar la "guerra popular" y una corriente
de prudencia amenazaba sus planes.
A mediados de marzo, el Comité Central fue convocado para la Segunda Sesión Plenaria del
partido, un encuentro que debía evaluar el proceso interno de la organización, pero
sobre todo resolver la cuestión fundamental del paso a la acción armada.
El día 17, la sesión preparatoria estableció una agenda de seis puntos, entre los que
destacaban dos: Desarrollar la militarización del partido, y el Plan de acciones para
(el) ILA (Inicio de la Lucha Armada).
Al día siguiente, la plenaria empezó con una larga discusión acerca de las tesis
metodológicas de Mao. En especial el principio marxista ñdesarrollado por el líder
chinoñ de que "el conocimiento teórico, adquirido a través de la práctica, debe
volver a la práctica".
Durante años, Guzmán había preparado las bases teóricas de la insurrección armada en
el Perú y, en la hora, consideraba que las condiciones estaban dadas para iniciar las
acciones. Pero no todos estaban de acuerdo.
En el libro Sendero, Historia de la Guerra
Milenaria en el Perú, el periodista Gustavo Gorriti explica que al momento de producirse
la reunión el tema ya había provocado un historial de discusiones y purgas al interior
del partido.
"El camino había sido largo y accidentado, las interminables lucha de dos líneas
habían sido tristes y fatigosas explica Gorriti. Amistades antiguas y viejas
camaraderías se habían deshecho; se habían abandonado hogares y perspectivas de una
vida normal. Y sin embargo, todo ese camino sólo llevaba al comienzo que ahora se
afrontaba".
En los días siguientes, la reunión profundizó el asunto de la relación entre la
teoría y la práctica. Fue una discusión intensa, que en ciertos momentos involucraba
complejas consideraciones filosóficas, y en otros adquiría, para los asistentes, la
emotividad de un momento histórico.
"Para SL, esa fue la reunión de la Isla del
Gallo. Guzmán, a su turno, fue a ella consciente de que la emoción y el entusiasmo eran
más importantes que el razonamiento ñexplica Gorritiñ. Convencer a los suyos que
estaban en el umbral de una epopeya histórica gigantesca fue su manera de contrarrestar
los llamados de la duda y la prudencia".
Guzmán supo imprimir esas sensaciones en el curso de los debates. En una de las jornadas
citó entusiasta algunos párrafos del Julio César de Shakespeare para referirse a los
mecanismos de la conspiración. Más adelante, mandó leer fragmentos de textos clásicos
de Mao, como Changshaí, Tres poemas breves y Montañas Chingkang. Otro día, tratando de
darle a su postura una dosis de optimismo ante los desafíos, extrajo fragmentos del libro
Vida de Mahoma, de Washington Irving. Y el día de la clausura, cuando debió considerar
que necesitaba un golpe de dramatismo final, hizo leer párrafos enteros de Macbeth.
Era un recurso que Simon Strong, autor del libro Sendero Luminoso, calificaría como parte de la actitud fundamentalista de Guzmán. "El aprendizaje y la repetición de trozos escogidos de los textos son el corazón del adoctrinamiento de Sendero Luminoso. El respeto por la palabra escrita es sagrado".
En el transcurso de una semana y media se había deslindado posiciones, determinado la forma de militarizar el partido y analizado antecedentes de la insurrección armada en el país. La posición de Guzmán se había impuesto definitivamente. El día de la clausura, 28 de marzo, se firmó un acuerdo de siete puntos en el que se hablaba de hacer los últimos ajustes para la guerra. "Comencemos el derrumbe de los muros", rezaba una consigna. Entre las medidas inmediatas estaba la apertura de la Escuela Militar.
Academia del terrorEl partido necesitaba cuadros capaces de iniciar
y, sobre todo, mantener la "guerra popular". El proceso teórico había quedado
atrás, pero pasar a la acción armada requería todavía una fase final. La Escuela
Militar era el paso definitivo hacia la insurrección.
No era una escuela en el sentido tradicional. Se trataba más bien de una suerte de
seminario intensivo de guerra, donde se capacitaría a los mandos en el manejo de armas,
uso de explosivos, tácticas de guerra, técnicas de demolición, comunicaciones
clandestinas, reglaje y contravigilancia.
Todos los futuros mandos militares de SL adquirieron allí el conocimiento necesario para
incendiar el país, bajo la estricta vigilancia de quienes serían los líderes
históricos del movimiento: Augusta La Torre (Nora), Elena Iparraguirre, Feliciano, Osmán
Morote, entre otros.
La Escuela empezó a funcionar el 2 de abril. Pero antes de entrar en la cuestión
táctica, los primeros días estuvieron enfocados en un profundo y extremadamente tenso
proceso de autocrítica, especialmente contra los sectores del partido a los que Guzmán
había vencido durante los debates de la sesión plenaria.
Sólo el día 9, una semana después, los asistentes trataron los asuntos militares,
siempre basados en las tesis de Mao. De cuando en cuando Guzmán retomaba el tema de las
contradicciones internas para reafirmar su liderazgo. Finalmente, la agenda se centró en
el tema militar.
Uno de los primeros puntos fue precisamente el "Plan de inicio" de las acciones.
La idea era realizar pequeños operativos iniciales que precederían a las acciones
guerrilleras: robo en haciendas, dirección de invasiones y ataque a autoridades locales.
La cercanía de las elecciones generales de ese
año se presentaba como un escenario inmejorable para iniciar la guerra, y se discutió
diversas posibilidades para boicotear las elecciones.
En los días siguientes, los asistentes estudiaron tópicos como la filosofía maoísta de
la guerra, las posibles reacciones del Estado, la necesidad de un liderazgo indiscutible
para alcanzar el éxito, formas de organizar guerrillas, y se revisaron antecedentes de
las distintas insurrecciones armadas en el Perú, cada tema tratado con la mayor
profundidad
En la llamada Entrevista del Siglo, una edición
íntegra del periódico senderista El Diario dedicada a Guzmán, el líder maoísta
recordaría con especial énfasis la trascendencia de este encuentro final, tanto como la
sesión plenaria.
"Al término de estos eventos, toda la militancia hizo un compromiso, todos asumimos
ser iniciadores de la guerra popular. Fue un compromiso solemne que luego se hizo en todo
el partido".
El día de la clausura, por la mañana, todos los asistentes tenían la certeza de que
había operado en ellos un cambio trascendental, casi místico, que los ponía en pleno
camino de iniciar la revolución.
Fue entonces que Abimael Guzmán pidió la palabra y habló de muerte.
El inicio de la guerra fue una acción tan
mínima que parecía contradecir las siniestras invocaciones épicas para la insurrección
armada. Apenas duró media hora, y no pasó de la quema de once ánforas.
Fue la noche del 17 de mayo de 1980. El pueblo de Chuschi dormía sin luces. Florentino
Conde Núñez, registrador electoral de la comunidad, había trancado la puerta con una
viga.
Antes de la medianoche, la puerta del local fue estremecida a patadas y alguien gritó
desde afuera. "Somos cabitos", le dijeron.
Florentino abrió la puerta, pero no alcanzó a preguntar de qué se trataba. Lo
derribaron a empujones, le cubrieron la cabeza con una manta, apenas distinguió a una
joven con la mirada encendida por la furia.
Cuatro de los agresores sacaron las ánforas y el resto del material electoral que estaba
guardado en costales de yute. Se dirigieron a la plaza y le prendieron fuego.
Por una calle cercana, otros miembros del grupo quemaron papeles y latas. Media hora
después, se dividieron en dos grupos y fugaron hacia el norte y el oeste.
Florentino corrió a dar aviso al gobernador. El pueblo fue despertando. Alguien dio la
idea de que el profesor de la escuela podía saber algo. Lo apresaron.
Sin perder más tiempo, Florentino debió caminar hasta Cangallo para avisar al Ejército.
El oficial de guardia le ofreció acudir de inmediato. Cuando Florentino volvió al
pueblo, vio que se le habían adelantado por helicóptero: lo recibió la imagen de diez
detenidos boca abajo sobre la plaza.
En un rastrillaje de la zona, los soldados
habían encontrado a un niño que arrastraba un costal entre los cultivos de quinua.
"Es para los compañeros", dijo.
Con sus señas, los efectivos encontraron una casa abandonada. La rodearon. Dentro se
habían escondido seis hombres y una mujer. En la inspección se encontró el sello
electoral.
El hecho fue ligeramente mencionado en la prensa de Ayacucho, cuatro días después. Y en
Lima apenas se le dio atención, en medio de la vorágine de las primeras elecciones en
una década, tras el gobierno militar.
"Chuschi fue un hecho casi insignificante,
pero luego adquirió un sentido épico en la mitología senderista explica el analista
Carlos Tapia. Se le dio una connotación que realmente no tuvo, y sólo pudo ser advertida
cuando se encontraron los primeros documentos de la organización".
En ese momento, no la tuvo. Y aunque el país no se había dado cuenta, el sendero de la
muerte estaba abierto.
Desplazados por la violencia
No todos vuelven
De los 600 mil desplazados que provocó el terrorismo, casi la mitad ha retornado a sus pueblos de origen. El fujimorismo, según algunos cálculos del Programa de Apoyo al Repoblamiento, habría propiciado el regreso de apenas 20 mil personas. Esta cifra, por supuesto, no se conocía, sólo se decía que la paz se había alcanzado y que se luchaba por la reconstrucción de las comunidades devastadas por Sendero Luminoso. Hoy se revela que esa supuesta reconstrucción se hizo a medias, que cientos de desplazados viven en situación de indigencia y que un numeroso grupo de afectados por la guerra todavía permanece en las ciudades por miedo a no encontrar una esperanza para sobrevivir.
Fuente : Diario EL COMERCIO Perú
15-05-01
La publicación de las declaraciones juradas de los congresistas de la República ha causado revuelo en diversos sectores. Para empezar, se supo que la Oficialía Mayor, responsable de encargar la difusión cumpliendo las indicaciones de la Mesa Directiva -según lo establece el Reglamento Interno del Congreso (artículo 8)- habría recibido diversas quejas. Incluso una fuente comentó que una legisladora habría reaccionado de manera ciertamente agresiva.
Su opinión nos interesaEl malestar generado es porque algunos consideran
que es muy peligroso que se conozca qué propiedades tienen, en dónde, así como las
joyas que poseen, entre otros bienes.
Sin embargo, el segundo vicepresidente del Congreso, Henry Pease, explicó que lo único
que se ha hecho es cumplir con la ley y corresponderá al Ministerio Público, a la prensa
y a cualquier persona que lo desee fiscalizar lo publicado. Adelantó que al finalizar el
mandato de los parlamentarios (26 de julio) se volverá a publicar las declaraciones a esa
fecha. Se comprobará si se enriquecieron o no, explicó.
Por cierto, el congresista comentó que si un
ciudadano tiene información en el sentido de que las declaraciones juradas que han
presentado los congresistas no coinciden con la realidad puede presentar una denuncia ante
el Ministerio Público. Añadió que incluso el juez, luego de evaluar el caso, podría
pedir el levantamiento del fuero.
Fuentes confiables consultadas por El Comercio explicaron que al ser una
declaración jurada se cree de buena fe que lo que han puesto es cierto. Sin embargo, si
se descubriese que ha mentido, el declarante podría ser acusado de cometer el delito de
falsedad genérica, penado con cárcel.
Pease recordó que impulsó la ley para obligar a
los altos funcionarios a que presentaran su declaración jurada, pero Alberto Fujimori la
observó dos veces y luego la archivó. Hubo que presentar nuevos proyectos, volver sobre
el debate y a pesar de eso no logramos que saliera. Ahora sabemos por qué.
Precisó que, en el caso del Congreso, las Mesas Directivas anteriores no quisieron
cumplir con lo que la ley establecía.
Por cierto, en los últimos meses ha quedado en evidencia que los personajes que
participaron en la corrupción utilizaban a terceras personas -familiares y amigos- para
poner a nombre de ellos los bienes mal habidos durante su gestión pública. Algunos
especialistas señalaron que en aras de la transparencia el pedido de la declaración
jurada debería hacerse extensivo por lo menos a los familiares más directos.
Al respecto, Pease adelantó que sustentará en el próximo Congreso un proyecto de ley para precisar cómo deben presentarse las declaraciones juradas y para que todos los funcionarios públicos estén obligados a hacerlo.
Quién fiscalizaNuestro Diario consultó con fuentes de la Contraloría quienes explicaron que el Congreso -como un poder autónomo- está sujeto a control sólo en el aspecto administrativo, al igual que el Poder Judicial. Pero como los congresistas tienen un fuero parlamentario y no están sujetos a mandato imperativo no pueden ser procesados abiertamente por la Contraloría. Sin embargo, comentaron que lo que podría ocurrir es que el Congreso le encargue a la Contraloría General que realice un examen especial sobre este tema.
Algunos casosLa congresista María Jesús Espinoza precisó que no gastó 60.000 dólares en prendas de vestir, como figura en su declaración jurada, sino que ése es el valor de la mercadería que tiene en una boutique de su propiedad, la cual, según explicó, funciona desde antes de resultar elegida parlamentaria. También dijo que no gastó 3.000 dólares en cosméticos sino en equipo de cosmetología, pues explicó que hace un tiempo tuvo una peluquería, la cual ya cerró y que ese equipo lo tiene guardado.
Declaración jurada de los congresistas"Con el propósito de saber con qué bienes cuentan y evitar malentendidos cuando terminen su gestión", según palabras del congresista Manuel Masías, los legisladores del Congreso de la República declararon sus bienes y rentas. Hubo muchas sorpresas en los manifiestos, en los cuales algunos padres de la patria señalaron que poseen valiosas joyas, finas pinturas y lujosas residencias, entre otras posesiones. Inclusive, una parlamentaria llegó a consignar que tenía un guardarropa avaluado en 60 mil dólares y 3 mil dólares en cosméticos. ¿Considera usted que este procedimiento debería realizarse siempre que hay una nueva elección de congresistas? ¿Debería pedirse este tipo de declaración a todos los funcionarios públicos?
Fuente : Diario EL COMERCIO Perú
15-05-01
No hay duda de que durante el gobierno
fujimontesinista ocurrieron diversos hechos de corrupción, muchos de los cuales se
habrían cometido al amparo de 45 decretos -entre supremos y de urgencia- dictados secreta
e inconstitucionalmente por el ex presidente Alberto Fujimori y trece ministros que lo
acompañaron desde 1995 al 2000.
Ello se desprende de una investigación realizada por una comisión del Ministerio de
Economía, que permitió detectar que esos decretos se usaron para el presunto
aprovechamiento indebido de 1.140 millones de dólares.
El uso de esos fondos se autorizó mediante 22
decretos de urgencia y 23 supremos, para la supuesta compra de material bélico, sin
mediar licitaciones ni un manejo contable adecuado, según refirió a El Comercio
Beatriz Mejía, presidenta de la comisión.
Ese dinero habría beneficiado a unas 70 personas, entre ellos funcionarios civiles y
militares que habrían creado, en algunos casos, empresas fantasmas en Panamá y Estados
Unidos mediante una serie de testaferros.
La identidad de los presuntos implicados quedará reservada, para evitar que fuguen del
país, en tanto no sean denunciados por el Ministerio Público, instancia ante la cual se
presentarán las denuncias penales correspondientes por los presuntos delitos de abuso de
autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito.
Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete acudió hasta la sede del Parlamento para entregar al presidente del Congreso, Carlos Ferrero, los 52 legajos y 49 anexos correspondientes a la investigación, con el propósito de que se definan sendas acusaciones constitucionales contra Alberto Fujimori y los ex ministros.
Se trata de los ex titulares de Economía Jorge
Camet, José Baca, Carlos Boloña, Víctor Joy Way; de Defensa, César Saucedo, Víctor
Malca, Carlos Bergamino, José Villanueva Ruesta, Julio Salazar Monroe, Tomás Castillo
Meza y los ex presidentes del Consejo de Ministros Efraín Goldenberg, Dante Córdova y
Alberto Pandolfi.
La falta de esos funcionarios radicaría inicialmente en el hecho de haber firmado
decretos supremos secretos, pese a que la Constitución de la República obliga a
publicarlos. El primer responsable de esta situación dolosa sería el ex presidente
Alberto Fujimori.
Los decretos de urgencia no habrían sido
aprobados por el pleno del Consejo de Ministros, pues no figuran en las actas respectivas
de cada reunión.
Las investigaciones permitieron detectar, además, que se suscribieron 46 decretos
secretos entre 1990 y 1994, que no habrían implicado una utilización indebida de fondos
El último decreto secreto dictado por el régimen anterior fue aquel mediante el cual se dispuso la entrega de 19 millones de dólares al Ministerio de Defensa para reforzar la frontera con Colombia, dinero que en la práctica habría ido a parar a manos de Vladimiro Montesinos a modo de "indemnización".
Supuestamente, ese desembolso habría sido ejecutado con el visto bueno del el ex viceministro de Hacienda, Alfredo Jalilie, quien renunció recientemente, a pocos días de conocerse ese hecho. Sobre el particular, el ministro de Economía, Javier Silva Ruete, consideró que no habría razón para sancionar a Jalilie y negó que con ello tratara de pasar por alto alguna falta.
Opinó que los responsables del destino de esos
recursos no serían necesariamente los funcionarios o el ministro de Economía, sino el
titular del pliego que solicitó ese dinero.
No obstante, consideró que si Jalilie y otros cometieron irregularidades serán
descubiertos por la Contraloría General, que ha iniciado una auditoría sobre los manejos
de ese sector entre 1990 y el 2000.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
16-05-01
La ex presidenta del Congreso Martha Hildebrandt
admitió ayer que al cesar el anterior Congreso, en julio del 2000, los legisladores
recibieron cinco sueldos, un promedio de 100 mil soles cada uno.
Explicó que ese pago fue analizado y se acordó por unanimidad en el Consejo Directivo.
Recordó que entonces bastaba con que un solo parlamentario votara en contra para que no
se realizara ese pago.
En esa oportunidad también se pagó a los fallecidos, por lo que las viudas de los
congresistas Gustavo Mohme y Carlos Torres recibieron el 75% del pago total, mientras que
Diego García Sayán y Ketty Solier -los reemplazantes de los fallecidos- cobraron el 25%
del pago total.
Indicó que también recibieron el beneficio los congresistas Abanto Pongo y Manuel Lajo,
a quienes sólo se les pagó el 50%.
Sobre el lucro cesante que reclamarían algunos congresistas, Hildebrandt señaló que a
los actuales parlamentarios les correspondería recibir un sueldo adicional, pues sólo
trabajaron un año.
Rechaza acusaciones
De otro lado, rechazó enérgicamente las
acusaciones formuladas por Lourdes Flores, que insinuaban que la congresista alcanzaría
la cuarta curul de Cambio 90-Nueva Mayoría con base en acciones no del todo claras.
Precisó que cuando se dieron los primeros resultados del JNE ella obtuvo más de 90 mil
votos y ahora alcanza 94 mil. En adelante, dijo, hubo distorsiones, la cifra bajó y la
cuarta curul de su agrupación estuvo en peligro. "Estamos en veremos, lo que no
significa que se haya perdido".
Presentaron cinco reclamos ante el JNE, y esta entidad les dio la razón en uno de ellos,
pues, explicó, había casos en los que en el acta tenían votos, pero en la suma total no
aparecía ninguno. De esta manera, informó que el JNE ha validado los datos que ellos
manejan sobre la información dada por la ONPE.
Piden a funcionarios publicar declaraciones
La Mesa Directiva del Congreso de la República
difundió ayer una declaración de prensa en la que invocaba a los más altos funcionarios
del Estado del régimen anterior y del actual a que hicieran públicas sus declaraciones
juradas de bienes y rentas.
También recalcó que los llamados a cumplir con esta difusión eran los ministros de
Estado, vocales supremos, generales de las Fuerzas Armadas y la Policía, organismos
autónomos, Copri, Cepris, superintendencias, Contraloría, bancos del Estado, autoridades
regionales, alcaldes y regidores.
En la declaración leída por el jefe de prensa del Congreso, Enrique Sánchez Hernani, se
menciona que se publicó las declaraciones juradas de los congresistas en cumplimiento del
Reglamento Interno del Parlamento. También señala que deberán hacerlo al término de
sus funciones, es decir, a más tardar el 26 de julio.
Según se explicó, la publicación se hizo como una manera de dar ejemplo sobre lo que se
considera un deber de los altos funcionarios del Estado, como lo establece el artículo 41
de la Constitución. Por cierto, dicho artículo precisa que las declaraciones juradas de
los altos funcionarios deben publicarse al inicio y al término de su mandato en el diario
oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Justamente este aspecto no está
normado, pero en la invocación que hace el Congreso se pide que se haga sin esperar una
ley especial.
Si bien anima al Congreso un propósito de alentar la transparencia en la gestión y la
fiscalización ciudadana sobre los servidores públicos, el Consejo Directivo lamenta que
varios medios de comunicación hayan relevado aspectos poco serios de las declaraciones.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
16-05-01
Presidenta de la comisión que investigó los decretos secretos del régimen anterior, recomendó denunciar a ex funcionarios del MEF. Considera que la Contraloría no está en capacidad de auditar al MEF.
¿Por qué afirma que los decretos secretos habrían avalado el manejo indebido de US$ 1.141 millones?
Las asesorías jurídicas del Ministerio de Economía crearon un fundamento peculiar para justificar que sean secretos por razones de defensa. Pero eso es inconstitucional. Hemos detectado irregularidades cometidas durante la ejecución de esos decretos. Se abusó del uso de esos decretos para usar recursos de la privatización, hacer transferencias de partidas y endeudamientos externos e internos. Además del aprovechamiento indebido de los fondos, denunciamos el delito de falsedad ideológica y material, porque han inventado gastos que no correspondían ejecutarse con dinero de la privatización.
¿Habrá más denuncias?
Me reservo los nombres de las 70 personas implicadas porque pueden fugar en tanto no se presente la denuncia. Además de funcionarios civiles y militares, hay particulares que obraron como proveedores y testaferros, formaron empresas para negociar con el Estado y luego se desmantelaron.
¿La reserva valió para cometer actos dolosos?
Eso se deduce porque los decretos de urgencia no merecían serlo porque se referían a adquisiciones que no eran para solucionar emergencias. Por ejemplo, algunos eran para comprar tractores chinos o un avión presidencial, que pudo hacerse públicamente. En muchos de los casos, ni se comunicó al Congreso.
Dante Córdova asegura que en su gestión los decretos se debatieron...
Pero hay cuatro decretos absolutamente secretos, firmados por Córdova. Uno de urgencia Nº 46-95 autorizó la transferencia de US$ 30 millones con cargo a los recursos de la privatización para comprar un avión Boeing 737-500 para el presidente. Firmaron también Jorge Camet (Economía), Víctor Malca (Defensa) y Fujimori, quien es responsable directo de la emisión de los decretos. Córdova firmó además el Decreto Supremo 163-95-EF por US$ 11.839 milllones que autorizó la adquisición de equipos para el hospital de la FAP. Estos decretos se usaron para evadir licitaciones y su fiscalización.
Hay varios decretos vinculados a compra de armas...
Por ejemplo, el decreto de urgencia 01-96 que autoriza US$ 40 millones 842 mil para fines de seguridad nacional del sector Defensa. La FAP compró un sistema de radar y misiles a la empresa Laurel Holding con sede en Panamá que queda curiosamente en el mismo lugar de la compañía Treves Intora que vendió los MIG. La comercializadora era una empresa de un presunto testaferro de Montesinos.
¿Cuánto se pagó por ello?
Un total de US$ 16 millones más la compra de un radar de US$ 13 millones. Todo mediante adjudicación directa indebida.
¿Los ministros pueden alegar que no son responsables?
No es así. No hubiera existido irregularidad en la ejecución de esos decretos si su tramitación hubiera sido limpia. Por ejemplo en el caso del decreto que se da para Montesinos sólo decía que era para posibilitar acciones de seguridad nacional. Los ministros firmantes debieron pedir explicaciones. Un ministro o viceministro no puede decir que simplemente recibió órdenes. El viceministro de Hacienda, cajero del Estado, debe decirle al presidente lo que no se debe hacer. Si no le hacían caso, debió renunciar y no sostener un sistema de corrupción.
¿Se refiere a Alfredo Jalilie?
A Jalilie. Es imposible que una persona que ha visto esos actos y que sabe cuál es el procedimiento para aprobar esas compras se haya hecho de la vista gorda para facilitarles decisiones irregulares.
¿Su comisión ha recomendado denunciar a Jalilie?
Para Jalilie y los directores de Presupuesto Público y Tesoro Público, Reynaldo Bringas y Marcelino Cárdenas, porque también estaban obligados a hacer cumplir las leyes. Cuando en enero empezamos las investigaciones, ellos se negaron a entregarnos el presupuesto de 5.400 dólares para la comisión. Nos exigieron una carta fianza, que tuve que tramitar ante el Banco de Crédito, pero nos la negó alegando que nuestra labor era política. Finalmente, tuve que financiar la investigación con mi dinero. Sólo me han devuelto 3.500. Es curioso que con una cifra irrisoria los funcionarios del MEF hagan tanto problema y no hayan actuado así cuando avalaron la tramitación de los decretos secretos por millones de dólares. No hay duda de que estaban fastidiados con nuestra presencia. El banco también tuvo un comportamiento extraño, incluso poco después salió el "vladivideo" donde aparece Dionisio Romero.
¿Jalilie también obstaculizó su labor?
Tuvo una doble actitud. Nos decía que pidamos lo que necesitemos, pero nos mandaba papeles que no servían.
¿Por qué el MEF hizo desembolsos sin reclamar?
Bringas, como director de Presupuesto Público, lo hacía sin tener ni siquiera la copia del decreto respectivo. Cuando hemos preguntado por qué, nos respondieron que no tenían obligación de tener los decretos, lo cual es absurdo. Igual ocurrió en el ministerio de Defensa. Eso demuestra la irregularidad de cómo se manejaron los fondos. Los grandes titulares de cada sector manejaron la ejecución.
Silva Ruete dijo que no veía razón para sancionar a Jalilie...
No sé por qué lo ha dicho. Jalilie tiene la habilidad para relacionarse con las personas. Cuando llegué al MEF, me saludó como si me conociera de hace años, pese a que no lo conocía y me dijo que estaba dispuesto a servirme en lo que sea necesario. Si era así conmigo, como será con los ministros.
Usted mencionó un decreto que implicó US$ 220 millones. ¿A qué se refiere?
El 20-95 es uno de los decretos más millonarios que ha permitido varias compras para el sector Defensa mediante muchas irregularidades. Está firmado por Jorge Camet (Economía), Efraín Goldemberg (primer ministro), Víctor Malca (Defensa) y Fujimori. Supuestamente el dinero debía usarse para el desarrollo de programas de pacificación y lucha contra la pobreza. Se hicieron compras con empresas testaferras, mediante bancos panameños de dudosa reputación. La Superintendencia de Banca no fiscalizó a pesar de que los bancos comerciales dejaron pasar operaciones sospechosas de esas firmas.
¿Han investigado el último decreto de urgencia para entregar US$ 15 millones a Montesinos como "indemnización"?
No tiene lógica que el ex ministro de Defensa Carlos Bergamino diga que fue para indemnizarlo, porque Montesinos no necesitaba dinero. Considero que el decreto fue como pago inicial para financiar la instalación de un equipo de Inteligencia en Panamá, con sus más cercanos colaboradores. El decreto autorizó 69 millones 597 mil soles, casi US$ 20 millones. Devuelven el dinero, porque Panamá no les da asilo. Ya en 1998, un socio de Montesinos comentó a Jaime Mur que juntos prestaban servicios de Inteligencia al Perú a otros países con apoyo de la CIA.
¿Cómo aseguradora de armas, Popular y Porvenir estaría implicada?
Merece una investigación aparte. Según información de la FAP y el Banco de la Nación hay más de cincuenta créditos documentarios que supuestamente debieron ser usados para asegurar naves y otros materiales, pero según esa compañía sólo hubo tres ejecutados ente 1995 y 1997, lo que hace presumir de alguna irregularidad.
¿De quién depende que su informe sea remitido al Ministerio Público?
Del ministro Silva Ruete. Hace diez días quedamos en que se remitía al Congreso y a la Fiscal de la Nación. Presentamos el informe al ministro el 30 de abril.
¿Y por qué se demoró tanto en hacerlo público?
Supongo que el ministro estaba ocupado. No me pronuncié antes porque varios integrantes del equipo firmaron un pacto de reserva, que yo rechacé. No era cosa de Silva Ruete sino de funcionarios del MEF interesados en silenciarnos. Tienen mucho poder. El ministro daba la orden, pero ellos amarraban las cosas.
El ministro dice que la Contraloría investigará al MEF...
No confío en la Contraloría de Higaonna, con influencia fujimorista. Sería mejor una auditoría externa. Habría que reformar la Contraloría, que más bien sirvió para encubrir responsabilidades. Sus inspectores no fiscalizaron al ministerio de Defensa y Economía.
Transferencias no cumplían requisitos
Los bancos de Lima y Wiese (actualmente
fusionados) habrían intervenido en el traslado de montos cuantiosos hacia entidades
financieras del exterior. Estos movimientos habrían favorecido un grupo de empresas
intermediarias en algunas compras de armamento ejecutadas por las Fuerzas Armadas al
amparo de algunos decretos supremos.
Así lo señala el informe de la comisión que preside Beatriz Mejía, en el cual se
advierte además que esas operaciones bancarias se habrían llevado a cabo de modo
irregular, debido a que los fondos transferidos serían manejados por personas o empresas
que ni siquiera tenían RUC o emitían facturas con cargo a compañías en el exterior y
las cobraban domésticamente.
Los nombres de las firmas y los montos implicados se mantienen en reserva hasta que se
presente una denuncia penal en su contra.
La comisión asume que ambas entidades bancarias deberían haber informado de oficio a la
Fiscalía de la Nación y a la Superintendencia de Banca y Seguros, encargada de la
vigilancia que de acuerdo con la Ley de Bancos debe ejercer para prevenir posibles casos
de lavado de dinero a través del sistema bancario.
El informe de la comisión recuerda que la Ley General del Sistema Financiero señala que
los bancos deben verificar la identidad, representación y otros datos de los clientes que
ejecuten transacciones en efectivo de procedencia dudosa.
Argumentos "ridículos"
El actual embajador de Holanda aseguró que "jamás" tuvo ningún indicio de que durante su permanencia en Santiago fuese espiado por el Ejército, calificando las afirmaciones de Montesinos como "argumentos ridículos e infantiles".Preocupado por "ex pareja"
Una de las mayores preocupaciones del diplomático es que se haya involucrado en el incidente a su ex pareja chilena, una dama de la alta sociedad y conocida empresaria, con quien mantuvo una relación pública mientras estuvo en Chile. Balbuena llegó al país en julio de 1996, divorciado de su anterior esposa. Hace un año y medio se reconcilió con su señora, con quien vive en Holanda junto a los dos hijos del matrimonio.- El supuesto espionaje de los servicios de inteligencia chilena a la embajada peruana en Santiago, dado a conocer a través de una cinta grabada por el ex hombre fuerte de Perú, Vladimiro Montesinos, no es el único caso en que las redes del asesor se han mezclado con Chile.
- De acuerdo con informes migratorios peruanos, Montesinos ingresó en seis ocasiones a Chile entre 1994 y 2000, siendo la segunda nación más visitada por el fugitivo después de Estados Unidos.
- Pero sin duda son sus cintas el nexo con nuestro país que más revuelo ha causado en las relaciones bilaterales. No sólo las máximas autoridades de la empresa chilena Lucchetti han aparecido en los "vladivideos". También figura el comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, quien se reunió con el Montesinos en mayo de 1998, durante una visita oficial a Lima.
- Otro vínculo con Chile se conoció hace dos semanas, al revelarse la presencia de micrófonos en la embajada chilena en Lima, puestos en la era de Montesinos según las actuales autoridades peruanas.
Fuente : Diario
EL COMERCIO- Perú
20-05-01
Varios oficiales montesinistas siguen trabajando en el SIN
Varios hombres de confianza del ex jefe real del
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, continúan en ese
organismo, según versiones documentadas obtenidas por este Diario.
Entre éstos se encuentra el coronel EP Fernando Giraldo Delgado, quien hoy ocupa el área
de Subversión. Giraldo fue nombrado por Montesinos jefe de la Dirección Nacional de
Información (DINI). Este oficial aparece en un video recibiendo la felicitación de
Montesinos cuando ascendió a coronel, junto con otros oficiales del entorno del hoy
prófugo Montesinos.
Según fuentes de ese organismo, el trabajo de Giraldo consistía, entre otras cosas, en
entrenar a los agentes que hacían seguimiento a los políticos de oposición durante las
campañas electorales. Tenía a su cargo una red de colaboradores en provincias entre los
que se encontraban algunos periodistas lugareños.
También continúa el comandante Edwin Mendoza Gonzales, quien era el brazo derecho del general Rubén Wong Venegas, el jefe de la Dirección de Informática, a quien se le atribuye el fraude electoral de las elecciones del 2000 que se manejó desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de ese entonces. Mendoza está ahora en la Oficina Técnica de Informática. Wong fue uno de los militares que acompañó a Montesinos cuando éste huyó a Panamá en busca de asilo.
Asimismo continúa el coronel Telmo Guimarey del
Piélago, quien fue nombrado por Montesinos jefe de la Oficina Técnica de Enlace. Su
trabajo consistía en establecer contactos con las diferentes embajadas. En diciembre
último fue pasado al retiro, pero inmediatamente se lo reincorporó. Ahora es jefe de la
Oficina Técnica de Administración, según la información obtenida por este Diario.
Un oficial más conocido por su vinculación con Vladimiro Montesinos y que continúa en
el SIN, es el coronel Lucio Núñez, quien ahora es jefe de la Oficina Técnica de
Personal, encargado de la nueva contratación o reincorporación del personal de ese
organismo.
También existe un caso especial con el coronel
Edgar Camargo Camacho, quien con Montesinos fue jefe de la Dirección de Operaciones
Sicosociales. Camargo dirigía el accionar del argentino Héctor Faisal, autor de una
página web en la que denigraba a los periodistas independientes. Coordinaba con el
prófugo Augusto Bressani el manejo de los diarios chicha a los que se le destinó miles
de dólares para su mantenimiento.
Camargo fue pasado al retiro en diciembre pasado, pero fue mantenido en el SIN hasta fines
de marzo. Se desconoce qué tipo de función realizó en esos tres meses.
Fuentes castrenses atribuyeron la permanencia de estos importantes cuadros al coronel EP Luis Rodríguez Silva, quien asumió interinamente la jefatura de ese organismo a fines del año pasado. Posteriormente, Rodríguez fue separado del cargo por su conocida vinculación con Montesinos, pero ahora no se sabe en qué lugar ha sido reubicado. Rodríguez también fue agregado militar en Chile y se encargaba de recibir a Montesinos cuando éste viajaba a ese país. El actual jefe del SIN, el general Juan Campos Luque, tampoco ha tomado las medidas del caso.
Fuente : Diario EL COMERCIO- Perú
20-05-01
Surge controversia entre posturas nipona y peruana
Tokio. - Alberto Fujimori, el ex mandatario que
permanece autoexiliado en este país desde noviembre del año pasado, no ha tenido
necesidad de renunciar a la nacionalidad peruana para obtener la japonesa, aseguró un
alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores nipón.
El entendimiento que sobre este tema de la doble nacionalidad tiene el pueblo peruano no
es correcto. Allá se piensa que el señor Fujimori ha tenido que renunciar a su
nacionalidad peruana para adoptar la japonesa. Pero él no ha tenido necesidad de hacer
eso, aseguró Noriteru Fukushima, director de la División de Latinoamérica y el Caribe
del Ministerio de RR.EE. japonés.
Ahora Japón no permite la doble nacionalidad y
solicita que la persona decida entre tener la nacionalidad japonesa o la extranjera. Pero
esta ley fue modificada en 1984. Y para las personas que para esa fecha tenían más de 20
años de edad no ha sido necesario que abandonen su nacionalidad extranjera para tener la
japonesa. El interesado puede mantener las dos nacionalidades. Eso se puede interpretar de
la ley, dijo. Fujimori nació en el Perú el 28 de julio de 1938 y el año en que se
modificó la Ley de Nacionalidad tenía 46 años.
Añadió que la obligación de abandonar la nacionalidad extranjera para adoptar la
japonesa se le planteaba a los individuos que han nacido después de 1964. Es decir, a
todos aquellos que hasta 1984 no habían cumplido los 20 años, edad a partir de la cual
una persona es legalmente reconocida como adulta en Japón.
Consultado sobre las declaraciones de Fukushima,
el embajador peruano Luis Macchiavello, dijo: Japón, como país soberano, tiene todo el
derecho de explicar el tema de la nacionalidad japonesa del señor Fujimori de acuerdo con
sus leyes. Sin embargo, la Embajada del Perú estudia esas mismas leyes y nuestra
interpretación no coincide con otras que se han hecho.
Macchiavello mencionó que su preocupación por estudiar las mencionadas normas permitirá
más adelante facilitarle a la justicia peruana la extradición de Fujimori.
Machiavello ha preferido manejar el tema de la extradición con pinzas y perfil bajo. Sin
embargo, el diplomático no ha conseguido que sus gestiones pasen inadvertidas.
La Embajada del Perú nos llama constantemente
para consultas y coordinaciones sobre el caso de Fujimori, sobre todo en lo referido a los
exhortos enviados por la justicia peruana, confesó Fukushima.
Por otro lado, el embajador peruano aseguró que las leyes niponas sí contemplaban la
figura de la nacionalidad predominante. Existe un artículo muy esclarecedor e importante
a partir del cual queda clarísimo que Fujimori es peruano, aplicando el principio de la
nacionalidad predominante. Ojo que me estoy ciñendo a lo que dicen las leyes japonesas,
no a lo que establecen las leyes peruanas.
Según tal norma, el Ministerio de Justicia japonés tiene la facultad de declarar perdida la nacionalidad japonesa del ciudadano en mención si comprueba que la función pública desempeñada por el individuo es extremadamente incompatible con la posesión de la nacionalidad japonesa. Pregunto a cualquiler experto en leyes: ¿Qué función pública puede ser más incompatible con la nacionalidad japonesa que el haber desempeñado el cargo de presidente de un país extranjero?, dice.
¿Cómo hizo para modificar status diplomático?
Otro detalle digno de tener en cuenta dentro de
la enrevesada maraña legal en la que se ha convertido el Caso Fujimori es el status de
visa con el que el ex mandatario llegó a estas islas hace ya medio año.
Según afirmó en su momento la cancillería nipona, Fujimori arribó a este país como
diplomático, status que conservó aun después de renunciar, vía fax, a la presidencia
de su país.
Esta categoría le fue cambiada el 12 de
diciembre del año pasado, cuando el Ministerio de Justicia anunció que Fujimori era
nativo de estas islas.
1Sin embargo, desde mediados de 1999, el Departamento de Inmigración, que se encarga de
expedir los visados correspondientes a los extranjeros que visitan o residen en Japón,
puso en práctica una norma según la cual un extranjero que ingresa a estas islas con un
status de visa no puede cambiar el mismo dentro de Japón.
"Ésta no se puede decir que es una ley,
sino más bien un criterio, una regulación interna que aplica Inmigración de acuerdo a
lo que ellos creen conveniente. Y no sólo se aplica al cambio de visa de turista por la
de trabajo o descendiente (de japonés nikei). Más bien se aplica a todo nivel, según
tengo entendido", explicó una empleada de una muy conocida agencia de tramitación
de visas.
Para realizar el cambio de visado, el interesado debe salir del archipiélago con la
finalidad de recibir su nuevo status.
Éste, por ejemplo, es un trámite común entre los profesores de inglés, personas nativas de países angloparlantes, quienes llegan a Japón como turistas, son contratados por alguna escuela y deben salir a cualquier país donde Japón tenga consulado y que ellos escogen previamente, para recibir el visado. Otra posibilidad, que se aplica especialmente a los ciudadanos latinoamericanos (sean o no descendientes nikkei) es el trámite del Certificado de Elegibilidad.
Este documento es, en realidad, una visa que
tramita en Japón algún pariente del futuro viajero. Una vez aprobado el trámite,
Inmigración emite un documento que debe ser enviado al país donde reside el interesado
(Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, etc.) para que recién con éste, el consulado nipón
en esa nación estampe en el pasaporte la visa correspondiente.
El trámite lo deben cumplir incluso aquellas personas que a pesar de haber vivido por
muchos años en Japón salen al exterior y por algún motivo pierden el visado. Tal es el
caso de muchos descendientes nikkeis.
Fuente : Diario EL COMERCIO- Perú
20-05-01
Por Yolanda Vaccaro
España: Resaltan la conexión de la CIA con militares fujimoristas
Murcia.- El diario "El País" publicó el domingo un reportaje a toda página sobre la conexión de la CIA estadounidense con los generales peruanos que hoy o están encarcelados o han huido del Perú.
"El general Juan Miguel del Águila, jefe de la Oficina Nacional Antiterrorista de Perú hasta el año pasado y más tarde jefe de seguridad de la Policía Nacional, recuerda las frecuentes reuniones con agentes de los servicios de información estadounidenses hasta el momento en el que Fujimori abandonó la Presidencia y huyó a Japón", comienza el artículo.
Indica que este general se encuentra encarcelado porque "está acusado de conspiración en el caso de la bomba que estalló el año pasado en el Centro de Lima, una acción planeada por el Gobierno y de la que se pretendió responsabilizar a los adversarios de Fujimori para dar una imagen radical de ellos".
También cita otros casos, como el de Nicolás Hermoza Ríos, quien "acaba de declararse culpable de haberse quedado con 2.500 millones de pesetas de beneficios ilícitos por venta de armas", pero que "sigue rechazando otras acusaciones más serias de haber aceptado dinero, en concepto de protección, de los mismos traficantes de drogas por los que Estados Unidos estaba pagando a Perú para que luchara contra ellos", según la nota.
"Las detenciones de 18 generales en los seis
meses transcurridos desde la caída de Fujimori entre más de setenta altos cargos
militares y de información de su gobierno contra los que se han presentado acusaciones
penales han levantado un velo que cubría el lado oscuro de la colaboración estratégica
de Washington con Perú durante los años noventa", señala el artículo. Todos los
diarios nacionales publicaron la noticia sobre el estallido de una bomba en el Centro de
Lima. El diario "El Mundo" informó el viernes sobre las especulaciones que
atribuyen el atentado a personajes del entorno de Vladimiro Montesinos y que descartan que
se trate de una acción de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Fuente : Diario LA REPUBLICA Perú
23-05-01
Ex integrante del SIN revela valiosa información de las entrañas del horror fujimorista
Las entrañas del horror del grupo Colina se van develando poco a poco. Según lo investigado por la subcomisión parlamentaria que determina los vínculos del ex presidente Alberto Fujimori con delitos de lesa humanidad, se ha corroborado que la muerte del dirigente sindical Pedro Huilca Tecse también fue obra de este tenebroso aparato paramilitar.
Luego de haberse recogido varios testimonios de
ex integrantes del grupo Colina se conoció que ellos estuvieron a cargo de la ejecución
a sangre fría del líder de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) la
mañana del 18 de diciembre de 1992.
Huilca, el más popular de los dirigentes de la central sindical, gracias a su don de
convocatoria había programado una ola de protestas durante todo 1993 contra las medidas
antilaborales del gobierno fujimorista. Se había convertido así en un peligro para las
pretensiones de la dictadura Fujimori-Montesinos.
El Poder Judicial, coludido con la Policía Nacional, se encargó de hacer recaer la
responsabilidad del asesinato de Huilca a comandos subversivos de Sendero Luminoso.
Además, en 1997, el congresista fujimorista Anselmo Revilla archivó una investigación
que contaba con nuevas pruebas sobre la relación entre el aniquilamiento del dirigente y
el grupo Colina. De esta forma la autoría del asesinato se trató de ocultar durante más
de ocho años.
Testimonio clave
"Existe un testimonio de una persona en
especial que dice fue seleccionada para cometer el crimen de Huilca, pero que no
participó porque ocurrió una situación adversa", mencionó el presidente de la
subcomisión que investiga a Fujimori y la violación de derechos humanos en su régimen,
Daniel Estrada, quien por razones de seguridad omitió decir el nombre del testigo.
La subcomisión, dijo, también ha recibido testimonio de que Mariella Barreto era un
miembro activo del grupo Colina y que incluso participó, junto a otras 9 personas, en el
ataque y asesinato de Huilca Tecse. La llamaban la "Jefa" por sus vínculos
sentimentales con el jefe del grupo paramilitar Martin Rivas.
También, explicó, ha quedado comprobado que el tenebroso grupo Colina perpetró el
secuestro y asesinato de los 9 estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta,
así como de la masacre de 15 personas en un solar de Barrios Altos.
El grupo de sicarios, compuesto por 30 miembros, entre operativos y administrativos, se
habría dedicado a asesinar abogados encargados de la defensa de presuntos sediciosos. Al
respecto, la subcomisión cuenta con una relación de fechas, lugares y modos de actuar.
Empresa de la muerte
Según las versiones recogidas por la
subcomisión Estrada, Colina llegó a convertirse en una empresa oficialmente constituida
con acciones repartidas entre sus miembros. Se dedicaba a la consultoría de obras de
ingeniería y en un determinado momento abrió una oficina de atención al público.
"Este grupo no actuaba dentro del Ejército. Si bien eran miembros de esta
institución, no se encontraban en ese ámbito. Los Servicios de Inteligencia del
Ejército no tenían competencia sobre ellos, sólo estaban bajo las órdenes de Vladimiro
Montesinos", mencionó Estrada.
De acuerdo a los testimonios recogidos, el día en que se creó este grupo siniestro, en
1991, hubo una ceremonia especial con brindis y almuerzo incluido en las oficinas de la
Comandancia General del Ejército. El cargo en ese entonces era ocupado por Nicolás de
Bari Hermoza Ríos.
Además en las testimoniales fue implicado Santiago Fujimori. Un testigo relató haber
escuchado a Rivas que pediría los recursos financieros necesarios para el funcionamiento
del grupo al hermano del ex presidente. La versión, sin embargo, fue desmentida horas
después por el entorno de Santiago Fujimori.
Fiestas en el SIN
También se confirmó que luego de la masacre de
Barrios Altos en que se asesinó a sangre fría incluso a un pequeño niño, los hombres
de Montesinos se fueron con Martin Rivas a celebrar el cumpleaños de éste en un lugar
exclusivo. El mismo Fujimori llegó a felicitarlos después de esta matanza, dijo Estrada.
Los crímenes más atroces no eran sancionados y, por el contrario, los agentes recibían
grandes recompensas como asignaciones extraordinarias en dólares. Montesinos se encargaba
de entregar las felicitaciones del ex presidente Fujimori por los operativos realizados.
Asimismo las declarativas tomadas muestran algunos indicios para sospechar que la
agrupación Colina tuvo sus antecedentes en el grupo paramilitar "Rodrigo
Franco" imputado al ex ministro del Interior Agustín Mantilla.
Fuente : Diario LA REPUBLICA Perú
23-05-01
Al menos uno puede acceder a la reducción de la pena, dice Francisco Soberón
Paramilitares quieren beneficios a cambio de información
Por María Elena Castillo
Los miembros del Grupo Colina estarían buscando
intercambiar información privilegiada sobre los asesinatos que cometieron durante el
régimen del ex presidente Alberto Fujimori, para alcanzar una reducción de penas en caso
de ser llevados a la justicia.
Trascendió que en las últimas semanas, varios miembros de dicha organización
paramilitar intentaron comunicarse con periodistas y miembros de organizaciones de
derechos humanos para brindar nombres de los personajes de alto nivel que estuvieron
involucrados en los crímenes del Grupo Colina y sondear sobre la posibilidad de reducir
las penas a las que pudieran ser condenados en un proceso penal.
Al parecer, además del mayor (r) Santiago Martin Rivas, quien lideraba el Grupo Colina,
habrían hecho repentinas apariciones el capitán (r) Carlos Pichilingüe y el técnico
Juan Supo, ambos participantes en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
De esta manera, pretenderían negociar penas menores a cambio de pruebas que podrían
implicar al ex presidente del Comando Conjunto general (r) Nicolás de Bari Hermoza, el ex
jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) general (r) Julio Salazar Monroe, al ex
asesor presidencial Vladimiro Montesinos y al propio ex mandatario Alberto Fujimori.
Quieren beneficios
El director de la Asociación Pro Derechos
Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, señaló que los indicios hacen pensar que tanto Martin Rivas como otros
agentes que estuvieron involucrados con el grupo Colina están tras el beneficio a cambio
de colaboración.
Sin embargo, sostuvo que en el tema de violación de los derechos humanos las concesiones
son mucho más limitadas que las que puede otorgar la ley especial para colaboración
voluntarias en casos de corrupción.
Dijo que está excluida la exención o la anulación de la pena, pero es posible que, al
menos, uno de ellos pueda acceder a una reducción de la sanción, si se acoge a la
llamada "confesión sincera".
Con orden de captura
Así mismo, Soberón señaló que Martin Rivas,
así como otros miembros de la agrupación paramilitar, tienen orden de captura, por lo
que deben ser detenidos por las autoridades policiales si no se ponen a derecho.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
Sofía Macher, desestimó el pedido del ex jefe del Grupo Colina de presentarse sólo ante
la Comisión de la Verdad, pues en este momento tiene un proceso abierto al que debe
responder por el asesinato de 16 personas cometido en noviembre de 1991, en Barrios Altos.
"Tienen una responsabilidad de la que no pueden rehuir. Y deben ponerse a derecho
para responder por los crímenes que cometieron", demandó.
En tanto, los deudos de los 9 estudiantes y el
profesor de La Cantuta que fueron asesinados por el Grupo Colina en julio de 1992 demandan
que tanto Martin Rivas como el resto de los miembros de la organización paramilitar sean
sancionados.
"Es la única manera de que no haya impunidad, de que los militares no piensen que
pueden volver a matar a nuestros hijos o a nuestros esposos, sin que haya justicia",
clamó Raida Condor, madre de uno de los estudiantes asesinados.
Mientras que Gisela Ortiz Pereda, hermana de otro de los estudiantes, señaló que las
afirmaciones de Martin Rivas comprueban que él no actuó solo, y que detrás de ellos
estaban los más altos mandos.
"Yo vi a Martin Rivas"
Tomás Livia Ortega, sobreviviente de la matanza
de Barrios Altos, reconoció al mayor (r) Santiago Martin Rivas, como uno de los
criminales que lo acribilló e intentó asesinarlo aquel nefasto 3 de noviembre de 1991.
"¿Por qué ahora da la cara y dice que hablará la verdad, confiesa que participó
en La Cantuta y Barrios Altos, cuando siempre lo negó?", inquirió el hombre que
recibió más de una decena de balazos en el cuerpo.
"Yo lo vi. El pensó que ya me había
matado. Yo estaba tirado en el suelo y quise levantarme cuando pensé que había terminado
la matanza. Entonces él salió del callejón y quiso rematarme", recordó.
Relató que en ese momento Martin Rivas ya no llevaba el pasamontañas puesto y por eso
pudo ver su rostro con claridad.
"Me tumbó con la cacha de su arma y me dijo: Terruco maldito, te tocó la hora. Yo
me protegí la cabeza con las manos y sentí que me entraban las balas, hasta que me
desmayé", refirió.
Livia nunca olvidó sus facciones y lo reconoció inmediatamente cuando los medios de
comunicación comenzaron a publicar fotos de los miembros del grupo Colina.
"Que se entregue, que diga qué otras cosas ha hecho, que vaya a la Comisión de la
Verdad para que se aclare todo y que lo sancionen por todas las personas que mató",
demandó.
El ministro del Interior, Antonio Ketín Vidal Herrera, aseveró ayer que la detención de los más cercanos colaboradores de Vladimiro Montesinos, el empresario José Lizier e Ilan Weil Levy, en Panamá y Argentina, respectivamente, debe ser entendida por los prófugos de la justicia como una advertencia de que en cualquier momento serán ubicados y detenidos.
"No hay deuda que no se pague ni plazo que
no se cumpla. Este adagio funciona muy bien para este caso", enfatizó Ketín Vidal a
su salida de la comisión de presupuesto del Congreso de la República, donde expuso las
razones para ampliar recursos en su sector en razón del recorte presupuestal establecido
por la ley de Racionalidad y Límites en el gasto del sector público para el año fiscal
2001.
Vidal se mostró complacido por las capturas de Lizier y Weil Levy e indicó que en el
caso del primero, propietario de velero "Karisma", al ser intervenido en Panamá
sólo corresponde a la Policía Nacional del Perú intervenir en el ámbito de la
Interpol.
"La Policía Nacional a nivel de la Interpol
será la encargada, cuando ya se agoten los recursos legales, de ir a recibirlo y ponerlo
a disposición de las autoridades judiciales para que (Lizier) responda por los cargos que
pesan en su contra", manifestó en su breve encuentro con lo prensa.
Respecto al caso del ciudadano Levy, sostuvo que su situación debe servir como ejemplo de
lo que suele suceder en la vida real con las personas que tienen cuentas pendientes con la
justicia.
Fuente : Diario LA REPUBLICA Perú
23-05-01
La elección debe ser pública y candidatos garantizar
La Comisión de la Verdad que investigará los
casos de violación de derechos humanos ocurridos en el país entre 1980 y el 2000, cuya
instalación oficial podría concretarse este fin de semana, estará dirigida por siete
comisionados, quienes deben reunir los requisitos de independencia, reconocimiento
nacional, trayectoria democrática y honorabilidad.
Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, uno
de los organismos que participó en la elaboración de la propuesta, sostuvo que los
comisionados deberían ser designados en un proceso público, que incluya la publicación
de la lista de propuestas y un plazo no mayor de una semana para presentar tachas.
Macher dijo que la "importancia de la Comisión de la Verdad debe caer en la
legitimidad de los comisionados", porque si no son personas que no cuentan con la
confianza necesaria los peruanos no van a dar su testimonio.
En dos semanas después de su instalación, la Comisión de la Verdad debe contar con sus
comisionados.
Apenas sean elegidos, los comisionados deben
organizar el trabajo que van a realizar y contratar a un secretario ejecutivo, la persona
clave para dar apoyo técnico a la Comisión de la Verdad.
Entre las primeras tareas de los comisionados estará reunir al equipo de profesionales
que van a apoyar a los comisionados, elaborar el presupuesto, definir la metodología de
investigación, instalar oficinas regionales, buscar financiamiento del Estado peruano
(que asigne una partida para el próximo año). Además, tomar alguna iniciativa para
buscar cooperación internacional.
Fuente : Diario LA REPUBLICA Perú
23-05-01
Hasta cuatro empresas proveedoras de equipos
bélicos de origen israelí controlaba el empresario Ilan Weil Levy, prominente miembro de
un poderoso grupo de traficantes de armas que lideran Tzvi Sudit Wasserman y James Stone
Cohen. Sin embargo, el proceso abierto contra Weil se debe a su participación en la venta
de tres aeronaves de combate MiG-29-SE y el cobro de una millonaria coima.
Vladimiro Montesinos Torres delegó a sus socios James Stone Cohen y a Ilan Weil Levy las
negociaciones con los representantes de la empresa rusa exportadora de armas,
"Rosvoorozuhenie", para la adquisición de los tres cazabombarderos para la
Fuerza Aérea del Perú.
El contrato se firmó en el local del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN), el cuatro de julio de 1998, con la presencia del mismo
Montesinos, la cúpula de la FAP y el entonces ministro de Defensa, general EP César
Saucedo Sánchez. Los rusos cobraron US$ 126 millones 291 mil 029 dólares.
Según el procurador ad hoc José Ugaz Sánchez Moreno, en las cuentas descubiertas en
Zurich, Suiza, a nombre de Montesinos y su mujer Trinidad Becerra Ramírez, por un total
de US$ 40 millones de dólares, se detectaron transferencias realizadas por la compañía
"Rosvoorozuhenie". El dinero sería parte del pago de "comisiones" por
la participación del ex asesor en la consumación de la operación entre los rusos y la
FAP.
En las mismas cuentas de Montesinos se detectaron
transferencias vinculantes con cuentas de James Stone Cohen e Ilan Weil Levy, a quienes el
ex asesor les habría transferido parte de los sobornos como compensación por haber
negociado con la exportadora estatal rusa de armamento.
En el caso de Ilan Weil, se determinó que abrió dos cuentas en el Bank Leumi y el Fibi
Bank, días antes y posteriores a la firma del contrato entre la FAP y los rusos por los
tres MiG-29-SE, realizada el cuatro de julio de 1998. El 18 de junio de ese año, a nombre
de la compañía "Lenwick Trading Inc.", Weil abrió la cuenta 16430 en el Fibi
Bank por 7.2 millones; y a nombre de "Hawkeye Management Limited", abrió la
cuenta 225334 en el Bank Leumi, el ocho de julio de 1998. Allí escondía 15.1 millones de
dólares.
Montesinos delegó las negociaciones a Stone y
Weil para la compra de los tres MiG-29-SE, porque los rusos no querían saber nada con los
empresarios que participaron en la venta de los 36 aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 de
Bielorrusia. Stone y Weil tenían otro negocio aparte que heredaron del israelí Tzvi
Sudit Wasserman, quien fundó la empresa "Sutex S.A." a principios de los años
ochenta. Ambos eran empleados de Sudit y posteriormente se convirtieron en sus socios.
Stone y Weil no sólo asumirían el control de "Sutex" sino también de
"Hightech Technology", "Welin S.A.", "Remco del Perú" y
"Trading Company Limited".
Entre todas las empresas, de acuerdo con estimados de las comisiones parlamentarias
presididas por los congresistas David Waisman y Pedro Morales Mansilla, se calcula que en
el pasado régimen vendieron al Ejército y al Ministerio del Interior más de US$ 400
millones.
Según el diario La Nación de Buenos Aires, Weil
fue arrestado a las seis de la tarde en el lujoso barrio de la Recoleta, al poco tiempo de
llegar a Buenos Aires. Cuando fue arrestado por la Interpol, el traficante de armas no se
resistió y tampoco manifestó sorpresa alguna. Parecía que esperaba ser detenido en
cualquier momento, ya que viajaba con su pasaporte a su nombre.
La última vez que salió de Lima, de acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones,
fue el 24 de noviembre del año pasado, con destino a los Estados Unidos. Unas semanas
antes, en octubre, la fiscal de Zurich, Cornelia Cova, comunicó al procurador José Ugaz
del descubrimiento de las cuentas de Vladimiro Montesinos relacionadas con otras de Ilan
Weil y James Stone.
Por esos días, se difundió el
"vladivideo" que registra la fiesta de cumpleaños de la hija del ex asesor,
Samantha, en el local principal del Servicio de Inteligencia Nacional. En el ágape
aparecen la fiscal de la Nación, Blanca Colán Maguiño, Montesinos y su esposa Trinidad
Becerra, así como James Stone y su cónyuge.
Las imágenes confirmaban la estrecha vinculación de Montesinos con el hombre que
monopolizó la provisión de material de guerra de origen israelí y que intervino en las
negociaciones con los rusos para la compra de tres MiG-29-SE.
Hace algunas semanas, el programa "Contrapunto" de Frecuencia Latina reveló un
video grabado en 1993 en el que se observa a Tzvi Sudit Wasserman presentando al entonces
jefe del Ejército, general Nicolás Hermoza Ríos, un sistema electrónico de tiro que le
había vendido su empresa "Sutex". Entre los invitados aparecen James Stone e
Ilan Weil, socios de Sudit.
Durante la gestión del general Víctor Malca
Villanueva como ministro del Interior y luego como titular de Defensa, entre 1991 y 1996,
y del general Nicolás Hermoza como comandante general del Ejército, Sudit y sus socios
vendieron millones de dólares en equipos militares, bajo la protección de Vladimiro
Montesinos.
Para aparentar que participa en supuestas licitaciones transparentes, Weil y su socio
Stone presentaban sus ofertas por intermedio de varias empresas, modalidad con la que se
aseguraban la adjudicación directa.
Pero también hubo ocasiones en que el general Hermoza violaba toda norma para favorecer a
las empresas de sus socios, realizando compra directas. El 22 de setiembre de 1993,
mediante la Resolución Ministerial Nº 0844-93-DE/EP/DINTE, y con la autorización del
general Víctor Malca, el general Hermoza le compró a "Sutex" un Sistema de
Comunicación de Datos (COMDAT) para la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE),
por US$ 2 millones 873 mil.
Aunque en la resolución se afirma que se invitó a "empresas postoras", no
consigna cuáles fueron, como obliga las normas de adquisiciones para las reparticiones
estatales y militares.
Aprovechando el conflicto con Ecuador, en 1995 Malca y Hermoza compraron millones en
material de defensa a Weil y Stone: un lote de 2,500 fusiles "Galil" por US$ 2
millones 740 mil; 30 unidades móviles semiorugadas por US$ 1 millón 795 mil; diez mil
fusiles "Galil", repuestos y munición por US$ 12 millones 980 mil.
Después del conflicto, Malca y Hermoza siguieron
comprando al dúo Weil y Stone: ocho mil fusiles "Galil", más munición y
repuestos, por US$ 13 millones 148 mil, el 26 de junio de 1996; un lote de 26 mil
cacerinas para "Galil" por US$ 881 mil 339, el19 de agosto de 1997; un
"Equipo para Fuerzas Especiales" de origen israelí para armar una unidad de
élite, por US$ 1 millón 486 mil, el cinco de febrero de 1998; y otro lote de mil fusiles
"Galil" más munición por US$ 3 millones 842 mil, el 26 de marzo de 1999.
Aparte de "Sutex", Weil y Stone formaron "Welin S.A.", y operaban
empresas bajo la denominación "Hightech Technology", "Remco Perú" y
"Trading Co. Ltd.". Todas son proveedoras de equipos militares de origen
israelí.
El general Nicolás Hermoza aceptó que tenía en bancos de Suiza alrededor de US$ 20
millones, provenientes del pago de "comisiones" por la compra de armamento. La
procuraduría espera que confirme que entre los principales vendedores de material bélico
que le abonaron sobornos se encuentran sus viejos amigos Ilan Weil Levy, James Stone Cohen
y Tzvi Sudit Wasserman.
También al Ministerio del Interior las empresas de Weil y Stone vendieron millones:
vehículos "Storm" M-240, vehículos multipropósito M-462, vehículos
antimotines y camiones portatropas por US$ 28.2 millones.
Asimismo el dúo proveyó hasta 70 mil granadas lacrimógenas, cámaras fotográficas y
repuestos para aviones "Slander" por 2.9 millones. Y no se mencionan las ventas
que hicieron a la Marina y la FAP.
Nacido el 25 de abril de 1951 en Israel, casado con la peruana Ana María Echevarría
Ramírez, y padre de dos hijas, Ilan Weil Levy tendrá la oportunidad de relatar los
pormenores de uno de los negocios más lucrativos que le facilitó el pasado régimen,
bajo la tutela de Vladimiro Montesinos Torres.
Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
25-05-01
Procurador Ugaz desnuda organigrama de la mafia; Joy Way era el brazo político
El ex presidente Alberto Fujimori Fujimori ya puede ser extraditado por la gravedad de los delitos en los que está comprometido, ya sea como actor directo o en complicidad con su asesor Vladimiro Montesinos Torres, afirmó ayer el procurador ad hoc José Ugaz Sánchez Moreno
Precisó que su extradición inmediata se verá
paralizada mientras Japón continúe considerándolo un ciudadano japonés. "La ley
japonesa niega la extradición de sus ciudadanos. Esto paraliza cualquier acción de las
autoridades peruanas a menos de que lo dejen de considerar un ciudadano japonés",
explicó Ugaz.
El procurador señaló que no obstante Fujimori podría ser procesado por violaciones de
los derechos humanos, como torturas y ejecuciones extrajudiciales, en las que, en el marco
de los tratados internacionales, existe jurisdicción internacional.
Recordó el caso del ex presidente chileno
Augusto Pinochet, procesado en España por violaciones de derechos humanos y detenido en
Inglaterra. "Un Garzón japonés podría procesar a Fujimori en Japón por delitos de
lesa humanidad", subrayó.
Explicó que existe una serie de evidencias de que Fujimori habría tenido participación
por omisión o comisión en una serie de delitos durante los 10 años en que permaneció
al frente del gobierno. "En algunos casos actuó sin Montesinos, dirigió su propia
organización delictiva".
También es directo responsable del golpe de
Estado de 1992, la intromisión en la compra de equipos para la defensa aérea y en el
manejo económico de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, dijo.
Igualmente, en los presuntos asesinatos extrajudiciales en la embajada del Japón, la fuga
de Montesinos y la entrega ilegal de 15 millones de dólares, el allanamiento ilegal del
domicilio de su asesor para ocultar pruebas en su contra y abandono ilegal de cargo.
El procurador lamentó los cambios ocurridos en las fiscalías anticorrupción.
"Representan un durísimo golpe a la institucionalización de la lucha contra la
corrupción. El fiscal coordinador tiene participación importante en los procesos de
negociación, por lo que su cambio retrasará el trabajo", precisó.
Más de 500 investigados
El procurador hizo estas declaraciones al
presentar un balance de sus indagaciones. Indicó que existen 532 personas investigadas
por pertenecer a la organización de Montesinos, de las cuales 321 están a nivel de la
fiscalía y 211 con proceso judicial abierto.
De estos procesados, 61 están detenidos en el penal de reos primarios San Jorge. Otras 15
personas tienen arresto domiciliario, 114 con comparecencia, dos detenidos en el
extranjero (Ilán Weil Levy y José Lizier Corbetto) y 35 prófugos.
Señaló que se ha logrado bloquear 153 millones de dólares en el exterior en cuentas de
integrantes de la mafia fujimontesinista. De este dinero, con el apoyo del gobierno de
Estados Unidos, en breve se podrá repatriar US$ 15.5 millones de las cuentas que por 19
millones de dólares tiene en ese país Víctor Alberto Venero.
Además, informó que en el país se han embargado 123 inmuebles por un valor de 18
millones de dólares y 92 automóviles valorizados en un millón de dólares.
Joy Way, la conexión
Anotó que las investigaciones permiten establecer un organigrama de la organización. En la cúspide de esta mafia se encontraban Montesinos, Fujimori y el general Nicolás Hermoza Ríos mientras estuvo en el gobierno. Ugaz indicó que el congresista Víctor Joy Way era el enlace político de Montesinos, y que los colaboradores más cercanos del ex asesor fueron la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán; el destituido vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano; los ex miembros del Jurado Nacional de Elecciones Rómulo Muñoz Arce y Alipio Montes de Oca; los coroneles Huamán y Manuel Aybar; los empresarios Luis Alberto Venero y Juan Valencia; los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas y algunas otras personas que no identificó porque aún son investigadas.
La identidad de otros tres integrantes de este
grupo no fue revelada por que se han acogido, dijo, a la ley de beneficios por
colaboración.
El procurador dio a conocer que existen 20 negociaciones en curso con personas que están
entregando información sobre las actividades de la mafia fujimontesinista a cambio de
beneficios procesales. Esta negociación pasa por fases de recojo de información, pre
acuerdo, verificación, acuerdo y aprobación de lo acordado.
Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
25-05-01
Pero estas cifras no reflejan lo que en el fondo
ha logrado determinar la procuraduría y es que la opinión pública ya conoce cómo
funcionaba lo que se ha denominado la Organización Montesinos, en todos los ámbitos:
político, electoral, judicial, militar y de negocios. Además se ha determinado los
personajes más representativos de la organización en cada uno de esos sectores.
Un caso flagrante es el del congresista Víctor Joy Way, quien continúa en funciones
parlamentarias a pesar de que el procurador Ugaz hizo ayer lapidarios comentarios sobre la
labor que desempeñaba en la organización criminal. Según informó, en el ámbito
político Joy Way habría sido la persona más cercana a Montesinos.
Joy Way aparece vinculado no solamente con un
patrimonio injustificable sino como la persona que llevaba permanentemente a distintas
personas del ámbito empresarial y político a contactarse con Montesinos. Se convierte en
una persona de enlace entre Montesinos y terceras personas, explicó Ugaz en conferencia
de prensa en el Ministerio de Justicia.
Recordó que al congresista se le han descubierto cuentas en el extranjero y que además
ha confesado que no pagó un solo dólar de impuestos por los nueve millones de dólares
que, según él, tienen un origen lícito en actividades con empresas chinas.
Explicó que funciones similares cumplían José
Francisco Crousillat y el ex congresista Óscar Medelius, quien además está vinculado a
la investigación de la falsificación del millón de firmas.
Otras figuras representativas han sido Blanca Nélida Colán y Alejandro Rodríguez
Medrano, en el ámbito judicial; Alipio Montes de Oca y Rómulo Muñoz Arce, en el ámbito
electoral, José Villanueva Ruesta, Elesván Bello, Antonio Ibárcena, Eduardo Bellido
Mora y Fernando Rodríguez Zabalbescoa, en el militar y Alberto Venero y Juan Valencia en
el de negocios.
La procuraduría también ha determinado las
fuentes de financiamiento de la organización. La mayor parte de los ingresos ilegales
provenía de comisiones que cobraban por las compras que el Estado Peruano realizaba.
El Estado luego de determinar las adquisiciones que iba a realizar efectuaba pagos al
proveedor en cuentas extranjeras y luego se derivaba una parte a pagar comisiones ilegales
a miembros de la organización Montesinos en cuentas en el extranjero y en el Perú.
Si bien es cierto que los esfuerzos de la
procuraduría aún no han logrado que retorne al Perú parte del dinero depositado en las
cuentas de los integrantes de la organización, Ugaz aseguró que las negociaciones están
bien avanzadas especialmente con las autoridades de Estados Unidos y Gran Caimán.
Relató que había conversado telefónicamente con la fiscal de Florida quien le informó
que es probable que lleguen a un acuerdo con los abogados de Venero que posibilitaría
repatriar en muy poco tiempo 15,5 millones de dólares que serán depositados directamente
en el Tesoro Público.
También se ha determinado que la organización
de Montesinos administraba dos tipos de dineros ilegales. Uno iba a su beneficio personal
y otro para formar una especie de caja para gastos operativos.
Todos los meses las FF.AA. y la PNP tenían que entregar una suma de 4 millones de
dólares mensuales a Montesinos. Además se sumaban algunos aportes eventuales que a veces
Montesinos colectaba entre sus colaboradores dependiendo de lo que necesitaban, así como
dinero que era retirado ilegalmente del presupuesto reservado del SIN.
La procuraduría ha establecido que el dinero
ilegal que obtenía Montesinos venía de cinco fuentes. La más importante es la de
comisiones ilegales por adquisiciones (armamento, aviones, etc.); extorsiones a través de
la maquinaria judicial dominada por Montesinos; operaciones financieras y comerciales
(caja de pensiones militar y policial); cupos impuestos al tráfico ilícito de drogas y
afectaciones del Tesoro Público (pretextando urgencias a través de decretos secretos).
De este dinero ilegal se benefició principalmente Montesinos, sin descartar al presidente
de la República de quien se ha venido recibiendo información relativa a cobros directos
de dinero de procedencia ilegal, información que está en proceso de verificación.
Ugaz agradeció a todas las personas que han colaborado con la investigación, fiscales y
jueces anticorrupción, policía nacional, cuerpo diplomático, autoridades del extranjero
y a los gobiernos de EE.UU., Gran Caimán y Suiza.
Fuente: Diario LA REPUBLICA Perú
26-05-01
El gobierno de Japón no dará ningún paso para
llevar a cabo la extradición del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, mientras no
reciba la denuncia oficial por el presunto delito de homicidio que se le imputa, informó
ayer el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores del país nipón, Daisuke Matsunaga.
Afirmó, en rueda de prensa, que el gobierno nipón hasta el momento no ha tomado medida
alguna para hacer frente a una posible petición de Perú, a fin de cooperar en este
trámite ya que la considera una "situación hipotética".
Sin embargo, Matsunaga precisó que Japón sólo
mantiene un tratado de extradición con Estados Unidos desde 1980 y ñexplicóñ en los
últimos diez años se aplicó con la entrega de diez individuos de diversas
nacionalidades a ese país.
Japón, al reconocerle la nacionalidad al ex mandatario, impide el proceso de
extradición, debido a que sus leyes prohíben entregar a sus ciudadanos a otros estados
por ningún caso.
Es por esta razón que el procurador José Ugaz señala que sólo existen dos
posibilidades para extraditar a Fujimori. La primera es iniciar acciones legales en la
vía administrativa para anular su nacionalidad japonesa, y la segunda comenzar el proceso
en su contra por algún delito de lesa humanidad, los cuales abarcan la jurisdicción
universal.
Matanza de 1991
El funcionario japonés dijo conocer, por
noticias de prensa, la denuncia contra Fujimori por su implicación en el homicidio de 15
civiles, delito que presuntamente fue cometido por un escuadrón de la muerte en 1991.
Matsunaga informó que Japón está procesando los exhortos peruanos recibidos en Tokio
desde marzo, en los que se pide la cooperación de Fujimori en una investigación
judicial. Sin embargo, declinó comentar si había algún progreso al respecto por parte
del gobierno japonés.
A pesar del evidente respaldo que las autoridades
niponas le están brindando al ex mandatario peruano, el funcionario aseguró que ningún
miembro del gobierno japonés tiene en la actualidad contacto alguno "ni a nivel
oficial ni personal" con el ex presidente suramericano, que vive en Tokio gracias a
su nacionalidad japonesa.
Señaló que las autoridades de su país no tienen comentario alguno sobre una posible
ruptura de relaciones con el Perú, anunciada por el presidente del Consejo de Ministros
peruano y titular de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar.
Fuente: Diario LA REPUBLICA Perú
26-05-01
Respondiendo al clamor de la ciudadanía, el Gobierno Transitorio anunció la creación de la Comisión de la Verdad para esclarecer las causas, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista, así como las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país durante los últimos 20 años. También acordó constituir una comisión de expertos para elaborar una propuesta de reforma constitucional con el propósito de democratizar la Constitución en vigencia.
Por Doris Hinojosa
El Consejo de Ministros aprobó ayer por unanimidad la creación de la Comisión de la Verdad que, en un plazo de 18 meses, esclarecerá las causas, hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de los excesos y violaciones de los derechos humanos ocurridos desde mayo de 1980 hasta diciembre del 2000.
El decreto supremo con la redacción definitiva
será publicado la próxima semana y la instalación de la comisión después de la
segunda vuelta electoral del 3 de junio.
El Consejo de Ministros aprobó también la constitución de una comisión de estudio de
las bases de la reforma constitucional.
Esta comisión estará constituida por expertos constitucionalistas y hasta el 15 de julio de este año deberá elaborar un informe que contenga de manera sintética y en un lenguaje accesible a la opinión pública una propuesta de modificaciones constitucionales para democratizar la actual Carta Magna.
La comisión deberá realizar, asimismo, una
propuesta de procedimiento para lograr este cometido, que podría ser el camino que
contempla la actual Constitución, es decir, la reforma por la vía del Congreso, o la
convocatoria a una Asamblea Constituyente, entre otras opciones.
El ministro de Justicia, Diego García Sayán, comentó que estas dos comisiones
contribuirán de manera importante al proceso de reinstitucionalización democrática del
Perú.
SIN TACHAS
Los integrantes de la comisión, siete como
mínimo, serán nombrados directamente por el presidente Valentín Paniagua, con la
aprobación del Consejo de Ministros.
El ministro de Justicia dijo que la propuesta que elaboró el grupo de trabajo que estuvo
conformado por los ministros de Defensa, Interior, Promudeh y Justicia, y también por
representantes de las iglesias Católica y Evangélica, la Coordinadora Nacional de DDHH y
la Defensoría del Pueblo no contempla ningún procedimiento especial de prepublicación
de nombres de los posibles integrantes y un proceso de tachas.
"Naturalmente, se estima que entre la fecha de creación de la Comisión de la Verdad y la del nombramiento de sus integrantes habrá un lapso que permitirá que la ciudadanía, las organizaciones y todas las personas en general interesadas en realizar sugerencias de posibles integrantes puedan hacerlo", dijo García Sayán, añadiendo que "el complejo proceso de tachas (que propone la Coordinadora de Derechos Humanos) estaría más allá de lo que en este momento se tiene previsto".
REFORMA CONSTITUCIONAL
En cuanto a la comisión de la reforma
constitucional, señaló que se constituirá en la semana inmediatamente posterior a la
fecha de las elecciones.
Estará integrada por constitucionalistas, y no se descarta que también por algunos
actuales parlamentarios.
Pero su labor, aclaró, no será política sino técnica, y su misión: trabajar para
contar con una ley de leyes que exprese los adecuados y necesarios consensos nacionales, a
fin de contar con una sociedad democrática más sólida y duradera.
Fuente : Diario LA REPUBLICA Perú
26-05-01
Por Rosa Reyna
El general EP (r) Rodolfo Robles Espinoza afirmó ayer que los autores intelectuales de los crímenes del Grupo Colina, como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, fueron Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, ambos prófugos de la justicia, y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, preso en el penal de San Jorge.
"El triunvirato Fujimori-Montesinos-Hermoza
actuó antes, durante y después", señaló Robles tras subrayar que el ex mandatario
que se refugia hoy en Japón autorizó los operativos más importantes perpetrados por el
mencionado grupo paramilitar.
Robles Espinoza vino desde Guatemala para brindar su testimonio ante la subcomisión que
investiga al ex presidente Fujimori por su presunta participación en las matanzas de La
Cantuta, Barrios Altos y otras violaciones de los derechos humanos.
También responsabilizó a Julio Salazar Monroe, ex jefe del SIN, pues sostuvo que era
imposible que no se le comunicara de los operativos de ese grupo paramilitar ya que
actuaban dentro de la organización misma de la DINTE, SIE y SIN.
FUJIMORI LOS PROTEGIÓ
Robles dijo que Fujimori de todas maneras tiene que responder penalmente ante la justicia porque sabía de la existencia de esos operativos y no hizo nada para desactivar al grupo paramilitar Colina, que actuaba con toda impunidad, amparado por las leyes de amnistía que dio el ex oficialismo en el Congreso.
Señaló que los miembros del tenebroso Grupo
Colina no sólo fueron amnistiados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, sino
que fueron ascendidos, posiblemente para perpetuar su existencia "pues el triunvirato
lo creía necesario para cometer oprobiosos crímenes y amedrentar a la población".
Dijo que todos estos actos de corrupción están saliendo ahora a la luz en los
vladivideos.
Robles concluyó que Fujimori "los protegió, el Consejo de Justicia Militar fue el
gran encubridor, y la mayoría oficialista en el Congreso cerró el círculo de la
impunidad, aprobando las leyes de amnistía por los casos de La Cantuta y Barrios
Altos".
Más adelante sugirió a la subcomisión, que integran Mercedes Cabanillas (Apra) y Carmen Lozada de Gamboa (C90-NM), que solicite al actual Comandante General del Ejército que precise desde cuándo existe el grupo Colina y quiénes son sus integrantes, pues según su criterio éste empezó a incubarse desde que Montesinos tomó el poder del SIN en julio de 1990 y se dio de baja al jefe de esta institución, general Córdova, para colocar a gente de absoluta confianza del ex asesor en esa institución.
Ante las preguntas de la congresista fujimorista Carmen Lozada de Gamboa para que diga si contaba con pruebas para culpar a Fujimori de ser autor intelectual de tales crímenes, Robles respondió que "hay evidencias porque el esquema de toma de decisiones que ha utilizado siempre es el mismo en los casos Chavín de Huántar, 13 de noviembre, etc., y además porque él ha manejado a todo el aparato gubernamental para lograr el absoluto encubrimiento y la impunidad de los autores materiales e intelectuales".
Dijo que, en consecuencia, "sí existe responsabilidad de Fujimori como autor intelectual de estos crímenes. El conocía antes, durante y después de los crímenes, porque logró e impulsó el encubrimiento y la impunidad", reafirmó.
OTROS CRÍMENES COLINA
El general Robles, quien denunció haberse
salvado de ser asesinado por la mafia fujimontesinista en la prisión del Real Felipe,
atribuyó al grupo Colina otros crímenes como asesinatos en la universidad de Huancayo y
al interior del Ejército. Mencionó los casos de Eduardo Obregón, de la escuela de
Comandos y del coronel Lorenzo Linares Dávila.
Asimismo, el asesinato del general Walter Peña Rivas, quien era director del hospital
militar y que para encubrir el crimen tramaron una historia morbosa ligándolo a
homosexuales (eso fue en 1991).
"También están los asesinatos de campesinos en el Santa, de los ingenieros
japoneses, y muchos más. Y por eso, debe haber una Comisión de la Verdad para esclarecer
estos crímenes", agregó. Robles indicó que la muerte de Saúl Cantoral y del
abogado abogado Febres, en la Costa Verde, se atribuyeron a Martin Rivas.
MARTIN RIVAS SANGUINARIO
Según el testimonio del general Robles, el grupo
Colina se organizó a propósito con fines políticos al más alto nivel. Mostrando un
organigrama de las relaciones (de Comando y Funcionales) de las FFAA, SIN y Presidencia de
la República, dijo que se observa la ligazón entre el mando político, militar y un
grupo de ejecución extrajudicial. Calificó a Martin Rivas como un sanguinario.
Contó que a fines de abril de 1993 solicitó que se desarticule este grupo porque estaba
cometiendo una serie de crímenes que estaban enlodando a la Fuerza Armada. "Ahí
hablé con el jefe de la Sala de Guerra, pero el general Picón me delató ante el
comandante general de la Fuerza Armada, y desde allí me empezaron a hostigar al igual que
a mis hijos, el capitán EP (r) José Robles Montoya y el teniente EP (r) Rodolfo Robles
Montoya", agregó.
Fuente: Agenciaperu.com
27-05-01
Un agente de inteligencia operativo (AIO) que
participó como miembro del "Equipo Especial" autodenominado "Grupo
Colina" y un oficial que ocupó un alto cargo en el Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE) han narrado, personalmente, a agenciaperu.com aspectos de la
conformación de este escuadrón de la muerte y del operativo ocurrido en Barrios Altos,
en la ciudad de Lima en noviembre de 1991.
Según el AIO, el Grupo Colina fue un grupo de élite formado por decisión del Comando
del Ejército. La mayoría de sus integrantes eran suboficiales que habían tenido
problemas de toda índole, sobre todo con la justicia militar; desde problemas
psiquiátricos hasta problemas penales.
Los líderes del escuadrón de la muerte fueron
el jefe del Equipo Especial, el mayor del Ejército Santiago Enrique Martin Rivas y el
suboficial Juan Sosa Saavedra, quien según ambas fuentes, durante la década del ochenta,
mientras trabajaba en Ayacucho, "se ganó el apelativo de "Kerosene", por
ser uno de los técnicos especializados en incinerar los cadáveres de los
desaparecidos".
La fiscalía ya ha determinado que el Grupo Colina estuvo formado por 32 hombres y 6
mujeres, entre oficiales y suboficiales. "Martin nos mezcló a los más audaces con
los más sádicos y mientras nos reclutó y nos instruyó, nunca nos dijo que íbamos a
formar parte de un comando de aniquilamiento" sostiene el agente.
El mayor Martin Rivas ya había ensayado su proyecto de formar un grupo de inteligencia operativo anteriormente. "En 1989 lideró el Grupo Escorpio" recuerda el oficial de Inteligencia. "Escorpio operó fundamentalmente en el Alto Huallaga y operó igual que el Colina, pero sin tanta publicidad porque los muertos eran provincianos que vivían y morían en la zona del narcotráfico".
Las felicitaciones que Martin Rivas recibió por
sus estudios doctrinarios sobre Sendero Luminoso, le otorgaron espacio y autoridad dentro
del sistema de inteligencia. "Él se sentía superior a los otros oficiales. Trataba
a los demás oficiales de rango medio, como él, con cierto desprecio". Su socio y
cómplice ejecutor fue otro mayor del Ejército, Carlos Pichilingüe Guevara, quien
además había estudiado ingeniería en la Universidad Federico Villarreal.
Según el militar retirado, Martin Rivas estuvo destacado a la DINCOTE entre 1989 y 1990,
pero trabajaba con mucha independencia. Allí conoció al coronel Benedicto Jiménez, con
quien intercambiaba opiniones regularmente.
Para analizar algunos textos de la doctrina maoísta, Martin Rivas le pedía a un estudiante de Filosofía de La Cantuta, William Tena Jacinto, quien formaba a su vez parte del Grupo Colina y trabajaba como "infiltrado" en esa universidad, que lo apoyara en la lectura y en resumen de los textos de Mao Tse Tung.
En más de una ocasión, el Mayor Martin Rivas y
el técnico Tena se reunieron con el senderólogo Raúl González para analizar aspectos
de la lucha antisubversiva. "Por lo menos una de las reuniones fue en un restaurante
de parrilladas en la plaza San Martin, junto al teatro Colón" asegura el agente.
El militar retirado añade "acaparaba toda la información sobre Sendero Luminoso.
Él y el comandante Paucar desarrollaron un manual de doctrina sobre el senderismo que
sirvió a muchos oficiales que pelearon contra el terrorismo. En ese momento, Martin Rivas
se vinculó con el Comandante Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa que pertenecía al
SIE y que fue designado para analizar los estudios de doctrina. Más adelante, Rodríguez
hizo de mensajero entre Martin y Montesinos, porque ocupaba el puesto número dos en la
Dirección de Inteligencia del Ejército. "
Martin hizo carne (sacó provecho) de los documentos y se volvió pedante, porque
los generales asistían a sus conferencias y lo escuchaban. Entonces propuso la formación
de un grupo especial al que definió como una necesidad histórica", refiere el
oficial.
En agosto de 1991, en el discurso de inauguración del Equipo Especial que después se autodenominó Grupo Colina. "Martin Rivas nos dijo a todo el grupo, en el que habíamos 32 varones y 6 mujeres, que nuestra formación era una necesidad histórica. En esa ceremonia estuvieron sólo dos oficiales: Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe Guevara. Después festejamos en un restaurante de Barranco que está cerca del óvalo Balta. El oficial que llegó al final para pagar la cuenta fue el Coronel de la DINTE, Fernando Enrique Rodríguez Zabalbeascoa, desde ese momento el Grupo comenzó a reunirse en el garaje de mecánica del SIN" afirma el AIO.
"El mayor Martin nos dijo que nuestro grupo
había sido formado por un decisión de la alta dirección del gobierno y que nuestro
Equipo respondía directamente al Presidente de la República, al Comandante General del
Ejercito y a los dos asesores del Presidente, su hermano Santiago Fujimori y el doctor
Vladimiro Montesinos" refiere el agente.
"De lo que estamos seguros es que nuestro grupo especial fue parte de la estructura
del Ejercito, nosotros nunca fuimos clandestinos, trabajábamos en las instalaciones del
SIN. La única advertencia que se nos hizo fue que no debíamos pisar la Dirección de la
DINTE y si éramos heridos tampoco debíamos ir al Hospital Militar Central, por eso nos
aseguraron en Cruz Verde y esos gastos deben estar en la contabilidad de la Institución.
Ahora no pueden negarnos. Nunca fuimos clandestinos, fuimos un grupo encubierto,
secreto" reclama el agente.
Según el AIO a todos los integrantes del Equipo Especial les entregaron una Libreta Electoral. "Desde ese momento debíamos justificar ante nuestras familias que nos encontrábamos en misión especial y que por eso podíamos trabajar hasta 24 horas seguidas fuera de casa. Además todos teníamos un beeper y Martin Rivas tenía un celular, en esa época, en 1991, los celulares eran un lujo" refiere.
"Mientras estábamos en el taller de mecánica del SIN, Martin formó tres equipos, los jefes fueron los técnicos Juan Sosa Saavedra, Julio Chuqui Aguirre y Pedro Suppo Sánchez. Los tres equipos dependían de una central y los jefes de equipo tenían asignado un auto y una radio Motorola para su uso personal. Además, cada uno administraba cinco autos y seis motocicletas, inicialmente los contactos entre nosotros los realizábamos en la calle, pero las reuniones de emergencia eran en el garaje del SIN, aunque en el garaje trabajaban el Loco Marco Flores Alban, Maflo, y Juan Pampa Quilla, ellos sí cumplían un horario dentro del SIN. El loco era un escucha (una técnico de comunicaciones) y es el mismo que aparece en la fotografía que la agente Luisa Zanata mostró para denunciar la interceptación telefónica" confirma.
Aparte del sueldo que tenían asignado, los miembros del Grupo Colina recibían 150 dólares semanales como bonificación. "Hacia el mes de septiembre de 1991, no recuerdo bien la fecha, puede ser los primeros días de octubre, comenzamos a entrenar en la playa de La Tiza que es de propiedad del Ejercito y que está ubicada en el sur" recuerda el agente. "En ese entonces Martin Rivas se volvió tan pedante, que cuando era cumpleaños de alguien importante le mandaba un saludo de felicitación a nombre del grupo" agrega el oficial.
"En La Tiza el entrenamiento fue duro, cada
uno tenía una bolsa de dormir. El encargado de la parte logística era Juan Pampa Quilla,
un abogado que trabajaba para el SIE y que había trabajado anteriormente infiltrado entre
la organización de Abogados Democráticos - los abogados que defendían a los presos de
Sendero-. Pampa Quilla fue abaleado en un operativo policial, confundido como un
auténtico abogado democrático en los ochentas. Sobrevivió pero quedó aterrorizado.
Desde entonces se refugió dentro de Institución, pero como sabía mucho sobre la
organización, Martin lo reclutó".
"Los explosivos estaban a cargo del mayor Martin Rivas y a cada uno nos entregaron
una ametralladora HK con silenciador al que nosotros llamábamos la muda. Además
cada equipo tenía tres fusiles G3 por sí eran necesarios" refiere la fuente.
"En el entrenamiento en la Tiza también discutíamos temas ideológicos, Martin era el maestro, a veces decía: Nosotros somos los últimos románticos del Ejército, ya no hay quien entregue la vida por su institución, el que no pertenece a este equipo no tiene honor". Por las mañana el entrenamiento físico era muy duro. "El grupo se movía , por equipos, a nivel nacional y por eso la disciplina debía ser muy rigurosa" dice el agente.
"La tarde de un sábado" recuerda la
fuente "el coronel Rodríguez Zabalbeascoa llegó a la playa: Kike, le dijo a Martin,
un partidito y un cebiche. No, respondió Martin, la gente está para otra cosa".
"Practicábamos día y noche, por la noche practicábamos dominación de inmuebles,
en la playa de la Tiza nos habían habilitado un inmueble preconstruido, esas faenas eran
severas y constantes" refiere.
LA OPERACIÓN DE LA CALLE HUANTA
"Barrios Altos fue nuestra primera acción como Equipo Especial. Martin recibió la información de un agente que estaba infiltrado en una de las organizaciones de Sendero. No sé si era su nombre o su seudónimo pero le llamaban "Béjar". Él fue quien avisó que un grupo del SL haría una pollada para encubrir una reunión de coordinación del partido en la calle Huanta, en Barrios Altos".
"Martin nos reúne y nos habla: ha llegado
la prueba, nos dice. Selecciona a la gente para cada puesto. Sosa y Martin Rivas hicieron
el planeamiento. Sosa insistió en que Pichilingüe debía dejar de ser virgen. Nunca
había estado en una operación de aniquilamiento."
"Decidieron que cuatro de nosotros, dos hombres y dos mujeres, debían llegar e
infiltrarse como estudiantes a la pollada. Allí debían encontrarse con
"Béjar" aproximadamente a las tres y treinta de la tarde".
"Los encargados del operativo se desplazarían en tres camionetas Cherokees, anunció Martin. En cada una debían ir cuatro personas. Los que formaron el grupo de aniquilamiento fueron nueve, los mayores Martin Rivas y Pichilingüe Guevara y los técnicos Sosa Saavedra , Chuqui Aguirre, El "Ococho" Hugo Coral Goycochea, el "Cholano" Pino Díaz, el "Petete" Nelson Carbajal García, Pedro Supo Sánchez y Pretell Dámaso. Los choferes no debían bajar de las camionetas".
"Todo ocurrió muy rápido, los que
ingresaron para la infiltración fueron, Douglas Arteaga Pascual, William Tena, Mariela
Barreto y Shirley Rojas Castro. El problema que tuvieron fue que cuando entraron, se
encontraron con que en esa misma quinta había dos polladas, una arriba y otra abajo.
Además, "Béjar" no se presentó y no había quien identificara la pollada de
los senderistas".
"Martin estaba como loco: gritaba e insultaba a todos. No se pudo identificar cuál
de las dos polladas era la de Sendero Luminoso. Pero la orden estaba dada. La hora de la
incursión se acercaba. No se podía identificar cuál era la pollada. Martin estaba
comunicado con uno de los que estaba adentro y presionaba y presionaba".
"Los primeros que entraron habían tomado
licor para no llamar la atención y estaban bailando. Pero Martin presionaba, hasta que
los de la pollada del primer piso pusieron una canción de Martina Portocarrero: la Flor
de Retama. Nosotros habíamos sido informados que esa canción hacía apología del
senderismo".
"Y la orden estaba dada de todas maneras, Martin iba a ejecutar. Era tarde, entonces
avisaron y dijeron lo de la música".
"Martin ordenó ¡salgan!, ellos salieron empujando a la vendedora de chicles que
estaba en la puerta".
Hay una pausa en el relato. El hombre está llorando.
Continúa. "No hubo discriminación, no se
pudo precisar al enemigo, porque "Béjar"no fue y no pudo identificar a los
terrucos, si eran los de arriba o los de abajo".
"En Barranco, en otro auto, estaba el coronel Enrique Rodríguez Zabalbeascoa con
Marco Flores Albán, que era el especialista en equipos de comunicación, ellos escucharon
cómo Martin presionaba".
"El equipo de aniquilamiento entró. Todos, menos uno, tenían pasamontañas. El
"Petete" (Carbajal García) metió al niño en una habitación, pero no se dio
cuenta que había una ventana encima de la puerta que estaba abierta. Por ahí se salió
el chico y se abrazó de su papá. No se pudo hacer nada, "Petete" tuvo que
disparar".
"Cuando todo terminó se fueron hacia Barranco. Los infiltrados que habían salido primero se fueron hacia la facultad de la San Fernando. Otros fueron al garaje del SIN, allí estaba Pampa Quilla. Pampa dijo vayan a su casa, vayan a dormir, mañana nos reagrupamos todos. Al día siguiente fuimos directo a la playa de La Tiza, los que habían llegado antes estaban borrachos, comiendo. La borrachera duró hasta el martes. El martes llegó el coronel Rodríguez Zabalbeascoa a recoger al mayor Martin. El doctor Montesinos lo había mandado llamar. Martin nos contó que había problemas, que había sido un error haber matado al chiquillo".
Una segunda pausa en el relato. El hombre calla. Se lleva las manos a la cabeza en un gesto de desesperación.
Después de unos minutos, continúa: "pasaron muchas cosas, a Mariela Barreto la mataron en 1997. La mando matar el Doctor (Vladimiro Montesinos) para amedrentar a Martin que estaba resentido y hablando más de la cuenta. El Doctor le dio la orden a Sánchez Noriega, le dijo, tráeme a Pretell, hay un encargo para él. Nosotros sabemos con justicia que él mató a Mariela Barreto por orden del Doctor, la mató para asustar a Martin Rivas, todos comentaron que Martin estaba resentido, quien sabe mas de esto es Haydee Terrazas, ella estuvo en el Colina desde el principio hasta el final. Ahora todos estamos dispersos. A Pretell (Wilmer), lo destacaron nuevamente al SIE, a Sosa Saavedra lo han dado de baja pero entra y sale del SIN como si fuera su casa".
El hombre se agota, calla. Se levanta para partir. ¿Qué ocurrió en La Cantuta?."Todos estuvimos en la Cantuta, pero de eso no quiero hablar ahora". Antes de salir del lugar donde conversó con agenciaperu.com dijo:"Busque a Aquilino Portela, ya debe haber regresado al país. Él fue la llave, él fue el teniente que abrió la puerta de la Universidad esa noche, cuando salimos de la playa de la Tiza, los Colinas lo recogimos del cuartel de La Pólvora. Su tropa estaba en La Cantuta en la Base 19. Martin lo recoge y lo lleva en su propia camioneta. El teniente Portela tenía orden de su jefe, el general Luis (Tuto) Pérez Documet, de abrir la puerta. El general Pérez Documet coordinó con Martin y con el doctor Montesinos los detalles del operativo de La Cantuta. El general Pérez Documet era amigo personal de Fujimori, los dos eran miembros de la iglesia Mahikari".
Portela es quien le dice a la subteniente "abran la reja". Por eso entramos. En la misma camioneta estaba el Decano de la Facultad de Biología, estaba con pasamontañas, él sindica al profesor, él le tira dedo, él dice a quien hay que recoger y él es quien dice que a Bertila Lozano la dejen bajar. Después de La Cantuta, el presidente Fujimori premió al general Pérez Documet".
"Nosotros no éramos clandestinos ni paramilitares. El Comandante General, Nicolás Hermoza Ríos, nos ofreció un almuerzo a todo el grupo en el año 1992. Se reunió con nosotros más de una vez y nos felicitó a nombre del Presidente de la República. El presidente Fujimori premió al general Pérez Documet después de la Cantuta. Por eso La Cantuta se pudo hacer con tanta libertad".
Fuente: Agenciaperu.com
27-05-01

En los últimos cinco años de su gobierno, Alberto Fujimori autorizó el desembolso de más de 1300 millones de dólares a través de la emisión irregular de 44 decretos secretos. El dinero provenía, en su mayoría, de la privatización de las empresas estatales y debió utilizarse en la compra de armamento para la seguridad nacional. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que en las operaciones de compra, los únicos beneficiados fueron Vladimiro Montesinos y su entorno más cercano.
Por María Isabel TorresEntre 1995 y 2000 fueron emitidos 21 decretos de
urgencia y 23 decretos supremos con carácter de secreto. Su principal objetivo era la
compra de bienes y servicios para las Fuerzas Armadas, motivo que se convirtió en el
pretexto perfecto para mantener su existencia en reserva bajo la fachada de "secreto
de seguridad nacional".
Cuando la nueva administración, al mando de Javier Silva Ruete, llegó al Ministerio de
Economía, encontró tal desbarajuste en las cuentas, que conformó una comisión
encabezada por la abogada Beatriz Mejía para rastrear cómo, cuándo y por cuenta de
quién se autorizó el pago de dichos decretos.
ENTRE EL SECRETO Y LA URGENCIA
Los decretos de urgencia fueron uno de los
instrumentos favoritos de Alberto Fujimori para manejar el país desde 1992. Ellos le
permitían dictar medidas extraordinarias sin necesidad de consultar al Congreso.
Sin embargo, lo que nunca consideró el ex presidente es que, de acuerdo a su propia
Constitución, promulgada en 1993, el Jefe de Estado tiene la obligación de informar al
Congreso de estas medidas, el cual tiene la atribución de poder modificarlas o
derogarlas. De la misma manera, deben contar con la aprobación del Consejo de Ministros.
Para pasar por alto la primera obligación, el
gobierno anterior les confirió el carácter de secreto, alegando seguridad nacional. Tal
como se ha visto en los vladivídeos, Ecuador se convirtió en el pretexto perfecto
realizar millonarias transacciones de las que Vladimiro Montesinos obtuvo jugosas
comisiones.
Por otro lado, sólo tres decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros. En los
demás, no se contó con esa certificación, pero se consignó falsamente que sí se
había obtenido.
Es más, de acuerdo a la ley de Promoción de la Inversión Privada en las empresas del Estado, el dinero de las privatizaciones debe ser utilizado en el "desarrollo de programas orientados a la erradicación de la pobreza y a la pacificación del país". Los decretos justificaban la compra de armamentos interpretando que la seguridad nacional era necesaria para la pacificación. Así pudieron acceder a $998 millones. El resto de dinero provino de transferencias de partidas presupuestales.
Resulta sorprendente que se destinaran $30 millones al avión presidencial o casi $119 millones a la reparación de maquinarias chinas. Según Mejía, en ninguno de estos casos existía la necesidad de mantener las compras en secreto o dictarlas con carácter de urgencia.
SIN DETALLES, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y A EMPRESAS FANTASMAS
De los 44 decretos secretos, seis concentraron un
monto de $891 millones. En cuatro de ellos no se especificó el destino del monto y en los
dos restantes, la compra se realizó a través de empresa intermediarias conformadas por
testaferros de Vladimiro Montesinos.
Muchas de estas empresas, de escasa trayectoria, se convirtieron en proveedoras de las
FF.AA., sin contar con presencia legal en el país y sin emitir facturas.
"Lo que hemos podido comprobar es que donde ha habido irregularidad en la emisión de
los decretos, ha habido irregularidad en su ejecución. Lo que se hizo fue disponer de
estos fondos hacia el sector de defensa, para ejecutar contratos millonarios con empresas
fantasmas sin licitación ni convocatoria pública" agrega Mejía.
Igualmente, muchos de estos decretos no contaron
con el sustento técnico que determina el objetivo de la compra. Otros no registraban
fecha de emisión y las rúbricas aparecían sin identificación. Aún así, los
funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco de la Nación autorizaron la salida
del dinero.
Es más, en la administración ordinaria del Ministerio de Defensa no se conocía la
existencia de varios de estos decretos. No había documentación completa sobre la compra
de las armas, de los archivos de pagos, ni de los cheques emitidos.
"Gracias a buenos funcionarios en el sector de Defensa, en el MEF y en el Banco de la Nación, hemos podido reconstruir la historia de los decretos a partir de la nada. Muchas veces los funcionarios responsables decían que un decreto no existía o que nunca se ejecutó. Pero teníamos los documentos que probaban que en esa fecha el Banco de la Nación había desembolsado tal cantidad de dinero. Aquí esta el libramiento y aquí está el cheque. Frente a esto, ha tenido que aparecer la información", contó Mejía.
Igualmente, se ha verificado la intervención recurrente de los bancos de Lima y Wiese trasladando montos considerables de dinero hacia bancos del exterior. En este caso, apunta la comisión, las dos entidades bancarias debieron informar a la Superintendencia de Banca y Seguros acerca del movimiento de este dinero.
FUJIMORI CULPABLEDe acuerdo a las evidencias encontradas por la comisión Mejía, Alberto Fujimori podría recibir una pena no menor de quince años por los delitos de falsedad material y genérica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de función, concusión, peculado, malversación de fondos, corrupción de funcionarios e indicios razonables de enriquecimiento ilícito.
De la misma manera, encuentra responsabilidad directa en los firmantes de los decretos: los ex ministros Jorge Camet, Víctor Joy Way, Jorge Baca Campodónico, Carlos Boloña, Efraín Goldenberg, Alberto Pandolfi, Dante Córdoba, Federico Salas, Víctor Malca, Tomas Castillo, Julio Salazar Monroe, César Saucedo Sánchez, José Villanueva Ruesta y Carlos Bergamino.
"El Presidente de la República no puede decir que su ministro de Defensa o su ministro de Economía le propuso firmar un decreto de urgencia y él simplemente firmó. Sólo es facultad del Presidente de la República firmar un decreto de urgencia. Es su responsabilidad, no de sus secretarios, ni de su ministro de Defensa, ni del Consejo de Ministros. Y él no dio cuenta jamás al Congreso de la República", afirma Beatriz Mejía.
Los resultados de esta investigación han sido enviados a la Fiscalía de la Nación, a la procuraduría ad hoc especializada en el caso Montesinos - Fujimori y a las comisiones investigadoras del Congreso. Se espera que en los próximos días se tomen acciones concretas para detener a los implicados
Fuente : Revista CARETAS -PerúEl viernes 25 de mayo, casi dos meses y medio después de que el Presidente recibiera el proyecto respectivo, el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la creación de la Comisión de la Verdad. Se respondía así a un clamor de las calles, pero se entró a la vez en un nuevo proceso de consensos, cuyo objetivo principal será buscar a los integrantes. A su vez, empiezan a aparecer hechos que merecen ser investigados. CARETAS presenta uno, el de la masacre ocurrida en el penal de Canto Grande en mayo de 1992, no tan brutal como la de junio de 1986, cuando gobernaba Alan García, pero terrible si se considera que Alberto Fujimori, con una llamada telefónica, pudo haberla evitado.
Por Ramiro Escobar La CruzHOY jueves 31 de mayo por la tarde, probablemente en la sede del Pentagonito, el comandante general del Ejército, José Cacho Vargas, recibirá a parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional que elaboró el proyecto para crear la Comisión de la Verdad. Será un milagro del cáliz y la espada, pues los asistentes serán en su mayoría personas vinculadas a la Iglesia, como monseñor Luis Bambarén.
También irá Sofía Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y una de las voces más importantes del Grupo de Trabajo, lo cual refleja el talante múltiple de los involucrados en el tema. El lunes por la tarde hubo una reunión similar con el Consejo de Almirantes de la Marina de Guerra. La Verdad despierta interés en las FF.AA.
¿Qué pueden significar estas reuniones? ¿Por qué se esperó al filo de las elecciones para anunciar la Comisión? Vista de lejos, o aún en las calles, la decisión de crear esta instancia aparece como la consecuencia natural de vivir en un gobierno democrático. Es, además, una magnífica, aunque dolorosa, manera de exorcizar un tiempo en el cual la violencia marcó el paso de nuestros días.
Pero justamente por eso también reactiva recelos y fantasmas. No es casual que dos personas vinculadas a gobiernos que serán examinados bajo la lupa de la Comisión hayan salido en estos días a los medios a exponer sus dudas. Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, y Mauricio Mulder del APRA, expresan, quizás, una preocupación soterrada por lo que se encontrará debajo de la alfombra.
El ex candidato presidencial de AP llegó a decir que no se debería considerar el período del '80 al '90, por la discutible razón de que en esos años hubo gobiernos democráticos e instituciones (como si eso hubiera impedido la barbarie), en tanto que Mulder objetó la facultad presidencial de nombrar a los Comisionados. ¿Pensaría lo mismo un García Pérez presuntamente ganador en las elecciones si tuviera la opción de hacerlo?
Sin duda los tiempos tumultuosos que vivimos se hubieran caldeado aún más si la Comisión de la Verdad salía de manera atropellada, sólo porque las calles lo pedían. Pero ese clamor ciudadano tampoco debe desoírse. Si luego de las elecciones del domingo la serena espera comienza a ser atacada por las ínfulas del ganador, sea quien sea, el paso de la Verdad a la Reconciliación se hará aún más difícil.
No debiera ser aceptable que el Presidente electo trate de imponer algunos Comisionados; sólo el Presidente Paniagua debe hacerlo. Ni García ni Toledo, ni sus aliados, tendrían el derecho de malograr este delicado ritual de autoanálisis colectivo apelando a su poder consumado en las urnas. El período del '80 al '90 debe ser mirado con la misma severa serenidad que los últimos 10 años.
Lo mismo puede decirse de las consultas militares que se están haciendo sobre el tema. Algunas versiones señalan que las Fuerzas Armadas quieren proponer que la Comisión no individualice responsabilidades, que sólo haga un examen general, hurgando en las causas y lamentando los resultados, al estilo de la Comisión Rettig formada en Chile tras el régimen de Pinochet.
Esa huida hacia adelante no sería recomendable para unas Fuerzas Armadas tan desprestigidas. Los mismos generales y almirantes que clamaron por acabar con el sistema infame instaurado por Montesinos siempre sostuvieron que eran sólo unos pocos los que incurrían en estos actos. Generalizar en extremo lo que ocurrió sumiría las responsabilidades en lo incierto, no haría la justa distinción.
Resulta pertinente, además, llamar la atención sobre otro aspecto. Tal vez sea insuficiente, para efectos rastrear los orígenes de la violencia subversiva, remitir todo al primer grito feroz lanzado en Chuschi, allá por mayo de 1980. La historia no surge por generación espontánea, de modo que echar una mirada a las décadas anteriores -sólo para entender el fenómeno- no parece mala idea.
El hilo conductor de las primeras escaramuzas subversivas llega hasta la década del '60, cuando Luis de la Puente Uceda y otros pretenden incendiar la pradera desde el monte. El primer gobierno de Belaunde y el gobierno militar algo hicieron o no hicieron para que la línea de furia desatada en esos años llegara a los '80 de manera tan explosiva.
Hizo bien el Grupo de Trabajo Interinstitucional en poner, en uno de los primeros párrafos de su propuesta, que "un país democrático debe fomentar la Verdad, enfrentando el pasado con firmeza pero sin venganza". El próximo mes -la Comisión se instalaría el 29 de junio-, pasada la batalla electoral, pondrá a prueba nuestra sensatez democrática luego de tanta perfidia.
Fuente : Revista CARETAS -PerúUna sorpresa incluye el dictamen que presentó el lunes 28 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para aprobar el Estatuto de Roma, por el cual se establece la creación del Tribunal Penal Internacional.
Según el congresista Francisco Tudela, presidente de ese grupo de trabajo, en el dictamen se instruye al Poder Ejecutivo a que realice algunas "declaraciones interpretativas", porque el estatuto haría ilegal el estado de emergencia previsto en la Carta Magna y aboliría las inmunidades de los tres poderes del Estado, entre otros aspectos.
Para Sofía Macher, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esto "es un hecho totalmente contrario al espíritu de la Corte Penal Internacional. El estatuto es clarísimo: No debe haber ningún condicionamiento. Incluso cuando hay estado de emergencia, hay hechos que nunca son permitidos como la tortura".
Dado que es un tratado internacional que modifica normas constitucionales, la resolución legislativa debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas por el Pleno, que presumiblemente tendrá que enmendar lo entuertos aprobados por Tudela, Fernán Altuve y el tránsfuga Jorge Pollack.
El estatuto aún no entra en vigor: falta que por lo menos 30 Estados lo ratifiquen, lo que tomará unos dos años. Luego transcurrirá un plazo máximo de siete años, para que los Estados firmantes adecuen sus respectivas Constituciones a las normas de la Corte. Perú suscribió el Estatuto de Roma el 8 de diciembre pasado, una vez instalado el gobierno del Presidente Valentín Paniagua y tras casi dos años y medio de resistencia de Alberto Fujimori a hacerlo.
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31-05-01
DECRETO SUPREMO Nº 065-2001-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA VISTO:
El proyecto de creación de la Comisión de la Verdad presentado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional creado mediante Resolución Suprema N° 3142000JUS;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo Primero de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado;
Que, es deber de la sociedad y del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, como expresión de la supremacía de la persona humana, fin y objeto de todo el sistema democrático;
Que, es deber del Estado promover y garantizar la convivencia pacífica entre todos los miembros de la sociedad;
Que, en mayo de 1980 organizaciones terroristas desencadenaron la violencia contra la humanidad y miles de peruanos resultaron víctimas de la violación de sus derechos más elementales tanto por obra de dichas organizaciones terroristas como por la de algunos agentes del Estado con un trágico saldo de crímenes, de desaparecidos y de otros graves hechos que no fueron esclarecidos;
Que, el doloroso proceso de violencia vivido por el país en las dos últimas décadas debe ser esclarecido plenamente, no debe quedar en el olvido y que el Estado debe garantizar el derecho de la sociedad a la verdad;
Que, un Estado y sociedad democráticos deben enfrentar el pasado con firmeza y sin ánimo de venganza, esclareciendo todos los hechos reñidos con las libertades y postulados democráticos;
Que, una Comisión de la Verdad es el medio idóneo tanto para esclarecer los hechos de violencia terrorista y las graves violaciones a los derec