LIMA.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori podría ser acusado de delito de asesinato si se comprobase que hubo ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997, según afirmó el fiscal especial, José Ugaz.

En el caso de que se llegara a esta conclusión la responsabilidad penal de Fujimori, actualmente refugiado en Japón, se debería celebrar un juicio internacional, según añadió Ugaz en una entrevista concedida al diario 'Correo' de la capital peruana. "Es decir, un juez de cualquier parte del mundo que tenga conocimiento de esos delitos puede abrirle una investigación", añadió al subrayar que eso es lo que le ocurrió al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Gobierno provisional no derogará la ley de amnistía, por la cual los terroristas de Estado, el Comando Rodrigo Franco de Mantilla, el Grupo Colina de Montesinos, las autoridades y los oficiales militares y policiales, responsables de genocidios fueron premiados por sus crímenes con el olvido otorgado por el gobierno de Alberto Fujimori, que con ello quería cubrir sus propias culpas. La misma ley de amnistía que prohíbe investigar, esclarecer, reabrir los casos de La Cantuta, Barrios Altos, penales y otros.

Entonces: ¿de qué comisión de la verdad y reconciliación nacional están hablando?

Gobierno provisional no cerrará el penal que existe dentro de la Base Naval del Callao, insiste el ministro García Sayán. Es decir, se niega a tocar otra herencia fujimorista: el control militar sobre los cabecillas de la subversión. Así haciéndose el duro, el ministro comprueba otra vez su cerrible debilidad ante los uniformes.
Queriendo demostrar que no hace concesiones a los terroristas, se las hace a los militaristas. Y de esta forma los peruanos quedamos fuera de la posibilidad de empezar a saber qué fue lo que pactaron Guzmán y Montesinos con el nombre de "Acuerdo de Paz".

Cómo fue que el gobierno que iba a mandar al pelotón de fusilamiento a los senderistas, cerminó permitiéndoles recuperar sus uniformes de campaña, reunirse como comité central en las prisiones militares y celebrar el cumpleaños de la Iparraguirre con una torta enviada desde la presidencia de la república.
Gobierno provisional no revisará los contratos de concesión con las empresas de televisión, a pesar del rol cumplido por sus propietarios en la organización de un sistemático complot contra la libertad de información y opinión del pueblo peruano. Es decir, los Crousillat, los Delgado Parker, los Schütz, los Vera Abad, van a seguir dueños de las ondas de trasmisión que les brinda el Estado, ahora que ya sabemos qué clase de empresario es cada uno de ellos. No sólo corruptos, sino profundamente corruptores.

A partir de este momento podremos sospechar legítimamente de cualquier nuevo compromiso entre el poder de turno, cualquiera que sea quien lo ejerza, y los piratas televisivos. El gobierno provisional se ha empeñado en seguir hasta el final en el contrato de Camisea, tal como se había diseñado en la era Fujimori, y la concesión del aeropuerto.

Y dice que seguirá privatizando y concediendo. Y ha suscrito con el FMI la intención de obtener un montón de millones de dólares por este concepto durante este año, lo que significa que mientras dure la provisionalidad y se vivan los primeros meses del gobierno elegido, habrá que vender lo que sea para obtener alrededor de 500 millones de dólares y cumplir el compromiso. ¿Que por qué se firmó esto? Porque había que conseguir el aval del Fondo para concertar nuevos créditos que permitieran aliviar la presión de la deuda externa, sin acudir a la renegociación que había anunciado Paniagua en su discurso inaugural. Salvar los compromisos irreales y sinvergüenzas de Camet le está costando al Perú someterse a la nueva leonina carta con el FMI.

Gobierno provisional no dará financiamiento al agro. No mejorará las remuneraciones de los maestros. No intervendrá en EsSalud. No hará nada significativo por la cultura. Ni por el deporte. Ni por el contenido de los libros escolares. Ni en la política de medicinas. Ni en vivienda. Ni en transporte. Ni en relaciones exteriores, donde Pérez de Cuéllar resulta totalmente inadecuado para enfrentar el insulto diario de Japón protegiendo al canalla.
El ministro de Defensa parece que se lo ha tragado la tierra, mientras se caen los MIG 29 y se incendian sorpresivamente las oficinas del comandante general. A todo se contesta que este gobierno es breve. Pero breve y todo gozaba de un consenso impresionante que debía permitirle hacer cosas que marcaran precisamente los contornos de una transición.
Pero lo que vemos a diario son políticos tradicionales tratando de que no los acusen de proterroristas, estatistas, populistas y otros fantasmas de los años anteriores, y que en la práctica se han quedado marcando el paso allí donde estaba Fujimori.

LOCUTOR El Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Bambarén, opinó que es importante para la reconciliación nacional, conocer la verdad sobre la muerte de los militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El hecho se dio durante el rescate de los rehenes en la residencia del la embajada japonesa en Lima.
LOCUTORA El obispo manifestó que la exhumación de cadáveres de los subversivos caídos en la retoma de la residencia, despierta susceptibilidades. Sin embargo, indicó que los familiares de esas personas tienen derecho de obtener justicia en caso hayan sido víctimas de una ejecución extrajudicial.
LOCUTOR Monseñor Bambarén recordó que la violencia política que azotó al Perú las dos últimas décadas, provino
tanto de grupos terroristas como de la represión ordenada por los gobiernos.
LOCUTORA El religioso agregó que la instalación de una Comisión de la Verdad permitirá sanar las heridas que el pueblo peruano conserva por la época de violencia que vivió.
LOCUTOR Sobre el mismo tema, el sociólogo y especialista en temas de defensa, Carlos Tapia, consideró que la exhumación de los emerretistas es un camino correcto para conocer la verdad sobre su muerte.
LOCUTORA El analista político dijo que la toma de la residencia japonesa en Lima fue un acto terrorista y que el Estado peruano tenía derecho a rescatar a los rehenes. Sin embargo, añadió que matar a prisioneros rendidos constituye no solamente un crimen, sino una grave falta contra el honor militar. (Pe/QR/Ig-Rb/Vi-Pp/ap)

Desde Tokio, la ciudad donde Alberto Fujimori se refugia de la justicia peruana, uno de los 71 ex rehenes del MRTA levantó el polvo en los cementerios de la periferia limeña. Como lo hizo desde el día de su liberación, el ex funcionario de la embajada japonesa en el Perú, Hidetaka Ogura, está dispuesto a hablar de los tres emerretistas que vio con vida al ser rescatado por comandos de las Fuerzas Armadas. Esta semana amplió su testimonio en una conversación telefónica con Domingo. Su versión ha dado paso a una denuncia contra el ex presidente que dirigió la operación, y es hasta hoy la pieza clave de una investigación fiscal. Apostar por la verdad no es hacerle juego al terrorismo, ni tiene ánimo de venganza o afán desestabilizador. Vale la aclaración

Hidetaka Ogura asegura que no hubo entre los ex rehenes de la residencia japonesa un pacto de silencio para ocultar la forma en que murieron los 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) aquel 22 de abril de 1997. Sin embargo, a casi cuatro años del sangriento operativo militar, su testimonio es el único que ha permitido al procurador adjunto para Derechos Humanos, Ronald Gamarra, presentar una denuncia por homicidio calificado contra el defenestrado presidente Alberto Fujimori, su cómplice Vladimiro Montesinos y el entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos. Como se recuerda, Fujimori y Hermoza protagonizaron por aquellos días una pugna por el crédito de la operación "Chavín de Huántar".

El testimonio de Ogura es la pieza fundamental de la investigación que desde el 17 de diciembre pasado sigue Flor de María Alva López, fiscal especial para los delitos de DDHH relacionados con el prófugo ex asesor de inteligencia. Esta investigación se ha nutrido también con los testimonios de familiares y otros informes, alcanzados por el Procurador, sobre el caso de la Relatoría Especial para casos de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de los EEUU. Todos estos documentos citan reiteradamente las palabras de Ogura.

El ex diplomático, quien hoy ejerce una cátedra en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, dice que muchos tenían sus razones para no hablar de hechos tan delicados. En mayo de 1999, Ogura publicó un extenso y reflexivo artículo en el diario "Asahi Shinbum", en el que decía: "Sucede que luego de la liberación, la mayoría volvió a su antiguo puesto de trabajo, lo cual obstaculizó en muchos casos declaraciones independientes", escribió

Yo ocupaba la habitación junto a otros diez japoneses: ocho diplomáticos y dos empresarios. A las tres de la tarde del 22 de abril, dos de mis colegas de la embajada estaban haciendo ejercicios, subiendo y bajando las escaleras. Luego de un rato regresaron y nos contaron que un policía, también rehén, les dijo que volvieran a la habitación donde dormíamos. Nos causó mucha extrañeza, y cinco o diez minutos después escuchamos la explosión (3:22 pm). Hubo muchas balas, mucho ruido y unos cinco japoneses se metieron en los closets y el baño, pero luego salieron corriendo y se tiraron al suelo porque los disparos iban hacia esos lugares.
¿Quiénes disparaban? Los comandos, no había emerretistas allí. Yo había estado leyendo acostado en el suelo y vi cuando los comandos militares entraron por la terraza. Entraron por todos lados, por la escalera portátil que pusieron desde abajo y por la entrada principal de la habitación que tenía salida al pasillo, y nos dijeron, gritando:

-¡¡Ya están liberados!! ¡¡Cámbiense!! Esperen que les demos un nuevo aviso

Nos hicieron bajar desde la terraza por una escalera portátil. Bajamos uno por uno y yo fui el antepenúltimo. Al tomar la escalera, volteé hacia la entrada principal de la habitación y allí, en el pasillo, estaban dos miembros del MRTA rodeados por comandos. Una era la que yo conocí como Cintia, le vi la cara. A la otra persona no le vi la cara, no puedo decir si era hombre o mujer. Pero Cintia gritaba algo como:

¡¡No me maten!! ¡¡No me maten!!

O tal vez:

¡¡No nos maten!! ¡¡No nos maten!!

Esta semana dos de los ex rehenes, Carlos Blanco y Gilberto Siura, cuestionaron el testimonio de Ogura asegurando que muchos de los cautivos habían perdido la confianza en él, particularmente, pero también en los otros diez funcionarios de la embajada. En principio, habían discrepancias sobre la forma de llegar a una solución: muchos de los peruanos y empresarios de origen nipón ya habían aceptado la idea del operativo militar, mientras que los diplomáticos orientales, en concordancia con la posición oficial y la política pacifista de su gobierno, se negaban a una salida violenta. Ambos dijeron que la tensión fue mucho mayor cuando llegaron a la conclusión de que había sido Ogura quien filtró la información sobre el operativo de rescate a un delegado de la Cruz Roja Internacional con el objetivo de que el mensaje llegara al cabecilla emerretista Néstor Cerpa Cartolini. "Eso es mentira", contestó Ogura al conversar con Domingo al cierre de esta edición. "Yo creo que los congresistas están cavando su propia tumba".

En el referido artículo del "Asahi Shinbum", Ogura relata que la confusión del rescate hizo imposible que pudiera llevar consigo los cuatro cuadernos en los que registró las ocurrencias de esos 126 días de cautiverio. Los apuntes de Ogura no eran un simple diario de rehén. "Como encargado de asuntos políticos de la embajada fui consciente, durante el tiempo que duró la ocupación, de mi deber de reunir toda la información posible acerca de lo que estaba ocurriendo, de mantener la comunicación con los miembros del MRTA con el fin de conocer el objetivo y los medios por y con los cuales nos mantenían cautivos", señala en una parte del informe.

Entrevistado por esta revista, Gilberto Siura llegó a insinuar que el supuesto afán de Ogura por frustrar la incursión militar podía atribuirse a cierta simpatía que desarrolló hacia los terroristas. "Por ejemplo, él ha hablado de que vio a una chica llamada Cintia ¿Cómo supo su nombre? Ninguno de nosotros lo sabía". Desde el otro lado del teléfono Ogura soltó una risa sarcástica: "No sentía simpatía por ellos, sólo tenía deseos de escuchar sus pensamientos".

Casi desde el inicio del cautiverio, Ogura procuró ganarse la confianza de los emerretistas, en especial la de Néstor Cerpa, Rolly Rojas (a) "El Arabe" y Eduardo Cruz Sánchez (a) "Tito". En una oportunidad, para lograr acercarse a Cerpa, rehizo un cuadro sobre la izquierda en el Perú que había elaborado en la década del 70, cuando llegó al país como estudiante e investigador de sociología.

Ogura llegaba a reunirse con los emerretistas unas cinco veces por semana. Logró conocer el apelativo de cada uno de los catorce (además de los dirigentes Cerpa, El Arabe, Tito y Salvador, estaban Sergio, Dante, Wilson, Lucas David, Davis, Huáscar, Leo, Cintia y Melisa). Asimismo, sostuvo frecuentes charlas con los líderes del grupo, quería saber cuál era su visión del mundo, de la historia y la revolución. Según sus propias palabras, Ogura llegó a criticarlos y les dijo que su ideología era obsoleta después del fin de la Guerra Fría.

Habían pasado unos diez minutos desde que el primer comando nos avisó del operativo. Bajamos al primer piso de la residencia por la escalera portátil mientras escuchábamos explosiones y ráfagas de metralleta. Estuvimos en el primer piso unos instantes, y luego nos condujeron por un pequeño túnel hasta el jardín de la casa vecina. Allí encontramos a siete rehenes peruanos, los vocales de la Corte Suprema Moisés Pantoja, Mario Urrelo, Hugo Sivina, Alipio Montes de Oca y Luis Serpa Segura. También estaban el viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama y el coronel de la Fuerza Aérea José Garrido Garrido. Pero junto a ellos, en el jardín estaba Tito, el número 2 del MRTA, atado con las manos atrás, en el suelo, boca abajo. El trató de decir algo, pero el policía que estaba de guardia le pateó la cabeza y Tito se calló la boca. Minutos después, por el mismo túnel que pasamos nosotros apareció un comando militar y se llevó aëTití nuevamente por el túnel hacia la residencia. Luego, Fujimori entró en la residencia por allí también, sólo pasó, no habló con nosotros

A los dos del MRTA que estaban en el segundo piso, creo que no, fue todo muy rápido. Pero a Tito sí hubo tiempo de verlo.

Si no se taparon los ojos, tuvieron que verlo.

Mientras esperábamos en el jardín, todavía se escuchaban disparos. No sé si estaban ejecutando a los terroristas. Poco antes de salir de la casa vecina vinieron unos comandos para dar la mano a cada uno de los dieciocho rehenes. Yo no quise darles la mano y el señor (Moisés) Pantoja, que estaba a mi costado, quiso obligarme a hacerlo. Pero yo no les di la mano, fui el único de los dieciocho. ¿Por qué? Porque me imaginé que estaban matando a todos los miembros del MRTA allí adentro, y yo no estaba de acuerdo con esa manera de hacer las cosas. Había posibilidad de llegar a una solución pacífica. Para mí, a pesar del reencuentro con mi esposa y mis hijos, era un momento de tristeza. Ellos contestaron la violencia con más violencia, y eso no soluciona nada.

"El diálogo obstruido", el libro de Ogura sobre su experiencia como rehén del MRTA, fue publicado en mayo del año pasado. Ninguno de los otros diez japoneses que vieron a Tito en el jardín de la casa vecina han afirmado cosas similares.

Ellos son los empresarios Masami Kobayashi y Yoshiaki Kitagawa, y los diplomáticos Hiroruki Kimoto, Haruo Nimura, Hayime Nakao, Hideo Nakamura, Katzumi Tagaki, Fumio Sunami, Sinji Yamamoto e Hiroto Morosumi.

No específicamente, pero nos dieron vacaciones de dos meses y regresamos a Japón. Cada miembro de la embajada fue llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores porque ya se había formado ahí dentro una comisión investigadora. Uno por uno fuimos llamados para contestar las preguntas de la comisión. En mi caso, antes de ir, unos superiores me dijeron que no tocara el tema de los emerretistas vivos.

En parte. Pero yo quería asumir mi responsabilidad: como encargado de asuntos políticos, no pude captar información sobre la toma de la residencia. Pero además, yo no estaba de acuerdo con la incursión militar para terminar con el incidente. Yo soy pacifista, no estoy de acuerdo con haber usado la violencia, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro.

Yo creo que ellos deben decir la verdad, pero no puedo obligarlos. Deben tener sus razones para no hablar, pero ellos vieron lo mismo que yo y deberían decir la verdad.

Los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil para la conformación de una Comisión de la Verdad han erizado los cabellos de quienes precisamente buscan mantener el manto de oscuridad tendido por la dictadura para impedir el esclarecimiento de un cúmulo de hechos luctuosos. En la última semana, conspicuas voceras del fujimorismo han fustigado al gobierno, atribuyéndole, por ejemplo, estar detrás de la exhumación de los emerretistas que murieron en la residencia del embajador Aoki.
En medio de esta coyuntura de confrontación electoral, ha resultado clave la difusión de un pronunciamiento convocando a la sociedad civil a que manifieste su clamor por justicia y verdad.

El documento suscrito por varios miles de católicos comprometidos en ámbitos académicos, educativos, culturales, religiosos, políticos, manifiesta su rechazo al ocultamiento de las redes del poder autoritario e interpreta este momento como una oportunidad inmejorable para recuperar los valores éticos, luchar con eficacia contra la pobreza y fortalecer las instituciones públicas para que no se vuelva a abusar del poder. Por ello es que justamente demanda la formación de la Comisión de la Verdad y llama a una participación activa y responsable en las próximas elecciones.

.WASHINGTON.- Amnistía Internacional pidió hoy, lunes, al que gane las próximas elecciones en Perú que se comprometa a poner fin a la tortura en ese país sudamericano.
"Perú debe aprovechar esta oportunidad para poner fin a décadas de tortura", manifestó William Schulz, director ejecutivo de Amnistía Internacional-EEUU.
"La legislación antiterrorista debe revisarse de acuerdo con las obligaciones internacionales de Perú y deben ser puestos en libertad los miles de prisioneros que fueron encarcelados cuando se les negó el derecho a un juicio justo", agregó.
Perú celebrará elecciones presidenciales el 8 de abril próximo. Los comicios fueron convocados tras la crisis política que se desató cuando el presidente Alberto Fujimori huyó a Japón el año pasado.
El Congreso destituyó a Fujimori por "incapacidad moral" y designó a Valentín Paniagua como presidente interino del país.
"Para librar a Perú de la tortura, la juventud y los activistas de Amnistía Internacional piden al próximo presidente, 'tortura nunca más'", dijo en español Sarah Clark, Directora de Programas de la organización de defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional-EEUU afirmó que la tortura se sigue utilizando en Perú y agregó que, desde de que se promulgara una ley contra su práctica en 1989, sólo dos agentes de policía han sido procesados.
"El nuevo presidente debe rechazar y derogar las leyes de 1995 que permitieron que miles de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, desde 1980, quedaran impunes", expresó Carlos Marín, especialista para Perú de Amnistía Internacional-EEUU.
Amnistía Internacional también pidió, en un comunicado difundido hoy, que los candidatos a la presidencia del Perú respalden la creación de una comisión que investigue la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas desde ese año y apoyen que se compense a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y a sus familiares.

El candidato presidencial por el FIM, Fernando Olivera, afirmó en Ilo que la exhumación de los cadáveres de los emerretistas que tomaron por asalto la embajada japonesa es una decisión de la justicia a la que debe dejarse actuar con autonomía e independencia.
"Ciertamente, si hubo excesos, la justicia sabrá qué hacer. Lo que si afirmo con claridad es que los responsables de esas muertes, más allá de los que hicieron los disparos, son los que secuestraron a los rehenes: los terroristas".

Llamó a los peruanos a no confundirse. "Hay una lacra criminal que nunca debe retornar. El terrorismo debe ser repudiado y no hacerse apología para darle valor a los cobardes que tomaron como rehenes a inocentes y quisieron someter a un chantaje a todo el Perú", dijo.
Según Olivera, por lo demás, la justicia deberá actuar ejemplarmente, porque en una democracia no hay intocables, y la ley se aplica por igual a todos.
Recordó que el FIM firmó el acuerdo para constituir la Comisión de la Verdad, porque cree que la verdad debe conocerse ante todo. "Hemos sido gobernados por la mentira, y hoy somos la alternativa de un verdadero cambio para rescatar al Perú para los peruanos", sentenció.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) Los jóvenes y estudiantes de Perú y del mundo entero que pertenecen a Amnistía Internacional pedirán a los candidatos presidenciales de este país sudamericano que se comprometan, si resultan elegidos, a erradicar la tortura.

Desde ayer y hasta el próximo 25 de marzo de 2001, antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de abril, miles de miembros y activistas de las redes de jóvenes y estudiantes de la organización se movilizarán en las calles para pedir que cese el uso generalizado de la tortura en Perú.

El director del Programa para América de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, declaró: "La tortura es una práctica generalizada en Perú. Sin embargo, este país está atravesando un momento crítico en su historia, por lo que ahora se nos brinda una oportunidad que la población peruana debe aprovechar y que los candidatos a la presidencia deben asumir".

La organización confía en que esta nueva presión sobre Perú garantice que el nuevo presidente, que ocupará su cargo en julio de 2001, tomará medidas concretas para terminar con la tortura en Perú y promover los derechos humanos.

Aunque en los últimos años las denuncias de desaparición y ejecución extrajudicial han disminuido, la tortura y los malos tratos, incluida la muerte bajo custodia, siguen siendo una práctica generalizada en Perú. Las autoridades peruanas han aprobado una ley que tipifica la tortura como delito. Sin embargo, desde la adopción de esta ley en febrero de 1998, sólo dos agentes de policía han sido procesados.

En respuesta al ultimátum lanzado por los militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, presos en el penal de Yanamayo, en Puno, el ministro de Justicia, Diego García Sayán, enfatizó ayer que el gobierno no cederá de ninguna manera ante el chantaje, la manipulación y la intimidación con amenaza de uso de fuerza.
"El gobierno no actuó ni actuará bajo la presión de quienes han cometido muy graves delitos, porque sobre esa base no va haber ninguna acción por parte del gobierno", manifestó en Palacio de Gobierno adonde acudió acompañado de su colega de Costa Rica, Mónica Naguel.

García Sayán señaló que no está en los planes del gobierno clausurar el penal de máxima seguridad de Yanamayo, aunque admitió que existe una situación anómala en su interior debido al mal manejo que le dio el régimen anterior.Aclaró que el gobierno no tiene nada que negociar porque tiene la función inaplicable de hacer respetar el principio de autoridad.
Aseveró además que la seguridad del penal está garantizada por efectivos policiales, por lo que no existe riesgo de fuga. En ese sentido, calificó de inexactas las versiones periodísticas que señalan lo contrario.

García Sayán informó también de la instalación de una comisión especial encargada de efectuar recomendaciones técnicas para el inmediato reacondicionamiento del establecimiento penal de Yanamayo, así como determinar la responsabilidad de su diseño y construcción.
Una de ellas dijo será establecer si es necesario o no, el traslado temporal de los internos para ayudar en la rehabilitación del penal, ya que actualmente no existen las condiciones necesarias para efectuar esa tarea.
"Porque bajo ninguna circunstancia se harán traslados en función a la presión o una supuesta negociación que no existe", subrayó.

Agregó que dicho grupo de trabajo tendrá 20 días para analizar esta situación, porque la rehabilitación del penal de máxima seguridad, así como de la Base Naval del Callao eran uno de los objetivos centrales de su cartera.
Este grupo de trabajo está presidido por el almirante (r) Alfonso Panizo e integrado por Antonio Blanco, decano del Colegio de Ingenieros del Perú; Ramón Barúa, de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confied); Miguel Gonzales del Río, ex director de penales, y el general PNP David Haddad.

De otro lado, García Sayán indicó que se estudiará la posibilidad de otorgar en concesión los centros penitenciarios del país debido al colapso del sistema carcelario.
Indicó que la propuesta fue alcanzada por su homóloga, Mónica Naguel, quien visitó nuestro país para asistir a la instalación de la comisión especial encargada de efectuar recomendaciones técnicas para el reacondicionamiento del penal Yanamayo.
García Sayán anunció que en los próximos días viajará una comisión de la Copri a Costa Rica a fin de avaluar esta posibilidad, la cual permitiría la construcción de nuevos penales, así como, el mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento de los servicios.

RECIBIDO POR E-MAIL
Estimados amigos:

Los ex rehenes de la toma de la residencia del Embajador del Japón por parte de 14 miembros del grupo terrorista MRTA que firman el presente comunicado, expresan a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento a los valientes y heroicos comandos de nuestras Fuerzas Armadas que, ofreciéndose como voluntarios, nos rescataron del secuestro de 126 días, arriesgando sus vidas, y poniendo nuestra integridad física por encima de la suya y del bienestar de sus familias.

2. Damos fe de la zozobra de los rehenes –muchos de los cuales se encontraban muy enfermos–, ante la inhumana decisión de los terroristas del MRTA de transgredir el Acuerdo de Toronto, restringiendo severamente la asistencia médica a sus secuestrados. Este irresponsable y cruel intento de presionar al gobierno, fomentando una mayor desesperación entre los rehenes y sus familiares, fue el verdadero factor que hizo fracasar las negociaciones, haciéndose imperativo el rescate de los cautivos de la violenta atrocidad de los terroristas del MRTA.

3. Desconocemos las razones o la veracidad de las acusaciones vertidas por un ex rehén, las cuales respetamos, más no suscribimos. Sin embargo, consideramos que la opinión pública y las autoridades deben entender que durante la ejecución de la Operación Chavín de Huantar, primaba la confusión, la angustia y el desconcierto al interior de la residencia del Embajador japonés, además de un continuo fuego cruzado, el estallido de granadas emerretistas y el humo generado por las explosiones que hacían casi imposible la visibilidad. Nuestro único objetivo era salir con vida y lo más pronto posible del secuestro inhumano que vivimos por cuatro meses. Lamentablemente, en ese combate murieron dos valientes comandos, un compañero rehén, y fueron heridos otros rehenes, todos por el ataque intencional de los miembros del MRTA. De esta manera, podemos dar fe de un severo combate entre los emerretistas y los comandos de las Fuerzas Armadas durante la operación de rescate.

4. Respetamos los sentimientos de los deudos de los 14 emerretistas. Sin embargo, hacemos un llamado especial a la población y a las autoridades para evitar el rebrote terrorista que tanto daño haría a nuestro país.

5. Reiteramos que la legislación internacional califica de genocidas a los terroristas, y que no toleramos ningún acto terrorista y aceptamos el principio de no ceder jamás ante el chantaje de cualquier grupo subversivo.

6. Como sobrevivientes de un acto terrorista nos sentimos en la responsabilidad de llamar la atención de la opinión pública sobre el derecho que tenemos todos los peruanos a vivir en paz, seguridad y libertad.

7. Por último, señalamos nuestra profunda indignación y malestar por los hechos acontecidos en estas últimas dos semanas y hacemos un llamado a los medios de prensa para que traten la información y los actos ligados a la actual investigación con responsabilidad, prudencia y humanidad. Todos somos responsables de que no se fomente un clima de polarización, intolerancia, angustia y desazón.

Lima, 18 de marzo de 2001

Carlos Blanco Oropeza, Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, Luis Giampietri-Rojas Vicealmirante A.P (r), Arturo López Pardo-Figueroa Gral. Div. E.P. (r), Jorge San Román , Carlos Domínguez Solís , Rodolfo Muñante Sanguinetti, ,uis Chang Ching, Gilberto Siura Céspedes , Eduardo Pando Pacheco , Pedro Aritomi Aritomi , Felipe Ramírez del Río, Shigenori Sato,  Samuel Matsuda Nishimura .

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera importante dirigirse a la opinión pública para hacer una apreciación sobre diversos temas vinculados a la situación actual de los derechos humanos y los desafíos inmediatos que se presentan.

1.- El gobierno que encabeza el presidente Valentín Paniagua ha dado en estos meses pasos importantes para crear condiciones para una vigencia de los derechos humanos en el Perú. En ese sentido cabe destacar la restitución plena de la libertad de prensa, la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional, la creación de una nueva Comisión Ad Hoc para el tema de inocentes en prisión, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la suscripción del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de una solución negociada para los casos pendientes ante la Comisión y la Corte Interamericana.

2.- A lo anterior hay que sumarle el avance sustantivo hacia el establecimiento de una Comisión de la Verdad, por la comisión preparatoria creada para tal efecto por el Ministerio de Justicia. En ella han participado los ministros de Justicia, Defensa, Interior y de la Mujer; así como el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico y la CNDDHH. El trabajo de la Comisión ha concluido de la manera más exitosa. Sobre la base de una amplísima consulta a escala nacional y tomando todos los acuerdos por unanimidad, se han aprobado todos los detalles necesarios en relación con su mandato, composición, periodo a analizar tiempo de funciones etc. El proyecto de Decreto Supremo que la crea la Comisión de la Verdad se encuentra ya listo y va a ser enviado para la consideración del presidente Valentín Paniagua.

3.-Hay un gran consenso nacional para la formación de una Comisión de la Verdad que de cuenta de las responsabilidades tanto de los grupos subversivos, como de las fuerzas del orden en los últimos veinte años. Así, los cuatro candidatos presidenciales que encabezan todas las encuestas de opinión han suscrito públicamente un compromiso a favor de la Comisión de la Verdad que será también entregado al presidente Paniagua. Damos cuenta también de que en una reciente encuesta nacional encargada por la CNDDHH a Imasen, el acuerdo ciudadano para que la Comisión de la Verdad se instale llega al 82,9%.

4.- Dada la sensibilidad de este gobierno frente al tema de los derechos humanos y el compromiso público de todas las fuerzas políticas del país, la CNDDHH tiene fundadas razones para confiar que el Perú podrá contar en las próximas semanas con una Comisión de la Verdad que nos ayude a no repetir los errores del pasado y a construir la democracia sobre bases sólidas.

5.- Paralelo al tema de la verdad está el tema de la justicia y a ese nivel hay también importantes novedades. Nos referimos a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el marco de su sentencia para el caso Barrios Altos, ha establecido que las leyes de amnistía 26479 y 26492 aprobadas en junio de 1995 por el gobierno de Alberto Fujimori son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y que, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos Se trata de una decisión histórica y de obligado cumplimiento por el Estado peruano por lo que se abren de nuevo las puertas a la justicia para las víctimas de crímenes de derechos humanos cometidos antes de esa fecha.

6.- Es importante ratificar, dado los avances que venimos reseñando para las posibilidades de verdad y justicia en el país, que estos no pueden ni deben entenderse como un intento de desprestigiar o debilitar a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los organismos de derechos humanos tienen la profunda convicción que este proceso, por más doloroso que pueda ser inicialmente, apunta a fortalecerlas institucionalmente y legitimarlas frente a la población. El señalamiento de responsabilidades y su sanción permitirá a los peruanos recuperar la confianza en las instituciones armadas.

7.- El punto anterior cobra sentido e importancia inmediata a raíz de la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación sobre posibles ejecuciones extra-judiciales luego de la recuperación de la embajada del Japón tomada por el MRTA. Es sumamente importante precisar al respecto que la CNDDHH considera que esa investigación judicial no puede interpretarse en ningún caso como una justificación a la toma de rehenes por parte del MRTA, hecho inaceptable que condenamos en su momento de la manera más enérgica. Tampoco pone en tela de juicio el derecho y la obligación que el Estado peruano tuvo de conseguir la liberación de los rehenes, poniendo fin a una situación inaceptable que afectaba gravemente los derechos fundamentales de las personas secuestradas.

8.- Las investigaciones judiciales deben centrarse, en nuestra opinión, exclusivamente en establecer si hubo ejecuciones extra-judiciales de prisioneros rendidos; hechos que de comprobarse constituirían gravísimos, innecesarios e injustificables crímenes, ocurridos posteriormente a la operación militar de recuperación de la embajada y que, comprometen sólo a sus ejecutores directos y a quienes lo ordenaron.

9.- Finalmente sobre las denuncias y acusaciones que se vienen haciendo contra el Ministro de Justicia por la situación carcelaria, la CNDDHH considera que hay una intencionada distorsión de lo que ocurre en las prisiones por parte de algunos medios y sectores políticos vinculados al fujimorismo con el propósito de crear una imagen de desorden que desacredite la democracia. Compartimos la opinión del Ministro de Justicia en el sentido de que no existe razón alguna para que la necesaria humanización de las cárceles y el respeto a la dignidad del ser humano, tengan que venir acompañadas de la perdida del principio de autoridad y/o de relajamiento de la seguridad en las cárceles.

10.- Las semanas que vienen serán decisivas para que el gobierno transitorio consolide los logros alcanzados en la lucha contra la impunidad, en la vigencia de los derechos humanos, en la recuperación del estado de derecho y en la confianza ciudadana en las instituciones. Las diferentes medidas y decisiones a adoptar con estos fines probablemente tendrán algunos detractores entre sectores que se pueden sentir afectados, pero contarán como hasta ahora con al amplio respaldo de la opinión pública y contribuirán a construir un futuro mejor.

Lima, 21 de marzo del 2001

Las preocupaciones acerca de una disputa diplomática entre ambos países surgieron cuando el destituido Fujimori voló a Japón en noviembre en medio de la creciente tormenta política desatada en Lima por los escándalos de corrupción protagonizados por su ex jefe de inteligencia y asesor, Vladimiro Montesinos.
Fujimori renunció como presidente poco después, pero el Congreso peruano rechazó la renuncia, y lo destituyó por ''incapacidad moral''.
Desde entonces, el ex mandatario permanece en la tierra de sus padres como ciudadano japonés.
Las inquietudes acerca de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones aumentaron cuando el mes pasado el Congreso peruano aprobó establecer cargos criminales contra Fujimori por abandono de su cargo y negligencia al viajar a Japón.

Varios legisladores peruanos públicamente han dicho que Tokio está obligado a enviar de regreso a Fujimori para que
enfrente las posibles acusaciones.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido una petición oficial del gobierno de Lima para su retorno.
Macchiavello destacó que cualquier petición del lado peruano sería puramente judicial, y no sería un desafío diplomático para Japón.
``Tan pronto como las autoridades peruanas apropiadas emitan la documentación del caso con respecto a la situación judicial del ex presidente, tomaré los pasos correspondientes frente a las autoridades japonesas'', afirmó el embajador.

Macchiavello, quien está casado con una japonesa y ha ejercido cinco posiciones diplomáticas en Japón desde la década de los 60, resaltó que los lazos de las dos naciones se han profundizado, tras citar una historia de 100 años de inmigración japonesa a Perú.
Perú es el hogar de unos 100.000 residentes de descendientes japoneses, en tanto que unos 50.000 peruanos trabajan en Japón.

Ustedes me están insultando con la falsedad inventada sin el principio de la ética.

(1) Yo nunca infiltré informaciones al MRTA. Están mintiendo diciendo que fui el único que se opuso a la fuga a la rebelión interna. Recuerden bien. El Sr. Tudela representando a los rehenes peruanos y el Sr. Embajador Aoki representando a los rehenes japoneses, trataron de convencer al Sr. Giampietri para que deje el plan de rebelión interna porque naturalmente era muy peligroso con la posibilidad que iba a causar muchas muertes entre los rehenes.

(2) Yo no infiltré nunca al MRTA. Es cierto que un señor japonés del sector privado habló con la señora japonesa enviada por la Cruz Roja del Japón preocupado por un plan imprudente de rebelión interna. Y esa japonesa consultó a sus superiores preocupada. Tal vez lo que están mencionando es este hecho. Pero, lamentablemente están confundidos por falta de capacidad de hacer análisis. Si tienen alguna duda pregunten a la Cruz Roja del Japón. Si yo hubiera querido infiltrar informaciones al MRTA, ¿por qué tendría que usar a la Cruz Roja como canal de comunicación? yo habría podido infiltrarlas directamente. Lo que dicen ustedes no tiene lógica.

(3) Yo no fui el encargado de seguridad de la Embajada, sino el Sr. Akihisa Ogiyama enviado por la Autodefensa del Japón, quien dormía todas las noches en el dormitorio del Embajador junto con ustedes. No puedo creer que ustedes no lo conocían. No hagan confundir las cosas. Fui el encargado de asuntos políticos.

(4) He renunciado al Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir la responsabilidad de ser funcionario de la Embajada ante el pueblo japonés. Ante el gobierno del Japón, el gobierno del Perú estaba obligado de dar suficientes medidas de seguridad para las instalaciones de delegaciones diplomáticas según el Tratado de Viena. Lamentablemente, el gobierno anterior de Sr.Fujimori no cumplió este deber, por eso ocurrió el incidente. No echen la culpa al encargado de seguridad de la Embajada Sr. Ogiyama. El gobierno anterior tenía la responsabilidad.

(5) He renunciado por iniciativa propia en diciembre de 1998, no fui separado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio me pidió quedarme más tiempo, pero insistí en renunciar. No me insulten sin fundamento. Si tienen dudas pregunten al Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón.

La investigación forense sobre los emerretistas muertos en la residencia del embajador Aoki se va centrando en Eduardo Cruz Sánchez `Tito'.
Pasan los días y crece la controversia en torno a lo ocurrido el 22 de abril de 1997, durante la operación Chavín de Huántar.
Tras las exhumaciones, los forenses ya investigan la causa de la muerte de los 14 emerretistas fallecidos en la acción y la atención se concentra en lo ocurrido con Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", el segundo jefe del comando del MRTA. La solitaria bala que, al parecer, acabó con su vida es el punto alrededor del cual gira toda esta conflictiva historia.

SON días extenuantes y tensos en los lúgubres ambientes de la Morgue Central de Lima. Desde el lunes 19, los 10 antropólogos forenses encargados de investigar la presunta ejecución extrajudicial de algunos miembros del MRTA, durante la operación Chavín de Huántar, examinan, con ojo de joyero, los restos exhumados la semana pasada en Lima.

Al cierre de esta edición, el martes 20, habían explorado apenas 4 de los 14 cadáveres y, aunque mantienen un prudente hermetismo, ha trascendido que la piedra de toque para determinar si hubo un acto irregular pasa por saber cómo murió Eduardo Cruz Sánchez, el subversivo conocido como "Tito".

La bala que, al parecer, atravesó su cerebro -algo ya determinado por la necropsia hecha en el Hospital de Policía- configura un acto extraño, sobre el cual discurriría parte de la investigación. Si los miembros del EPAF (Equipo Peruano de Antropología Forense) corroboran esto, la acusación judicial podría prosperar.

¿Por qué? Los exámenes están aún en marcha, pero hay indicios de que dicho disparo habría entrado por el mentón, desde un ángulo difícil, y habría destrozado la parte posterior de la masa encefálica de "Tito". Esto podría haber implicado un tiro cercano, algo muy distinto al fuego graneado que recibieron el resto de subversivos.

Es prematuro afirmarlo, pero otras versiones surgidas esta semana abonan las sospechas en torno a la muerte del número dos del MRTA en el momento del secuestro. Una de ellas, esencial, es la ofrecida esta semana por el general PNP Máximo Rivera Díaz, ex rehén y entonces jefe de la DINCOTE.

Rivera ha dado crédito a la versión de Hidetaka Ogura, acerca de la presunta ejecución de rendidos, pero no, como han señalado otros medios, porque también vio a "Tito" tendido en el piso y amarrado. En realidad él salió por otro lado durante el rescate, sólo que ha reconocido que recogió varias versiones coincidentes con la del diplomático japonés.

Una de ellas, explicó a CARETAS, la escuchó el mismo 22 de abril de 1997, varios minutos después de la operación Chavín de Huántar, en un ambiente del Hospital Militar, cuando varios rehenes liberados comentaban con angustia la resaca de lo vivido. "¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos?", escuchó que preguntaban en medio del alboroto

"Parece que sólo el doctor Giusti", habría respondido alguien, para, a continuación agregar que "a `Tito' lo agarraron vivo". El general PNP dice no recordar exactamente quién lo dijo, aunque sí que fue vox populi en ese instante de indescriptible angustia y que luego volvió a escuchar esa versión en diversas reuniones sostenidas con los ex rehenes.

El ex jefe de la DINCOTE también afirma que no todos los emerretistas dispararon a matar a los rehenes. "Cuando empezó el rescate -cuenta-, `Leo' (un emerretista) entró al cuarto y nos dijo: "tírense al suelo, nomás, no levanten la cabeza'". Asimismo, señala haber escuchado la versión de que "Tito" pretendió huir confundido entre los magistrados.

Curiosamente, esta semana CARETAS recogió, de dos fuentes sumamente confiables que prefirieron el anonimato, una versión similar que, de confirmarse, provocaría aún más controversia. Según ella, "Tito", sumido en la desesperación y ya viéndose perdido, le habría pedido a Alipio Montes de Oca y a otro vocal supremo que le ayuden a salir con ellos.

Estos le habrían sugerido que se quite rápidamente el uniforme del MRTA, para que no sea reconocido, e incluso Montes de Oca le habría prestado una camisa. Así, salieron todos a rastras, pero `Tito' fue reconocido en el trayecto. No queda claro si alguien delató al subversivo o si simplemente algún comando se dio cuenta de su presencia.

Lo curioso es que esta versión coincide en cierto modo con la de Ogura, cuando éste señala que `Tito' estaba amarrado, boca abajo y vestido sólo con un short y un polo de manga corta, es decir sin el típico uniforme emerretista. Después, coinciden ambas versiones, fue llevado de vuelta a la residencia por un comando y luego apareció muerto.

Algunos rehenes, de acuerdo a esta versión, entre ellos Ogura, se habrían sorprendido luego al saber que "Tito" también habría muerto. Pero aún más. El ex ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, en una entrevista concedida 48 horas después del rescate a la periodista Ineke Holt del diario holandés De Volkskrant, sostuvo algo difícil de olvidar.

"En el cuarto de los jueces -habría declarado Muñante- había un chico. `Me rindo, me rindo', gritaba. El intentó sacarse desesperadamente el armamento, el chaleco con granadas. Pero tenía tantas que no lo conseguía. Observé bien: él se entregó a los jueces...". ¿Se trataba de "Tito"? El ex ministro luego desmintió lo dicho, pero la duda quedó flotando.

Muñante luego ha firmado el comunicado difundido el martes 20 por algunos ex rehenes -casi todos vinculados al régimen anterior-, en el que éstos, además de discrepar con Ogura, señalan que el humo de las explosiones y el fuego cruzado "hacían imposible la visibilidad". Todo ha quedado nublado entonces, aunque no para la fiscal Flor de María Alva.

Esta semana, citó a su despacho a varios ex rehenes, entre ellos al almirante Luis Giampietri, quien habría reiterado ante ella parte de lo que declaró en la edición anterior de CARETAS. La novedad, sin embargo, es que también habría citado a ex comandos que participaron en el asalto y por lo menos uno de ellos habría contado una historia hasta ahora escondida.

Según fuentes judiciales consultadas por CARETAS, uno de los comandos habría confirmado que cuando rescataban a los rehenes japoneses aparecieron dos emerretistas en ese cuarto, que era de Ogura y estaba contiguo al de los jueces. Estos habrían sido una de las mujeres, aquella a la que llamaban "La Gringa" (Melissa) y el joven conocido como "Dante".

¿Qué ocurrió en realidad? Hay todavía mucho que investigar y, aun cuando los indicios van dibujando dudas alrededor de la muerte de "Tito", no debe olvidarse el hecho de que sí hubo un cruento enfrentamiento entre emerretistas y comandos, por lo menos parcialmente, que devino en la muerte del teniente Jiménez y el comandante Valer.

Reconocer eso, sin embargo, no significa adherirse a la reacción destemplada y maliciosa del ex oficialismo, que está levantando el manido argumento del rebrote terrorista para bloquear cualquier investigación y para espetarle al actual gobierno su supuesto descuido. Con las exhumaciones, en suma, volverán todos los males, según este torvo parecer.

Por si fuera poco, la situación generada en el penal de Yanamayo en los últimos días, justamente por internos del MRTA, y el juicio a Lori Berenson (ver recuadro) han coronado un panorama en donde se agitan fantasmas y se pesca a río revuelto. Los subversivos, por ejemplo, quieren convertir las exhumaciones en pruebas consumadas y revivir un protagonismo extinguido.

Pero el ministro de Justicia Diego García Sayán ha dicho ya que "no hay ningún ultimátum que escuchar", refiriéndose a la inaceptable exigencia, hecha por los subversivos, para que trasladen a algunos de sus presos a Lima. Ese mismo criterio, acaso, debería valer para todas las circunstancias que rodean a la espinosa investigación de lo ocurrido en abril de 1997.

Nadie tiene derecho a exigir silencio, que no se sancione a los responsables si se comprueba que hubo ejecuciones, que se aplace hasta el infinito la investigación. Asimismo, nadie puede amenazar con "tirarse abajo Yanamayo", como habría dicho Lucero Cumpa, menos aún si el MRTA más de una vez secuestró sin tiempo y sin compasión a algunos ciudadanos.

Léalo en: www.presos.com/pe

Los Presos Políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru recluidos en Yanamayo denunciamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.Que sé esta preparando condiciones subjetivas para una intervención represiva contra los Presos Políticos del MRTA de este Penal. Se han difundido versiones periodísticas falsas de un supuesto Plan de Fuga, así como supuestas amenazas a congresistas vinculados al pasado régimen. Así como un ultimátum de derrumbar el penal, lo que implica tenencia de explosivos y otros materiales.

2. Estas absurdas acusaciones buscan distraer la atención sobre las actuales investigaciones acerca del asesinato del Comando Edgar Sánchez y justificar ante la opinión pública las medidas represivas que de producirse serían de consecuencias impredecibles.

3. El fujimorismo manipuló interesadamente a la prensa para ocultar las graves violaciones a los Derechos Humanos y desde el inicio de la dictadura hemos vivido en un régimen carcelario inhumano e ilegal, hemos sido reprimidos constantemente por reclamar el respeto a nuestros derechos, existen diversas denuncias en el Juzgado Penal de Puno en las varias oportunidades en que hemos sido sometidos a golpizas y abusos cometidos por las fuerzas policiales encargados de la custodia del penal. Existe incluso una denuncia sobre los hechos ocurridos el 6 y 7 de febrero del 2000, donde una incursión policial ocasionó la muerte del interno Carlos Ponce, esto fue responsabilidad directa de la Policía Nacional del Perú, estas denuncias no han culminado correctamente por el manejo que tenía Vladimiro Montecinos sobre el Poder Judicial y del Ministerio Público.

4. Debemos señalar que en la actualidad existen diversas acciones por parte del personal de seguridad, tendientes por un lado a mantener en estado de permanente alerta y vigilia al personal de seguridad y de otro intimidarnos con estas demostraciones de fuerza. Estas acciones son: simulacros de: ,seguridad", que significan una amenaza constante por él desplazamiento armado de efectivos policiales acompañados de vuelos rasantes de helicópteros alrededor y sobre el penal.

5. Por otro lado existe un permanente hostigamiento a nuestros familiares. Queremos llamar la atención sobre un extraño atropello cometido contra un familiar que estaba de visita, hecho por el que existe ya una denuncia y por el cual demandamos una exhaustiva investigación. Este "accidente" ha ocurrido el pasado domingo 18 de marzo.

6. Por otro lado la campaña antipresos políticos emprendida por los congresistas de la dictadura y la prensa sensacionalista tiene como otro de sus objetivos eliminar todos los espacios y derechos que hemos ido recuperado con nuestras luchas permanentes desde la dictadura fujimorista.

Llamamos a la opinión pública nacional e internacional a estar alerta para evitar un nuevo asesinato de presos políticos o que se regrese a las condiciones de carcelería de la pasada dictadura, recortando los escasos espacios y derechos conquistados con nuestras luchas.

Presos Políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru recluidos en Yanamayo.

21 de marzo de 2001
Presos Políticos de Perú: http://www.presos.com/peru/correo.html

Por lo menos tres de los 14 emerretistas que murieron durante la toma militar de la residencia del embajador de Japón, en abril de 1997, habrian recibido balazos en la cabeza disparados por armas de bajo calibre como un revolver o una pistola. A esta presunción llegaron los peritos forenses, tras la culminación de las nuevas necropsias que se practicaron a los restos de los subversivos que fueron exhumados hace dos semanas y cuyas diligencias culminaron el viernes último. Durante los examenes de balistica, que estuvieron a cargo de agentes de la División de Criminalistica de la PNP, se encontraron indicios que hacen sospechar que tres de los emerretistas presentaban orificios de bala de bajo calibre en el cráneo, indicaron fuentes del Ministerio Publico. Estas heridas, se supo, no se habrian realizado con fusiles, como seria lo usual por la naturaleza del hecho -una toma militar- sino podrian haberse ejecutado con un revolver 38 o una pistola de calibre 9 milimetros. El orificio de entrada de los proyectiles, indicó nuestro informante, es pequeño y no hizo mucho daño en el hueso del cráneo de las víctimas, como hubiese sido lo normal si se tratara de una bala de fusil.

La representante de la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, señaló que hasta el momento la justicia militar no cumple con entregar el acta de levantamiento de los cuerpos de los emerretistas fallecidos durante la denominada operacion de rescate Chavin de Huantar. Dijo que ese documento les puede indicar cómo y dónde fueron encontrados los restos de cada cadáver, lo que contribuiría a esclarecer si existieron ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los 72 rehenes de un comando del MRTA. La encargada de la defensa de los deudos de los emerretistas senalo que existen indicios que ello haya ocurrido no solo por las declaraciones del diplomático japoneé Hidetaka Ogura, sino que investigaciones preliminares dan cuenta que el cadáver del mando emerretista conocido como "Tito" tenía solo un proyectil. "No obstante correspondera a los peritos determinar fehacientemente la trayectoria de la bala", manifestó la abogada de los familiares de los emerretistas.

La doctora Gloria Cano de otro lado presento ante el despacho de la fiscal Flor de Maria Alva Lopez unos documentos para desvirtuar los argumentos presentados por la defensa del ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) general EP (r) Julio Salazar Monroe en la investigacion seguida en su contra por la matanza de Barrios Altos.

La abogada refirió que el proceso seguido a Salazar Monroe y los miembros del grupo Colina fue sobreseido por la justicia militar despues de haber entrado en vigencia la ley de amnistia dada por el Congreso de la Republica y no antes, como senalo el abogado Cesar Nakasaki, defensa del ex general.

En tanto, el procurador adjunto Ronald Gamarra senalo que el Instituto de Medicina Legal ya ha concluido la necropsia de los restos exhumados pertenecientes a los 14 emerretistas. Sin embargo, dijo que aun se encuentran pendientes otros examenes complementarios como la prueba del ADN. Dijo que este último examen que se encuentran en proceso de verificación servirá para determinar la identidad de los subversivos fallecidos y descartar asimismo cualquier caso de suplantación.

Los examenes que realizan medicos y antropologos forenses para determinar posibles ejecuciones extrajudiciales de los emerretistas rendidos durante la operacion Chavin de Huantar entraron a una fase final, revelaron el procurador para casos de derechos humanos Ronald Gamarra y la representante de Aprodeh, Gloria Cano.
Aunque las necropsias culminaron el viernes ultimo, los resultados de las investigaciones recien se daran a conocer cuando los peritos culminen con los trabajos de laboratorio.

El informe de los peritajes que desarrollan odontologos, ingenieros forenses, medicos legistas y peritos en balistica permitira establecer que armas usaron, el tipo de proyectil y a que distancia dispararon, revelo la doctora Cano. Agrego que las pruebas de laboratorio seran fundamentales para certificar si alguno de los 14 emerretistas fue ejecutado en forma extrajudicial.
Se deben esperar los resultados de los estudios anatomo-patologicos en los huesos de las victimas. De este modo se sabra si los disparos fueron descerrajados en vida, explico uno de los especialistas.

Gloria Cano informo que los familiares han presentado un perito de parte. Se trata del medico patologo Robert Brooks, quien es jefe de la oficina de medicina legal de San Antonio Texas. Dicho especialista estuvo en las necropsias practicadas a los terroristas muertos, y en los proximos dias presentara su informe. Explico que los dictamenes seran alcanzados a la fiscal, Flor de Maria Alva Lopez, para que tenga elementos que le permitan pronunciarse sobre el caso denunciado por los familiares de los emerretistas.
La representante de Aprodeh señalo, asimismo, que existen videos grabados por los comandos cuando ingresaron a la residencia japonesa en la operacion Chavin de Huantar. Dijo que alguien debe tener esos videos, y que en ellos se debe ver si hubo o no ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, el procurador para casos de derechos humanos, Ronald Gamarra tambien informó que médicos del Instituto de Medicina Legal culminaron con el examen general de los restos de los 14 miembros del MRTA que murieron en el rescate de rehenes de la residencia japonesa en 1997. Gamarra manifestó que faltan algunas pruebas complementarias, como los resultados del ADN, que tardara un tiempo al estar, por el momento, en proceso de verificación. Agrego que, segun los especialistas, sera posible determinar si los emerretistas fueron ejecutados extrajudicialmente o murieron durante el enfrentamiento.

HA pasado de cierta discreción a una mayor soltura. Algo ha cambiado en Lori Berenson desde que, el martes 20, se presentó por primera vez ante el Tribunal Superior contra el Terrorismo presidido por Marcos Ibazeta.
Ya ha vivido tres sesiones, de aproximadamente tres horas cada una, ante esta instancia y si bien su actitud se ha vuelto más espontánea, hay cierta línea de continuidad en sus palabras. Su sentencia inamovible: los miembros del MRTA son "luchadores sociales".

La Berenson ya no es esa joven que el 8 de enero de 1996 fue presentada por la DINCOTE, mientras gritaba algo destempladamente. Ahora luce arreglada y serena, habla buen español y no parece perder la calma ante las preguntas.
Pero en ningún momento ha condenado las acciones del MRTA y ha insistido en que no sabía de los propósitos violentos de este grupo, al que conoció más que de pasada. Al punto que, en noviembre de 1994, cuando recién llegó, alquiló un departamento dentro de una especie de bunker de la organización.
La Berenson, todo indica, nunca participó en una acción armada del MRTA, pero conoció, cercana y amigablemente, a algunos de sus dirigentes.
Eso es lo que ella misma ha venido reconociendo durante estas sesiones, en las que los nombres de Nancy Gilvonio y Pacífico Castrellón (el panameño con quien vino a Lima) han aparecido rondando su proceso. Alguno de ellos pronto testificarán, para bien o mal de la norteamericana.
Mientras, sus padres -Mark y Rhoda Berenson- viven su propio proceso, lleno de angustias, en la convicción de que su hija es inocente. Moviendo, además, Cielo y Tierra -incluyendo a las Naciones Unidas, la OEA, el Congreso norteamericano- para que su hija tenga un apoyo que acá ningún preso tiene.
El fiscal César Navas Rondón ha pedido para ella 20 años de prisión, ante los ojos de la prensa nacional e internacional y el ojo, cauto pero escrutador, de la administración norteamericana. (RE/PM)

La situación del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori podría entrar en los próximos días a una etapa decisiva. Por un lado, en los próximos días la vocal suprema instructora Ana María Bromley tendría listo el exhorto respectivo que enviará al Japón para que Fujimori se ponga a disposición de la justicia peruana por el juicio que se le sigue por abandono de cargo. De otro lado, esta semana el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua concedió facultades al procurador ad hoc, José Ugaz y a los procuradores adjuntos Luis Vargas, César Azabache y Ronald Gamarra para interponer acciones judiciales contra Fujimori.

De este modo, no sólo podrán intervenir en el juicio que se le sigue por abandono de cargo, sino que podrán interponer nuevas acciones judiciales. De hecho, sin tiempo que perder, Ugaz ha anunciado que su despacho investiga testimonios según los cuales el ex mandatario recibió y entregó dinero ilegal. Además, ha dicho que se ha logrado identificar que Fujimori tenía un entorno independiente y en ocasiones contrario al de Montesinos.

Los procuradores con las nuevas facultades concedidas también podrán intervenir en los futuros procesos judiciales que le esperan al ex mandatario y que suman unos 15 y se encuentran en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. Entre ellos se incluye el de homicidio calificado (con pena entre 25 y 30 años) si se comprueba que hubo ejecución extrajudicial en el caso de los emerretistas y el de allanamiento irregular de la vivienda del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre esto último, el congresista Juan Velit que preside una de las tres subcomisiones que investiga a Fujimori en el Congreso, emitió su informe final recomendando la acusación constitucional de Fujimori. Hay otras investigaciones que ya Ugaz había iniciado y que son más graves, como tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, cuyas penas son de 25 años y cadena perpetua, respectivamente

Terminadas las diligencias realizadas en la Morgue Central de Lima, la atención ahora se centra en los resultados de las pruebas que se practicarán a los cadáveres de los 14 emerretistas muertos en la residencia del embajador Morihisa Aoki. Entre ellas se encuentra la de ADN, pero lo que resultará central será la prueba de la "absorción atómica".
Dicho examen, que realizan los peritos de criminalística de la Policía Nacional, sirve para comprobar si se utilizó la técnica del "cañón aplicad" (un disparo hecho de cerca) a partir del cual se podría determinar si hubo ejecución extrajudicial. Los restos de por lo menos dos emerretistas, entre ellos "Tito", serían sometidos a esa prueba.

Para ello, se toma, con unos hisopos esterilizados, una muestra de los lugares donde hay orificios de bala que sugieran un disparo a corta distancia. Si fue así, en la muestra deben aparecer plomo, antimonio y bario, que evidencian una explosión de pólvora cercana al cuerpo de la persona.
En la necropsia hecha inicialmente en el hospital de Policía "Tito" aparece con una sola bala en el cráneo. Entretanto, CARETAS recogió esta semana, de fuentes muy confiables, un detalle más sobre la presunta huida de "Tito". Uno de los ex rehenes habría observado que, mientras avanzaba escondido entre los vocales supremos, el miembro del MRTA llevaba una granada en cada mano. Esto podría mitigar la responsabilidad de quien disparó sobre él.
No hay que olvidar, sin embargo, que el ex diplomático japonés Hidetaka Ogura sostiene haberlo visto amarrado y boca abajo, lo cual sería un signo de que, con granadas y todo, fue reducido.

Pero ninguno de los ex rehenes que han pasado por la oficina de la fiscal Flor de María Alba López han declarado en ese sentido. Los cinco vocales supremos, por ejemplo -Moisés Pantoja, Alipio Montes de Oca, Luis Serpa, Hugo Sivina y Mario Urrelo, lo han negado y lo mismo habría hecho el ex viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama Matsuda. En cambio, lo que habrían dicho ante la fiscal los policías que participaron en las necropsias luego de la operación sí cobra relevancia.
En dichas necropsias habría participado el comandante PNP Carlos Rebatta Espíritu, quien tiene los mismos apellidos del coronel PNP Freddy Rebatta Espíritu, ex jefe del grupo "Júpiter", la guardia de Vladimiro Montesinos. CARETAS no pudo determinar si existe algún parentesco entre ambos, o si se trata de la misma persona.

Lo que resulta claro es que hubo irregularidades en las primeras necropsias y la instancia que sugirió que se hicieran las exhumaciones (que han conducido a nuevos exámenes forenses) fue la Dirección de Tanatología del Instituto de Medicina Legal. A partir de la denuncia promovida por APRODEH, ciertamente. Lo hizo mediante 14 pronunciamientos médicos -uno por cadáver-, en los que afirma que dichas necropsias carecen de sustento científico, por lo que "se sugiere la exhumación", que fue como se reinició este caso. (Ramiro Escobar y Paola Ugaz

El Presidente de la Corte Suprema, Mario Urrello, dispuso el martes 27 la aplicación de la sentencia de la CIDH que ordena dejar sin efectos jurídicos las leyes de amnistía 26479 y 26492 (Ley Cantuta y Barrios Altos, respectivamente).

Actualmente se encuentran detenidos el ex jefe del SIN, general EP (r) Julio Salazar Monroe, el ex jefe del SIE, general EP (r) Juan Rivera Lazo, así como los suboficiales EP Juan Pampa Quilla y Wilson Carbajal García. Hay además orden de detención de otros nueve miembros del grupo Colina. Ha trascendido que habría un militar arrepentido cuyo testimonio resultaría crucial para conocer a los autores intelectuales de los crímenes cometidos y cuyas responsabilidades podrían alcanzar a Vladimiro Montesinos y al mismo Alberto Fujimori.
Si bien el fallo de la CIDH tiene carácter de irrevisable por parte del Poder Judicial es necesario que el Congreso apruebe una ley que deje sin efecto las leyes anteriores.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el único proyecto de ley al respecto plantea la derogatoria de las leyes de amnistía. Ha sido presentado por la congresista Miriam Schenone, y podría resultar un caballo de Troya. Según Miguel Huertas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lo que hace falta no es una ley que derogue las anteriores, ya que de este modo la nueva norma empezaría a regir al día siguiente de promulgada, con lo cual no tendría efecto retroactivo y así el Grupo Colina y otros podrían seguir gozando de impunidad.

Un testigo que estuvo a punto de participar en la toma de la residencia del embajador de Japón, en diciembre de 1996, identificó a tres de sus compañeros que participaron en esa acción y que luego fueron enterrados como desconocidos. El Comercio viajó hasta la selva de Chanchamayo y allí confirmó las identidades de los emerretistas fallecidos con sus mismos familiares, dos de los cuales desconocían sus muertes.

Hasta el momento, de los 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que ingresaron a la sede diplomática y que luego fueron muertos por las fuerzas del orden, sólo tres (Néstor Cerpa Cartolini, Rolly Rojas Fernández "El Árabe" y Eduardo Cruz Sánchez "Tito") habían sido identificados. De los once restantes no se sabía nada, lo que dificulta la investigación que están realizando los médicos forenses, luego de la exhumación de los 14 cadáveres.
"Encontrar a los familiares de los emerretistas es vital, pues la información que brinden permitirá a los peritos saber a qué persona corresponde cada esqueleto y las causas verdaderas que originaron su muerte", dijo un galeno que participa en la investigación.
La identificación fue hecha con la ayuda de fotos que se publicaron, sobre todo las captadas el 31 de diciembre cuando el grupo terrorista permitió el ingreso de periodistas al interior de la residencia japonesa. "David" y "Melissa"

Uno de los identificados es Alejandro Arias Contreras, un joven de 16 años cuyo apelativo era "David". Arias es uno de los dos emerretistas que días después de la toma de la residencia subió hasta el techo de esa sede para colocar una bandera con las siglas del MRTA. El otro subversivo fue identificado sólo con el apelativo de "Lucas", pero se sabe que vivió en un caserío cercano a Yurinaki.

Arias Contreras vivía en el recóndito caserío de Morlan, ubicado a cuatro horas en camioneta de La Merced, tras lo cual hay que caminar dos horas más por trocha. Su familia recién se enteró de su muerte el domingo 18 de marzo pasado, cuando un funcionario de la Cruz Roja Internacional llegó hasta ese lugar. Su madre, la señora Santosa, rompió en llanto al enterarse de la noticia. Desde 1996, cuando su hijo fue llevado por engaños por "Los Negros", como se les llamaba a los emerretistas, nunca más supo nada de él.

Su hermana Gavina también rompió a llorar el miércoles de la semana pasada cuando El Comercio llegó hasta ese lugar. Gavina contó que el domingo, luego de la visita del funcionario extranjero, su madre cogió varias fotos de su hermano y se vino a Lima, sin decir lo que le había ocurrido a Alejandro.
Otro de los identificados es Erma Luz Cueva "Melissa", una joven de 16 años que fue secuestrada cuando -junto con su familia-trabajaba arriando ganado en una chacra del caserío de Mellizos, ubicado entre Villa Rica y Puerto Bermúdez.

Según el testigo, cuando Erma Luz ingresó a la residencia, en diciembre de 1996, tenía dos meses de embarazo. Lo que significa que cuando ocurrió su muerte, en abril de 1997, tenía seis meses de embarazada. Era la pareja de Eduardo Cruz Sánchez "Tito", uno de los lugartenientes del líder Cerpa Cartolini.
El testigo refirió que la emerrestista tenía un puente dental postizo en el maxilar superior. Pobladores de la chacra -donde había trabajado- dijeron que los padres de Erma Luz se habían ido a trabajar a otro lugar, pero creían que su hija estaba viva.

LUZ VILLOSLADA (La Gringa)  Y ERMA LUZ CUEVA (Melissa)

Otro emerretista cuya identidad ha quedado plenamente establecida es Luz Dina Villoslada Rodríguez, una joven de 17 años a quien sólo se la conocía como "La Gringa". Villoslada vivía en el caserío de Puerto Victoria, ubicado a media hora de La Merced.
Su madre, doña Eligia Rodríguez, dijo a este Diario que reconoció a su hija días después de que ocurrió la toma de la residencia. Fue a través de la difusión de un video filmado por los emerretistas antes del asalto a la sede nipona, el mismo que fue difundido por los medios de televisión.

"Yo la vi e inmediatamente me fui a Lima, pero nunca me dejaron hablar con ella. Cuando ocurrió el rescate y se informó que todos los emerretistas habían muerto, fui a reclamar su cadáver, pero nunca me lo entregaron. Mostré fotos, documentos, para demostrar que era mi hija, pero no me entregaron su cuerpo", relató Eligia Rodríguez.

Rodríguez señaló que su hija fue secuestrada por "Los Negros" a inicios de 1996 cuando se encontraba lavando su ropa en las orillas del río Perené. Según las grabaciones de audio que los agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote) registraban diariamente a través de los micrófonos que lograron introducir en el interior de la residencia japonesa, Luz Villoslada lloraba todas las noches y le decía a Cerpa Cartolini que quería ir a ver a su madre y a sus hermanos. Un agente antiterrorista, que formó parte del equipo del Comité de Crisis que la policía constituyó para enfrentar la delicada situación, dijo a El Comercio que "La Gringa" le contó a un ex rehén que quería traicionar a Cerpa Cartolini y escapar junto con todos los 72 secuestrados.

El rehén la animó a salir juntos, a lo que la joven le dijo nerviosa que "no puedo hacerlo. Si hiciera algo así toda mi familia sería asesinada por el MRTA". De niña, "La Gringa" se fracturó el dedo medio de una de sus manos.

El testigo también reconoció a otros emerretistas por sus apelativos. Entre ellos figuran "Cheveto" (quien aparece fotografiado subiendo una escalera con un instalaza. Vivía en Alto Sancachari), "Yaguar" (aparece poniendo una de las manos delante de una cámara fotográfica. Llegó del Oriente), "Huáscar" (posa junto con Cerpa. Vivía en Santa Isabel), "Aderlin" (también posa junto con Cerpa. Vivía en el caserío de San Juan) y "Merlín" (es nativo y vivía en el Gran Pajonal).

Antes y después de la toma de la residencia japonesa, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), por intermedio de la policía, filtró información falsa sobre la identidad de tres emerretistas que presuntamente habían muerto en esa acción, pero hoy se sabe que están vivas. Este Diario ha confirmado que las tres personas radican en diferentes caseríos de Chanchamayo.
Se trata de Rosario Vega Navarro, Yovanna Vila Plasencia y Jorge Bravo Rolín, cuyos nombres fueron dados a conocer por la policía señalándolos como tres de los catorce miembros del MRTA que tomaron la sede. Sus nombres también aparecen en un documento oficial obtenido por este Diario.
Rosario Vega vive actualmente en Yurinaki. En 1998, es decir un año después de los sucesos, fue capturada por la policía antiterrorista de Chanchamayo durante un enfrentamiento en el caserío de Camunachari. Fue detenida, pero meses después salió en libertad.

Yovanna Vila Plasencia radica en el caserío Sanchirio Palomar, a dos horas de La Merced. En plena crisis de la residencia, un grupo de agentes del SIN ubicó a la familia de Vila y la trajo hasta Lima para que convenciera a su hija a deponer su acción. La madre de Vila fue llevada hasta cerca de una ventana por donde asomó una de las mujeres emerretistas para observarla, pero no le hizo caso. El hecho fue difundido por el programa "Contrapunto" de Canal 2.

La madre siempre creyó que Yovanna había muerto, pero en 1998 recibió la visita de su hija. La mujer no lo podía creer. Vila le pidió a su madre que le cuidara a su segundo hijo que acababa de nacer y luego volvió al monte. Se presume que continúa en las filas del MRTA.
Un caso similar ocurrió con Jorge Bravo, quien en la Navidad de 1998 llegó a la casa de su familia. Su madre hasta ahora no sale de su asombro, pues creía que su hijo había muerto. Bravo fue capturado meses después por la policía acusado de ser terrorista. Un año más tarde, fue absuelto judicialmente y hoy se gana la vida trabajando en una chacra.
Fuentes de la policía antiterrorista dijeron a este Diario que las identidades falsas filtradas por el SIN estaban orientadas a confundir y a echar sombras si es que en el futuro alguna autoridad se atrevía a investigar los luctuosos sucesos, como ahora ocurre

Un emerretista que participó en la toma de la residencia japonesa y otro que no llegó a ingresar fueron atendidos y operados en el hospital militar, reveló uno de los testigos que estuvo presente en los preparativos de esa acción. Documentos obtenidos por El Comercio también lo confirman.
El testigo narró que un mes antes del asalto a la sede diplomática fue traído herido a Lima con otros dos emerretistas que también habían sufrido heridas de bala durante un choque con la policía en la selva de Chachamayo.

El emerretista que ingresó a la residencia era conocido como "Huáscar" y tenía una herida en su pierna derecha. El que no ingresó tenía el apelativo de "Arturo" y había sido herido en el tobillo.

Según el testigo, los tres fueron hospedados por el médico veterinario Óscar Bernal Torres en el local de la Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejército (Amutsep), en Prolongación Leticia 1042.

El inmueble consta de siete pisos. Sólo se permite el ingreso de personal militar o de sus familiares. Un directivo dijo a El Comercio que en esa época la administración estaba a cargo de un socio que ya se retiró.

El testigo señaló que en ese local ingresaron sin ningún problema, pese a que era evidente que sus heridas eran de bala. Legalmente, todo hotel, hospital o clínica que recibe a ese tipo de heridos debe reportar el hecho a la policía.

Allí estuvieron durante dos semanas. "Huáscar" y "Arturo" necesitaban ser operados, pues sus heridas eran de consideración. El testigo dijo que ambos emerretistas fueron llevados hasta el hospital militar, donde fueron operados por el comandante EP Víctor Valladares Esquivel, quien era médico de ese nosocomio castrense. En este caso tampoco se habría reportado el hecho a la policía.

Esta versión también fue refrendada en enero de 1999 por el médico Óscar Bernal Torres cuando fue detenido por la Dincote de Chanchamayo.

Cuando los agentes le preguntaron al médico cómo había realizado las operaciones a los dos emerretistas si él no era médico cirujano, Bernal contestó: "Yo solamente coordiné haciendo las gestiones para las operaciones. Participé sólo en las curaciones después de la operación, por cuyo motivo me gané mi comisión. Las operaciones fueron hechas por un equipo de médicos encabezado por el doctor Víctor Valladares Esquivel quien los condujo a un nosocomio".

Más adelante, Bernal declararía que se trataba del hospital militar. Lo mismo diría César Luna Barrera "Arturo", uno de los dos emerretistas que fue operado por el comandante Valladares, cuando también fue capturado en 1999. Luna no llegó a ingresar a la residencia, pues no se recuperó a tiempo de su operación.

Un reciente sondeo de Imasen señala que el 82.9% de los peruanos aprueba crear una Comisión de la Verdad para que investigue lo ocurrido durante la lucha antiterrorista.

Asimismo el 74.3% de la población cree que es el momento adecuado para que se establezca una Comisión de la Verdad sobre el tema del terrorismo.

De igual modo el 43.0% piensa que es muy importante para el país que se establezca esta comisión, el 47.3% manifiesta que esta comisión debe dar una explicación general sobre los hechos de violencia y un 40.9% cree que debe dedicarse a establecer responsabilidades individuales.

También el 34.7% estimó que el trabajo de dicha Comisión de la Verdad debe abarcar desde 1980, el 32.2% desde 1985, el 19.6% desde 1990 y 5.4% desde el golpe del 5 abril de 1992

Ficha técnica : Encuestadora: Imasen. S.A. Registro Electoral: Imasen S.A. Nro. 009-ERR-JNE. - Financiamiento: Coordinadora de Derechos Humanos. - Tamaño de la muestra: 1818 entrevistas efectivas.
Método de muestreo: Diseño probabilístico polietápico con selección aleatoria en calles, edificios y viviendas con el método de "ramdon route". - Hogares y viviendas por el sistema Kish.
Universo: Personas mayores de 18 años.
Cobertura: A nivel nacional abarcando zonas rurales y urbanas.
Supervisión: Abarcó el 40% del trabajo realizado por cada uno de los encuestadores, utilizando la técnica de la reentrevista.
Fiabilidad de la muestra: 95.5% .P=50, Q=50.
Margen de error: 2.3% arriba o abajo de los resultados.
Fecha del trabajo de campo: Del 17 al 23 de febrero del presente año.
Email: Imasen@ latinmail.com.pe.

El congresista Pedro Morales señaló que hay indicios de la existencia de por lo menos dos o tres cuentas cifradas en Panamá en las que se habría depositado dinero de las privatizaciones para la compra de aviones MIG-29 y Sukhoi-25 y otros pertrechos militares para el Perú. Refirió que existe una ley en esa nación por la cual se podrá identificar a los verdaderos dueños de las empresas intermediarias en la compra de armamento presentando un recurso ante las autoridades de ese país al amparo de dicha norma.

Morales añadió que basados en esta norma el estudio de abogados que hizo la escritura de cada una de estas empresas está obligado a informar sobre el pedido que se le hará oportunamente.

Asimismo señaló que la comisión del Congreso que investiga la compra de armas con dinero de la privatización, la cual preside, certificó en Panamá la existencia de tres cuentas bancarias a nombre de igual número de empresas que sirvieron de intermediarias para estas operaciones.

Recalcó que las cuentas corresponden a las empresas W-21, Treves Intora, y reveló una tercera denominada Beltech Export, pero agregó que no se conocerán los montos que habrían sido derivados a ellas mientras no se les levante el secreto bancario.

Manifestó que el objetivo de su comisión al pedir el levantamiento del secreto bancario de cuentas corrientes certificadas y de algunas personas que habrían actuado como intermediarias en las compras de armas, es cerrar el circuito de la investigación para determinar cuál fue el destino final del dinero destinado para la compra de armamento, teniendo la secuencia que siguieron los montos transferido por el Banco de la Nación a las cuentas bancarias de Panamá.

Teniendo esa información, agregó, se podría determinar la identificación de quienes participaron finalmente en la operación de compra de los MIG-29, que demandó una inversión de US$ 422 millones.

Morales mostró a la prensa los montos en que había incurrido el Estado en compra de armamento de 1996 hasta 1998, los cuales constaban en una relación de decretos supremos secretos.

Añadió que de los US$ 1,817 ó US$ 1,824 millones, cifra pendiente de confirmación, de los fondos de privatización que se invirtieron en gastos de defensa, unos 900 millones pasaron por cuentas bancarias panameñas y el resto se habría transado en otros países.

"Calculamos que en Panamá debe haber un promedio (de dinero) que se transfirió o que hubieron operaciones por un monto aproximado de 900 millones de dólares. Aunque pueden haber en otros sitios (otras cuentas)", apuntó al referirse a las cuentas relacionadas a la compra de armamento por la red de corrupción de Montesinos.

Asimismo recordó que la compra de los MIG-29 es uno de los puntos que debe investigar la comisión, porque su misión incluye el análisis de la adquisición de patrulleros para la Policía, uniformes y municiones, entre otros materiales.

Asimismo indicó que el panameño Enrique Montenegro manifestó que tenía mucha información que ofrecer para ubicar a Montesinos, aunque finalmente pidió que nuestro país le hiciera un contrato con el presidente Valentín Paniagua antes de entregar estos datos. "Eso, obviamente, no lo vamos a aceptar", afirmó.

Aseguró que el Gobierno panameño tiene plena voluntad para colaborar y señaló que si los trámites avanzan según los plazos previstos, la comisión no tendría necesidad de regresar a Panamá.

Caretas
05-04-01

I) SOBRE LA NACIONALIDAD JAPONESA DEL SR. FUJIMORI

1.-Quisiéramos ser esclarecidos cuál es el alcance de la comprensión del gobierno sobre aquéllos que tienen la nacionalidad japonesa y otra nacionalidad extranjera, es decir, sobre aquéllos que poseen la llamada doble nacionalidad.

I.1.- De acuerdo a la Ley de Registros (Año 22 de Showa, Ley No. 224)Art. 49 referente al registro de nacimientos, cada gobierno municipal, luego de recepcionar, y tramitar su registro, debe enviarlo a la dependencia del Ministerio de Justicia correspondiente. Por otro lado, en cuanto al curso a dar respecto al trámite de registro, sobre la base de la ley de nacionalidades (Ley No. 147 del año 25 de Showa) Art. 14, inciso 1, referente a la elección de nacionalidad, en caso, a quien correspondiere hacer la elección y se presume no lo hubiere hecho, en el plazo señalado por la misma ley, los jefes de los gobiernos municipales, deben comunicar a las autoridades del Ministerio de Justicia correspondiente, señalando el nombre de la persona, y el registro del domicilio legal. Basándose en dicho trámite, el gobierno puede saber quién tiene una u otra nacionalidad además de la japonesa.

2.- Quisiéramos ser esclarecidos cuándo es que el gobierno confirmó la posesión de la nacionalidad japonesa del Sr. Fujimori. Por otro lado, si bien es cierto que el Sr. Fujimori expresó su reconocimiento de posesión de la nacionalidad japonesa el 21 de noviembre del 2000, cuándo y cómo se realizaron los trámites de confirmación y esclarézcasenos esa relación con la realidad.

I.2- El Sr. Alberto Fujimori (en adelante sólo Sr. Fujimori), desde mediados de noviembre a principios de diciembre del año pasado, como resultado de haber iniciado el trabajo de confirmación a la luz de la ley de nacionalidades, de si dicho señor obtuvo la nacionalidad japonesa al nacer, y además en caso de haberla obtenido, si no la perdió; el día 11 de noviembre del año pasado se pudo constatar que el Sr. Fujimori conservaba la nacionalidad japonesa.

3.- Tenemos entendido que el Sr. Fujimori llegó al Japón el 17 de noviembre del 2000 y luego, el 12 de diciembre del mismo año le fue confirmada su nacionalidad japonesa. En ese lapso, el Congreso peruano declaró su destitución del cargo de presidente, el día 21 de noviembre (fecha local del Perú), el 22 del mismo, su sucesor asumió el mando. En el lapso que va desde su arribo al Japón hasta la confirmación de su nacionalidad, acláresenos cuál fue el estatus de estadía con que permaneció el Sr. Fujimori en Japón.

I.3- El Sr. Fujimori, en el lapso desde su arribo al Japón, hasta el momento de confirmarse su nacionalidad japonesa, permaneció con el status de estadía "Diplomática".

4.- El Sr. Fujimori asumió la presidencia de la República del Perú en Julio de 1990. Ha sido de reconocimiento público que el Sr. Fujimori es de ascendencia japonesa, el gobierno japonés ¿confirmó en ese momento la nacionalidad del Sr. Fujimori o no?. En caso se haya omitido la confirmación, ¿no sería una negligencia en las funciones?. Y en caso que el gobierno japonés hubiera confirmado la posesión de nacionalidad japonesa del Sr. Fujimori, es de pensarse naturalmente que debió declarar la renuncia a la nacionalidad japonesa bajo el artículo 16, inciso 2 de la Ley de Nacionalidades. Que se nos esclarezca al respecto, si se hizo esta declaración o no, de no haberse hecho, explíquesenos el motivo y a la vez séanos esclarecido en qué casos es que se da esta declaración basada en el artículado de la Ley.

I.4- Cuando el Sr. Fujimori asumió la presidencia, no se hizo la confirmación de si tiene o no la nacionalidad japonesa. Por otro lado, no existía en ese momento necesidad alguna de confirmar su nacionalidad.

5.- Los diplomáticos y funcionarios de los países extranjeros permanecen en nuestro país con un estatus específico "Diplomático" u "Oficial", para cuando alguno de éstos hacen posesión del cargo o en caso que luego de dejar su cargo decidiera continuar su residencia en Japón, tenemos entendido que, su estatus le es otorgado o modificado, luego que la embajada correspondiente en Tokyo haya informado y solicitado el cambio de estatus, para que el gobierno proceda a realizar el trámite de cambio de estatus de residencia, naturalmente, para el Sr. Fujimori debe haber existido ese tiempo de trámite de cambio de estatus, esclarézcasenos, si el gobierno recibió de la embajada peruana en Tokyo la comunicación oficial de su alejamiento de la función de presidente, su destitución y solicitud de cambio de estatus. En caso se haya recibido el comunicado oficial y la solicitud, cuándo fue y cuál fue su contenido. En caso no los haya recibido, de qué medios obtuvieron la confirmación de que el Sr. Fujimori dejó su cargo, y si se hizo el cambio de status sin recepción de solicitud alguna, esclarézcasenos las razones.

I.5- El 19 de noviembre del año pasado, recibimos de la embajada peruana en nuestro país, el informe de que el Sr. Fujimori dejaría el cargo de Presidente, dentro de las 48 horas siguientes , no recibimos la comunicación de su cese ni solicitud de cambio de status. Que el Sr. Fujimori fue destituido del cargo presidencial el 22 del mismo mes, lo confirmamos por informes de nuestra embajada en Perú. El Sr. Fujimori, permaneció en nuestro país, con el status de "Diplomático" incluso luego de su destitución por el congreso peruano el 22 de diciembre del año pasado, sin embargo, el Sr. Fujimori manifestó la posibilidad de permanecer en nuestro país por algún tiempo, se procedió al trabajo de confirmación de su nacionalidad como un paso para ordenar el problema legal de su estadía, y como resultado de ello, es que se confirmó su posesión de la nacionalidad japonesa.

II) SOBRE LA COOPERACION CON EL GOBIERNO PERUANO EN RELACION AL CASO DEL SR. FUJIMORI.

1.- ¿Ha habido alguna solicitud de colaboración en la investigación a nivel de administración pública por parte del Gobierno. Peruano al japonés?. En caso, que el Gbno. Peruano sólo haya presentado consultas aclaratorias, esclarézcasenos detalladamente cuáles son las respuestas que el Gno. Japonés ha dado.

II.1- Sobre el caso policial ocurrido en el Perú que consigna al Sr. Fujimori como sospechoso, del estado peruano, no hemos recibido ninguna solicitud de colaboración para la investigación consignada en la Ley de Cooperación en la Investigación Internacional (Ley No. 69 del año 55 de Showa). Aunque con fecha 13 de diciembre del año pasado, hemos recibido solicitud de cooperación por parte de la INTERPOL para el caso del ex - asesor del SIN Sr. Montesinos; y en el presente año, el 2 de febrero, hemos recibido por parte del Estado peruano, la solicitud de colaboración y, estamos estudiando la posibilidad, confrontando el contenido de las acusaciones formuladas y los trámites seguidos en dicho país, a la luz de la Ley de Cooperación en la Investigación Internacional y sus requerimientos. Respecto a los detalles del contenido de la solicitud, nos reservamos la respuesta por tratarse de hechos referentes a la investigación de un caso policial de las autoridades de un país extranjero.

2.-¿Sabe el gobierno si ha existido algún pedido de colaboración en el ámbito judicial por parte de las autoridades judiciales peruanas a su homólogo japonés?. En caso de tener conocimiento acerca de tal solicitud de colaboración, queremos ser aclarados en los detalles del mismo que están a su alcance.

II.2- De las autoridades judiciales del Perú, no hemos recibido ningún tipo de solicitud de colaboración a nivel judicial respecto a la acusación formulada al Sr. Fujimori. Aunque, el presente año el 15 de febrero, hemos recibido de dichas autoridades, la solicitud de colaboración en el sentido de pedir al Sr. Fujimori para su declaración como testigo por el caso de Charles Aceror Cocran referente al delito contra la seguridad del Estado.

3.- En el Perú, se ha publicado la noticia de que el Gbno. Japonés ha presentado a través de la embajada peruana de Tokyo con fecha 22 de diciembre, una protesta a la Comisión Investigadora del Congreso peruano que investiga el caso de Montesinos, ex-asesor del Presidente, al plantear la indagación a Fujimori. ¿Es cierto que se presentó la protesta? Y ¿cuál es el contenido de dicha protesta?. Quisiéramos ser aclarados en estos puntos. Por otro lado, existen publicaciones que informan que, ante la solicitud de colaboración por parte de la Comision Investigadora del Congreso, el Gbno. Japonés, ha contestado que no puede responder a solicitud alguna que no provenga de las autoridades judiciales pertinentes. Aclárasenos si esto es verdad. En caso que lo fuera, que se nos explique los fundamentos legales de dicha postura. Además, algunos medios de comunicación peruana han publicado que el Gno. Japonés, ha pedido que los documentos de solicitud de cooperación en la investigación presentados por el Perú sean hechos en idioma japonés. ¿Es esto cierto?. En caso de serlo, que se nos aclare los fundamentos legales en que se basa para tomar esta actitud.

II.3- En lo referente al interrogatorio al Sr. Fujimori por parte de la Comisión del Congreso peruano, no existe ninguna formulación de protesta hecha a través de la embajada peruana en Japón. La colaboración solicitada por la Comisión del Parlamento peruano vía la embajada peruana a nuestro Estado consiste en un pedido de remitir una carta de llamamiento o citatoria al Sr. Fujimori. Dicha carta citatoria, de a cuerdo a las leyes peruanas, una vez comunicada al testigo, éste tiene la obligación de comparecencia; sin embargo, en nuestro país no existe un marco legal para atender la solicitud de envío de este tipo de escritos, de modo que vía la embajada peruana dimos la respuesta en el sentido de que "no podemos remitir dicha carta citatoria"

La colaboración en la investigación es ejecutada por las instituciones pertinentes del país solicitado, y para su realización, frecuentemente pasa por la inspección de las autoridades jurídicas del país solicitado, de modo que, es de uso común internacional que el país solicitante envíe la solicitud en la lengua que señale el país solicitado. Existe un reglamento en el sentido de que el país solicitante adjunte un documento traducido, que se aprobó en la 45va. Asamblea General de NN.UU. un convenio modelo respecto de las colaboraciones internacionales de casos policiales. Basándonos en estas usanzas, nuestro país, adjunta traducciones al momento de enviar solicitudes a otros países, y pedimos al estado peruano que se nos haga llegar la solicitud adjuntando la traducción pertinente y el Perú aceptó hacerlo sin ninguna objeción. Por otro lado existen precedentes que para cuando nuestro Estado hizo alguna solicitud al Perú, siempre lo hicimos traducido al español .

4.- Tenemos entendido que el Sr. Fujimori cuenta con protección policial hasta el momento, acláresenos los fundamentos de ley que sustentan esta protección.

II.4- Por teoría general, la protección policial tiene sustento legal en La ley policial (Ley No. 162 del año 29 de Showa) Artículo 2 inciso 1.

5.- En caso que quede demostrada la responsabilidad del Sr. Fujimori en la violación de los DD.HH. y el Gbno. Peruano solicite la entrega de Fujimori, ¿cuál sería la actitud del Gbno. Japonés?. Quisiéramos que se nos exponga cuál es el punto de vista del gobierno.

II.5- Nos resulta difícil contestar a la pregunta ya que el punto tiene un presupuesto hipotético. Pero si nos atenemos al común entendimiento, la solicitud de extradición de un prófugo del extranjero, se discierne su procedimiento sobre la base de la Ley de Extradición (Ley No. 68 del año 28 de Showa), la misma que dice que debe realizarse siempre y cuando los actos cometidos no correspondan a penalidades de condena a muerte, condena sin tiempo límite, o, condena por más de 3 años de acuerdo con las leyes japonesas (la misma ley Art. 2, inciso 4); Si el prófugo es de nacionalidad japonesa, (la misma ley Art.9) no debe entregarlo.

6.- Existen teorías convincentes en las Leyes Internacionales que sañalan que, en caso de doble nacionalidad como el del Sr. Fujimori, debe considerarse una nacionalidad prevalescente. Por otro lado, pensamos que, la nacionalidad real y prevalescente del Sr. Fujimori, quien incluso ocupó la presidencia del Perú, es peruana y en consecuencia su nacionalidad japonesa es sólo formal, de modod que ello no constituye un obstáculo para su entrega. Ya que la ley de extradición de nuestro país, no contempla una consideración a la situación de la doble nacionalidad, no se debe hacer la interpretación formal estrecha de las normas que se encuentran enmarcadas sólo para casos de entrega de algún cudadano japonés donde existen tratados de extradición

II.6- En teoría general, es potestad de cada país discernir la extradición de cualquier individuo que se encuentre dentro de sus linderos. La ley de extradición rige que en caso que el prófugo sea un nacional japonés, no debe entregarlo al país extranjero, de modo que tratándose de un ciudadano japonés, sea que éste posea o no una u otra nacionalidad extranjera paralelamente, no puede ser extraditado.

7.- El Japón ha firmado el "Tratado de prohibición de la tortura", cuyo artículo 7 y 8 dice: "En caso que un sospechoso de algún acto de tortura, es descubierto dentro de los linderos de su jurisdicción, y éste no es entregado, el país firmante donde ha sido encontrado, tiene la obligación de formularle la acusación prtinente dentro de su país". El Sr. Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional, manifestó su interés en observar cómo va a cumplir el Japón con esta obligación en relación al presente caso; si quedara suficientemente demostrada la participación del Sr. Fujimori en los casos de tortura, el gobierno japonés estaría oblihgado a entregarlo o a formularle la acusación pertinente, que se nos alcance la confirmación.

II.7- Los hechos de tortura a los que se hace mención, no es claro de qué se trata. Además, por tratarse de una pregunta con presunción de hechos hipotéticos, nos resulta difícil responder.

III) SOBRE LA IMAGEN DE LA POSICION DE NUESTRO PAIS A NIVEL INTERNACIONAL Y A NIVEL DE LAS RELACIONES BILATERALES CON EL PERU

La imprtancia del llamdo "soft power" crece cada día más en el mundo actual frente a la vigencia del poder militar. De más está señalar que para nuestro país que tiene como política diplomática no depender de las fuerzas armadas, es buena oportunidad de trabajar por el incremento de este "soft power", que se constituye en cualidad y objeto de respeto por parte de otros países.

1.- Sobre el Gbno. De Fujimori se vienen oyendo voces de protesta en el sentido de que durante su gobierno "violó repetidas veces los Derechos Humanos, desarticuló uno tras otro los organismos del sistema democrático, y utilizó las instituciones de los servicios de información de la policía y el ejército cual instrumentos partidarios para perseguir a la oposición". Acláresenos, si el Gbno. Japonés tiene conocimientos de estos hechos.

2.- En caso de tener conocimientos sobre los hechos señalados en la pregunta No. 1, cómo es que ha venido dando diversos tipos de apoyo a un gobierno como el señalado, queremos ser esclarecidos sobre las razones de dicho apoyo.

3.- En caso de no haber tenido conocimientos de los hechos señalados, pensamos que es cuestionable la capacidad del Ministerio de RR. EE. Sobre la colección de las informaciones en torno a la tendencia de la opinión internacional; o es que pese a tener información suficiente, es la conducta del gobierno manterner el apoyo, dejando que la sociedad internacional tenga una imagen sobre el Japón como "un país que habla de los DD.HH. y la democracia sólo de boca para fuera", es más, ha dado al mundo la imagen de haberle reconocido la nacionalidad japonesa a Fujimori, "para protegerlo". Esta imagen impartida en el mundo, significa un detrimento en la imagen del Japón, y que definitivamente es negativa para los intereses de nuestro país; sobre este hecho, queremos conocer el punto de vista del gobierno.

III.1~3- En el Perú de antes del gobierno fujimorista, se había venido perdiendo muchas vidas por los actos terroristas; sin embargo, el Sr. Fujimori, luego de asumir la presidencia, reformó la seguridad social con su política anti-terrorista, con la movilización del ejército, policía y el servicio de información. Por otro lado, en lo referente a la Sociedad Internacional, es de nuestro conocimiento que, existen opiniones que señalan aprensión frente a la situación de los DD.HH. del Perú.

Como Estado japonés, el Perú es el primer país del centro y Sudamérica con el que ha establecido relaciones diplomáticas en el año 6 de Meiji, y desde entonces ha venido construyendo una relación de cooperación amistosa y además desde el año 32 de Meiji en que se inicia la primera inmigración al Perú, hasta la actualidad, residen en dicho país un aproximado de más de 80,000 nikkeis, en consideración a estos hechos de contexto, la ayuda para el desarrollo económico se venía realizando incluso desde antes del gobierno fujimorista, y en aras de aliviar los problemas sociales como el de la pobreza, venimos aportando ayuda a dicho país.

Sobre la nacionalidad del Sr. Fujimori, sólo nos hemos atenido a nuestras leyes, y no nos parece que por este hecho nuestro país sufra algún detrimento en su imagen. Por otro lado, como Estado tenemos pensado sin cambios en nuestra política, continuar dando apoyo al Perú para su desarrollo económico y social.

4.- En caso que las investigaciones avancen y que los hechos de violación se demuestren oficialmente, explíquesenos, de qué manera piensa el gobierno japonés recuperar su imagen ante el mundo.

III.4- Nos es difícil contestarle dado que es una pregunta con presunción de una realidad hipotética.

5.- El 28 de Febrero pasado, la Sra. Nelly Calderón, Fiscal General del Perú, ha acusado al Sr. Fujimori por abandono del cargo de presidente ante la Corte Suprema y además tiene conocimentos del avance de las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito del Sr. Fujimori. Hágasenos saber si el gobieno tiene previsto el modo de convencer al Sr. Fujimori de que parta para el Perú por iniciativa propia en aras de las relaciones de amistad Perú-Japón y ante la presión de la crítica internacional antes señalada.

III.5- Como estado, nos resulta difícil inducir a una persona individual, nacional japonés, a salir del país.

1.- Hemos escuchado que el Sr. Víctor Aritomi permanece en el Japón a pesar de haber dejado el cargo de Embajador. Del mismo que, suponemos no tiene la nacionalidad japonesa, acláresenos cuál es actualmente el estatus de estadía del Sr. Aritomi.

IV.1- El Sr. Víctor Aritomi, permanece en nuestro país como una persona individual luego de finalizar en su cargo de embajador peruano en nuestro país. Sobre el status de estadía del mismo señor, nos abstenemos de contestar por tratarse de un hecho que concierne a la privacidad individual.

2.- Sobre el mismo señor, ¿ha recibido el gobierno algún documento de comunicación sobre su cese en el cargo de embajador, y ha recibido alguna solicitud de cambio de estatus legal de estadía?. De haber recibido, acláresenos cuándo y el contenido de dichos documentos.

IV.2.-Con fecha 19 de diciembre del año pasado, por un comunicado emitido por la embajada peruana en nuestro país, nos fue informado de la conclusión del Sr. Aritomi en sus funciones de embajador; y el mismo mes con fecha 20 la misma embajada nos elevó un escrito pidiendo el cambio de status del mismo señor.

Son las preguntas que formulamos.

Lugar: Sala No.1 de entrevistas de las oficinas prlamentarias No.2
Tujimoto Kiyomi: Parlamentaria de la Cámara Baja
Nohira Shinsaku: Peace Boat
Ohgushi Kazuo: RESODEP

Asistentes de medias: Takahashi Junko: efe agencia espanola, efetokio@cello.ocn.ne.jp, Hirayama Hiroshi: AFP, Hiroshi.Hiyama@afp.com, Kan Hikaru (Asahi), Maeda Hirotomo (Mainichi-pag. política), Satoh Chiyako (Mainichi-pag. exteriores) chi@mbd.sphere.ne.jp, Katsura Tomoko (Nihon terebi gaihobu) chura@ntv.co.jp, Ishiguro (Yomiurishinbun) ishiguro@tkg.att.ne.jp, Mario Castro: (IPC) redaccion@ipcjapan.com, Yoshida kennichi (Jijitsushin-seccion sociedad), Honnmu Motomu (Kyodotsushin-exteriores)motos@kyodonews.or.jp

Otros participantes: Ueno (RESODEP), Iijima (RESODEP), Tanahara (RESODEP), Han (Peace Boat), Teranaka (Amnesty)

Recién cuando fue destituido y expreso que quería permanecer por un tiempo largo en Japón, se realizo la confirmación de su nacionalidad.

Nos respondieron además que a nivel de administración gubernamental, no han recibido ningún pedido de colaboración referente a Fujimori, que lo que han recibido es sobre la investigación a Montesinos a nivel de justicia internacional, para lo que el gobierno esta estudiando este pedido.

Reconocen haber recibido que el gobierno japonés haga la remisión de la carta citatoria a Fujimori como testigo, pero que debido a que las leyes nacionales no obligan a ello, el gobierno japonés contesto que no podían remitírselo. Sobre el resguardo policial dice que se le otorga tal protección en base a la ley policial Art. 2. inciso 1. En la ley de extradición, ya que esta escrito que no se debe extraditar a un nacional japonés, no lo entregaran al margen de que tenga otra nacionalidad.

Por otro lado, contestaron que están enterados de la criticas a la violación de DD.HH. durante el gobierno de Fujimori, por parte de la comunidad internacional pero, a la vez nuestro gobierno evalúa positivamente el gobierno fujimorista, y trata de justificar el apoyo financiero que se otorgo. Nos parece que el apoyo fue mayor que en otros gobiernos.

Sobre inducir a Fujimori a que retorne al Perú, nos contestan que es difícil que el gobierno induzca a una persona individual. Resulta que a ratos le otorgan un trato oficial y para cuando la situación lo amerita, le otorgan el trato de persona individual.

Sobre la estadía de Aritomi en Japón, nos evaden responder diciendo que es la privacidad de un individuo. Yo no puedo aceptar este tipo de respuestas ambiguas. Me parece totalmente injusto que se consolide la fuga de un presidente de un país, con argucias de nacionalidad de otro país; lo mismo en cuanto a no hacer publico con respecto a la estadía de Aritomi.

Pienso que el encubrimiento de Fujimori por parte del gobierno japonés, es un hecho que "merma los intereses del Japón"

Pregunta: RESODEP, esta haciendo algún tipo de investigación particular como organización?

Pregunta: Fujimori dice que solo ha tenido ingresos por su sueldo como presidente, entonces como es que se costea la vida actualmente en Japón?

Pregunta: El tramite normal de reconocimiento no es tan rápido en los casos de otros nikkei, que opina la Parlamentaria, respecto a que a Fujimori se la hayan confirmado tan rápido.

Pregunta: Si se llegaran a demostrar las acusaciones de violación de derechos humanos, la tendencia del gobierno virara en el sentido de dovolverlo?

Pregunta: Eso quiere decir que el Japón es cómplice?

Pregunta: Cuál es la situación actual?

Pregunta: Son unas 15 las denuncias que se tienen sobre Fujimori, en el contexto de ambiente electoral, cuantos al final están siendo tramitados?

El tramite se esta siguiendo, esta en la Procuraduría general y aun no esta formulada la acusación pero se sigue el tramite.

Pregunta: Que piensa sobre su problema de la nacionalidad.

El chantaje y control de los medios de comunicación a través de la extorsión fue la norma de comportamiento fujimorista. Montesinos compró a dueños y directores. Salvo poquísimas excepciones, como el diario La República, la revista Caretas y alguna emisora de radio, el régimen copó la práctica totalidad de canales de televisión, excepto Canal N (por cable). Expropió Canal 2 a su propietario Baruch Ivcher y lo entregó a los hermanos Winter, accionistas minoritarios. La posterior recapitalización del canal, con la emisión de nuevas acciones, costó cerca de 17 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Uno de los vladivídeos muestra a Montesinos haciendo entrega de una bolsa repleta de dinero a José Francisco Crousillat, dueño de Canal 4, y en animada conversación con el empresario televisivo y el banquero Eugenio Bertini para arreglar las deudas del canal. En otra cinta, el jefe del SIN entrega 50.000 dólares a Julio Vera Abad, principal accionista de Canal 9, para que suspenda el programa que conduce la periodista Cecilia Valenzuela. Logró su objetivo. Uno de los vídeos que provocó mayor escándalo es el de Calmell del Solar, que recibe nada menos que tres millones de dólares para el Canal 10 (cable) y el diario Expreso.

A 72 horas de las elecciones generales, se han difundido los videos de 2 sesiones "secretas" de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú efectuadas el 13 y el 19 de marzo de 1999, por convocatoria y bajo la dirección de Montesinos y quienes entonces se desempeñaban como Presidente del Comando Conjunto, Ministro del Interior y de Defensa, Comandante General de la Marina y la Aviación, Jefe del SIN y Director de la PNP.

En dichas reuniones se acordó y suscribió en sendas actas mantener firme respaldo al golpe del 5 de abril de 1992 (que permitió montar la maquinaria mafiosa y autoritaria del fuji-monte-cinismo), así como defender irrestricta y decididamente la vigencia de las leyes de amnistía a los violadores de derechos humanos (que impulsaron Siura, Martha Chávez, Tudela y Rafael Rey). Se acordó cerrarle el paso a cualquier Comisión de la Verdad (como las que planteamos desde 1995 en el Congreso), acusar a Baruch Ivcher por supuesta venta de armas al Ecuador (que el video no prueba) y garantizar la continuidad del régimen. En síntesis, se evidenció el compromiso institucional de los mandos militares con una dictadura seudo-legalizada con la llamada Constitución del 93 y su intención de impedir toda investigación y sanción de los abusos a los derechos humanos y las corruptelas producidas a su amparo.

El Gobierno Provisional del Dr. Valentín Paniagua, su Consejo de Ministros y específicamente su Ministro de Defensa han optado ñante esta evidencia irrefutable por disponer se abra proceso ambigua y contradictoriamente en los fueros civil y militar a los antiguos mandos de las FFAA y de la PNP que "ordenaron" se suscriba dichas actas, abusando "de la obediencia debida de los reglamentos castrenses" y contraviniendo el carácter no deliberante de dichos institutos. Así, en forma intencionalmente ambigua, se abre el mismo proceso en 2 fueros y se deja abierta la contienda de competencia a ver quién juzga definitivamente el caso, pudiendo los elementos castrenses ser juez y parte en el proceso si pasa al fuero militar. Y, lo que es más grave, se limita el proceso a los convocantes y organizadores de las sesiones "secretas" con el argumento de que sólo a ellos compete responsabilidad, por la presión y amenaza ejercida e implícitamente por obediencia debida de los oficiales generales allí presentes a sus jefes convocantes.

Para colmo, el Ministro de Defensa ratifica en sus funciones al General Carlos Tafur Ganoza, Comandante General del Ejército, y al General del Aire Pablo Carbone, que hoy comanda la Fuerza Aérea y preside el Comando Conjunto de las FFAA, que tampoco han renunciado de motu proprio. La razón es bastante simple: consideran haber sido obligados.

¿Cómo se condice esta actitud con la del General Salinas Sedó y quienes lo acompañaron en el alzamiento de noviembre de 1992 contra la dictadura, que hoy se dice reconocer justo y legítimo? ¿Ellos no debían obediencia? ¿Y el General Rodolfo Robles, que jugó y perdió su carrera militar y la de sus 2 hijos, por denunciar la existencia de grupos paramilitares de asesinos como el grupo Colina, a cargo de Montesinos y el SIN, tan temprano como abril del 1993? ¿Y la conducta del Comandante Humala, que se alzó hace un año en Moquegua (y ha sido amnistiado y repuesto, pero a funciones burocráticas y sin mando de tropa)?

Todos ellos "debían" la misma obediencia a sus jefes, pero se alzaron contra la violación constitucional, contra el atropello a los derechos humanos, contra el crimen y la corrupción que personificaron Fujimori, Montesinos, y los monigotes militaristas que los rodeaban. Debían obediencia a la verdad y a la Constitución, a los derechos humanos y a la ley. Debían obediencia a principios y no al sueldo y a los privilegios del poder autoritario.

Nadie puede justificar el silencio y la complicidad por presiones. Alguien puede explicarlo, pero nunca justificarlo. Porque, entonces, ¿qué justifica a los que alzan su voz, a los que se levantan contra el abuso y la dictadura... la locura? No se premia con un alto cargo público o con un mando en las instituciones castrenses la falta de valentía y de firmeza de quien calla. Se premia y confía en los que no son parte del pacto infame del silencio, porque ni a media voz hablaban, como diría el indómito Manuel González Prada.

No hay amenaza ni obediencia debida que justifique que desempeñen altos cargos militares en la transición democrática quienes no fueron capaces de diferenciarse y encarar la podredumbre que hoy conocemos todos y entonces conocían ellos, porque los citaban y sin duda comentaban lo que ocurría en casa. Los referidos Comandantes Generales deben renunciar o ser retirados de sus cargos. No son garantía de nada, más allá de la pusilanimidad que ya han evidenciado. Ello sería una lección de a qué llamamos obediencia indebida y a qué llamamos obediencia debida en la disciplina militar. Y dejaría claro mensaje a los golpistas.

Pero ello no hace sino ratificar también la urgencia de una Comisión de la Verdad que el militarismo corrupto quería impedir. Pero debe ser conformada por gente íntegra, realmente ajena a todo compromiso con regímenes anteriores y especialmente con la dictadura, para abrir paso a la investigación de los crímenes cometidos en los últimos 20 años. Así se dará curso a los procesos judiciales y sanciones que hagan posible la reconciliación. Así mismo, todo esto ratifica la necesidad de devolverle la vigencia a la Constitución del 79, declarando nula la que fue hija del golpe y del fraude en 1993, para aplicarles a los golpistas el art. 307 y confiscarles por decisión del Congreso sus bienes mal habidos, sancionando su responsabilidad en montar la maquinaria de corrupción y abuso que nos oprimió. Ser libres tiene un precio y exige firmeza. Es el momento de actuar con decisión y coraje.

Fuente : Revista Caretas
12-04-01

TODO estaba listo para los comicios más sanos de los últimos 10 años. Pero el jueves 5 de abril, nueve años después del día en que Alberto Fujimori decidió disolver las democracia peruana y a 72 horas de la fiesta electoral, un "vladivideo" vino a contaminar el clima de tranquilidad creado por el Gobierno de Transición.
A media tarde de ese día, en el Congreso de la República se empezaron a visualizar 18 cintas de vídeo, en cuyas grabaciones se observa una vergonzosa ceremonia de sujeción conducida por el general César Saucedo, entonces presidente del Comando Conjunto de las F.F.A.A.A. y comandante general del Ejército.

En la reunión, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1999, también están presentes el ex ministro de Defensa Julio Salazar Monroe; el general José Villanueva Ruesta, entonces ministro del Interior; Humberto Rozas Bonucelli, ex jefe del SIN; Fernando Dianderas, ex jefe de la Policía Nacional; Elesván Bello, ex comandante general de la FAP; Antonio Ibárcena, ex comandante general de la Marina; y, por supuesto, el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.

Casi la totalidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desfilan firmando un libro de actas en apoyo de la cúpula militar. Saucedo, además, pide el apoyo al autogolpe del 5 de abril de 1992 y para los militares beneficiados por las Leyes de Amnistía, aparte de leer el acta de otra reunión realizada el 14 de enero de 1999, en la que se trata el tema de Baruch Ivcher.

Los legajos referidos a este tema, según se afirma en la grabación, están en la Segunda División del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Allí se señala que las acciones de Ivcher comprometían seriamente la situación frente al Ecuador y que el informe también se puso en conocimiento del entonces canciller Francisco Tudela. Ivcher ha negado cualquier responsabilidad y ha anunciado que denunciará a quienes lo acusan.

Los vídeos pertenecen al lote que fue incautado en la casa de Montesinos y ya habían sido visualizados entre el 26 y el 28 de febrero, ante la presencia del juez Saúl Peña, el fiscal Marco Valdez y la defensora de oficio Patricia Hurtado García, en representación del Ministerio de Justicia. Por las actas se sabía del contenido, pero la información se mantuvo en reserva.

Lo que nadie se explica aún es por qué el juez Peña no envió estos vídeos a la Fiscalía o directamente al Congreso, como lo hizo en anteriores oportunidades. Ante la demora, el fiscal Jorge Cortez se los reclamó el 13 de marzo pasado, pero Peña los entregó recién el martes 27 de marzo.

Tres días después, el viernes 30 de marzo , el fiscal Cortez eleva las actas y los vídeos a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón. El 4 de abril, a las cinco de la tarde, ella los remite al presidente del Congreso, Carlos Ferrero.

Por la cantidad de vídeos (l8), se asumió que la trascripción iba a demorar por lo menos una semana. Debido a esa demora, los vídeos no se visualizarían pronto, pero cuando se llegó a la página 15 de la transcripción se advirtió que en el resto de la grabación sólo se escuchaban nombres. Entonces Ferrero ordenó la difusión.

Tras el incidente, Paniagua convocó, el viernes 6, de abril a una reunión del Consejo de Ministros, en tanto que los Comandantes Generales de las FF.AA. se reunieron el mismo 6 en local del Comando Conjunto e invitaron al ministro de Defensa, general (r) Walter Ledesma. Estaban dispuestos a renunciar.

Al general Carlos Tafur, comandante general del Ejército, sólo le queda ocho meses para pasar al retiro. Los comandantes de la FAP, general del Aire Pablo Carbone Merino, y de la Marina, vicealmirante Víctor Ramos, tienen techo sólo hasta el próximo año. A la vez, los tres son conscientes de que en julio de este año un nuevo Gobierno puede removerlos

Aún así, el malestar ha cundido entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Más de un oficial presume que el montesinismo disfrazado sigue actuando o que una mano negra intenta desestabilizar a los altos mandos. Ello aunque el propio Presidente Paniagua y el Consejo de Ministros les han reiterado su respaldo.

En el Congreso, por otra parte, nadie esperaba la visualización de nuevos vídeos en una semana preelectoral. Incluso el trabajo de las comisiones relacionadas con Vladimiro Montesinos había sido suspendido temporalmente. La propia comisión Waisman evitó tener invitados y canceló sus reuniones.

Paniagua, sumamente cauto, no quería que una probable crisis militar que empañara las elecciones y aún sigue evaluando las reacciones de las distintas tiendas políticas con relación al `vladivideo".

La situación es complicada. En el vídeo, están todos los oficiales superiores con el grado de coronel para arriba. Actualmente en la FAP hay 8 tenientes generales, 60 mayores generales y 280 coroneles . En la Marina hay 8 Vicealmirantes, 59 Contralmirantes y 236 capitanes de Navío. En el Ejército hay 11 generales de división,95 generales de brigada y 480 coroneles. En la Policía hay 1 teniente general, 40 generales y 520 coroneles. Todos ellos tendrían que ser invitados a pasar al retiro.

El Gobierno provisional de Perú se enfrenta al dilema de destituir o mantener a la cúpula de las Fuerzas Armadas, en la que no confía. Fuentes oficiales han confirmado que los tres máximos jefes de los institutos armados han puesto sus cargos a disposición del presidente Valentín Paniagua, a raíz de la difusión de los vídeos que demuestran la pertenencia de toda la oficialidad a la estructura creada por el fugitivo Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del ex presidente Alberto Fujimori.

Las cintas dan cuenta de una reunión en abril de 1999 en la que generales, almirantes y 570 coroneles de las tres fuerzas y la Policía Nacional firmaron su adhesión al autogolpe de 1992 y la ley de amnistía, en un documento que garantiza la impunidad ante todas las violaciones de derechos humanos cometidas por uniformados.

Los generales Carlos Tafur, comandante general del Ejército; Pablo Carbone, de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Víctor Ramos, de la Marina, firmaron aquel pacto, según se observa en los vídeos que han provocado estupor. Las escenas de la multitudinaria reunión celebrada en la base de la Fuerza Aérea de Las Palmas reflejan cómo cientos de jefes y oficiales desfilan para estampar su firma, al mejor estilo mafioso, en un pacto de impunidad y de adhesión al golpe.

En nombre de la obediencia debida, Montesinos comprometía con aquel acto a toda la oficialidad en la demolición del Estado de derecho y la violación de la Constitución. En las imágenes se observa a Montesinos, con gafas oscuras, en la mesa presidencial.

El presidente Paniagua se reunió con su Gabinete el miércoles por la noche, tras lo cual debía dirigir un mensaje al país. En el último momento, se suspendió la transmisión, lo que abrió nuevos interrogantes sobre los pasos que dará el Gobierno. El primer ministro, Javier Pérez de Cuéllar, dijo que pronto habrá noticias, pero puntualizó que no se podía destituir a todos los altos jefes y oficiales que habían sido chantajeados por el régimen de Fujimori y Montesinos. 'Es como si le pusieran a usted un revólver en la sien y le dijeran 'o firmas o, si no, te mato', y a estos señores les han dicho 'o usted firma o, si no, ustedes y su familia se van a patear latas''.

El ministro de Justicia, Diego García Sayán, había declarado el martes que después de Semana Santa el Gobierno tiene previsto denunciar a los jefes militares que promovieron la adhesión de todas las instituciones armadas al autogolpe de abril de 1992. Conforme aumentan los rumores de cambios militares, la prensa peruana revela a diario datos de la profunda red de influencia que tejió Montesinos en las Fuerzas Armadas. Un día se publica que 10 generales montesinistas siguen ocupando puestos clave en la Policía Nacional, otro día se apunta que el posible sustituto del general Tafur al frente del Ejército es otro general que perteneció al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que manejaba Montesinos. ¿En quién confiar? Ni el actual ministro del Interior, general Antonio Ketín Vidal, que acaba de viajar a Venezuela para pedir explicaciones sobre el paradero del ex jefe del SIN, está libre de sospecha.

Durante 10 años, el poderoso asesor controló directamente la política de ascensos, retiros y destinos de todo el personal militar, en la que primaron las prebendas y los favores políticos. Para evitar deserciones impuso un pacto de complicidad con la firma de un documento a todas luces inconstitucional. En estas condiciones, la asignatura militar será una de las cargas más pesadas que heredará el presidente que salga de la segunda vuelta de las elecciones y que prestará juramento el 28 de julio.

Fuente : Diario La República-Perú
15-04-01

Montesinos en reunión
con miembros de las FF.AA.

Pero lo que también revela el "compromiso de honor" es la inseguridad de Vladimiro Montesinos respecto al control estricto que tenía sobre las instituciones castrenses. Temía lo que ahora está ocurriendo: la aparición de testigos y evidencias de que gestó y cobijó a los criminales en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, su reino y dominio. Lo que pretendía era que, ante la eventualidad de la aparición de un congresista, fiscal o magistrado honesto que promoviera una indagación sobre sus actividades ilegales, en virtud del acta suscrita el trece de marzo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplastaran la iniciativa de un solo golpe.

A pesar del carácter coercitivo del contenido del acta, una vez derrumbado el régimen y activada una investigación masiva sobre la corrupción durante el fujimorato, nadie salió de los cuarteles en cumplimiento del "acuerdo de honor". Y cuando fue apresada la mayoría de los que ordenaron la suscripción del documento óJosé Villanueva Ruesta, Elesván Bello Vásquez, César Saucedo Sánchez, Américo Ibárcena Amicoó, entre los que destacan el ex "general victorioso" Nicolás Hermoza Ríos, ninguno de los institutos armados se ha pronunciado en defensa de alguno de sus ex comandantes generales. Huido Vladimiro Montesinos, perdió vigencia el documento. Pero las Fuerzas Armadas tienen el deber de reivindicarse ante el país que ha presenciado cómo un ex militar expulsado del Ejército por falsedad y desobediencia consiguió que altos jefes militares firmaran un compromiso humillante.

Militares firmando el documento

Acta de la Sesión Especial Nº 05 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con participación de la Policía Nacional del Perú y Estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional.
En la ciudad de Lima, en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el día trece de marzo de mil novecientos noventinueve, siendo las ocho horas y bajo la presidencia del señor General de Ejército César Saucedo Sánchez, Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y contando con la asistencia de los señores General de Ejército Julio Salazar Monroe, Ministro de Defensa; General de División E.P. José Villanueva Ruesta, Ministro del Interior; Almirante Américo Ibárcena Amico, Comandante General de la Marina de Guerra; General del Aire Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú ;Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Fernando Dianderas Ottone, Director General de la Policía Nacional del Perú; Contralmirante Humberto Rosas Bonucelli, Jefe del Sistema de Inteligencia Nacional; doctor Vladimiro Montesinos Torres, Asesor del Sistema de Inteligencia Nacional; y asistieron también los señores Generales y Almirantes que conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que se encuentran en el país, que representan a la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y del Sistema de Inteligencia Nacional, y que a continuación se indica.

En cuanto al primer asunto, señaló que, coincidentemente, algunos medios de difusión y específicamente el diario La República en su edición del día jueves once de febrero del presente año, consignaba dos informaciones: en la primera se señalaba que Genaro Ledesma Izquieta en su edición de "líder" de la fantasmal organización "Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP), había presentado ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra el ex Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de División Ejército Peruano (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, por su participación en el "autogolpe de Estado" del cinco de abril de mil novecientos noventidós, acusándolo de los delitos de rebelión, daños al país, violación de la libertad de expresión y abuso de autoridad. La segunda información, hacía referencia a una exposición hecha por el General de División Ejército Peruano (r) Jaime Salinas Sedó en el foro "Retos y Posibilidades del Proyecto Nacional" organizado por un autodenominado "Comité Cívico por la Democracia" y en la que, entre otros conceptos, señaló con referencia al pronunciamiento del cinco de abril de mil novecientos noventidós que "ese autogolpe fue el pretexto para cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder".

Estas expresiones vertidas por dos elementos que ideológicamente representan posiciones políticas pero que tienen en común su animadversión contra el actual Gobierno, sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Sistema de Inteligencia Nacional, y que son recogidas por un diario que se caracteriza por su intrasigente oposición, consideró que no deben interpretarse como hechos aislados, sino como el comienzo de una campaña sistemática que, inserta dentro de la lucha pre electoral que está desarrollándose en el país, pretendería involucrar a las Instituciones Tutelares y a quienes en su momento las comandaron, con relación a decisiones trascendentales que se formaron en su momento, con el claro propósito de dañar la imagen y prestigio institucional, atribuir responsabilidades individuales a sus más altos mandos y conseguir vía el amedrentamiento, la inhibición de dichas Instituciones para adoptar decisiones que son esenciales para la vida y el desarrollo del país.

Ante estas protervas intenciones señaló que era preciso puntualizar algunos aspectos referidos a la situación que vivía la Nación por aquella época y en la que se estaba generando un clima de ingobernabilidad sumamente peligroso para la supervivencia democrática del Perú. No podemos olvidar, dijo, que diversos grupos políticos, sin importarles el interés nacional, optaron por bloquear o desnaturalizar desde el Parlamento los Decretos Legislativos que oportunamente promulgara el Gobierno y que constituían el marco legal necesario que permitía a las Fuerzas del Orden combatir al terrorismo y al narcotráfico, a la vez que establecían las bases para que un Poder Judicial conformado por magistrados competentes y honestos, estuviera en capacidad de sancionar drásticamente la violencia sangrienta y criminal con que el terrorismo amenazaba destruir la institucionalidad del país; todo ello, junto con otras medidas legislativas que iban a hacer posible superar la vulnerabilidad que implicaba para el Estado de Derecho al ser atacado durante diez años por una forma de guerra irregular para la cual no estaba preparado, pues el terrorismo y el narcotráfico aprovechaban las ventajas que les daba un ordenamiento legal concebido para una situación de paz y tranquilidad interna.

Pues bien, ante estos Decretos Legislativos fundamentales, los partidos políticos tradicionales, atrincherados en el Parlamento, adoptaron una posición obstruccionista con el propósito de bloquear la acción del Gobierno: de una parte, derogaron las normas dictadas para contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico; de otra parte, también recortaron las facultades del Ejecutivo en aspectos presupuestales y económicos; y, finalmente, pasaron a acusarlo de estar promoviendo la "militarización" del país con el pretexto de la política de participación y de sus instrumentos legales que permitían ampliar el marco de participación de las Fuerzas del orden en la vida civil, olvidando que en todo sistema democrático las Fuerzas del Orden constituyen el aparato encargado de defender el estado de derecho y que en cumplimiento de su alta y noble misión las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional día a día daban su dolorosa cuota de vidas humanas sacrificadas en aras de la paz interna. Por otro lado, el que las Fuerzas del orden se subordinen al poder político, en absoluto significa que éstas estén politizándose, pues las Instituciones Militares enmarcan su acción dentro de normas reglamentarias claramente prefijadas y su accionar nada tiene que ver con la actividad político partidaria.

En tal sentido, fue muy claro el Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori cuando en su Manifiesto a la Nación del cinco de abril de mil novecientos noventidós, expresó que "A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del Gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron. Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la Estrategia de Pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo".

Frente pues a esta situación en la que estaba en inminente riesgo la institucionalidad del país, el cinco de abril de mil novecientos noventidós se constituyó con carácter de transitorio el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional bajo la Presidencia del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, decisión que fue unánimemente respaldada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, los que apoyando la acción del Gobierno asumieron un compromiso con el país, a fin de que pudieran concretarse las medidas requeridas para asegurar la Pacificación Nacional, erradicar la corrupción y el narcotráfico, reorganizar el Poder Judicial, redimensionar el aparato estatal y hacer viable un modelo económico que, afianzando la inserción en el mundo financiero internacional, permitiese a su vez que las potencialidades económicas internas pudieran realizarse a plenitud, de tal forma que el reto del siglo venidero nos encontrase en capacidad de superar los históricos desajustes estructurales e injusticia que impidieron la construcción de una sociedad integrada, progresista, democrática y plena de oportunidades para todos los peruanos.

Vistos los sucesos desde la óptica actual, el tiempo y la realidad presentes nos dan la razón, manifestó, y confirman que la decisión adoptada el cinco de abril de mil novecientos noventidós por el Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori fue acertada, pues permitió la derrota estratégica del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el combate frontal contra el narcotráfico corruptor que en alianza criminal constituyeron factor permanente de perturbación de la Seguridad Nacional poniendo en peligro la viabilidad de Perú como Estado Nación, habiendo merecido el reconocimiento de la Comunidad Internacional

A todos los señores Oficiales Generales y Almirantes integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional aquí presentes, añadió, les consta que, siempre, en todas las circunstancias que han rodeado nuestra acción abnegada al servicio al país, supimos mantenernos al margen de aquello que no fuese el interés superior de la Patria. Nos hemos limitado, pues, a trabajar, en la certeza que con el aporte que brindábamos de alguna manera estábamos contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.

Por ello, frente a las actitudes y acusaciones que en la hora presente se están formulando contra la decisión institucional que adoptaran las Fuerzas del Orden el cinco de abril de mil novecientos noventidós de apoyar al Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y frente a los falaces argumentos que tratan de presentar la decisión de los altos mandos institucionales como si se hubiera dado al margen y sin interpretar el sentir general de nuestras respectivas Instituciones y, también, frente a la necesidad de mantener en alto el honor y el decoro institucional de las Fuerzas del Orden, que no debe ser mellado, consideramos que es absolutamente necesario dejar de manifiesto con la más transparente claridad que la posición adoptada el cinco de abril de mil novecientos noventidós fue la expresión del sentir institucional y la voluntad unánime de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y de los estamentos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, en todos los niveles y grados que conforman la jerarquía de dichas Instituciones.

Con relación al segundo asunto, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresó que todas las Instituciones que de una u otra manera estuvieran vinculadas a la lucha contrasubversiva, debían sentirse orgullosas por su decisiva intervención en una guerra contra el enemigo interno que, durante diez años, hizo vivir al país la etapa más dolorosa y sangrienta de su historia republicana, tanto en lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas, como a la destrucción de la infraestructura material de la Nación. El éxito obtenido en esta lucha contra el terrorismo homicida, acotó, no sólo ha significado el reconocimiento agradecido de todos los sectores de la población que ahora pueden vivir en paz y dedicarse al trabajo creador, sino que igualmente ha sido reconocido por todos los países integrantes de la Comunidad Internacional con una nueva Estrategia de Pacificación, eminentemente peruana, que fue diseñada por el señor Presidente de la República y que ha demostrado su capacidad para derrotar al terrorismo, en una guerra cruenta e irregular, pero respetando los Derechos Humanos, dentro de las leyes propias de un Estado democrático y con el menor costo social posible, y que tuvo su corolario con el rescate de los rehenes de la Residencia del Embajador del Japón en el Perú.

Pero, como los enemigos de las Fuerzas del Orden y los opositores al Gobierno, no pueden aceptar ni reconocer este éxito de trascendencia mundial y olvidan a todos aquellos uniformados y miembros de la Comunidad de Inteligencia que dieron sus vidas luchando por derrotar la acción criminal del terrorismo, no les queda otro recurso que calumniar, difamar, tergiversar, incriminar gratuitamente y pretender dañar la imagen de nuestras Instituciones, acusándolas de supuestas violaciones de los Derechos Humanos.

A este respecto, debemos mencionar que el 15 de junio de 1995 se expidió la Ley Nº 26479 cuyo Artículo Uno, a la letra dice: "Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuese su situación Militar, Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originarios con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente ley". Asimismo, el Artículo Seis de la mencionada ley señalaba textualmente: "Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación, pesquisa o sumario, quedando, todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente".

Adicionalmente, añadió, el 30 de junio de 1995 se promulgó la Ley Nº 26492, cuyo Artículo tercero textualmente dice: "Interprétase el Artículo 1 de la Ley Nº 26479, en el sentido de que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los Organos Jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente de conformidad con el Artículo 6 de la ley precitada".

No obstante la vigencia de estas leyes expedidas por un Poder del Estado que, conjuntamente con la Ley de Arrepentimiento (Decreto Ley Nº 25499) que benefició a miles de elementos pertenecientes a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, dictadas en aras de la concordia, la unidad nacional y la paz social, luego de una guerra interna que costó más de 25,000 muertos y miles de millones de soles en pérdidas materiales y en donde el Estado Peruano, gracias a la Estrategia de Pacificación Nacional y el rol fundamental desempeñado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional en la derrota estratégica del terrorismo, lo que hoy permite que el país viva un estado de tranquilidad y desarrollo pacífico, producto de la paz interna que vive la Nación; hay sin embargo quienes pretenden plantear denuncias y acusaciones, en forma individual y colectiva, contra miembros de nuestras Instituciones integrantes de las Fuerzas del Orden y del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo el falaz pretexto de supuestas violaciones de los Derechos Humanos; llegándose al extremo de pretender conformar unas autodenominadas "Comisiones de la Verdad" , cuyo único propósito, en fin de cuentas, es no sólo desprestigiar, sino desestabilizar, romper la unidad y ejercer actos de represalia contra personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, que participaron en la lucha contra la subversión.

Lo paradójico de todo esto es que el Estado Peruano resultó victorioso en esta lucha contra el terrorismo gracias a la decisión política del Gobierno y a la participación decidida y sacrificada de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, con un mínimo costo social, con el fortalecimiento de la democracia y con la correspondiente sanción al personal militar y policial que participó en actos aislados violatorios de los Derechos Humanos, que en modo alguno comprometen a nuestras Instituciones; a lo que se añaden las Leyes de Amnistía General que acabo de mencionar, las mismas que contienen el perpetuo olvido en aras de la fraternidad nacional.

Por ello, el pretender revivir situaciones fenecidas por mandato legal que tienen amparo constitucional, representa una actitud injusta, antipatriótica, sólo movida por la venganza y otros intereses protervos que debe merecer el rechazo más enérgico de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, por lo que nuestras Instituciones deben asumir plenamente y sin límite de tiempo, en el presente acto, el compromiso moral y bajo los dictados del honor militar, la obligación institucional de defender, respaldar y solidarizarse con cualquiera de sus integrantes, sea cual fuese su situación militar, policial o funcional, a los que se pretenda denunciar, en forma individual o colectiva y con el ilegal propósito de encausarlos judicialmente, o de ejercer cualquier otro tipo de venganza o represalia, las que son inadmisibles para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

Luego de lo expresado por el señor General de Ejército Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, éste abrió una instancia de intercambio de puntos de vista, antes de formalizar un Acuerdo Institucional que dejase sentada la posición de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y de los Estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, con relación a los temas materia de la convocatoria.

Los señores Oficiales Generales y Almirantes y miembros de los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, presentes en la reunión, expresaron sus distintas opiniones y puntos de vista con relación a lo expresado por el señor General de Ejército Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quedando de manifiesto la absoluta coincidencia y unanimidad de criterios, en el sentido que se hacía necesario adoptar un Acuerdo Institucional, en el que se dejase claramente señalado que la decisión adoptada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional el cinco de abril de mil novecientos noventidós de apoyar la decisión del señor Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, representó la voluntad y sentir unánime de todos sus componentes y que, igualmente, asumían el compromiso de honor de respaldar y dar su apoyo al personal de las Fuerzas del Orden y Comunidad de Inteligencia sobre los que se pretendiese ejercer represalias o venganza, tomando como pretexto la supuesta violación de Derechos Humanos a raíz de la lucha contra el terrorismo, no obstante estar en plena vigencia las Leyes de Amnistía General.

En vista de lo expresado por los señores Oficiales Generales, Almirantes y miembros de los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, y habiendo absoluta coincidencia de opiniones acerca de la necesidad de emitir un pronunciamiento, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero: Que la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el Gobierno del señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el cinco de abril de mil novecientos noventidós, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo institucional brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime de los miembros que conforman las FFAA, PNP y estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional.

Segundo: Que en tal decisión no primaron criterios individuales sino, más bien, las ideas y planteamientos que constituyeron la voluntad general de las corporaciones castrenses, Policía Nacional del Perú y estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional, los que luego de una toma de conciencia respecto de la situación que vivía el país y de los peligros que se cernían sobre la gobernabilidad de la Nación, consideraron correcto y necesario brindar su total respaldo a la decisión tomada por el Ejecutivo, correspondiendo a los Altos Mandos castrenses, canales naturales de representación de sus bases, exteriorizar y formalizar la voluntad general de sus propias corporaciones.

Tercero: Expresar que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, conjunta e institucionalmente, defenderán, protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo y la adhesión institucional que otorgaron a la decisión del cinco de abril de mil novecientos noventidós, en razón de tratarse de una decisión institucional que corresponde corporativamente a todos los hombres que integran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional. Por lo tanto, cualquier acción que en el futuro se pretendiera realizar en contra de un miembro de las Fuerzas del Orden y del Sistema de Inteligencia Nacional por el apoyo institucional al que se refiere la presente Acta, comportaría, por sí misma, una ofensa contra las Instituciones Tutelares, que obligará a los respectivos Comandos que se sucedan en el futuro, a la defensa irrestricta de dicho miembro, de manera institucional.

En tal sentido, el acatamiento del presente Acuerdo constituye un compromiso de honor, y como tal, una obligación con carácter imperativo, de cuyo cumplimiento ningún Mando podrá sustraerse.

A su vez, el incumplimiento del presente Acuerdo acarreará para el infractor no sólo el rechazo unánime de su Institución, sino también la sanción disciplinaria correspondiente y el sometimiento a una Corte de Honor por grave falta contra el honor y el decoro militar, sustentos éticos de la disciplina, pilar fundamental de toda institución castrense en la medida que constituye también el soporte material de los principios de unidad y continuidad que permitan la permanencia y el desarrollo estable de las Fuerzas del Orden en el tiempo.

Cuarto: Expresar el rechazo institucional a la actitud adoptada por algunos Oficiales en Situación de Retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que inmersos, ahora, dentro de la contienda política partidaria, están emitiendo juicios y opiniones interesados que encierran el claro propósito de individualizar supuestas responsabilidades con relación a los sucesos del cinco de abril de mil novecientos noventidós, demostrando con ello una conducta infraterna con sus camaradas de armas y una absoluta deslealtad con las instituciones que los cobijaron y, en su momento, fueran su razón de ser.

Quinto: Declarar que a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional les ha correspondido un papel de fundamental y decisiva importancia en la derrota estratégica de los grupos terroristas que, desde el año 1980, ensangrentaron el país, sumiéndolo en muerte y destrucción. Que esta participación es un motivo de patriótico orgullo y una demostración de eficiencia profesional, que ha sido reconocida por la sociedad peruana y por la Comunidad Internacional.

Sexto: Remarcar que, en tal sentido, el prestigio de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, así como el de las personas que los integran, está muy por encima de las calumnias, tergiversaciones y versiones tendenciosas y distorsionadas que determinados elementos, conocidos por su animadversión a las Instituciones Tutelares, pretenden utilizar con el claro propósito de dañar la imagen de nuestras Instituciones.

Séptimo: Precisar que, si además del reconocimiento de la sociedad peruana y de la Comunidad Internacional al éxito de la Estrategia de Pacificación Nacional, aplicada a partir de julio de 1990 por el señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, con pleno y absoluto respeto a los Derechos Humanos, no fuese considerado suficiente por quienes pretenden dañar la imagen institucional; la Nación ha dictado Leyes de Amnistía General, que están en plena vigencia, por las cuales se deja establecido con absoluta claridad que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la Comunidad de Inteligencia que participaron en la lucha contra el terrorismo.

Octavo: Declarar que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, asumen el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con sus integrantes, ante la eventualidad y no obstante la plena vigencia de las Leyes de Amnistía General, de que se pretendiera responsabilizarlos, encausarlos o ejercer cualquier tipo de represalia por su intervención en la lucha contra el terrorismo. Este Acuerdo, al igual que el consignado en el Punto Tres, constituye un compromiso de honor y como tal, es una obligación con carácter imperativo de cuyo fiel y cabal cumplimiento ningún Mando podrá sustraerse, bajo las responsabilidades a que se refiere la parte infine del Tercer Acuerdo de la presente Acta.

Noveno: Acordar que los presentes Acuerdos sean consignados en el Libro de Actas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la clasificación "Estrictamente Secreto", quedando, sin embargo, a criterio de los Altos Mandos la decisión de hacer pública la parte pertinente de los Acuerdos adoptados si las circunstancias y la coyuntura así lo ameritan, cualesquiera que sean los Gobiernos que se sucedan en el futuro, los que en el momento serán debidamente informados sobre los alcances de la presente Acta, por tratarse de una posición permanente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

Finalmente, habiéndose adoptado los Acuerdos precedentes, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró conveniente que se diera lectura al "ACTA DE LA SESION ESPECIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA TRATAR EL CASO DE BARUCH IVCHER BRONSTEIN", de fecha 14 de enero de 1999, la misma que por la importancia de su contenido y de la decisión adoptada, frente a la peligrosidad del individuo Baruch Ivcher Bronstein, se determinó que sea incorporada como parte integrante de los Acuerdos adoptados en la presente Sesión.

En pronunciamiento público leído por el comandante general de la Fuerza Aerea y presidente del comando conjunto de las FF.AA, general del aire Pablo Carbone, los mandos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reconocen que la llamada acta de sujeción al gobierno anterior y al autogolpe del 5 de abril de 1992, promovida por el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos, fue redactada con antelación sin haber sido sometida a debate y que fue dispuesta en forma intimidatoria y cohercitiva.

Agrega que no se permitió ningún tipo de ponencia u observación, invocándose para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional. El documento continúa señalando que en las circunstancias en que se suscribieron dichos documentos y sin "ánimo alguno de exculpación los actuales comandantes generales consideran que son irritos, que no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú individual o institucionalmente".

Asimismo, añade que los comandantes generales de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional se encuentran comprometidos en la ejecución de acciones que conllevan al sinceramiento de la situación que afecta a las mencionadas instituciones y en especial al proceso de moralización impulsado por el gobierno constitucional de transición.

"Consecuentes con los hechos señalados las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en solemne e inequívoco gesto de rectificación y sin perjuicio de cualesquiera responsabilidad declara":

b) Su firme determinación de seguir actuando con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República y su absoluta subordinación al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

c) Su compromiso de cumplir funciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores morales y en consecuencia de combatir firme y permanentemente cualquier indicio de corrupción o inconducta en la vida constitucional que comprometa tales valores y principios. Por ello, respaldan las iniciativas destinadas a la formación e instalación de una Comisión de la Verdad, que permita la unión y reconciliación nacional fundada en la justicia y en una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevo a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional.

d) Su propósito de reivindicar valores y tradiciones de las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú y de perfeccionar sus instituciones para contribuir más eficazmente a la defensa y el desarrollo nacional y al fortalecimiento del estado constitucional y de la democracia en el Perú.

Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional del Perú recogiendo el sentir de sus instituciones ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general por todos los hechos que en el pasado reciente hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional.

Esperan asimismo, que la ciudadanía reconozca en este acto de franca e histórica rectificación un gesto indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia y cerrar así el camino a una era de genuina paz fundada en el culto de los valores éticos y democráticos y en la unión de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú con el pueblo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y justa.

Finalmente, los suscritos comandantes generales y director general de la Policía Nacional del Perú, consideramos pertinente poner nuestros cargos a disposición del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El comunicado es emitido a raíz de la difusión de los denominados vladi-videos, en los cuales altos mandos militares firmaron un acta de respaldo al golpe de 1992 y la Ley de Amnistía. Lima, 16 de abril de 2001.

Armando Santiestevan De la Flor, general de Policía, director general de la Policía Nacional. Carlos Alfonso Tafur Ganoza, general de Ejército, comandante general del Ejército. Víctor Ramos Ormeño, almirante comandante general de la Marina. Pablo Carbone Merino, general del Aire, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General de la Fuerza Aérea.

El Instituto de Defensa Legal apeló ayer la comparecencia otorgada a cinco integrantes del grupo paramilitar "Colina", por la jueza anticorrupción Victoria Sánchez Espinoza, por el asesinato de 15 personas y las lesiones graves ocasionadas a otras cuatro el 03 de noviembre de 1991 en una quinta ubicada en Barrios Altos.
Los abogados Robert Meza y Carlos Rivera recordaron que la semana pasada la jueza Sánchez abrió instrucción a los miembros del grupo Colina, dando comparecencia al coronel EP Federico Navarro Pérez, ex jefe de la DINTE.
Además a los suboficiales Juan Pampa Quilla, Fernando Lecca Quesquén, Shirley Rojas Castro y César Alvarado Castro.
Los abogados informaron que también apelaron los arrestos domiciliarios dispuestos contra el ex jefe del SIN general (r) Julio Salazar Monroe, y el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, quien se encuentra detenido en el Penal San Jorge, pero por el proceso que afronta por presunto delito de tráfico de drogas.
Lo cierto es que de las 20 personas a las que se les abrió instrucción sólo el general (r) Juan Rivera Lazo y los suboficiales Nelson Carbajal García y Gabriel Vera Navarrete se encuentran detenidos, comentaron los letrados.
Sostuvieron que a la fecha no sólo existen suficientes evidencias para probar la culpabilidad de los integrantes del grupo paramilitar Colina en la matanza de Barrios Altos, sino también de la participación en estos crímenes de Vladimiro Montesinos y de los altos jefes del Ejército.
Además, señalaron que por la naturaleza del delito que se investiga, que es homicidio calificado, el proceso debe realizarse con mandato de detención para todos los procesados.

El presidente de la República, Valentín Paniagua, aceptó la dimisión de los comandantes generales de las distintas armas que el día de ayer pusieron sus cargos a disposición, días después de hacerse público un 'vladivideo' donde distintos oficiales respaldan el golpe del 5 de abril de 1992.

"No se trata de una simple mudanza estética, sino de un cambio ético", dijo Paniagua en un mensaje a la nación. "Muy lejos de cualquier intento revanchista o subalterno, y en el deseo de no añadir un nuevo factor de perturbación en el proceso electoral" el presidente de la República aceptó la dimisión de los comandantes generales; sin embargo, dijo no haber perdido de vista los objetivos de su gobierno de transición. "Deseamos construir una democracia firme y duradera y un estado respetuoso del orden jurídico y de la libertad", añadió.

Manifestó que para lograr dichos objetivos se necesitan instituciones sólidas, "firmemente asentadas sobre valores y principios, y con hombres genuinamente comprometidos en su defensa".
Señaló que al aceptar las dimisiones presentadas y resolver la sucesión, se ha tenido en cuenta el grado de los firmantes del acta del 13 de marzo de 1999, y por ello se relevó a los comandantes generales de las distintas armas que tenían el rango de teniente general, vicealmirante o general de división.

"Consecuentemente, los cargos que han de ser objeto de relevo se asumirán por oficiales que no ostentaban esos grados y que hallándose ahora en funciones en el mismo instituto, siguen a los comandantes generales en antigüedad de acuerdo al escalafón respectivo. Se asegura así la continuidad en la política emprendida, se respeta la antigüedad y la jerarquía, y se garantiza la institucionalización que se viene realizando desde el inicio del gobierno de transición", dijo el presidente.

Pidió además que el país de a las FF.AA. y a la Policía Nacional la oportunidad de probar que "su patriotismo y devoción por el Perú" siempre están por encima y más allá cualquier "desfallecimiento o error". "Hay que crear –señaló– un clima que permita el desarrollo eficaz de la nueva institución militar y policial, y dejar a la justicia que cumpla sus responsabilidades con quienes se apartaron del deber". Al final del su mensaje se refirió a las pasadas elecciones del 8 de abril.

Dijo que el resultado electoral "contiene un mandato inequívoco: quien quiera gobernar debe dialogar y concertar". "El sufragio popular nos enfrenta a la difícil pero apasionante tarea de construir una democracia pluralista y de consenso, que es por lo demás la que corresponde a la compleja, diversa y desigual realidad del Perú".
Añadió que necesitamos una democracia gobernante, "que nace del pluralismo, que respete a las minorías y promueva la participación institucionalizada de los partidos y de todas las organizaciones de la sociedad civil".

Fuente: agenciaperu.com
18-04-01

Valentín Panigua

Al asumir el mando, anunciamos que iniciaríamos la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa decisión presuponía una apropiada racionalización de recursos y efectivos militares, así como una necesaria e impostergable moralización que ahora está en plena marcha; y, por otro lado, aplicar una clara ruptura con el pasado y perseguir un esfuerzo de reinserción institucional en la vida democrática del país.

La política tenía un propósito claro y neto: reconstruir las instituciones militares por obra de sus propios miembros, bajo nuevos principios y objetivos. Esa transformación implicaba, primero que nada, la reconciliación franca y decidida con los principios éticos y políticos que fueron desconocidos en el pasado reciente.

Era preciso, luego, la creación de una nueva conciencia que inspirara una cultura de la libertad redefiniendo la estructura, organización, disciplina y funciones de las Fuerzas Armadas y sus relaciones con la civilidad. Se trataba entonces de un cambio sustantivo que, transformando el espíritu individual e institucional, abriera el camino a formas diferentes de ejercicio del poder de relación con la civilidad y en general con el Estado y las demás instituciones de la sociedad civil.

Por cierto que sabíamos entonces, como no ignoramos ahora, que no solucionaríamos nada cambiando unos hombres por otros, si no se sustituye la mentalidad que inspira su conducta. De allí la necesidad de la ruptura con el pasado.
La reinstitucionalización sugerida también que es una clara y explícita definición frente al pasado reciente de viejos y arraigados prejuicios y conceptos.

El lunes 16 de abril, las fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en gesto que las enaltece y que con toda justicia han denominado de rectificación histórica, condenaron el golpe del 5 de abril de 1992 del régimen autocrático de Fujimori y Montesinos en todas sus manifestaciones y el acta del 13 de marzo de 1999 que el país conoce. Además, aludieron explícitamente los principios con arreglos de los cuales debe desenvolverse su vida institucional para convertirse en instrumento del desarrollo personal sin dejar de garantizar la defensa la integridad y la soberanía de la República. Ese paso trascendental abre un camino auspicioso que la historia recordará y que nosotros no podemos ni debemos ignorar.

Los Comandantes Generales de las distintas armas han añadido a su gesto cívico de rectificación un elemento de desprendimiento personal. Han puesto a disposición del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los cargos que venían ejerciendo con eficiencia, dignidad y lealtad, que no puedo menos que destacar.

Yo agradezco su cooperación sincera y la consagración con la que cumplieron y ejecutaron la difícil responsabilidad de iniciar la liquidación de una etapa y abrir otra en la vida institucional de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional.
Lejos de cualquier intento revanchista o subalterno, y en el deseo de no añadir un nuevo factor de perturbación en el proceso electoral hemos decidido aceptar su dimisión. Sin embargo, no hemos perdido de vista los objetivos.

Deseamos construir una democracia firme y duradera y un estado respetuoso del orden jurídico y de la libertad. Para ello necesitamos instituciones sólidas firmemente asentadas sobre valores y principios y con hombres genuinamente comprometidos en su defensa. No se trata de una simple mudanza estética sin algún cambio ético de claros compromisos de honor personales institucionales con los valores y principios democráticos que por lo demás deben vincular igual a civiles y a militares.

Por eso, al aceptar las dimisiones presentadas y resolver la sucesión, hemos tenido en cuenta el grado de los firmantes del acta del 13 de marzo de 1999 y por ello hemos relevado a los Comandantes Generales de las distintas armas que tenían el rango de teniente General, Vicealmirante o General de División.

Consecuentemente, los cargos que han de ser objeto de relevo se asumirán por oficiales que no ostentaban esos grados y que hallándose ahora en funciones en el mismo instituto siguen a los Comandantes Generales en antigüedad respecto del escalafón respectivo. Se asegura así la continuidad en la política emprendida.
Se respeta la antigüedad en la jerarquía, se garantiza la institucionalización que se vienen realizando desde el inicio del Gobierno de transición.

El proceso iniciado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser valorado y apreciado. No se trata sólo de reivindicar su pasado histórico. Es preciso que el país vea a las Fuerzas armadas y a la Policía Nacional la oportunidad de probar que su patriotismo y su devoción por el Perú siempre están por encima y más allá de cualquier fallecimiento o error.

Se trata, pues, de un clima que permita el desarrollo eficaz de la nueva institución militar y policial y dejar a la justicia que cumpla sus responsabilidades con quienes se apartaron del deber. Estoy convencido que el país, en general, anhela como las propias Fuerzas Armadas y Policiales la paz y la reconciliación y que todos estamos dispuestos a esforzarnos en aquel empeño y también en la construcción de una sociedad más libre y justa.

Ahora, permítanme una reflexión en torno del proceso electoral. El resultado electoral del 8 de abril tiene un mandato inequívoco, quien quiera gobernar debe dialogar y concertar. El sufragio popular nos enfrentar la difícil pero apasionante tarea de construir una democracia pluralista y de consenso, que es por lo demás la que corresponde la compleja, diversa y desigual realidad del Perú.

Vivimos una etapa signada por el cambio, el Perú debe superar con justicia y verdad el pasado de autocracia y corrupción. Y abrir el camino a un proyecto sugestivo de vida en común en el que todos debemos tener un lugar y una tarea que cumplir. expresión por ese esfuerzo por la unidad y reconciliación nacionales será en su momento la instalación de la comisión de la verdad y es que el Estado necesita reconciliarse con la sociedad lo mismo que los peruanos entre sí.

El gobierno que nazca el 28 de julio próximo tiene que relegitimarse día con día con el pueblo. El Perú a su turno necesita proyectar una imagen interna e internacional de coherencia y firmeza que de confianza a agentes económicos y certidumbre a los actores sociales.

El Perú requiere, en pocas palabras, un acuerdo nacional para la democracia y el desarrollo. Esa decisión resulta en estas circunstancias absolutamente necesarias. Es preciso asegurarle al pueblo una democracia efectiva y sobre todo eficiente. Nada de eso es posible con una democracia gobernada. Es decir, hipotecada a la mayorías temporales ensoberbecidas por el poder y que enfrentan el destino del país a su arbitrio y capricho. Necesitamos una democracia gobernante que nace del pluralismo que respeta a las minorías a las minorías y promueve la participación institucionalizada de los partidos y de todas las organizaciones de la sociedad civil.

Ese requerimiento es particularmente imperativo ahí como el Perú, donde imperan profundas diferencias económicas sociales y políticas y culturales y se exige que todos sean escuchados. Que además estén presentes en la agenda del Estado y del Gobierno. Sin más autoridad que la de su profundo amor y devoción por el Perú y por su pueblo.

El Gobierno de Transición se permite a convocar a todas las fuerzas sociales políticas y económicas para que estudien la posibilidad de constituir en un plazo corto de tiempo una mesa de diálogo en la búsqueda de un acuerdo nacional para la democracia y el desarrollo. Que conducida por ilustre peruano como es Javier Pérez de Cuellar, permita concertar políticas de estado y medidas de política que garanticen la gobernabilidad y el éxito de la administración que se inicia el próximo 28 de julio.

Corresponde a los partidos a las instituciones de la sociedad civil, empresarios del sector económico, estudiantes de las universidades, definir la agenda y ,os procedimientos necesarios para ello. Si fuimos capaces de concertar en las más adversas circunstancias, gracias al esfuerzo de un genuino luchador por la democracia y de la justicia como fue Gustavo Mohme Llona y fuimos capaces de trabajar en la mesa de diálogo propiciada por la OEA.

Si por consenso y gracias al generoso desprendimiento del ciudadanos de todos los sectores del congreso nació el Gobierno de Transición que presido, por qué no podemos hacerlo ahora que todos sin excepción sentimos el reclamo del futuro y el ansia de justicia paz y reconciliación nacional.

El gobierno no duda que esta iniciativa hallará eco generoso en todos los sectores de la sociedad. Está convencido que así prestaremos al país invalorable servicio a su desarrollo y consolidaremos la transición democrática.
Estoy seguro que los peruanos podemos mirar con fe y optimismo el futuro, por eso hoy mismo el mundo debe saber que hay aquí una vieja nación y un pueblo orgulloso de sus tradiciones que está vivo y que enfrenta con coraje e ilusión su destino y que está dispuesto a lograrlo. Buenas noches

Tokio.- ¿Quién está detrás de Alberto Fujimori en su autoexilio en Japón? ¿Quién lo apoya económicamente en un país que tiene el nivel de vida más alto de todo el mundo, suponiendo que sea verdad lo que el ex mandatario afirma acerca de que no ha recibido más dinero que su salario presidencial? ¿Quién lo respalda moralmente y le da la seguridad de que, gracias a su nueva nacionalidad, no será enviado de regreso al país que gobernó como peruano durante una década, así se le comprueben crímenes de lesa humanidad? ¿Quién firmó su nacionalidad japonesa en sólo 32 días, cuando éste es un trámite que generalmente demora una decena de meses? ¿Qué bondadoso, desinteresado y rico benefactor lo acoge en el exclusivo departamento que ocupa en Tokio, en el lujoso barrio de Akasaka, y cuya renta mensual mínima es de 8.500 dólares?

Demasiadas preguntas que parecen tener una sola respuesta: la derecha nipona. En un país como Japón -donde los corrillos y secreteos políticos son la esencia misma de esa política, donde el comentario suple muchas veces la información oficial, donde es de locos esperar que alguien salga al frente para reivindicar la defensa de tal o cual tema o persona, o donde las noticias, primicias y destapes periodísticos provienen en muchos casos de comunicados o fuentes oficiales que los suministran tarde y con cuentagotas- es casi imposible saber de forma certera u oficial quién se encuentra detrás del autoexilio de Alberto Fujimori. Sin embargo, son esos mismos secreteos y comentarios políticos, bastante confiables y certeros en la generalidad de los casos, los que señalan que existe una vinculación directa entre Fujimori y Shintaro Ishihara, un nacionalista radical que ocupa la Prefectura de Tokio desde hace dos años. Esta presunción, que a simple vista no pasa de ser un dato, se ve respaldada sin embargo por un hecho real y comprobado. El resto es sólo cosa de saber sumar, restar e interpretar la historia reciente de las relaciones que han mantenido Japón y el Perú.

Cuando a principios de marzo Fujimori abandonó la residencia de la escritora Ayako Sono, ubicada en el barrio de Denen Chofu, fue él mismo quien les proporcionó a determinados medios de prensa un número de fax en el que hasta la fecha se le puede hacer llegar por escrito solicitudes de entrevistas y preguntas que él responde por el mismo medio. El número resultó pertenecer a la oficina particular de Shintaro Ishihara, situada en el distrito de Minato Ku, uno de los más caros de Tokio. Sobre este tema, la revista semanal nipona "Shukan Asahi" publicó un artículo en su edición del 23 de marzo donde señala que uno de sus reporteros incluso pudo conversar en la mencionada oficina con Víctor Aritomi, ex embajador peruano y cuñado de Fujimori. Según dicha publicación, Aritomi habría aceptado, ante las preguntas del hombre de prensa, que estaban (él y Fujimori, del cual se convirtió en mano derecha apenas pisó Japón el 17 de noviembre del año pasado) instalados en la oficina de Ishihara desde enero pasado. Versión que fue corroborada por la secretaria del prefecto, quien a la vez aclaró que el nexo entre el ex mandatario e Ishihara había sido Ayako Sono, amiga personal de este último.

Por su parte, hace un par de semanas el político nipón aceptó públicamente haber visitado a Fujimori en febrero, sin revelar el motivo o tema de la conversación sostenida. Visita a la que no lo obliga el protocolo de su investidura como gobernador y que, obviamente, realizó como una decisión personal. Al ser consultados sobre la reunión de ambos personajes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron desconocer el hecho. Algo raro si se toma en cuenta que, hasta la fecha, Fujimori goza de custodia policial, que si bien no la ordena directamente la Cancillería, al menos sí la coordina, y que los desplazamientos de Ishihara son escoltados por carros oficiales o unidades policiales, con lo cual es difícil que pasen inadvertidos.

Según los analistas, la simpatía que inspira Fujimori en Ishihara, un nacionalista a ultranza que entre otras cosas reivindica el derecho de Japón de tener su ejército propio, estaría basada en la solución que, a sangre y fuego, le dio el entonces mandatario a la llamada crisis de los rehenes. "Ambos -Fujimori e Ishihara- son políticos parecidos. Los dos han demostrado un liderazgo que rompe las cosas establecidas y que pretende una reforma", opina Shigeo Osonoi, profesor de la Universidad de Nanzan y autor del libro "El Perú moderno y el gobierno de Fujimori". "Fujimori frenó el terrorismo. Es natural que Ishihara sienta simpatía por él", complementa el catedrático.

Por otro lado, no son pocas las versiones que afirman que Fujimori acaba de abrir una oficina en el mismo edificio donde se ubica la de Ishihara. La función principal que desempeñaría en ella sería la publicación de su tan anunciado libro de memorias. La obra -que lo ayuda a escribir Carlos Orellana, el asesor de prensa que lo acompañó durante casi todo el tiempo que permaneció en Palacio- estaría pronto en el mercado local por cuenta de Chuo Koron, la editorial más antigua e importante del país, según refiere Masakuni Ota, editor jefe de Gendai Kikakushitsu Publishers, editorial que también publica obras en castellano. "En todas partes se comenta que Chuo Koron publicará el libro de Fujimori. No sé si hay un contrato firmado, pero sí un acuerdo de palabra. Y en Japón esas cosas se respetan", explica Ota.

Chuo Koron es desde hace dos años propiedad del consorcio Yomiuri, de tendencia derechista. Fue justamente en el "Yomiuri Shimbun", el diario de mayor tiraje en Japón con 14 millones de copias al día, donde Fujimori publicó a finales de diciembre del año pasado una serie de cuatro artículos en los que toca de forma superficial varios temas relacionados con el Perú, entre ellos los motivos por los que abandonó el país y la Presidencia. El ex mandatario habría recibido un promedio de 150.000 yenes (1.200 dólares estadounidenses) por cada uno de estos artículos, mientras que por sus memorias Chuo Koron le pagaría como mínimo el 10% del precio de venta al público. Según el mismo Ota, un libro como el de Fujimori puede alcanzar un precio de 2.500 yenes en el mercado (20 dólares), con un tiraje de 20.000 ejemplares en la primera edición, algo normal para una editorial de esa envergadura. Xenófobo y militarista - Shintaro Ishihara (68) fue elegido prefecto de Tokio el 11 de abril de 1999 por abrumadora mayoría. - Antes de asumir el segundo puesto político más importante en el ámbito de gobierno (después del de primer ministro), Ishihara se desempeñó como senador (1968) y titular de la cartera de Transportes (1976). En ese entonces militaba en las filas del Partido Liberal Democrático (PLD), agrupación que gobierna el Japón desde hace varias décadas. Sin embargo, Ishihara postuló a la Prefectura de Tokio como político independiente. El actual gobernador de Tokio es conocido también como escritor. En este rubro ha publicado el libro "El Japón que puede decir que no" y en 1965 ganó el Premio Akutagawa de Novela, uno de los más renombrados que se entregan en el archipiélago. - Conocido como un derechista radical y un nacionalista a ultranza, Ishihara ha causado polémica desde que asumió el cargo. Tanto por sus declaraciones xenófobas contra los extranjeros -recomendó a las autoridades que, en caso de un desastre natural de gran envergadura, se pusiera especial cuidado en reprimir los actos vandálicos que de seguro cometerían los extranjeros-como por su intención manifiesta de reducir la dependencia defensiva de Japón con Estados Unidos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón sólo está autorizado a mantener un reducido ejército. Sin embargo, Ishihara aboga por comprar armas y convertir esta fuerza en un verdadero ejército. Ishihara también ha causado irritación en los gobiernos de China y Corea por considerar que Japón hizo bien cuando colonizó estas naciones a principios del siglo XX. Cuenta con ayuda de Ryutaro Hashimoto Tokio. El gobernador Ishihara no es el personaje de tendencia derechista más prominente que apoya a Fujimori. "No es un secreto la gratitud que Ryutaro Hashimoto, quien ahora es ministro de Reforma Administrativa y Asuntos Territoriales, le guarda a Fujimori". "Cuando sucedió la crisis de los rehenes, él era primer ministro de Japón. Y la forma en que actuó Fujimori para liberar a los rehenes le quitó un dolor de cabeza", opina Hiroaki Hidaka, experimentado periodista de la agencia nipona de noticias Kyodo, especialista en temas sobre América Latina.

En la actualidad, Hashimoto, quien debió renunciar como primer ministro en 1998, es amplio favorito para ocupar la presidencia del PLD. De obtener el puesto, que se definirá el 24 de abril, el político de 63 años asumiría prácticamente de forma automática el cargo de primer ministro, dada la mayoría que posee la coalición que lidera el PLD en la poderosa Cámara Baja del Parlamento. Hashimoto reemplazaría a Yoshiro Mori en la conducción del país, con lo cual Fujimori tendría detrás de sí los dos puestos políticos más importantes de Japón: el primer ministro y el gobernador de Tokio. "Otro personaje que respalda moralmente a Fujimori por el mismo tema (la crisis de los rehenes) es Masahiko Komura, actual ministro de Justicia, quien durante el episodio en Lima era vicecanciller. Komura fue el encargado de viajar a Lima representando al Gobierno Japonés. "También fue a Cuba cuando se planteó la posibilidad de que los emerretistas se fueran allá", recuerda Hidaka. Coincidentemente, cuando un individuo comienza a gestionar su nacionalidad japonesa, es el ministro de Justicia en persona quien firma la orden para que ésta se le otorgue o deniegue.

Finalmente Hidaka añade: "El tema (de Alberto Fujimori) es tan feo que (el Gobierno y los políticos de derecha) no quieren que se vea el apoyo que le están dando (a Alberto Fujimori)". "Es una constante desde que pisó tierra japonesa. Algo de lo que seguro nos enteraremos (oficialmente) cuando haya pasado todo esto", dice.

Fuente : Diario EL COMERCIO
19-04-01

Tokio.- El gobernador Ishihara no es el personaje de tendencia derechista más prominente que apoya a Fujimori.
"No es un secreto la gratitud que Ryutaro Hashimoto, quien ahora es ministro de Reforma Administrativa y Asuntos Territoriales, le guarda a Fujimori".
"Cuando sucedió la crisis de los rehenes, él era primer ministro de Japón. Y la forma en que actuó Fujimori para liberar a los rehenes le quitó un dolor de cabeza", opina Hiroaki Hidaka, experimentado periodista de la agencia nipona de noticias Kyodo, especialista en temas sobre América Latina.
En la actualidad, Hashimoto, quien debió renunciar como primer ministro en 1998, es amplio favorito para ocupar la presidencia del PLD.
De obtener el puesto, que se definirá el 24 de abril, el político de 63 años asumiría prácticamente de forma automática el cargo de primer ministro, dada la mayoría que posee la coalición que lidera el PLD en la poderosa Cámara Baja del Parlamento.
Hashimoto reemplazaría a Yoshiro Mori en la conducción del país, con lo cual Fujimori tendría detrás de sí los dos puestos políticos más importantes de Japón: el primer ministro y el gobernador de Tokio.
"Otro personaje que respalda moralmente a Fujimori por el mismo tema (la crisis de los rehenes) es Masahiko Komura, actual ministro de Justicia, quien durante el episodio en Lima era vicecanciller. Komura fue el encargado de viajar a Lima representando al Gobierno Japonés.
"También fue a Cuba cuando se planteó la posibilidad de que los emerretistas se fueran allá", recuerda Hidaka.
Coincidentemente, cuando un individuo comienza a gestionar su nacionalidad japonesa, es el ministro de Justicia en persona quien firma la orden para que ésta se le otorgue o deniegue.
Finalmente Hidaka añade: "El tema (de Alberto Fujimori) es tan feo que (el Gobierno y los políticos de derecha) no quieren que se vea el apoyo que le están dando (a Alberto Fujimori)".
"Es una constante desde que pisó tierra japonesa. Algo de lo que seguro nos enteraremos (oficialmente) cuando haya pasado todo esto", dice.

La serenidad del Presidente Paniagua y el sentido autocrítico de altos mandos castrenses permitió capear una crisis militar y abrir nuevos horizontes para los institutos armados y para el país.

En breves declaraciones, Tafur anunció el lunes que había puesto su cargo a disposición del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y que continuaría con sus planes programados. Pero después de la ceremonia en el Cuartel General, decidió no viajar a Arequipa. Parecía presentir lo que se venía.
Tafur había convocado para el lunes a todos los generales de división al Cuartel General. A mediodía se dirigieron a la Escuela Superior de Guerra, donde desvelaron la placa que correspondía a Tafur y que fue colocada junto a la de los anteriores comandantes generales.

Luego almorzaron. De tres a seis de la tarde se reunieron para evaluar el vídeo sobre el acta de sujeción militar que había sido intensamente difundido el cinco de abril, tres días antes de las elecciones.
Según fuentes militares, el comandante general indicó a sus camaradas de armas la decisión que había tomado de poner su cargo a disposición del Presidente Paniagua. Les recordó que eran testigos de las luchas internas contra el montesinismo enquistado en el Ejército y que les cerraba el paso a las posiciones clave.

Evocó lo ocurrido el sábado 13 de marzo de 1999, cuando acudieron al auditorio de la Fuerza Aérea en Las Palmas, y fueron sorprendidos y conducidos a firmar el acta de sujeción al régimen de Fujimori, y a sus desmanes autoritarios.
El general de división Rigoberto Villena, actual Jefe de la Primera Región Militar con sede en Piura, precisó que ese día él, en señal de protesta, firmó con una rúbrica distinta a la que usa y no colocó su sello. Esto fue detectado por los montesinistas, lo cual le valió su pase al retiro.

Tafur indicó en esa cita del lunes que desconocía cuál sería la decisión del Presidente Paniagua sobre su permanencia en la comandancia; pero llamó a continuar en la lucha por la institucionalización del Ejército, fuere cual fuere la decisión de Paniagua. Propuso asimismo redactar dos comunicados: uno de carácter interno, dirigido a la oficialidad y explicatorio de lo sucedido, y otro destinado a la opinión pública, para señalar que luego de la reunión del Consejo de Altos Oficiales se había acordado retirar del escalafón militar y despojar de todos los títulos y condecoraciones a los oficiales involucrados con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, aparte de retirar a éste las condecoraciones del Ejército.

Los comunicados se quedaron en el tintero. El martes 17 por la mañana, a doce días de haberse divulgado el vladivideo de la sujeción castrense, el Presidente Paniagua tomó la decisión de aceptar la renuncia de los comandantes generales. La crisis militar, que algunos quisieron agravar, no se sabe con qué intención, tocaba a su fin.
La enérgica decisión del Presidente y su bien razonado mensaje del martes no sólo resolvieron un malestar, sino que abrieron prometedoras perspectivas para los institutos militares y para la sociedad en su conjunto.

Hay que recordar que el viernes 6, los comandantes generales del Ejército, La Marina y la FAP se habían reunido en el Comando Conjunto para elaborar un comunicado. Horas antes se había difundido el vídeo de la sujeción, y las papas quemaban. Pero el texto quedó en nada, porque el general Ledesma comunicó a los comandantes que el Consejo de Ministros les había dado su respaldo. Lo cierto es que en ese momento no se quería empañar las elecciones del 8.

Paniagua tenía en ese momento la idea de dirigir un mensaje a la nación sobre el problema militar. La grabación de Paniagua se iba a transmitir el miércoles 11. Pero, luego de una conversación con Ledesma, el Jefe del Estado decidió dejar que transcurriera la Semana Santa antes de afrontar el problema.

Paniagua, hombre de derecho, decidió alcanzar un esclarecimiento a fondo. Se reunió primero con la Fiscal de la Nación. Quería saber cómo realmente pasó el vídeo de los militares al Congreso y por qué allí se procedió a difundirlo de inmediato. Para esto deseaba confirmar que la primera exhibición de ese filme había ocurrido el 23 de febrero en la oficina del juez Saúl Peña.
Sin duda con el mismo fin, Paniagua se reunió el lunes 16 por la tarde con Carlos Ferrero, presidente del Congreso; el segundo vicepresidente de éste, Henry Pease; y el tercer vicepresidente, Manuel Masías.

En ese momento, había en el sector militar quienes proponían que los comandantes generales fueran dejados en sus puestos a fin de que el nuevo gobierno eligiera en julio a los futuros jefes.
Otra propuesta era la de Carlos Ferrero: descabezar a los institutos armados y pasar al retiro a todos los que habían firmado el acta impuesta, mediante coacción, por Montesinos y su argolla.
El lunes 16 fue también convocado a Palacio el general PNP (r) Antonio Vidal Herrera, ministro del Interior. Trascendió que el cambio en la Policía no se iba a realizar todavía. El director general de la PNP, general Armando Santisteban de la Flor, había asumido el cargo sólo el 23 de marzo último. Tiene, pues apenas 27 días de Director.

El lunes último, hacia las 10 de la mañana, los comandantes generales dieron a conocer un comunicado que despejó los nubarrones que se habían acumulado en el área militar y entre ésta y la sociedad de los civiles. Fue oportuno y sagaz.
La concisión del texto fue lograda luego de que se eliminaron seis borradores sucesivos, redactados por los jefes militares y sus respectivos asesores. Habían trabajado en ello desde el sábado 14.
En síntesis, el comunicado condenaba el acta suscrita el 13 de marzo de 1999 que respaldaba el golpe del 5 de abril de 1992, así como la amnistía para militares y policías y la impunidad para quienes cometieran abusos en el curso de la lucha antisubversiva.

El texto marcaba a fuego "Grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que alcanzo no sólo a las FF.AA. sino a todos los poderes constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad civil".
Indicaba el texto las circunstancias de sorpresa y de ausencia de debate con que se suscribió el documento de 1999, por lo cual consideraban írritos tales documentos, los cuales no podían ser respetados ni por los comandantes generales ni por sus instituciones.

Luego de recordar la conducta intachable de las FF.AA. y la PNP en las elecciones recientes, "evidenciando", expresaba, "los esfuerzos realizados por la recuperación institucional en armonía con los nobles ejemplos de Bolognesi, Grau, Quiñones y Mariano Santos".
Tras renovar su decisión de seguir actuando en estricto acatamiento a la Constitución y las leyes, y reafirmar su absoluta subordinación al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los Comandantes "ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional".
Al final, ponían sus cargos a disposición del Presidente Paniagua.
El documento abría así las puertas para una salida airosa.

UN MARTES DECISIVO

El Mensaje del Presidente Paniagua estuvo precedido de varios preludios y algún suspenso. Primero fue Alan García, el candidato presidencial del Apra, quien el lunes explicó, en conferencia de prensa, que era partidario de que el Presidente aceptara la renuncia de los comandantes generales; pero que respaldaría la decisión de Paniagua, cualquiera que fuese. Alejandro Toledo expresó lo mismo, al día siguiente, apenas retornado de su viaje de descanso a República Dominicana.
El martes mismo, la alocución fue anunciada primero para las ocho de la noche, después para las nueve. Al final, se transmitió a las diez. Pero estaba lista desde las seis de la tarde.

El preludio mayor fue la aceptación de la renuncia de los tres comandantes generales. Cerca del mediodía del martes, se convocó a Palacio al Presidente del Comando Conjunto y Comandante General de la FAP, Pablo Carbone Medina, para expresarle tal aceptación. Luego se citó al comandante general de la Marina, Almirante Víctor Ramos, a quien también se agradecieron los servicios prestados.
Posteriormente, Paniagua se reunió con el general Tafur, a quien comunicó la decisión.
En su discurso de la noche, Paniagua se encargó de elogiar el desprendimiento de estos jefes que pusieron a disposición el cargo que venían desempeñando "con eficiencia, dignidad y lealtad".
Resaltó asimismo el documento que los comandantes generales habían difundido el lunes y que, "con toda justicia, han denominado de rectificación histórica".

El Presidente fue más allá de la coyuntura, al sentar las bases de una reforma militar que signifique la reinserción de los institutos castrenses en la vida democrática del país y "una reconciliación franca con los principios éticos y políticos que fueron desconocidos en el pasado reciente".

Asimismo aludió el Presidente a la necesidad de una Comisión de la Verdad. A este respecto, en el documento difundido el lunes por los comandantes generales se dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional "respaldan las iniciativas destinadas a la formación e institución de una comisión de la verdad que permita la unión y reconciliación, fundada en la justicia y una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevó a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional".

Ha trascendido que el Presidente Paniagua se propone anunciar en estos días la creación de la Comisión de la Verdad. Sus miembros serían designados treinta días después. La idea es que el gobierno que se instale el 28 de julio reciba una idea en marcha, una realidad que se implanta por la voluntad concordante de civiles y militares.

MESA DE DIALOGO

Próximamente el Banco Mundial presentará al Ejecutivo el resultado de una investigación medular sobre la percepción de la sociedad peruana sobre la corrupción en el país. El documento servirá de base al grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción nombrada la semana pasada. Se trata de un equipo multidisciplinario presidido por monseñor Miguel Irízar e integrado por Antonio Blanco Blasco, Cecilia Blondet (Transparencia), Carlos Castro (Adex), Pablo Checa (sindicalista), Margarita Giesecke (historiadora), Baldo Kresalja (empresario y abogado), Humberto Lay Sun, Alvaro Rey de Castro (psicoanalista), Mónica Sánchez (actriz) y Jorge Santistevan de Noriega (ex Defensor del Pueblo). Su misión: identificar los puntos neurálgicos de la corrupción, establecer los lineamientos de una estrategia de largo aliento contra el flagelo y promover un amplio debate nacional. El ministro de Justicia, Diego García Sayán, explica a CARETAS las imperativas razones que obligaron a su creación.

DIEGO GARCÍA SAYÁN
Creador del Grupo de Trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción

EL grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción lo preside un religioso y lo integran un empresario, dos abogados, un dirigente sindical, una historiadora, un psicoanalista y hasta una actriz. ¿Una convocatoria poco convencional para una cruzada anticorrupción?

-El de Fujimori no fue simplemente un gobierno con corruptos, sino fue una mafia que se adueñó del Estado y del gobierno. ¿Cómo este enorme aparato de corrupción se generó en el Perú? Sin duda, la mafia se apoderó de las instituciones peruanas con la tolerancia e injerencia de una buena parte de la sociedad peruana.

-¿Y de qué manera un grupo con once personalidades puede contribuir a desmontar la estructura de corrupción?

-La pregunta histórica, filosófica y política es: ¿Cómo hacer para que no se repita algo parecido? Se trata, por lo tanto, de identificar las condiciones objetivas que existían en nuestra institucionalidad y la conducta de la ciudadanía que toleraron que esta situación se produjera y avanzara. Existen cuestiones éticas e institucionales que deben ser identificadas para poder ser encaradas y combatir con éxito el fenómeno de la corrupción.

-Una de las principales limitantes en la Iniciativa Nacional Anticorrupción es que su mandato concluye con el gobierno de Paniagua este 28 de julio.

-Es indispensable avanzar en los lineamientos de un plan nacional contra la corrupción. No es un plan de gobierno transitorio, lo cual excedería ampliamente su mandato, sino elaborar lineamientos que puedan ser asumidos por el Estado y la sociedad peruana y que configure un marco a partir del cual se puedan establecer metas concretas y escoger herramientas eficaces que permitan prevenir fenómenos de corrupción en distintos ámbitos de la vida social. Este proyecto global será entregado a las autoridades que asuman la conducción del país el próximo 28 de julio. Es por ello que se decidió crear el grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción integrado por personas destacadas de la sociedad presididas por alguien de la enorme calidad moral , personal e intelectual como es Monseñor Irízar con el propósito de avanzar en el Plan.

La lucha contra la corrupción que está impulsando el gobierno de transición es integral y la está enfrentando a través de muy diversas y trascendentes acciones. Este Grupo avanzará sobre la base de aquello que sus miembros tengan que aportar por su capacidad moral, intelectual y profesional, a partir de un diagnóstico que le hemos pedido al Banco Mundial sobre la percepción de la corrupción en el Perú de hoy el cual se está elaborando con el apoyo de técnicos peruanos y que debe ser entregado en los próximos días. El plan incluye, también, un amplio debate nacional que se realizará con sectores intelectuales, profesionales y en distintos lugares del país. En mayo se realizarán foros fuera de Lima para llevar algunas de estas propuestas.

-¿Cuáles son específicamente las metas del Grupo?

-La concepción integral del fenómeno de la corrupción determina que en su análisis y propuestas se incluyan aspectos éticos y los grandes objetivos de la lucha contra la corrupción, además de pasos concretos que tengan que ver con la organización del Estado, con la regulación de los contratos de adquisiciones de obras y de servicios por parte del Estado, con la política educativa, la difusión de valores y con el fortalecimiento de los mecanismos de control que existen en el Estado (la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y los mecanismos específicos que pudieran existir al interior de cada sector).

-¿Cuál es la responsabilidad y las tareas que le competen a la sociedad civil en esta cruzada?

-Depende de muchos factores, incluido el papel que juegue la prensa al respecto. Hay quienes piensan que los peruanos a veces tenemos la memoria corta. Por eso creo que hay que crear esta especie de tenaza que pueda constituir una sociedad civil más vigilante y activa y una institucionalidad democrática fortalecida y perfeccionada. Yo creo que así como hay momentos en la historia en que se impone el autoritarismo que va oscureciendo todo el panorama, en un proceso de apertura democrática ocurre una inercia exactamente contraria donde existe la tendencia que quienes se sentían marginados y silenciados quieran asumir un papel protagónico. Un proceso de transición a la democracia no es un proceso que puede durar ocho meses sino que tiene que ser una tarea que el nuevo gobierno deberá asumir como una responsabilidad central. La transición a la democracia no termina el 28 de julio del 2001 y, en ese sentido, junto con numerosas otras tareas, debe continuarse fortaleciendo el combate contra la corrupción.

-¿Existen experiencias parecidas en el extranjero?

-Ha existido una sucesión de estas llamadas comisiones nacionales contra la corrupción de naturaleza multisectorial dotadas de muchas buenas intenciones, pero que en algunas ocasiones no han alcanzado los fines que se propusieron.

-¿Qué es lo que le hace pensar que aquí no se correrá la misma suerte?

-Creo que en la media en que se involucra a la sociedad civil y a los principales actores políticos las posibilidades de éxito son mayores.

-La iniciativa parece a su vez querer rescatar ese germen de revuelta popular, creativa y pacífica que caracterizó la protesta contra el gobierno de Fujimori.

-Exactamente. Involucra, por ejemplo, a personas como Mónica Sánchez no tanto por sus condiciones de jurista sino por su involucramiento en el proceso y su capacidad de convocatoria. Hoy necesitamos que esa potencialidad que condujo al fin de Fujimori y Montesinos, se traduzca en acciones en positivo. No debemos dormirnos en nuestros laureles y pensar: "bueno ya hay cerca de 200 sospechosos de corrupción presos". No debemos olvidar que ésta es una criatura que surgió de la propia sociedad, de las instituciones peruanas. Hay un problema en el fondo que explica cómo esto pudo ocurrir.

-Con Fujimori y Montesinos -las dos cabezas de la hidra- prófugos y cerca de 200 presos, ¿cuánto resta por desarticular?

-Evidentemente hay tentáculos que aún están vivos.

-¿Cómo se manifiestan?

-En la medida en que haya aparatos que fueron sometidos como el militar, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde no se ha realizado aún una depuración integral. Si bien hubo elementos de coacción al interior del aparto estatal que llevaron los tentáculos de la mafia a ser muy eficaces en el control, es cierto que quedan dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial y del aparato militar y policial elementos que no sólo fueron víctimas de la coacción sino que fueron, en algunos casos, actores encubiertos.

-¿La crisis militar de los últimos días es un reflejo de la complejidad descrita?

-Cumple una función catártica, pero también tiene que ser base de un mecanismo de control, de supervisión y de evaluación más exhaustivo del que se ha producido hasta el momento.

-¿Y en el aparato judicial?

-Es un proceso complejo. Pero no queríamos una evaluación del Poder Ejecutivo sobre otro poder que es el Judicial. Por eso es que solicitamos a técnicos internacionales que vinieran a hacer esa evaluación junto con juristas peruanos. Y conseguimos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organizara una extraordinaria misión internacional de juristas que estuvieron tres semanas en el Perú. Pronto estará completo un informe completo sobre los problemas para la independencia de la justicia, el acceso a la justicia y plantearán una serie de recomendaciones trabajadas no con el Ministerio de Justicia sino con las cabezas del Poder Judicial. De manera que nuestra aspiración, así como en el tema de la corrupción, es dejar también un plan de modernización y desarrollo judicial listo, no hecho con un prisma político por parte del gobierno transitorio, sino con un enfoque estatal de mediano y largo plazo.

-¿Hay ayuda externa también para la Iniciativa Nacional Anticorrupción?

-El diagnóstico es respaldado por el Banco Mundial y el equipo técnico ha contado con el apoyo del BID y la OEA.

-Hay corruptos de significación en todas partes y no sólo en América Latina. Hay casos gravísimos que tocan al gobierno francés. Sin embargo, en el Perú, desde la cúspide del gobierno se organizó todo un aparato, complejo, sofisticado de corrupción en todo el Estado y la sociedad peruana. No era un ministro de Defensa corrupto o cosas como ésas que lamentablemente existen en todas partes del mundo, sino que ocurrieron hechos absolutamente capitales en la antieducación cívica del país. La corrupción fue utilizada de manera sistemática como un instrumento de gobierno. Y eso tiene que ser resuelto y compensado por gobernantes que revaloren y dignifiquen la función pública.

TEXTO COMPLETO DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CNDDHH:
CATEGÓRICA OPOSICIÓN A LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO POR ESTE CONGRESO

1.- Ratificamos nuestra enérgica oposición a que una decisión de trascendencia nacional sea tomada por un Congreso surgido del proceso viciado y fraudulento del 9 de abril del 2000. La decisión requiere, además, del voto favorable de 80 congresistas; por lo que inevitablemente pasa por establecer acuerdos y compromisos con congresistas cuya conducta está cuestionada, sea por su condición de tránsfugas, sea por sus vínculos con el prófugo Vladimiro Montesinos y, además, en no pocos casos, por estar investigados por graves delitos.

2.- Sin desmerecer la calidad personal de algunos de los postulantes al cargo es para nosotros evidente que muchas personas de grandes merecimientos y legítimo derecho a postular a esa alta función se abstuvieron de presentarse por las consideraciones expresadas en el párrafo precedente.

3.- La Defensoría del Pueblo fue quizás la única institución del Estado que logró mantener su prestigio e independencia durante los años de la dictadura. Ello es una razón adicional para que quien asuma la función en la nueva etapa, esté por encima de cualquier cuestionamiento a la legitimidad de su origen.

4.- La inconveniencia de apresurar el procedimiento y la poca legitimidad del actual Congreso se hacen mayores en la medida en que el pueblo ya eligió un nuevo Congreso hace dos semanas; esta vez, uno legítimo e incuestionado y al que por derecho elemental le corresponde tomar decisiones de la envergadura de la que discutimos.

5.- Una razón adicional para esperar al próximo Congreso es que el equipo actual de la Defensoría, liderado por Walter Albán Peralta, viene haciendo una excelente gestión, lo que garantiza la estabilidad y adecuada presencia de la institución en estos pocos meses previos a la instalación del nuevo Congreso.

ADHESIÓN ENTUSIASTA A LA INICIATIVA QUE VALENTÍN PANIAGUA SEA EL PRÓXIMO DEFENSOR DEL PUEBLO

El Fiscal especial anticorrupción de Perú, José Ugaz, anunció el miércoles que el ex presidente Alberto Fujimori será formalmente acusado de corrupción.
Ugaz explicó que la Fiscalía obtuvo un testimonio de una persona, cuya identidad no fue divulgada, que implica a Fujimori en una reunión en la que se decidió el esquema de desvío de fondos públicos.

Por otra parte, el detenido ex jefe militar bajo el gobierno de Fujimori, Nicolás Hermoza, reconoció a una comisión del Congreso que investiga al ex asesor Vladimiro Montesinos que posee una cuenta de US$ 14,5 millones en Suiza.
Ugaz dijo a la prensa peruana que el abogado de Hermoza se comunicó con él, en lo que espera sea la búsqueda de un acuerdo para brindar testimonio a cambio de una reducción de su futura condena.

Respecto al testigo anónimo que implica a Fujimori en el desvío de fondos, Ugaz sólo dijo que "su identidad será mantenida en secreto hasta que tomen medidas para su protección".
El testigo, que sería un ex funcionario, asegura que el entonces presidente participó activamente en una reunión donde se decidió el desvío de fondos públicos.

Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
26-04-01

El presidente Valentín Paniagua instaló ayer en Palacio de Gobierno la comisión Iniciativa Nacional Anticorrupción cuya importancia radica, entre otras cosas, en que se ha convocado a la sociedad civil para que prepare las bases y lineamientos fundamentales de un plan nacional contra la corrupción, el cual pueda poner en práctica el Gobierno que asuma el próximo 28 de julio.
Este grupo de trabajo será uno de los soportes fundamentales para que ese propósito pueda cumplirse y responda no sólo a las previsiones de la Constitución sino a las aspiraciones de la nación, puesto que a través de él se garantiza la participación de la sociedad civil, remarcó Paniagua durante la instalación.
A dicho acto, realizado en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, asistieron representantes de todos los poderes del Estado, diplomáticos, miembros de instituciones gremiales y sociales, entre otros. Allí se mencionó que la comisión debía entregar en 60 días un diagnóstico sobre la corrupción y las medidas correctivas para enfrentarla.

Al hablar de los lineamientos de su futuro trabajo, el presidente de dicha comisión, monseñor Miguel Irízar Campos, expuso el documento Compromiso ético con el Perú.
El grupo de trabajo está integrado por Jorge Santistevan de Noriega, Antonio Blanco Blasco, Cecilia Blondet, Carlos Castro, Pablo Checa, Margarita Gieseke, Braldo Kresalja, Humberto Lay, Álvaro Rey de Castro y Mónica Sánchez.
El presidente consideró que esa comisión abría los cauces para que todos los sectores de la sociedad peruana puedan participar y tomar conciencia de la necesidad de un cambio profundo y de la conducta de la vida pública, pero también de la vida privada.
Si este esfuerzo primario contara con el mismo aliento, la misma pasión y devoción con que la comisión ha preparado sus primeros documentos, estoy seguro de que el nuevo gobierno que nazca como consecuencia del proceso electoral que se avecina tendrá un sólido soporte ético para conducir los destinos del país, añadió.

Aseguró que el Perú vivía un tiempo nuevo y que la instalación de esa comisión así lo demostraba. No menos importante y grave es el compromiso que debían tener con la ética los medios de comunicación, pues éstos tienen la posibilidad de formar la conciencia social.
Antes de Paniagua habló el ministro de Justicia, Diego García Sayán, quien dijo que el trabajo de esa comisión podía sentar los lineamientos fundamentales de un plan nacional contra la corrupción, que recoja distintos planteamientos de la sociedad civil y por cierto de los principales actores políticos.

Se debe velar por el equilibrio de poderes

El presidente de la comisión Iniciativa Nacional Anticorrupción, monseñor Miguel Irízar, dio a conocer el documento "Compromiso ético por el Perú", en el que se resaltan los criterios éticos y morales que deben inspirar la nueva iniciativa.
Institucionalizar la lucha contra la corrupción encomendando a un organismo nacional que lidere la lucha contra la corrupción, garantizando la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado y de los órganos de carácter constitucional, y la plena autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y garantizando el nombramiento del contralor por mayoría calificada del Congreso.
Igualmente, otorgando a la oposición la potestad de designar la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso, manteniendo las actividades de la procuraduría ad hoc en las investigaciones y procesos contra la corrupción.

Promover la ética pública adoptando un código para el cumplimiento diligente de las obligaciones y responsabilidades de la función pública y de sus asesores, previniendo el conflicto de intereses, sancionando el uso indebido de información privilegiada, exigiendo la utilización adecuada de los recursos públicos y estableciendo la obligación de comunicar los casos de corrupción.
Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando los mecanismos de transparencia en la gestión pública, garantizando el acceso a la información del presupuesto y su ejecución en cada dependencia sobre la base de estándares de gestión y el logro de resultados. Asegurar una gestión transparente de la Sunat, Aduanas y la Superintendencia de Banca y Seguros, incluidas las FF.AA. y la PNP, mediante la eficaz aplicación de mecanismos de control periódico.
Fomentar la vigilancia ciudadana, reconociendo la iniciativa de la sociedad civil en materia de vigilancia sobre la gestión pública, para lograr su efectiva fiscalización y el afianzamiento de la ética pública, promoviendo los espacios de concertación en materia de lucha anticorrupción.

El ex presidente Alberto Fujimori consintió y participó de las actividades ilícitas de su asesor Vladimiro Montesinos Torres según un importante testigo presentado por el procurador ad hoc José Ugaz Sánchez Moreno ante la fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. El testigo afirmó que Fujimori sac