LIMA.- El ex presidente peruano Alberto Fujimori podría ser acusado de delito de asesinato si se comprobase que hubo ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997, según afirmó el fiscal especial, José Ugaz.

En el caso de que se llegara a esta conclusión la responsabilidad penal de Fujimori, actualmente refugiado en Japón, se debería celebrar un juicio internacional, según añadió Ugaz en una entrevista concedida al diario 'Correo' de la capital peruana. "Es decir, un juez de cualquier parte del mundo que tenga conocimiento de esos delitos puede abrirle una investigación", añadió al subrayar que eso es lo que le ocurrió al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Gobierno provisional no derogará la ley de amnistía, por la cual los terroristas de Estado, el Comando Rodrigo Franco de Mantilla, el Grupo Colina de Montesinos, las autoridades y los oficiales militares y policiales, responsables de genocidios fueron premiados por sus crímenes con el olvido otorgado por el gobierno de Alberto Fujimori, que con ello quería cubrir sus propias culpas. La misma ley de amnistía que prohíbe investigar, esclarecer, reabrir los casos de La Cantuta, Barrios Altos, penales y otros.

Entonces: ¿de qué comisión de la verdad y reconciliación nacional están hablando?

Gobierno provisional no cerrará el penal que existe dentro de la Base Naval del Callao, insiste el ministro García Sayán. Es decir, se niega a tocar otra herencia fujimorista: el control militar sobre los cabecillas de la subversión. Así haciéndose el duro, el ministro comprueba otra vez su cerrible debilidad ante los uniformes.
Queriendo demostrar que no hace concesiones a los terroristas, se las hace a los militaristas. Y de esta forma los peruanos quedamos fuera de la posibilidad de empezar a saber qué fue lo que pactaron Guzmán y Montesinos con el nombre de "Acuerdo de Paz".

Cómo fue que el gobierno que iba a mandar al pelotón de fusilamiento a los senderistas, cerminó permitiéndoles recuperar sus uniformes de campaña, reunirse como comité central en las prisiones militares y celebrar el cumpleaños de la Iparraguirre con una torta enviada desde la presidencia de la república.
Gobierno provisional no revisará los contratos de concesión con las empresas de televisión, a pesar del rol cumplido por sus propietarios en la organización de un sistemático complot contra la libertad de información y opinión del pueblo peruano. Es decir, los Crousillat, los Delgado Parker, los Schütz, los Vera Abad, van a seguir dueños de las ondas de trasmisión que les brinda el Estado, ahora que ya sabemos qué clase de empresario es cada uno de ellos. No sólo corruptos, sino profundamente corruptores.

A partir de este momento podremos sospechar legítimamente de cualquier nuevo compromiso entre el poder de turno, cualquiera que sea quien lo ejerza, y los piratas televisivos. El gobierno provisional se ha empeñado en seguir hasta el final en el contrato de Camisea, tal como se había diseñado en la era Fujimori, y la concesión del aeropuerto.

Y dice que seguirá privatizando y concediendo. Y ha suscrito con el FMI la intención de obtener un montón de millones de dólares por este concepto durante este año, lo que significa que mientras dure la provisionalidad y se vivan los primeros meses del gobierno elegido, habrá que vender lo que sea para obtener alrededor de 500 millones de dólares y cumplir el compromiso. ¿Que por qué se firmó esto? Porque había que conseguir el aval del Fondo para concertar nuevos créditos que permitieran aliviar la presión de la deuda externa, sin acudir a la renegociación que había anunciado Paniagua en su discurso inaugural. Salvar los compromisos irreales y sinvergüenzas de Camet le está costando al Perú someterse a la nueva leonina carta con el FMI.

Gobierno provisional no dará financiamiento al agro. No mejorará las remuneraciones de los maestros. No intervendrá en EsSalud. No hará nada significativo por la cultura. Ni por el deporte. Ni por el contenido de los libros escolares. Ni en la política de medicinas. Ni en vivienda. Ni en transporte. Ni en relaciones exteriores, donde Pérez de Cuéllar resulta totalmente inadecuado para enfrentar el insulto diario de Japón protegiendo al canalla.
El ministro de Defensa parece que se lo ha tragado la tierra, mientras se caen los MIG 29 y se incendian sorpresivamente las oficinas del comandante general. A todo se contesta que este gobierno es breve. Pero breve y todo gozaba de un consenso impresionante que debía permitirle hacer cosas que marcaran precisamente los contornos de una transición.
Pero lo que vemos a diario son políticos tradicionales tratando de que no los acusen de proterroristas, estatistas, populistas y otros fantasmas de los años anteriores, y que en la práctica se han quedado marcando el paso allí donde estaba Fujimori.

LOCUTOR El Presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Bambarén, opinó que es importante para la reconciliación nacional, conocer la verdad sobre la muerte de los militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El hecho se dio durante el rescate de los rehenes en la residencia del la embajada japonesa en Lima.
LOCUTORA El obispo manifestó que la exhumación de cadáveres de los subversivos caídos en la retoma de la residencia, despierta susceptibilidades. Sin embargo, indicó que los familiares de esas personas tienen derecho de obtener justicia en caso hayan sido víctimas de una ejecución extrajudicial.
LOCUTOR Monseñor Bambarén recordó que la violencia política que azotó al Perú las dos últimas décadas, provino
tanto de grupos terroristas como de la represión ordenada por los gobiernos.
LOCUTORA El religioso agregó que la instalación de una Comisión de la Verdad permitirá sanar las heridas que el pueblo peruano conserva por la época de violencia que vivió.
LOCUTOR Sobre el mismo tema, el sociólogo y especialista en temas de defensa, Carlos Tapia, consideró que la exhumación de los emerretistas es un camino correcto para conocer la verdad sobre su muerte.
LOCUTORA El analista político dijo que la toma de la residencia japonesa en Lima fue un acto terrorista y que el Estado peruano tenía derecho a rescatar a los rehenes. Sin embargo, añadió que matar a prisioneros rendidos constituye no solamente un crimen, sino una grave falta contra el honor militar. (Pe/QR/Ig-Rb/Vi-Pp/ap)

Desde Tokio, la ciudad donde Alberto Fujimori se refugia de la justicia peruana, uno de los 71 ex rehenes del MRTA levantó el polvo en los cementerios de la periferia limeña. Como lo hizo desde el día de su liberación, el ex funcionario de la embajada japonesa en el Perú, Hidetaka Ogura, está dispuesto a hablar de los tres emerretistas que vio con vida al ser rescatado por comandos de las Fuerzas Armadas. Esta semana amplió su testimonio en una conversación telefónica con Domingo. Su versión ha dado paso a una denuncia contra el ex presidente que dirigió la operación, y es hasta hoy la pieza clave de una investigación fiscal. Apostar por la verdad no es hacerle juego al terrorismo, ni tiene ánimo de venganza o afán desestabilizador. Vale la aclaración

Hidetaka Ogura asegura que no hubo entre los ex rehenes de la residencia japonesa un pacto de silencio para ocultar la forma en que murieron los 14 integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) aquel 22 de abril de 1997. Sin embargo, a casi cuatro años del sangriento operativo militar, su testimonio es el único que ha permitido al procurador adjunto para Derechos Humanos, Ronald Gamarra, presentar una denuncia por homicidio calificado contra el defenestrado presidente Alberto Fujimori, su cómplice Vladimiro Montesinos y el entonces comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos. Como se recuerda, Fujimori y Hermoza protagonizaron por aquellos días una pugna por el crédito de la operación "Chavín de Huántar".

El testimonio de Ogura es la pieza fundamental de la investigación que desde el 17 de diciembre pasado sigue Flor de María Alva López, fiscal especial para los delitos de DDHH relacionados con el prófugo ex asesor de inteligencia. Esta investigación se ha nutrido también con los testimonios de familiares y otros informes, alcanzados por el Procurador, sobre el caso de la Relatoría Especial para casos de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de los EEUU. Todos estos documentos citan reiteradamente las palabras de Ogura.

El ex diplomático, quien hoy ejerce una cátedra en la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, dice que muchos tenían sus razones para no hablar de hechos tan delicados. En mayo de 1999, Ogura publicó un extenso y reflexivo artículo en el diario "Asahi Shinbum", en el que decía: "Sucede que luego de la liberación, la mayoría volvió a su antiguo puesto de trabajo, lo cual obstaculizó en muchos casos declaraciones independientes", escribió

Yo ocupaba la habitación junto a otros diez japoneses: ocho diplomáticos y dos empresarios. A las tres de la tarde del 22 de abril, dos de mis colegas de la embajada estaban haciendo ejercicios, subiendo y bajando las escaleras. Luego de un rato regresaron y nos contaron que un policía, también rehén, les dijo que volvieran a la habitación donde dormíamos. Nos causó mucha extrañeza, y cinco o diez minutos después escuchamos la explosión (3:22 pm). Hubo muchas balas, mucho ruido y unos cinco japoneses se metieron en los closets y el baño, pero luego salieron corriendo y se tiraron al suelo porque los disparos iban hacia esos lugares.
¿Quiénes disparaban? Los comandos, no había emerretistas allí. Yo había estado leyendo acostado en el suelo y vi cuando los comandos militares entraron por la terraza. Entraron por todos lados, por la escalera portátil que pusieron desde abajo y por la entrada principal de la habitación que tenía salida al pasillo, y nos dijeron, gritando:

-¡¡Ya están liberados!! ¡¡Cámbiense!! Esperen que les demos un nuevo aviso

Nos hicieron bajar desde la terraza por una escalera portátil. Bajamos uno por uno y yo fui el antepenúltimo. Al tomar la escalera, volteé hacia la entrada principal de la habitación y allí, en el pasillo, estaban dos miembros del MRTA rodeados por comandos. Una era la que yo conocí como Cintia, le vi la cara. A la otra persona no le vi la cara, no puedo decir si era hombre o mujer. Pero Cintia gritaba algo como:

¡¡No me maten!! ¡¡No me maten!!

O tal vez:

¡¡No nos maten!! ¡¡No nos maten!!

Esta semana dos de los ex rehenes, Carlos Blanco y Gilberto Siura, cuestionaron el testimonio de Ogura asegurando que muchos de los cautivos habían perdido la confianza en él, particularmente, pero también en los otros diez funcionarios de la embajada. En principio, habían discrepancias sobre la forma de llegar a una solución: muchos de los peruanos y empresarios de origen nipón ya habían aceptado la idea del operativo militar, mientras que los diplomáticos orientales, en concordancia con la posición oficial y la política pacifista de su gobierno, se negaban a una salida violenta. Ambos dijeron que la tensión fue mucho mayor cuando llegaron a la conclusión de que había sido Ogura quien filtró la información sobre el operativo de rescate a un delegado de la Cruz Roja Internacional con el objetivo de que el mensaje llegara al cabecilla emerretista Néstor Cerpa Cartolini. "Eso es mentira", contestó Ogura al conversar con Domingo al cierre de esta edición. "Yo creo que los congresistas están cavando su propia tumba".

En el referido artículo del "Asahi Shinbum", Ogura relata que la confusión del rescate hizo imposible que pudiera llevar consigo los cuatro cuadernos en los que registró las ocurrencias de esos 126 días de cautiverio. Los apuntes de Ogura no eran un simple diario de rehén. "Como encargado de asuntos políticos de la embajada fui consciente, durante el tiempo que duró la ocupación, de mi deber de reunir toda la información posible acerca de lo que estaba ocurriendo, de mantener la comunicación con los miembros del MRTA con el fin de conocer el objetivo y los medios por y con los cuales nos mantenían cautivos", señala en una parte del informe.

Entrevistado por esta revista, Gilberto Siura llegó a insinuar que el supuesto afán de Ogura por frustrar la incursión militar podía atribuirse a cierta simpatía que desarrolló hacia los terroristas. "Por ejemplo, él ha hablado de que vio a una chica llamada Cintia ¿Cómo supo su nombre? Ninguno de nosotros lo sabía". Desde el otro lado del teléfono Ogura soltó una risa sarcástica: "No sentía simpatía por ellos, sólo tenía deseos de escuchar sus pensamientos".

Casi desde el inicio del cautiverio, Ogura procuró ganarse la confianza de los emerretistas, en especial la de Néstor Cerpa, Rolly Rojas (a) "El Arabe" y Eduardo Cruz Sánchez (a) "Tito". En una oportunidad, para lograr acercarse a Cerpa, rehizo un cuadro sobre la izquierda en el Perú que había elaborado en la década del 70, cuando llegó al país como estudiante e investigador de sociología.

Ogura llegaba a reunirse con los emerretistas unas cinco veces por semana. Logró conocer el apelativo de cada uno de los catorce (además de los dirigentes Cerpa, El Arabe, Tito y Salvador, estaban Sergio, Dante, Wilson, Lucas David, Davis, Huáscar, Leo, Cintia y Melisa). Asimismo, sostuvo frecuentes charlas con los líderes del grupo, quería saber cuál era su visión del mundo, de la historia y la revolución. Según sus propias palabras, Ogura llegó a criticarlos y les dijo que su ideología era obsoleta después del fin de la Guerra Fría.

Habían pasado unos diez minutos desde que el primer comando nos avisó del operativo. Bajamos al primer piso de la residencia por la escalera portátil mientras escuchábamos explosiones y ráfagas de metralleta. Estuvimos en el primer piso unos instantes, y luego nos condujeron por un pequeño túnel hasta el jardín de la casa vecina. Allí encontramos a siete rehenes peruanos, los vocales de la Corte Suprema Moisés Pantoja, Mario Urrelo, Hugo Sivina, Alipio Montes de Oca y Luis Serpa Segura. También estaban el viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama y el coronel de la Fuerza Aérea José Garrido Garrido. Pero junto a ellos, en el jardín estaba Tito, el número 2 del MRTA, atado con las manos atrás, en el suelo, boca abajo. El trató de decir algo, pero el policía que estaba de guardia le pateó la cabeza y Tito se calló la boca. Minutos después, por el mismo túnel que pasamos nosotros apareció un comando militar y se llevó aëTití nuevamente por el túnel hacia la residencia. Luego, Fujimori entró en la residencia por allí también, sólo pasó, no habló con nosotros

A los dos del MRTA que estaban en el segundo piso, creo que no, fue todo muy rápido. Pero a Tito sí hubo tiempo de verlo.

Si no se taparon los ojos, tuvieron que verlo.

Mientras esperábamos en el jardín, todavía se escuchaban disparos. No sé si estaban ejecutando a los terroristas. Poco antes de salir de la casa vecina vinieron unos comandos para dar la mano a cada uno de los dieciocho rehenes. Yo no quise darles la mano y el señor (Moisés) Pantoja, que estaba a mi costado, quiso obligarme a hacerlo. Pero yo no les di la mano, fui el único de los dieciocho. ¿Por qué? Porque me imaginé que estaban matando a todos los miembros del MRTA allí adentro, y yo no estaba de acuerdo con esa manera de hacer las cosas. Había posibilidad de llegar a una solución pacífica. Para mí, a pesar del reencuentro con mi esposa y mis hijos, era un momento de tristeza. Ellos contestaron la violencia con más violencia, y eso no soluciona nada.

"El diálogo obstruido", el libro de Ogura sobre su experiencia como rehén del MRTA, fue publicado en mayo del año pasado. Ninguno de los otros diez japoneses que vieron a Tito en el jardín de la casa vecina han afirmado cosas similares.

Ellos son los empresarios Masami Kobayashi y Yoshiaki Kitagawa, y los diplomáticos Hiroruki Kimoto, Haruo Nimura, Hayime Nakao, Hideo Nakamura, Katzumi Tagaki, Fumio Sunami, Sinji Yamamoto e Hiroto Morosumi.

No específicamente, pero nos dieron vacaciones de dos meses y regresamos a Japón. Cada miembro de la embajada fue llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores porque ya se había formado ahí dentro una comisión investigadora. Uno por uno fuimos llamados para contestar las preguntas de la comisión. En mi caso, antes de ir, unos superiores me dijeron que no tocara el tema de los emerretistas vivos.

En parte. Pero yo quería asumir mi responsabilidad: como encargado de asuntos políticos, no pude captar información sobre la toma de la residencia. Pero además, yo no estaba de acuerdo con la incursión militar para terminar con el incidente. Yo soy pacifista, no estoy de acuerdo con haber usado la violencia, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro.

Yo creo que ellos deben decir la verdad, pero no puedo obligarlos. Deben tener sus razones para no hablar, pero ellos vieron lo mismo que yo y deberían decir la verdad.

Los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil para la conformación de una Comisión de la Verdad han erizado los cabellos de quienes precisamente buscan mantener el manto de oscuridad tendido por la dictadura para impedir el esclarecimiento de un cúmulo de hechos luctuosos. En la última semana, conspicuas voceras del fujimorismo han fustigado al gobierno, atribuyéndole, por ejemplo, estar detrás de la exhumación de los emerretistas que murieron en la residencia del embajador Aoki.
En medio de esta coyuntura de confrontación electoral, ha resultado clave la difusión de un pronunciamiento convocando a la sociedad civil a que manifieste su clamor por justicia y verdad.

El documento suscrito por varios miles de católicos comprometidos en ámbitos académicos, educativos, culturales, religiosos, políticos, manifiesta su rechazo al ocultamiento de las redes del poder autoritario e interpreta este momento como una oportunidad inmejorable para recuperar los valores éticos, luchar con eficacia contra la pobreza y fortalecer las instituciones públicas para que no se vuelva a abusar del poder. Por ello es que justamente demanda la formación de la Comisión de la Verdad y llama a una participación activa y responsable en las próximas elecciones.

.WASHINGTON.- Amnistía Internacional pidió hoy, lunes, al que gane las próximas elecciones en Perú que se comprometa a poner fin a la tortura en ese país sudamericano.
"Perú debe aprovechar esta oportunidad para poner fin a décadas de tortura", manifestó William Schulz, director ejecutivo de Amnistía Internacional-EEUU.
"La legislación antiterrorista debe revisarse de acuerdo con las obligaciones internacionales de Perú y deben ser puestos en libertad los miles de prisioneros que fueron encarcelados cuando se les negó el derecho a un juicio justo", agregó.
Perú celebrará elecciones presidenciales el 8 de abril próximo. Los comicios fueron convocados tras la crisis política que se desató cuando el presidente Alberto Fujimori huyó a Japón el año pasado.
El Congreso destituyó a Fujimori por "incapacidad moral" y designó a Valentín Paniagua como presidente interino del país.
"Para librar a Perú de la tortura, la juventud y los activistas de Amnistía Internacional piden al próximo presidente, 'tortura nunca más'", dijo en español Sarah Clark, Directora de Programas de la organización de defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional-EEUU afirmó que la tortura se sigue utilizando en Perú y agregó que, desde de que se promulgara una ley contra su práctica en 1989, sólo dos agentes de policía han sido procesados.
"El nuevo presidente debe rechazar y derogar las leyes de 1995 que permitieron que miles de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad, desde 1980, quedaran impunes", expresó Carlos Marín, especialista para Perú de Amnistía Internacional-EEUU.
Amnistía Internacional también pidió, en un comunicado difundido hoy, que los candidatos a la presidencia del Perú respalden la creación de una comisión que investigue la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas desde ese año y apoyen que se compense a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y a sus familiares.

El candidato presidencial por el FIM, Fernando Olivera, afirmó en Ilo que la exhumación de los cadáveres de los emerretistas que tomaron por asalto la embajada japonesa es una decisión de la justicia a la que debe dejarse actuar con autonomía e independencia.
"Ciertamente, si hubo excesos, la justicia sabrá qué hacer. Lo que si afirmo con claridad es que los responsables de esas muertes, más allá de los que hicieron los disparos, son los que secuestraron a los rehenes: los terroristas".

Llamó a los peruanos a no confundirse. "Hay una lacra criminal que nunca debe retornar. El terrorismo debe ser repudiado y no hacerse apología para darle valor a los cobardes que tomaron como rehenes a inocentes y quisieron someter a un chantaje a todo el Perú", dijo.
Según Olivera, por lo demás, la justicia deberá actuar ejemplarmente, porque en una democracia no hay intocables, y la ley se aplica por igual a todos.
Recordó que el FIM firmó el acuerdo para constituir la Comisión de la Verdad, porque cree que la verdad debe conocerse ante todo. "Hemos sido gobernados por la mentira, y hoy somos la alternativa de un verdadero cambio para rescatar al Perú para los peruanos", sentenció.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) Los jóvenes y estudiantes de Perú y del mundo entero que pertenecen a Amnistía Internacional pedirán a los candidatos presidenciales de este país sudamericano que se comprometan, si resultan elegidos, a erradicar la tortura.

Desde ayer y hasta el próximo 25 de marzo de 2001, antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de abril, miles de miembros y activistas de las redes de jóvenes y estudiantes de la organización se movilizarán en las calles para pedir que cese el uso generalizado de la tortura en Perú.

El director del Programa para América de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, declaró: "La tortura es una práctica generalizada en Perú. Sin embargo, este país está atravesando un momento crítico en su historia, por lo que ahora se nos brinda una oportunidad que la población peruana debe aprovechar y que los candidatos a la presidencia deben asumir".

La organización confía en que esta nueva presión sobre Perú garantice que el nuevo presidente, que ocupará su cargo en julio de 2001, tomará medidas concretas para terminar con la tortura en Perú y promover los derechos humanos.

Aunque en los últimos años las denuncias de desaparición y ejecución extrajudicial han disminuido, la tortura y los malos tratos, incluida la muerte bajo custodia, siguen siendo una práctica generalizada en Perú. Las autoridades peruanas han aprobado una ley que tipifica la tortura como delito. Sin embargo, desde la adopción de esta ley en febrero de 1998, sólo dos agentes de policía han sido procesados.

En respuesta al ultimátum lanzado por los militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, presos en el penal de Yanamayo, en Puno, el ministro de Justicia, Diego García Sayán, enfatizó ayer que el gobierno no cederá de ninguna manera ante el chantaje, la manipulación y la intimidación con amenaza de uso de fuerza.
"El gobierno no actuó ni actuará bajo la presión de quienes han cometido muy graves delitos, porque sobre esa base no va haber ninguna acción por parte del gobierno", manifestó en Palacio de Gobierno adonde acudió acompañado de su colega de Costa Rica, Mónica Naguel.

García Sayán señaló que no está en los planes del gobierno clausurar el penal de máxima seguridad de Yanamayo, aunque admitió que existe una situación anómala en su interior debido al mal manejo que le dio el régimen anterior.Aclaró que el gobierno no tiene nada que negociar porque tiene la función inaplicable de hacer respetar el principio de autoridad.
Aseveró además que la seguridad del penal está garantizada por efectivos policiales, por lo que no existe riesgo de fuga. En ese sentido, calificó de inexactas las versiones periodísticas que señalan lo contrario.

García Sayán informó también de la instalación de una comisión especial encargada de efectuar recomendaciones técnicas para el inmediato reacondicionamiento del establecimiento penal de Yanamayo, así como determinar la responsabilidad de su diseño y construcción.
Una de ellas dijo será establecer si es necesario o no, el traslado temporal de los internos para ayudar en la rehabilitación del penal, ya que actualmente no existen las condiciones necesarias para efectuar esa tarea.
"Porque bajo ninguna circunstancia se harán traslados en función a la presión o una supuesta negociación que no existe", subrayó.

Agregó que dicho grupo de trabajo tendrá 20 días para analizar esta situación, porque la rehabilitación del penal de máxima seguridad, así como de la Base Naval del Callao eran uno de los objetivos centrales de su cartera.
Este grupo de trabajo está presidido por el almirante (r) Alfonso Panizo e integrado por Antonio Blanco, decano del Colegio de Ingenieros del Perú; Ramón Barúa, de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confied); Miguel Gonzales del Río, ex director de penales, y el general PNP David Haddad.

De otro lado, García Sayán indicó que se estudiará la posibilidad de otorgar en concesión los centros penitenciarios del país debido al colapso del sistema carcelario.
Indicó que la propuesta fue alcanzada por su homóloga, Mónica Naguel, quien visitó nuestro país para asistir a la instalación de la comisión especial encargada de efectuar recomendaciones técnicas para el reacondicionamiento del penal Yanamayo.
García Sayán anunció que en los próximos días viajará una comisión de la Copri a Costa Rica a fin de avaluar esta posibilidad, la cual permitiría la construcción de nuevos penales, así como, el mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento de los servicios.

RECIBIDO POR E-MAIL
Estimados amigos:

Los ex rehenes de la toma de la residencia del Embajador del Japón por parte de 14 miembros del grupo terrorista MRTA que firman el presente comunicado, expresan a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento a los valientes y heroicos comandos de nuestras Fuerzas Armadas que, ofreciéndose como voluntarios, nos rescataron del secuestro de 126 días, arriesgando sus vidas, y poniendo nuestra integridad física por encima de la suya y del bienestar de sus familias.

2. Damos fe de la zozobra de los rehenes –muchos de los cuales se encontraban muy enfermos–, ante la inhumana decisión de los terroristas del MRTA de transgredir el Acuerdo de Toronto, restringiendo severamente la asistencia médica a sus secuestrados. Este irresponsable y cruel intento de presionar al gobierno, fomentando una mayor desesperación entre los rehenes y sus familiares, fue el verdadero factor que hizo fracasar las negociaciones, haciéndose imperativo el rescate de los cautivos de la violenta atrocidad de los terroristas del MRTA.

3. Desconocemos las razones o la veracidad de las acusaciones vertidas por un ex rehén, las cuales respetamos, más no suscribimos. Sin embargo, consideramos que la opinión pública y las autoridades deben entender que durante la ejecución de la Operación Chavín de Huantar, primaba la confusión, la angustia y el desconcierto al interior de la residencia del Embajador japonés, además de un continuo fuego cruzado, el estallido de granadas emerretistas y el humo generado por las explosiones que hacían casi imposible la visibilidad. Nuestro único objetivo era salir con vida y lo más pronto posible del secuestro inhumano que vivimos por cuatro meses. Lamentablemente, en ese combate murieron dos valientes comandos, un compañero rehén, y fueron heridos otros rehenes, todos por el ataque intencional de los miembros del MRTA. De esta manera, podemos dar fe de un severo combate entre los emerretistas y los comandos de las Fuerzas Armadas durante la operación de rescate.

4. Respetamos los sentimientos de los deudos de los 14 emerretistas. Sin embargo, hacemos un llamado especial a la población y a las autoridades para evitar el rebrote terrorista que tanto daño haría a nuestro país.

5. Reiteramos que la legislación internacional califica de genocidas a los terroristas, y que no toleramos ningún acto terrorista y aceptamos el principio de no ceder jamás ante el chantaje de cualquier grupo subversivo.

6. Como sobrevivientes de un acto terrorista nos sentimos en la responsabilidad de llamar la atención de la opinión pública sobre el derecho que tenemos todos los peruanos a vivir en paz, seguridad y libertad.

7. Por último, señalamos nuestra profunda indignación y malestar por los hechos acontecidos en estas últimas dos semanas y hacemos un llamado a los medios de prensa para que traten la información y los actos ligados a la actual investigación con responsabilidad, prudencia y humanidad. Todos somos responsables de que no se fomente un clima de polarización, intolerancia, angustia y desazón.

Lima, 18 de marzo de 2001

Carlos Blanco Oropeza, Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, Luis Giampietri-Rojas Vicealmirante A.P (r), Arturo López Pardo-Figueroa Gral. Div. E.P. (r), Jorge San Román , Carlos Domínguez Solís , Rodolfo Muñante Sanguinetti, ,uis Chang Ching, Gilberto Siura Céspedes , Eduardo Pando Pacheco , Pedro Aritomi Aritomi , Felipe Ramírez del Río, Shigenori Sato,  Samuel Matsuda Nishimura .

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos considera importante dirigirse a la opinión pública para hacer una apreciación sobre diversos temas vinculados a la situación actual de los derechos humanos y los desafíos inmediatos que se presentan.

1.- El gobierno que encabeza el presidente Valentín Paniagua ha dado en estos meses pasos importantes para crear condiciones para una vigencia de los derechos humanos en el Perú. En ese sentido cabe destacar la restitución plena de la libertad de prensa, la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional, la creación de una nueva Comisión Ad Hoc para el tema de inocentes en prisión, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, la suscripción del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la búsqueda de una solución negociada para los casos pendientes ante la Comisión y la Corte Interamericana.

2.- A lo anterior hay que sumarle el avance sustantivo hacia el establecimiento de una Comisión de la Verdad, por la comisión preparatoria creada para tal efecto por el Ministerio de Justicia. En ella han participado los ministros de Justicia, Defensa, Interior y de la Mujer; así como el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico y la CNDDHH. El trabajo de la Comisión ha concluido de la manera más exitosa. Sobre la base de una amplísima consulta a escala nacional y tomando todos los acuerdos por unanimidad, se han aprobado todos los detalles necesarios en relación con su mandato, composición, periodo a analizar tiempo de funciones etc. El proyecto de Decreto Supremo que la crea la Comisión de la Verdad se encuentra ya listo y va a ser enviado para la consideración del presidente Valentín Paniagua.

3.-Hay un gran consenso nacional para la formación de una Comisión de la Verdad que de cuenta de las responsabilidades tanto de los grupos subversivos, como de las fuerzas del orden en los últimos veinte años. Así, los cuatro candidatos presidenciales que encabezan todas las encuestas de opinión han suscrito públicamente un compromiso a favor de la Comisión de la Verdad que será también entregado al presidente Paniagua. Damos cuenta también de que en una reciente encuesta nacional encargada por la CNDDHH a Imasen, el acuerdo ciudadano para que la Comisión de la Verdad se instale llega al 82,9%.

4.- Dada la sensibilidad de este gobierno frente al tema de los derechos humanos y el compromiso público de todas las fuerzas políticas del país, la CNDDHH tiene fundadas razones para confiar que el Perú podrá contar en las próximas semanas con una Comisión de la Verdad que nos ayude a no repetir los errores del pasado y a construir la democracia sobre bases sólidas.

5.- Paralelo al tema de la verdad está el tema de la justicia y a ese nivel hay también importantes novedades. Nos referimos a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el marco de su sentencia para el caso Barrios Altos, ha establecido que las leyes de amnistía 26479 y 26492 aprobadas en junio de 1995 por el gobierno de Alberto Fujimori son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y que, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos Se trata de una decisión histórica y de obligado cumplimiento por el Estado peruano por lo que se abren de nuevo las puertas a la justicia para las víctimas de crímenes de derechos humanos cometidos antes de esa fecha.

6.- Es importante ratificar, dado los avances que venimos reseñando para las posibilidades de verdad y justicia en el país, que estos no pueden ni deben entenderse como un intento de desprestigiar o debilitar a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los organismos de derechos humanos tienen la profunda convicción que este proceso, por más doloroso que pueda ser inicialmente, apunta a fortalecerlas institucionalmente y legitimarlas frente a la población. El señalamiento de responsabilidades y su sanción permitirá a los peruanos recuperar la confianza en las instituciones armadas.

7.- El punto anterior cobra sentido e importancia inmediata a raíz de la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación sobre posibles ejecuciones extra-judiciales luego de la recuperación de la embajada del Japón tomada por el MRTA. Es sumamente importante precisar al respecto que la CNDDHH considera que esa investigación judicial no puede interpretarse en ningún caso como una justificación a la toma de rehenes por parte del MRTA, hecho inaceptable que condenamos en su momento de la manera más enérgica. Tampoco pone en tela de juicio el derecho y la obligación que el Estado peruano tuvo de conseguir la liberación de los rehenes, poniendo fin a una situación inaceptable que afectaba gravemente los derechos fundamentales de las personas secuestradas.

8.- Las investigaciones judiciales deben centrarse, en nuestra opinión, exclusivamente en establecer si hubo ejecuciones extra-judiciales de prisioneros rendidos; hechos que de comprobarse constituirían gravísimos, innecesarios e injustificables crímenes, ocurridos posteriormente a la operación militar de recuperación de la embajada y que, comprometen sólo a sus ejecutores directos y a quienes lo ordenaron.

9.- Finalmente sobre las denuncias y acusaciones que se vienen haciendo contra el Ministro de Justicia por la situación carcelaria, la CNDDHH considera que hay una intencionada distorsión de lo que ocurre en las prisiones por parte de algunos medios y sectores políticos vinculados al fujimorismo con el propósito de crear una imagen de desorden que desacredite la democracia. Compartimos la opinión del Ministro de Justicia en el sentido de que no existe razón alguna para que la necesaria humanización de las cárceles y el respeto a la dignidad del ser humano, tengan que venir acompañadas de la perdida del principio de autoridad y/o de relajamiento de la seguridad en las cárceles.

10.- Las semanas que vienen serán decisivas para que el gobierno transitorio consolide los logros alcanzados en la lucha contra la impunidad, en la vigencia de los derechos humanos, en la recuperación del estado de derecho y en la confianza ciudadana en las instituciones. Las diferentes medidas y decisiones a adoptar con estos fines probablemente tendrán algunos detractores entre sectores que se pueden sentir afectados, pero contarán como hasta ahora con al amplio respaldo de la opinión pública y contribuirán a construir un futuro mejor.

Lima, 21 de marzo del 2001

Las preocupaciones acerca de una disputa diplomática entre ambos países surgieron cuando el destituido Fujimori voló a Japón en noviembre en medio de la creciente tormenta política desatada en Lima por los escándalos de corrupción protagonizados por su ex jefe de inteligencia y asesor, Vladimiro Montesinos.
Fujimori renunció como presidente poco después, pero el Congreso peruano rechazó la renuncia, y lo destituyó por ''incapacidad moral''.
Desde entonces, el ex mandatario permanece en la tierra de sus padres como ciudadano japonés.
Las inquietudes acerca de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones aumentaron cuando el mes pasado el Congreso peruano aprobó establecer cargos criminales contra Fujimori por abandono de su cargo y negligencia al viajar a Japón.

Varios legisladores peruanos públicamente han dicho que Tokio está obligado a enviar de regreso a Fujimori para que
enfrente las posibles acusaciones.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido una petición oficial del gobierno de Lima para su retorno.
Macchiavello destacó que cualquier petición del lado peruano sería puramente judicial, y no sería un desafío diplomático para Japón.
``Tan pronto como las autoridades peruanas apropiadas emitan la documentación del caso con respecto a la situación judicial del ex presidente, tomaré los pasos correspondientes frente a las autoridades japonesas'', afirmó el embajador.

Macchiavello, quien está casado con una japonesa y ha ejercido cinco posiciones diplomáticas en Japón desde la década de los 60, resaltó que los lazos de las dos naciones se han profundizado, tras citar una historia de 100 años de inmigración japonesa a Perú.
Perú es el hogar de unos 100.000 residentes de descendientes japoneses, en tanto que unos 50.000 peruanos trabajan en Japón.

Ustedes me están insultando con la falsedad inventada sin el principio de la ética.

(1) Yo nunca infiltré informaciones al MRTA. Están mintiendo diciendo que fui el único que se opuso a la fuga a la rebelión interna. Recuerden bien. El Sr. Tudela representando a los rehenes peruanos y el Sr. Embajador Aoki representando a los rehenes japoneses, trataron de convencer al Sr. Giampietri para que deje el plan de rebelión interna porque naturalmente era muy peligroso con la posibilidad que iba a causar muchas muertes entre los rehenes.

(2) Yo no infiltré nunca al MRTA. Es cierto que un señor japonés del sector privado habló con la señora japonesa enviada por la Cruz Roja del Japón preocupado por un plan imprudente de rebelión interna. Y esa japonesa consultó a sus superiores preocupada. Tal vez lo que están mencionando es este hecho. Pero, lamentablemente están confundidos por falta de capacidad de hacer análisis. Si tienen alguna duda pregunten a la Cruz Roja del Japón. Si yo hubiera querido infiltrar informaciones al MRTA, ¿por qué tendría que usar a la Cruz Roja como canal de comunicación? yo habría podido infiltrarlas directamente. Lo que dicen ustedes no tiene lógica.

(3) Yo no fui el encargado de seguridad de la Embajada, sino el Sr. Akihisa Ogiyama enviado por la Autodefensa del Japón, quien dormía todas las noches en el dormitorio del Embajador junto con ustedes. No puedo creer que ustedes no lo conocían. No hagan confundir las cosas. Fui el encargado de asuntos políticos.

(4) He renunciado al Ministerio de Relaciones Exteriores para asumir la responsabilidad de ser funcionario de la Embajada ante el pueblo japonés. Ante el gobierno del Japón, el gobierno del Perú estaba obligado de dar suficientes medidas de seguridad para las instalaciones de delegaciones diplomáticas según el Tratado de Viena. Lamentablemente, el gobierno anterior de Sr.Fujimori no cumplió este deber, por eso ocurrió el incidente. No echen la culpa al encargado de seguridad de la Embajada Sr. Ogiyama. El gobierno anterior tenía la responsabilidad.

(5) He renunciado por iniciativa propia en diciembre de 1998, no fui separado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio me pidió quedarme más tiempo, pero insistí en renunciar. No me insulten sin fundamento. Si tienen dudas pregunten al Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón.

La investigación forense sobre los emerretistas muertos en la residencia del embajador Aoki se va centrando en Eduardo Cruz Sánchez `Tito'.
Pasan los días y crece la controversia en torno a lo ocurrido el 22 de abril de 1997, durante la operación Chavín de Huántar.
Tras las exhumaciones, los forenses ya investigan la causa de la muerte de los 14 emerretistas fallecidos en la acción y la atención se concentra en lo ocurrido con Eduardo Cruz Sánchez, "Tito", el segundo jefe del comando del MRTA. La solitaria bala que, al parecer, acabó con su vida es el punto alrededor del cual gira toda esta conflictiva historia.

SON días extenuantes y tensos en los lúgubres ambientes de la Morgue Central de Lima. Desde el lunes 19, los 10 antropólogos forenses encargados de investigar la presunta ejecución extrajudicial de algunos miembros del MRTA, durante la operación Chavín de Huántar, examinan, con ojo de joyero, los restos exhumados la semana pasada en Lima.

Al cierre de esta edición, el martes 20, habían explorado apenas 4 de los 14 cadáveres y, aunque mantienen un prudente hermetismo, ha trascendido que la piedra de toque para determinar si hubo un acto irregular pasa por saber cómo murió Eduardo Cruz Sánchez, el subversivo conocido como "Tito".

La bala que, al parecer, atravesó su cerebro -algo ya determinado por la necropsia hecha en el Hospital de Policía- configura un acto extraño, sobre el cual discurriría parte de la investigación. Si los miembros del EPAF (Equipo Peruano de Antropología Forense) corroboran esto, la acusación judicial podría prosperar.

¿Por qué? Los exámenes están aún en marcha, pero hay indicios de que dicho disparo habría entrado por el mentón, desde un ángulo difícil, y habría destrozado la parte posterior de la masa encefálica de "Tito". Esto podría haber implicado un tiro cercano, algo muy distinto al fuego graneado que recibieron el resto de subversivos.

Es prematuro afirmarlo, pero otras versiones surgidas esta semana abonan las sospechas en torno a la muerte del número dos del MRTA en el momento del secuestro. Una de ellas, esencial, es la ofrecida esta semana por el general PNP Máximo Rivera Díaz, ex rehén y entonces jefe de la DINCOTE.

Rivera ha dado crédito a la versión de Hidetaka Ogura, acerca de la presunta ejecución de rendidos, pero no, como han señalado otros medios, porque también vio a "Tito" tendido en el piso y amarrado. En realidad él salió por otro lado durante el rescate, sólo que ha reconocido que recogió varias versiones coincidentes con la del diplomático japonés.

Una de ellas, explicó a CARETAS, la escuchó el mismo 22 de abril de 1997, varios minutos después de la operación Chavín de Huántar, en un ambiente del Hospital Militar, cuando varios rehenes liberados comentaban con angustia la resaca de lo vivido. "¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos?", escuchó que preguntaban en medio del alboroto

"Parece que sólo el doctor Giusti", habría respondido alguien, para, a continuación agregar que "a `Tito' lo agarraron vivo". El general PNP dice no recordar exactamente quién lo dijo, aunque sí que fue vox populi en ese instante de indescriptible angustia y que luego volvió a escuchar esa versión en diversas reuniones sostenidas con los ex rehenes.

El ex jefe de la DINCOTE también afirma que no todos los emerretistas dispararon a matar a los rehenes. "Cuando empezó el rescate -cuenta-, `Leo' (un emerretista) entró al cuarto y nos dijo: "tírense al suelo, nomás, no levanten la cabeza'". Asimismo, señala haber escuchado la versión de que "Tito" pretendió huir confundido entre los magistrados.

Curiosamente, esta semana CARETAS recogió, de dos fuentes sumamente confiables que prefirieron el anonimato, una versión similar que, de confirmarse, provocaría aún más controversia. Según ella, "Tito", sumido en la desesperación y ya viéndose perdido, le habría pedido a Alipio Montes de Oca y a otro vocal supremo que le ayuden a salir con ellos.

Estos le habrían sugerido que se quite rápidamente el uniforme del MRTA, para que no sea reconocido, e incluso Montes de Oca le habría prestado una camisa. Así, salieron todos a rastras, pero `Tito' fue reconocido en el trayecto. No queda claro si alguien delató al subversivo o si simplemente algún comando se dio cuenta de su presencia.

Lo curioso es que esta versión coincide en cierto modo con la de Ogura, cuando éste señala que `Tito' estaba amarrado, boca abajo y vestido sólo con un short y un polo de manga corta, es decir sin el típico uniforme emerretista. Después, coinciden ambas versiones, fue llevado de vuelta a la residencia por un comando y luego apareció muerto.

Algunos rehenes, de acuerdo a esta versión, entre ellos Ogura, se habrían sorprendido luego al saber que "Tito" también habría muerto. Pero aún más. El ex ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, en una entrevista concedida 48 horas después del rescate a la periodista Ineke Holt del diario holandés De Volkskrant, sostuvo algo difícil de olvidar.

"En el cuarto de los jueces -habría declarado Muñante- había un chico. `Me rindo, me rindo', gritaba. El intentó sacarse desesperadamente el armamento, el chaleco con granadas. Pero tenía tantas que no lo conseguía. Observé bien: él se entregó a los jueces...". ¿Se trataba de "Tito"? El ex ministro luego desmintió lo dicho, pero la duda quedó flotando.

Muñante luego ha firmado el comunicado difundido el martes 20 por algunos ex rehenes -casi todos vinculados al régimen anterior-, en el que éstos, además de discrepar con Ogura, señalan que el humo de las explosiones y el fuego cruzado "hacían imposible la visibilidad". Todo ha quedado nublado entonces, aunque no para la fiscal Flor de María Alva.

Esta semana, citó a su despacho a varios ex rehenes, entre ellos al almirante Luis Giampietri, quien habría reiterado ante ella parte de lo que declaró en la edición anterior de CARETAS. La novedad, sin embargo, es que también habría citado a ex comandos que participaron en el asalto y por lo menos uno de ellos habría contado una historia hasta ahora escondida.

Según fuentes judiciales consultadas por CARETAS, uno de los comandos habría confirmado que cuando rescataban a los rehenes japoneses aparecieron dos emerretistas en ese cuarto, que era de Ogura y estaba contiguo al de los jueces. Estos habrían sido una de las mujeres, aquella a la que llamaban "La Gringa" (Melissa) y el joven conocido como "Dante".

¿Qué ocurrió en realidad? Hay todavía mucho que investigar y, aun cuando los indicios van dibujando dudas alrededor de la muerte de "Tito", no debe olvidarse el hecho de que sí hubo un cruento enfrentamiento entre emerretistas y comandos, por lo menos parcialmente, que devino en la muerte del teniente Jiménez y el comandante Valer.

Reconocer eso, sin embargo, no significa adherirse a la reacción destemplada y maliciosa del ex oficialismo, que está levantando el manido argumento del rebrote terrorista para bloquear cualquier investigación y para espetarle al actual gobierno su supuesto descuido. Con las exhumaciones, en suma, volverán todos los males, según este torvo parecer.

Por si fuera poco, la situación generada en el penal de Yanamayo en los últimos días, justamente por internos del MRTA, y el juicio a Lori Berenson (ver recuadro) han coronado un panorama en donde se agitan fantasmas y se pesca a río revuelto. Los subversivos, por ejemplo, quieren convertir las exhumaciones en pruebas consumadas y revivir un protagonismo extinguido.

Pero el ministro de Justicia Diego García Sayán ha dicho ya que "no hay ningún ultimátum que escuchar", refiriéndose a la inaceptable exigencia, hecha por los subversivos, para que trasladen a algunos de sus presos a Lima. Ese mismo criterio, acaso, debería valer para todas las circunstancias que rodean a la espinosa investigación de lo ocurrido en abril de 1997.

Nadie tiene derecho a exigir silencio, que no se sancione a los responsables si se comprueba que hubo ejecuciones, que se aplace hasta el infinito la investigación. Asimismo, nadie puede amenazar con "tirarse abajo Yanamayo", como habría dicho Lucero Cumpa, menos aún si el MRTA más de una vez secuestró sin tiempo y sin compasión a algunos ciudadanos.

Léalo en: www.presos.com/pe

Los Presos Políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru recluidos en Yanamayo denunciamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.Que sé esta preparando condiciones subjetivas para una intervención represiva contra los Presos Políticos del MRTA de este Penal. Se han difundido versiones periodísticas falsas de un supuesto Plan de Fuga, así como supuestas amenazas a congresistas vinculados al pasado régimen. Así como un ultimátum de derrumbar el penal, lo que implica tenencia de explosivos y otros materiales.

2. Estas absurdas acusaciones buscan distraer la atención sobre las actuales investigaciones acerca del asesinato del Comando Edgar Sánchez y justificar ante la opinión pública las medidas represivas que de producirse serían de consecuencias impredecibles.

3. El fujimorismo manipuló interesadamente a la prensa para ocultar las graves violaciones a los Derechos Humanos y desde el inicio de la dictadura hemos vivido en un régimen carcelario inhumano e ilegal, hemos sido reprimidos constantemente por reclamar el respeto a nuestros derechos, existen diversas denuncias en el Juzgado Penal de Puno en las varias oportunidades en que hemos sido sometidos a golpizas y abusos cometidos por las fuerzas policiales encargados de la custodia del penal. Existe incluso una denuncia sobre los hechos ocurridos el 6 y 7 de febrero del 2000, donde una incursión policial ocasionó la muerte del interno Carlos Ponce, esto fue responsabilidad directa de la Policía Nacional del Perú, estas denuncias no han culminado correctamente por el manejo que tenía Vladimiro Montecinos sobre el Poder Judicial y del Ministerio Público.

4. Debemos señalar que en la actualidad existen diversas acciones por parte del personal de seguridad, tendientes por un lado a mantener en estado de permanente alerta y vigilia al personal de seguridad y de otro intimidarnos con estas demostraciones de fuerza. Estas acciones son: simulacros de: ,seguridad", que significan una amenaza constante por él desplazamiento armado de efectivos policiales acompañados de vuelos rasantes de helicópteros alrededor y sobre el penal.

5. Por otro lado existe un permanente hostigamiento a nuestros familiares. Queremos llamar la atención sobre un extraño atropello cometido contra un familiar que estaba de visita, hecho por el que existe ya una denuncia y por el cual demandamos una exhaustiva investigación. Este "accidente" ha ocurrido el pasado domingo 18 de marzo.

6. Por otro lado la campaña antipresos políticos emprendida por los congresistas de la dictadura y la prensa sensacionalista tiene como otro de sus objetivos eliminar todos los espacios y derechos que hemos ido recuperado con nuestras luchas permanentes desde la dictadura fujimorista.

Llamamos a la opinión pública nacional e internacional a estar alerta para evitar un nuevo asesinato de presos políticos o que se regrese a las condiciones de carcelería de la pasada dictadura, recortando los escasos espacios y derechos conquistados con nuestras luchas.

Presos Políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru recluidos en Yanamayo.

21 de marzo de 2001
Presos Políticos de Perú: http://www.presos.com/peru/correo.html

Por lo menos tres de los 14 emerretistas que murieron durante la toma militar de la residencia del embajador de Japón, en abril de 1997, habrian recibido balazos en la cabeza disparados por armas de bajo calibre como un revolver o una pistola. A esta presunción llegaron los peritos forenses, tras la culminación de las nuevas necropsias que se practicaron a los restos de los subversivos que fueron exhumados hace dos semanas y cuyas diligencias culminaron el viernes último. Durante los examenes de balistica, que estuvieron a cargo de agentes de la División de Criminalistica de la PNP, se encontraron indicios que hacen sospechar que tres de los emerretistas presentaban orificios de bala de bajo calibre en el cráneo, indicaron fuentes del Ministerio Publico. Estas heridas, se supo, no se habrian realizado con fusiles, como seria lo usual por la naturaleza del hecho -una toma militar- sino podrian haberse ejecutado con un revolver 38 o una pistola de calibre 9 milimetros. El orificio de entrada de los proyectiles, indicó nuestro informante, es pequeño y no hizo mucho daño en el hueso del cráneo de las víctimas, como hubiese sido lo normal si se tratara de una bala de fusil.

La representante de la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, señaló que hasta el momento la justicia militar no cumple con entregar el acta de levantamiento de los cuerpos de los emerretistas fallecidos durante la denominada operacion de rescate Chavin de Huantar. Dijo que ese documento les puede indicar cómo y dónde fueron encontrados los restos de cada cadáver, lo que contribuiría a esclarecer si existieron ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los 72 rehenes de un comando del MRTA. La encargada de la defensa de los deudos de los emerretistas senalo que existen indicios que ello haya ocurrido no solo por las declaraciones del diplomático japoneé Hidetaka Ogura, sino que investigaciones preliminares dan cuenta que el cadáver del mando emerretista conocido como "Tito" tenía solo un proyectil. "No obstante correspondera a los peritos determinar fehacientemente la trayectoria de la bala", manifestó la abogada de los familiares de los emerretistas.

La doctora Gloria Cano de otro lado presento ante el despacho de la fiscal Flor de Maria Alva Lopez unos documentos para desvirtuar los argumentos presentados por la defensa del ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) general EP (r) Julio Salazar Monroe en la investigacion seguida en su contra por la matanza de Barrios Altos.

La abogada refirió que el proceso seguido a Salazar Monroe y los miembros del grupo Colina fue sobreseido por la justicia militar despues de haber entrado en vigencia la ley de amnistia dada por el Congreso de la Republica y no antes, como senalo el abogado Cesar Nakasaki, defensa del ex general.

En tanto, el procurador adjunto Ronald Gamarra senalo que el Instituto de Medicina Legal ya ha concluido la necropsia de los restos exhumados pertenecientes a los 14 emerretistas. Sin embargo, dijo que aun se encuentran pendientes otros examenes complementarios como la prueba del ADN. Dijo que este último examen que se encuentran en proceso de verificación servirá para determinar la identidad de los subversivos fallecidos y descartar asimismo cualquier caso de suplantación.

Los examenes que realizan medicos y antropologos forenses para determinar posibles ejecuciones extrajudiciales de los emerretistas rendidos durante la operacion Chavin de Huantar entraron a una fase final, revelaron el procurador para casos de derechos humanos Ronald Gamarra y la representante de Aprodeh, Gloria Cano.
Aunque las necropsias culminaron el viernes ultimo, los resultados de las investigaciones recien se daran a conocer cuando los peritos culminen con los trabajos de laboratorio.

El informe de los peritajes que desarrollan odontologos, ingenieros forenses, medicos legistas y peritos en balistica permitira establecer que armas usaron, el tipo de proyectil y a que distancia dispararon, revelo la doctora Cano. Agrego que las pruebas de laboratorio seran fundamentales para certificar si alguno de los 14 emerretistas fue ejecutado en forma extrajudicial.
Se deben esperar los resultados de los estudios anatomo-patologicos en los huesos de las victimas. De este modo se sabra si los disparos fueron descerrajados en vida, explico uno de los especialistas.

Gloria Cano informo que los familiares han presentado un perito de parte. Se trata del medico patologo Robert Brooks, quien es jefe de la oficina de medicina legal de San Antonio Texas. Dicho especialista estuvo en las necropsias practicadas a los terroristas muertos, y en los proximos dias presentara su informe. Explico que los dictamenes seran alcanzados a la fiscal, Flor de Maria Alva Lopez, para que tenga elementos que le permitan pronunciarse sobre el caso denunciado por los familiares de los emerretistas.
La representante de Aprodeh señalo, asimismo, que existen videos grabados por los comandos cuando ingresaron a la residencia japonesa en la operacion Chavin de Huantar. Dijo que alguien debe tener esos videos, y que en ellos se debe ver si hubo o no ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, el procurador para casos de derechos humanos, Ronald Gamarra tambien informó que médicos del Instituto de Medicina Legal culminaron con el examen general de los restos de los 14 miembros del MRTA que murieron en el rescate de rehenes de la residencia japonesa en 1997. Gamarra manifestó que faltan algunas pruebas complementarias, como los resultados del ADN, que tardara un tiempo al estar, por el momento, en proceso de verificación. Agrego que, segun los especialistas, sera posible determinar si los emerretistas fueron ejecutados extrajudicialmente o murieron durante el enfrentamiento.

HA pasado de cierta discreción a una mayor soltura. Algo ha cambiado en Lori Berenson desde que, el martes 20, se presentó por primera vez ante el Tribunal Superior contra el Terrorismo presidido por Marcos Ibazeta.
Ya ha vivido tres sesiones, de aproximadamente tres horas cada una, ante esta instancia y si bien su actitud se ha vuelto más espontánea, hay cierta línea de continuidad en sus palabras. Su sentencia inamovible: los miembros del MRTA son "luchadores sociales".

La Berenson ya no es esa joven que el 8 de enero de 1996 fue presentada por la DINCOTE, mientras gritaba algo destempladamente. Ahora luce arreglada y serena, habla buen español y no parece perder la calma ante las preguntas.
Pero en ningún momento ha condenado las acciones del MRTA y ha insistido en que no sabía de los propósitos violentos de este grupo, al que conoció más que de pasada. Al punto que, en noviembre de 1994, cuando recién llegó, alquiló un departamento dentro de una especie de bunker de la organización.
La Berenson, todo indica, nunca participó en una acción armada del MRTA, pero conoció, cercana y amigablemente, a algunos de sus dirigentes.
Eso es lo que ella misma ha venido reconociendo durante estas sesiones, en las que los nombres de Nancy Gilvonio y Pacífico Castrellón (el panameño con quien vino a Lima) han aparecido rondando su proceso. Alguno de ellos pronto testificarán, para bien o mal de la norteamericana.
Mientras, sus padres -Mark y Rhoda Berenson- viven su propio proceso, lleno de angustias, en la convicción de que su hija es inocente. Moviendo, además, Cielo y Tierra -incluyendo a las Naciones Unidas, la OEA, el Congreso norteamericano- para que su hija tenga un apoyo que acá ningún preso tiene.
El fiscal César Navas Rondón ha pedido para ella 20 años de prisión, ante los ojos de la prensa nacional e internacional y el ojo, cauto pero escrutador, de la administración norteamericana. (RE/PM)

La situación del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori podría entrar en los próximos días a una etapa decisiva. Por un lado, en los próximos días la vocal suprema instructora Ana María Bromley tendría listo el exhorto respectivo que enviará al Japón para que Fujimori se ponga a disposición de la justicia peruana por el juicio que se le sigue por abandono de cargo. De otro lado, esta semana el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua concedió facultades al procurador ad hoc, José Ugaz y a los procuradores adjuntos Luis Vargas, César Azabache y Ronald Gamarra para interponer acciones judiciales contra Fujimori.

De este modo, no sólo podrán intervenir en el juicio que se le sigue por abandono de cargo, sino que podrán interponer nuevas acciones judiciales. De hecho, sin tiempo que perder, Ugaz ha anunciado que su despacho investiga testimonios según los cuales el ex mandatario recibió y entregó dinero ilegal. Además, ha dicho que se ha logrado identificar que Fujimori tenía un entorno independiente y en ocasiones contrario al de Montesinos.

Los procuradores con las nuevas facultades concedidas también podrán intervenir en los futuros procesos judiciales que le esperan al ex mandatario y que suman unos 15 y se encuentran en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. Entre ellos se incluye el de homicidio calificado (con pena entre 25 y 30 años) si se comprueba que hubo ejecución extrajudicial en el caso de los emerretistas y el de allanamiento irregular de la vivienda del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre esto último, el congresista Juan Velit que preside una de las tres subcomisiones que investiga a Fujimori en el Congreso, emitió su informe final recomendando la acusación constitucional de Fujimori. Hay otras investigaciones que ya Ugaz había iniciado y que son más graves, como tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, cuyas penas son de 25 años y cadena perpetua, respectivamente

Terminadas las diligencias realizadas en la Morgue Central de Lima, la atención ahora se centra en los resultados de las pruebas que se practicarán a los cadáveres de los 14 emerretistas muertos en la residencia del embajador Morihisa Aoki. Entre ellas se encuentra la de ADN, pero lo que resultará central será la prueba de la "absorción atómica".
Dicho examen, que realizan los peritos de criminalística de la Policía Nacional, sirve para comprobar si se utilizó la técnica del "cañón aplicad" (un disparo hecho de cerca) a partir del cual se podría determinar si hubo ejecución extrajudicial. Los restos de por lo menos dos emerretistas, entre ellos "Tito", serían sometidos a esa prueba.

Para ello, se toma, con unos hisopos esterilizados, una muestra de los lugares donde hay orificios de bala que sugieran un disparo a corta distancia. Si fue así, en la muestra deben aparecer plomo, antimonio y bario, que evidencian una explosión de pólvora cercana al cuerpo de la persona.
En la necropsia hecha inicialmente en el hospital de Policía "Tito" aparece con una sola bala en el cráneo. Entretanto, CARETAS recogió esta semana, de fuentes muy confiables, un detalle más sobre la presunta huida de "Tito". Uno de los ex rehenes habría observado que, mientras avanzaba escondido entre los vocales supremos, el miembro del MRTA llevaba una granada en cada mano. Esto podría mitigar la responsabilidad de quien disparó sobre él.
No hay que olvidar, sin embargo, que el ex diplomático japonés Hidetaka Ogura sostiene haberlo visto amarrado y boca abajo, lo cual sería un signo de que, con granadas y todo, fue reducido.

Pero ninguno de los ex rehenes que han pasado por la oficina de la fiscal Flor de María Alba López han declarado en ese sentido. Los cinco vocales supremos, por ejemplo -Moisés Pantoja, Alipio Montes de Oca, Luis Serpa, Hugo Sivina y Mario Urrelo, lo han negado y lo mismo habría hecho el ex viceministro de la Presidencia Carlos Tsuboyama Matsuda. En cambio, lo que habrían dicho ante la fiscal los policías que participaron en las necropsias luego de la operación sí cobra relevancia.
En dichas necropsias habría participado el comandante PNP Carlos Rebatta Espíritu, quien tiene los mismos apellidos del coronel PNP Freddy Rebatta Espíritu, ex jefe del grupo "Júpiter", la guardia de Vladimiro Montesinos. CARETAS no pudo determinar si existe algún parentesco entre ambos, o si se trata de la misma persona.

Lo que resulta claro es que hubo irregularidades en las primeras necropsias y la instancia que sugirió que se hicieran las exhumaciones (que han conducido a nuevos exámenes forenses) fue la Dirección de Tanatología del Instituto de Medicina Legal. A partir de la denuncia promovida por APRODEH, ciertamente. Lo hizo mediante 14 pronunciamientos médicos -uno por cadáver-, en los que afirma que dichas necropsias carecen de sustento científico, por lo que "se sugiere la exhumación", que fue como se reinició este caso. (Ramiro Escobar y Paola Ugaz

El Presidente de la Corte Suprema, Mario Urrello, dispuso el martes 27 la aplicación de la sentencia de la CIDH que ordena dejar sin efectos jurídicos las leyes de amnistía 26479 y 26492 (Ley Cantuta y Barrios Altos, respectivamente).

Actualmente se encuentran detenidos el ex jefe del SIN, general EP (r) Julio Salazar Monroe, el ex jefe del SIE, general EP (r) Juan Rivera Lazo, así como los suboficiales EP Juan Pampa Quilla y Wilson Carbajal García. Hay además orden de detención de otros nueve miembros del grupo Colina. Ha trascendido que habría un militar arrepentido cuyo testimonio resultaría crucial para conocer a los autores intelectuales de los crímenes cometidos y cuyas responsabilidades podrían alcanzar a Vladimiro Montesinos y al mismo Alberto Fujimori.
Si bien el fallo de la CIDH tiene carácter de irrevisable por parte del Poder Judicial es necesario que el Congreso apruebe una ley que deje sin efecto las leyes anteriores.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el único proyecto de ley al respecto plantea la derogatoria de las leyes de amnistía. Ha sido presentado por la congresista Miriam Schenone, y podría resultar un caballo de Troya. Según Miguel Huertas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lo que hace falta no es una ley que derogue las anteriores, ya que de este modo la nueva norma empezaría a regir al día siguiente de promulgada, con lo cual no tendría efecto retroactivo y así el Grupo Colina y otros podrían seguir gozando de impunidad.

Un testigo que estuvo a punto de participar en la toma de la residencia del embajador de Japón, en diciembre de 1996, identificó a tres de sus compañeros que participaron en esa acción y que luego fueron enterrados como desconocidos. El Comercio viajó hasta la selva de Chanchamayo y allí confirmó las identidades de los emerretistas fallecidos con sus mismos familiares, dos de los cuales desconocían sus muertes.

Hasta el momento, de los 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que ingresaron a la sede diplomática y que luego fueron muertos por las fuerzas del orden, sólo tres (Néstor Cerpa Cartolini, Rolly Rojas Fernández "El Árabe" y Eduardo Cruz Sánchez "Tito") habían sido identificados. De los once restantes no se sabía nada, lo que dificulta la investigación que están realizando los médicos forenses, luego de la exhumación de los 14 cadáveres.
"Encontrar a los familiares de los emerretistas es vital, pues la información que brinden permitirá a los peritos saber a qué persona corresponde cada esqueleto y las causas verdaderas que originaron su muerte", dijo un galeno que participa en la investigación.
La identificación fue hecha con la ayuda de fotos que se publicaron, sobre todo las captadas el 31 de diciembre cuando el grupo terrorista permitió el ingreso de periodistas al interior de la residencia japonesa. "David" y "Melissa"

Uno de los identificados es Alejandro Arias Contreras, un joven de 16 años cuyo apelativo era "David". Arias es uno de los dos emerretistas que días después de la toma de la residencia subió hasta el techo de esa sede para colocar una bandera con las siglas del MRTA. El otro subversivo fue identificado sólo con el apelativo de "Lucas", pero se sabe que vivió en un caserío cercano a Yurinaki.

Arias Contreras vivía en el recóndito caserío de Morlan, ubicado a cuatro horas en camioneta de La Merced, tras lo cual hay que caminar dos horas más por trocha. Su familia recién se enteró de su muerte el domingo 18 de marzo pasado, cuando un funcionario de la Cruz Roja Internacional llegó hasta ese lugar. Su madre, la señora Santosa, rompió en llanto al enterarse de la noticia. Desde 1996, cuando su hijo fue llevado por engaños por "Los Negros", como se les llamaba a los emerretistas, nunca más supo nada de él.

Su hermana Gavina también rompió a llorar el miércoles de la semana pasada cuando El Comercio llegó hasta ese lugar. Gavina contó que el domingo, luego de la visita del funcionario extranjero, su madre cogió varias fotos de su hermano y se vino a Lima, sin decir lo que le había ocurrido a Alejandro.
Otro de los identificados es Erma Luz Cueva "Melissa", una joven de 16 años que fue secuestrada cuando -junto con su familia-trabajaba arriando ganado en una chacra del caserío de Mellizos, ubicado entre Villa Rica y Puerto Bermúdez.

Según el testigo, cuando Erma Luz ingresó a la residencia, en diciembre de 1996, tenía dos meses de embarazo. Lo que significa que cuando ocurrió su muerte, en abril de 1997, tenía seis meses de embarazada. Era la pareja de Eduardo Cruz Sánchez "Tito", uno de los lugartenientes del líder Cerpa Cartolini.
El testigo refirió que la emerrestista tenía un puente dental postizo en el maxilar superior. Pobladores de la chacra -donde había trabajado- dijeron que los padres de Erma Luz se habían ido a trabajar a otro lugar, pero creían que su hija estaba viva.

LUZ VILLOSLADA (La Gringa)  Y ERMA LUZ CUEVA (Melissa)

Otro emerretista cuya identidad ha quedado plenamente establecida es Luz Dina Villoslada Rodríguez, una joven de 17 años a quien sólo se la conocía como "La Gringa". Villoslada vivía en el caserío de Puerto Victoria, ubicado a media hora de La Merced.
Su madre, doña Eligia Rodríguez, dijo a este Diario que reconoció a su hija días después de que ocurrió la toma de la residencia. Fue a través de la difusión de un video filmado por los emerretistas antes del asalto a la sede nipona, el mismo que fue difundido por los medios de televisión.

"Yo la vi e inmediatamente me fui a Lima, pero nunca me dejaron hablar con ella. Cuando ocurrió el rescate y se informó que todos los emerretistas habían muerto, fui a reclamar su cadáver, pero nunca me lo entregaron. Mostré fotos, documentos, para demostrar que era mi hija, pero no me entregaron su cuerpo", relató Eligia Rodríguez.

Rodríguez señaló que su hija fue secuestrada por "Los Negros" a inicios de 1996 cuando se encontraba lavando su ropa en las orillas del río Perené. Según las grabaciones de audio que los agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote) registraban diariamente a través de los micrófonos que lograron introducir en el interior de la residencia japonesa, Luz Villoslada lloraba todas las noches y le decía a Cerpa Cartolini que quería ir a ver a su madre y a sus hermanos. Un agente antiterrorista, que formó parte del equipo del Comité de Crisis que la policía constituyó para enfrentar la delicada situación, dijo a El Comercio que "La Gringa" le contó a un ex rehén que quería traicionar a Cerpa Cartolini y escapar junto con todos los 72 secuestrados.

El rehén la animó a salir juntos, a lo que la joven le dijo nerviosa que "no puedo hacerlo. Si hiciera algo así toda mi familia sería asesinada por el MRTA". De niña, "La Gringa" se fracturó el dedo medio de una de sus manos.

El testigo también reconoció a otros emerretistas por sus apelativos. Entre ellos figuran "Cheveto" (quien aparece fotografiado subiendo una escalera con un instalaza. Vivía en Alto Sancachari), "Yaguar" (aparece poniendo una de las manos delante de una cámara fotográfica. Llegó del Oriente), "Huáscar" (posa junto con Cerpa. Vivía en Santa Isabel), "Aderlin" (también posa junto con Cerpa. Vivía en el caserío de San Juan) y "Merlín" (es nativo y vivía en el Gran Pajonal).

Antes y después de la toma de la residencia japonesa, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), por intermedio de la policía, filtró información falsa sobre la identidad de tres emerretistas que presuntamente habían muerto en esa acción, pero hoy se sabe que están vivas. Este Diario ha confirmado que las tres personas radican en diferentes caseríos de Chanchamayo.
Se trata de Rosario Vega Navarro, Yovanna Vila Plasencia y Jorge Bravo Rolín, cuyos nombres fueron dados a conocer por la policía señalándolos como tres de los catorce miembros del MRTA que tomaron la sede. Sus nombres también aparecen en un documento oficial obtenido por este Diario.
Rosario Vega vive actualmente en Yurinaki. En 1998, es decir un año después de los sucesos, fue capturada por la policía antiterrorista de Chanchamayo durante un enfrentamiento en el caserío de Camunachari. Fue detenida, pero meses después salió en libertad.

Yovanna Vila Plasencia radica en el caserío Sanchirio Palomar, a dos horas de La Merced. En plena crisis de la residencia, un grupo de agentes del SIN ubicó a la familia de Vila y la trajo hasta Lima para que convenciera a su hija a deponer su acción. La madre de Vila fue llevada hasta cerca de una ventana por donde asomó una de las mujeres emerretistas para observarla, pero no le hizo caso. El hecho fue difundido por el programa "Contrapunto" de Canal 2.

La madre siempre creyó que Yovanna había muerto, pero en 1998 recibió la visita de su hija. La mujer no lo podía creer. Vila le pidió a su madre que le cuidara a su segundo hijo que acababa de nacer y luego volvió al monte. Se presume que continúa en las filas del MRTA.
Un caso similar ocurrió con Jorge Bravo, quien en la Navidad de 1998 llegó a la casa de su familia. Su madre hasta ahora no sale de su asombro, pues creía que su hijo había muerto. Bravo fue capturado meses después por la policía acusado de ser terrorista. Un año más tarde, fue absuelto judicialmente y hoy se gana la vida trabajando en una chacra.
Fuentes de la policía antiterrorista dijeron a este Diario que las identidades falsas filtradas por el SIN estaban orientadas a confundir y a echar sombras si es que en el futuro alguna autoridad se atrevía a investigar los luctuosos sucesos, como ahora ocurre

Un emerretista que participó en la toma de la residencia japonesa y otro que no llegó a ingresar fueron atendidos y operados en el hospital militar, reveló uno de los testigos que estuvo presente en los preparativos de esa acción. Documentos obtenidos por El Comercio también lo confirman.
El testigo narró que un mes antes del asalto a la sede diplomática fue traído herido a Lima con otros dos emerretistas que también habían sufrido heridas de bala durante un choque con la policía en la selva de Chachamayo.

El emerretista que ingresó a la residencia era conocido como "Huáscar" y tenía una herida en su pierna derecha. El que no ingresó tenía el apelativo de "Arturo" y había sido herido en el tobillo.

Según el testigo, los tres fueron hospedados por el médico veterinario Óscar Bernal Torres en el local de la Asociación Mutualista de Técnicos y Suboficiales del Ejército (Amutsep), en Prolongación Leticia 1042.

El inmueble consta de siete pisos. Sólo se permite el ingreso de personal militar o de sus familiares. Un directivo dijo a El Comercio que en esa época la administración estaba a cargo de un socio que ya se retiró.

El testigo señaló que en ese local ingresaron sin ningún problema, pese a que era evidente que sus heridas eran de bala. Legalmente, todo hotel, hospital o clínica que recibe a ese tipo de heridos debe reportar el hecho a la policía.

Allí estuvieron durante dos semanas. "Huáscar" y "Arturo" necesitaban ser operados, pues sus heridas eran de consideración. El testigo dijo que ambos emerretistas fueron llevados hasta el hospital militar, donde fueron operados por el comandante EP Víctor Valladares Esquivel, quien era médico de ese nosocomio castrense. En este caso tampoco se habría reportado el hecho a la policía.

Esta versión también fue refrendada en enero de 1999 por el médico Óscar Bernal Torres cuando fue detenido por la Dincote de Chanchamayo.

Cuando los agentes le preguntaron al médico cómo había realizado las operaciones a los dos emerretistas si él no era médico cirujano, Bernal contestó: "Yo solamente coordiné haciendo las gestiones para las operaciones. Participé sólo en las curaciones después de la operación, por cuyo motivo me gané mi comisión. Las operaciones fueron hechas por un equipo de médicos encabezado por el doctor Víctor Valladares Esquivel quien los condujo a un nosocomio".

Más adelante, Bernal declararía que se trataba del hospital militar. Lo mismo diría César Luna Barrera "Arturo", uno de los dos emerretistas que fue operado por el comandante Valladares, cuando también fue capturado en 1999. Luna no llegó a ingresar a la residencia, pues no se recuperó a tiempo de su operación.

Un reciente sondeo de Imasen señala que el 82.9% de los peruanos aprueba crear una Comisión de la Verdad para que investigue lo ocurrido durante la lucha antiterrorista.

Asimismo el 74.3% de la población cree que es el momento adecuado para que se establezca una Comisión de la Verdad sobre el tema del terrorismo.

De igual modo el 43.0% piensa que es muy importante para el país que se establezca esta comisión, el 47.3% manifiesta que esta comisión debe dar una explicación general sobre los hechos de violencia y un 40.9% cree que debe dedicarse a establecer responsabilidades individuales.

También el 34.7% estimó que el trabajo de dicha Comisión de la Verdad debe abarcar desde 1980, el 32.2% desde 1985, el 19.6% desde 1990 y 5.4% desde el golpe del 5 abril de 1992

Ficha técnica : Encuestadora: Imasen. S.A. Registro Electoral: Imasen S.A. Nro. 009-ERR-JNE. - Financiamiento: Coordinadora de Derechos Humanos. - Tamaño de la muestra: 1818 entrevistas efectivas.
Método de muestreo: Diseño probabilístico polietápico con selección aleatoria en calles, edificios y viviendas con el método de "ramdon route". - Hogares y viviendas por el sistema Kish.
Universo: Personas mayores de 18 años.
Cobertura: A nivel nacional abarcando zonas rurales y urbanas.
Supervisión: Abarcó el 40% del trabajo realizado por cada uno de los encuestadores, utilizando la técnica de la reentrevista.
Fiabilidad de la muestra: 95.5% .P=50, Q=50.
Margen de error: 2.3% arriba o abajo de los resultados.
Fecha del trabajo de campo: Del 17 al 23 de febrero del presente año.
Email: Imasen@ latinmail.com.pe.

El congresista Pedro Morales señaló que hay indicios de la existencia de por lo menos dos o tres cuentas cifradas en Panamá en las que se habría depositado dinero de las privatizaciones para la compra de aviones MIG-29 y Sukhoi-25 y otros pertrechos militares para el Perú. Refirió que existe una ley en esa nación por la cual se podrá identificar a los verdaderos dueños de las empresas intermediarias en la compra de armamento presentando un recurso ante las autoridades de ese país al amparo de dicha norma.

Morales añadió que basados en esta norma el estudio de abogados que hizo la escritura de cada una de estas empresas está obligado a informar sobre el pedido que se le hará oportunamente.

Asimismo señaló que la comisión del Congreso que investiga la compra de armas con dinero de la privatización, la cual preside, certificó en Panamá la existencia de tres cuentas bancarias a nombre de igual número de empresas que sirvieron de intermediarias para estas operaciones.

Recalcó que las cuentas corresponden a las empresas W-21, Treves Intora, y reveló una tercera denominada Beltech Export, pero agregó que no se conocerán los montos que habrían sido derivados a ellas mientras no se les levante el secreto bancario.

Manifestó que el objetivo de su comisión al pedir el levantamiento del secreto bancario de cuentas corrientes certificadas y de algunas personas que habrían actuado como intermediarias en las compras de armas, es cerrar el circuito de la investigación para determinar cuál fue el destino final del dinero destinado para la compra de armamento, teniendo la secuencia que siguieron los montos transferido por el Banco de la Nación a las cuentas bancarias de Panamá.

Teniendo esa información, agregó, se podría determinar la identificación de quienes participaron finalmente en la operación de compra de los MIG-29, que demandó una inversión de US$ 422 millones.

Morales mostró a la prensa los montos en que había incurrido el Estado en compra de armamento de 1996 hasta 1998, los cuales constaban en una relación de decretos supremos secretos.

Añadió que de los US$ 1,817 ó US$ 1,824 millones, cifra pendiente de confirmación, de los fondos de privatización que se invirtieron en gastos de defensa, unos 900 millones pasaron por cuentas bancarias panameñas y el resto se habría transado en otros países.

"Calculamos que en Panamá debe haber un promedio (de dinero) que se transfirió o que hubieron operaciones por un monto aproximado de 900 millones de dólares. Aunque pueden haber en otros sitios (otras cuentas)", apuntó al referirse a las cuentas relacionadas a la compra de armamento por la red de corrupción de Montesinos.

Asimismo recordó que la compra de los MIG-29 es uno de los puntos que debe investigar la comisión, porque su misión incluye el análisis de la adquisición de patrulleros para la Policía, uniformes y municiones, entre otros materiales.

Asimismo indicó que el panameño Enrique Montenegro manifestó que tenía mucha información que ofrecer para ubicar a Montesinos, aunque finalmente pidió que nuestro país le hiciera un contrato con el presidente Valentín Paniagua antes de entregar estos datos. "Eso, obviamente, no lo vamos a aceptar", afirmó.

Aseguró que el Gobierno panameño tiene plena voluntad para colaborar y señaló que si los trámites avanzan según los plazos previstos, la comisión no tendría necesidad de regresar a Panamá.

Caretas
05-04-01

I) SOBRE LA NACIONALIDAD JAPONESA DEL SR. FUJIMORI

1.-Quisiéramos ser esclarecidos cuál es el alcance de la comprensión del gobierno sobre aquéllos que tienen la nacionalidad japonesa y otra nacionalidad extranjera, es decir, sobre aquéllos que poseen la llamada doble nacionalidad.

I.1.- De acuerdo a la Ley de Registros (Año 22 de Showa, Ley No. 224)Art. 49 referente al registro de nacimientos, cada gobierno municipal, luego de recepcionar, y tramitar su registro, debe enviarlo a la dependencia del Ministerio de Justicia correspondiente. Por otro lado, en cuanto al curso a dar respecto al trámite de registro, sobre la base de la ley de nacionalidades (Ley No. 147 del año 25 de Showa) Art. 14, inciso 1, referente a la elección de nacionalidad, en caso, a quien correspondiere hacer la elección y se presume no lo hubiere hecho, en el plazo señalado por la misma ley, los jefes de los gobiernos municipales, deben comunicar a las autoridades del Ministerio de Justicia correspondiente, señalando el nombre de la persona, y el registro del domicilio legal. Basándose en dicho trámite, el gobierno puede saber quién tiene una u otra nacionalidad además de la japonesa.

2.- Quisiéramos ser esclarecidos cuándo es que el gobierno confirmó la posesión de la nacionalidad japonesa del Sr. Fujimori. Por otro lado, si bien es cierto que el Sr. Fujimori expresó su reconocimiento de posesión de la nacionalidad japonesa el 21 de noviembre del 2000, cuándo y cómo se realizaron los trámites de confirmación y esclarézcasenos esa relación con la realidad.

I.2- El Sr. Alberto Fujimori (en adelante sólo Sr. Fujimori), desde mediados de noviembre a principios de diciembre del año pasado, como resultado de haber iniciado el trabajo de confirmación a la luz de la ley de nacionalidades, de si dicho señor obtuvo la nacionalidad japonesa al nacer, y además en caso de haberla obtenido, si no la perdió; el día 11 de noviembre del año pasado se pudo constatar que el Sr. Fujimori conservaba la nacionalidad japonesa.

3.- Tenemos entendido que el Sr. Fujimori llegó al Japón el 17 de noviembre del 2000 y luego, el 12 de diciembre del mismo año le fue confirmada su nacionalidad japonesa. En ese lapso, el Congreso peruano declaró su destitución del cargo de presidente, el día 21 de noviembre (fecha local del Perú), el 22 del mismo, su sucesor asumió el mando. En el lapso que va desde su arribo al Japón hasta la confirmación de su nacionalidad, acláresenos cuál fue el estatus de estadía con que permaneció el Sr. Fujimori en Japón.

I.3- El Sr. Fujimori, en el lapso desde su arribo al Japón, hasta el momento de confirmarse su nacionalidad japonesa, permaneció con el status de estadía "Diplomática".

4.- El Sr. Fujimori asumió la presidencia de la República del Perú en Julio de 1990. Ha sido de reconocimiento público que el Sr. Fujimori es de ascendencia japonesa, el gobierno japonés ¿confirmó en ese momento la nacionalidad del Sr. Fujimori o no?. En caso se haya omitido la confirmación, ¿no sería una negligencia en las funciones?. Y en caso que el gobierno japonés hubiera confirmado la posesión de nacionalidad japonesa del Sr. Fujimori, es de pensarse naturalmente que debió declarar la renuncia a la nacionalidad japonesa bajo el artículo 16, inciso 2 de la Ley de Nacionalidades. Que se nos esclarezca al respecto, si se hizo esta declaración o no, de no haberse hecho, explíquesenos el motivo y a la vez séanos esclarecido en qué casos es que se da esta declaración basada en el artículado de la Ley.

I.4- Cuando el Sr. Fujimori asumió la presidencia, no se hizo la confirmación de si tiene o no la nacionalidad japonesa. Por otro lado, no existía en ese momento necesidad alguna de confirmar su nacionalidad.

5.- Los diplomáticos y funcionarios de los países extranjeros permanecen en nuestro país con un estatus específico "Diplomático" u "Oficial", para cuando alguno de éstos hacen posesión del cargo o en caso que luego de dejar su cargo decidiera continuar su residencia en Japón, tenemos entendido que, su estatus le es otorgado o modificado, luego que la embajada correspondiente en Tokyo haya informado y solicitado el cambio de estatus, para que el gobierno proceda a realizar el trámite de cambio de estatus de residencia, naturalmente, para el Sr. Fujimori debe haber existido ese tiempo de trámite de cambio de estatus, esclarézcasenos, si el gobierno recibió de la embajada peruana en Tokyo la comunicación oficial de su alejamiento de la función de presidente, su destitución y solicitud de cambio de estatus. En caso se haya recibido el comunicado oficial y la solicitud, cuándo fue y cuál fue su contenido. En caso no los haya recibido, de qué medios obtuvieron la confirmación de que el Sr. Fujimori dejó su cargo, y si se hizo el cambio de status sin recepción de solicitud alguna, esclarézcasenos las razones.

I.5- El 19 de noviembre del año pasado, recibimos de la embajada peruana en nuestro país, el informe de que el Sr. Fujimori dejaría el cargo de Presidente, dentro de las 48 horas siguientes , no recibimos la comunicación de su cese ni solicitud de cambio de status. Que el Sr. Fujimori fue destituido del cargo presidencial el 22 del mismo mes, lo confirmamos por informes de nuestra embajada en Perú. El Sr. Fujimori, permaneció en nuestro país, con el status de "Diplomático" incluso luego de su destitución por el congreso peruano el 22 de diciembre del año pasado, sin embargo, el Sr. Fujimori manifestó la posibilidad de permanecer en nuestro país por algún tiempo, se procedió al trabajo de confirmación de su nacionalidad como un paso para ordenar el problema legal de su estadía, y como resultado de ello, es que se confirmó su posesión de la nacionalidad japonesa.

II) SOBRE LA COOPERACION CON EL GOBIERNO PERUANO EN RELACION AL CASO DEL SR. FUJIMORI.

1.- ¿Ha habido alguna solicitud de colaboración en la investigación a nivel de administración pública por parte del Gobierno. Peruano al japonés?. En caso, que el Gbno. Peruano sólo haya presentado consultas aclaratorias, esclarézcasenos detalladamente cuáles son las respuestas que el Gno. Japonés ha dado.

II.1- Sobre el caso policial ocurrido en el Perú que consigna al Sr. Fujimori como sospechoso, del estado peruano, no hemos recibido ninguna solicitud de colaboración para la investigación consignada en la Ley de Cooperación en la Investigación Internacional (Ley No. 69 del año 55 de Showa). Aunque con fecha 13 de diciembre del año pasado, hemos recibido solicitud de cooperación por parte de la INTERPOL para el caso del ex - asesor del SIN Sr. Montesinos; y en el presente año, el 2 de febrero, hemos recibido por parte del Estado peruano, la solicitud de colaboración y, estamos estudiando la posibilidad, confrontando el contenido de las acusaciones formuladas y los trámites seguidos en dicho país, a la luz de la Ley de Cooperación en la Investigación Internacional y sus requerimientos. Respecto a los detalles del contenido de la solicitud, nos reservamos la respuesta por tratarse de hechos referentes a la investigación de un caso policial de las autoridades de un país extranjero.

2.-¿Sabe el gobierno si ha existido algún pedido de colaboración en el ámbito judicial por parte de las autoridades judiciales peruanas a su homólogo japonés?. En caso de tener conocimiento acerca de tal solicitud de colaboración, queremos ser aclarados en los detalles del mismo que están a su alcance.

II.2- De las autoridades judiciales del Perú, no hemos recibido ningún tipo de solicitud de colaboración a nivel judicial respecto a la acusación formulada al Sr. Fujimori. Aunque, el presente año el 15 de febrero, hemos recibido de dichas autoridades, la solicitud de colaboración en el sentido de pedir al Sr. Fujimori para su declaración como testigo por el caso de Charles Aceror Cocran referente al delito contra la seguridad del Estado.

3.- En el Perú, se ha publicado la noticia de que el Gbno. Japonés ha presentado a través de la embajada peruana de Tokyo con fecha 22 de diciembre, una protesta a la Comisión Investigadora del Congreso peruano que investiga el caso de Montesinos, ex-asesor del Presidente, al plantear la indagación a Fujimori. ¿Es cierto que se presentó la protesta? Y ¿cuál es el contenido de dicha protesta?. Quisiéramos ser aclarados en estos puntos. Por otro lado, existen publicaciones que informan que, ante la solicitud de colaboración por parte de la Comision Investigadora del Congreso, el Gbno. Japonés, ha contestado que no puede responder a solicitud alguna que no provenga de las autoridades judiciales pertinentes. Aclárasenos si esto es verdad. En caso que lo fuera, que se nos explique los fundamentos legales de dicha postura. Además, algunos medios de comunicación peruana han publicado que el Gno. Japonés, ha pedido que los documentos de solicitud de cooperación en la investigación presentados por el Perú sean hechos en idioma japonés. ¿Es esto cierto?. En caso de serlo, que se nos aclare los fundamentos legales en que se basa para tomar esta actitud.

II.3- En lo referente al interrogatorio al Sr. Fujimori por parte de la Comisión del Congreso peruano, no existe ninguna formulación de protesta hecha a través de la embajada peruana en Japón. La colaboración solicitada por la Comisión del Parlamento peruano vía la embajada peruana a nuestro Estado consiste en un pedido de remitir una carta de llamamiento o citatoria al Sr. Fujimori. Dicha carta citatoria, de a cuerdo a las leyes peruanas, una vez comunicada al testigo, éste tiene la obligación de comparecencia; sin embargo, en nuestro país no existe un marco legal para atender la solicitud de envío de este tipo de escritos, de modo que vía la embajada peruana dimos la respuesta en el sentido de que "no podemos remitir dicha carta citatoria"

La colaboración en la investigación es ejecutada por las instituciones pertinentes del país solicitado, y para su realización, frecuentemente pasa por la inspección de las autoridades jurídicas del país solicitado, de modo que, es de uso común internacional que el país solicitante envíe la solicitud en la lengua que señale el país solicitado. Existe un reglamento en el sentido de que el país solicitante adjunte un documento traducido, que se aprobó en la 45va. Asamblea General de NN.UU. un convenio modelo respecto de las colaboraciones internacionales de casos policiales. Basándonos en estas usanzas, nuestro país, adjunta traducciones al momento de enviar solicitudes a otros países, y pedimos al estado peruano que se nos haga llegar la solicitud adjuntando la traducción pertinente y el Perú aceptó hacerlo sin ninguna objeción. Por otro lado existen precedentes que para cuando nuestro Estado hizo alguna solicitud al Perú, siempre lo hicimos traducido al español .

4.- Tenemos entendido que el Sr. Fujimori cuenta con protección policial hasta el momento, acláresenos los fundamentos de ley que sustentan esta protección.

II.4- Por teoría general, la protección policial tiene sustento legal en La ley policial (Ley No. 162 del año 29 de Showa) Artículo 2 inciso 1.

5.- En caso que quede demostrada la responsabilidad del Sr. Fujimori en la violación de los DD.HH. y el Gbno. Peruano solicite la entrega de Fujimori, ¿cuál sería la actitud del Gbno. Japonés?. Quisiéramos que se nos exponga cuál es el punto de vista del gobierno.

II.5- Nos resulta difícil contestar a la pregunta ya que el punto tiene un presupuesto hipotético. Pero si nos atenemos al común entendimiento, la solicitud de extradición de un prófugo del extranjero, se discierne su procedimiento sobre la base de la Ley de Extradición (Ley No. 68 del año 28 de Showa), la misma que dice que debe realizarse siempre y cuando los actos cometidos no correspondan a penalidades de condena a muerte, condena sin tiempo límite, o, condena por más de 3 años de acuerdo con las leyes japonesas (la misma ley Art. 2, inciso 4); Si el prófugo es de nacionalidad japonesa, (la misma ley Art.9) no debe entregarlo.

6.- Existen teorías convincentes en las Leyes Internacionales que sañalan que, en caso de doble nacionalidad como el del Sr. Fujimori, debe considerarse una nacionalidad prevalescente. Por otro lado, pensamos que, la nacionalidad real y prevalescente del Sr. Fujimori, quien incluso ocupó la presidencia del Perú, es peruana y en consecuencia su nacionalidad japonesa es sólo formal, de modod que ello no constituye un obstáculo para su entrega. Ya que la ley de extradición de nuestro país, no contempla una consideración a la situación de la doble nacionalidad, no se debe hacer la interpretación formal estrecha de las normas que se encuentran enmarcadas sólo para casos de entrega de algún cudadano japonés donde existen tratados de extradición

II.6- En teoría general, es potestad de cada país discernir la extradición de cualquier individuo que se encuentre dentro de sus linderos. La ley de extradición rige que en caso que el prófugo sea un nacional japonés, no debe entregarlo al país extranjero, de modo que tratándose de un ciudadano japonés, sea que éste posea o no una u otra nacionalidad extranjera paralelamente, no puede ser extraditado.

7.- El Japón ha firmado el "Tratado de prohibición de la tortura", cuyo artículo 7 y 8 dice: "En caso que un sospechoso de algún acto de tortura, es descubierto dentro de los linderos de su jurisdicción, y éste no es entregado, el país firmante donde ha sido encontrado, tiene la obligación de formularle la acusación prtinente dentro de su país". El Sr. Pierre Sané, Secretario General de Amnistía Internacional, manifestó su interés en observar cómo va a cumplir el Japón con esta obligación en relación al presente caso; si quedara suficientemente demostrada la participación del Sr. Fujimori en los casos de tortura, el gobierno japonés estaría oblihgado a entregarlo o a formularle la acusación pertinente, que se nos alcance la confirmación.

II.7- Los hechos de tortura a los que se hace mención, no es claro de qué se trata. Además, por tratarse de una pregunta con presunción de hechos hipotéticos, nos resulta difícil responder.

III) SOBRE LA IMAGEN DE LA POSICION DE NUESTRO PAIS A NIVEL INTERNACIONAL Y A NIVEL DE LAS RELACIONES BILATERALES CON EL PERU

La imprtancia del llamdo "soft power" crece cada día más en el mundo actual frente a la vigencia del poder militar. De más está señalar que para nuestro país que tiene como política diplomática no depender de las fuerzas armadas, es buena oportunidad de trabajar por el incremento de este "soft power", que se constituye en cualidad y objeto de respeto por parte de otros países.

1.- Sobre el Gbno. De Fujimori se vienen oyendo voces de protesta en el sentido de que durante su gobierno "violó repetidas veces los Derechos Humanos, desarticuló uno tras otro los organismos del sistema democrático, y utilizó las instituciones de los servicios de información de la policía y el ejército cual instrumentos partidarios para perseguir a la oposición". Acláresenos, si el Gbno. Japonés tiene conocimientos de estos hechos.

2.- En caso de tener conocimientos sobre los hechos señalados en la pregunta No. 1, cómo es que ha venido dando diversos tipos de apoyo a un gobierno como el señalado, queremos ser esclarecidos sobre las razones de dicho apoyo.

3.- En caso de no haber tenido conocimientos de los hechos señalados, pensamos que es cuestionable la capacidad del Ministerio de RR. EE. Sobre la colección de las informaciones en torno a la tendencia de la opinión internacional; o es que pese a tener información suficiente, es la conducta del gobierno manterner el apoyo, dejando que la sociedad internacional tenga una imagen sobre el Japón como "un país que habla de los DD.HH. y la democracia sólo de boca para fuera", es más, ha dado al mundo la imagen de haberle reconocido la nacionalidad japonesa a Fujimori, "para protegerlo". Esta imagen impartida en el mundo, significa un detrimento en la imagen del Japón, y que definitivamente es negativa para los intereses de nuestro país; sobre este hecho, queremos conocer el punto de vista del gobierno.

III.1~3- En el Perú de antes del gobierno fujimorista, se había venido perdiendo muchas vidas por los actos terroristas; sin embargo, el Sr. Fujimori, luego de asumir la presidencia, reformó la seguridad social con su política anti-terrorista, con la movilización del ejército, policía y el servicio de información. Por otro lado, en lo referente a la Sociedad Internacional, es de nuestro conocimiento que, existen opiniones que señalan aprensión frente a la situación de los DD.HH. del Perú.

Como Estado japonés, el Perú es el primer país del centro y Sudamérica con el que ha establecido relaciones diplomáticas en el año 6 de Meiji, y desde entonces ha venido construyendo una relación de cooperación amistosa y además desde el año 32 de Meiji en que se inicia la primera inmigración al Perú, hasta la actualidad, residen en dicho país un aproximado de más de 80,000 nikkeis, en consideración a estos hechos de contexto, la ayuda para el desarrollo económico se venía realizando incluso desde antes del gobierno fujimorista, y en aras de aliviar los problemas sociales como el de la pobreza, venimos aportando ayuda a dicho país.

Sobre la nacionalidad del Sr. Fujimori, sólo nos hemos atenido a nuestras leyes, y no nos parece que por este hecho nuestro país sufra algún detrimento en su imagen. Por otro lado, como Estado tenemos pensado sin cambios en nuestra política, continuar dando apoyo al Perú para su desarrollo económico y social.

4.- En caso que las investigaciones avancen y que los hechos de violación se demuestren oficialmente, explíquesenos, de qué manera piensa el gobierno japonés recuperar su imagen ante el mundo.

III.4- Nos es difícil contestarle dado que es una pregunta con presunción de una realidad hipotética.

5.- El 28 de Febrero pasado, la Sra. Nelly Calderón, Fiscal General del Perú, ha acusado al Sr. Fujimori por abandono del cargo de presidente ante la Corte Suprema y además tiene conocimentos del avance de las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito del Sr. Fujimori. Hágasenos saber si el gobieno tiene previsto el modo de convencer al Sr. Fujimori de que parta para el Perú por iniciativa propia en aras de las relaciones de amistad Perú-Japón y ante la presión de la crítica internacional antes señalada.

III.5- Como estado, nos resulta difícil inducir a una persona individual, nacional japonés, a salir del país.

1.- Hemos escuchado que el Sr. Víctor Aritomi permanece en el Japón a pesar de haber dejado el cargo de Embajador. Del mismo que, suponemos no tiene la nacionalidad japonesa, acláresenos cuál es actualmente el estatus de estadía del Sr. Aritomi.

IV.1- El Sr. Víctor Aritomi, permanece en nuestro país como una persona individual luego de finalizar en su cargo de embajador peruano en nuestro país. Sobre el status de estadía del mismo señor, nos abstenemos de contestar por tratarse de un hecho que concierne a la privacidad individual.

2.- Sobre el mismo señor, ¿ha recibido el gobierno algún documento de comunicación sobre su cese en el cargo de embajador, y ha recibido alguna solicitud de cambio de estatus legal de estadía?. De haber recibido, acláresenos cuándo y el contenido de dichos documentos.

IV.2.-Con fecha 19 de diciembre del año pasado, por un comunicado emitido por la embajada peruana en nuestro país, nos fue informado de la conclusión del Sr. Aritomi en sus funciones de embajador; y el mismo mes con fecha 20 la misma embajada nos elevó un escrito pidiendo el cambio de status del mismo señor.

Son las preguntas que formulamos.

Lugar: Sala No.1 de entrevistas de las oficinas prlamentarias No.2
Tujimoto Kiyomi: Parlamentaria de la Cámara Baja
Nohira Shinsaku: Peace Boat
Ohgushi Kazuo: RESODEP

Asistentes de medias: Takahashi Junko: efe agencia espanola, efetokio@cello.ocn.ne.jp, Hirayama Hiroshi: AFP, Hiroshi.Hiyama@afp.com, Kan Hikaru (Asahi), Maeda Hirotomo (Mainichi-pag. política), Satoh Chiyako (Mainichi-pag. exteriores) chi@mbd.sphere.ne.jp, Katsura Tomoko (Nihon terebi gaihobu) chura@ntv.co.jp, Ishiguro (Yomiurishinbun) ishiguro@tkg.att.ne.jp, Mario Castro: (IPC) redaccion@ipcjapan.com, Yoshida kennichi (Jijitsushin-seccion sociedad), Honnmu Motomu (Kyodotsushin-exteriores)motos@kyodonews.or.jp

Otros participantes: Ueno (RESODEP), Iijima (RESODEP), Tanahara (RESODEP), Han (Peace Boat), Teranaka (Amnesty)

Recién cuando fue destituido y expreso que quería permanecer por un tiempo largo en Japón, se realizo la confirmación de su nacionalidad.

Nos respondieron además que a nivel de administración gubernamental, no han recibido ningún pedido de colaboración referente a Fujimori, que lo que han recibido es sobre la investigación a Montesinos a nivel de justicia internacional, para lo que el gobierno esta estudiando este pedido.

Reconocen haber recibido que el gobierno japonés haga la remisión de la carta citatoria a Fujimori como testigo, pero que debido a que las leyes nacionales no obligan a ello, el gobierno japonés contesto que no podían remitírselo. Sobre el resguardo policial dice que se le otorga tal protección en base a la ley policial Art. 2. inciso 1. En la ley de extradición, ya que esta escrito que no se debe extraditar a un nacional japonés, no lo entregaran al margen de que tenga otra nacionalidad.

Por otro lado, contestaron que están enterados de la criticas a la violación de DD.HH. durante el gobierno de Fujimori, por parte de la comunidad internacional pero, a la vez nuestro gobierno evalúa positivamente el gobierno fujimorista, y trata de justificar el apoyo financiero que se otorgo. Nos parece que el apoyo fue mayor que en otros gobiernos.

Sobre inducir a Fujimori a que retorne al Perú, nos contestan que es difícil que el gobierno induzca a una persona individual. Resulta que a ratos le otorgan un trato oficial y para cuando la situación lo amerita, le otorgan el trato de persona individual.

Sobre la estadía de Aritomi en Japón, nos evaden responder diciendo que es la privacidad de un individuo. Yo no puedo aceptar este tipo de respuestas ambiguas. Me parece totalmente injusto que se consolide la fuga de un presidente de un país, con argucias de nacionalidad de otro país; lo mismo en cuanto a no hacer publico con respecto a la estadía de Aritomi.

Pienso que el encubrimiento de Fujimori por parte del gobierno japonés, es un hecho que "merma los intereses del Japón"

Pregunta: RESODEP, esta haciendo algún tipo de investigación particular como organización?

Pregunta: Fujimori dice que solo ha tenido ingresos por su sueldo como presidente, entonces como es que se costea la vida actualmente en Japón?

Pregunta: El tramite normal de reconocimiento no es tan rápido en los casos de otros nikkei, que opina la Parlamentaria, respecto a que a Fujimori se la hayan confirmado tan rápido.

Pregunta: Si se llegaran a demostrar las acusaciones de violación de derechos humanos, la tendencia del gobierno virara en el sentido de dovolverlo?

Pregunta: Eso quiere decir que el Japón es cómplice?

Pregunta: Cuál es la situación actual?

Pregunta: Son unas 15 las denuncias que se tienen sobre Fujimori, en el contexto de ambiente electoral, cuantos al final están siendo tramitados?

El tramite se esta siguiendo, esta en la Procuraduría general y aun no esta formulada la acusación pero se sigue el tramite.

Pregunta: Que piensa sobre su problema de la nacionalidad.

El chantaje y control de los medios de comunicación a través de la extorsión fue la norma de comportamiento fujimorista. Montesinos compró a dueños y directores. Salvo poquísimas excepciones, como el diario La República, la revista Caretas y alguna emisora de radio, el régimen copó la práctica totalidad de canales de televisión, excepto Canal N (por cable). Expropió Canal 2 a su propietario Baruch Ivcher y lo entregó a los hermanos Winter, accionistas minoritarios. La posterior recapitalización del canal, con la emisión de nuevas acciones, costó cerca de 17 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Uno de los vladivídeos muestra a Montesinos haciendo entrega de una bolsa repleta de dinero a José Francisco Crousillat, dueño de Canal 4, y en animada conversación con el empresario televisivo y el banquero Eugenio Bertini para arreglar las deudas del canal. En otra cinta, el jefe del SIN entrega 50.000 dólares a Julio Vera Abad, principal accionista de Canal 9, para que suspenda el programa que conduce la periodista Cecilia Valenzuela. Logró su objetivo. Uno de los vídeos que provocó mayor escándalo es el de Calmell del Solar, que recibe nada menos que tres millones de dólares para el Canal 10 (cable) y el diario Expreso.

A 72 horas de las elecciones generales, se han difundido los videos de 2 sesiones "secretas" de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú efectuadas el 13 y el 19 de marzo de 1999, por convocatoria y bajo la dirección de Montesinos y quienes entonces se desempeñaban como Presidente del Comando Conjunto, Ministro del Interior y de Defensa, Comandante General de la Marina y la Aviación, Jefe del SIN y Director de la PNP.

En dichas reuniones se acordó y suscribió en sendas actas mantener firme respaldo al golpe del 5 de abril de 1992 (que permitió montar la maquinaria mafiosa y autoritaria del fuji-monte-cinismo), así como defender irrestricta y decididamente la vigencia de las leyes de amnistía a los violadores de derechos humanos (que impulsaron Siura, Martha Chávez, Tudela y Rafael Rey). Se acordó cerrarle el paso a cualquier Comisión de la Verdad (como las que planteamos desde 1995 en el Congreso), acusar a Baruch Ivcher por supuesta venta de armas al Ecuador (que el video no prueba) y garantizar la continuidad del régimen. En síntesis, se evidenció el compromiso institucional de los mandos militares con una dictadura seudo-legalizada con la llamada Constitución del 93 y su intención de impedir toda investigación y sanción de los abusos a los derechos humanos y las corruptelas producidas a su amparo.

El Gobierno Provisional del Dr. Valentín Paniagua, su Consejo de Ministros y específicamente su Ministro de Defensa han optado ñante esta evidencia irrefutable por disponer se abra proceso ambigua y contradictoriamente en los fueros civil y militar a los antiguos mandos de las FFAA y de la PNP que "ordenaron" se suscriba dichas actas, abusando "de la obediencia debida de los reglamentos castrenses" y contraviniendo el carácter no deliberante de dichos institutos. Así, en forma intencionalmente ambigua, se abre el mismo proceso en 2 fueros y se deja abierta la contienda de competencia a ver quién juzga definitivamente el caso, pudiendo los elementos castrenses ser juez y parte en el proceso si pasa al fuero militar. Y, lo que es más grave, se limita el proceso a los convocantes y organizadores de las sesiones "secretas" con el argumento de que sólo a ellos compete responsabilidad, por la presión y amenaza ejercida e implícitamente por obediencia debida de los oficiales generales allí presentes a sus jefes convocantes.

Para colmo, el Ministro de Defensa ratifica en sus funciones al General Carlos Tafur Ganoza, Comandante General del Ejército, y al General del Aire Pablo Carbone, que hoy comanda la Fuerza Aérea y preside el Comando Conjunto de las FFAA, que tampoco han renunciado de motu proprio. La razón es bastante simple: consideran haber sido obligados.

¿Cómo se condice esta actitud con la del General Salinas Sedó y quienes lo acompañaron en el alzamiento de noviembre de 1992 contra la dictadura, que hoy se dice reconocer justo y legítimo? ¿Ellos no debían obediencia? ¿Y el General Rodolfo Robles, que jugó y perdió su carrera militar y la de sus 2 hijos, por denunciar la existencia de grupos paramilitares de asesinos como el grupo Colina, a cargo de Montesinos y el SIN, tan temprano como abril del 1993? ¿Y la conducta del Comandante Humala, que se alzó hace un año en Moquegua (y ha sido amnistiado y repuesto, pero a funciones burocráticas y sin mando de tropa)?

Todos ellos "debían" la misma obediencia a sus jefes, pero se alzaron contra la violación constitucional, contra el atropello a los derechos humanos, contra el crimen y la corrupción que personificaron Fujimori, Montesinos, y los monigotes militaristas que los rodeaban. Debían obediencia a la verdad y a la Constitución, a los derechos humanos y a la ley. Debían obediencia a principios y no al sueldo y a los privilegios del poder autoritario.

Nadie puede justificar el silencio y la complicidad por presiones. Alguien puede explicarlo, pero nunca justificarlo. Porque, entonces, ¿qué justifica a los que alzan su voz, a los que se levantan contra el abuso y la dictadura... la locura? No se premia con un alto cargo público o con un mando en las instituciones castrenses la falta de valentía y de firmeza de quien calla. Se premia y confía en los que no son parte del pacto infame del silencio, porque ni a media voz hablaban, como diría el indómito Manuel González Prada.

No hay amenaza ni obediencia debida que justifique que desempeñen altos cargos militares en la transición democrática quienes no fueron capaces de diferenciarse y encarar la podredumbre que hoy conocemos todos y entonces conocían ellos, porque los citaban y sin duda comentaban lo que ocurría en casa. Los referidos Comandantes Generales deben renunciar o ser retirados de sus cargos. No son garantía de nada, más allá de la pusilanimidad que ya han evidenciado. Ello sería una lección de a qué llamamos obediencia indebida y a qué llamamos obediencia debida en la disciplina militar. Y dejaría claro mensaje a los golpistas.

Pero ello no hace sino ratificar también la urgencia de una Comisión de la Verdad que el militarismo corrupto quería impedir. Pero debe ser conformada por gente íntegra, realmente ajena a todo compromiso con regímenes anteriores y especialmente con la dictadura, para abrir paso a la investigación de los crímenes cometidos en los últimos 20 años. Así se dará curso a los procesos judiciales y sanciones que hagan posible la reconciliación. Así mismo, todo esto ratifica la necesidad de devolverle la vigencia a la Constitución del 79, declarando nula la que fue hija del golpe y del fraude en 1993, para aplicarles a los golpistas el art. 307 y confiscarles por decisión del Congreso sus bienes mal habidos, sancionando su responsabilidad en montar la maquinaria de corrupción y abuso que nos oprimió. Ser libres tiene un precio y exige firmeza. Es el momento de actuar con decisión y coraje.

Fuente : Revista Caretas
12-04-01

TODO estaba listo para los comicios más sanos de los últimos 10 años. Pero el jueves 5 de abril, nueve años después del día en que Alberto Fujimori decidió disolver las democracia peruana y a 72 horas de la fiesta electoral, un "vladivideo" vino a contaminar el clima de tranquilidad creado por el Gobierno de Transición.
A media tarde de ese día, en el Congreso de la República se empezaron a visualizar 18 cintas de vídeo, en cuyas grabaciones se observa una vergonzosa ceremonia de sujeción conducida por el general César Saucedo, entonces presidente del Comando Conjunto de las F.F.A.A.A. y comandante general del Ejército.

En la reunión, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1999, también están presentes el ex ministro de Defensa Julio Salazar Monroe; el general José Villanueva Ruesta, entonces ministro del Interior; Humberto Rozas Bonucelli, ex jefe del SIN; Fernando Dianderas, ex jefe de la Policía Nacional; Elesván Bello, ex comandante general de la FAP; Antonio Ibárcena, ex comandante general de la Marina; y, por supuesto, el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.

Casi la totalidad de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desfilan firmando un libro de actas en apoyo de la cúpula militar. Saucedo, además, pide el apoyo al autogolpe del 5 de abril de 1992 y para los militares beneficiados por las Leyes de Amnistía, aparte de leer el acta de otra reunión realizada el 14 de enero de 1999, en la que se trata el tema de Baruch Ivcher.

Los legajos referidos a este tema, según se afirma en la grabación, están en la Segunda División del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Allí se señala que las acciones de Ivcher comprometían seriamente la situación frente al Ecuador y que el informe también se puso en conocimiento del entonces canciller Francisco Tudela. Ivcher ha negado cualquier responsabilidad y ha anunciado que denunciará a quienes lo acusan.

Los vídeos pertenecen al lote que fue incautado en la casa de Montesinos y ya habían sido visualizados entre el 26 y el 28 de febrero, ante la presencia del juez Saúl Peña, el fiscal Marco Valdez y la defensora de oficio Patricia Hurtado García, en representación del Ministerio de Justicia. Por las actas se sabía del contenido, pero la información se mantuvo en reserva.

Lo que nadie se explica aún es por qué el juez Peña no envió estos vídeos a la Fiscalía o directamente al Congreso, como lo hizo en anteriores oportunidades. Ante la demora, el fiscal Jorge Cortez se los reclamó el 13 de marzo pasado, pero Peña los entregó recién el martes 27 de marzo.

Tres días después, el viernes 30 de marzo , el fiscal Cortez eleva las actas y los vídeos a la fiscal de la Nación, Nelly Calderón. El 4 de abril, a las cinco de la tarde, ella los remite al presidente del Congreso, Carlos Ferrero.

Por la cantidad de vídeos (l8), se asumió que la trascripción iba a demorar por lo menos una semana. Debido a esa demora, los vídeos no se visualizarían pronto, pero cuando se llegó a la página 15 de la transcripción se advirtió que en el resto de la grabación sólo se escuchaban nombres. Entonces Ferrero ordenó la difusión.

Tras el incidente, Paniagua convocó, el viernes 6, de abril a una reunión del Consejo de Ministros, en tanto que los Comandantes Generales de las FF.AA. se reunieron el mismo 6 en local del Comando Conjunto e invitaron al ministro de Defensa, general (r) Walter Ledesma. Estaban dispuestos a renunciar.

Al general Carlos Tafur, comandante general del Ejército, sólo le queda ocho meses para pasar al retiro. Los comandantes de la FAP, general del Aire Pablo Carbone Merino, y de la Marina, vicealmirante Víctor Ramos, tienen techo sólo hasta el próximo año. A la vez, los tres son conscientes de que en julio de este año un nuevo Gobierno puede removerlos

Aún así, el malestar ha cundido entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Más de un oficial presume que el montesinismo disfrazado sigue actuando o que una mano negra intenta desestabilizar a los altos mandos. Ello aunque el propio Presidente Paniagua y el Consejo de Ministros les han reiterado su respaldo.

En el Congreso, por otra parte, nadie esperaba la visualización de nuevos vídeos en una semana preelectoral. Incluso el trabajo de las comisiones relacionadas con Vladimiro Montesinos había sido suspendido temporalmente. La propia comisión Waisman evitó tener invitados y canceló sus reuniones.

Paniagua, sumamente cauto, no quería que una probable crisis militar que empañara las elecciones y aún sigue evaluando las reacciones de las distintas tiendas políticas con relación al `vladivideo".

La situación es complicada. En el vídeo, están todos los oficiales superiores con el grado de coronel para arriba. Actualmente en la FAP hay 8 tenientes generales, 60 mayores generales y 280 coroneles . En la Marina hay 8 Vicealmirantes, 59 Contralmirantes y 236 capitanes de Navío. En el Ejército hay 11 generales de división,95 generales de brigada y 480 coroneles. En la Policía hay 1 teniente general, 40 generales y 520 coroneles. Todos ellos tendrían que ser invitados a pasar al retiro.

El Gobierno provisional de Perú se enfrenta al dilema de destituir o mantener a la cúpula de las Fuerzas Armadas, en la que no confía. Fuentes oficiales han confirmado que los tres máximos jefes de los institutos armados han puesto sus cargos a disposición del presidente Valentín Paniagua, a raíz de la difusión de los vídeos que demuestran la pertenencia de toda la oficialidad a la estructura creada por el fugitivo Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del ex presidente Alberto Fujimori.

Las cintas dan cuenta de una reunión en abril de 1999 en la que generales, almirantes y 570 coroneles de las tres fuerzas y la Policía Nacional firmaron su adhesión al autogolpe de 1992 y la ley de amnistía, en un documento que garantiza la impunidad ante todas las violaciones de derechos humanos cometidas por uniformados.

Los generales Carlos Tafur, comandante general del Ejército; Pablo Carbone, de la Fuerza Aérea, y el vicealmirante Víctor Ramos, de la Marina, firmaron aquel pacto, según se observa en los vídeos que han provocado estupor. Las escenas de la multitudinaria reunión celebrada en la base de la Fuerza Aérea de Las Palmas reflejan cómo cientos de jefes y oficiales desfilan para estampar su firma, al mejor estilo mafioso, en un pacto de impunidad y de adhesión al golpe.

En nombre de la obediencia debida, Montesinos comprometía con aquel acto a toda la oficialidad en la demolición del Estado de derecho y la violación de la Constitución. En las imágenes se observa a Montesinos, con gafas oscuras, en la mesa presidencial.

El presidente Paniagua se reunió con su Gabinete el miércoles por la noche, tras lo cual debía dirigir un mensaje al país. En el último momento, se suspendió la transmisión, lo que abrió nuevos interrogantes sobre los pasos que dará el Gobierno. El primer ministro, Javier Pérez de Cuéllar, dijo que pronto habrá noticias, pero puntualizó que no se podía destituir a todos los altos jefes y oficiales que habían sido chantajeados por el régimen de Fujimori y Montesinos. 'Es como si le pusieran a usted un revólver en la sien y le dijeran 'o firmas o, si no, te mato', y a estos señores les han dicho 'o usted firma o, si no, ustedes y su familia se van a patear latas''.

El ministro de Justicia, Diego García Sayán, había declarado el martes que después de Semana Santa el Gobierno tiene previsto denunciar a los jefes militares que promovieron la adhesión de todas las instituciones armadas al autogolpe de abril de 1992. Conforme aumentan los rumores de cambios militares, la prensa peruana revela a diario datos de la profunda red de influencia que tejió Montesinos en las Fuerzas Armadas. Un día se publica que 10 generales montesinistas siguen ocupando puestos clave en la Policía Nacional, otro día se apunta que el posible sustituto del general Tafur al frente del Ejército es otro general que perteneció al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que manejaba Montesinos. ¿En quién confiar? Ni el actual ministro del Interior, general Antonio Ketín Vidal, que acaba de viajar a Venezuela para pedir explicaciones sobre el paradero del ex jefe del SIN, está libre de sospecha.

Durante 10 años, el poderoso asesor controló directamente la política de ascensos, retiros y destinos de todo el personal militar, en la que primaron las prebendas y los favores políticos. Para evitar deserciones impuso un pacto de complicidad con la firma de un documento a todas luces inconstitucional. En estas condiciones, la asignatura militar será una de las cargas más pesadas que heredará el presidente que salga de la segunda vuelta de las elecciones y que prestará juramento el 28 de julio.

Fuente : Diario La República-Perú
15-04-01

Montesinos en reunión
con miembros de las FF.AA.

Pero lo que también revela el "compromiso de honor" es la inseguridad de Vladimiro Montesinos respecto al control estricto que tenía sobre las instituciones castrenses. Temía lo que ahora está ocurriendo: la aparición de testigos y evidencias de que gestó y cobijó a los criminales en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, su reino y dominio. Lo que pretendía era que, ante la eventualidad de la aparición de un congresista, fiscal o magistrado honesto que promoviera una indagación sobre sus actividades ilegales, en virtud del acta suscrita el trece de marzo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplastaran la iniciativa de un solo golpe.

A pesar del carácter coercitivo del contenido del acta, una vez derrumbado el régimen y activada una investigación masiva sobre la corrupción durante el fujimorato, nadie salió de los cuarteles en cumplimiento del "acuerdo de honor". Y cuando fue apresada la mayoría de los que ordenaron la suscripción del documento óJosé Villanueva Ruesta, Elesván Bello Vásquez, César Saucedo Sánchez, Américo Ibárcena Amicoó, entre los que destacan el ex "general victorioso" Nicolás Hermoza Ríos, ninguno de los institutos armados se ha pronunciado en defensa de alguno de sus ex comandantes generales. Huido Vladimiro Montesinos, perdió vigencia el documento. Pero las Fuerzas Armadas tienen el deber de reivindicarse ante el país que ha presenciado cómo un ex militar expulsado del Ejército por falsedad y desobediencia consiguió que altos jefes militares firmaran un compromiso humillante.

Militares firmando el documento

Acta de la Sesión Especial Nº 05 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con participación de la Policía Nacional del Perú y Estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional.
En la ciudad de Lima, en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el día trece de marzo de mil novecientos noventinueve, siendo las ocho horas y bajo la presidencia del señor General de Ejército César Saucedo Sánchez, Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y contando con la asistencia de los señores General de Ejército Julio Salazar Monroe, Ministro de Defensa; General de División E.P. José Villanueva Ruesta, Ministro del Interior; Almirante Américo Ibárcena Amico, Comandante General de la Marina de Guerra; General del Aire Elesván Bello Vásquez, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú ;Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Fernando Dianderas Ottone, Director General de la Policía Nacional del Perú; Contralmirante Humberto Rosas Bonucelli, Jefe del Sistema de Inteligencia Nacional; doctor Vladimiro Montesinos Torres, Asesor del Sistema de Inteligencia Nacional; y asistieron también los señores Generales y Almirantes que conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que se encuentran en el país, que representan a la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y del Sistema de Inteligencia Nacional, y que a continuación se indica.

En cuanto al primer asunto, señaló que, coincidentemente, algunos medios de difusión y específicamente el diario La República en su edición del día jueves once de febrero del presente año, consignaba dos informaciones: en la primera se señalaba que Genaro Ledesma Izquieta en su edición de "líder" de la fantasmal organización "Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP), había presentado ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal contra el ex Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas General de División Ejército Peruano (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos, por su participación en el "autogolpe de Estado" del cinco de abril de mil novecientos noventidós, acusándolo de los delitos de rebelión, daños al país, violación de la libertad de expresión y abuso de autoridad. La segunda información, hacía referencia a una exposición hecha por el General de División Ejército Peruano (r) Jaime Salinas Sedó en el foro "Retos y Posibilidades del Proyecto Nacional" organizado por un autodenominado "Comité Cívico por la Democracia" y en la que, entre otros conceptos, señaló con referencia al pronunciamiento del cinco de abril de mil novecientos noventidós que "ese autogolpe fue el pretexto para cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder".

Estas expresiones vertidas por dos elementos que ideológicamente representan posiciones políticas pero que tienen en común su animadversión contra el actual Gobierno, sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Sistema de Inteligencia Nacional, y que son recogidas por un diario que se caracteriza por su intrasigente oposición, consideró que no deben interpretarse como hechos aislados, sino como el comienzo de una campaña sistemática que, inserta dentro de la lucha pre electoral que está desarrollándose en el país, pretendería involucrar a las Instituciones Tutelares y a quienes en su momento las comandaron, con relación a decisiones trascendentales que se formaron en su momento, con el claro propósito de dañar la imagen y prestigio institucional, atribuir responsabilidades individuales a sus más altos mandos y conseguir vía el amedrentamiento, la inhibición de dichas Instituciones para adoptar decisiones que son esenciales para la vida y el desarrollo del país.

Ante estas protervas intenciones señaló que era preciso puntualizar algunos aspectos referidos a la situación que vivía la Nación por aquella época y en la que se estaba generando un clima de ingobernabilidad sumamente peligroso para la supervivencia democrática del Perú. No podemos olvidar, dijo, que diversos grupos políticos, sin importarles el interés nacional, optaron por bloquear o desnaturalizar desde el Parlamento los Decretos Legislativos que oportunamente promulgara el Gobierno y que constituían el marco legal necesario que permitía a las Fuerzas del Orden combatir al terrorismo y al narcotráfico, a la vez que establecían las bases para que un Poder Judicial conformado por magistrados competentes y honestos, estuviera en capacidad de sancionar drásticamente la violencia sangrienta y criminal con que el terrorismo amenazaba destruir la institucionalidad del país; todo ello, junto con otras medidas legislativas que iban a hacer posible superar la vulnerabilidad que implicaba para el Estado de Derecho al ser atacado durante diez años por una forma de guerra irregular para la cual no estaba preparado, pues el terrorismo y el narcotráfico aprovechaban las ventajas que les daba un ordenamiento legal concebido para una situación de paz y tranquilidad interna.

Pues bien, ante estos Decretos Legislativos fundamentales, los partidos políticos tradicionales, atrincherados en el Parlamento, adoptaron una posición obstruccionista con el propósito de bloquear la acción del Gobierno: de una parte, derogaron las normas dictadas para contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico; de otra parte, también recortaron las facultades del Ejecutivo en aspectos presupuestales y económicos; y, finalmente, pasaron a acusarlo de estar promoviendo la "militarización" del país con el pretexto de la política de participación y de sus instrumentos legales que permitían ampliar el marco de participación de las Fuerzas del orden en la vida civil, olvidando que en todo sistema democrático las Fuerzas del Orden constituyen el aparato encargado de defender el estado de derecho y que en cumplimiento de su alta y noble misión las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional día a día daban su dolorosa cuota de vidas humanas sacrificadas en aras de la paz interna. Por otro lado, el que las Fuerzas del orden se subordinen al poder político, en absoluto significa que éstas estén politizándose, pues las Instituciones Militares enmarcan su acción dentro de normas reglamentarias claramente prefijadas y su accionar nada tiene que ver con la actividad político partidaria.

En tal sentido, fue muy claro el Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori cuando en su Manifiesto a la Nación del cinco de abril de mil novecientos noventidós, expresó que "A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del Gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan al saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron. Igualmente, hay grupos a quienes interesa que fracase la Estrategia de Pacificación porque no se atreven a tomar posición clara frente al terrorismo".

Frente pues a esta situación en la que estaba en inminente riesgo la institucionalidad del país, el cinco de abril de mil novecientos noventidós se constituyó con carácter de transitorio el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional bajo la Presidencia del Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, decisión que fue unánimemente respaldada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, los que apoyando la acción del Gobierno asumieron un compromiso con el país, a fin de que pudieran concretarse las medidas requeridas para asegurar la Pacificación Nacional, erradicar la corrupción y el narcotráfico, reorganizar el Poder Judicial, redimensionar el aparato estatal y hacer viable un modelo económico que, afianzando la inserción en el mundo financiero internacional, permitiese a su vez que las potencialidades económicas internas pudieran realizarse a plenitud, de tal forma que el reto del siglo venidero nos encontrase en capacidad de superar los históricos desajustes estructurales e injusticia que impidieron la construcción de una sociedad integrada, progresista, democrática y plena de oportunidades para todos los peruanos.

Vistos los sucesos desde la óptica actual, el tiempo y la realidad presentes nos dan la razón, manifestó, y confirman que la decisión adoptada el cinco de abril de mil novecientos noventidós por el Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori fue acertada, pues permitió la derrota estratégica del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el combate frontal contra el narcotráfico corruptor que en alianza criminal constituyeron factor permanente de perturbación de la Seguridad Nacional poniendo en peligro la viabilidad de Perú como Estado Nación, habiendo merecido el reconocimiento de la Comunidad Internacional

A todos los señores Oficiales Generales y Almirantes integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional aquí presentes, añadió, les consta que, siempre, en todas las circunstancias que han rodeado nuestra acción abnegada al servicio al país, supimos mantenernos al margen de aquello que no fuese el interés superior de la Patria. Nos hemos limitado, pues, a trabajar, en la certeza que con el aporte que brindábamos de alguna manera estábamos contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo.

Por ello, frente a las actitudes y acusaciones que en la hora presente se están formulando contra la decisión institucional que adoptaran las Fuerzas del Orden el cinco de abril de mil novecientos noventidós de apoyar al Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional y frente a los falaces argumentos que tratan de presentar la decisión de los altos mandos institucionales como si se hubiera dado al margen y sin interpretar el sentir general de nuestras respectivas Instituciones y, también, frente a la necesidad de mantener en alto el honor y el decoro institucional de las Fuerzas del Orden, que no debe ser mellado, consideramos que es absolutamente necesario dejar de manifiesto con la más transparente claridad que la posición adoptada el cinco de abril de mil novecientos noventidós fue la expresión del sentir institucional y la voluntad unánime de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y de los estamentos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, en todos los niveles y grados que conforman la jerarquía de dichas Instituciones.

Con relación al segundo asunto, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expresó que todas las Instituciones que de una u otra manera estuvieran vinculadas a la lucha contrasubversiva, debían sentirse orgullosas por su decisiva intervención en una guerra contra el enemigo interno que, durante diez años, hizo vivir al país la etapa más dolorosa y sangrienta de su historia republicana, tanto en lo que se refiere a la pérdida de vidas humanas, como a la destrucción de la infraestructura material de la Nación. El éxito obtenido en esta lucha contra el terrorismo homicida, acotó, no sólo ha significado el reconocimiento agradecido de todos los sectores de la población que ahora pueden vivir en paz y dedicarse al trabajo creador, sino que igualmente ha sido reconocido por todos los países integrantes de la Comunidad Internacional con una nueva Estrategia de Pacificación, eminentemente peruana, que fue diseñada por el señor Presidente de la República y que ha demostrado su capacidad para derrotar al terrorismo, en una guerra cruenta e irregular, pero respetando los Derechos Humanos, dentro de las leyes propias de un Estado democrático y con el menor costo social posible, y que tuvo su corolario con el rescate de los rehenes de la Residencia del Embajador del Japón en el Perú.

Pero, como los enemigos de las Fuerzas del Orden y los opositores al Gobierno, no pueden aceptar ni reconocer este éxito de trascendencia mundial y olvidan a todos aquellos uniformados y miembros de la Comunidad de Inteligencia que dieron sus vidas luchando por derrotar la acción criminal del terrorismo, no les queda otro recurso que calumniar, difamar, tergiversar, incriminar gratuitamente y pretender dañar la imagen de nuestras Instituciones, acusándolas de supuestas violaciones de los Derechos Humanos.

A este respecto, debemos mencionar que el 15 de junio de 1995 se expidió la Ley Nº 26479 cuyo Artículo Uno, a la letra dice: "Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuese su situación Militar, Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originarios con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la presente ley". Asimismo, el Artículo Seis de la mencionada ley señalaba textualmente: "Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación, pesquisa o sumario, quedando, todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente".

Adicionalmente, añadió, el 30 de junio de 1995 se promulgó la Ley Nº 26492, cuyo Artículo tercero textualmente dice: "Interprétase el Artículo 1 de la Ley Nº 26479, en el sentido de que la amnistía general que se concede es de obligatoria aplicación por los Organos Jurisdiccionales y alcanza a todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo cometidos en forma individual o en grupo desde el mes de mayo de 1980 hasta el 14 de junio de 1995, sin importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encuentre o no denunciado, investigado, sujeto a proceso penal o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución archivados definitivamente de conformidad con el Artículo 6 de la ley precitada".

No obstante la vigencia de estas leyes expedidas por un Poder del Estado que, conjuntamente con la Ley de Arrepentimiento (Decreto Ley Nº 25499) que benefició a miles de elementos pertenecientes a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, dictadas en aras de la concordia, la unidad nacional y la paz social, luego de una guerra interna que costó más de 25,000 muertos y miles de millones de soles en pérdidas materiales y en donde el Estado Peruano, gracias a la Estrategia de Pacificación Nacional y el rol fundamental desempeñado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional en la derrota estratégica del terrorismo, lo que hoy permite que el país viva un estado de tranquilidad y desarrollo pacífico, producto de la paz interna que vive la Nación; hay sin embargo quienes pretenden plantear denuncias y acusaciones, en forma individual y colectiva, contra miembros de nuestras Instituciones integrantes de las Fuerzas del Orden y del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo el falaz pretexto de supuestas violaciones de los Derechos Humanos; llegándose al extremo de pretender conformar unas autodenominadas "Comisiones de la Verdad" , cuyo único propósito, en fin de cuentas, es no sólo desprestigiar, sino desestabilizar, romper la unidad y ejercer actos de represalia contra personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, que participaron en la lucha contra la subversión.

Lo paradójico de todo esto es que el Estado Peruano resultó victorioso en esta lucha contra el terrorismo gracias a la decisión política del Gobierno y a la participación decidida y sacrificada de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, con un mínimo costo social, con el fortalecimiento de la democracia y con la correspondiente sanción al personal militar y policial que participó en actos aislados violatorios de los Derechos Humanos, que en modo alguno comprometen a nuestras Instituciones; a lo que se añaden las Leyes de Amnistía General que acabo de mencionar, las mismas que contienen el perpetuo olvido en aras de la fraternidad nacional.

Por ello, el pretender revivir situaciones fenecidas por mandato legal que tienen amparo constitucional, representa una actitud injusta, antipatriótica, sólo movida por la venganza y otros intereses protervos que debe merecer el rechazo más enérgico de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, por lo que nuestras Instituciones deben asumir plenamente y sin límite de tiempo, en el presente acto, el compromiso moral y bajo los dictados del honor militar, la obligación institucional de defender, respaldar y solidarizarse con cualquiera de sus integrantes, sea cual fuese su situación militar, policial o funcional, a los que se pretenda denunciar, en forma individual o colectiva y con el ilegal propósito de encausarlos judicialmente, o de ejercer cualquier otro tipo de venganza o represalia, las que son inadmisibles para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

Luego de lo expresado por el señor General de Ejército Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, éste abrió una instancia de intercambio de puntos de vista, antes de formalizar un Acuerdo Institucional que dejase sentada la posición de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y de los Estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, con relación a los temas materia de la convocatoria.

Los señores Oficiales Generales y Almirantes y miembros de los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, presentes en la reunión, expresaron sus distintas opiniones y puntos de vista con relación a lo expresado por el señor General de Ejército Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quedando de manifiesto la absoluta coincidencia y unanimidad de criterios, en el sentido que se hacía necesario adoptar un Acuerdo Institucional, en el que se dejase claramente señalado que la decisión adoptada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional el cinco de abril de mil novecientos noventidós de apoyar la decisión del señor Presidente de la República Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, representó la voluntad y sentir unánime de todos sus componentes y que, igualmente, asumían el compromiso de honor de respaldar y dar su apoyo al personal de las Fuerzas del Orden y Comunidad de Inteligencia sobre los que se pretendiese ejercer represalias o venganza, tomando como pretexto la supuesta violación de Derechos Humanos a raíz de la lucha contra el terrorismo, no obstante estar en plena vigencia las Leyes de Amnistía General.

En vista de lo expresado por los señores Oficiales Generales, Almirantes y miembros de los estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, y habiendo absoluta coincidencia de opiniones acerca de la necesidad de emitir un pronunciamiento, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero: Que la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el Gobierno del señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el cinco de abril de mil novecientos noventidós, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo institucional brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime de los miembros que conforman las FFAA, PNP y estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional.

Segundo: Que en tal decisión no primaron criterios individuales sino, más bien, las ideas y planteamientos que constituyeron la voluntad general de las corporaciones castrenses, Policía Nacional del Perú y estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional, los que luego de una toma de conciencia respecto de la situación que vivía el país y de los peligros que se cernían sobre la gobernabilidad de la Nación, consideraron correcto y necesario brindar su total respaldo a la decisión tomada por el Ejecutivo, correspondiendo a los Altos Mandos castrenses, canales naturales de representación de sus bases, exteriorizar y formalizar la voluntad general de sus propias corporaciones.

Tercero: Expresar que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, conjunta e institucionalmente, defenderán, protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo y la adhesión institucional que otorgaron a la decisión del cinco de abril de mil novecientos noventidós, en razón de tratarse de una decisión institucional que corresponde corporativamente a todos los hombres que integran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional. Por lo tanto, cualquier acción que en el futuro se pretendiera realizar en contra de un miembro de las Fuerzas del Orden y del Sistema de Inteligencia Nacional por el apoyo institucional al que se refiere la presente Acta, comportaría, por sí misma, una ofensa contra las Instituciones Tutelares, que obligará a los respectivos Comandos que se sucedan en el futuro, a la defensa irrestricta de dicho miembro, de manera institucional.

En tal sentido, el acatamiento del presente Acuerdo constituye un compromiso de honor, y como tal, una obligación con carácter imperativo, de cuyo cumplimiento ningún Mando podrá sustraerse.

A su vez, el incumplimiento del presente Acuerdo acarreará para el infractor no sólo el rechazo unánime de su Institución, sino también la sanción disciplinaria correspondiente y el sometimiento a una Corte de Honor por grave falta contra el honor y el decoro militar, sustentos éticos de la disciplina, pilar fundamental de toda institución castrense en la medida que constituye también el soporte material de los principios de unidad y continuidad que permitan la permanencia y el desarrollo estable de las Fuerzas del Orden en el tiempo.

Cuarto: Expresar el rechazo institucional a la actitud adoptada por algunos Oficiales en Situación de Retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que inmersos, ahora, dentro de la contienda política partidaria, están emitiendo juicios y opiniones interesados que encierran el claro propósito de individualizar supuestas responsabilidades con relación a los sucesos del cinco de abril de mil novecientos noventidós, demostrando con ello una conducta infraterna con sus camaradas de armas y una absoluta deslealtad con las instituciones que los cobijaron y, en su momento, fueran su razón de ser.

Quinto: Declarar que a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional les ha correspondido un papel de fundamental y decisiva importancia en la derrota estratégica de los grupos terroristas que, desde el año 1980, ensangrentaron el país, sumiéndolo en muerte y destrucción. Que esta participación es un motivo de patriótico orgullo y una demostración de eficiencia profesional, que ha sido reconocida por la sociedad peruana y por la Comunidad Internacional.

Sexto: Remarcar que, en tal sentido, el prestigio de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional, así como el de las personas que los integran, está muy por encima de las calumnias, tergiversaciones y versiones tendenciosas y distorsionadas que determinados elementos, conocidos por su animadversión a las Instituciones Tutelares, pretenden utilizar con el claro propósito de dañar la imagen de nuestras Instituciones.

Séptimo: Precisar que, si además del reconocimiento de la sociedad peruana y de la Comunidad Internacional al éxito de la Estrategia de Pacificación Nacional, aplicada a partir de julio de 1990 por el señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, con pleno y absoluto respeto a los Derechos Humanos, no fuese considerado suficiente por quienes pretenden dañar la imagen institucional; la Nación ha dictado Leyes de Amnistía General, que están en plena vigencia, por las cuales se deja establecido con absoluta claridad que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la Comunidad de Inteligencia que participaron en la lucha contra el terrorismo.

Octavo: Declarar que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y estamentos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, asumen el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con sus integrantes, ante la eventualidad y no obstante la plena vigencia de las Leyes de Amnistía General, de que se pretendiera responsabilizarlos, encausarlos o ejercer cualquier tipo de represalia por su intervención en la lucha contra el terrorismo. Este Acuerdo, al igual que el consignado en el Punto Tres, constituye un compromiso de honor y como tal, es una obligación con carácter imperativo de cuyo fiel y cabal cumplimiento ningún Mando podrá sustraerse, bajo las responsabilidades a que se refiere la parte infine del Tercer Acuerdo de la presente Acta.

Noveno: Acordar que los presentes Acuerdos sean consignados en el Libro de Actas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con la clasificación "Estrictamente Secreto", quedando, sin embargo, a criterio de los Altos Mandos la decisión de hacer pública la parte pertinente de los Acuerdos adoptados si las circunstancias y la coyuntura así lo ameritan, cualesquiera que sean los Gobiernos que se sucedan en el futuro, los que en el momento serán debidamente informados sobre los alcances de la presente Acta, por tratarse de una posición permanente de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

Finalmente, habiéndose adoptado los Acuerdos precedentes, el señor General de Ejército Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró conveniente que se diera lectura al "ACTA DE LA SESION ESPECIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA TRATAR EL CASO DE BARUCH IVCHER BRONSTEIN", de fecha 14 de enero de 1999, la misma que por la importancia de su contenido y de la decisión adoptada, frente a la peligrosidad del individuo Baruch Ivcher Bronstein, se determinó que sea incorporada como parte integrante de los Acuerdos adoptados en la presente Sesión.

En pronunciamiento público leído por el comandante general de la Fuerza Aerea y presidente del comando conjunto de las FF.AA, general del aire Pablo Carbone, los mandos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reconocen que la llamada acta de sujeción al gobierno anterior y al autogolpe del 5 de abril de 1992, promovida por el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos, fue redactada con antelación sin haber sido sometida a debate y que fue dispuesta en forma intimidatoria y cohercitiva.

Agrega que no se permitió ningún tipo de ponencia u observación, invocándose para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional. El documento continúa señalando que en las circunstancias en que se suscribieron dichos documentos y sin "ánimo alguno de exculpación los actuales comandantes generales consideran que son irritos, que no representan ningún compromiso de honor que vincule a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú individual o institucionalmente".

Asimismo, añade que los comandantes generales de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional se encuentran comprometidos en la ejecución de acciones que conllevan al sinceramiento de la situación que afecta a las mencionadas instituciones y en especial al proceso de moralización impulsado por el gobierno constitucional de transición.

"Consecuentes con los hechos señalados las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en solemne e inequívoco gesto de rectificación y sin perjuicio de cualesquiera responsabilidad declara":

b) Su firme determinación de seguir actuando con estricta sujeción a la Constitución y a las leyes de la República y su absoluta subordinación al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

c) Su compromiso de cumplir funciones dentro del marco de respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores morales y en consecuencia de combatir firme y permanentemente cualquier indicio de corrupción o inconducta en la vida constitucional que comprometa tales valores y principios. Por ello, respaldan las iniciativas destinadas a la formación e instalación de una Comisión de la Verdad, que permita la unión y reconciliación nacional fundada en la justicia y en una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevo a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional.

d) Su propósito de reivindicar valores y tradiciones de las fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú y de perfeccionar sus instituciones para contribuir más eficazmente a la defensa y el desarrollo nacional y al fortalecimiento del estado constitucional y de la democracia en el Perú.

Los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Ejército y el director general de la Policía Nacional del Perú recogiendo el sentir de sus instituciones ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general por todos los hechos que en el pasado reciente hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional.

Esperan asimismo, que la ciudadanía reconozca en este acto de franca e histórica rectificación un gesto indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia y cerrar así el camino a una era de genuina paz fundada en el culto de los valores éticos y democráticos y en la unión de las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú con el pueblo para la construcción de una sociedad auténticamente libre y justa.

Finalmente, los suscritos comandantes generales y director general de la Policía Nacional del Perú, consideramos pertinente poner nuestros cargos a disposición del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El comunicado es emitido a raíz de la difusión de los denominados vladi-videos, en los cuales altos mandos militares firmaron un acta de respaldo al golpe de 1992 y la Ley de Amnistía. Lima, 16 de abril de 2001.

Armando Santiestevan De la Flor, general de Policía, director general de la Policía Nacional. Carlos Alfonso Tafur Ganoza, general de Ejército, comandante general del Ejército. Víctor Ramos Ormeño, almirante comandante general de la Marina. Pablo Carbone Merino, general del Aire, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Comandante General de la Fuerza Aérea.

El Instituto de Defensa Legal apeló ayer la comparecencia otorgada a cinco integrantes del grupo paramilitar "Colina", por la jueza anticorrupción Victoria Sánchez Espinoza, por el asesinato de 15 personas y las lesiones graves ocasionadas a otras cuatro el 03 de noviembre de 1991 en una quinta ubicada en Barrios Altos.
Los abogados Robert Meza y Carlos Rivera recordaron que la semana pasada la jueza Sánchez abrió instrucción a los miembros del grupo Colina, dando comparecencia al coronel EP Federico Navarro Pérez, ex jefe de la DINTE.
Además a los suboficiales Juan Pampa Quilla, Fernando Lecca Quesquén, Shirley Rojas Castro y César Alvarado Castro.
Los abogados informaron que también apelaron los arrestos domiciliarios dispuestos contra el ex jefe del SIN general (r) Julio Salazar Monroe, y el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, quien se encuentra detenido en el Penal San Jorge, pero por el proceso que afronta por presunto delito de tráfico de drogas.
Lo cierto es que de las 20 personas a las que se les abrió instrucción sólo el general (r) Juan Rivera Lazo y los suboficiales Nelson Carbajal García y Gabriel Vera Navarrete se encuentran detenidos, comentaron los letrados.
Sostuvieron que a la fecha no sólo existen suficientes evidencias para probar la culpabilidad de los integrantes del grupo paramilitar Colina en la matanza de Barrios Altos, sino también de la participación en estos crímenes de Vladimiro Montesinos y de los altos jefes del Ejército.
Además, señalaron que por la naturaleza del delito que se investiga, que es homicidio calificado, el proceso debe realizarse con mandato de detención para todos los procesados.

El presidente de la República, Valentín Paniagua, aceptó la dimisión de los comandantes generales de las distintas armas que el día de ayer pusieron sus cargos a disposición, días después de hacerse público un 'vladivideo' donde distintos oficiales respaldan el golpe del 5 de abril de 1992.

"No se trata de una simple mudanza estética, sino de un cambio ético", dijo Paniagua en un mensaje a la nación. "Muy lejos de cualquier intento revanchista o subalterno, y en el deseo de no añadir un nuevo factor de perturbación en el proceso electoral" el presidente de la República aceptó la dimisión de los comandantes generales; sin embargo, dijo no haber perdido de vista los objetivos de su gobierno de transición. "Deseamos construir una democracia firme y duradera y un estado respetuoso del orden jurídico y de la libertad", añadió.

Manifestó que para lograr dichos objetivos se necesitan instituciones sólidas, "firmemente asentadas sobre valores y principios, y con hombres genuinamente comprometidos en su defensa".
Señaló que al aceptar las dimisiones presentadas y resolver la sucesión, se ha tenido en cuenta el grado de los firmantes del acta del 13 de marzo de 1999, y por ello se relevó a los comandantes generales de las distintas armas que tenían el rango de teniente general, vicealmirante o general de división.

"Consecuentemente, los cargos que han de ser objeto de relevo se asumirán por oficiales que no ostentaban esos grados y que hallándose ahora en funciones en el mismo instituto, siguen a los comandantes generales en antigüedad de acuerdo al escalafón respectivo. Se asegura así la continuidad en la política emprendida, se respeta la antigüedad y la jerarquía, y se garantiza la institucionalización que se viene realizando desde el inicio del gobierno de transición", dijo el presidente.

Pidió además que el país de a las FF.AA. y a la Policía Nacional la oportunidad de probar que "su patriotismo y devoción por el Perú" siempre están por encima y más allá cualquier "desfallecimiento o error". "Hay que crear –señaló– un clima que permita el desarrollo eficaz de la nueva institución militar y policial, y dejar a la justicia que cumpla sus responsabilidades con quienes se apartaron del deber". Al final del su mensaje se refirió a las pasadas elecciones del 8 de abril.

Dijo que el resultado electoral "contiene un mandato inequívoco: quien quiera gobernar debe dialogar y concertar". "El sufragio popular nos enfrenta a la difícil pero apasionante tarea de construir una democracia pluralista y de consenso, que es por lo demás la que corresponde a la compleja, diversa y desigual realidad del Perú".
Añadió que necesitamos una democracia gobernante, "que nace del pluralismo, que respete a las minorías y promueva la participación institucionalizada de los partidos y de todas las organizaciones de la sociedad civil".

Fuente: agenciaperu.com
18-04-01

Valentín Panigua

Al asumir el mando, anunciamos que iniciaríamos la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esa decisión presuponía una apropiada racionalización de recursos y efectivos militares, así como una necesaria e impostergable moralización que ahora está en plena marcha; y, por otro lado, aplicar una clara ruptura con el pasado y perseguir un esfuerzo de reinserción institucional en la vida democrática del país.

La política tenía un propósito claro y neto: reconstruir las instituciones militares por obra de sus propios miembros, bajo nuevos principios y objetivos. Esa transformación implicaba, primero que nada, la reconciliación franca y decidida con los principios éticos y políticos que fueron desconocidos en el pasado reciente.

Era preciso, luego, la creación de una nueva conciencia que inspirara una cultura de la libertad redefiniendo la estructura, organización, disciplina y funciones de las Fuerzas Armadas y sus relaciones con la civilidad. Se trataba entonces de un cambio sustantivo que, transformando el espíritu individual e institucional, abriera el camino a formas diferentes de ejercicio del poder de relación con la civilidad y en general con el Estado y las demás instituciones de la sociedad civil.

Por cierto que sabíamos entonces, como no ignoramos ahora, que no solucionaríamos nada cambiando unos hombres por otros, si no se sustituye la mentalidad que inspira su conducta. De allí la necesidad de la ruptura con el pasado.
La reinstitucionalización sugerida también que es una clara y explícita definición frente al pasado reciente de viejos y arraigados prejuicios y conceptos.

El lunes 16 de abril, las fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en gesto que las enaltece y que con toda justicia han denominado de rectificación histórica, condenaron el golpe del 5 de abril de 1992 del régimen autocrático de Fujimori y Montesinos en todas sus manifestaciones y el acta del 13 de marzo de 1999 que el país conoce. Además, aludieron explícitamente los principios con arreglos de los cuales debe desenvolverse su vida institucional para convertirse en instrumento del desarrollo personal sin dejar de garantizar la defensa la integridad y la soberanía de la República. Ese paso trascendental abre un camino auspicioso que la historia recordará y que nosotros no podemos ni debemos ignorar.

Los Comandantes Generales de las distintas armas han añadido a su gesto cívico de rectificación un elemento de desprendimiento personal. Han puesto a disposición del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los cargos que venían ejerciendo con eficiencia, dignidad y lealtad, que no puedo menos que destacar.

Yo agradezco su cooperación sincera y la consagración con la que cumplieron y ejecutaron la difícil responsabilidad de iniciar la liquidación de una etapa y abrir otra en la vida institucional de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional.
Lejos de cualquier intento revanchista o subalterno, y en el deseo de no añadir un nuevo factor de perturbación en el proceso electoral hemos decidido aceptar su dimisión. Sin embargo, no hemos perdido de vista los objetivos.

Deseamos construir una democracia firme y duradera y un estado respetuoso del orden jurídico y de la libertad. Para ello necesitamos instituciones sólidas firmemente asentadas sobre valores y principios y con hombres genuinamente comprometidos en su defensa. No se trata de una simple mudanza estética sin algún cambio ético de claros compromisos de honor personales institucionales con los valores y principios democráticos que por lo demás deben vincular igual a civiles y a militares.

Por eso, al aceptar las dimisiones presentadas y resolver la sucesión, hemos tenido en cuenta el grado de los firmantes del acta del 13 de marzo de 1999 y por ello hemos relevado a los Comandantes Generales de las distintas armas que tenían el rango de teniente General, Vicealmirante o General de División.

Consecuentemente, los cargos que han de ser objeto de relevo se asumirán por oficiales que no ostentaban esos grados y que hallándose ahora en funciones en el mismo instituto siguen a los Comandantes Generales en antigüedad respecto del escalafón respectivo. Se asegura así la continuidad en la política emprendida.
Se respeta la antigüedad en la jerarquía, se garantiza la institucionalización que se vienen realizando desde el inicio del Gobierno de transición.

El proceso iniciado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe ser valorado y apreciado. No se trata sólo de reivindicar su pasado histórico. Es preciso que el país vea a las Fuerzas armadas y a la Policía Nacional la oportunidad de probar que su patriotismo y su devoción por el Perú siempre están por encima y más allá de cualquier fallecimiento o error.

Se trata, pues, de un clima que permita el desarrollo eficaz de la nueva institución militar y policial y dejar a la justicia que cumpla sus responsabilidades con quienes se apartaron del deber. Estoy convencido que el país, en general, anhela como las propias Fuerzas Armadas y Policiales la paz y la reconciliación y que todos estamos dispuestos a esforzarnos en aquel empeño y también en la construcción de una sociedad más libre y justa.

Ahora, permítanme una reflexión en torno del proceso electoral. El resultado electoral del 8 de abril tiene un mandato inequívoco, quien quiera gobernar debe dialogar y concertar. El sufragio popular nos enfrentar la difícil pero apasionante tarea de construir una democracia pluralista y de consenso, que es por lo demás la que corresponde la compleja, diversa y desigual realidad del Perú.

Vivimos una etapa signada por el cambio, el Perú debe superar con justicia y verdad el pasado de autocracia y corrupción. Y abrir el camino a un proyecto sugestivo de vida en común en el que todos debemos tener un lugar y una tarea que cumplir. expresión por ese esfuerzo por la unidad y reconciliación nacionales será en su momento la instalación de la comisión de la verdad y es que el Estado necesita reconciliarse con la sociedad lo mismo que los peruanos entre sí.

El gobierno que nazca el 28 de julio próximo tiene que relegitimarse día con día con el pueblo. El Perú a su turno necesita proyectar una imagen interna e internacional de coherencia y firmeza que de confianza a agentes económicos y certidumbre a los actores sociales.

El Perú requiere, en pocas palabras, un acuerdo nacional para la democracia y el desarrollo. Esa decisión resulta en estas circunstancias absolutamente necesarias. Es preciso asegurarle al pueblo una democracia efectiva y sobre todo eficiente. Nada de eso es posible con una democracia gobernada. Es decir, hipotecada a la mayorías temporales ensoberbecidas por el poder y que enfrentan el destino del país a su arbitrio y capricho. Necesitamos una democracia gobernante que nace del pluralismo que respeta a las minorías a las minorías y promueve la participación institucionalizada de los partidos y de todas las organizaciones de la sociedad civil.

Ese requerimiento es particularmente imperativo ahí como el Perú, donde imperan profundas diferencias económicas sociales y políticas y culturales y se exige que todos sean escuchados. Que además estén presentes en la agenda del Estado y del Gobierno. Sin más autoridad que la de su profundo amor y devoción por el Perú y por su pueblo.

El Gobierno de Transición se permite a convocar a todas las fuerzas sociales políticas y económicas para que estudien la posibilidad de constituir en un plazo corto de tiempo una mesa de diálogo en la búsqueda de un acuerdo nacional para la democracia y el desarrollo. Que conducida por ilustre peruano como es Javier Pérez de Cuellar, permita concertar políticas de estado y medidas de política que garanticen la gobernabilidad y el éxito de la administración que se inicia el próximo 28 de julio.

Corresponde a los partidos a las instituciones de la sociedad civil, empresarios del sector económico, estudiantes de las universidades, definir la agenda y ,os procedimientos necesarios para ello. Si fuimos capaces de concertar en las más adversas circunstancias, gracias al esfuerzo de un genuino luchador por la democracia y de la justicia como fue Gustavo Mohme Llona y fuimos capaces de trabajar en la mesa de diálogo propiciada por la OEA.

Si por consenso y gracias al generoso desprendimiento del ciudadanos de todos los sectores del congreso nació el Gobierno de Transición que presido, por qué no podemos hacerlo ahora que todos sin excepción sentimos el reclamo del futuro y el ansia de justicia paz y reconciliación nacional.

El gobierno no duda que esta iniciativa hallará eco generoso en todos los sectores de la sociedad. Está convencido que así prestaremos al país invalorable servicio a su desarrollo y consolidaremos la transición democrática.
Estoy seguro que los peruanos podemos mirar con fe y optimismo el futuro, por eso hoy mismo el mundo debe saber que hay aquí una vieja nación y un pueblo orgulloso de sus tradiciones que está vivo y que enfrenta con coraje e ilusión su destino y que está dispuesto a lograrlo. Buenas noches

Tokio.- ¿Quién está detrás de Alberto Fujimori en su autoexilio en Japón? ¿Quién lo apoya económicamente en un país que tiene el nivel de vida más alto de todo el mundo, suponiendo que sea verdad lo que el ex mandatario afirma acerca de que no ha recibido más dinero que su salario presidencial? ¿Quién lo respalda moralmente y le da la seguridad de que, gracias a su nueva nacionalidad, no será enviado de regreso al país que gobernó como peruano durante una década, así se le comprueben crímenes de lesa humanidad? ¿Quién firmó su nacionalidad japonesa en sólo 32 días, cuando éste es un trámite que generalmente demora una decena de meses? ¿Qué bondadoso, desinteresado y rico benefactor lo acoge en el exclusivo departamento que ocupa en Tokio, en el lujoso barrio de Akasaka, y cuya renta mensual mínima es de 8.500 dólares?

Demasiadas preguntas que parecen tener una sola respuesta: la derecha nipona. En un país como Japón -donde los corrillos y secreteos políticos son la esencia misma de esa política, donde el comentario suple muchas veces la información oficial, donde es de locos esperar que alguien salga al frente para reivindicar la defensa de tal o cual tema o persona, o donde las noticias, primicias y destapes periodísticos provienen en muchos casos de comunicados o fuentes oficiales que los suministran tarde y con cuentagotas- es casi imposible saber de forma certera u oficial quién se encuentra detrás del autoexilio de Alberto Fujimori. Sin embargo, son esos mismos secreteos y comentarios políticos, bastante confiables y certeros en la generalidad de los casos, los que señalan que existe una vinculación directa entre Fujimori y Shintaro Ishihara, un nacionalista radical que ocupa la Prefectura de Tokio desde hace dos años. Esta presunción, que a simple vista no pasa de ser un dato, se ve respaldada sin embargo por un hecho real y comprobado. El resto es sólo cosa de saber sumar, restar e interpretar la historia reciente de las relaciones que han mantenido Japón y el Perú.

Cuando a principios de marzo Fujimori abandonó la residencia de la escritora Ayako Sono, ubicada en el barrio de Denen Chofu, fue él mismo quien les proporcionó a determinados medios de prensa un número de fax en el que hasta la fecha se le puede hacer llegar por escrito solicitudes de entrevistas y preguntas que él responde por el mismo medio. El número resultó pertenecer a la oficina particular de Shintaro Ishihara, situada en el distrito de Minato Ku, uno de los más caros de Tokio. Sobre este tema, la revista semanal nipona "Shukan Asahi" publicó un artículo en su edición del 23 de marzo donde señala que uno de sus reporteros incluso pudo conversar en la mencionada oficina con Víctor Aritomi, ex embajador peruano y cuñado de Fujimori. Según dicha publicación, Aritomi habría aceptado, ante las preguntas del hombre de prensa, que estaban (él y Fujimori, del cual se convirtió en mano derecha apenas pisó Japón el 17 de noviembre del año pasado) instalados en la oficina de Ishihara desde enero pasado. Versión que fue corroborada por la secretaria del prefecto, quien a la vez aclaró que el nexo entre el ex mandatario e Ishihara había sido Ayako Sono, amiga personal de este último.

Por su parte, hace un par de semanas el político nipón aceptó públicamente haber visitado a Fujimori en febrero, sin revelar el motivo o tema de la conversación sostenida. Visita a la que no lo obliga el protocolo de su investidura como gobernador y que, obviamente, realizó como una decisión personal. Al ser consultados sobre la reunión de ambos personajes, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron desconocer el hecho. Algo raro si se toma en cuenta que, hasta la fecha, Fujimori goza de custodia policial, que si bien no la ordena directamente la Cancillería, al menos sí la coordina, y que los desplazamientos de Ishihara son escoltados por carros oficiales o unidades policiales, con lo cual es difícil que pasen inadvertidos.

Según los analistas, la simpatía que inspira Fujimori en Ishihara, un nacionalista a ultranza que entre otras cosas reivindica el derecho de Japón de tener su ejército propio, estaría basada en la solución que, a sangre y fuego, le dio el entonces mandatario a la llamada crisis de los rehenes. "Ambos -Fujimori e Ishihara- son políticos parecidos. Los dos han demostrado un liderazgo que rompe las cosas establecidas y que pretende una reforma", opina Shigeo Osonoi, profesor de la Universidad de Nanzan y autor del libro "El Perú moderno y el gobierno de Fujimori". "Fujimori frenó el terrorismo. Es natural que Ishihara sienta simpatía por él", complementa el catedrático.

Por otro lado, no son pocas las versiones que afirman que Fujimori acaba de abrir una oficina en el mismo edificio donde se ubica la de Ishihara. La función principal que desempeñaría en ella sería la publicación de su tan anunciado libro de memorias. La obra -que lo ayuda a escribir Carlos Orellana, el asesor de prensa que lo acompañó durante casi todo el tiempo que permaneció en Palacio- estaría pronto en el mercado local por cuenta de Chuo Koron, la editorial más antigua e importante del país, según refiere Masakuni Ota, editor jefe de Gendai Kikakushitsu Publishers, editorial que también publica obras en castellano. "En todas partes se comenta que Chuo Koron publicará el libro de Fujimori. No sé si hay un contrato firmado, pero sí un acuerdo de palabra. Y en Japón esas cosas se respetan", explica Ota.

Chuo Koron es desde hace dos años propiedad del consorcio Yomiuri, de tendencia derechista. Fue justamente en el "Yomiuri Shimbun", el diario de mayor tiraje en Japón con 14 millones de copias al día, donde Fujimori publicó a finales de diciembre del año pasado una serie de cuatro artículos en los que toca de forma superficial varios temas relacionados con el Perú, entre ellos los motivos por los que abandonó el país y la Presidencia. El ex mandatario habría recibido un promedio de 150.000 yenes (1.200 dólares estadounidenses) por cada uno de estos artículos, mientras que por sus memorias Chuo Koron le pagaría como mínimo el 10% del precio de venta al público. Según el mismo Ota, un libro como el de Fujimori puede alcanzar un precio de 2.500 yenes en el mercado (20 dólares), con un tiraje de 20.000 ejemplares en la primera edición, algo normal para una editorial de esa envergadura. Xenófobo y militarista - Shintaro Ishihara (68) fue elegido prefecto de Tokio el 11 de abril de 1999 por abrumadora mayoría. - Antes de asumir el segundo puesto político más importante en el ámbito de gobierno (después del de primer ministro), Ishihara se desempeñó como senador (1968) y titular de la cartera de Transportes (1976). En ese entonces militaba en las filas del Partido Liberal Democrático (PLD), agrupación que gobierna el Japón desde hace varias décadas. Sin embargo, Ishihara postuló a la Prefectura de Tokio como político independiente. El actual gobernador de Tokio es conocido también como escritor. En este rubro ha publicado el libro "El Japón que puede decir que no" y en 1965 ganó el Premio Akutagawa de Novela, uno de los más renombrados que se entregan en el archipiélago. - Conocido como un derechista radical y un nacionalista a ultranza, Ishihara ha causado polémica desde que asumió el cargo. Tanto por sus declaraciones xenófobas contra los extranjeros -recomendó a las autoridades que, en caso de un desastre natural de gran envergadura, se pusiera especial cuidado en reprimir los actos vandálicos que de seguro cometerían los extranjeros-como por su intención manifiesta de reducir la dependencia defensiva de Japón con Estados Unidos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón sólo está autorizado a mantener un reducido ejército. Sin embargo, Ishihara aboga por comprar armas y convertir esta fuerza en un verdadero ejército. Ishihara también ha causado irritación en los gobiernos de China y Corea por considerar que Japón hizo bien cuando colonizó estas naciones a principios del siglo XX. Cuenta con ayuda de Ryutaro Hashimoto Tokio. El gobernador Ishihara no es el personaje de tendencia derechista más prominente que apoya a Fujimori. "No es un secreto la gratitud que Ryutaro Hashimoto, quien ahora es ministro de Reforma Administrativa y Asuntos Territoriales, le guarda a Fujimori". "Cuando sucedió la crisis de los rehenes, él era primer ministro de Japón. Y la forma en que actuó Fujimori para liberar a los rehenes le quitó un dolor de cabeza", opina Hiroaki Hidaka, experimentado periodista de la agencia nipona de noticias Kyodo, especialista en temas sobre América Latina.

En la actualidad, Hashimoto, quien debió renunciar como primer ministro en 1998, es amplio favorito para ocupar la presidencia del PLD. De obtener el puesto, que se definirá el 24 de abril, el político de 63 años asumiría prácticamente de forma automática el cargo de primer ministro, dada la mayoría que posee la coalición que lidera el PLD en la poderosa Cámara Baja del Parlamento. Hashimoto reemplazaría a Yoshiro Mori en la conducción del país, con lo cual Fujimori tendría detrás de sí los dos puestos políticos más importantes de Japón: el primer ministro y el gobernador de Tokio. "Otro personaje que respalda moralmente a Fujimori por el mismo tema (la crisis de los rehenes) es Masahiko Komura, actual ministro de Justicia, quien durante el episodio en Lima era vicecanciller. Komura fue el encargado de viajar a Lima representando al Gobierno Japonés. "También fue a Cuba cuando se planteó la posibilidad de que los emerretistas se fueran allá", recuerda Hidaka. Coincidentemente, cuando un individuo comienza a gestionar su nacionalidad japonesa, es el ministro de Justicia en persona quien firma la orden para que ésta se le otorgue o deniegue.

Finalmente Hidaka añade: "El tema (de Alberto Fujimori) es tan feo que (el Gobierno y los políticos de derecha) no quieren que se vea el apoyo que le están dando (a Alberto Fujimori)". "Es una constante desde que pisó tierra japonesa. Algo de lo que seguro nos enteraremos (oficialmente) cuando haya pasado todo esto", dice.

Fuente : Diario EL COMERCIO
19-04-01

Tokio.- El gobernador Ishihara no es el personaje de tendencia derechista más prominente que apoya a Fujimori.
"No es un secreto la gratitud que Ryutaro Hashimoto, quien ahora es ministro de Reforma Administrativa y Asuntos Territoriales, le guarda a Fujimori".
"Cuando sucedió la crisis de los rehenes, él era primer ministro de Japón. Y la forma en que actuó Fujimori para liberar a los rehenes le quitó un dolor de cabeza", opina Hiroaki Hidaka, experimentado periodista de la agencia nipona de noticias Kyodo, especialista en temas sobre América Latina.
En la actualidad, Hashimoto, quien debió renunciar como primer ministro en 1998, es amplio favorito para ocupar la presidencia del PLD.
De obtener el puesto, que se definirá el 24 de abril, el político de 63 años asumiría prácticamente de forma automática el cargo de primer ministro, dada la mayoría que posee la coalición que lidera el PLD en la poderosa Cámara Baja del Parlamento.
Hashimoto reemplazaría a Yoshiro Mori en la conducción del país, con lo cual Fujimori tendría detrás de sí los dos puestos políticos más importantes de Japón: el primer ministro y el gobernador de Tokio.
"Otro personaje que respalda moralmente a Fujimori por el mismo tema (la crisis de los rehenes) es Masahiko Komura, actual ministro de Justicia, quien durante el episodio en Lima era vicecanciller. Komura fue el encargado de viajar a Lima representando al Gobierno Japonés.
"También fue a Cuba cuando se planteó la posibilidad de que los emerretistas se fueran allá", recuerda Hidaka.
Coincidentemente, cuando un individuo comienza a gestionar su nacionalidad japonesa, es el ministro de Justicia en persona quien firma la orden para que ésta se le otorgue o deniegue.
Finalmente Hidaka añade: "El tema (de Alberto Fujimori) es tan feo que (el Gobierno y los políticos de derecha) no quieren que se vea el apoyo que le están dando (a Alberto Fujimori)".
"Es una constante desde que pisó tierra japonesa. Algo de lo que seguro nos enteraremos (oficialmente) cuando haya pasado todo esto", dice.

La serenidad del Presidente Paniagua y el sentido autocrítico de altos mandos castrenses permitió capear una crisis militar y abrir nuevos horizontes para los institutos armados y para el país.

En breves declaraciones, Tafur anunció el lunes que había puesto su cargo a disposición del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y que continuaría con sus planes programados. Pero después de la ceremonia en el Cuartel General, decidió no viajar a Arequipa. Parecía presentir lo que se venía.
Tafur había convocado para el lunes a todos los generales de división al Cuartel General. A mediodía se dirigieron a la Escuela Superior de Guerra, donde desvelaron la placa que correspondía a Tafur y que fue colocada junto a la de los anteriores comandantes generales.

Luego almorzaron. De tres a seis de la tarde se reunieron para evaluar el vídeo sobre el acta de sujeción militar que había sido intensamente difundido el cinco de abril, tres días antes de las elecciones.
Según fuentes militares, el comandante general indicó a sus camaradas de armas la decisión que había tomado de poner su cargo a disposición del Presidente Paniagua. Les recordó que eran testigos de las luchas internas contra el montesinismo enquistado en el Ejército y que les cerraba el paso a las posiciones clave.

Evocó lo ocurrido el sábado 13 de marzo de 1999, cuando acudieron al auditorio de la Fuerza Aérea en Las Palmas, y fueron sorprendidos y conducidos a firmar el acta de sujeción al régimen de Fujimori, y a sus desmanes autoritarios.
El general de división Rigoberto Villena, actual Jefe de la Primera Región Militar con sede en Piura, precisó que ese día él, en señal de protesta, firmó con una rúbrica distinta a la que usa y no colocó su sello. Esto fue detectado por los montesinistas, lo cual le valió su pase al retiro.

Tafur indicó en esa cita del lunes que desconocía cuál sería la decisión del Presidente Paniagua sobre su permanencia en la comandancia; pero llamó a continuar en la lucha por la institucionalización del Ejército, fuere cual fuere la decisión de Paniagua. Propuso asimismo redactar dos comunicados: uno de carácter interno, dirigido a la oficialidad y explicatorio de lo sucedido, y otro destinado a la opinión pública, para señalar que luego de la reunión del Consejo de Altos Oficiales se había acordado retirar del escalafón militar y despojar de todos los títulos y condecoraciones a los oficiales involucrados con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, aparte de retirar a éste las condecoraciones del Ejército.

Los comunicados se quedaron en el tintero. El martes 17 por la mañana, a doce días de haberse divulgado el vladivideo de la sujeción castrense, el Presidente Paniagua tomó la decisión de aceptar la renuncia de los comandantes generales. La crisis militar, que algunos quisieron agravar, no se sabe con qué intención, tocaba a su fin.
La enérgica decisión del Presidente y su bien razonado mensaje del martes no sólo resolvieron un malestar, sino que abrieron prometedoras perspectivas para los institutos militares y para la sociedad en su conjunto.

Hay que recordar que el viernes 6, los comandantes generales del Ejército, La Marina y la FAP se habían reunido en el Comando Conjunto para elaborar un comunicado. Horas antes se había difundido el vídeo de la sujeción, y las papas quemaban. Pero el texto quedó en nada, porque el general Ledesma comunicó a los comandantes que el Consejo de Ministros les había dado su respaldo. Lo cierto es que en ese momento no se quería empañar las elecciones del 8.

Paniagua tenía en ese momento la idea de dirigir un mensaje a la nación sobre el problema militar. La grabación de Paniagua se iba a transmitir el miércoles 11. Pero, luego de una conversación con Ledesma, el Jefe del Estado decidió dejar que transcurriera la Semana Santa antes de afrontar el problema.

Paniagua, hombre de derecho, decidió alcanzar un esclarecimiento a fondo. Se reunió primero con la Fiscal de la Nación. Quería saber cómo realmente pasó el vídeo de los militares al Congreso y por qué allí se procedió a difundirlo de inmediato. Para esto deseaba confirmar que la primera exhibición de ese filme había ocurrido el 23 de febrero en la oficina del juez Saúl Peña.
Sin duda con el mismo fin, Paniagua se reunió el lunes 16 por la tarde con Carlos Ferrero, presidente del Congreso; el segundo vicepresidente de éste, Henry Pease; y el tercer vicepresidente, Manuel Masías.

En ese momento, había en el sector militar quienes proponían que los comandantes generales fueran dejados en sus puestos a fin de que el nuevo gobierno eligiera en julio a los futuros jefes.
Otra propuesta era la de Carlos Ferrero: descabezar a los institutos armados y pasar al retiro a todos los que habían firmado el acta impuesta, mediante coacción, por Montesinos y su argolla.
El lunes 16 fue también convocado a Palacio el general PNP (r) Antonio Vidal Herrera, ministro del Interior. Trascendió que el cambio en la Policía no se iba a realizar todavía. El director general de la PNP, general Armando Santisteban de la Flor, había asumido el cargo sólo el 23 de marzo último. Tiene, pues apenas 27 días de Director.

El lunes último, hacia las 10 de la mañana, los comandantes generales dieron a conocer un comunicado que despejó los nubarrones que se habían acumulado en el área militar y entre ésta y la sociedad de los civiles. Fue oportuno y sagaz.
La concisión del texto fue lograda luego de que se eliminaron seis borradores sucesivos, redactados por los jefes militares y sus respectivos asesores. Habían trabajado en ello desde el sábado 14.
En síntesis, el comunicado condenaba el acta suscrita el 13 de marzo de 1999 que respaldaba el golpe del 5 de abril de 1992, así como la amnistía para militares y policías y la impunidad para quienes cometieran abusos en el curso de la lucha antisubversiva.

El texto marcaba a fuego "Grave proceso de cooptación, sujeción y corrupción que alcanzo no sólo a las FF.AA. sino a todos los poderes constitucionales e incluso a empresarios y otros sectores de la sociedad civil".
Indicaba el texto las circunstancias de sorpresa y de ausencia de debate con que se suscribió el documento de 1999, por lo cual consideraban írritos tales documentos, los cuales no podían ser respetados ni por los comandantes generales ni por sus instituciones.

Luego de recordar la conducta intachable de las FF.AA. y la PNP en las elecciones recientes, "evidenciando", expresaba, "los esfuerzos realizados por la recuperación institucional en armonía con los nobles ejemplos de Bolognesi, Grau, Quiñones y Mariano Santos".
Tras renovar su decisión de seguir actuando en estricto acatamiento a la Constitución y las leyes, y reafirmar su absoluta subordinación al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los Comandantes "ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional".
Al final, ponían sus cargos a disposición del Presidente Paniagua.
El documento abría así las puertas para una salida airosa.

UN MARTES DECISIVO

El Mensaje del Presidente Paniagua estuvo precedido de varios preludios y algún suspenso. Primero fue Alan García, el candidato presidencial del Apra, quien el lunes explicó, en conferencia de prensa, que era partidario de que el Presidente aceptara la renuncia de los comandantes generales; pero que respaldaría la decisión de Paniagua, cualquiera que fuese. Alejandro Toledo expresó lo mismo, al día siguiente, apenas retornado de su viaje de descanso a República Dominicana.
El martes mismo, la alocución fue anunciada primero para las ocho de la noche, después para las nueve. Al final, se transmitió a las diez. Pero estaba lista desde las seis de la tarde.

El preludio mayor fue la aceptación de la renuncia de los tres comandantes generales. Cerca del mediodía del martes, se convocó a Palacio al Presidente del Comando Conjunto y Comandante General de la FAP, Pablo Carbone Medina, para expresarle tal aceptación. Luego se citó al comandante general de la Marina, Almirante Víctor Ramos, a quien también se agradecieron los servicios prestados.
Posteriormente, Paniagua se reunió con el general Tafur, a quien comunicó la decisión.
En su discurso de la noche, Paniagua se encargó de elogiar el desprendimiento de estos jefes que pusieron a disposición el cargo que venían desempeñando "con eficiencia, dignidad y lealtad".
Resaltó asimismo el documento que los comandantes generales habían difundido el lunes y que, "con toda justicia, han denominado de rectificación histórica".

El Presidente fue más allá de la coyuntura, al sentar las bases de una reforma militar que signifique la reinserción de los institutos castrenses en la vida democrática del país y "una reconciliación franca con los principios éticos y políticos que fueron desconocidos en el pasado reciente".

Asimismo aludió el Presidente a la necesidad de una Comisión de la Verdad. A este respecto, en el documento difundido el lunes por los comandantes generales se dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional "respaldan las iniciativas destinadas a la formación e institución de una comisión de la verdad que permita la unión y reconciliación, fundada en la justicia y una equitativa y objetiva apreciación de los hechos y circunstancias en que se llevó a cabo el esfuerzo por la pacificación nacional".

Ha trascendido que el Presidente Paniagua se propone anunciar en estos días la creación de la Comisión de la Verdad. Sus miembros serían designados treinta días después. La idea es que el gobierno que se instale el 28 de julio reciba una idea en marcha, una realidad que se implanta por la voluntad concordante de civiles y militares.

MESA DE DIALOGO

Próximamente el Banco Mundial presentará al Ejecutivo el resultado de una investigación medular sobre la percepción de la sociedad peruana sobre la corrupción en el país. El documento servirá de base al grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción nombrada la semana pasada. Se trata de un equipo multidisciplinario presidido por monseñor Miguel Irízar e integrado por Antonio Blanco Blasco, Cecilia Blondet (Transparencia), Carlos Castro (Adex), Pablo Checa (sindicalista), Margarita Giesecke (historiadora), Baldo Kresalja (empresario y abogado), Humberto Lay Sun, Alvaro Rey de Castro (psicoanalista), Mónica Sánchez (actriz) y Jorge Santistevan de Noriega (ex Defensor del Pueblo). Su misión: identificar los puntos neurálgicos de la corrupción, establecer los lineamientos de una estrategia de largo aliento contra el flagelo y promover un amplio debate nacional. El ministro de Justicia, Diego García Sayán, explica a CARETAS las imperativas razones que obligaron a su creación.

DIEGO GARCÍA SAYÁN
Creador del Grupo de Trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción

EL grupo de trabajo de Iniciativa Nacional Anticorrupción lo preside un religioso y lo integran un empresario, dos abogados, un dirigente sindical, una historiadora, un psicoanalista y hasta una actriz. ¿Una convocatoria poco convencional para una cruzada anticorrupción?

-El de Fujimori no fue simplemente un gobierno con corruptos, sino fue una mafia que se adueñó del Estado y del gobierno. ¿Cómo este enorme aparato de corrupción se generó en el Perú? Sin duda, la mafia se apoderó de las instituciones peruanas con la tolerancia e injerencia de una buena parte de la sociedad peruana.

-¿Y de qué manera un grupo con once personalidades puede contribuir a desmontar la estructura de corrupción?

-La pregunta histórica, filosófica y política es: ¿Cómo hacer para que no se repita algo parecido? Se trata, por lo tanto, de identificar las condiciones objetivas que existían en nuestra institucionalidad y la conducta de la ciudadanía que toleraron que esta situación se produjera y avanzara. Existen cuestiones éticas e institucionales que deben ser identificadas para poder ser encaradas y combatir con éxito el fenómeno de la corrupción.

-Una de las principales limitantes en la Iniciativa Nacional Anticorrupción es que su mandato concluye con el gobierno de Paniagua este 28 de julio.

-Es indispensable avanzar en los lineamientos de un plan nacional contra la corrupción. No es un plan de gobierno transitorio, lo cual excedería ampliamente su mandato, sino elaborar lineamientos que puedan ser asumidos por el Estado y la sociedad peruana y que configure un marco a partir del cual se puedan establecer metas concretas y escoger herramientas eficaces que permitan prevenir fenómenos de corrupción en distintos ámbitos de la vida social. Este proyecto global será entregado a las autoridades que asuman la conducción del país el próximo 28 de julio. Es por ello que se decidió crear el grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción integrado por personas destacadas de la sociedad presididas por alguien de la enorme calidad moral , personal e intelectual como es Monseñor Irízar con el propósito de avanzar en el Plan.

La lucha contra la corrupción que está impulsando el gobierno de transición es integral y la está enfrentando a través de muy diversas y trascendentes acciones. Este Grupo avanzará sobre la base de aquello que sus miembros tengan que aportar por su capacidad moral, intelectual y profesional, a partir de un diagnóstico que le hemos pedido al Banco Mundial sobre la percepción de la corrupción en el Perú de hoy el cual se está elaborando con el apoyo de técnicos peruanos y que debe ser entregado en los próximos días. El plan incluye, también, un amplio debate nacional que se realizará con sectores intelectuales, profesionales y en distintos lugares del país. En mayo se realizarán foros fuera de Lima para llevar algunas de estas propuestas.

-¿Cuáles son específicamente las metas del Grupo?

-La concepción integral del fenómeno de la corrupción determina que en su análisis y propuestas se incluyan aspectos éticos y los grandes objetivos de la lucha contra la corrupción, además de pasos concretos que tengan que ver con la organización del Estado, con la regulación de los contratos de adquisiciones de obras y de servicios por parte del Estado, con la política educativa, la difusión de valores y con el fortalecimiento de los mecanismos de control que existen en el Estado (la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y los mecanismos específicos que pudieran existir al interior de cada sector).

-¿Cuál es la responsabilidad y las tareas que le competen a la sociedad civil en esta cruzada?

-Depende de muchos factores, incluido el papel que juegue la prensa al respecto. Hay quienes piensan que los peruanos a veces tenemos la memoria corta. Por eso creo que hay que crear esta especie de tenaza que pueda constituir una sociedad civil más vigilante y activa y una institucionalidad democrática fortalecida y perfeccionada. Yo creo que así como hay momentos en la historia en que se impone el autoritarismo que va oscureciendo todo el panorama, en un proceso de apertura democrática ocurre una inercia exactamente contraria donde existe la tendencia que quienes se sentían marginados y silenciados quieran asumir un papel protagónico. Un proceso de transición a la democracia no es un proceso que puede durar ocho meses sino que tiene que ser una tarea que el nuevo gobierno deberá asumir como una responsabilidad central. La transición a la democracia no termina el 28 de julio del 2001 y, en ese sentido, junto con numerosas otras tareas, debe continuarse fortaleciendo el combate contra la corrupción.

-¿Existen experiencias parecidas en el extranjero?

-Ha existido una sucesión de estas llamadas comisiones nacionales contra la corrupción de naturaleza multisectorial dotadas de muchas buenas intenciones, pero que en algunas ocasiones no han alcanzado los fines que se propusieron.

-¿Qué es lo que le hace pensar que aquí no se correrá la misma suerte?

-Creo que en la media en que se involucra a la sociedad civil y a los principales actores políticos las posibilidades de éxito son mayores.

-La iniciativa parece a su vez querer rescatar ese germen de revuelta popular, creativa y pacífica que caracterizó la protesta contra el gobierno de Fujimori.

-Exactamente. Involucra, por ejemplo, a personas como Mónica Sánchez no tanto por sus condiciones de jurista sino por su involucramiento en el proceso y su capacidad de convocatoria. Hoy necesitamos que esa potencialidad que condujo al fin de Fujimori y Montesinos, se traduzca en acciones en positivo. No debemos dormirnos en nuestros laureles y pensar: "bueno ya hay cerca de 200 sospechosos de corrupción presos". No debemos olvidar que ésta es una criatura que surgió de la propia sociedad, de las instituciones peruanas. Hay un problema en el fondo que explica cómo esto pudo ocurrir.

-Con Fujimori y Montesinos -las dos cabezas de la hidra- prófugos y cerca de 200 presos, ¿cuánto resta por desarticular?

-Evidentemente hay tentáculos que aún están vivos.

-¿Cómo se manifiestan?

-En la medida en que haya aparatos que fueron sometidos como el militar, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde no se ha realizado aún una depuración integral. Si bien hubo elementos de coacción al interior del aparto estatal que llevaron los tentáculos de la mafia a ser muy eficaces en el control, es cierto que quedan dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial y del aparato militar y policial elementos que no sólo fueron víctimas de la coacción sino que fueron, en algunos casos, actores encubiertos.

-¿La crisis militar de los últimos días es un reflejo de la complejidad descrita?

-Cumple una función catártica, pero también tiene que ser base de un mecanismo de control, de supervisión y de evaluación más exhaustivo del que se ha producido hasta el momento.

-¿Y en el aparato judicial?

-Es un proceso complejo. Pero no queríamos una evaluación del Poder Ejecutivo sobre otro poder que es el Judicial. Por eso es que solicitamos a técnicos internacionales que vinieran a hacer esa evaluación junto con juristas peruanos. Y conseguimos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organizara una extraordinaria misión internacional de juristas que estuvieron tres semanas en el Perú. Pronto estará completo un informe completo sobre los problemas para la independencia de la justicia, el acceso a la justicia y plantearán una serie de recomendaciones trabajadas no con el Ministerio de Justicia sino con las cabezas del Poder Judicial. De manera que nuestra aspiración, así como en el tema de la corrupción, es dejar también un plan de modernización y desarrollo judicial listo, no hecho con un prisma político por parte del gobierno transitorio, sino con un enfoque estatal de mediano y largo plazo.

-¿Hay ayuda externa también para la Iniciativa Nacional Anticorrupción?

-El diagnóstico es respaldado por el Banco Mundial y el equipo técnico ha contado con el apoyo del BID y la OEA.

-Hay corruptos de significación en todas partes y no sólo en América Latina. Hay casos gravísimos que tocan al gobierno francés. Sin embargo, en el Perú, desde la cúspide del gobierno se organizó todo un aparato, complejo, sofisticado de corrupción en todo el Estado y la sociedad peruana. No era un ministro de Defensa corrupto o cosas como ésas que lamentablemente existen en todas partes del mundo, sino que ocurrieron hechos absolutamente capitales en la antieducación cívica del país. La corrupción fue utilizada de manera sistemática como un instrumento de gobierno. Y eso tiene que ser resuelto y compensado por gobernantes que revaloren y dignifiquen la función pública.

TEXTO COMPLETO DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CNDDHH:
CATEGÓRICA OPOSICIÓN A LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO POR ESTE CONGRESO

1.- Ratificamos nuestra enérgica oposición a que una decisión de trascendencia nacional sea tomada por un Congreso surgido del proceso viciado y fraudulento del 9 de abril del 2000. La decisión requiere, además, del voto favorable de 80 congresistas; por lo que inevitablemente pasa por establecer acuerdos y compromisos con congresistas cuya conducta está cuestionada, sea por su condición de tránsfugas, sea por sus vínculos con el prófugo Vladimiro Montesinos y, además, en no pocos casos, por estar investigados por graves delitos.

2.- Sin desmerecer la calidad personal de algunos de los postulantes al cargo es para nosotros evidente que muchas personas de grandes merecimientos y legítimo derecho a postular a esa alta función se abstuvieron de presentarse por las consideraciones expresadas en el párrafo precedente.

3.- La Defensoría del Pueblo fue quizás la única institución del Estado que logró mantener su prestigio e independencia durante los años de la dictadura. Ello es una razón adicional para que quien asuma la función en la nueva etapa, esté por encima de cualquier cuestionamiento a la legitimidad de su origen.

4.- La inconveniencia de apresurar el procedimiento y la poca legitimidad del actual Congreso se hacen mayores en la medida en que el pueblo ya eligió un nuevo Congreso hace dos semanas; esta vez, uno legítimo e incuestionado y al que por derecho elemental le corresponde tomar decisiones de la envergadura de la que discutimos.

5.- Una razón adicional para esperar al próximo Congreso es que el equipo actual de la Defensoría, liderado por Walter Albán Peralta, viene haciendo una excelente gestión, lo que garantiza la estabilidad y adecuada presencia de la institución en estos pocos meses previos a la instalación del nuevo Congreso.

ADHESIÓN ENTUSIASTA A LA INICIATIVA QUE VALENTÍN PANIAGUA SEA EL PRÓXIMO DEFENSOR DEL PUEBLO

El Fiscal especial anticorrupción de Perú, José Ugaz, anunció el miércoles que el ex presidente Alberto Fujimori será formalmente acusado de corrupción.
Ugaz explicó que la Fiscalía obtuvo un testimonio de una persona, cuya identidad no fue divulgada, que implica a Fujimori en una reunión en la que se decidió el esquema de desvío de fondos públicos.

Por otra parte, el detenido ex jefe militar bajo el gobierno de Fujimori, Nicolás Hermoza, reconoció a una comisión del Congreso que investiga al ex asesor Vladimiro Montesinos que posee una cuenta de US$ 14,5 millones en Suiza.
Ugaz dijo a la prensa peruana que el abogado de Hermoza se comunicó con él, en lo que espera sea la búsqueda de un acuerdo para brindar testimonio a cambio de una reducción de su futura condena.

Respecto al testigo anónimo que implica a Fujimori en el desvío de fondos, Ugaz sólo dijo que "su identidad será mantenida en secreto hasta que tomen medidas para su protección".
El testigo, que sería un ex funcionario, asegura que el entonces presidente participó activamente en una reunión donde se decidió el desvío de fondos públicos.

Fuente : Diario EL COMERCIO - Perú
26-04-01

El presidente Valentín Paniagua instaló ayer en Palacio de Gobierno la comisión Iniciativa Nacional Anticorrupción cuya importancia radica, entre otras cosas, en que se ha convocado a la sociedad civil para que prepare las bases y lineamientos fundamentales de un plan nacional contra la corrupción, el cual pueda poner en práctica el Gobierno que asuma el próximo 28 de julio.
Este grupo de trabajo será uno de los soportes fundamentales para que ese propósito pueda cumplirse y responda no sólo a las previsiones de la Constitución sino a las aspiraciones de la nación, puesto que a través de él se garantiza la participación de la sociedad civil, remarcó Paniagua durante la instalación.
A dicho acto, realizado en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, asistieron representantes de todos los poderes del Estado, diplomáticos, miembros de instituciones gremiales y sociales, entre otros. Allí se mencionó que la comisión debía entregar en 60 días un diagnóstico sobre la corrupción y las medidas correctivas para enfrentarla.

Al hablar de los lineamientos de su futuro trabajo, el presidente de dicha comisión, monseñor Miguel Irízar Campos, expuso el documento Compromiso ético con el Perú.
El grupo de trabajo está integrado por Jorge Santistevan de Noriega, Antonio Blanco Blasco, Cecilia Blondet, Carlos Castro, Pablo Checa, Margarita Gieseke, Braldo Kresalja, Humberto Lay, Álvaro Rey de Castro y Mónica Sánchez.
El presidente consideró que esa comisión abría los cauces para que todos los sectores de la sociedad peruana puedan participar y tomar conciencia de la necesidad de un cambio profundo y de la conducta de la vida pública, pero también de la vida privada.
Si este esfuerzo primario contara con el mismo aliento, la misma pasión y devoción con que la comisión ha preparado sus primeros documentos, estoy seguro de que el nuevo gobierno que nazca como consecuencia del proceso electoral que se avecina tendrá un sólido soporte ético para conducir los destinos del país, añadió.

Aseguró que el Perú vivía un tiempo nuevo y que la instalación de esa comisión así lo demostraba. No menos importante y grave es el compromiso que debían tener con la ética los medios de comunicación, pues éstos tienen la posibilidad de formar la conciencia social.
Antes de Paniagua habló el ministro de Justicia, Diego García Sayán, quien dijo que el trabajo de esa comisión podía sentar los lineamientos fundamentales de un plan nacional contra la corrupción, que recoja distintos planteamientos de la sociedad civil y por cierto de los principales actores políticos.

Se debe velar por el equilibrio de poderes

El presidente de la comisión Iniciativa Nacional Anticorrupción, monseñor Miguel Irízar, dio a conocer el documento "Compromiso ético por el Perú", en el que se resaltan los criterios éticos y morales que deben inspirar la nueva iniciativa.
Institucionalizar la lucha contra la corrupción encomendando a un organismo nacional que lidere la lucha contra la corrupción, garantizando la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado y de los órganos de carácter constitucional, y la plena autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público y garantizando el nombramiento del contralor por mayoría calificada del Congreso.
Igualmente, otorgando a la oposición la potestad de designar la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso, manteniendo las actividades de la procuraduría ad hoc en las investigaciones y procesos contra la corrupción.

Promover la ética pública adoptando un código para el cumplimiento diligente de las obligaciones y responsabilidades de la función pública y de sus asesores, previniendo el conflicto de intereses, sancionando el uso indebido de información privilegiada, exigiendo la utilización adecuada de los recursos públicos y estableciendo la obligación de comunicar los casos de corrupción.
Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando los mecanismos de transparencia en la gestión pública, garantizando el acceso a la información del presupuesto y su ejecución en cada dependencia sobre la base de estándares de gestión y el logro de resultados. Asegurar una gestión transparente de la Sunat, Aduanas y la Superintendencia de Banca y Seguros, incluidas las FF.AA. y la PNP, mediante la eficaz aplicación de mecanismos de control periódico.
Fomentar la vigilancia ciudadana, reconociendo la iniciativa de la sociedad civil en materia de vigilancia sobre la gestión pública, para lograr su efectiva fiscalización y el afianzamiento de la ética pública, promoviendo los espacios de concertación en materia de lucha anticorrupción.

El ex presidente Alberto Fujimori consintió y participó de las actividades ilícitas de su asesor Vladimiro Montesinos Torres según un importante testigo presentado por el procurador ad hoc José Ugaz Sánchez Moreno ante la fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. El testigo afirmó que Fujimori sacaba del país dinero en efectivo, lingotes de oro y diamantes en sus múltiples viajes al exterior durante los 10 años en que se mantuvo en la presidencia de la República.

De acuerdo con la versión del testigo, este hecho demostraría por qué hasta ahora no se han encontrado cuentas bancarias u otras inversiones a nombre del ex mandatario y/o sus familiares más cercanos.
Fujimori, señaló el testigo, guardaba este dinero, los lingotes de oro y diamantes en bóvedas blindadas en el exterior y, posteriormente, todo era cambiado por certificados bancarios al portador que evitan su seguimiento.

El testigo sostiene que Fujimori manejaba su propia red de corrupción e influencia para apoderarse de fondos del Estado. El dinero en muchas ocasiones salía de las bóvedas del Banco de la Nación, a cuenta de partidas presupuestales secretas que el Ministerio de Economía se encargaba de regularizar y encubrir.
"No en todas las maletas llevaba ropa. Varias de ellas contenían dinero en efectivo, lingotes de oro y hasta diamantes", habría asegurado el testigo, quien conoció estos hechos por su cercanía con el ex presidente y haberlo acompañado en sus viajes.

El objetivo de muchos de estos viajes nunca quedó claro. Sus destinos preferidos eran Estados Unidos, Europa y Asia. Fujimori recorrió en sus viajes al exterior 1’482,571 kilómetros, equivalentes a 35 vueltas a la Tierra o dos viajes ida y
vuelta a la Luna.
Fujimori utilizó para estos viajes un presupuesto que se calcula en 13’698,714 dólares, sin contar viáticos o gastos de representación, que triplicarían esta suma. Más, la compra de un nuevo y moderno avión presidencial, en lugar del que utilizaron sus predecesores, Alan García y Fernando Belaunde, que apenas sumaron 22 viajes en conjunto.

Los congresistas del entonces oficialismo así como los familiares del ex presidente compartieron esta pasión por los viajes al exterior, con valija diplomática que evita cualquier control migratorio y permite llevar lo que quieran en sus maletas.
Sus hermanos Juana, Rosa y Santiago realizaron en promedio 25 viajes al exterior durante los años del gobierno fujimontesinista. Al igual que el ex presidente sus destinos frecuentes eran Japón y Estados Unidos.

La fortuna de Fujimori

De acuerdo con el testimonio del abogado de Susana Higuchi, Alberto Bautista, durante esos viajes Rosa Fujimori llevó dinero, joyas y títulos valores. La familia del ex presidente tendría diversos inmuebles en Estados Unidos y Japón.
El destituido presidente vive actualmente en una lujosa y exclusiva zona residencial del Japón. Al huir del Perú, pasó por Singapur, donde habría vendido un sinnúmero de acciones que tenía registradas a nombre de las sociedades Inifinity Latin Fund, creada en Panamá el 25 de abril de 1995, y Peripheric Trading.

La venta de acciones le habrían reportado 18 millones de dólares, que transfirió a los bancos japoneses San Wa Bank Limited, Mitsubishi Bank y Shinwa Bank. Este dinero permitiría a Fujimori llevar una vida de lujo en su país natal, donde también viven su hermana Rosa Fujimori y su esposo, el ex embajador en ese país, Víctor Aritomi.
Alberto Fujimori ha sido visto visitando exclusivos y caros restaurantes italianos en Tokio. Luego de vivir algunos meses en la casa de su amiga Ayako Sono, el ex mandatario se mudó, el 5 de marzo último, a un lujoso departamento del fastuoso edificio Kioicho Biru, a 800 metros del palacio Imperial.
El costo del metro cuadrado en esa zona urbana se calcula en 250 mil dólares, lo que un departamento promedio, de entre 110 y 140 metros cuadrados, costaría alrededor de 3’200,000 dólares. Fujimori pagaría un alquiler mensual de entre ocho y diez mil dólares, aunque el ex presidente asegura que no le cuesta nada, porque se lo han cedido unos amigos, y no es muy grande.

Luego de que se corrobore y oficialice su testimonio será enviado, junto con su familia, fuera del país. El testigo declaró ante la Fiscal de la Nación en medio de estrictas medidas de seguridad y la más absoluta reserva.
"El testigo, un ex funcionario público, está proporcionando datos valiosos que involucran al ex presidente Fujimori en la tenencia de dinero mal habido. Nuestro compromiso con él es mantener en reserva su identidad hasta que se tomen las medidas cautelaresíí, anotó Ugaz.
Esta persona ëëha sido testigo presencial de cómo se ha trasegado con dinero del Estado en cifras muy importantes, y eso involucra personalmente al ex presidente Fujimori, porque él estuvo cuando se tomó esa decisión y fue parte de esta reunióníí, subrayó el procurador.

La mayor parte de los 14 millones de dólares descubiertos en cuentas secretas en bancos de Ginebra a nombre del general retirado Nicolás Hermoza Ríos, corresponderían a pagos de "comisiones" por la venta de armamento por parte de proveedores durante su gestión como comandante general del Ejército, entre 1991 y 1998.
Ante la comisión investigadora que preside el congresista David Waisman, Hermoza declaró que le pertenece la plata encontrada a su nombre, su esposa y de dos de sus hijos. Indicó también que el origen de la misma es ilícito, convirtiéndose así en el primer miembro de la ex cúpula militar que admite la titularidad de cuentas en el exterior y la procedencia corrupta del dinero.

Así como el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres controlaba a un grupo de proveedores de equipos bélicos, el general Hermoza también tenía su propio cogollo de empresarios privilegiados, hasta que fue destituido en agosto de 1998 por oponerse al acuerdo de paz con Ecuador.
La vinculación de Hermoza con los vendedores de armamento se inició a fines de los años ochenta, cuando ejerció la jefatura del Comando Logístico del Ejército (COLOGE), unidad encargada de la aprobación de las adquisiciones, desde botas para los soldados hasta misiles. En diciembre de 1991, asumió la Comandancia General del Ejército.

Fuentes de la Contraloría General de la República que indagan algunas de las compras de material bélico confirmaron a La República que durante la gestión del contralor Víctor Caso Lay se aprobaron una serie de operaciones de provisión de material de combate mediante la modalidad de "licitaciones privadas" y "adquisiciones directas", que terminaban favoreciendo siempre a un reducido grupo de empresarios que gozaban de la protección de Hermoza.

La modalidad más frecuente era la simulación de la presentación de ofertas de distintas empresas, que en realidad pertenecían a una sola persona. A sabiendas de la irregularidad, el Ejército daba su visto bueno. La Contraloría, organismo al que le correspondía realizar una verificación posterior de la operación, "dejó de lado esa función, permitiéndose así la comisión de ilícitos", informaron las fuentes de la Contraloría.
Así, por ejemplo, el 20 de febrero de 1995 el contralor Caso Lay aprobó la compra de diez helicópteros MI-17-1B que realizó el Ejército mediante la modalidad de "licitación privada". La firma favorecida fue "Prosales Export Import", representada por Enrique Benavides Morales. Sin embargo, el verdadero propietario de la compañía era Guillermo Pegorari Gómez, quien recién se enteró de la operación cuando le presentaron la factura por más de 11 millones de dólares.

La República también obtuvo copias de varios informes suscritos por el contralor Caso Lay aprobando la compra de equipos de combate, con la expresa indicación de que la autorización se extiende "sin perjuicio de su control posterior". Es decir, con la advertencia de que se practicaría después una auditoría. Pero en ningún caso se produjo la acción fiscalizadora, informaron las actuales autoridades de la Contraloría, que ha comenzado a determinar la responsabilidad de los funcionarios de la gestión pasada.

De acuerdo con fuentes de la Comisión Waisman, Hermoza negó que el origen del dinero de sus cuentas en Ginebra es producto del cobro de "cupos" a organizaciones del narcotráfico. Habría dicho que más bien corresponderían al pago de "comisiones legales por la compra de armas", durante su gestión como comandante general del Ejército.
Este diario obtuvo copias de las resoluciones suscritas por el ministro de Defensa, general Víctor Malca Villanueva, a solicitud del comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, autorizando millonarias operaciones de compra de armas a los amigos del entonces jefe de la cúpula militar.

Los empresarios del entorno de Hermoza eran los israelíes Tzvi Tsudit y Moshe Rothschild Chassin, el sudafricano Jean Devrout van Beckhoven, y los peruanos James Stone Cohen y Enrique Benavides Morales, según las resoluciones obtenidas por La República y que son objeto de seguimiento por parte de las comisiones investigadoras del Congreso.
Mediante la Resolución Ministerial Nº 0567DE/EP, del 15 de mayo de 1995, el ministro Malca aprobó la solicitud de Nicolás Hermoza de comprarle directamente a la compañía sudafricana "Denel Limited", representada por Jean Devrout, sin la observación previa de la Contraloría, 3 millones 826 mil 250 dólares en centenares de morteros y lanzagranadas y munición.

También, sin el visto bueno de la Contraloría, el 15 de mayo del mismo año Hermoza aprobó conjuntamente con Malca (Resolución Ministerial Nº 0568DE/EP) la adquisición directa a la firma "Trading Co. Ltd", una de las empresas de fachada de su amigo Tzvi Tsudit, un total de 10 mil fusiles "Galil", 5 mil millares de munición y un lote de repuestos. Todo por 12 millones 980 mil dólares. Los dispositivos indican que cualquier operación bajo la modalidad de "secreto modalidad" requiere el informe previo de la Contraloría.

Al poco tiempo, el nueve de junio del mismo año, nuevamente la dupla Malca y Hermoza (Resolución Ministerial Nº 0602DE/EP) dio luz verde, violando todas las normas, a la compra de cuatro lenzadores múltiples calibre 107 de doce bocas, y 3 mil cohetes para dicho armamento, por un total de 2 millones 412 mil dólares. La beneficiada fue la compañía "Denel Limited", del sudafricano Jean Devrout. Sin duda, uno de los favoritos del "general victorioso". Y lo fue hasta el final del régimen.

El 17 de junio de 1995, los mismos Malca y Hermoza aprobaron (Resolución Nº 0305DE/EP) la cuestionada adquisición de 10 helicópteros MI-17-1B por 11 millones 195 mil dólares. Con el visto bueno de la Contraloría, se realizó la "licitación privada" en la que participaron las firmas "Prosales Export Import", B&F Comercialización y Representaciones" y "Argos Trading S.A.", las tres de Enrique Benavides Morales. La cuarta, "Mobetek Representaciones", pertenecía a su socio Moshe Rothschild Chassin. Entre ellos presentaban firmas para aparentar un "concurso de precios". El Ejército le dio la buena pro a "Prosales Export Import" que, como se ha indicado líneas arriba, no era de propiedad de Enrique Benavides. La compra se consumó de todas maneras.

Los documentos son pruebas inobjetables de la vulneración de la ley para favorecer a compañías vinculadas con el entorno del general Nicolás Hermoza Ríos, quien a cambio recibía "comisiones".
Las resoluciones ministeriales también vinculan con el negociado al ex ministro de Defensa general Víctor Malca Villanueva, a quien también se le han encontrado 16 millones de dólares en cuentas en bancos de Grand Cayman, México y Estados Unidos

Enrique Benavides y Moshe Rothschild serían los principales gestores de la venta irregular de 36 aeronaves MiG-29 y SU-25 por 402 millones de dólares a Bielorrusia. En la operación también intervino decisivamente Malca, de allí que las comisiones investigadoras del Congreso esperan que el general Hermoza aporte datos sustanciales para desentrañar a la mafia de los traficantes de armas, ya que ha solicitado acogerse a la ley de colaboración eficaz.
Hasta el momento ni uno solo de los proveedores de los equipos bélicos se encuentra detenido.

Reinstitucionalización de las FF.AA. toma nuevo ritmo
con el nombramiento de nuevo Comandante General.

Hasta el martes 17 de abril, el general José Cacho Vargas era el número 2 en la jerarquía militar, en su calidad de jefe de Estado Mayor. Ese día pasó a ser el nuevo Comandante General, pero sólo del Ejército, pues el nuevo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el teniente general FAP Miguel Medina.
Cacho Vargas pertenece al arma de Caballería (ocupó el séptimo puesto) de la Promoción '68 "Pedro Ruiz Gallo". Es cajamarquino, y tiene techo hasta el 31 de diciembre del 2003.

Entre los doce generales de división en actividad, por ejemplo, se afirma que tres estuvieron ligados a Montesinos. Ellos son:

-Víctor Sanchez Meza. Artillero. En tiempos de Montesinos fue segundo en el Comando de Personal (COPERE). Ayudó a ubicar oficiales `montesinistas' cuando su jefe era el promocional del "Doc" Eduardo Ortega La Jara. También trabajó en Arequipa, al lado del general Abraham Cano Angulo. Actualmente es jefe del COPERE.

-Gabriel Cárdenas Lecca. Actual jefe de la Quinta Región Militar (Iquitos). Antes estuvo en la Primera Región Militar (Tumbes), donde lo acusan de realizar trabajos de proselitismo en favor de Fujimori.

-Walter Marzullo Castillo. Actual director del Comando de Logística (COLOGE). Antes estuvo en la Oficina Nacional de Desarrollo del Ejército, manejando presupuestos de carreteras y otras obras a las que fue proclive el fujimorato.

-Benigno Fernández Baca Núñez. Actual director de Inteligencia del Comando Conjunto, a pesar de haber sido jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en el período 1998-1999 y de la Dirección de Inteligencia en1999. Trabajó con los generales Juan Yanqui y Enrique Oliveros, dos "montesinistas" acérrimos.

-Vicente Palacios Linares. Fue segundo del "cuñadísimo" Luis Cubas Portal, del general Edmundo Silva Tejada (prófugo en la actualidad) y de Abraham Cano en la II Región Militar en Arequipa. En la Ciudad Blanca fue descubierto recibiendo al candidato Fujimori, con pancartas alusivas.
-Angel Paz Yactayo. Fue secretario del ex ministro de Defensa César Saucedo. Está destacado el Comando de Instrucción y Doctrina.

-Luis Rodríguez Silva. Fue edecán de Fujimori durante tres años y dos años jefe de Seguridad de Palacio. Fue enviado como agregado militar a Chile y a su retorno llegó a subjefe del SIN. Permanece en el puesto a pesar de que Tafur pidió su pase al retiro. Ledesma lo hizo reingresar.

-Manuel Ramírez Corzo. Jefe de informaciones del SIN. Montesinos lo envió a Rusia como agregado militar y le dio información sobre las adquisiciones de armas. Estuvo en la lista de pases al retiro.

-Abel Gutiérrez Castro. Fue durante tres años edecán de Fujimori (1995-97). Lo nombraron luego agregado militar en Estados Unidos (1998-99). Es comandante general de la Segunda Región Militar.

-Carlos Dianderas Ottone. Hermano del ex director de la PNP, Fernando Dianderas. Fue asistente y luego edecán del ex ministro de Defensa, Victor Malca, además de agregado militar en Venezuela. Actualmente es director de la Escuela de Infantería.

-Jorge López Delgado. Fue el segundo del general Oscar Villanueva Vidal, ex director de la Oficina General de Adquisiciones. Es director de la Escuela de Inteligencia.

-Javier Contreras Rivas. Trabajó con "el cuñadísmo" Cubas Portal en Chiclayo y en la II Region Militar.

-Manuel Ríos Lavagna. Fue edecán de Martha Chávez en el Congreso. Coordinaba con Montesinos toda la información del Parlamento. Fue agregado militar a Venezuela y ahora está en la Oficina de Información del EP.

-Julio Farfán Araujo. Tres años edecán del presidente de la Corte Suprema, Víctor Raúl Castillo Castillo. Luego fue a la Dirección de Fuerzas Especiales. Ahora está en la Oficina de Información del EP.

-Gonzalo Díaz Gutiérrez. Incondicional del ex comandante general José Villanueva Ruesta. Está en la Secretaría de Defensa Nacional.

-Francisco Vargas Baca. Encargado de repartir los víveres y regalos de Fujimori a nivel nacional. Está en el Ministerio de Defensa.

-Aldo Dodero Ortiz de Zevallos. Intimo del coronel (r) Roberto Huamán Azcurra. Montesinos lo nombró director de la Escuela de Inteligencia (99-2000). Está en la Escuela Superior de Guerra.

En La Marina y la Fuerza Aérea hubo pases al retiro. Así, los almirantes Víctor Ramos Ormeño y Enrique Falcón Maldonado fueron cesados. Falcón era el segundo en antigüedad y se desempeñaba como jefe de la Secretaría de Defensa Nacional. Sólo le quedaban 8 meses más en el servicio activo y estaba cuestionado por una indebida administración en el Hospital Naval.

El almirante Luis Vargas Cooban asumió la Comandancia General de la Marina. Fue espada de honor de su promoción, egresada en l967. Pasará al retiro el 31 de diciembre del 2002.

Es hijo del almirante Luis Ernesto Vargas Caballero, ministro de Marina durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.Vargas Caballero pasó al retiro el 31 de mayo de l974 por su disconformidad con las acciones de Velasco (se opuso a varias deportaciones y a la expropiación de la prensa).

En la Fuerza Aérea tomó el mando el general del Aire, Miguel Medina Ramos. Arequipeño, el "chino Medina" también fue Espada de Honor de su promoción en l968. Fue pasado al retiro por oponerse a ciertas decisiones de su comando y a directivas de Montesinos.

Medina, quien también asumió la Presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha prometido moralizar su institución y ordenado una completa investigación sobre la compra de los aviones MiG-29 y Sukhoi, así como de helicópteros. Pasará al retiro en agosto del 2003. Entretanto, constituye, una esperanza de cambio.

Dos de estas sociedades serían Inifity Latin Fund Inc. y Periferic Trading, creadas en Panamá, que aparecen registradas a nombre de testaferros. De una de estas fundaciones habría salido el dinero para pagar los estudios de los hijos de Fujimori en Estados Unidos.
En varios casos, Fujimori habría invertido lo sacado del Perú en acciones negociables en bolsa de importantes transnacionales.
La adquisición de estas acciones se realizaba a través de sociedades anónimas, como las inversiones que realizó en Singapur, y que el ex presidente se habría apresurado a cancelar tras abandonar el Perú.
Las autoridades tienen evidencias de que la mayor parte de estas inversiones se encontrarían ocultas en bancos de los paraísos fiscales del Asia Central, como Singapur y Malasia, donde es casi imposible levantar el secreto bancario.
En estos lugares no existe una legislación que permita levantar el secreto bancario y al contrario lo estimulan y protegen, lo que dificultará rastrear la fortuna de Fujimori, indicaron funcionarios judiciales a cargo de las indagaciones. Fujimori realizó entre tres y cuatro viajes a Malasia, por objetivos muy poco claros.

El destituido presidente Alberto Fujimori incurrió en delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión "actuando al frente de un reducido grupo de colaboradores y de familiares" con quienes planeó sus fechorías, dijo a la AFP el procurador especial anticorrupción, José Ugaz.
"Tengo una prueba pero no puedo hacerla pública todavía", aseveró el procurador, al exponer sus presunciones y subrayó que Fujimori "actuó al margen de la organización mafiosa que dirigió su ex mano derecha y jefe de facto de inteligencia Vladimiro Montesinos, de la que también se benefició".

"El dato nuevo es que Fujimori también actuó al margen de Montesinos para perpetrar delitos y por eso se me amplió (esta semana) el mandato para investigar esta vez a Fujimori, porque antes yo podía investigarlo siempre y cuando estuviera vinculado a Montesinos", aseguró Ugaz.
El procurador declinó estimar a cuánto ascendería lo presuntamente robado por Fujimori y se resistió a calificar
Indicó que el ex presidente "cometió delitos actuando básicamente con su entorno familiar y unas cuatro personas (cercanas) a él".
Fujimori está refugiado en Tokio desde noviembre, de donde no puede ser extraditado a pesar de los pedidos de Lima porque su nacionalidad japonesa lo protege gracias a que la legislación nipona se opone a la extradición de sus connacionales.

Ugaz precisó "no tener base para hablar de montos" y se excusó de comentar las declaraciones del presidente de una comisión investigadora del Congreso, David Waisman, quien calculó este viernes en 1.000 millones de dólares "los montos levantados (sustraídos) por Fujimori".
Waisman, un estrecho colaborador del candidato presidencial Alejandro Toledo, dijo también tener información proporcionada por un testigo cuya identidad no reveló que le permite asegurar que Fujimori lideró una "mafia" al interior del gobierno además de la que dirigía Montesinos.

"Hay dos redes (mafiosas): la de Fujimori y la de Montesinos, y cada uno se levantó mil millones de dólares que incluye lingotes de oro del Banco Central convertidos en certificados en dólares que estarían depositados en países asiáticos, entre ellos Japón", afirmó el congresista.
El procurador declinó estimar a cuánto ascendería lo presuntamente robado por Fujimori y discrepó con la cifra proporcionada por Waisman, a la que tildó de "excesiva".

Igualmente señaló que son falsas las informaciones que indican que hay una investigación que descubrió que Fujimori robó lingotes de oro, en clara alusión a la denuncia del congresista Waisman.
A pesar de que se desconoce la identidad del testigo que estaría dispuesto a implicar públicamente a Fujimori en actos delictivos, fuentes concordantes indicaron a la AFP que se trata de la misma persona a la que aluden el procurador Ugaz y el congresista Waisman.

El último "informe" que "sustentó" la versión del diputado venezolano Pedro Carreño de que Vladimiro Montesinos fue asesinado hace dos meses en Perú y que el gobierno peruano lo sabe es un documento lleno de contradicciones, incoherencias e inexactitudes que recuerda mucho a las "cortinas de humo" del hombre que desde la sombra manejó el destino del Perú durante 10 años.

Lima, 24 de abril 2001-04-26

Ayer noche mismo, al regarse el rumor, preparado en la sede del Cuartel Alfonso Ugarte de la Base Naval del Callao, de que Vladimiro Montesinos no habría sido ejecutado allí, sino en La Base Aérea de las Palmas (Chorrillos), donde tiene su Sede la Inteligencia del Ejército en Lima. ¿Por qué habría de ser ejecutado por "Los Verdes", en su sede de Chorrillos-Las Palmas, y no por "Los Blancos", en el Alfonso Ugarte de la B.N. del Callao?

El antecedente notorio de esta metodología criminal ha sido largamente conocido y sufrido en el Perú. El caso anterior fue la ejecución de Luis Banquero Rossi (Rey de la Pesca de Anchoveta), asesinado en Lima, por miembros de la inteligencia del Ejército (Plan Vilca Las Palmas), durante el Gobierno del General Velasco Alvarado, Banchero-Rossi, posterior al empleo de electricidad y bárbaras torturas en Chaclacayo, cercano a Lima, fue "persuadido" a divulgar la identidad de sus bancos del exterior, el número de sus cuentas en Holanda, Suiza y Vaduz, y dando a "los verdes" las firmas grafológicas imprescindibles, para ellos poder movilizar en su nombre los depósitos en Europa.

De inmediato a verificar los bancos, números de cuentas, y cantidades disponibles en cada uno de ellos, los miembros de la Inteligencia Peruana actuaron como "apoderados" de Luis Banchero Rossi, mediante firma calígrafa y vaciaron Ciento Noventa Millones de Dólares USA, que fueron repartidos proporcionalmente. Transferido el dinero, se simuló una discusión pasional, fue emasculado y se le asesina en Perú.

La instalación en el Perú de un programa nacional en materia de derechos humanos elaborado en consulta con la sociedad civil, propuso ayer Javier Zúñiga, director de Amnistía Internacional para América.

Refirió que este mecanismo ya fue aceptado por los gobiernos de Chile y México, países que atravesaron situación similar al Perú.
Zúñiga recomendó, además, que se instale lo más pronto posible la Comisión de la Verdad, a fin de que se

Propuso también que esta comisión tenga rango de ley para otorgarle un amplio mandato y facultades de investigación.

Recordó que Amnistía Internacional solicitó a las autoridades peruanas la revisión judicial de los procesos instruidos por la justicia militar por los delitos de terrorismo y traición a la patria porque no se ajustaron a los principios más elementales del debido proceso.

Pidió que se libere a 150 personas injustamente procesadas por terrorismo que siguen en prisión y solucionar los casos de 5 mil requisitoriados por delitos de subversión.

Guadalupe Marengo, funcionaria también de AI, consideró que a través de la Comisión de la Verdad se analizarán las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país en las dos últimas décadas.

Zúñiga destacó los propósitos de carácter general de parte de los personeros de Perú Posible, que postula a Alejandro Toledo a la presidencia de la República, pero lamentó que el partido político de Alan García no haya respondido a un pedido de reunión con la delegación.
La delegación, encabezada por Zuñiga, se reunió ayer con el candidato vicepresidencial de Perú Posible, David Waisman, la congresista Anel Townsend y el periodista Fernando Rospigliosi, en representación de Alejandro Toledo. Luego se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Mario Urrelo.
En conferencia de prensa, Zúñiga, acompañado del abogado uruguayo Alejandro Artucio y Guadalupe Marengo, AI reconoció los pasos positivos dados por el gobierno de transición en materia de derechos humanos.

Desde que en noviembre pasado se dispuso la captura de Vladimiro Montesinos, diversas medidas cautelares han recaído sobre un total de 107 socios, colaboradores y cómplices del ex asesor. Sin embargo, si bien la gran mayoría de implicados ha logrado ser hallada por la Policía Judicial -y se encuentra encarcelada, con órdenes de comparecencia o arresto domiciliario-, 37 están en calidad de no habidos y se estima que por lo menos 22 de ellos, incluido Montesinos, han fugado del país.

El ex presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se habrían llevado ilegalmente del Perú dos mil millones de dólares, según un estimado que hizo ayer David Waisman, presidente de la comisión parlamentaria que investiga las cuentas bancarias del prófugo ex asesor.
Sin precisar detalles sobre el origen de este cálculo, Waisman refirió que Fujimori se habría llevado al extranjero mil millones de dólares, incluyendo lingotes de oro del Banco Central de Reserva. Agregó que Montesinos habría acumulado una fortuna similar.
Waisman explicó que se ha descubierto en realidad dos redes de corrupción, una liderada por el ex presidente y otra por su asesor.
"Hay muchas personas que van a salir involucradas y si yo adelanto información, voy a poner en peligro el éxito de lo que todos queremos: que los que han delinquido vayan presos", añadió.
No descartó la posibilidad de que en un plazo de cinco meses se pueda recuperar el dinero que Fujimori habría colocado en diferentes bancos del continente asiático, especialmente en Japón.

Consultada al respecto, la congresista Anel Townsend, integrante de la citada comisión, puntualizó que las declaraciones de Waisman son a título personal y no es una información oficial del grupo.
"Hace bastante tiempo él declara a título personal y calcula que como se proyectan las cosas entre Montesinos, Fujimori y sus cómplices hay un aproximado de mil millones. No es una cifra, un monto que haya detectado la comisión", dijo la parlamentaria.
Agregó que el grupo de trabajo que integra labora sobre las bases de las cuentas detectadas hasta el momento y tiene que ver con lo que la Procuraduría Ad Hoc ha informado de casi 250 millones de soles a esta altura.
También precisó que se trata de dos redes de corrupción. "Nosotros investigamos la red de Montesinos y la procuraduría está entrando en la red de Fujimori", agregó.
Con respecto a la red de Montesinos, dijo que ésta abarca el tema de narcotraficantes, así como los rubros de tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción de funcionarios. "Y algo muy importante es cómo esto se relaciona con la utilización de dineros para el pago de medios de comunicación, sobre todo televisivo, para el ocultamiento. El aparato legal de la mafia era formada por los congresistas, los fiscales y los jueces, quienes lo tenían que ocultar", precisó.
Indicó que las denuncias que ha realizado la comisión hasta el momento abarcan el tema de cuentas por lo menos de 150 millones de dólares, sólo considerando lo detectado oficialmente.
Por su parte, la procuraduría ha hecho un estimado hace poco por más de 200 millones de dólares.

El Congreso puso a disposición de la Fiscal de la Nación Nelly Calderón a su antecesora Blanca Nélida Colán Maguiño para que formule la denuncia respectiva por presunta ayuda y encubrimiento a la mafia del ex asesor Vladimiro Montesinos.
Mediante la resolución legislativa Nº 023-2000, el Congreso declara haber lugar a formación de causa contra Colán Maguiño por los delitos de encubrimiento, falsedad genérica, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito.
El presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, derivó toda la investigación realizada a Colán Maguiño a la Fiscalía de la Nación que esta semana deberá presentar la denuncia ante el Poder Judicial. También serán denunciados el congresista Ernesto Gamarra Olivares y el vocal Alejandro Rodríguez Medrano.
La ex fiscal suprema es acusada por el Congreso de haber dado directivas a la fiscal provisional Nina Rodríguez de cómo realizar la investigación a Montesinos por el caso del soborno a Alberto Kouri.
El entonces todavía poderoso asesor fue interrogado por la fiscal Rodríguez en las oficinas de la Fiscalía de la Nación. Como era de esperarse, a la semana siguiente, el caso fue archivado.

El Congreso concluye, además, que Colán Maguiño no posee el dinero suficiente para haber adquirido la lujosa residencia en la que vive ahora, ubicada en la urbanización Camacho.
Asimismo, indica que en 1997 Colán Maguiño hizo una cerrada defensa de Montesinos en un programa de televisión, cuando el narcotraficante Demetrio Chávez Peña herrera afirmó que pagaba 50 mil dólares mensuales al ex asesor para que pueda operar libremente en la selva peruana y le alerte sobre los operativos antidrogas.
En lugar de investigar los hechos, la entonces Fiscal de la Nación se mostró indignada con las declaraciones del narcotraficante. Ella señaló que Montesinos fue el promotor de su captura y que todo era una calumnia.

A partir de mañana lunes la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, tiene un plazo de cinco días para formular la denuncia constitucional ante la Corte Suprema de Justicia contra la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, falsedad genérica, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito.
Ello a consecuencia de que ayer se publicó en el diario oficial "El Peruano" la resolución legislativa firmada por el titular del Congreso, Carlos Ferrero Costa, y el segundo vicepresidente del Poder Legislativo, Henry Pease.

El pronunciamiento es consecuencia de la resolución adoptada en la noche del jueves por el pleno del Congreso cuando se discutió el informe acusador contra Colán por parte de la subcomisión que investigó su conducta funcional.
Específicamente la denuncia constitucional es por haber facilitado la huida del país del ex asesor Vladimiro Montesinos.
La acusación constitucional fue aprobada por 35 votos a favor, nueve en contra y catorce abstenciones. El informe de la subcomisión que presidió la congresista del Frente Independiente Moralizador Patricia Donayre dice que la ex fiscal de la nación presionó a la fiscal provincial Nina Rodríguez para que permitiera al ex asesor presidencial escapar del país.

En el proceso investigatorio quedó confirmado que la ex fiscal de la nación concurrió varias veces al local del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para reunirse con Vladimiro Montesinos Torres. No prosperó la otra conclusión del informe acusador, que proponía la inhabilitación por diez años de la ex fiscal de la Nación.

Caracas.- El congresista venezolano Pedro Carreño volvió a afirmar que Vladimiro Montesinos fue asesinado en el cuartel Alfonso Ugarte de la Base Naval del Callao, pero cuando El Comercio le dijo que en esa instalación de la Marina no había ningún cuartel con ese nombre quedó confundido, no supo qué responder.
El asambleísta (como así se les llama a los congresistas) le preguntó al reportero de este Diario: ¿Es verdad que no existe el cuartel Alfonso Ugarte en el Callao?. Se le contestó que el único cuartel con ese nombre quedaba en el distrito de Chorrillos y pertenecía al Ejército, y éste no tenía ninguna relación con la base naval del Callao.
Para no quedar mal, Carreño contestó: Bueno, eso es lo que me dijeron.

El diálogo con Carreño ocurrió el viernes por la noche, luego de que por la mañana evitara hablar personalmente con El Comercio en el aeroclub La Carlota a donde a las 8 de la mañana había citado al periodista de este Diario para entregarle las supuestas pruebas.
Un día antes, Carreño había ofrecido entregarlas y conceder una entrevista formal antes de viajar a la localidad de Barinas, su tierra natal. Pero cuando El Comercio lo esperó nunca llegó.
Cuando el viernes este Diario lo ubicó en su teléfono celular, Carreño se disculpó por lo ocurrido en la mañana. Pero esta vez dijo que ya no entregaría las pruebas sobre la supuesta muerte de Montesinos a ningún periodista peruano mientras el gobierno del presidente Valentín Paniagua no abriera una investigación oficial.
En el diálogo telefónico, el asambleísta dijo que le extrañaba por qué las autoridades peruanas no le daban crédito a su denuncia.

Carreño dijo que el caso Montesinos era un problema de Perú y no de Venezuela. Este Diario le hizo ver que las mismas autoridades venezolanas habían admitido, después de los indicios aportados por la prensa venezolana y peruana, que Montesinos estuvo en diciembre pasado en Caracas, en donde incluso se sometió a una cirugía plástica al rostro. Esas son mentiras, son novelas, sostuvo.
Respecto de la audiencia que el presidente Chávez ha anunciado que sostendrá con él para que le muestre las pruebas sobre la supuesta muerte de Montesinos, Carreño dijo que aún no había sido invitado.
Antes de cortar la comunicación, pues dijo que estaba en una reunión, Carreño le pidió al periodista de El Comercio que lo llamara el sábado, para ver qué cuadramos. Pero cuando el reportero lo llamó, estaba desconectado su teléfono.

Angélica Zabaleta Velázquez, accionista del Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional (Ceeci), empresa formada en México y que transfirió cerca de un millón de dólares a una de las cuentas en el Perú de Vladimiro Montesinos, dijo no tener idea de las operaciones que realizaba esa entidad.
Zabaleta Velázquez fue hallada en el barrio popular de Cholulas, una de las zonas periféricas de la ciudad de Puebla, tras un trabajo conjunto iniciado en marzo último por periodistas de El Comercio y el diario mexicano Reforma.
La empresa fue creada el 12 de setiembre de 1997 e inscrita en el folio 227813 de los Registros Públicos de la Propiedad y Comercio de México.

Según la ficha registral, ella y su hermano Gerardo otorgaron un poder para pleitos, cobranzas y actos de administración a María Liliana Incio, nada menos que prima de César Samillán Incio, personaje vinculado a la red de testaferros tendida por Víctor Alberto Venero y Juan Valencia.
De acuerdo con la indagación efectuada por la periodista Tatiana Adalid, del diario Reforma, la familia Zabaleta Velázquez es oriunda del estado sureño de Chiapas y al mudarse a Puebla compró en un conjunto multifamiliar para personas de bajos recursos una casa mediante un crédito hipotecario, el cual continúa pagando.
Tal como lo corrobora la periodista mexicana, los signos exteriores de riqueza de los Zabaleta no corresponden a accionistas de una empresa que transfirió cada mes entre 30 mil y 40 mil dólares a Montesinos por más de dos años.

Fuentes judiciales peruanas explicaron a El Comercio que Juan Valencia, testaferro de Montesinos, les dijo que César Samillán Incio era el representante de Alberto Venero en México.
Información proporcionada por Juan Valencia a los jueces anticorrupción sobre direccciones y teléfonos donde encontrar a César Samillán en Puebla avala esta versión. Por su parte, Angélica Zabaleta dijo que nunca había visto a María Liliana Incio -la prima de Samillán Incio- ni a ningún otro trabajador de la misteriosa empresa Ceeci que giró 980 mil dólares a Montesinos.

Responsabilidades individuales

LIMA (Reuters) - El ex presidente Alberto Fujimori negó en una carta haberse llevado 1.000 millones de dólares en oro de Perú a Japón, tras la denuncia de un legislador que investiga a su ex mano derecha, Vladimiro Montesinos.
"Cortina de oro", tituló Fujimori a la misiva que envió a RadioProgramas de Perú y difundida el lunes por la Internet, para responder a las denuncias del jefe de una comisión investigadora del Congreso, David Waisman.
El legislador estimó en 1.000 millones de dólares en efectivo, valores y lingotes de oro el total que el ex gobernante habría sustraído de Perú.
Según Fujimori, destituido en noviembre por "incapacidad moral", es imposible sacar esa cantidad en lingotes de oro sin que el Banco Central de Reserva se diera cuenta, por lo que dijo que la acusación, "linda con lo absurdo y ridículo".
"Se hubiera necesitado no menos que 10 aviones de carga para sacarlos y el mismo avión presidencial no hubiese podido despegar con el 10 por ciento de esta fantasiosa carga", dijo Fujimori desde Tokio, donde se refugió en noviembre.
El ex gobernante, de 62 años, se ha amparado en su doble nacionalidad peruano-japonesa para no regresar a Perú, donde es requerido por la justicia tras una denuncia constitucional por abandonar su cargo y enviar su renuncia desde Tokio, durante la crisis política que Montesinos hizo estallar en septiembre. Para Fujimori, el legislador Waisman trata de "acaparar titulares con propósitos electorales", ya que postula a la segunda vicepresidencia en la planilla de Alejandro Toledo, el candidato favorito para la segunda ronda de elecciones presidenciales que podría realizarse el 3 de junio.
"Es costumbre de él (Fujimori) esconderse y mentir. Una carta que carece de firma y huella digital es anónima", ripostó Waisman a la radioemisora Cadena Peruana de Noticias.
El legislador hizo énfasis en que sus cálculos no son definitivos, sino proyecciones personales elaboradas con base en su experiencia al investigar este tipo de asuntos.
Waisman agregó que su proyección es independiente de la comisión, que le pedirá el miércoles la información que usó en el cálculo, y que nunca dijo que Fujimori sólo se llevó esa cantidad en oro, sino también en efectivo y en diamantes.
"La carta esta llena de esa soberbia que (Fujimori) mantuvo (durante) 10 años (en el poder) y distorsión de la verdad. O su experiencia lo hace saber que se necesitan 10 aviones para llevarse tantas barras", dijo Waisman.
El legislador calculó que si Fujimori hizo 123 viajes, si se considera que en cada maleta se pueden llevar 500.000 dólares y que viajaba siempre con más de cuatro maletas, el depuesto presidente, junto a sus dos hermanas y su cuñado, también sujetos de pesquisas por peculado, habrían llegado a sustraer el cuantioso total.

Fujimori conminó a las autoridades peruanas a pedir los estados de sus cuentas en bancos japoneses o viajar a Tokio para repatriar la supuesta suma.
"A pesar (de) que no encuentran ni lingotes, ni empresas, ni depósitos bancarios y al no haberse comprobado mi relación con la red ilícita de Montesinos, ahora pretenden hacer creer que había una red propia dirigida por mí", añadió Fujimori.
Waisman respondió que "si el piso está tan parejo y en Perú sigue vigente el Poder Judicial que Vladimori... Vladimiro Montesinos y Fujimori instalaron, ¿por qué no viene?, ¿por qué tiene que retarme, o a los peruanos, (a) que vayamos a Japón?".
Montesinos, prófugo de la justicia peruana, es buscado por delitos que van desde el narcotráfico y tráfico de armas hasta tortura y asesinato. El procurador que investiga al ex jefe de espías ha dicho que formulará cargos contra Fujimori por uso ilícito de recursos del estado.
El supuesto saqueo de 1.000 millones de dólares sería el primer cargo que vincularía a Fujimori con la red de corrupción que se atribuye a Montesinos. Waisman dice que ambas mafias sacaron de Perú 2.000 millones de dólares.

Tokio/Lima.- El ex presidente del Perú Alberto Fujimori es japonés desde que nació porque sus padres lo inscribieron en el Koseki (registro familiar) ante el consulado nipón en Lima, informó la División de Latinoamérica y el Caribe de la Cancillería del Japón. El funcionario Noriteru Fukushima precisó que no le otorgaron la nacionalidad porque la tenía desde que nació y sólo se procedió a reconocerla. De acuerdo con la ley nipona, los japoneses no pueden tener doble nacionalidad, por lo que Fujimori habría renunciado a la nacionalidad peruana, opinan los juristas Jorge Avendaño y Enrique Bernales.
Ellos dicen que Fujimori, mientras fue presidente, mantuvo la nacionalidad japonesa de modo pasivo y la peruana de modo activo.
Avendaño refirió que en rigor los actos de Fujimori como presidente durante los últimos diez años no tendrían validez, pero en el derecho existe la teoría de los hechos cumplidos en el sentido de que a veces la ciencia jurídica tiene que cerrar los ojos ante la realidad porque es imposible que todas las leyes y decretos supremos sean nulos

"Lo que en realidad hicimos, fue únicamente reconocer su nacionalidad. Cosa que constatamos con base en la documentación que él presentó", dijo la fuente. El funcionario también aseguró que si la nacionalidad del ex mandatario no fue constatada anteriormente por su gobierno es porque éste es un trámite personal que se inicia sólo cuando el interesado lo pide. Y Fujimori no lo solicitó antes.

"Para saber si una persona es japonesa o no, se necesitan una serie de documentos que se deben presentar ante el Ministerio de Justicia, que constató la nacionalidad del señor Fujimori. Luego nosotros hicimos público este hecho. Pero sin los documentos necesarios, ninguna otra persona o institución, así sea del Gobierno, tiene el derecho de investigar".
Fukushima también afirma, basado en este mismo razonamiento de privacidad, que cuando Fujimori arribó a estas islas procedente de Brunéi el 17 de noviembre del año pasado, "nuestro gobierno no sabía que él era japonés. Había rumores, artículos publicados en el Perú, pero no la certeza".
Esto también explicaría, según la misma fuente, la rapidez con que el ex mandatario pasó de peruano a japonés.

Si un extranjero o descendiente de japonés (nikkéi) desea tener la nacionalidad nipona, ese trámite dura un año o dos. Porque al ser una persona ajena a este país, se debe hacer las investigaciones minuciosamente.
Pero este caso (de Fujimori) no es así. Porque él es de nacionalidad japonesa desde que nació, ya que sus padres lo registraron en el koseki (registro familiar) ante el consulado japonés instalado en Lima, reiteró Fukushima.
El funcionario recalcó a su vez que Japón respeta las leyes internacionales o las tendencias legales que hablan de la llamada nacionalidad predominante.
Pero que, sin embargo, no sólo en el caso de Fujimori, sino en general, este país se ciñe a sus propias leyes.
"En el mundo existe este tipo de derecho internacional. Pero para nosotros, si existe la nacionalidad predominante o no, no importa. Lo que importa es que Fujimori es japonés. Y si él lo es no podemos extraditarlo porque las leyes de nuestro país lo prohíben. A menos que exista algun tratado especial al respecto. Y con el Perú no tenemos ese tipo de tratado", complementó.
El funcionario agregó, " Y quisiera añadir que nuestro gobierno no da ningun trato especial al señor Fujimori. Sólo constatamos su nacionalidad y no sabemos lo que está haciendo. Él es un ciudadano más y vive en Japón como japonés. Si quiere salir y volver a entrar a nuestro país, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero es su decisión".

Fukushima también reveló que Fujimori no ha solicitado el pasaporte japonés hasta la fecha. "Nosotros nunca le hemos entregado un pasaporte a Fujimori. Porque nunca lo ha solicitado. Por eso no puede viajar fuera del país, a menos que lo haga con pasaporte peruano".
Sin embargo, se supo extraoficialmente que tanto Fujimori como el ex embajador Víctor Aritomi, cuñado del ex presidente, han declarado perdidos sus pasaportes diplomáticos peruanos ante la embajada de este país en Tokio.
Una fuente de la mencionada institución dijo no obstante que este hecho es relativo, porque así Fujimori y Aritomi portasen los mencionados documentos no podrían utilizarlos.

Las leyes peruanas especifican claramente que un pasaporte diplomático se expide por el tiempo que rige el cargo. Y al haber renunciado, tanto Fujimori a la presidencia como Aritomi a la embajada, estos documentos quedan sin validez.
Asimismo, Fukushima aclaró que Aritomi, a diferencia de su cuñado, no ha optado por solicitar la nacionalidad japonesa. "Nosotros no podemos decir qué estatus de visa tiene el ex embajador Aritomi en Japón. Porque si lo hacemos, él puede hacerle un juicio al Gobierno y nosotros vamos a perder. Lo que sí podemos decir, es que no es japonés. Que tiene una visa como extranjero".

Martínez Dueñas, quien ha sentado su base de operaciones en la iglesia San Ignacio, ubicada en el centro de la ciudad de Tokio, ofició hace un par de semanas un servicio en español al que asistió Matsue Fujimori, madre del ex mandatario que hace poco fue dada de alta de un hospital nipón, donde ingresó para ser tratada de una afección a la cadera.
El religioso en mención, que ha reconocido mantener contacto con Fujimori Fujimori, visitó estas islas hace menos de un año, con la finalidad de reunir fondos para el Movimiento de Acción Social (MAS), organización no gubernamental que él dirige (ONG), dedicada a la construcción de casas para los sectores más necesitados de la sociedad peruana

Las dudas sobre la nacionalidad del ex presidente Alberto Fujimori comenzaron con su campaña política en 1990, cuando salió elegido presidente de la República.
En esa oportunidad, la Embajada del Japón calló en todos los idiomas, pero tres años más tarde apareció una pista que aumentó las sospechas: el acta de bautizo del ex mandatario mostraba alteraciones en el espacio que consignaba la fecha de nacimiento.

Fujimori ejerció de forma activa su ciudadanía peruana, pero ocultó su condición de súbdito japonés. Queda claro que jugó con las leyes de ambos países y que las utilizó en el momento en que más útiles le fueron.
Ahora, por cierto, recurre a su condición japonesa, para lo cual ha debido renunciar a su ciudadanía peruana, pues no cabe legalmente la doble nacionalidad.

24 de julio de 1997: La periodista Cecilia Valenzuela publicó un informe en la revista "Caretas" con la sugerente pregunta ¿Dónde nació? en referencia al entonces jefe de Estado, Alberto Fujimori. Presentaron una ficha de la Jefatura General de Extranjería del Perú de 1934 donde Matsue Fujimori declaró al ingresar al país que estaba casada y tenía dos hijos. Se supone que se trataba de Alberto y Juana.

26 de julio de 1997: El arzobispo de Lima, monseñor Augusto Vargas Alzamora, confirma que el libro de actas bautismales está corregido con un borrón y escritura encima en la parte referida al lugar de nacimiento de Fujimori.

2 de agosto de 1997: La alcaldía japonesa de Kawachi negó la posibilidad de hacer público el registro familiar de Alberto Fujimori, llamado koseki, en el que constan los documentos de nacimiento. Este expediente hubiera permitido conocer la doble nacionalidad -no permitida por ley-del entonces presidente.

6 de agosto de 1997: "Dentro de todas las libertades que existen en el país se cuestiona mi nacionalidad. Yo digo, bueno, la prensa y la sociedad tienen la libertad de investigar. Investiguen libremente". Declaraciones de Alberto Fujimori.

10 de agosto de 1997: El abogado de la familia Fujimori, Sandro Fuentes, mostró la constancia de bautismo del Arzobispado de Lima de 1974, que señala que Alberto Fujimori nació en el Perú el 28 de julio

La Constitución de 1979, bajo la cual fue elegido presidente Alberto Fujimori, establece que para llegar a tal cargo uno debe cumplir tres requisitos: ser ciudadano en ejercicio, haber nacido en el Perú y ser mayor de 35 años.
Con estas premisas, la postulación de Fujimori podría considerarse válida, aunque habría también que tener en cuenta la Constitución de 1933, que fue bajo la cual nació el ex presidente, puntualizó el abogado constitucionalista Enrique Bernales.
Hay que recordar que Fujimori ha realizado numerosos actos como peruano, tales como votar, obtener títulos o ser rector de la Universidad Agraria. La ley universitaria exige la nacionalidad peruana para ser elegido rector.
En cuanto al hecho de la doble nacionalidad del ex mandatario, Bernales especificó que está fuera de duda que Alberto Fujimori era japonés y que estaba inscrito en el koseki familiar, si no ratificó su nacionalidad japonesa al alcanzar la mayoría de edad, ello significa que mantuvo la nacionalidad japonesa de modo pasivo y la peruana de modo activo.

En cualquier caso, Bernales aclaró que recién ahora que Fujimori huyó del Perú puede decirse que ha activado su nacionalidad nipona. Pero, ojo, que según las leyes de ese país no se puede activar la nacionalidad japonesa si no ha habido una renuncia previa a la otra nacionalidad, es decir, Fujimori debe haber renunciado, ahora sí, a su ciudadanía peruana.
El jurista Jorge Avendaño recomendó a la cancillería peruana que consultase con abogados japoneses para determinar si el ex presidente Alberto Fujimori ha renunciado formalmente a su nacionalidad peruana para optar por la japonesa.
Sugirió esta idea porque en algunos países es un requisito renunciar a la nacionalidad para optar por una segunda.

Con la declaración de que Fujimori es japonés desde que nació, Avendaño refirió que en rigor los actos como presidente durante los últimos diez años no tendrían validez, pero en el derecho existe la teoría de los hechos cumplidos en el sentido de que a veces la ciencia jurídica tiene que cerrar los ojos ante la realidad, porque es imposible que todas las leyes y los decretos supremos sean nulos.
En el fondo para Avendaño el ex presidente Fujimori es un gran sinvergüenza y las autoridades japonesas han sido cómplices.
Esta situación, sostuvo, hace mucho más difícil la extradición del ex presidente, porque esta figura del derecho internacional está regida por la ley del lugar, y la legislación japonesa no autoriza que se extradite a un nacional.
El jurista precisó que, si hay un crimen de lesa humanidad imputable a Fujimori, como los asesinatos en La Cantuta o Barrios Altos, entonces Fujimori no podría poner ningún pie fuera del Japón porque un juez de cualquier país -al estilo Garzón- podría disponer su detención.

-Realmente es una carta denigrante y mentirosa porque no tiene rúbrica ni firma. Es una carta anónima propia de un ser mentiroso como es Fujimori y fue toda su vida.

-Yo en ningún momento he dicho, ni tampoco ha salido en La República, que los mil millones corresponderían a barras de oro. Nadie ha dicho eso y él lo está diciendo. El pez muere por su propia boca.

-Porque no le conviene dar a conocer y resaltar los 123 viajes que él ha realizado como Presidente de la República. Esto lo comprometería muy seriamente porque significaría que sumado todo el tiempo en sus viajes al extranjero, ha estado un año y cinco meses fuera del país. Además, debe explicar, por qué Fujimori se ha fugado del país y que fue la causa para que se le declare como incapacitado moral.

-El (Fujimori) tiene que decir además cuántos viajes ha realizado el embajador (Víctor) Aritomi (cuñado del ex presidente) y la esposa del señor Aritomi (Rosa Fujimori). Por allí tenemos que analizar las informaciones y las investigaciones. ¿Cuántas maletas se llevaba Aritomi y su esposa, cada vez que viajaban al Japón en más de 50 viajes cada uno?

-Así es. Es sospechoso además que Fujimori diga que se hubieran necesitado diez aviones, qué bien ha sacado la cuenta y no olvidemos que es matemático. El problema no sólo es la carga física para sacar cinco o diez lingotes. Él tiene que dar cuentas de certificados. ¿Por qué puso el grito en cielo cuando en una oportunidad viajó en una compañía aérea y le intentaron revisar sus maletas?

-Sé que hay un testigo, nosotros también tenemos informantes y tenemos que guardar la reserva absoluta.

- Estamos investigando y también vamos a invitarlos para la próxima semana, al igual que los funcionarios del Ministerio de Economía como el señor (Alfredo) Jaililie. No olvidemos que tenemos una lista de personas impor- tantísimas y decisivas que vamos a invitar.

A seis meses de la caída del corrupto régimen fujimontesinista, ninguno de los magistrados, jueces y civiles, que formaron parte de la red de Vladimiro Montesinos en la administración de justicia, ha sido sancionado penal o administrativamente hasta el momento.
En estos meses, más por presión de la opinión pública que por afán moralizador, la Sala Plena de la Corte Suprema sólo ha suspendido en sus labores a cinco vocales supremos titulares y provisionales, pero sobre el resto no ha dicho nada.

En el Ministerio Público, que durante 10 años dirigió la amiga del prófugo ex asesor presidencial Blanca Nélida Colán Maguiño, ni un solo fiscal ha sido sancionado y menos suspendido. La doctora Colán y otros renunciaron al Ministerio Público por voluntad propia, de lo contrario seguirían en sus puestos como si nada hubiera pasado.
Los consejos transitorios del Poder Judicial y el Ministerio Público, que sustituyeron a las comisiones Ejecutivas, investigaron la injerencia política en la administración de justicia durante el gobierno fujimontesinista, pero sus resultados se han convertido en secreto de Estado.

Para los recordados fiscales provinciales ad hoc Arquímedes Pezantes Krederdt, Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, Fernando Egas Contreras y Magda Atto Mendivis, y los jueces y vocales Raúl Lorenzi Goycochea, Eliana Salinas Ordóñez, José Chunga Purizaca, Nicolás Trujillo López, Sonia Pineda Cáceres y Alminda López Pizarra, por mencionar algunos, nada parece haber cambiado en estos meses.

¿Quién los sanciona?

¿Sanción o encubrimiento?

En otros casos se les sancionará por actos administrativos, que no supondrá ni permitirá ninguna denuncia penal contra ellos.
Esto parece ser evidente en el reciente pedido de destitución planteado por el jefe de la OCMA contra el ex presidente de la Corte Superior de Lima Pedro Infantes Mandujano, y el ex presidente de la Sala de Derecho Público Sixto Muñoz Sarmiento.
Reyes Ríos plantea destituirlos por los intempestivos cambios de jueces ocurridos en el trámite de los procesos civiles promovidos por los empresarios de televisión Genaro Delgado Parker y Baruch Ivcher Bronstein, pero no se ha pronunciado sobre otras denuncias más graves contra estos vocales superiores.

La denuncia que por intento de soborno planteó, con pruebas, el juez provisional Alexis López-Aliaga contra Infantes Mandujano y el notario público Luis Roy Párraga parece que va a camino al archivo o la prescripción como ha sucedido en los últimos cinco años en la OCMA.
Para muchos esto se debería también a que en las grabaciones magnetofónicas presentadas por López-Aliaga para sustentar su denuncia, Roy Párraga le dice que no debía preocuparse por la ilícita resolución que debía emitir porque el jefe de la OCMA los apoyaría ante cualquier denuncia.

El juez Alexis López-Aliaga denunció que Párraga e Infantes Mandujano le ofrecían distribuir una coima del 5% de 50 millones de dólares por disponer el embargo de tres inmuebles sin sustento alguno. La denuncia presentada a fines de noviembre se ha estancado por el simple hecho de que Infantes niega su voz.
Otras fuentes señalan incluso que Reyes Ríos ha planteado la destitución de Infantes y Muñoz Sarmiento, solo porque está preocupado por el proceso de ratificación que lleva adelante el CNM.
Precisamente la salida de estas resoluciones habría coincidido con su presentación ante el CNM para desvirtuar los cuestionamientos que se le hacen. El CNM empezará a dar los primeros resultados del proceso de ratificación a partir de este 10 de mayo.

4.- Denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación y presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, Srta. Blanca Nélida Colán Maguiño. Denuncia Nº 12.

5.- Denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación Miguel Aljovín Swayne. Denuncia Nº 51. Preside subcomisión Cruz Saavedra.

7.- Denuncia constitucional contra Ernesto Gamarra Olivares.

8.- Denuncia constitucional contra el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano. Denuncia Nº 11. Se acumula las denuncias Nº 54, 55 y 88.

10.- Denuncia constitucional contra el ex presidente de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori. Denuncia Nº 48.

SANTIAGO DE CHILE.- Un alto funcionario de la cancillería chilena viajó hoy a Lima para analizar con las autoridades peruanas la situación de seis chilenos presos en ese país, que desde el pasado viernes están en huelga de hambre, en demanda de un nuevo juicio.
Alejandro Salinas, encargado de derechos humanos del ministerio chileno de Relaciones Exteriores, se reunirá en Lima con Mario Artaza, director general de Política Exterior, para realizar juntos las gestiones ante las autoridades peruanas, indicaron fuentes de la cancillería.

El gobierno peruano entregó a su similar japonés una nueva carta rogatoria para que le sea entregada al ex presidente Alberto Fujimori en relación con un embargo preventivo de bienes por el sumario por incumplimiento de deberes y abandono de su cargo abierto en Lima, según fuentes diplomáticas peruanas.
El documento, el cuarto tramitado por la embajada peruana en Tokio ante la cancillería nipona, procede del Poder Judicial, va dirigido a sus pares japoneses y en él se solicita que se tramite la petición a Fujimori.
Los jueces peruanos piden a Fujimori que señale qué bienes son susceptibles de ser embargados, hasta una cantidad de cinco millones de soles (1,3 millones de dólares), como complemento a otra rogatoria presentada en febrero en la que se pedía su declaración instructiva por incumplimiento de deberes de función y abandono del cargo de jefe de Estado.
Si no se recibe respuesta del ex mandatario en esas dos ocasiones, Lima emitiría una orden de detención en su contra.
Hasta el momento las autoridades japonesas no han contestado ninguno de los cuatro exhortos presentados a través de la Cancillería en Tokio desde febrero pasado.
Las peticiones hacen referencia al abandono de funciones, tráfico de armas y declaración de Fujimori sobre el escándalo de corrupción de su ex asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, así como al levantamiento del secreto bancario para el ex jefe de la inteligencia peruana, que se encuentra prófugo.

Como si se tratara de una pieza teatral en múltiples actos, el Gobierno japonés va definiendo a cuentagotas la situación jurídica de Alberto Fujimori Fujimori, favoreciéndolo cada vez más. Ahora por primera vez la Cancillería japonesa sostiene que Fujimori es japonés desde que nació.
Como señala el constitucionalista Enrique Bernales, el reconocimiento es tardío y oportunista. Esta semana una subcomisión del Congreso aprobó una nueva acusación constitucional contra Fujimori por el alquiler irregular de dos helicópteros a la ONU, incurriendo en los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

Casi simultáneamente Noriteru Fukushima, director de la Primera División de Latinoamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, hizo una desafiante declaración: "Para nosotros, si existe la nacionalidad predominante o no, no importa. Lo que importa es que Fujimori es japonés. Y si él lo es no podemos extraditarlo porque las leyes de nuestro país lo prohíben".
La Cancillería japonesa ha esperado cinco meses desde que Fujimori llegó al Japón -con pasaporte peruano por novena vez, por cierto- para decir que sólo procedió a reconocer su nacionalidad.

Para Bernales, Japón no puede ignorar que en el Derecho Internacional prima, en toda situación de doble nacionalidad, el principio de "nacionalidad efectiva o dominante".
Japón no tiene posibilidad de demostrar que Fujimori tiene como nacionalidad dominante la japonesa. Incluso antes de jurar el cargo de Presidente visitó Kumamoto como ciudadano peruano hijo de japoneses. Siempre lo tuvieron como peruano, señala Bernales.
El Perú tiene pruebas irrebatibles de la nacionalidad peruana dominante de Fujimori. No sólo ha vivido 62 años como ciudadano peruano, sino que ha actuado como tal incluso (aunque de manera indigna y vergonzosa) desempeñando el más alto cargo público y como tal fue recibido en más de una ocasión por Japón.

"Esto va a terminar definitivamente en un litigio internacional que tendrá que ser resuelto por un jurado arbitral que designe una Corte Internacional. Tenemos que alistarnos a una batalla legal que no será fácil", dice Bernales.

El asunto podría estallar estando a la cabeza del Gobierno japonés el virtual próximo primer ministro, Junichiro Koizumi y, eventualmente, en la cartera de Relaciones Exteriores la popular hija del ex primer ministro Tanaka, Makiko Tanaka. En medios japoneses se especula que no obstante la salida del Gabinete del ex primer ministro Ryutaro Hashimoto, principal auspiciador de Fujimori, el apoyo a Fujimori permanecería invariable. Así, el curso de la controversia ya prefigurada parece apuntar definitivamente a un litigio en los tribunales internacionales.

Antes del pronunciamiento de Aguirre Roca, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Manuel Sánchez Palacios, dijo que de confirmarse esta versión, el Congreso de la República podría retirar su firma de la actual Constitución Política del Perú y revisar la promulgación de la misma, debido a que los actos de gobierno hechos por un extranjero son cuestionables.

No tiene total validez

Primeros indicios

Al ser halladas estas pruebas por la periodista Valenzuela, las cuales ponían en duda el lugar de nacimiento de Fujimori, la entonces congresista Lourdes Flores Nano propuso la formación de una comisión investigadora, pero la iniciativa fue rechazada por aquellos legisladores que a lo largo de la década anterior promovieron los cambios en la ley sobre nacionalidad y al artículo de la Constitución de 1993 referido al mismo tema.

Una contradicción entre la Interpol-Venezuela y el Instituto de Diagnóstico San Bernardino ódonde Vladimiro Montesinos se sometió a una operación de cirugía plásticaó detectó el Ministerio del Interior en las investigaciones que realiza para evaluar la actuación funcional del personal de la Agregaduría Policial que se desempeña en la embajada peruana en Caracas.

Según un comunicado oficial entregado por el ministerio que conduce Antonio Ketín Vidal, las investigaciones preliminares establecen que el personal de la Agregaduría comunicó a la Interpol-Venezuela sobre la presencia e internamiento de Montesinos en la clínica el 15 de diciembre. "La información alcanzada motivó que esa misma noche, efectivos de Interpol-Venezuela, sin la presencia de personal de nuestra Agregaduría, ingresara al citado instituto a fin de efectuar un registro que, según versión de ellos, tuvo resultados negativos".

"Sin embargo óprosigue la notaó el Instituto de Diagnóstico San Bernardino, en un comunicado escrito que fue publicado en la prensa venezolana el 06 de abril del 2001, afirma que Manuel Antonio Rodríguez Pérez (Montesinos) ingresó al citado nosocomio a eso de las 07.00 a.m. del 13 de diciembre y que egresó en la mañana del 16 de diciembre, vale decir al día siguiente en que se produjo el registro policial", de la Interpol.

En el comunicado se señala también que las informaciones obtenidas por la Policía Nacional coinciden con las versiones proporcionadas por las autoridades del Ministerio del Interior y Justicia venezolano en el tema sustantivo que es que Montesinos "sí" ingresó a Venezuela.
Añade que no se cuenta con información que demuestre que el prófugo hombre de inteligencia haya abandonado ese país, como dio a entender el ministro venezolano Luis Miquilena.
Los agregados policiales que están sometidos a investigaciones administrativas son Miguel Bernedo Boado y su segundo al mando Oswaldo Sixto Hurtado Cáceres.

El juez David Loli Bonilla interroga hoy al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, para obtener detalles de la forma cómo el jefe de las FFAA amasó cerca de US$ 20 millones, los cuales fueron depositados en cuentas bancarias suizas.
La instructiva del general EP (r) Hermoza Ríos se produce dentro de proceso que el juez Loli le sigue, bajo detención, por colaboración con el narcotráfico. El ex militar, considerado como el número 3 en la mafia montesinista, deberá demostrar ahora que ese dinero no proviene del lavado de dinero.
Según César Naka- saki, abogado del ex militar, y el procurador César Azabache, el dinero encontrado en las cuentas en Suiza son producto de las ilícitas ganancias en la compra de armas y pertrechos de guerra.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de Alejandro Espino Méndez, considera que parte de esa millonaria suma proviene de sus transacciones con el narcotráfico.

Trascendió que el fiscal Espino está mortificado por las declaraciones de Azabache, por adelantar opinión sobre un punto que recién se está investigando. El magistrado habría dicho que el procurador no se da cuenta que es el abogado del Estado y como tal debe de defender los intereses del país y no los de Hermoza como parece ser.
Se indicó, además, que el juez Loli está evaluando el pedido de Espino sobre el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Hermoza y sus familiares.

El funcionario comentó que está pidiendo a la fiscal de Suiza, Cornelia Cova, detalles de los movimientos, giros, transferencias de esas cuentas, además de la inmovilización y el decomiso del dinero detectado.
Las autoridades judiciales esperan que hoy el "general victorioso" proporcione los detalles de cómo constituyó esa fortuna y de dónde vienen sus fondos, que antes no declaró, a pesar de habérsele preguntado si poseían dinero en el exterior.

CHIMBOTE - Satélite Norte. "La urgente necesidad de instalar la Comisión de la Verdad antes de la segunda vuelta, para el esclarecimiento de una serie de crímenes, como la desaparición forzada de nueve campesinos del valle de Santa", reclamó el presidente de APRODEH, Francisco Soberón.

Refirió que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el caso y ha demandado al Estado peruano el esclarecimiento de estos hechos para que se identifique y sancione a los responsables por los delitos de lesa humanidad, tortura, desapariciones, secuestros y crímenes.

Soberón manifestó que el Estado debe eliminar cualquier traba judicial que detenga el proceso de esclarecimiento de estos hechos de grave violación a los derechos humanos y se establezca una reparación integral para los familiares de las víctimas.
"Esperamos que el gobierno de transición democrática pueda cumplir con la recomendación de la CIDH sobre este caso en particular y con el compromiso de instalar la Comisión de la Verdad antes de la segunda vuelta", reiteró.

Precisó que la Comisión de la Verdad no sólo debe reunir a instituciones de Lima, sino también de provincias, gente que hable quechua, considerando que la mayoría de víctimas eran quechua-hablantes.
"Toda la violación de derechos humanos, ya sea por agentes del Estado o por grupos subversivos, tiene que ser esclarecida, aunque en el caso de los desaparecidos de Santa los cuerpos no han aparecido", añadió.

El primer año del milenio emigraron casi 200 mil peruanos. Más de un millón han hecho lo mismo en los tres últimos lustros. Récords que preocupan.
El año pasado, la desilusión se fue del país. Decenas de miles cruzaron la frontera en busca de un futuro incierto; pero para ellos, mejor. La mayoría se fue con visa de turista o, peor aún, ingresando a pie. Muchos perdieron los ahorros de una vida. CARETAS reunió testimonios de gente que está a punto de partir ilegalmente y las escalofriantes cifras de los últimos quince años, tres lustros que abarcan tres períodos de gobierno y dos presidentes: Alan García y Alberto Fujimori. Y la tendencia es creciente.

LA oficina de Teófilo Altamirano, doctor en Antropología por la Universidad de Manchester y especialista en el tema de la migración, está excesivamente ordenada. En su pizarra está dibujada la tabla de cuántos se fueron y no volvieron en los últimos quince años. "Se puede ver cómo le va al país con tan sólo ver su saldo migratorio" -asegura.
La crisis elevó la cifra a un récord, 183.908 peruanos se fueron el 2000. Un hito histórico que no tiene parangon. "Fueron 12 meses que desmoronaron la credibilidad de muchos peruanos en su país, el 2001 se avizora igual o peor".
Las causas que impulsan una partida de esa magnitud son socieconómicas, culturales y en estos últimos tiempos políticas. "Por el lado socioeconómico, es evidente que el fenómeno implica la búsqueda de mejores salarios. Cuando la economía se estanca las maletas se alistan".
Raúl (31) establece un vínculo visual con el mesero del Norky's. Vive en una casa de un piso en Comas. Sabe que será su último pollo a la brasa antes de intentar cruzar como "coyote" la frontera de los Estados Unidos. "Parte pierna" -solicita. Ha pagado tres mil dólares hasta llegar a Tijuana. Una vez allí tendrá que pagar la misma suma logre o no logre el objetivo. No hay reembolso. No tiene idea de qué hará después. "Allá hay chamba en todos lados" -afirma confiado. Con él viajarán cuatro peruanos más. Hay salidas todas las semanas. La mafia que los transporta no es local. Hace lo mismo con venezolanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos. "Me he roto el lomo tres años para conseguir la plata". Su familia lo apoya en su decisión, antes su tío Toño y su cuñada Ivette ya lo habían hecho. Ahora casi gozan de residencia. Pero él no puede ir a ninguna de sus casas porque puede arruinarle los trámites.
En los últimos meses, las colas para obtener visas son de mayúsculas proporciones y una clara muestra de lo que está pasando. Según el Consulado General de Estados Unidos, en los primeros cinco meses del año, las solicitudes han aumentado 39% respecto al mismo período del año 2000, en el finalmente hubo 198 mil. Las entrevistas personales diarias han pasado de 400 a cerca de 3.000. Las autoridades consulares se han visto obligadas a implementar un sistema telefónico para solicitar citas y, en convenio con DHL, devolver los documentos que se presentaron y el pasaporte.
Maricielo (26) tiene visa para Europa obtenida en la época en que sus papás tenían una pequeña -pero próspera- empresa de calzado. Ahora, al borde de la crisis y con sus estudios de Derecho en la Universidad de Lima truncos, ha optado por irse a Italia. "Allá voy a trabajar de baby sitter, ganaré un aproximado de 800 dólares" -señala sin importarle que sólo podría viajar, oficialmente, como turista.
El 50% de los que se han ido está entre los 20 y 40 años. Conforme avanza la crisis, aumenta el porcentaje. Una característica adicional, las mujeres son 11% más que los varones. "Ellas tienen más suerte porque pueden obtener empleo como empleadas del hogar"-complementa Altamirano. Los hombres deben conformarse con trabajos menores y subpagados.
Existe una tendencia por viajar a Argentina, que es, en términos país, el pueblo joven para los migrantes. Es sumamente caro y, habitualmente, van a parar a lo que los platenses llaman Villa Miseria. "Cabe agregar que un bloque de gente lumpen está partiendo hacia allá. Y ésa es la migración que afecta a la gente honesta que va a buscar un mejor porvenir". Europa da mayores ventajas económicas. Sin embargo, el reto -a excepción de los optan por ir a España- es conseguir trabajo sin conocer el idioma. Otros destinos se han detenido. Por ejemplo, la migración a Japón ha parado. En un momento fue la más elevada. Hay 50.000 peruanos allá, pero ya se ha perdido la confianza.
"La emigración crece también por la influencia del libre mercado y la globalización, el internet puede ser considerado un factor, a considerar, pero no el más importante".
Las causas políticas tienen un vínculo estrecho con la emigración. Cuando en el Perú se experimentaba una inestabilidad política, que se percibió particularmente en el gobierno aprista, aumentó la movilización de peruanos al extranjero. La situación de esos años sólo pudo ser superada por el segundo período de Fujimori. Según Teófilo Altamirano, "mucha gente, solamente con pensar que Alan García gana la Presidencia, ya está pensando en irse y para eso no se necesita ningún cálculo estadístico".
"Thanks for your visit" -dice Emiliano (43) mientras recibe una propina de 5 dólares de un turista holandés. Hace ocho meses que busca trabajo estable en su profesión. El es Ingeniero Forestal. Ahora es guía turístico. Ha vendido enciclopedias, ha trabajado de mesero, ha sido peluquero y ha llegado a lavar carros antes de llegar a su actual empleo. El se va a Argentina en estos días. "Sé que varios peruanos la pasan mal allá, pero yo tengo profesión y de cualquier modo me irá mejor en Buenos Aires". Su pasaje vía terrestre está comprado. Sus maletas listas descansan. Su habitación alquilada a tres cuadras de Angamos con la Vía Expresa está casi vacía. "En este país no se puede creer en nadie, los políticos roban, se van y la pasan bien. ¿Cuándo la voy a pasar bien yo?" -dice y guarda el boleto de ida en su chaleco, antes de ir a trabajar.
"El Gobierno no puede implementar una medida política para reducir la libertad de la gente. Una ley no puede impedir la fuga masiva de peruanos. Lo único que queda es mejorar al Perú" -afirma enfático Altamirano. Hay 2'179.000 peruanos en el exterior entre legales e ilegales. Es la clase media y alta la que se va. "Los excesivamente pobres no tienen, ni siquiera, la opción de partir". Las cifras apuntan para más. El destino de los desesperanzados parece estar lejos de las fronteras nacionales. El retrato de un país que se va por la ventana.

Si la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirma que el plazo que tenía el Estado para juzgar al ex presidente Alan García ya venció, y por lo tanto ya no puede ser juzgado por los graves delitos que le fueron imputados y que en su tiempo causaron gran escándalo en el país, se habrá perdido la oportunidad de conocer si esas imputaciones fueron ciertas o sólo una invención para desprestigiarlo y perseguirlo.
Además, si llegara a confirmarse esa prescripción, no se conocerá si fue cierto que el consorcio Tralima pagó millonarias coimas para la construcción parcial del Tren Eléctrico, ni tampoco el trasfondo de la reducción en la compra de aviones Mirage ni en la colocación de las reservas internacionales en el BCCI.
Asimismo, el candidato García habrá perdido la oportunidad de demostrar a los peruanos que era inocente de todos los cargos que le imputaron. Y no podrá decir que éstos fueron injustos y que las supuestas pruebas sobre su culpabilidad eran falsas.

Tanto la abogada defensora del candidato, Judith de la Matta, como el procurador ad hoc Jorge Melo Vega, han pedido el uso de la palabra en la vista de la causa, cuya fecha aún no ha sido precisada por la Sala Civil Permanente, que preside el doctor ÓscarAlfaro.
Sin embargo, el fiscal adjunto supremo en lo penal Flavio Paccini Virhuez ha señalado en su dictamen que la prescripción de la acción penal no rige para esos casos.
Explicó que para los delitos por los que se lo persigue, regulados por el Código Penal de 1924 -vigente al momento de la comisión de los mismos- la prescripción se da después de siete años y medio, plazo en el que se comprende un período de dos años y medio adicionales por tratarse de delitos cometidos en agravio del Estado.
Asimismo, ha señalado en su dictamen que el último acto de la corrupción, desde el que debe establecerse la fecha de la prescripción, no fueron los depósitos realizados por Sergio Siragusa Mule en el Barclays Bank en las Islas de Gran Caimán hasta 1990, sino el intercambio de fax en los que se ponía de acuerdo con el mandatario, mediante seudónimos y claves, entre Lima, Miami y Colombia en julio de 1994.

Tanto el ex parlamentario Ricardo Letts Colmenares como la Asociación Americana de Juristas lo han denunciando ante el Ministerio Público por los delitos de genocidio por la matanza de los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. En dichos centros penitenciarios murieron 246 acusados por terrorismo al debelarse un motín de casi dos días en 1986.
El gremio de juristas ha ido más alla, al responsabilizarlo también por la muerte de 34 presos ocurrida en el Pabellón Británico del penal de Lurigancho el 4 de octubre de 1985, producida por un incendio ocasionado por la quema de colchones luego de una requisa.
El presidente de la asociación, Andrés Coello, refirió que su denuncia fue formalizada el miércoles último e indicó que no tenía intención política.
Refirió que no lo habían denunciado antes porque recién el 20 de marzo último la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que no tenía validez jurídica la Ley de Amnistía dada en 1995 por el Gobierno de Alberto Fujimori y que perdonó las violaciones a los derechos humanos producidas desde 1985 hasta ese año. Recordó que mediante esa ley también se perdonó a los responsables directos de esa matanza, pero que nunca se investigó la participación de García.
Añadió que, según los convenios internacionales, las violaciones a los derechos humanos no prescriben y pueden ser perseguidas en todo el mundo.
Dijo que la prueba fundamental del caso se encuentra en el acta del Consejo de Ministros del 18 de junio de 1986, en el que García habría ordenado la acción de las FF.AA. para restablecer el orden en los penales.

La Procuraduría Ad Hoc que investiga la red de corrupción del ex presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos está siguiendo las pistas de una planilla secreta mediante la cual se pagaba en forma extra a magistrados y fiscales.
El programa televisivo Panorama informó anoche que la investigación revela detalles puntuales de la organización construida por Vladimiro Montesinos en las instancias judiciales.
Al parecer se conocería la lista completa de los magistrados involucrados en esta red, los procesos judiciales en los que participaron, e indicios razonables de la existencia de una planilla clandestina a muchos jueces y fiscales que les permitió incrementar su patrimonio e inmobiliario y sus cuentas bancarias.
La investigación ha sido iniciada por la Fiscalía de la Nación y los Organos de Control dentro del Ministerio Público y Poder Judicial.
Con ese fin, según se indicó, se están verificando documentos, videos y los pocos registros que quedaron en las dependencias públicas de toda la red delictiva organizada por el prófugo Montesinos, aunque se reconoció que quizás los casos de corrupción judiciales son los más difíciles de probar. En primer lugar porque la cantidad de patrimonio que se mueve en ese tipo de hechos no llega a las dimensiones del patrimonio que se mueve en otro tipo de hechos y corrupción, como por ejemplo los contratos de adquisición de equipos de defensa o manipulaciones de fondos del tesoro público, incluso las inversiones en campañas electorales.
Se informó que esta organización en el Poder Judicial y Ministerio Público operó bajo cuatro pilares: con los integrantes de las comisiones ejecutivas, con casi todos los magistrados supremos, con algunos jueces y fiscales de primera instancia considerados de absoluta confianza de Montesinos.
Sustentándose en la fuente de la Procuraduría Ad Hoc, se mencionó que hombres de absoluta confianza del ex asesor eran los encargados de transmitir instrucciones directas a jueces y fiscales encargados de resolver casos específicos.

En otro momento, Panorama informó que el ex abogado del SIN, Pedro Huertas Caballero, quien era un estrecho colaborador de Montesinos y administraba las planillas secretas de los magistrados, habría decidido colaborar con las investigaciones acogiéndose a la Ley de Colaboración Eficaz, y que su testimonio y pruebas son de gran importancia para llegar hasta el final de la investigación.
También se dio cuenta de la existencia de un fax firmado por las entonces fiscales superiores provisionales de drogas, Flor de María (Mayta) y Julia Eguía (Dávalos), que la procuraduría tiene en su poder y que demostraría las coordinaciones efectuadas para la ejecución de pago de planillas secretas por parte de Montesinos. Ese fax tiene la fecha del 15 de noviembre de 1999 y fue remitido a Montesinos desde el número 428-4349, asignado a una fiscalía superior antidrogas. El reportaje incluye el testimonio de Julia Eguía, quien negó haber firmado dicho documento, pero además indicó que "es una confabulación montada contra mí y ya estoy decidida a que me lleven a la cárcel, tengo mis maletas listas".
Mencionó los casos de ex magistrados cuyas propiedades no se sustentan con sus ingresos. Hay ex jueces y ex fiscales que han adquirido propiedades e inmuebles a su nombres y familiares sin sustento. Por ejemplo, el ex presidente de la Corte Superior de Lima, Pedro Infantes Mandujano, cuya hija no puede demostrar cómo adquirió una vivienda en Miraflores, valorizada en 100 mil dólares.
Asimismo, el ex presidente de la Sala de Derecho Público, Sixto Muñoz Sarmiento, posee hasta dos inmuebles en la exclusiva zona de Chaclacayo; también las tres propiedades de l ex vocal superior de la Sala Tributaria, Eliana Salinas Ordóñez, y la casa en la playa de Ancón comprada por el vocal supremo Jaime Beltrán Quiroga un día después de su controvertido voto en el caso Newton, y los casos de los ex fiscales Víctor Hugo Salvatierra y Blanca Nélida Colán.
Además, agregó, las propiedades que tiene en Piura y Lima el ex presidente de la Sala Superior de Delitos Tributarios y Aduaneros, Lorenzo Zolezzi.

La deshonra y la destitución giran en los despachos de algunos jueces y fiscales corruptos, de comprobarse que recibían un pago de hasta 500 dólares mensuales por su subordinación al prófugo ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, según la denuncia presentada por la procuraduría ad hoc.
El procurador José Ugaz precisó que la solicitud de investigación en contra de dichos malos magistrados fue presentada hace un mes y medio en la Fiscalía de la Nación, al comprobarse que en la lista de involucrados también figuraban algunos fiscales y vocales supremos.
En algunos casos -sostuvo- había jueces y fiscales que estaban en una suerte de planilla, mediante la cual se les asignaba un pago mensual, adicional a la remuneración que recibían del Ministerio Público o del Poder Judicial, a efectos de mantener una subordinación a Montesinos.
Esto ocurría principalmente con algunos malos magistrados adscritos a los sistemas penal tributario y tráfico ilícito de drogas, que eran los dos grandes subsistemas del Poder Judicial y de la Fiscalía, controlados directamente por Montesinos en algunos casos o a través del vocal Alejandro Rodríguez Medrano, en otros, comentó.
La red de corrupción de Montesinos no terminaba allí. Ugaz aseguró que también había algunos magistrados requeridos ocasionalmente por el ex asesor para casos políticos, persecución de opositores o para garantizar la impunidad de quienes de alguna manera estaban vinculados al Gobierno.
Estos magistrados no recibían una mensualidad, sino una simple prebenda ocasional o bien un pago por lo que Montesinos quería.
Ugaz precisó que había otro grupo de jueces y fiscales que no recibía dinero, pero en cambio era presionado por Rodríguez Medrano o el propio Montesinos a través de algunos abogados.
Sostuvo que si se llegase a comprobar que estos magistrados fueron influidos ilegalmente al tomar sus decisiones judiciales, ya sea por pago, presiones o favor político, éstas podrían motivar la revisión del caso, más aun si han ocasionado perjuicios a terceras personas.
De otro lado, Ugaz reveló que después de seis meses de gestión al frente de la procuraduría recién ayer pudo conocer con exactitud que el número de vladivideos se eleva a 1.646 cintas.

Al ser comprado el Banco de Comercio por la Caja Militar, la mafia de Vladimiro Montesinos usó a la entidad para consumar operaciones ilegales, aprovechando que controlaba a la cúpula militar que copaba el directorio de la institución.
Compañías como Corporación Pirámide Azul, Inmobiliaria y Constuctora Malecón Cisneros y Mercantil Río Grande ejecutaron millonarias transacciones en las instalaciones del banco. Todos sus movimientos bancarios son ahora objeto de indagación, como los de las firmas Corporación Unida, Inmobiliaria Santa Angela, Constructora Baire, Constructora Alianza, Cultivos Internacionales, Impar S.A., Ocean Reef Trading Limited e International Proporties SAC, entre otras.
Según el Memorando Nº 17-2001-VIO/BC, suscrito por los inspectores de la SBS, han sido comprendidas como "operaciones inusuales" las que realizaron Enrique y Oscar Benavides Morales, vinculados al suministro de armamento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. También son investigadas las empresas de ambos, Compañía Importadora Ferretera S.A. (CIFSA), CIFSA International y Consorcio CIFSA.
Según declaraciones de Víctor Alberto Venero, Juan Valencia y Luis Duthurburu, los Benavides Morales participaron activamente en la venta de armamento y eran parte del entorno privilegiado de proveedores de Vladimiro Montesinos. Oscar Benavides constituyó la empresa W-21 Intertechnique S.A., que vendió las aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 de Bielorrusia, mientras que su hermano Enrique es sindicado como uno de los financistas de esta operación fraudulenta.

En contra de lo que se había declarado en los últimos días, que no había nada oficial, el presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, confirmó ayer que decenas de parlamentarios habían planteado que se les indemnizara por la interrupción de su mandato, lo que podría costar 165 millones de soles.
Uno de los coordinadores es Antonio Becerril (Vamos Vecino), quien indicó que estaban solicitando una suma que les permitiera reinsertarse en sus actividades anteriores. Juristas dicen que no procede ninguna indemnización.

Ferrero dice que no son de una sola bancada. Compensación por reducción de mandato le costaría 165 millones de soles al Estado
El presidente en funciones del Congreso de la República, Carlos Ferrero, confirmó ayer que el tema de la indemnización a los parlamentarios por la interrupción de su mandato ha sido planteado por algunas decenas de legisladores de varias bancadas.
Señaló que la Mesa Directiva ha hecho consultas legales al respecto, pero agregó que su directiva actuará conforme a la ley.
En declaraciones formuladas al término del homenaje al presidente de Colombia, Andrés Pastrana, en el Poder Legislativo, Ferrero indicó que el Parlamento no había avalado, prestado dinero, impuesto multas o hecho pagos en dólares durante su gestión. "Nuestros recursos se usan de forma transparente. A diferencia de otros parlamentos, como en la época de Yoshiyama, los congresistas no se irán con su carro ni con las máquinas (computadoras) que han usado", dijo.
Asimismo, indicó que el recorte del mandato parlamentario fue un acto voluntario, adoptado por los propios legisladores.
Al respecto, el congresista Luis Iberico (FIM) manifestó que en una próxima reunión de la Junta Directiva del Congreso, cuya fecha no se ha precisado, tratará sobre el tema y su posición es que no se pague ni un sol.

Uno de los representantes del grupo de congresistas que estaría pidiendo esa indemnización sería el legislador Antonio Becerril, integrante de Vamos Vecino, quien ayer se animó a declarar y asumió su responsabilidad como uno de los autores de ese pedido.
En declaraciones a la prensa, afirmó que varias semanas atrás había acordado con la Mesa Directiva del Parlamento que ellos presentarían un informe legal sobre la procedencia de la indemnización. Precisamente ese informe, suscrito por el abogado Jhonatan Valerio Laureano, fue presentado el viernes pasado.
Al explicar su posición, negó que su grupo estuviera pidiendo un millón y medio de soles para cada uno de los solicitantes.
"¿Pero cuánto están pidiendo?", se le preguntó insistentemente a un Becerril dudoso y poco convincente. "Se trata de una cantidad de dinero que permita reinsertarse en las actividades que realizaban antes de ser elegidos", contestó.
Agregó que en el informe presentado por el abogado contratado por su grupo no se había establecido cifras, pero sí se precisó algunos conceptos, entre los cuales mencionó que la figura de la relación entre los congresistas y el Parlamento estaría regulada por el Código Civil y que la única que podría adecuarse era la figura contractual.
De acuerdo con dicho concepto, a cada congresista le correspondería como indemnización el monto total que dejará de percibir por la reducción de su mandato. Es decir, los 23.000 soles que recibe mensualmente (ocho mil como remuneración y quince mil por gastos operativos) por el número de sueldos que reciben al año (quince) y por los cuatro años que falta para concluir su período.
Ello daría como resultado que cada uno de los parlamentarios perciba como indemnización 1"380.000 soles que, multiplicado por los 120 parlamentarios, ascendería a más de 165 millones de soles, monto que tendría que ser abonado por el Estado.

Desde el punto de vista jurídico, los congresistas que concluyen su mandato el 26 de julio no tienen derecho a ninguna indemnización, porque ellos mismos fueron los que aprobaron la reducción de su período legislativo.
Así coincidieron en señalar tres destacados juristas, especializados en derecho civil, constitucional y laboral al opinar sobre la posibilidad de que los parlamentarios sean indemnizados.

El civilista Max Arias Schreiber Pezet afirmó que no se podía considerar una relación contractual la existente entre el Congreso y los parlamentarios para pedir una indemnización por la interrupción del mandato.
Explicó que en la elección parlamentaria existía la figura del azar y esa relación estaba sujeta a los avatares de la política.
Indicó que los congresistas han sido elegidos para representar al pueblo; por lo tanto, la relación directa que ellos tienen es con quienes los han elegido. "Por eso son representantes", dijo.

La fiscal anticorrupción Farah Cubillas Romero denunció ayer ante el Poder Judicial al ex vicepresidente del Banco de Comercio César Samillán Incio y a otros 14 testaferros de Montesinos, quienes se valieron de la institución bancaria para sacar cerca de 50 millones de dólares que iban directo a las cuentas del ex asesor en el exterior.
Después de una investigación de tres meses y con el informe de inspectoría de la SBS, la fiscal encontró indicios de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en 15 personas.
Entre ellas, Samillán Incio, quien prestó sus cuentas para recibir las transferencias dirigidas a Montesinos por el Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional (CEECI), con sede en México, y viceversa.
Con él fueron denunciados los conocidos testaferros Juan Valencia Rosas, los hermanos Víctor y Luis Venero Garrido y los hermanos Luis y Daniel Duthurburu Daruich.
También los ex funcionarios del banco César Gamarra Ugarte y Franklin Marino Loayza Jiménez, los socios de Víctor Venero, Néstor Rojas Godines y los hermanos Oscar y Enrique Benavides Morales.
Además, Walter Jiménez Rojas, Martha Garmendia Garrido, Verónica Delgado Garmendia y Alberto Garrido López.
La fiscal señala en su denuncia presentada ante el juzgado anticorrupción que Verónica Delgado, Walter Jiménez y Martha Garmendia remitieron a Montesinos distintas transferencias por más de dos millones de dólares entre 1998 y el 2000 al CEECI de México.
Una vez depositado el dinero en el CEECI, era trasladado a una cuenta de Vladimiro Montesinos en el City Bank en New York.
De acuerdo con la informe de la SBS enviado a la fiscal, se han detectado diversas transferencias al CEECI, las que han sido denominadas "operaciones inusuales".
Las principales transferencias corresponden a Juan Valencia, Luis Duthurburu y a su socio Víctor Alberto Venero Garrido, a sus empresas y a los socios de estos por más de 50 millones de dólares.
Al parecer, una vez que el Banco de Comercio pasó a manos de la Caja de Pensiones Militar Policial, y por ende a manos de la mafia de Montesinos, fue utilizado sin ningún descaro para operaciones ilegales.

La copia de este primer documento no reproduce el número telefónico de origen (444-5443), el cual sí es posible leer en el segundo fax, correspondiente a un envío similar que la oficina de Augusto Bresani León hizo el lunes 25 de mayo de 1998.
En este segundo caso ócomo se puede observar en las reproducciones que acompañan esta notaó se transmite el texto íntegro de otra de las tantas páginas de ese diario "chicha" dedicadas a calumniar a nuestro reportero Angel Páez (titulada "El Comercio desmiente al traidor Páez").
En la cabecera de la página no sólo se lee la fecha, hora y teléfono de origen, sino también el nombre de la empresa emisora: Braso S.A., siglas de Bresani Asociados S.A.
Augusto Bresani León atendía a los directores de la prensa "chicha" captada por el SIN en sus oficinas de Pasaje Los Pinos 165, interior 169, distrito de Miraflores. Allí mismo estaba instalado el teléfono 444-5443 desde donde se despachaban los fax mencionados.

Pero el mismo Augusto Bresani tenía otro punto de contacto directo con el SIN, en su domicilio de avenida Velasco Astete 763, Chacarilla del Estanque.
En esta dirección funcionaba el teléfono 372-4575, desde donde se comunicaba con el SIN y recepcionaba los materiales que después se enviaban a la redacción de "El Tío" y otros cinco periódicos "chicha" financiados por el SIN y que actuaban como operadores psicosociales.
La República obtuvo los reportes de llamadas telefónicas (indicando únicamente la fecha, los números y tiempos de la comunicación telefónica) efectuadas por Augusto Bresani desde su domicilio.
Una mirada al reporte de llamadas telefónicas efectuadas y recibidas desde el número 372-4575 (del domicilio de Augusto Bresani), entre el 22 de abril y 29 de mayo de 1999, indica que 52 de ellas se entablaron con dos números que tenían como abonado al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Se trata de los números telefónicos 252-1013 y 252-1545, que figuran en una lista de teléfonos pertenecientes al SIN.
Publicamos únicamente las hojas del listado en que aparecen los números del SIN con que diariamente se comunicaba Augusto Bresani León, en algunas ocasiones hasta por siete veces al día, como ocurrió el 25 de mayo de 1999.
Esta frecuencia de comunicación se dio justo en la etapa (31 de marzo al 20 de agosto de 1999) que arreció la campaña difamatoria contra Gustavo Mohme Llona, director fundador del diario La República.
A su vez, para efectos de repartir los titulares y textos que recibía de la matriz de inteligencia, Augusto Bresani se mantenía en contacto, a través de su celular (944-3217), con los directores de los tabloides alquilados por el SIN, tal el caso de José Olaya Correa, del "El Tío".
El reporte telefónico del celular de este último (900-1722, tomado a nombre de su esposa Miryam Ravenna) muestra la avidez con que llamaba a Augusto Bresani, su contacto con Vladimiro Montesinos.
El reporte correspondiente a diciembre de 1999, los días en que se planeó la "guerra sucia" contra los entonces candidatos presidenciales de fuerza Alberto Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio, advierte la frecuencia diaria de esa comunicación, considerando sólo teléfono celular.

El procurador José Ugaz Sánchez Moreno ratificó ayer que sí existen pruebas suficientes para acusar penalmente al prófugo ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y que, por tanto, debe ser sometido al proceso judicial correspondiente.
Reiteró la posición cómplice adoptada por el gobierno del Japón para dar refugio al prófugo Fujimori, pero manifestó que confía en que la justicia peruana sabrá mover los mecanismos legales adecuados para posibilitar finalmente su extradición.
El representante del Estado peruano en los procesos penales que ventilan las fiscalías y juzgados anticorrupción informó asimismo que tuvo que apelar la orden de comparecencia impuesta contra el gerente general del Banco Wiese Sudameris, Eugenio Bertini Vinci, quien habría ayudado al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres a transferir millonarias sumas de dinero a las islas Gran Caimán.
Ugaz dijo ayer no estar de acuerdo con la decisión del juez David Enrique Loli Bonilla, titular del cuarto juzgado anticorrupción, quien ordenó comparencencia y una caución de 100 mil soles al funcionario, suma que deberá desembolsar como garantía de que estará a disposición de la justicia.
Bertini, quien según la fiscalía no entregó toda la información de las cuentas de Montesinos al ex fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, podría tener orden de detención, si se tiene en cuenta que los pedidos de la procuraduría siempre se han hecho efectivos.
El funcionario es acusado de los delitos de complicidad en corrupción de funcionarios, contra la función jurisdiccional, encubrimiento real y contra la fe pública, ocultar información sobre las cuentas de Montesinos.
En la transcripción del video número 1790 consta que Montesinos ofreció ayudar a Bertini con un expediente judicial y deudas del banco a cambio de su apoyo a la re-reelección del ex mandatario Alberto Fujimori.
Además, en la reunión, ocurrida el 11 de noviembre de 1999, el gerente del Wiese Sudameris aconsejó al ex asesor cómo sacar su dinero del país y ocultarlo por medio de cuentas cifradas y de compañías ficticias que le propuso manejar.
En un diálogo registrado en una cinta de audio también tratan de una deuda que tenía la referida institución bancaria por tres millones de dólares con el Estado.

La Cuadragésima Quinta Fiscalía Provincial archivó ayer la denuncia presentada contra el ex presidente Alan García Pérez por los delitos de genocidio, asesinato y homicidio calificado durante el debelamiento de los motines en los penales El Frontón y Lurigancho, en 1986.
Según la resolución del titular de la referida fiscalía, Lizardo Suárez, la demanda presentada por Ricardo Letts Colmenares no procede debido a que García Pérez no planificó una posible ejecución de los terroristas.
Por el contrario, la resolución señala que se trataba de una requisa que posteriormente se agravó de manera violenta.
El documento precisa que la requisa producida en el pabellón Británico, del penal El Frontón, no llegó a realizarse y que los internos por terrorismo cubrieron los accesos a este pabellón para evitar el ingreso de la policía, originándose un incendio que asfixió a los reos.
También se refiere a que García fue alcanzado con el beneficio de las leyes de amnistía, que fueron invalidadas por la Corte de la OEA.
Letts sentó la denuncia en la quincena de febrero pasado ante la fiscalía penal provincial de turno por las muertes ocurridas durante el debelamiento de los motines.
El ex parlamentario señaló que con su denuncia no pretendía perjudicar al candidato aprista en su carrera a la Presidencia de la República, pero sostuvo que éste debía responder al mencionado proceso.
Opinó que el delito no había prescrito porque el genocidio no prescribe nunca.
"Si sólo se considerase como homicidio agravado, recién prescribiría en el año 2004", explicó.
El saldo del debelamiento fue la muerte a más de 300 reclusos acusados y sentenciados por terrorismo que se habían amotinado.

"Dios mío, no puede ser". Así respondió ayer Ricardo Letts Colmenares al conocer que la denuncia que había formulado contra Alan García por la matanza de los penales había sido archivada.
Asimismo, consideró que la resolución del fiscal era muy grave y anunció que no sólo iba a apelar, sino que iba a hacer las consultas para determinar qué otro procesos podían iniciarse.
Del mismo modo se mostró sorprendido porque ayer entregó los nombres de un ex servidor del INPE y un sobreviviente para que declarasen sobre la forma cómo se produjo la muerte de 268 presos en los penales de Lurigancho, Frontón y Santa Bárbara.
"Esto va a despertar el clamor ciudadano y es un gravísimo golpe a la institucionalidad democrática. ¿Quién va a confiar en el sistema estatal que nos rige si un caso tan evidente es archivado? Supongo que este fiscal, que antes defendió a Montesinos, ha recibido instrucciones y las está cumpliendo", opinó.

DESBLOQUEANDO LA VIDEOTECA. Una nueva coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso llevaría a desbloquear la pendiente difusión de muchísimos "vladivideos", cuyos criterios de archivamiento temporal despiertan no pocas suspicacias. El hecho de que se hayan difundido videos que tenían que ver con procesos penales abiertos marcaría un precedente discriminatorio respecto de otros casos, en la misma forma que se mantienen aún sin difundirse videos no vinculados a procesos judiciales pero sí de indudable interés público.

CONSPIRACION IGNORADA. A propósito de los "vladivideos", no estaría trabajando adecuadamente la subcomisión parlamentaria que evalúa la acusación constitucional contra los congresistas que se reunieron con Vladimiro Montesinos para someter a los principales poderes del Estado (judicial, legislativo y de control constitucional) al régimen

El Servicio de Inteligencia Nacional informal que manejaba Vladimiro Montesinos en la época de Fujimori seguiría actuando en el actual gobierno, pero ahora desde la clandestinidad y con los propios equipos electrónicos de inteligencia del Estado que han desaparecido misteriosamente, según lo dejó entrever el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar.
"A mí no me sorprendería, porque todas las actividades que se desarrollaron a partir de la fuga de Montesinos pueden haber sido favorecidas por esos instrumentos que, justamente, han desaparecido del local del SIN. Naturalmente el antiguo jefe del SIN dice simplemente que han desaparecido", expresó.
Fue en una conferencia de prensa que se realizó en una de las salas del Congreso en la que estuvo casi cuatro horas ayer, como presidente de la Comisión Desactivadora del SIN, sustentando su informe ante la Comisión Especial del Congreso que preside Marciano Rengifo. Con él estuvieron los titulares de Defensa e Interior, Walter Ledesma y Antonio Ketín Vidal, respectivamente.
Pérez de Cuéllar, al igual que Ketín Vidal, hicieron alusión a la desaparición de los equipos electrónicos de inteligencia durante la actuación de la anterior Comisión Desactivadora del SIN, encabezada por el ex presidente del Consejo de Ministros Federico Salas.
"El coronel Rodríguez y otros jefes del SIN nos dijeron que desaparecieron esos equipos. Estaban en un edificio acumulados y habían sido sustraídos durante la creación de la comisión que empezó la desactivación. Eso fue lo que dio pie a decir que la desactivación sirvió de cobertura para que vaciaran las oficinas del SIN de una serie de instrumentos electrónicos de muy alta calidad", denunció el actual presidente del Consejo de Ministros.
Como ejemplo de lo que se perdió, Ketín Vidal mencionó equipos electrónicos de interceptación telefónica que tenían la Dincote y otras unidades de la PNP.
Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Ledesma, dijo que habían denunciado a 13 miembros de la FAP ante el Consejo Supremo de Justicia Militar por no colaborar en la investigación del "chuponeo" telefónico.

La subcomisión parlamentaria que investiga las denuncias contra el ex presidente Alberto Fujimori, por el presunto delito de rebelión en que incurrió al cometer su autogolpe, pedirá asumir la denuncia sobre la supuesta indemnización por 15 millones de dólares que fuera pagada a Vladimiro Montesinos.
Así lo anunció ayer el presidente de dicho grupo de trabajo, Manuel Masías Oyanguren, quien indicó que es un tema
nuevo y grave que tiene que investigarse con profundidad.
Es muy grave el tema y esto va a originar una investigación contra los ex ministros Federico Salas, Carlos Boloña y el de Defensa, Carlos Bergamino, quien fue el que denunció el hecho.
Asimismo, Masías consideró que el Congreso tenía que seguir el proceso de la acusación constitucional, porque dichos funcionarios aún les asistía el derecho al antejuicio político. Precisó que el ministro Bergamino será uno de los primeros en ser citados ya que es un testigo de cargo. No quiero decir que las personas que se citen o se investiguen sean culpables. Tengamos mucho cuidado. Es una denuncia bastante grave. El cargo en concreto es 15 millones de dólares entregados por el presidente Fujimori. Quiero decir que también había fondos negros de dineros que circulaban así, agregó.
Durante la sesión de ayer el congresista Robinson Rivadeneyra interrogó sobre el particular al ex presidente del Consejo de Ministros y ex titular de Educación, Federico Salas Guevara Shultz, quien dijo desconocer los hechos. Él acudió para responder por las excesivas funciones de Montesinos.
Posteriormente, la subcomisión investigadora recibió al ex ministro del Interior, general EP (r) José Villanueva Ruesta, y al procurador ad hoc José Ugaz Sánchez-Moreno, sesión que se realizó con carácter reservado. Duró apenas 45 minutos y allí se llevó a cabo una especie de confrontación entre acusado y acusador. La denuncia es por enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios.
El general Villanueva Ruesta fue trasladado desde el Penal San Jorge, donde está detenido, hasta el Congreso en medio de estrictas medidas de seguridad.

Viena.- El viceministro de Justicia del Perú, Juan Jiménez Mayor, pidió ante la ONU en Viena apoyo internacional para luchar contra la corrupción en su país y asistencia técnica para aplicar un programa.
En su intervención ante la décima reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU, que se desarrolla en Viena desde ayer y hasta el 17 de mayo, Jiménez Mayor señaló que durante el gobierno de Alberto Fujimori la corrupción en su país se apreció como nunca antes. "Desde las más altas esferas de la política, a través de un poder oculto que ejerció el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, y personas pertenecientes a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y a la política".
El representante peruano aseveró que los objetivos de volver a democratizar y reintegrar a su país en la comunidad internacional no podían lograrse si se mantenía intacta la red de corrupción.

Santiago de Chile.- Los familiares de los presos chilenos en el Perú pidieron al papa Juan Pablo II que intercediera ante las autoridades de ese país por los catorce días en huelga de hambre que cumplían.
El diputado socialista Jaime Naranjo y los familiares de los seis chilenos encarcelados en el Perú bajo la acusación de terrorismo se entrevistaron con el representante del Vaticano en Chile, monseñor Luigi Ventura.
Es muy importante que su santidad Juan Pablo II haga saber a las autoridades del Perú que él está preocupado por la salud de nuestros compatriotas.
Los familiares denunciantes piden al pontífice que interceda por razones humanitarias.
Jaime Castillo, Lautaro Mellado, María Concepción Pincheira y Alejandro Astorga fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Alejandro Valdivia y Marcela González Astudillo deben cumplir 20 años en prisión.

El gobierno de transición dejará instalada la comisión, que tendría siete integrantes. Trabajarán a título personal, no como representantes de instituciones o partidos. Serán de reconocida trayectoria ética, prestigio, legitimidad en la sociedad e identificación con la defensa democrática y el orden constitucional. Podrán proponerse nombres. El presidente los designará con el voto aprobatorio de sus ministros. Como otras comisiones del continente, se creará por decreto supremo, aprobado por el Consejo de Ministros.

Habrá que ir viendo en el camino. Qué puede decir la comisión al respecto, no me corresponde insinuarlo.

Por eso es necesario destacar que las matanzas y desaparecidos no hubieran ocurrido sino hubiera existido el accionar terrorista. No es que había una maquinaria sangrienta del Estado, sino que el dique se abrió a partir de 1980 y se tiene previsto por eso, que el accionar del terrorismo sea claramente examinado. No es un examen a militares y policías, sino a los responsables de graves hechos violentos.

Puede ser como en El Salvador, donde se establecieron presuntas responsabilidades individualizadas. O como en Guatemala, que sólo se habla de acciones conjuntas. La comisión no tendrá corsé, podrá elegir su metodología. Tendrá que analizar los efectos jurídicos de la Ley de Amnistía de 1995, cuya validez ha sido cuestionada por la Corte Interamericana.

Dieciocho meses. Entonces dará su informe final.

El Estado aportará sólo una parte básica. Podría crearse un fondo, hay interés en la comunidad internacional. La comisión debe trabajar autónomamente y definir su presupuesto. Recibirá apoyo del gobierno para respaldo económico externo.

Sí. Hay el compromiso del Ministerio de Economía. (...) Probablemente algunos autos incautados a los narcotraficantes, podrían servir a la comisión.

Puede ser propuesto por la comisión dentro de un proyecto nacional de reconciliación. Ahora no hay tiempo, el gobierno no tiene presencia organizada en el Congreso. Hay necesidad de una política de reparaciones a miles de víctimas. En Brasil y Argentina los familiares de desaparecidos reciben, por cada caso, más de $100 mil. En el Perú, no sería posible.

No sería mala idea que parte del dinero que se logre repatriar de las cuentas de Suiza, Gran Caimán, México, Estados Unidos, sea utilizado para financiar una política de reparaciones. Pero habrá que pensar en reparaciones menos onerosas, como darles facilidades para acceder a centros de salud públicos o ingresar a colegios o universidades estatales, en el caso de los hijos.

Fuente:Revista CARETAS - Perú
10-05-01

Esta semana se supo que el "testigo clave", del que venía hablando el Procurador José Ugaz -y cuyo testimonio permitiría, por fin, acusar penalmente al ex Presidente Fujimori-, era nada menos que el general (r) Carlos Bergamino, último ministro de Defensa del régimen anterior. Su revelación: el ex mandatario habría pagado 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, bajo la sombrilla de una inversión en operativos de seguridad nacional. Lo más asombroso es que todo esto ocurrió cuando el fujimorismo estaba en sus estertores finales y su único ánimo parecía llevarse hasta la vajilla de la casa. ¿Qué dirá ahora el Imperio del Sol Naciente sobre su súbdito?

A diferencia de ex parlamentarios, de miembros de la familia Montesinos en desgracia u oficiales derrotados, el general (r) Carlos Bergamino Cruz no está mirando la bruma limeña desde el patio del penal San Jorge. Sólo está impedido de salir del país y no tiene problema alguno para abandonar su residencia situada en Surco, a unas cuadras del Pentagonito.
¿Cuál es su secreto? El ex ministro de Defensa final del fujimorismo, ha decidido contar, con lujo de detalles, una operación que involucraría definitivamente a Alberto Fujimori en las oscuras operaciones de su ex asesor.
Bergamino es el testigo clave del cual el Procurador José Ugaz viene hablando hace 24 días. Las revelaciones que ha hecho ante la Procuraduría y la Fiscalía, desde la segunda semana de abril, podrían derrumbar todas las coartadas que Fujimori ha esgrimido hasta ahora para declararse inocente.
UN DIA DE PRIMAVERA

Todo gira en torno a un hecho ocurrido el 19 de septiembre del 2000, apenas 3 días después de que el ex Presidente anunciara el recorte de su mandato debido al escándalo suscitado 48 horas antes por el vídeo Kouri-Montesinos. Ese día, Fujimori, el Premier Federico Salas, el ministro de Economía Carlos Boloña y el propio Bergamino, como ministro de Defensa, firmaron el Decreto de Urgencia No. 081-2000, por el cual se autorizó al sector Defensa a utilizar 69 millones 597 mil 810 soles del Tesoro Público.
El dinero, según Bergamino, era para operativos de seguridad nacional, pero el decreto no tuvo un destino tranquilo. El Premier Salas, de acuerdo a la versión que dio a CARETAS, se habría negado a firmarlo, porque no le encontró mayor sustentación. Inmediatamente, fue convocado a Palacio deGobierno
Al llegar, Salas se encontró con el Presidente y con el ministro Boloña. Se le mostró entonces los papeles de sustentación, lo que, finalmente, lo indujo a firmar. Eso sí -siempre según su versión- lo hizo con la clara conciencia de que "sólo actuaba de fedatario", cosa que piensa reiterar ante los tribunales. No recuerda, además, que se tratara de una suma tan grande.

Cuatro días después, el 22 de septiembre, Bergamino envía a Boloña el oficio No. 11338, en el que reitera la urgencia de que le sea entregado el dinero. Se le da, en cheque, 52 millones 500 mil soles de la suma aprobada en el decreto y el mismo 22 envía otro oficio, el No.14876, al jefe de Operaciones en Moneda Extranjera del Banco de la Nación, para que autorice transformarlos a dólares, al mejor tipo de cambio.

El encargado de la operación fue el general EP (r) Luis Muente Schwarz, entonces jefe de la OGA (Oficina General de Administración) del Ministerio de Defensa. Con el cheque No. 03066404 en la mano, realizó los trámites de acuerdo a la documentación oficial y con el obvio aval de Fujimori y Montesinos. Los soles entregados se convirtieron entonces en 15 millones de dólares.

URGENCIAS Y PEDIDOS

Increíblemente, todo esto ocurría cuando el fujimorismo hacía agua, cuando hasta la OEA e incluso el ministro Boloña, uno de los involucrados en este caso, buscaba a dónde expectorar al asesor. Bergamino ha señalado algo todavía más demoledor: los 15 millones de dólares, según él, estaban destinados a una operación delictiva que importó la apropiación de fondos públicos a ser entregados al ex asesor Montesinos Torres.

Para sustentarlo, ha manifestado que existía el oficio 2041, firmado el 25 de agosto del 2000 por el general José Villanueva Ruesta, entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En él, Villanueva ya solicitaba al Ministerio de Economía los 69 millones 597 mil 810 soles, para el denominado "Plan de Soberanía", destinado a evitar el ingreso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a territorio peruano.
Bergamino fue informado del pedido por funcionarios de Economía, quienes le dijeron que él, como titular del pliego de Defensa, era quien debía firmar el oficio. Así lo hizo, tras comunicarse con Villanueva y mediante el oficio Nº 11296-MD-H/3. Todo se realizó el mismo día, con una premura inusitada y en medio de una ola de pedidos de la Fuerzas Armadas y Policiales.

Carlos Boloña, quien también conversó con CARETAS, explicó que en esos momentos los Comandantes Generales de las tres armas, el director de la Policía Nacional y los ministros del Interior y de Defensa lo llamaban constantemente
para que suelte dinero. Ante tanta insistencia -cuenta-, el 19 de septiembre del 2000 se firmó el decreto de urgencia.
Pero..¿era sólo eso? Recuérdese que, según contó el ex Premier Federico Salas en una ocasión, fue Boloña el encargado de alquilar el avión para la fuga de Montesinos el 23 de setiembre, un día después de la entrega del dinero por parte del MEF.

EL `DOC' SIEMPRE LISTO

El 18 de enero pasado, ya el diario La República informó sobre la operación, en base a unas declaraciones del general Villanueva a la jueza Celinda Segura. Quedó claro entonces que en el lapso posterior a la entrega del dinero no se registró ninguna operación en la frontera con Colombia.

Bergamino, en sus declaraciones recientes, ha agregado detalles más significativos. Según él, el mismo 22 de septiembre, ocho días después de que se propalara el vídeo en el que Montesinos soborna al ex parlamentario Alberto Kouri, el propio ex asesor lo llama para que sobre la base de lo decidido por Fujimori curse los oficios respectivos, solicite los 52 millones 500 mil soles y los cambie a dólares. En otras palabras, el "Doc" apuró la operación.

Así, una vez que el general Muente hizo el raudo cambio de soles a dólares, el dinero le fue entregado a Montesinos, cosa que no sorprendió a nadie, pues se sabía que era él quien manejaba el dinero de las FF.AA. y la PNP. Al día siguiente, no obstante, Bergamino sufrió una baja de presión, cuando se enteró que el ex asesor había huido a Panamá llevándose los 15 millones de dólares.

Desesperado, consultó con Alfredo Jaililie, veterano viceministro de Hacienda, que aún hoy permanece en el cargo. Buscó también al Presidente Fujimori y es allí donde el mandatario le dice que era una indemnización por los servicios prestados al Estado y que él iba a solucionar el problema.
Curiosamente, dos días después, el 25 de septiembre, sale la alucinada Resolución Suprema No. 424-2000, en la que, mediante tres artículos de antología, aceptar la renuncia de Montesinos, cesarlo en sus funciones y darle las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. ¿Fue la justificación formal para el pago autorizado por Fujimori?

¿Y AHORA QUE HAGO?

La angustia de Bergamino, siempre según su propia versión, duró 42 días, hasta el 2 de noviembre del 2000, cuando Montesinos estaba nuevamente acá (volvió el 23 de octubre). A las 9 de la noche de ese día, el general fue citado por Fujimori a Palacio, en medio del mayor sigilo posible. Ingresó calladito por la puerta de Desamparados y se encontró adentro con Boloña, Jaililie y el propio mandatario.
De acuerdo a Bergamino, los cuatro empezaron a debatir cómo tenían que hacer para reponer los 15 millones de dólares, hasta que el Presidente zanja la discusión entregándole cuatro maletines con el dinero en efectivo, al estilo de las operaciones mafiosas montesinistas.

Boloña ha confirmado a CARETAS que la reunión se dio, lo mismo que la discusión sobre cómo subsanar los gastos. Recuerda, además, haber visto a Bergamino retirarse con unas maletas. Jaililie, también en declaraciones para CARETAS, confirma la reunión y añade que Víctor Aritomi, cuñado de Fujimori, rondaba por el lugar de la reunión.
Señala asimismo que vio que cuatro maletines negros aparecieron luego de que Bergamino, Aritomi y Fujimori entraron y salieron de una habitación contigua. Al día siguiente, 3 de noviembre del 2000, el ex ministro de Defensa habría devuelto el dinero al Banco de la Nación, hecho que fue confirmado el pasado 18 de enero por el actual ministro de Economía Javier Silva Ruete.

Jaililie, sin embargo, niega que Bergamino se haya comunicado con él y que le haya absuelto consultas sobre cómo reponer el dinero. Indica, además, que fue Boloña quien lo llamó y le indicó que atendiera el decreto de urgencia. Para ello, le envió el oficio No. 11338 del Ministerio de Defensa con una anotación : Viceministro de Hacienda, sírvase atender para su ejecución .
Era una orden y le di trámite -cuenta Jaililie-. Coloqué en el mismo oficio una anotación mía que decía `Marcelino (se refiere a Marcelino Cárdenas, jefe de operaciones bancarias), de acuerdo a lo instruido por el Sr. Ministro, su autorización'.
Como fuere, las preguntas sobre Fujimori, continúan flotando ¿Por qué autorizó la entrega de dinero a Montesinos? ¿De dónde sacó el dinero que 42 días después le dio a Bergamino? ¿Por qué desató una implacable persecución contra su ex asesor, luego de que éste volvió de Panamá, y justo examinaba con Bergamino cómo devolver el dinero al Tesoro Público?

MAS DINERO Y LO QUE VIENE

El ex ministro de Defensa también ha revelado a la Procuraduría que, entre el 3 y 4 de noviembre del 2000, Fujimori le entregó 3 millones 900 mil dólares para que ejecutara obras del Ejército. Se reunió por eso con el entonces nuevo presidente del Comando Conjunto, el general Walter Chacón. A él le entregó el dinero y la relación de obras. El hecho se investiga actualmente.

Fujimori también le habría ordenado a Bergamino que entregue 1 millón 275 mil 558 soles (367.596 mil dólares) al general Gerardo Pérez del Aguila, jefe de la Casa Militar de Palacio en ese momento. Al procederse, se firmó un recibo en el que se daba cuenta de que el dinero era para dar cumplimiento de ejecución de proyectos del Jefe de Estado durante el presente año.
Pérez del Aguila, consultado por CARETAS, declaró que el dinero se utilizó para pagar a proveedores y que todo estaba en regla. Nueve días después, Fujimori viajó a Brunei y luego a Japón, para no volver más.

El pasado 18 de enero, cuando salía del Palacio de Justicia, Bergamino declaró que el retiro de los 15 millones de dólares y la huida de Montesinos al día siguiente era una simple coincidencia. Pero la reciente denuncia que la Fiscal Anticorrupción Ana Cecilia Magallanes interpuso contra él, por el manejo de ese dinero, parece haberlo hecho cambiar.
Ahora es un "testigo de cargo" y, gracias a sus declaraciones, la Procuraduría ha pedido a la Fiscalía de la Nación que establezca que a partir de noviembre del 2000 se ha evidenciado la existencia de una organización criminal que durante el régimen del ingeniero Fujimori Fujimori estuvo liderada tanto por él y por el reo Vladimiro Montesinos Torres.

Al amparo del artículo 1 de la Ley 27399, e invocando los artículos 387, 317 y 427 del Código Penal, el Procurador Adjunto, Luis Vargas Valdivia, podría pedir la acusación constitucional contra el ex Presidente Fujimori y contra el ex ministro Boloña por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y falsedad material agravada en agravio del Estado. Las penas son de 3, 8 y 10 años de prisión respectivamente.

A Villanueva Ruesta, Jaililie y Montesinos se les podría acusar de los mismos delitos. Y a Pérez del Aguila y Chacón por los delitos de receptación agravada en agravio del Estado. A su vez, deberán rendir su manifestación el ex Premier Salas, el general Muente, el capitán Henry Tunanñaña, Intendente de la OGA, y los miembros del directorio y el gerente general del Banco de la Nación.
Lo que empezó en un día de primavera del año pasado, en Palacio de Gobierno, pronto podría convertirse en el Waterloo de Alberto Fujimori, quien siempre negó cualquier responsabilidad. Si la Procuraduría procede con denunciarlo, ¿tendrá Japón excusa para cobijarlo sin vergüenza alguna?

¿Quién es Bergamino?
La trayectoria del general convertido en "testigo clave"

EL general de división EP (r) Carlos Alberto Bergamino Cruz ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en enero de l961 y egresó en l965. Pertenece a la 67 promoción, la "Sargento Mayor Armando Blondet " y es del arma de Caballería, donde ocupó el primer puesto y fue brigadier.
Fue también jefe de la Primera Región Militar, con sede en Piura, de l996 a l997. Antes, fue agregado militar en Colombia y Director del Comando de Instrucción del Ejercito.
Bergamino fue sindicado como hermocista porque, en su condición de general de división más antiguo, leyó el famoso comunicado de diciembre de l997, cuando los más altos oficiales apoyaron al entonces Comandante General, Nicolás
de Bari Hermoza Ríos, en su afán de arrebatarle a Fujimori la autoría intelectual de la operación "Chavín de Huántar".
Luego, en 1988, fue Jefe de la Secretaría de Defensa Nacional y en l999 agregado militar en EE.UU. Ese mismo año, el general César Saucedo, su compañero promocional, asumió la Comandancia General del Ejército y lo propuso como Ministro de Defensa, cargo que asumió el l5 de abril.
En el "vladivideo" en el que Montesinos brinda con la alta oficialidad de las FF.AA. y la PNP, tras la re-reelección de Fujimori, aparece sentado a la derecha del ex asesor.
Actualmente, está impedido de viajar al exterior y sujeto a varias investigaciones. La Fiscal Ana Cecilia Magallanes, por ejemplo, lo investiga por la presunta compra de las acciones de Cable Canal de Noticias por parte del ministerio de Defensa durante su gestión. También ha sido citado a la Comisión Waisman y a la Comisión del congresista Pedro Morales, que investiga las adquisición de pertrechos militares.
Nació en el Rímac y estudió en el colegio Ricardo Bentin. En agosto cumplirá 60 años

Fuente:Revista CARETAS - Perú
10-05-01

El Socio De Alan
Andrés de los Ríos, fundó Garydel con AGP en París,
pero hoy está con él de pico y patas en la campaña.

LOS SOCIOS DE PARÍS: ANDRÉS DE LOS RÍOS Y ALÁN GARCÍA

Escribe SONIA SULLON

"¡Usted, vaya abajo! ¿qué hace aquí?", con estas palabras un ofuscado Alan García Pérez se dirigió a un rollizo personaje apostado en el tabladillo que precedía al estrado de la Plaza San Martín. Era la noche del 27 de enero del 2001 y García se disponía a iniciar su mitin, el primero después de nueve años de exilio. Ni el apremio por el esperado reencuentro con su público, ni la emoción de los aplausos matizaron la catana.
¿Quién era esta persona a quien García reprendía de ese modo? Su socio, nada menos. Andrés Severo Julián de Los Ríos Bernardini (39) con quien el candidato aprista fundó en París 1997 la empresa de transporte de carga Garydel, que es obviamente la conjunción de los apellidos de los socios. De Los Ríos había llegado a Lima semanas antes del retorno de AGP para apoyarlo en la campaña. Desde entonces no ha retornado a París. Más bien su presencia es cada vez más notoria en el entorno de García. No sólo lo acompaña en los mítines, sino que además manejaría la caja chica de la campaña.

García ha mencionado la empresa de su propiedad en repetidas oportunidades para justificar sus fuentes de ingresos a lo largo de los nueve años que vivió exiliado entre París y Bogotá. Pero la historia de la empresa y sus rentables actividades son virtualmente desconocidas.
La sociedad empresarial entre García y De Los Ríos se remonta a principios de 1997. Según el acta de estatutos de la empresa Garydel (ver facsímil), ésta se constituyó el 19 de febrero de ese año con un capital de 50.000 francos (US$ 8
mil 566).

De los Ríos aportó un capital de 24.000 francos (US$ 4 mil 111) (según la tasa de cambio promedio de ese año: un dólar equivalía a 5,8367 francos), Pilar Nores de García 22.000 francos (US$ 3 mil 769), mientras que Alan García aportó 4.000 francos (US$ 685,3).

Según versión de Jorge del Castillo, el ex Presidente García vivió a partir de 1997, entre otros, con los ingresos provenientes de la empresa Garydel: utilidades mensuales por US$ 1.000 y un sueldo de US$ 1.500, es decir un total de US$ 2.500 mensuales (CARETAS 1654). Esta semana CARETAS preguntó a De Los Ríos sobre el monto que él recibe mensualmente por concepto de utilidades y sueldo de Garydel pero no quiso responder. En todo caso, si AGP percibe (o percibía hasta hace muy poco) US$ 2.500 mensuales, De los Ríos, poseedor del 48 % de la sociedad, seguramente recibe o recibía otro tanto.
Si así fuese ambos "microempresarios" -como se calificó alguna vez García- han resultado ser hábiles hombres de negocios. La sociedad conyugal García-Nores aportó US$ 4.454 de capital inicial a una empresa que en tres años de fundada otorgó ganancias mensuales a AGP de US$ 2.500.

Es cierto, sin embargo, que el capital social inscrito en la escritura pública no refleja todas las inversiones realizadas.
Para conocer un poco más sobre la empresa CARETAS acudió al comando de campaña del PAP en busca del socio de Alan. Lo primero que dijo éste al ser requerido fue que no podía declarar nada. "Antes tengo que consultarlo con el Presidente García o con Jorge del Castillo, que es el vocero del partido", dijo el sábado 5. Ante la insistencia de CARETAS, De Los Ríos proporcionó una que otra información adicional. Señaló por ejemplo, que Garydel opera al sur de Francia y que en algunos recorridos han llegado hasta Alemania. Dijo además que la empresa se ha quedado a cargo de "algunos gerentes", en vista que los tres socios principales están en Lima. No quiso responder más.
Cuando el lunes 7 CARETAS se comunicó telefónicamente con De Los Ríos éste contó que la empresa empezó a funcionar con tres furgonetas de segunda mano y que una de éstas les costó 40.000 francos, es decir unos US$ 6 mil 853, pero que las otras dos "mucho menos". La empresa funciona con tres furgonetas propias y tres alquiladas. Luego De Los Ríos se negó a dar más información diciendo: "no insista porque no quiero ser malcriado".

La relación de De los Ríos con AGP al parecer se forjó en la fragua del autogolpe del 5 de abril. El socio del candidato presidencial del PAP fue detenido el 14 de abril en Miraflores, luego de una protesta aprista contra el golpe en las inmediaciones del local de la OEA y fue liberado 15 días después (CARETAS 1208).
Tres meses después, en julio de ese año llegó a París. Fue acogido por el Gobierno francés como refugiado político. Desde entonces, según su versión, desempeñó diversos oficios: lavó platos, fue mensajero, limpiador de vidrios y hasta cocinero, llegando a estudiar algunos cursos de cocina. Una experiencia inédita para De los Ríos, sin duda, quien venía trabajando como primer secretario de la Cámara de Diputados desde 1985 y cursaba el décimo ciclo de Derecho en la Universidad Nacional Federico Villareal antes de partir a París.
Luego de realizar diversas actividades en 1997 pensó en crear su propia empresa. Se le ocurrió abrir un restaurante, pero luego descartó la idea. Luego se asoció con AGP y juntos formaron la empresa de transportes de carga liviana Garydel. Lo demás es historia conocida.
CARETAS se comunicó con Del Castillo para conocer mayores detalles (por ejemplo, ¿cuánto es lo que invirtió AGP en total?) pero éste dijo no estar al tanto de la vida económica de Alan García. "Estamos a un mes de las elecciones y ése es un tema accesorio", añadió.
Sin embargo, es legítimo conocer cómo se ganó la vida el candidato presidencial en el exilio. Y la empresa Garydel fue fundada en 1997, es decir, cuando ya llevaba cinco años fuera del país.

Fuente : Diario LA REPUBLICA - Perú
11-05-01

El procurador Jorge Melo Vega, a cargo de la investigación contra Alan García Pérez, aseguró que no está "arreglada conforme a ley" la resolución que permitió al ex mandatario regresar al Perú y convertirse en candidato presidencial.
Melo Vega que investiga a García por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y aceptación de sobornos durante su gestión, insistió en que no ha pasado el tiempo que la legislación exige para que prescriban los delitos cometidos por el ex mandatario.

"Han fabricado una ley especial para Alan García seleccionando de cada código y artículo legal todo aquello que le es más favorable y eso está abiertamente contra la Constitución del Estado", sentenció.
Sostuvo que en 1992 se demostró que el líder aprista tuvo un desbalance patrimonial de unos "cientos miles de dólares", los que no ha podido justificar. Refirió además que los peritos probaron que el ex mandatario cometió delito de enriquecimiento ilícito.

En el Congreso que se instaló en 1990 los 180 diputados ganaban por todo concepto US$ 1,700 promedio al mes y los 60 senadores un poquitín más.
Cuando vino el autogolpe la remuneración de los diputados se había ajustado a US$ 2,000 promedio por mes por todo concepto y los senadores algo más. Había, por supuesto, gollerías para los de la mesas directivas y los que se morían por los viajes, pero nada más.
Claro que con importantes medios de comunicación a favor del autogolpe y la manipulación que se hizo a la opinión pública, Fujimori y luego el caradura de Jaime Yoshiyama Tanaka (que había aprovechado de privatizar inadecuadamente a Sol Gas) denostaron de todos y cada uno de los parlamentarios.

El caso es que el planeamiento del trío maléfico de Montesinos, Fujimori y hoy el que se ha reconocido asimismo como delincuente, Hermoza Ríos, y la propia irresponsabilidad de Yoshiyama, dejaron que se elevara a las nubes el sueldo y las gollerías de los parlamentarios y altos funcionarios del régimen.

En el caso del Congreso, esto llegó a niveles promedio de prácticamente US$ 11,000 al mes para el congresista N° 120. Es decir, aquel que no tenía prebenda alguna, como es el caso de los Volvos, viajes, alimentos, personal adicional de seguridad, etc.
En rigor, no nos oponemos que los parlamentarios sean excelentemente remunerados y resguardados, como tienen que ser los ministros y demás funcionarios públicos, siempre que trabajen y rindan sus cuentas. No olvidemos que cuando se suscitó la contienda electoral del 2000 el Congreso de la Hildebrandt se recesó por más de medio año y entiendo que todos los Congresistas que no trabajaron:

Así como demandamos que se vean todos y cada uno de los vladivideos, el país necesita conocer esta rendición de cuentas de los gastos operativos de todos y cada uno de los Congresistas del período fujimorista y del actual Congreso, para así entender el porqué no se paga, por lo menos, impuestos por el doble de gastos operativos en vacaciones, escolaridad, 28 de julio y Navidad y al menos un par de etcéteras más.